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A帽o 1 N 2 / Mayo-Junio 2013

Nuestram茅rica publicaci贸n de la Corriente

inundaciones en La Plata

un modelo de ciudad que colaps贸

Venezuela

la reforma judicial


Editorial Nuestramérica de justicias y responsabilidades NUESTRAMÉRICA / Editorial, de justicias y responsabilidades

Índice pag 1. EDITORIAL, de justicias y responsabilidades pag 2. Un modelo de ciudad que colapsó. Nicolás Trivi pag 4. Solidaridad no perecedera pag 6. Catástrofe natural y Crimen Social. Jorge Orovitz Sanmartino pag 10. Sobre la Reforma Judicial: ¿Porqué Seño?. Aníbal Hnatiuk Pag 12. El chavismo y venezuela sin Chávez. Germán Bernasconi

"Nosotros somos socialistas, somos enemigos del sistema económico capitalista actual porque explota al que es débil desde el punto de vista económico, con sus salarios desiguales, con su evaluación indecente de un ser humano según tenga riqueza o no la tenga, en vez de evaluar la responsabilidad y la actuación de la persona, y estamos decididos a destruir este sistema capitalista en todos sus aspectos”

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Esta nueva edición de la Revista Nuestramérica aparece en un contexto que no esperábamos. El 2 de abril nuestra ciudad sufrió uno de los peores días de su historia, con la inundación provocada tanto por una lluvia extraordinaria como por un modelo de ciudad excluyente que se ha impuesto en los últimos años. A este tema le dedicamos cuatro notas, para tratar de explicar lo que pasó, y cuáles son las responsabilidades políticas por detrás. Pero también para manifestar lo que dejó este hecho a nivel social, lo que la inundación generó en buena parte del pueblo y sus organizaciones. Y además para sentar posición sobre algunos debates ideológicos que atravesaron al accionar estatal y la solidaridad popular durante estos días convulsionados, en los que más de una vez la “ayuda desinteresada” estuvo desprovista de compromisos ulteriores. La cuestión de las responsabilidades políticas ha sido uno de los ejes del debate nacional en las últimas semanas, teniendo en cuenta la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que condenó a penas por lo menos discutibles a sus autores materiales e intelectuales. En el veredicto final quedaron por fuera responsables políticos como el Ministro de Trabajo Carlos To m a d a , d e q u i e n ex i ste n evidencias de su buen trato con el secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza. Así se expresó de nuevo la necesidad de reformar profundamente el poder judicial para acercarlo a los intereses del pueblo, y que ningún crimen político como el del asesinato de Mariano, o bien un crimen social como el de no hacer las obras necesarias para evitar la inundación, quede impune. Surge

entonces el interrogante sobre si la reforma del poder judicial impulsada por el gobierno nacional es un avance en este sentido. Sobre este tema escribe nuestro compañero Aníbal Hnatiuk, abogado y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales. La crítica a la reforma de la justicia es una de las principales banderas de la oposición política y mediática al gobierno nacional, en épocas de c a c e ro l a zo s m á s o m e n o s “espontáneos”, que se convocan como si de jugar a la batalla naval se tratase. En momentos en que el derechista Partido Colorado acaba de recuperar el poder de Paraguay en las elecciones del 21 de abril, luego de haber orquestado el golpe de estado institucional disfrazado de juicio político contra Lugo, hay que cuestionar(se) qué implicancias políticas tiene defender a rajatabla ciertas instituciones estatales, por fuera de su contenido de clase concreto. Siguiendo con el panorama electoral latinoamericano, en este número el compañero Germán Bernasconi nos acerca su análisis sobre lo sucedido en Venezuela el 14 de abril, donde Nicolás Maduro se impuso con un ajustado margen al candidato del imperialismo, Henrique Capriles. De esa manera, el nuevo líder del chavismo asume la responsabilidad de encabezar la profundización del proceso de transformación que, poniendo al estado venezolano patas para arriba, acercó a millones de ciudadanos a un nuevo horizonte de justicia social, el socialismo del siglo XXI. Un horizonte que desde la Corriente Surcos no dudamos en compartir, porque de hacernos responsables de construir un futuro de justicia se trata.


