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LEY DE REGIMEN PROVINCIAL, CODIFICACION. Codificación No. 000. RO/ 288 de 20 de Marzo del 2001.

NOTA GENERAL: Calificada con jerarquía y carácter de Ley Orgánica, dado por Resolución Legislativa No. 22-058, publicada en Registro Oficial 280 de 8 de Marzo del 2001.

CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política de la República.

Resuelve: Expedir la siguiente codificación de la Ley de Régimen Provincial. CAPITULO I Constitución y fines del Consejo Provincial Art. 1.- El Consejo Provincial es institución de derecho público, goza de autonomía y representa a la provincia. Tiene personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y las leyes. Fundamentalmente, su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia, y colaborar con el Estado y las municipalidades de la respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines nacionales.

Art. 2.- La conformación de los Consejos Provinciales se realizará en relación directa con su población, aplicando las siguientes reglas: a) Las provincias que tengan hasta 200.000 habitantes, se conformarán con 5 consejeros provinciales; b) Las que tengan de 200.001 hasta 500.000 habitantes se integrarán con 7 consejeros provinciales;

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c) Las que tengan de 500.001 hasta 1.000.000 de habitantes se integrarán con 9 consejeros provinciales; y, d) Las que tengan de 1.000.000 hasta 2.000.000 de habitantes estarán conformados con 11 consejeros provinciales y, por cada 500.000 habitantes adicionales se incrementará un consejero provincial. Para la determinación del número de consejeros que deba conformar un Consejo Provincial se utilizará las proyecciones del Censo Nacional de Población, a la fecha de la convocatoria a elecciones.

Art. 3.- La mitad más uno del total de los consejeros que conforman los Consejos Provinciales serán elegidos mediante votación popular directa; y, los restantes serán designados en elección indirecta por los Consejos Municipales de la provincia siguiendo el procedimiento determinado en el artículo siguiente.

Art. 4.- El Tribunal Provincial Electoral, sesenta días antes de que termine el período para el que fueron designados los consejeros provinciales de elección indirecta, convocará al Colegio Electoral integrado por todos los Concejos Municipales de la respectiva provincia para su designación en base al Reglamento que, para el efecto, deberá dictar el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con la Ley. El Colegio Electoral estará representado por los Alcaldes y Concejales en funciones. Para que haya quórum será necesaria la concurrencia de por lo menos, la mitad más uno de los Alcaldes y de los Concejales de cada Municipio. El Colegio Electoral se instalará en segunda convocatoria con el número de miembros presentes y estará dirigido por el Pleno del Tribunal Provincial Electoral. De la resolución de resultados sobre la designación de los Consejeros Provinciales, mediante elección indirecta, proclamados por los Tribunales Provinciales Electorales, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral, el mismo que deberá ser interpuesto por el representante legal del Concejo Municipal.

Art. 5.- Los consejeros provinciales designados por elección indirecta, a través de los Colegios Electorales, deberán pertenecer a cantones diferentes a los de los consejeros provinciales elegidos mediante votación popular y directa, tomando en consideración que el candidato propuesto sea oriundo del cantón o tenga su domicilio principal en el mismo, es decir, que haya residido en ella de modo ininterrumpido, al menos, dos años antes de la elección.

Art. 6.- Para la designación de consejeros mediante elección indirecta, a través de los Colegios Electorales integrados por los Concejos Municipales, se aplicará la fórmula de representación de candidatos consagrada en la Ley de Elecciones, aplicando la igualdad de género, en el porcentaje de, al menos, el treinta por ciento (30%) de candidatas mujeres como principales y el mismo porcentaje para candidatas mujeres

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suplentes; porcentaje que se incrementará en cada proceso electoral general, en un cinco por ciento (5%) adicional hasta llegar a la igualdad en la representación. Se tomará en cuenta la participación étnica cultural.

Art. 7.- Corresponde a los Consejos Provinciales: a) Propender al progreso de la provincia, en orden a robustecer el sentimiento de nacionalidad; b) Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con los organismos del Estado o de las municipalidades; c) Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial; d) Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia, para fines de progreso común; e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios y de las obras públicas que se realicen en la provincia; f) Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará los planes correspondientes, encuadrándolos dentro del Plan General de Desarrollo; g) Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares, de acuerdo con la ley; h) Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su mejoramiento, a través de una acción conjunta con los organismos estatales, con los concejos municipales, y con las juntas parroquiales de su jurisdicción; i) Fomentar el turismo; j) Vigilar que las rentas asignadas para las obras públicas provinciales se inviertan oportuna y correctamente; k) Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y, l) Cumplir con los demás fines que les señalen la Constitución y las leyes.

Art. 8.- Los litigios que se presentaren por la fijación de límites interprovinciales o intercantonales, serán conocidos por una comisión integrada por los siguientes miembros: a) Por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la presidirá;

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b) Por el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador; c) Por el Director de la Sección de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; d) Por el Director del Instituto Geográfico Militar; y, e) Por un representante del Ministerio de Gobierno. Las partes interesadas en el litigio presentarán sus reclamos en derecho ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien notificará a los demás miembros de la Comisión, con el objeto de constituirla. Constituida la Comisión, ésta y las partes actuarán de conformidad con el reglamento que, para el efecto, dictará el Ministerio de Gobierno. En mérito de lo actuado, la Comisión elaborará un informe, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional que esté en funciones o próximo a reunirse, siempre que ante la Comisión no se hubiere dado solución al problema. Cuando alguno de los miembros de la Comisión sea nativo de una de las provincias o cantones en litigio, será subrogado por quien corresponda.

CAPITULO II Relaciones entre los Consejos Provinciales y el Poder Central

Art. 9.- Las relaciones entre el Consejo Provincial y el Gobierno Central, se establecen especialmente por medio del Ministerio de Gobierno, al que corresponde: a) Velar por la corrección y eficacia de la administración provincial; b) Resolver las consultas que, conforme a la Ley, le presentaren los Consejos Provinciales; c) Solicitar, en cualquier tiempo, a la Contraloría General del Estado, fiscalice las Tesorerías de los Consejos Provinciales; d) Denunciar ante las autoridades correspondientes los fraudes, desfalcos y malversaciones cometidos en la administración provincial; e) Aprobar la venta, hipoteca o donación de los bienes inmuebles que resolvieren los Consejos Provinciales; y, f) Las demás atribuciones y deberes determinados en esta Ley.

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Art. 10.- El Consejo Provincial tendrá las siguientes garantías fundamentales: a) La ejecución de las ordenanzas, acuerdos y resoluciones de la Entidad no podrá suspenderse sino de acuerdo con las disposiciones de la Ley; b) Los miembros del Consejo Provincial y sus funcionarios y empleados no podrán ser suspendidos o separados, sino de conformidad con la Ley; c) Ni el Estado ni otra Institución de derecho público podrá tomar rentas del Consejo Provincial, sino para los efectos y circunstancias previstos por esta Ley, y los que le pertenecen por disposición Constitucional, serán retenidos automáticamente por parte del Banco Central del Ecuador; d) No se declarará nacional un impuesto u otra fuente de renta provincial, sin reconocer, al mismo tiempo, al Consejo Provincial respectivo, un ingreso equivalente a aquél del que se le privare; e) El Consejo Provincial no está obligado a recaudar impuestos, tasas o contribuciones que no le pertenezcan; y, f) El Estado no podrá tomar para sí o para otro organismo o institución, los bienes muebles o inmuebles de un Consejo Provincial, sino de acuerdo con el mismo Consejo. Este resolverá la transferencia de los bienes, previo el pago del precio correspondiente.

Art. 11.- El Consejo Provincial reclamará por cualquier violación de su autonomía administrativa y económica, ante el Tribunal Constitucional.

CAPITULO III Organización, atribuciones y deberes SECCION PRIMERA Del Prefecto Provincial y de los Consejeros

Art. 12.- Los Consejos se integrarán con el número de consejeros y forma establecida en esta Ley. Se renovarán cada dos años, por partes. Esta renovación será de cinco y cuatro, de cuatro y tres y, de tres y dos, alternativamente, según que el número de sus integrantes sea de nueve, siete, cinco o en la misma relación de la mitad más uno, en su orden, si la integración fuere mayor a nueve. Los consejeros desempeñarán sus funciones durante cuatro años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

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Art. 13.- El Prefecto o los consejeros que, antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, estuvieren comprendidos en alguna de las causas de inhabilidad, incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones, a que se refiere los artículos 101 de la Constitución Política de la República, y 57 de la Ley de Elecciones, no podrán ejercer dicha función, y si lo hicieren, luego de comprobada la inhabilidad, incapacidad, incompatibilidad o prohibición, serán sancionados con multa de cinco a diez mil sucres, que será impuesta por el Consejo, multa que ingresará al patrimonio institucional. El Prefecto o los consejeros que estuvieren incursos en las inhabilidades, incapacidades, incompatibilidades o prohibiciones a que se refieren los artículos citados en el inciso anterior, sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso, antes de la sesión inaugural del Consejo, deberán presentar sus excusas ante el Tribunal Provincial Electoral respectivo. Si, a pesar de lo dispuesto en este artículo, el Prefecto o Consejero, incurso en él, llegase a actuar como tal en el Consejo, serán nulos los actos en que hubiesen intervenido. Comprobada la causa de inhabilidad, incapacidad, incompatibilidad o prohibición, serán sancionados con la suspensión de los derechos políticos por un año, sanción que será impuesta por el Tribunal Constitucional. La nulidad será declarada en igual forma que para los casos puntualizados en el Art. 15 de esta Ley.

Art. 14.- El Prefecto o el Consejero que, por causa posterior a su elección, llegare a encontrarse comprendido en alguno de los casos puntualizados en los artículos 101 de la Constitución Política de la República y 157 de la Ley de Elecciones, perderá de hecho su función, y serán nulos los actos y resoluciones en que interviniere después de la declaración de pérdida del cargo, por parte de la Corporación. La nulidad, cuando no la declare el Consejo, será declarada por el Tribunal Constitucional, a petición de parte interesada, y dentro de los treinta días de presentada la denuncia. Esta acción de nulidad prescribirá en el término de treinta días, a contarse desde el día en que se ejecute el acto o se dicte la resolución, de los cuales se podrá recurrir para ante el propio Tribunal Constitucional. La resolución de éste, será cumplida inmediatamente por el Consejo Provincial. El Prefecto o el consejero, por cuya actuación ilegal se hubiese declarado la nulidad de los actos o resoluciones realizados por el Consejo, serán sancionados en la forma prescrita en el Art. 13 de esta Ley.

Art. 15.- Las incapacidades, inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades o excusas del Prefecto o Consejero, serán resueltas por el Consejo Provincial, dentro del término de quince días, contados desde que la Comisión de Excusas y Calificaciones emitiera su respectivo informe. La Comisión, a su vez, emitirá el informe que corresponda, dentro del término de diez días, que se contará a partir de la fecha de la sesión inaugural, o desde la que haya sido requerida, en su caso.

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Si la Comisión de Excusas y Calificaciones, o el Consejo Provincial, no hubiesen emitido su informe o dictado la resolución pertinente, dentro de los términos fijados en el inciso anterior, sus miembros serán sancionados por el Tribunal Constitucional, con multa de mil a cinco mil sucres y con la pérdida de sus respectivas funciones. En este caso, el Prefecto Provincial procederá a llamar a los consejeros suplentes, según el orden de nombramientos, e integrará nuevamente la Comisión de Excusas y Calificaciones del Consejo. La nueva Comisión, informará, dentro del mismo término, contado desde la fecha de su conformación. Cuando el Prefecto fuere también incurso en la sanción, el Tribunal Constitucional, o su delegado, hará el llamamiento a los suplentes. No se podrá descalificar a un consejero antes de que se haya posesionado. De las resoluciones que sobre incapacidades, inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades o excusas, expida el Consejo Provincial, se podrá apelar para ante el Tribunal Constitucional, dentro del término de tres días, contados desde la fecha de notificación con lo resuelto por el Consejo. La notificación se verificará mediante la intervención del Notario Público del cantón donde tenga su domicilio el notificado. El Tribunal Constitucional resolverá el recurso dentro del término de sesenta días, y de no hacerlo, quedará ejecutoriada la resolución del Consejo.

Art. 16.- El Prefecto y los Consejeros principales y suplentes se posesionarán de sus funciones ante el Presidente del respectivo Tribunal Provincial Electoral hasta el 10 de agosto del año en que fueren elegidos. En este mismo día se instalará el Consejo Provincial y elegirá Vicepresidente y Presidente Ocasional para un período de cuatro años. Si no hubiere el número necesario para formar el quórum legal, los miembros de la Corporación que concurrieren a la sesión inaugural, quedan facultados para llamar a los suplentes. En este caso, la sesión inaugural se realizará dentro de los próximos cuatro días. Los Consejeros suplentes que no se hubieren posesionado en las fechas mencionadas en el inciso primero de este artículo, podrán hacerlo al momento de ser llamados al ejercicio de la función. Los Consejeros Provinciales no percibirán sueldo alguno del Consejo Provincial por el desempeño de sus funciones, pero ganarán las dietas en el monto que establezca el Consejo por cada sesión ordinaria a la que asistan. Las dietas se fijarán mediante un porcentaje del Presupuesto General de cada Consejo. Este porcentaje será establecido por el respectivo Consejo. El monto total de las dietas percibidas durante un mes, no excederá del veinticinco por ciento de la remuneración del Prefecto Provincial. El Prefecto o quien lo subrogue, no percibirán dietas podas sesiones.

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Art. 17.- El Prefecto o los consejeros que, injustificadamente, no concurran a tomar posesión de sus cargos, o que no asistan a la sesión inaugural del nuevo Consejo, a pesar de haber sido notificados en legal forma por el Tribunal Electoral Provincial, incurrirán en la pena de suspensión de los derechos políticos, por un año, sanción que será impuesta por el Tribunal Constitucional.

Art. 18.- Por causa justificada, el Prefecto Provincial o el consejero electo, podrán posesionarse hasta treinta días después de la sesión inaugural. Vencido este plazo, caducarán los nombramientos respectivos, y se procederá a llamar a los respectivos suplentes, o a designar al Prefecto reemplazante. Son causas justificables las comprendidas en los literales a) y b) del Art. 21.

Art. 19.- A falta de suplentes que puedan reemplazar a los principales que dejaren vacantes sus funciones, el Consejo, de tener mayoría, elegirá a los miembros que falten para llenar el número corporativo. De no haber tal mayoría, lo hará el Tribunal Constitucional, de entre los ciudadanos capacitados legalmente para ejercer dicha función. El consejero suplente que no fuere llamado, conforme a la Ley, a integrar el Consejo, podrá recurrir al Tribunal Constitucional, en demanda de su derecho, y esta Corporación lo hará convocar por medio del gobernador de la capital de la provincia. En la provincia de Pichincha, la convocatoria se hará por medio del Tribunal Constitucional. Art. 20.- Cuando el Prefecto o un consejero dejare de concurrir, sin justa causa, a tres sesiones ordinarias consecutivas, habiendo sido legalmente convocado, la Corporación le impondrá multa de cien a quinientos sucres; y si, a pesar de dicha sanción, no concurriere a una nueva sesión, cesará de hecho en sus funciones, y el Consejo, declarándolo así, llamará al respectivo suplente, quien, principalizado, ejercerá sus funciones por el tiempo para el que fue elegido el principal. Lo resuelto por el Consejo Provincial será apelable para ante el Tribunal Constitucional, dentro del término de tres días de expedida la resolución correspondiente. Art. 21.- La función de consejero es gratuita y obligatoria, y los elegidos no podrán excusarse sino por las causas siguientes: a) Impedimento físico que haga imposible el ejercicio de la función; b) Calamidad doméstica que consiste en la muerte o enfermedad grave de padres, hijos o cónyuge, acaecida hasta veinte días antes de aquél en que debe empezar a desempeñar la función; c) Tener más de sesenta años de edad;

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d) Aceptar un cargo público que imposibilite ser consejero, de conformidad con la ley; y, e) Residir a más de cincuenta kilómetros de la capital de la provincia. La obligatoriedad y los motivos de excusa determinados en este artículo, comprenden igualmente, al Prefecto Provincial. Toda excusa debe ser individual, y deberá presentársela en forma documentada, salvo que se funde en un motivo de pública notoriedad. Art. 22.- Es prohibido al Prefecto Provincial y a los consejeros: a) Intervenir en las resoluciones de los asuntos en que sean personalmente interesados, o en los que lo sean sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo la participación en una elección a favor de parientes del Prefecto o de los consejeros, en los grados indicados; b) Percibir, directa o indirectamente, cantidad alguna de los fondos de la Corporación, en cualquier forma que sea, excepto en lo referente a viáticos y gastos de representación y de viaje, que señale el Consejo, de acuerdo con las circunstancias. Se exceptúa también de la prohibición aquí comprendida, el sueldo que percibe el Prefecto Provincial; c) Celebrar contrato alguno, directa o indirectamente, sobre bienes o rentas del Consejo que interese a ellos personalmente. Esta prohibición comprende también a sus parientes en los grados determinados en el literal a); y, d) Vender o dar en arrendamiento sus bienes, directa o indirectamente, al Consejo Provincial, como también recibir de éste, dinero a mutuo o en otra forma contractual. Los actos y contratos realizados en contravención a las disposiciones precedentes, serán nulos. El Prefecto o el consejero causante de la nulidad, comprobada su responsabilidad, responderá, personal y pecuniariamente, por los perjuicios ocasionados, y perderá su función. De las resoluciones que la Corporación expida sobre esta materia, se podrá apelar, dentro del término de tres días, para ante el Tribunal Constitucional.