NUESTRAMÉRICA / La Plata: un modelo de ciudad que colapsó

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Un modelo de ciudad que colapsó Nicolás Trivi

Para entender lo que sucedió en La Plata de manera global es necesario analizar qué factores han influido en la producción del espacio urbano y suburbano en los últimos años. No podemos quedarnos en que la inundación fue un hecho inexplicable e imposible de contrarrestar o por lo menos aliviar. ¿Qué culpa tiene la lluvia? Para empezar, hay que tener en cuenta la lluvia del 2 de abril alcanzó niveles extraordinarios, que se dan con una frecuencia de un siglo, pero que en definitiva son parte de la evolución del paisaje natural de una región templada h ú m e d a c o m o l a n u e st ra . Tomando los últimos años podemos ver que desde el 2002 a esta parte hubo por lo menos cuatro lluvias muy fuertes, que provocaron inundaciones de distinta magnitud. ¿Alcanza esto para decir que el clima de la ciudad cambió y se está volviendo subtropical? No, ya que para asegurar esto se necesitan varias décadas de estadísticas, que tomen en cuenta otros elementos como las temperaturas medias y el

régimen de vientos. Tal vez estemos ante un ciclo húmedo que dure un par de años, con mayores precipitaciones que lo normal, o bien con las mismas precipitaciones concentradas en pocos días de lluvia más violentos; pero de todo modos aún es apresurado para afirmar que el clima regional cambió definitivamente. Hay que tener mucho cuidado antes de repetir el discurso de que el calentamiento global ya es una realidad que se nos impone inexorablemente, porque se trata de una cuestión muy difícil de estudiar y predecir, y que desde el poder económico y mediático muchas veces se usa como pantalla para esconder responsabilidades políticas directas en distintos conflictos y desastres ambientales. Volviendo al 2 de abril, es necesario aclarar que con esa cantidad de lluvia, aún con las mejores obras y la planificación urbana más eficiente y democrática se habría acumulado algo de agua en las calles. Pero sin duda las consecuencias en términos de pérdidas materiales y humanas hubieran sido mucho menores. Que quede clarísimo: no hay fenómeno meteorológico que

borre ninguna responsabilidad política con lo que pasó. Una ciudad que crece y excluye Entonces hay que destacar qué factores sociales hicieron que el temporal se convirtiera en catástrofe, porque el agua lo único que hizo fue mostrar una situación de desigualdad e injusticia en la organización del espacio urbano que ya existía. Desde hace alrededor de una década, cuando Julio Alak era intendente, la ciudad creció al ritmo de la especulación inmobiliaria dominada por un sector concentrado de empresas constructoras. El centro de la ciudad y el casco urbano vieron crecer las torres de lujo a costa de nuestro patrimonio arquitectónico, al mismo tiempo que los alquileres subían a niveles exorbitantes. Mientras tanto, en la p e r i fe r i a s e ex p a n d í a n l o s countries y, aunque pueda parecer paradójico, algunos barrios populares se consolidaban con el asfaltado de calles (pero ojo, sin los desagües adecuados), y en otras zonas surgían asentamientos precarios. Como verdaderos síntomas del tan mentado “modelo” con el que el país se desarrolló luego del fin del 1 a 1, la industria de la construcción (uno de los sectores económicos más dinámicos de los últimos años) ha recibido excedentes de capital provenientes del agronegocio (los llamados “ladrillos de soja”), y le ha dado empleo a mucha gente que emigró del campo, de otras provincias y de países limítrofes en busca de oportunidades. Un empleo que, con un mercado de crédito contraído para el bolsillo de los laburantes, se ha mostrado insuficiente para acceder a la vivienda propia con todos los papeles en regla. El plan de vivienda Pro Crear del gobierno