Art. 23.- No podrán ser elegidos ni designados para función o cargo alguno de la Institución, los parientes del Prefecto y de los consejeros, comprendidos en los grados señalados en el artículo anterior.

Art. 24.- El Prefecto y los consejeros gozarán de fuero de Corte. Art. 25.- El Prefecto y los consejeros no son responsables de las opiniones manifestadas en las sesiones; pero lo serán, cuando contribuyeren con su voto para aprobar actos contrarios a la Constitución o a las leyes.

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SECCION SEGUNDA De las Comisiones

Art. 26.- Para el estudio y resolución de los diversos problemas y asuntos que deba conocer el Consejo Provincial, se organizarán todas o algunas de las siguientes Comisiones Permanentes: a) De Legislación y Redacción; b) De Obras Públicas, Vialidad y Vivienda Popular; c) De Educación Pública y Deportes; d) De Economía y Finanzas; e) De Cuestiones Sociales, Sanidad e Higiene; f) De Municipalidades, Excusas y Calificaciones; y, g) De Coordinación, Fomento, Turismo y Propaganda. Cuando lo estimare necesario, el Consejo podrá organizar otras Comisiones.

Art. 27.- Las Comisiones Permanentes sesionarán, por lo menos, una vez por semana, y las Especiales, cuando tuvieren asuntos a ellas asignados.

Art. 28.- Si una Comisión necesitare de asesoramiento técnico o científico, lo solicitará al Consejo. Si se acepta la solicitud, se efectuará la designación, y se fijará la remuneración que corresponda.

SECCION TERCERA Atribuciones y deberes del Consejo Provincial Art. 29.- Son atribuciones y deberes del Consejo Provincial: a) Dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones para a buena organización administrativa y económica de los servicios provinciales que le incumben y que se proponga realizar, así como los reglamentos necesarios para su funcionamiento interno; b) Aprobar el presupuesto anual cuya proforma será presentada por el Prefecto hasta el 20 de julio de cada año; c) Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras por los servicios públicos que estableciere en la provincia, de acuerdo con la ley;

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d) Dirigir y realizar las obras públicas que le corresponde, aprobar planos y presupuestos de dichas obras; e) Ordenar la oportuna recaudación de las rentas que le pertenecieren, pedir la transferencia de las asignaciones del Presupuesto Fiscal, y el pago de las participaciones en contribuciones generales; f) Recaudar los impuestos a que tenga derecho, por medio de su tesorero, o de los tesoreros municipales u otros funcionarios de la provincia, quienes depositarán, diariamente, las cantidades recaudadas en las agencias del Banco Central y en las provincias donde no hubiere éstas, en la sucursal o agencia del Banco Nacional de Fomento que funcione en su jurisdicción. Donde no hubieren oficinas bancarias de los bancos, antes citados, se depositarán en el banco nombrado para tal efecto por el Ministro de Economía. Cuando los Tesoreros Municipales recauden rentas para los Consejos Provinciales, se aplicará lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 17 de la Ley de Régimen Municipal; g) Invertir los fondos provenientes de tales impuestos y de los empréstitos que contrataren, en los objetivos relacionados con sus fines, de acuerdo con la respectiva ordenanza de presupuesto; h) Contratar empréstitos, garantizándolos con sus rentas y bienes. Los contratos respectivos se tramitarán de acuerdo con la Ley, llenando todos los requisitos exigidos para el efecto, y tomando en cuenta los egresos que han de constar en las partidas presupuestarias respectivas, para atender al pago de amortización e intereses; i) Informar al Congreso sobre la conveniencia o inconveniencia de la creación de cantones. Si en el plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de recepción del expediente de cantonización, el Consejo Provincial no presentare el informe se prescindirá del mismo; j) Promover convenios con los municipios para llevar a cabo, conjuntamente, obras de interés común, tales como carreteras, electrificación, suministro de agua potable a las poblaciones de dos o más cantones, y conducción de aguas de regadío, de acuerdo con las leyes pertinentes; k) Atender los reclamos que se hicieren en nombre de las municipalidades de la provincia, por la mala administración e inversión de sus rentas, manifiesta negligencia o fraude en la administración cantonal. En caso de comprobarse el fundamento del reclamo, el Consejo Provincial excitará a la municipalidad para que corrija la falta. De no ser atendido, en el término de quince días, el Consejo Provincial pondrá el particular en conocimiento del Ministro de Gobierno y de la Contraloría General del Estado; l) Ejercer las atribuciones que le concede la Ley de Caminos, en las vías que construya o mantenga;

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m) Prestar cooperación técnica o pecuniaria a las obras de interés nacional que se realicen en el territorio de la provincia; n) Crear escuelas de trabajo, asilos para indigentes, escuelas para ciegos, centros de educación de adultos y centros de artesanos, en cuanto disponga de medios económicos suficientes, en asocio con el Ministerio de Salud Pública o con otras instituciones; ñ) Construir locales escolares; o) Colaborar con los organismos correspondientes en la explotación forestal y pesquera, ya para proteger las obras que construya, ya también para impedir la despoblación ictiológica y la tala de bosques. El Consejo Provincial velará por el cumplimiento de la ley especial que reglamente este aspecto, y fomentará la siembra de árboles a lo largo de las vías públicas y la cría de variedades de peces en ríos y lagos; p) Expropiar, siguiendo los mismos procedimientos determinados para el caso en la Ley de Régimen Municipal, inmuebles que se requieran para la apertura y seguridad de las vías, así como para prevenir su destrucción, para el ensanchamiento de poblaciones y, en general, los que requiera para el cumplimiento específico de sus finalidades. En todo caso, por causa de utilidad pública o interés social. Para que las cooperativas, con excepción de las agrícolas, puedan cumplir sus finalidades, los Consejos Provinciales podrán decretar la expropiación de inmuebles, y tramitarla con sujeción a la Ley. El pago del valor que cause la expropiación, así como de todos los gastos que motive la intervención de la Institución provincial, serán de cargo de la cooperativa o de las cooperativas interesadas; q) Conocer y resolver de las reclamaciones que se le presentaren, con respecto a la instalación de los concejos cantonales de su jurisdicción, así como del legal funcionamiento de los mismos. Si la reclamación se refiere a la elección de los dignatarios del Concejo Cantonal, el Consejo Provincial, de estimarla procedente, mandará que el Prefecto convoque a los Concejales principales a sesión, para elegir dignatarios. La sesión se llevará a cabo en la respectiva cabecera cantonal con asistencia del Prefecto, y el Concejo procederá a las designaciones. La sesión a que se refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de inaugural, y se aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley de Régimen Municipal. De las resoluciones que dicte el Consejo Provincial se podrá apelar para ante el Tribunal Constitucional, en el término de tres días; r) Conocer y dictaminar sobre las resoluciones que expidan las municipalidades de su jurisdicción territorial, para donar inmuebles de su propiedad, de conformidad con lo previsto en la ley respectiva;

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s) Conceder licencia, que pase de sesenta días, a los funcionarios y empleados, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia; t) Conceder licencia al Prefecto y a los consejeros, hasta por un total de sesenta días al año; u) Nombrar y remover a los jefes departamentales; de acuerdo con la ley y con las ternas presentadas por el Prefecto; y, v) Ejercer las demás atribuciones señaladas en la Constitución y las leyes.

Art. 30.- El Consejo Provincial conocerá y resolverá los recursos que se interpusieren sobre las resoluciones que los Concejos Cantonales dieren en lo referente a descalificación o calificación, separación o cesación, capacidad o incapacidad e incompatibilidad de los concejales, e impondrá las multas previstas en la Ley de Régimen Municipal, cuando fuere del caso. Tales recursos serán tramitados en la forma determinada en la mencionada Ley.

Art. 31.- El Consejo Provincial conocerá y resolverá, en el plazo de treinta días, los reclamos que las personas naturales o jurídicas hicieren sobre las ordenanzas, acuerdos o resoluciones que los perjudicaren, provenientes de una municipalidad de su jurisdicción territorial, salvo los casos previstos en la última parte del Art. 131 de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 32.- El Consejo Provincial tendrá un representante en el Cabildo Ampliado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Municipal.

Art. 33.- Excepto en lo contencioso tributario; toda persona natural o jurídica, que se creyere perjudicada por una ordenanza, acuerdo o resolución de un Consejo Provincial, podrá reclamar al correspondiente Consejo, el cual, obligatoriamente, resolverá el reclamo en el plazo máximo de quince días. En caso de no ser resuelta la reclamación dentro de este plazo, o en caso de resolución desfavorable, podrá el reclamante proponer la demanda correspondiente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo, competente, y de requerirlo en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando la apelación se origine en la violación de preceptos constitucionales, el que por ordenanzas o resoluciones de un Consejo Provincial se creyere perjudicado, podrá acudir ante la Corte Suprema de Justicia, la que resolverá el reclamo dentro del término de treinta días de haberlo recibido.

Art. 34.- Las órdenes y resoluciones del Consejo Provincial serán cumplidas por las personas naturales o jurídicas obligadas, sin dilación alguna, bajo pena de multa de cien a quinientos sucres por cada día de retardo, que será impuesta por la Corporación en su beneficio.

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SECCION CUARTA El Prefecto Art. 35.- El Prefecto Provincial será elegido por votación directa para un período de cuatro años y podrá ser reelegido indefinidamente. Es el máximo personero del Consejo Provincial, que lo presidirá con voto dirimente y ejercerá sus funciones a tiempo completo.

Art. 36.- El Prefecto Provincial ganará el sueldo y los gastos de representación que se fijarán en el Presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales.

Art. 37.- El Prefecto representará, oficial y legalmente al Consejo y, por tanto, a la provincia.

Art. 38.- En caso de licencia o de ausencia temporal del Prefecto, lo reemplazará el Vicepresidente de la Corporación, y a falta de los dos, el Presidente Ocasional.

Art. 39.- Corresponde al Prefecto Provincial: a) Presidir las sesiones del Consejo, con voto dirimente; someter a su resolución todas las cuestiones de interés provincial; y llevar a conocimiento de la Corporación, las solicitudes de particulares que deben ser consideradas por ésta; b) Presentar a consideración y aprobación del Consejo un plan general de obras cuatrianual, que será sometido al Consejo, dentro del primer semestre de su posesión; c) Representar al Consejo Provincial, juntamente con el Procurador Síndico, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Institución; d) Suscribir, en unión del Procurador Síndico, los contratos aprobados por el Consejo Provincial; e) Ordenar las adquisiciones y autorizar el pago de los servicios y obras de la Institución, ciñéndose a las disposiciones legales y presupuestarias; f) Suscribir la correspondencia oficial, las actas de las sesiones del Consejo, así como las ordenanzas y resoluciones; g) Disponer la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación; h) Nombrar y remover, con acatamiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a los empleados cuya designación no corresponda hacer a la Corporación, así como contratar y remover a los trabajadores del Consejo sujetos a roles, de acuerdo con la ley;

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i) Vigilar que los empleados de la Institución cumplan con su deber; j) Controlar, permanentemente, la marcha económica de la Tesorería; k) Designar Comisiones Especiales para asuntos que deban ser resueltos por el Consejo y que no hubieren sido asignados a las Comisiones Permanentes; l) Enviar a estudio de las Comisiones las cuestiones pendientes, a fin de que informen en la sesión próxima del Consejo, salvo que la Corporación hubiese acordado plazo especial; ll) Posesionar a los empleados del Consejo, luego de que hayan cumplido con los requisitos exigidos por la ley; m) Resolver, administrativamente, todos los asuntos que no fueren de incumbencia del Consejo; n) Informar al Consejo, hasta el 31 de julio de cada año, acerca de las labores desarrolladas durante el año anterior, informe, que lo hará extensivo al Ministro de Gobierno; ñ) Cumplir y hacer cumplir la ley, las ordenanzas, acuerdos y resoluciones que dicte el Consejo Provincial; o) Aceptar, con autorización del Consejo, juntamente con el Procurador Síndico, las herencias, donaciones o legados que se hicieren a favor de la Institución; p) Ordenar, de conformidad con la ley, la baja de especies incobrables y de bienes. Nota: Numeral reformado por artículo No. 100, numeral 9) de Ley No. 73, publicada en Registro Oficial Suplemento 595 de 12 de Junio del 2002. q) Ordenar los gastos, de acuerdo con las partidas presupuestarias pertinentes y las disponibilidades de caja, así como los gastos extraordinarios, con cargo a la partida de imprevistos, hasta por la suma determinada en el Presupuesto, con la obligación de dar cuenta al Consejo, en la próxima sesión; r) Conceder licencia a los empleados hasta por un total de sesenta días al año, con sueldo, de acuerdo con la ley; s) Fijar los salarios y emolumentos de los obreros del Consejo que no trabajen a sueldo fijo, respetando las disposiciones sobre salarios mínimos; y, t) Ejercer las demás atribuciones que le concedan la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas y los reglamentos.

Art. 40.- Está prohibido al Prefecto: a) Desempeñar cargo público;

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b) Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones, o que le obliguen a descuidar sus deberes con el Consejo; c) Arrogarse atribuciones que no le confiere la ley; d) Dar órdenes que vayan contra la realización de los planes y programas aprobados por el Consejo, o que atenten contra la política y las metas fijadas por éste; e) Prestar o hacer que se dé en préstamo, fondos, materiales, herramientas, maquinarias o cualquier otro bien de la Corporación, o distraerlos, bajo cualquier pretexto, de sus específicos destinos de servicio público; f) Dejar de actuar, sin permiso del Consejo o de la Comisión de Excusas y Calificaciones, salvo caso de enfermedad; g) Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el Consejo, cuando la decisión sobre éstos corresponda a la Corporación; h) Absolver posiciones, deferir al juramento decisorio, proponer juicio alguno, allanarse a la demanda y aceptar conciliaciones, sin previa autorización del Consejo; i) Desarrollar actividades electorales en uso de sus funciones o aprovechándose de ellas; y, j) Todo cuanto le está prohibido al Consejo y a los consejeros, siempre y cuando tenga aplicación para el caso del Prefecto, esto es, que no le esté atribuido expresamente por esta ley.

Art. 41.- Si quedare vacante el cargo de Prefecto, el Vicepresidente del Consejo o el Presidente Ocasional, ejercerá la Prefectura Provincial por el tiempo para el cual fue elegido el titular, y lo hará con las mismas facultades, atribuciones y deberes conferidos al titular. El Vicepresidente o el Presidente Ocasional que ocupare de modo definitivo el cargo de Prefecto, perderá la calidad de consejero y, en su reemplazo, se llamará al respectivo suplente.

SECCION QUINTA De los Funcionarios y Empleados Parágrafo 1o. Del Secretario Art. 42.- Son obligaciones del Secretario del Consejo Provincial: a) Dar fe de los actos del Consejo;

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b) Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas; c) Asistir a las sesiones del Consejo, sentar y suscribir las actas, certificar, en general, todos los actos del Consejo y autorizar, en unión del Prefecto, las ordenanzas, acuerdos y resoluciones; d) Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo de la Corporación; y, e) Cumplir y hacer cumplir los deberes que impongan las ordenanzas, reglamentos y disposiciones del Consejo.

Art. 43.- A falta de Secretario, actuará el Prosecretario, si lo hubiere, y de no haberlo, designará un Secretario ad-hoc.

Parágrafo 2o. Del Síndico

Art. 44.- El Consejo elegirá de fuera de sus miembros, un Procurador Síndico, que será abogado en ejercicio de la profesión. Art. 45.- Son deberes y atribuciones del Procurador Síndico: a) Asistir a las sesiones para asesorar en los asuntos jurídicos que se le requiriese; b) Presentar los informes que le solicitaren; c) Representar al Consejo, en calidad de Procurador, conjuntamente con el Prefecto, ante cualquier autoridad, judicial o extrajudicialmente, para reclamar o defender sus derechos, sujetándose estrictamente a las instrucciones de la Corporación o del Prefecto, según el caso; d) Intervenir, en unión del Prefecto, en todos los actos y contratos, con autorización y según las instrucciones del Consejo; e) Estudiar los proyectos de contrato e informar para la recepción de las obras contratadas; y, f) Advertir al Consejo, aún sin ser requerido, cuando al resolver cualquier asunto, se aparte del texto expreso de la Constitución o de las leyes.