NUESTRAMÉRICA / La Chávez Plata:Vive un modelo Para Siempre de ciudad que colapsó

nacional podrá ser un paliativo de esa situación en un mediano plazo, pero no parece ser capaz de resolver el problema estructural del acceso a la vivienda. A nivel ambiental, el crecimiento de la ciudad al compás del mercado inmobiliario produjo (además del aumento en el consumo de agua y energía y de la mayor producción de basura), una mayor superficie impermeable y una reducción de los espacios verdes, ambas serias alteraciones del medio natural. La ausencia de obras hidráulicas apropiadas (como la canalización de arroyos y la adecuación de los drenajes de viviendas y calles) completa un cuadro de gran vulnerabilidad ante un evento meteorológico de envergadura. Responsabilidades con nombre y apellido Lo que tiene de particular el caso de la inundación en La Plata es que resulta bastante fácil establecer responsabilidades políticas, por razón y por omisión, con lo que pasó. Por el lado de las acciones deliberadas, tenemos la ordenanza 9321/00, aprobada en el año 2000 por Alak, que permitió la ampliación del área urbana

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destinada a edificios y viviendas en altura, así como la creación de barrios cerrados fuera del casco urbano. Y fundamentalmente la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) en el 2009, impulsada por el intendente Pablo Bruera en una escandalosa votación en el Consejo Deliberante, sin permitir el debate adecuado y aprobada sobre tablas por los concejales oficialistas. Esta reforma del COU le dio un nuevo empuje a la construcción de torres en el casco urbano, mostrando un claro acuerdo entre los intereses del gobierno municipal y de las empresas constructoras. Además, las obras de la autopista La Plata - Buenos Aires y de la ruta 36, que son responsabilidad de la Provincia y de Nación, en la inundación de 2008 funcionaron como auténticos diques para el escurrimiento del agua hacia el Río de la Plata. Por el lado de las omisiones, en estas semanas se hicieron conocidos los estudios llevados a cabo por ingenieros de la UNLP, donde se diagnosticaban las obras de canalización (principalmente en el Arroyo del Gato) necesarias para que la inundación del 2008

no se repitiera. En ese momento, el recién asumido Bruera convocó a un comité de crisis y prometió obras, pero las mismas no se llevaron a cabo; y el 2 de abril se notó que ninguna autoridad municipal estaba preparada para afrontar ningún hecho de este tipo. La mentira de la foto de Bruera ayudando con los bidones de agua no es más que un símbolo, que por más que nos produzca mucha bronca no puede hacernos olvidar que las responsabilidades del intendente son muy anteriores. D e l a m i s m a m a n e ra , l a s condiciones precarias de trabajo y vivienda que se viven en muchos barrios de La Plata, y que agravaron aún más las consecuencias de la lluvia, son muestras de políticas económicas a nivel provincial y nacional que aún están lejos de acabar con la pobreza. Como breve conclusión, se puede decir que el 2 de abril estallaron las contradicciones de un modelo de ciudad social y ambientalmente excluyente, que se estuvo gestando en los últimos años por la conjunción del poder político y el económico.


NUESTRAMÉRICA / Un Chávez pueblo Vive solidario Para Siempre

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solidaridad no perecedera

Una de las claves del panorama social que dejó la inundación del 2 de abril fue la gran participación popular en la ayuda a los damnificados. Ante un gobierno municipal que no sabía para dónde salir disparado, y los gobiernos provincial y nacional que tardaban en actuar, un gran sector de la sociedad local y nacional se movilizó para hacer llegar su ayuda. Diversas instituciones sociales, deportivas y religiosas funcionaron como centros de acopio y distribución. Por otro lado, desde muchas organizaciones sindicales y políticas se trabajó codo a codo con vecinos y otras organizaciones del país para llegar a los barrios más afe c ta d o s , p r i m e ro co n donaciones y luego aportando a la organización y al balance político de los vecinos. Desde las primeras horas posteriores a la inundación, la Casa Nuestramérica funcionó como centro de acopio y distribución de donaciones a distintos barrios de la ciudad. Se acercaron muchos vecinos del barrio con sus donaciones de ropa y alimentos, o bien para ofrecer su vehículo para h a c e r l o s t ra s l a d o s d e mercadería. La repercusión en las redes sociales hizo que llegara gente incluso desde Buenos Aires a traer sus donaciones directamente a la Casa. Posteriormente, y mientras e ra n ca d a vez m á s l o s compañeros de distintas facultades que acudían a dar una mano separando ropa y o rd e n a n d o a l i m e nto s y productos de limpieza, se decidió coordinar la intervención en los barrios con los compañeros del Frente