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Parágrafo 3o. Del Tesorero Art. 46.- El Tesorero es el funcionario recaudador y pagador del Consejo Provincial. Le corresponde: a) Hacer efectivo el cobro de las asignaciones a favor del Consejo; b) Recaudar los impuestos, tasas, contribuciones, participaciones, multas y demás ingresos pertenecientes al Consejo; c) Presentar estados diarios de los ingresos y egresos al Prefecto Provincial; d) Formular balances comprobatorios mensuales, y cada vez que ordene el Prefecto o el Consejo; e) Pagar los valores que, debidamente legalizados y con las planillas necesarias, se presenten para el cobro. Para el egreso cuidará que exista partida en el Presupuesto, y que ésta se encuentre provista de fondos; f) Proponer al Prefecto los nombres de las personas que deban desempeñar los cargos en su oficina; g) Cumplir los deberes que le impongan las ordenanzas y resoluciones del Consejo, y las leyes en general; y, h) Llevar la contabilidad bajo su responsabilidad, y de acuerdo con las normas dictadas por la Contraloría General del Estado.

Art. 47.- Si una orden de pago o inversión de fondos no se encontrare conforme con el Presupuesto, o no fuere legal, o no estuviere claramente comprobado el derecho del interesado, el Tesorero deberá objetarlas, bajo su responsabilidad. Si se insistiere en la orden de pago, el Tesorero pagará el vale y cesará su responsabilidad, la que recaerá sobre el Prefecto o los consejeros que hubieren insistido en su pago.

Art. 48.- El Tesorero deberá presentar, hasta el 31 de enero de cada año, el balance consolidado del Consejo por el ejercicio financiero del año anterior, así como el informe de la marcha financiera de la Corporación.

Art. 49.- Para la recaudación de impuestos, multas, tasas y más valores que estén a su cargo, el Tesorero ejercerá la jurisdicción coactiva, siendo título suficiente para el cobro, el que se haya emitido de acuerdo con la ley.

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Parágrafo 4o. Del Departamento Técnico Art. 50.- El Consejo Provincial tendrá un Departamento Técnico de Construcciones y Obras Públicas, que estará bajo la dirección de un Ingeniero Asesor, cuyas obligaciones serán las siguientes: a) Asistir a todas las sesiones con voz informativa; b) Trabajar a tiempo completo; c) Dictaminar sobre los asuntos que le sean sometidos a su estudio, a la mayor brevedad posible; d) Elaborar todos los presupuestos y planos de las construcciones de la Corporación, y responsabilizarse de ellos; e) Suscribir todos los contratos y planos de las edificaciones de la Corporación; f) Absolver las consultas que hiciere la Corporación o los consejeros y formar un archivo de sus informes, comunicaciones, dictámenes, contratos y planos, en orden cronológico y con la clasificación necesaria. El Asesor Técnico es personal y pecuniariamente responsable de todas las obras que construya la Corporación en la provincia; y, g) Controlar el avance de cada una de las obras, e informar semanalmente a la Prefectura y comisionados, del estado de ellas. El Asesor Técnico, como Jefe de Departamento Técnico, es el responsable de todo el personal a su cargo.

Art. 51.- La actividad de los Consejos Provinciales, para el cumplimiento de sus fines, necesariamente se sujetará a la Planificación Nacional y Regional.

Art. 52.- Los consejos provinciales, de acuerdo con sus posibilidades establecerán unidades de gestión ambiental que actuarán permanente o temporalmente.

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CAPITULO IV De los Actos de los Consejeros SECCION PRIMERA De las Sesiones

Art. 53.- Los consejeros provinciales sesionarán, ordinariamente, una vez por semana, y, extraordinariamente, cuando haya motivo urgente, previa convocatoria ordenada por el Prefecto, o solicitada por dos o más consejeros. Constituye quórum la concurrencia de cinco, cuatro o tres, de los miembros de un Consejo, según que esté integrado por nueve, siete o cinco consejeros o en la misma relación de la mitad más uno si la integración fuere mayor a nueve, respectivamente. Si no se obtuviere quórum en la siguiente sesión, el Prefecto podrá llamar, provisionalmente, a los suplentes respectivos, a fin de completar el quórum, sin perjuicio de proceder como lo dispone el Art. 19 de esta Ley.

Art. 54.- Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría. Se entiende por tal, el voto conforme de la mitad más uno de los consejeros concurrentes. Para que se acepte un planteamiento de reconsideración, se requiere el voto conforme de, por lo menos, las dos terceras partes de los concurrentes. La reconsideración de uno o más artículos de un proyecto de ordenanzas, podrá proponerse en cualquier momento, mientras no se lo haya aprobado en su totalidad. La reconsideración de cualquier otro asunto podrá proponerse en la misma sesión en que se lo haya aprobado, o en la siguiente. No podrá pedirse la reconsideración de las elecciones para dignidades, representaciones o nombramientos. Cuando al concretarse una votación no se obtenga mayoría, porque se mantienen voto o votos en blanco, o abstención o abstenciones, se entenderá que hay empate.

Art. 55.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas, a menos que el interés de la Corporación requiera la reserva, y que así lo acuerden las dos terceras partes de los consejeros concurrentes. En este caso, el acta constará en un libro especial.

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SECCION SEGUNDA De los Actos Legislativos

Art. 56.- Todo proyecto de ordenanza provincial deberá presentarse suscrito, ya por el Prefecto, o ya por uno cualesquiera de los consejeros, y debe ir acompañado de la correspondiente exposición de motivos. Sin estos requisitos, no podrá seguir el trámite. El proyecto, una vez presentado, será enviado a la Comisión de Legislación y Redacción para que ésta, dentro de cinco días, salvo término especial, informe sobre la conveniencia y legalidad del mismo. Con el informe de la Comisión, el Consejo Provincial conocerá el proyecto de ordenanza, requiriendo para la expedición de la misma, de dos debates en sesiones distintas, efectuadas, por lo menos, con veinticuatro horas de intervalo.

Art. 57.- El gobernador de la provincia sancionará las ordenanzas provinciales, dentro de los ocho días hábiles posteriores a la fecha de recepción, cuando se haya observado el trámite legal, y estén de acuerdo con la Constitución y las leyes. En la provincia de Pichincha, las sancionará el Ministro de Gobierno.

Art. 58.- El Ministro de Gobierno o el Gobernador de la provincia, en su caso, podrá devolver al Consejo Provincial, con las observaciones, y dentro del término señalado en el artículo anterior, las ordenanzas que estimare inconstitucionales, ilegales o inconvenientes. El Consejo Provincial conocerá y analizará las observaciones en una sesión, y en caso de insistencia, para lo cual se requieren los votos de las dos terceras partes de los miembros concurrentes a la sesión, el Ministro de Gobierno o el Gobernador, en su caso, sancionará obligatoriamente la ordenanza y ordenará su publicación. Sólo en el caso de considerarla inconstitucional o ilegal, la elevará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, al Tribunal Constitucional, el cual, en el término de treinta días, emitirá la resolución correspondiente.

Art. 59.- Si dentro de los ocho días indicados en el Art. 57 el Ministro de Gobierno o el Gobernador de la provincia, en su caso, no objetare o mandare publicar la ordenanza, o el Tribunal Constitucional no resolviere la apelación, dentro del término previsto en el artículo anterior, ésta se considerará sancionada por el Ministerio de la Ley, y el Prefecto Provincial, con la constancia que en tal sentido diere el Secretario de la Corporación, la mandará publicar.

Art. 60.- La publicación de las ordenanzas debe llevarse a cabo por la imprenta, a excepción de las ordenanzas tributarias que, para su vigencia, serán publicadas obligatoriamente en el Registro Oficial.

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Art. 61.- Las ordenanzas entrarán a regir en todo el territorio de la provincia, seis días después de publicadas, salvo que en ellas se indique otra fecha de vigencia.

Art. 62.- Para reformar o derogar las ordenanzas, se observará el mismo procedimiento que para su expedición. Si la derogatoria o reforma de la ordenanza se efectúa antes de la renovación parcial del Consejo que la aprobó, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros concurrentes.

Art. 63.- Los acuerdos o resoluciones se aprobarán en una sola discusión, y surtirán sus efectos desde que sean comunicados, por escrito, a quien debe cumplirlos, y al interesado. Estas notificaciones tendrán el carácter de administrativas.

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CAPITULO V De los bienes e ingresos de los Consejos Provinciales SECCION PRIMERA De los bienes

Art. 64.- Son bienes del Consejo Provincial aquellos sobre los cuales ejerce dominio, de acuerdo con la Ley, y en especial: a) Los bienes que adquiera para el cumplimiento de sus finalidades, sean muebles o inmuebles; y, b) Los que le sean transferidos o transmitidos por personas naturales o jurídicas. En materia de bienes públicos se estará a lo dispuesto en el Título III del Libro II del Código Civil.