Po p u l a r D a r í o S a nt i l l á n Corriente Nacional y Atrapamuros, que estaban trabajando en el Centro Social y Cultural “Olga Vázquez”. Así nacieron las Misiones Solidarias “Hugo Chávez”, bajo la consigna “Estado ausente, pueblo solidario”, y tomando la figura del líder bolivariano como un ejemplo de proyecto político estatal puesto al servicio de las necesidades y la autoorganización del pueblo. Otro hecho destacado de esos días de trajín fue el trabajo junto a organizaciones hermanas como Marea Popular El Avispero y Azulado, que a c e rc a ro n d o n a c i o n e s y aportaron su esfuerzo militante para hacerlas llegar a los barrios. También se trabajó con la Parroquia “Santa Rosa de Lima” de Quilmes, y se coordinaron acciones con la Comisión Provincial por la Memoria, la facultad de Humanidades de la UNLP, con la Escuela Secundaria n°2 (conocida “La Legión”) y con la Escuela n° 65. A raíz de que varios vecinos afectados fueron directamente hasta la Casa en busca de ayuda, se organizaron grupos

de trabajo que se dirigieron a muchos barrios. Uno de ellos fue la zona 161 y 62 (Los Hornos), conocida como “El Zanjón”. Se empezó con un relevamiento casa por casa para conocer la realidad de los vecinos y constatar las pérdidas materiales para evaluar las necesidades concretas. Una labor similar se realizó en la zona conocida como Las Vías, cerca de Gambier, en 145 y 55; en el barrio de Las Palmeras, comprendido entre las calles 143, 148, 71 y 74; y en 146 y 49 bis. En el barrio de Villa Elvira se trabajó junto a la Casa Joven parte de la obra del Padre Cajade- para alcanzar nuestra ayuda a numerosos hogares y extender redes con otras zonas y así realizar un trabajo grupal, tanto de relevo, como apoyo y repartición de las donaciones. En Altos de San L o r e n zo , s e a c e r c a r o n donaciones a la zona de 18 y 81, donde se generaron lazos con los vecinos para continuar el trabajo en el barrio. Se coordinó con el comedor de 17 y 85 del Movimiento Justicia y Libertad, con quien la


NUESTRAMÉRICA / Un Chávez pueblo Vive solidario Para Siempre

Corriente Surcos tiene una relación de compañerismo desde hace ya varios años. También se acercó ayuda a la olla popular de los vecinos del barrio Puente de Fierro (28 y 89). De la misma manera, se acercaron donaciones al b a r r i o d e A b a s t o, y a numerosas direcciones de familias que se acercaban con necesidades puntuales. En la s e m a n a p o st e r i o r a l a inundación fueron los propios vecinos de los barrios más afectados quienes se acercaron directamente a la Casa, para buscar ropa, calzado, colchones y productos de limpieza. De esta manera, se tejieron y luego fortalecieron redes de solidaridad entre vecinos y compañeros de distinto origen. Con el correr de los días, fue decantando la necesidad de dar un paso adelante en la presencia en los barrios, porque está claro que las necesidades del pueblo no se solucionan con un paquete de fideos y una botella de lavandina. La inundación mostró que en la

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periferia de la ciudad todavía se viven situaciones de pobreza, de precariedad laboral y habitacional, de falta de acceso a la educación y a la salud. F re nte a l a d e s i d i a d e l municipio, se hizo patente que las respuestas ante crisis como ésta pasan por consolidar un proyecto político genuinamente popular. En este sentido, y como coronación del trabajo llevado adelante durante los días de la inundación desde la Casa

Nuestramérica, la Corriente Surcos, el Movimiento 6 Mil y las agrupaciones LUPAS de Humanidades y Praxis de Bellas Artes, junto a decenas de compañeros, se conformó el Movimiento Barrial Nuestramérica, en el marco de las Misiones “Hugo Chávez”. El objetivo es el de continuar el trabajo en los barrios, creando organización popular en pos de un proyecto político de transformación.