Art. 65.- Es obligación del Consejo Provincial velar por la conservación de sus bienes, y por su más provechosa aplicación al objeto a que están destinadas, sujetándose a las disposiciones de Ley. Art. 66.- El Consejo Provincial llevará un inventario actualizado de todos sus bienes susceptibles de valoración.

Art. 67.- El Consejo podrá acordar la venta, permuta o hipoteca de sus bienes inmuebles, o la venta, trueque o prenda de los bienes muebles, con el voto de las dos terceras partes de los Consejeros y sujetándose a la Ley.

Art. 68.- La venta de los bienes del Consejo Provincial se acordará en los siguientes casos: 1. Si no reportan provecho alguno al Consejo Provincial, o si el provecho es inferior al que podría obtenerse con otro destino. No se procederá a la venta cuando se prevea que el bien deberá utilizarse en el futuro, para satisfacer una necesidad concreta del Consejo Provincial; y, 2. Si con el precio de la venta del bien puede obtenerse inmediatamente otro semejante, capaz de ser aplicado a objetos más convenientes para el vecindario.

Art. 69.- Será permitida la permuta de los bienes del Consejo Provincial:

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1. Cuando, con una operación de esta clase, el patrimonio del Consejo Provincial aumente de valor, o pueda ser empleado con mejor provecho, en favor de los intereses provinciales; y, 2. Cuando deba tomarse todo o parte del inmueble ajeno para aumentar las áreas de predios destinados a servicios públicos, o para la construcción, ensanche o prolongación de carreteras, caminos, puentes, o cualesquiera obra del Consejo Provincial.

Art. 70.- Solo se procederá a la hipoteca de los bienes del Consejo Provincial, cuando sea necesario garantizar obligaciones propias de la entidad, contraídas de acuerdo con la ley.

Art. 71.- El Consejo Provincial podrá comprometer determinadas rentas en garantía de sus obligaciones, incluyendo las producidas por las obras que construya la entidad. En ningún caso cederá al acreedor el derecho de reclamar la renta afectada.

SECCION SEGUNDA De las solemnidades para la venta de bienes inmuebles del Consejo Provincial

Art. 72.- Para acordar la venta de un bien, el Consejo requerirá los siguientes informes previos: 1. De los Jefes de sus respectivos Departamentos de Obras y Servicios Públicos, sobre la conveniencia de la venta del inmueble; 2. Del Tesorero, respecto de la productividad del inmueble, de que no haya reclamo ni discusión sobre la propiedad o derechos reales que se aleguen respecto del mismo, de su avalúo, así como sobre el precio base del remate, al que se adjuntará la descripción y plano del inmueble; y, 3. De la Comisión de Economía y Finanzas del Consejo.

Art. 73.- Resuelta la venta por el Consejo, éste remitirá el expediente original al Ministerio de Gobierno, para que autorice la venta. El acuerdo ministerial correspondiente formará parte del acta de remate y adjudicación, o de la escritura de venta, según el caso. Art. 74.- La venta de bienes del Consejo Provincial se efectuará por subasta pública. La subasta se anunciará por tres veces, mediando tres días entre una y otra publicación, hecha en el periódico de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, o por carteles que se fijarán en los parajes más concurridos de las cabeceras cantonales de la provincia.

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La subasta se verificará de tres a seis de la tarde del día señalado, no más de tres días después de la fecha de la última publicación.

Art. 75.- La adjudicación se hará en favor del mejor postor observando para éste y todo otro caso concerniente al remate, las reglas del Código de Procedimiento Civil, relativas al remate voluntario y a remate forzoso, en lo que fueren aplicables. La base del remate será el avalúo que conste en el informe del Tesorero.

SECCION TERCERA De la Junta de Remates

Art. 76.- La Junta de Remates estará constituida por el Prefecto o su delegado, el Procurador Síndico y el Tesorero. Dará fe de los actos y resoluciones de la Junta o de los que se hagan ante la misma, el Notario público llamado al efecto.

Art. 77.- La Junta se constituirá en el lugar, día y hora señalados para el remate. A las seis de la tarde declarará cerrado el remate, e inmediatamente, en acto público, calificará las propuestas, y adjudicará el inmueble al mejor postor, salvo el caso previsto en el inciso siguiente. De presentarse dificultades o dudas que impidan la calificación de las propuestas y de la adjudicación, proseguirá el remate a las mismas horas del día siguiente, con la sola concurrencia de los mismos proponentes, a quienes, de no haber estado presentes, se les notificará la decisión, por escrito. Al proponente que no concurriere, se le aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en lo que fueren aplicables. Si no hubiere postores en dos señalamientos, se procederá a modificar las bases de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 78.- El acta de remate y adjudicación se firmará y protocolizará en la Notaría, a cargo del notario que intervino en la subasta, a más tardar veinte días después de la fecha de efectuado el remate. De no firmar el adjudicatario, habrá lugar a la quiebra del remate, con los efectos que señalan las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Art. 79.- Serán nulos todos los actos realizados en contravención a las disposiciones precedentes.

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La nulidad podrá ser alegada ante el juez competente, por el Consejo Provincial, por el adjudicatario, o por cualquiera de los postores.

SECCION CUARTA De las solemnidades para la venta de los bienes muebles

Art. 80.- Salvo lo dispuesto en el Art. 82, para la venta de bienes muebles se exigirá: 1. Que la Prefectura Provincial certifique que el bien ha dejado de ser útil o que es más conveniente su enajenación; y, 2. Que se hayan cumplido los requisitos legales.

Art. 81.- La venta de los bienes muebles se hará ante la Junta de Remates del Consejo Provincial, cuando el precio base del remate sea de diez mil sucres o más. Cuando el valor no supere los diez mil sucres, se rematará al martillo ante el Prefecto o su delegado, y el Tesorero.

Art. 82.- Si se tratare de artículos que se han adquirido o producido para la venta al público, no hará falta la subasta. Los precios de venta, a más de los costos de adquisición o producción, comprenderán todos los impuestos y derechos que sufragan los comerciantes particulares.

SECCION QUINTA Del arrendamiento de bienes del Consejo Provincial

Art. 83.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles se observarán las mismas solemnidades que para la venta de dichos bienes, en lo que fueren aplicables, con excepción de la autorización ministerial a que se refiere el Art. 73.

Art. 84.- Las posturas se presentarán ante la Junta de Remates del Consejo Provincial, estipulándose plazos que no serán menores de un año ni mayores de cinco, los que podrán ser renovados.

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Art. 85.- Los interesados en el arrendamiento de un inmueble del Consejo Provincial, para ser calificados, deberán presentar a la Tesorería, a más tardar hasta veinticuatro horas antes del día señalado para la subasta, la garantía de cumplimiento de sus obligaciones. Los que no hubieren satisfecho este requisito, no podrán ser admitidos en la subasta. La Junta de Remates verificará, bajo la responsabilidad personal y pecuniaria de sus miembros, el cumplimiento de este requisito.

Art. 86.- En los contratos de arrendamiento de solares urbanos o de predios rústicos de propiedad de los Consejos Provinciales, éstos podrán establecer la obligatoriedad del arrendatario de edificar viviendas en los solares, o de destinar el predio rústico a la explotación agropecuaria, bajo las condiciones que, para este efecto, deberán establecerse en la ordenanza correspondiente. Los arrendatarios que den estricto cumplimiento a las estipulaciones de este tipo de contratos, podrán solicitar a la institución la renovación del contrato, por períodos sucesivos o, a su elección, la venta directa del inmueble arrendado, sujetándose dicha venta a los avalúos del Departamento de Avalúos y Catastros de la Municipalidad correspondiente, realizado a la fecha en que se autorice el traspaso de dominio. Lo dispuesto en este artículo se aplicará exclusivamente en favor de personas cuyos recursos económicos no les permita adquirir vivienda para su familia, o de predios rústicos destinados a la explotación agropecuaria, que constituyan la unidad agrícola familiar, lo que deberá comprobarse plenamente.

SECCION SEXTA Solemnidades comunes a este Capítulo Art. 87.- Todo contrato que tenga por objeto la venta, permuta, hipoteca o arrendamiento de bienes inmuebles del Consejo Provincial, se hará por escritura pública, y los de venta, trueque o prenda de bienes muebles, podrán hacerse por contrato privado, lo mismo que la prolongación de los plazos en los arrendamientos, o cuando se tratare de contratos ocasionales. Respecto de los de prenda, se cumplirán las exigencias de la ley de la materia. No es obligatorio celebrar escritura pública cuando se trate de contratos de arrendamiento de locales del Consejo Provincial, en los que la cuantía anual de la pensión sea menor de doce mil sucres. Art. 88.- Para proceder a la suscripción de cualesquiera de los contratos a los que se refiere el artículo anterior, deberá darse garantía de cumplimiento, a satisfacción del Consejo Provincial.

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Los bienes inmuebles rematados con oferta de pago del precio a plazos, quedarán hipotecados a favor del Consejo Provincial, y las sumas adeudadas ganarán el máximo del interés legal.

Art. 89.- Ningún miembro de la Corporación, funcionario, empleado u obrero del Consejo Provincial, podrá rematar o contratar bienes del Consejo Provincial, excepción hecha de artículos que se han adquirido o producido para la venta al público. Se exceptúa de esta prohibición a los empleados u obreros del Consejo Provincial, cuando organizados en cooperativas legalmente constituidas, y previo cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Cooperativas y más disposiciones legales y reglamentarias, celebren contratos respecto de bienes inmuebles de propiedad del Consejo Provincial. Los actos, contratos o resoluciones, dados o celebrados infringiendo lo dispuesto en este artículo, adolecerán de nulidad absoluta, alegable por quien demuestre tener interés en ellos. El consejero, funcionario, empleado u obrero que rematare o contratare cualquier bien del Consejo Provincial, será separado del ejercicio de sus funciones, al igual que los miembros de la Junta de Remates, sin perjuicio del enjuiciamiento penal a que hubiere lugar.

SECCION SEPTIMA De los ingresos Art. 90.- Son ingresos del Consejo Provincial: a) Las asignaciones y subvenciones del Estado; b) Las tasas por servicios; c) Las multas que imponga el Consejo o el Prefecto, en su caso; d) Las herencias, legados y donaciones; e) Los impuestos creados o que se crearen especialmente en su favor; f) Las rentas provenientes de sus bienes propios; y, g) Las transferencias que hicieren en su favor otras entidades.

Art. 91.- Las asignaciones del Estado en beneficio de los Consejos Provinciales, se entregará en forma predecible, directa, oportuna y automática. Estará bajo la responsabilidad del Ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la transferencia de las cuentas del Tesoro Nacional a las cuentas de los consejos provinciales.

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Art. 92.- El Consejo Provincial recibirá la participación en los diferentes impuestos, en la forma prevista y establecida por las leyes y ordenanzas pertinentes.

Art. 93.- Por ordenanzas especiales, el Consejo determinará las tasas que los particulares deben satisfacer por utilización de los servicios que a ellos presta.

Art. 94.- Los impuestos y tasas establecidos para obras o servicios determinados, se aplicarán exclusivamente a su objeto, bajo la responsabilidad pecuniaria del Tesorero, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 47. Sin embargo, podrá destinarlos a un fin diferente, previa resolución del Consejo Provincial.

Art. 95.- Toda multa que impusiere el Consejo o el Prefecto Provincial, se cobrará por Tesorería e ingresará a fondos comunes. Art. 96.- Cuando se contrataren créditos internos o externos, se hará constar en el Presupuesto del Consejo, la suma necesaria para su pago, incluyendo los respectivos intereses, bajo la responsabilidad de sus miembros.

SECCION OCTAVA De las contribuciones especiales por valorización de obras públicas Art. 97.- Cuando por construcción, rectificación, ensanche o pavimentación de carreteras o caminos, o construcción de puentes, por parte del Consejo Provincial, aumentare el valor de las propiedades, los propietarios de éstas pagarán al Consejo Provincial la contribución especial de mejoras de acuerdo con las siguientes proporciones: a) El 30% del costo total de la obra, los dueños de las propiedades situadas dentro de la zona de influencia primaria, a prorrata del valor de sus inmuebles; b) El 20% del costo total de la obra, los dueños de las heredades situadas dentro de la zona de influencia secundaria, a prorrata del valor de sus propiedades; c) El 10% del costo total de la obra, los dueños de los inmuebles situados dentro de la zona de influencia terciaria, a prorrata del valor de sus propiedades; y, d) El 40% restante del costo total de la obra, será financiado por el Consejo Provincial, con recursos de su presupuesto, con independencia de las contribuciones anteriores.

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Art. 98.- Cuando el Consejo Provincial ejecute obras urbanas, cobrará la contribución especial de mejoras ciñéndose, en todo cuanto sea aplicable, al Título VIII de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 99.- Es zona de influencia primaria, la ubicada hasta doscientos metros de distancia a ambos lados de los caminos; es zona de influencia secundaria, la ubicada entre doscientos y cuatrocientos metros de distancia, a ambos lados de los caminos; y es zona de influencia terciaria, la ubicada entre cuatrocientos y mil metros de distancia, a ambos lados de los caminos.

Art. 100.- Si una misma propiedad se encontrare ubicada en dos o más zonas de influencia, la contribución especial de mejoras se calculará de acuerdo con los respectivos porcentajes.

Art. 101.- El propietario no responderá por concepto de contribución especial de mejoras, sino hasta el valor de su propiedad, establecido antes de iniciarse la obra.

Art. 102.- Las contribuciones especiales de mejoras determinadas en el Art. 97 de esta Ley, serán recaudadas directamente por el Consejo Provincial, en diez anualidades, contadas desde la terminación de la respectiva obra, para lo cual se expedirán los títulos correspondientes.

Art. 103.- Si el propietario no estuviere en condiciones de pagar la contribución especial de mejoras en dinero efectivo, podrá hacerlo mediante la entrega parcial de los terrenos beneficiados, en favor del Consejo Provincial, en las proporciones determinadas en el Art. 97 de esta ley. La extensión, ubicación y avalúo de las tierras serán determinados, de común acuerdo por el Consejo Provincial y el propietario. El Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (INDA) autorizará estos convenios. En caso de desacuerdo, la resolución del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (INDA) será definitiva y obligatoria.

Art. 104.- Para la planificación y ejecución de obras públicas, los Consejos Provinciales podrán comprometer los ingresos especiales de valoración, que tengan como fuente de obligación la obra pública a realizarse, con el objeto de obtener créditos que permitan la financiación de dichas obras. Art. 105.- El Consejo Provincial reglamentará la aplicación de estos artículos, mediante ordenanza especial.

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Art. 106.- No están sujetos al pago de contribución especial de valoración, los terrenos adquiridos al Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (INDA) los bienes pertenecientes a entidades públicas, semipúblicas y autónomas; de beneficencia y de establecimientos educacionales; los bienes pertenecientes a las cooperativas, mutualistas o asociaciones de trabajadores, y las propiedades avaluadas en menos de cincuenta mil sucres.

Art. 107.- Al concluirse una obra realizada por el Consejo Provincial, que aumente el valor de las propiedades de particulares, el Consejo Provincial determinará, por medio del Departamento respectivo, el valor que adquirieren los predios ubicados en las diferentes zonas de influencia y la cantidad que deben pagar los particulares beneficiados, por concepto de contribución especial de mejoras. Los predios dedicados a la explotación agropecuaria, que se mantengan en buenas condiciones de producción, merecerán un trato especial favorable, para los efectos de este artículo.

Art. 108.- Aprobadas las planillas, el Prefecto Provincial notificará al dueño del terreno, para que haga observaciones, en el término de quince días. Si no se hiciere observaciones dentro de dicho término, se entenderá que acepta la planilla.

Art. 109.- Si se presentaren las observaciones oportunamente, indicando sus fundamentos y la cuantía de la reclamación, el Prefecto Provincial pronunciará la resolución correspondiente, en el término de ocho días. Art. 110.- Si la resolución del Prefecto rechazare las observaciones en una cuantía que pase de cinco mil sucres, el interesado podrá apelar para ante la Corte Superior de Justicia, en el término de tres días.

Art. 111.- Interpuesto oportunamente el recurso, se enviará el expediente, sin más trámite, a la Corte Superior del respectivo distrito. Una vez que la Sala correspondiente avoque conocimiento, notificará a las partes con la recepción del proceso y, en la misma providencia concederá un término de prueba de ocho días, vencido el cual, dentro de igual término, dictará resolución definitiva. Las partes podrán presentar sus informes en derecho.

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CAPITULO VI De las Finanzas y del Presupuesto SECCION PRIMERA De la recaudación, administración e inversión de los ingresos

Art. 112.- La recaudación de impuestos o tasas pertenecientes al Consejo Provincial, que no se haga por agentes de recaudación o retención determinados en las leyes, se hará mediante la emisión de títulos de crédito, que deberán ir firmados por el Prefecto y por el Tesorero. Cuando el agente de recaudación o retención no acreditare, dentro del término determinado por la ley, los valores a favor del Consejo Provincial, éste procederá de acuerdo con las normas legales pertinentes.

Art. 113.- Se prohíbe a los Consejos Provinciales destinar parte alguna de sus rentas a diversiones y regocijos públicos, a menos que se trate de celebrar una patria o de realizar actos protocolarios en que debe intervenir la Institución.