NUESTRAMÉRICA / catástrofe natural y crimen social

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catástrofe natural y crimen social Jorge Orovitz Sanmartino

Cuando los países poseen un lazo social fuertemente comunitario, implementan políticas de prevención reales y efectivas, e impulsan una planificación urbana e infraestructura adecuadas a los requerimientos sociales de las grandes mayorías, el impacto de un desastre natural puede ser amortiguado. La organización y directrices oportunas, la movilización general de la población y de los recursos y la utilización eficiente y educativa de los medios de comunicación, pueden mitigar y reducir de manera sustancial los efectos de las catástrofes naturales. Pero el impulso combinado de todas estas medidas implica un cambio radical en el modelo económico y social vigente en nuestro país, así como su régimen político institucional. Por el tipo de modelo vigente, por el carácter privatista de la relación entre Estado y sociedad y por la lógica mercantil de su desarrollo, la catástrofe natural se transformó en nuestro país en un crimen social. La parálisis estatal en todos sus niveles y la enorme solidaridad popular han sido utilizadas por los grandes medios para propagar un discurso antipolítico y moralizante que contrasta con la exigencia de abordar las soluciones de fondo con el único método colectivo disponible: el método de la intervención y participación política de amplias capas populares. Mercantilización del espacio urbano Comencemos por la falta de inversión en infraestructura básica y planificación urbana. Han aparecido muchos artículos periodísticos demostrando la demora de años de estas obras; o los estudios hidráulicos que desde 2007 alertaban sobre las consecuencias de las lluvias y recomendaban obras que nunca se hicieron; o los reclamos persistentes de vecinos que vienen sufriendo las consecuencias de unas construcciones privadas sin control ni regulación, que impermeabilizaron el suelo y en muchos casos bloquean el drenaje y filtrado de las aguas. El caso

paradigmático ha sido el shopping DOT de Saavedra, resistido por los vecinos a los que se trató de delincuentes por denunciar las consecuencias nefastas de esta obra. Estos casos se multiplican por toda la geografía nacional: sucede en Santa Fe, provincia de Buenos Aires o en la Capital. Atraviesa a todos los partidos políticos que hoy están al frente de la gestión provincial o municipal. Sucede lo mismo con la infraestructura en transporte, energía o en los servicios públicos como el agua, el gas y la electricidad. La pregunta, digna de Hamlet, que se hacen millones de personas es: ¿por qué no se hicieron esas inversiones? Y la respuesta más a mano es la corrupción de los políticos, la desidia, la indiferencia o el cortoplacismo. Por supuesto, estos rasgos existen pero pueden hacerse tan manifiestos y dominar la cultura política de un país sólo bajo ciertas circunstancias. Hasta fines de los años 60' y mediados de los 70' el modelo desarrollista industrial de la periferia y el modelo keynesiano en algunos países centrales estaban basados en la planificación estatal del espacio público, de la tierra, la vivienda y el pacto salarial, que por supuesto sostenía la demanda en función del proceso de acumulación del capital, pero que también respondía al poder de las clases subalternas que reclamaban y lograban políticas públicas y sanitarias en su beneficio. No era el paraíso de la clase trabajadora y muchas críticas justas y necesarias fueron levantadas contra un sistema alienante y burocrático. Pero con la dictadura militar y las políticas neoliberales de las últimas décadas se inició un nuevo ciclo de expansión del capital y en particular de las ciudades, sostenidas de manera hegemónica por la lógica del mercado inmobiliario, instituido bajo un modelo de regulación sustancialmente distinto y que expresaba nuevas relaciones sociales de fuerza. La planificación anterior, más o menos coherente, más o menos eficaz, dio paso al dominio absoluto de los desarrolladores inmobiliarios y la

especulación financiera, cuyo interés en promover el negocio de tierras chocaba contra cualquier tipo de regulación estatal “rígida” y “desinversora”. Bajo la superficie ideológica de la “autoregulación” los grandes capi tales pasaron a comandar el proceso de urbanización, que se hizo caótico y expandió la construcción de viviendas en función de ganancias rápidas. Ese era en definitiva el precepto liberal de mercado, para quien los seres humanos, comportándose de modo de pretender ganar el máximo dinero posible hacían entre todos el “bien común” al fomentar la “competitividad” y por lo tanto el “progreso”. La legislación no hizo más que adaptarse a esta nueva relación de fuerzas conservadora. La presión del mercado, liberada de las regulaciones no podía más que desembocar en la modalidad de barrios privados exclusivos, expulsión de sectores populares a la periferia, concentración de barriadas miserables y asentamientos “ilegales” casi siempre ubicados en zonas bajas e inundables, y una creciente polarización socio-territorial. En el caso de las clases populares, la planificación de barrios por el estado, mutuales y sindicatos, dio paso a la toma de tierras y asentamientos precarios sin servicios, sin infraestructura y en las peores tierras. Las imágenes de las últimas semanas abrieron los ojos de todo el país sobre las decenas y cientos de miles de personas que se hacinan en la periferia paupérrima de La Plata, la antigua “Atenas del Plata”. Este puro capitalismo pervivió en la última década, donde el boom inmobiliario alcanzó su máxima expansión, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde se construyó en una década 25 millones de metros cuadrados manteniendo la misma infraestructura de la década del 50. O en la ciudad de La Plata, donde el lobby de los empresarios de la construcción “convenció” al intendente Bruera para modificar el Código de Ordenamiento Urbano en 2010, dando rienda suelta al boom inmobiliario y la construcción


NUESTRAMÉRICA / catástrofe natural y crimen social sobre espacios verdes y de altos edificios en el centro de la ciudad. La pulsión expansiva del mercado capitalista ejerció una presión hacia la administración pública bajo la lógica de facilitar los negocios y atraer capitales. Aunque los gobiernos tengan distintas sensibilidades e ideologías, y aunque no todas las administraciones respondieron de la misma manera, el formidable ciclo del negocio inmobiliario siguió su curso, como el de la minería o la soja, sin detenerse en las consecuencias sociales, ambientales y humanas de su negocio (para no hablar de la hipoteca industrial y productiva que implica de largo plazo), y barriendo a su paso con las trabas políticas, legales y los cuestionamientos sociales. El neodesarrollismo logró redistribuir bajo la modalidad asistencial y la promoción del consumo, parte de esa renta, lo que sustentó su legitimidad social y electoral y le ha valido una gran cuota de autoelogio por parte de sus mentores, aunque siempre bajo la condición de expandir la modalidad de libre mercado basado en la inversión privada como condición de la creación de empleo. Así por ejemplo, el plan Procrear se lanzó sobre la base de la alianza financiera del estado con el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, quién se benefició a su vez con los acuerdos del PRO y el kirchnerismo en la legislatura porteña para la venta de tierras públicas en Caballito, Palermo y Liniers. Otros proyecto similar es el que tendrá tratamiento este año sobre la Isla Demarchi, para su venta al mismo grupo encabezado por Eduardo Elztain, dueño de los shopings y de los más grandes complejos inmobiliarios del país y sindicado como responsable del negociado del DOT en Saavedra. El presupuesto subyacente es que la modernización de la ciudad y el mejoramiento de sus servicios están asociados por naturaleza a las bondades de la inversión privada. La promoción del turismo y la idea de Buenos Aires como capital cultural favoreciendo polos o barrios donde se promueva la inversión, tiene la misma raíz ideológica, facilitando el negocio privado, promoviendo sus intereses como precondición para el crecimiento de las ciudades y de la economía. Tal como lo había sugerido el sociólogo