Art. 114.- Los Consejos realizarán sus obras por administración, concesión o contrato; en los dos últimos casos, mediante el requisito de licitación, de acuerdo con los preceptos legales.

Art. 115.- Concluidas las obras que se realicen por contrato o concesión, se procederá a recibirlas, previo informe del Departamento Técnico, que examinará la construcción.

SECCION SEGUNDA Del Presupuesto Art. 116.- El Presupuesto General del Consejo se elaborará por programas de actividades.

Art. 117.- El Prefecto Provincial, con la asesoría técnica respectiva, elaborará y presentará a la Comisión de Finanzas, el proyecto de Ordenanza del Presupuesto, hasta el 30 de septiembre. La Comisión de Finanzas del Consejo, estudiará el proyecto y sus antecedentes, y emitirá su informe hasta el 20 de octubre. Corresponde al Consejo Provincial discutir y aprobar, hasta el 10, de noviembre, el proyecto de Ordenanza. Si a la expiración de esta fecha no lo hubiere aprobado se entenderá aceptado el proyecto presentado por

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el Prefecto. Hasta el 30 del mismo mes, el Prefecto enviará el Presupuesto aprobado a consideración del Ministro de Gobierno o del Gobernador, en su caso. El Ministro de Gobierno o el Gobernador, en su caso, sancionará dentro del plazo de 8 días, las Ordenanzas de Presupuesto, debiendo tomar en cuenta para el efecto, que se haya cumplido con las disposiciones anteriores. Al sancionar la Ordenanza de Presupuesto, el Ministro de Gobierno o el Gobernador, en su caso, ordenará que se publique un resumen de la misma en el Registro Oficial, hasta el 25 de diciembre, resumen que contendrá las cifras globales por capítulos, en los ingresos; y por programas en los egresos. La falta de publicación no obsta para que el Presupuesto entre en vigencia a partir del 1o. de enero.

Art. 118.- Los saldos de Caja de ejercicios anteriores incrementarán el fondo respectivo y, en el caso de fondos especiales, el de la correspondiente obra de servicio.

Art. 119.- Los ingresos se calcularán tomando en cuenta el rendimiento de éstos en los dos años inmediatamente anteriores, aparte de los nuevos ingresos.

Art. 120.- A pedido del Prefecto, el Consejo podrá aprobar traspasos de partidas, cuando circunstancias supervinientes determinen la atención preferente de una obra o servicio, debiendo mantenerse la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que los traspasos no afecten a las obras públicas. Podrán, asimismo, los Consejos, a pedido del Prefecto, aprobar traspasos de partidas para atender servicios ocasionales emergentes. Cuando la transferencia efectuada se refiera a fondos especiales, será restituida, total o parcialmente, en el ejercicio siguiente.

CAPITULO VII Del consorcio y de la asamblea de consejos provinciales Art. 121.- Dos o más Consejos Provinciales, que tenga fines comunes que realizar, pueden unirse transitoria o permanentemente, bajo normas que ellos mismos formulen, las que serán aprobadas por el Ministerio de Gobierno. El Consorcio así formado será regido por una entidad integrada por representantes de los Consejos Provinciales participantes.

Art. 122.- Cada dos años se reunirá en la capital de la provincia que se señale, la Asamblea de Consejos Provinciales de la República, para tratar de unificar criterios y procurar la consecución de medios encaminados a afirmar y robustecer la vida provincial. La convocatoria, agenda o reglamentos, serán programados por el Consejo Provincial del lugar donde deba reunirse el Consorcio.

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En cualquier tiempo, o, cuando las circunstancias lo requieran, el Presidente de la República, o tres o más Consejos Provinciales, podrán convocar a Asamblea Extraordinaria.

Art. 123.- Las márgenes de las vías de comunicación que el Consejo Provincial construya o mantenga por su cuenta en la latitud prevista en la Ley de Caminos, no podrán ser ocupadas por los propietarios adyacentes y, para edificar y construir en ellas, necesitarán la autorización previa del Consejo. El mismo procedimiento se aplicará en tratándose de márgenes de acueductos.

Art. 124.- El Consejo convocará a Asamblea Provincial, mediante resolución aprobada por las dos terceras partes de los Consejeros que integran la Corporación. La convocatoria especificará los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, determinándose en la misma, la ciudad donde debe reunirse, y no pudiendo tratar otros puntos que los especificados en la convocatoria.

Art. 125.- Corresponde a la Asamblea Provincial emitir criterios y resoluciones sobre los asuntos que, por extraordinario interés, sean sometidos a su consideración por el Consejo, debiendo formular las recomendaciones que considere adecuadas al progreso de la Provincia.

Art. 126.- La Asamblea Provincial se integrará de la siguiente manera: a) Por el Prefecto y consejeros en ejercicio de sus funciones; b) Por los dos últimos Prefectos que hubieren desempeñado sus funciones; c) Por los diputados de la provincia que tuvieren su residencia en la jurisdicción del Consejo Provincial convocante; d) Por los Alcaldes de la respectiva jurisdicción provincial, o por sus delegados; e) La Asamblea Provincial de Pichincha, por el Ministro de Gobierno o por su delegado; y los demás, por el gobernador de la provincia, o por su delegado; f) Por los directores de los periódicos que justifiquen, cuando menos, dos años de circulación; y, g) Por dos representantes de los órganos de la opinión, hablada y televisada. La asamblea provincial no podrá sesionar sin la concurrencia de, por lo menos, las dos terceras partes de los consejeros en ejercicio de sus funciones.

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Art. 127.- El Prefecto Provincial, previa resolución del consejo, podrá invitar a los funcionarios o ciudadanos que tengan relación con los problemas a tratarse en la Asamblea, los mismos que intervendrán con voz, pero sin voto.

Art. 128.- Con motivo de cada convocatoria a sesiones de la Asamblea Provincial, el Consejo solicitará a las entidades que deban acreditar representantes, la designación de los miembros correspondientes, y convocará a quienes tienen representación propia. La Asamblea Provincial se constituirá con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, y para aprobar las recomendaciones que formule, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los concurrentes.

Art. 129.- Presidirá las sesiones el Prefecto Provincial o quien lo subrogue, y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo, y a falta de éste, uno ad-hoc.

CAPITULO VIII Disposiciones Generales Art. 130.- Los daños que se ocasionaren en las vías de comunicación, canales de riego, drenaje o más obras, construidos o conservados por el Consejo Provincial, serán reparados por quienes lo causaren, o por el Consejo, a costa de ellos, con un recargo del 20% sobre el valor de la reparación, y los culpables serán sancionados por el propio Consejo con una multa de cien a mil sucres, que recaudará en su beneficio. En caso de reincidencia, el recargo será del 100%, sin perjuicio del enjuiciamiento penal correspondiente.

Art. 131.- Las contravenciones que se cometieren contra las disposiciones de esta ley, o de las establecidas en las ordenanzas municipales, y que no tengan sanción especial, serán penadas con multa de veinte a un mil sucres, impuesta por el Prefecto o su delegado, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

Art. 132.- La jurisdicción coactiva ejercerá el Consejo Provincial a través del Tesorero de la Entidad, quien será personal y pecuniariamente responsable de todos los valores que debe recaudar. El procedimiento coactivo será dirigido por el Procurador Síndico del Consejo y, a falta de éste, por el Abogado que designe el Prefecto.

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Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Mientras las disponibilidades económicas de los Consejos lo permitan, no les será obligatorio contar con todos los departamentos y funcionarios que se establecen en esta Ley.

SEGUNDA.- Todo aumento de valor por obras públicas se referirá a las obras actualmente en construcción y a las que realicen en el futuro.

TERCERA.- Si en la integración de los Consejos Provinciales, aplicando el artículo 233 de la Constitución Política de la República y, en relación directa con la población según el Censo Nacional de Población, éstos aumentaren o disminuyeren de número en relación con el total de consejeros provinciales y, teniendo en cuenta que en el año 2000 se elegirá mediante votación directa y en el año 2002 por elección indirecta, corresponderá a los Colegios Electorales contemplados en esta reforma, designar provisionalmente, a los faltantes, en caso de haberlo hasta que se regularice la representación, por un período de dos años, hasta la siguiente elección sea directa o indirecta. Los Alcaldes y las mayorías de concejales electos en las elecciones del tercer domingo de mayo del 2000 y las minorías de concejales que deban continuar en sus funciones, constituirán los colegios electorales. El instructivo de aplicación de esta disposición lo dictará el Tribunal Supremo Electoral.

Art. FINAL.- Quedan derogadas todas las leyes y decretos que se opongan a la presente Ley, la misma que entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

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Ley de Régimen Provincial  

Régimen Provincial

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