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marxista Henry Lefevbre en los años 60, el negocio inmobiliario es un lugar privilegiado para la reinversión de los capitales excedentes. En nuestro país una gran parte del excedente proviene de la renta sojera y, en tanto capital financiero, busca valorizarse penetrando el corazón profundo de la ciudad. Moldeada por el auge de la industria del automóvil, las ciudades modernas también se han ido adecuando al dominio privado del vehículo automotor en detrimento del transporte público, de las vías peatonales, de las calles como lugar de encuentro y socialización y, en general, del medio ambiente, de los espacios verdes y de la vida saludable, contribuyendo al colapso de los servicios básicos, la expansión del asfalto y la impermeabilización de los suelos. La restauración completa de la propiedad privada estimuló los desalojos violentos, el cercado de los parques, la privatización de espacios públicos, el reforzamiento de las concesiones privadas de los servicios urbanos, la rezonificación de amplias franjas de tierra para volverlas “aptas” para el negocio, pero también el desfinanciamiento de la educación pública o la subejecución del presupuesto para la urbanización de villas y asentamientos. El macrismo puede ser una demostración extrema, pero de ninguna manera única de este nuevo ciclo de valorización. La consecuencia de este proceso implicó ocupaciones, organización villera y enfrentamientos directos, como lo vimos en el Parque Indoamericano o en Retiro. Esta disputa se dio en el campo educativo, de la salud o el de la cultura, mediante una lucha sórdida, tenaz, persistente a lo largo de estos años por el lugar de lo público en el espacio urbano. Y se manifestó en una resistencia, a veces imperceptible, a ser etiquetado individualmente como cliente para reclamar colectivamente derechos como ciudadano. Estado y participación popular El ciudadano dio paso al consumidor como figura central, al que se le brinda servicios en tanto cliente antes que sujeto de derechos y obligaciones. Así, por ejemplo, la reparación del daño material y humano no es entendida

como una obligación estatal y colectiva sino como un asunto individual. No es casualidad que con cada inundación o catástrofe aparecen los “créditos blandos” para que el “propietario” (hay que mostrar el título de propiedad) pueda reparar “sus bienes” y devolver al Estado lo que éste bondadosamente le presta. Los subsidios otorgados son siempre enfocados de manera particular y no universal, así, por ejemplo, sólo lo pueden percibir los jubilados que cobran la mínima o los receptores de la Asignación Universal por Hijo, pero no la familia cuyos miembros tengan un trabajo registrado. La reconstrucción tampoco es colectiva, atañe o al propietario de manera individual, reenviando al mercado inmobiliario la solución a un drama que él mismo generó. Hace tiempo señalamos, a propósito del desastre dejado por el huracán Katrina en EE.UU., que el individualismo posesivo había sido llevado al extremo mediante las pólizas de seguros, que se habían transformado en la única garantía de reconstrucción. La contracara podría ser el caso venezolano en que, ante las lluvias de 2010 que dejaron más de 30 muertos y miles de casas dañadas, el Estado comenzó a saldar su cuenta pendiente y se lanzó a la reconstrucción de las zonas afectadas y un plan de viviendas que en dos años permitió adjudicar más de 300 mil unidades, además de asegurar el reequipamiento de las casas con el programa “La Casa bien equipada”, y las brigadas de obreros para la reconstrucción y las comunas como gestores y organizadores de la misma. Esta “ausencia estatal” se mostró en la carencia total de planes de contingencia y emergencia, y sobre todo en la incapacidad del estado de asumir el rol de conducir a la sociedad ante la emergencia. La proliferación de la solidaridad civil viene a ocupar un espacio que el estado deja vacante pero que no puede ser reemplazada. Se trata de un crimen social porque esa ausencia implica muertes, desapariciones y pérdidas materiales muy altas. Otra preguntaa que se haría Hamlet: ¿Por qué en Cuba los tifones y huracanes casi no general muertes y heridos? Existe la prevención en muchos países, claro, como en Japón, donde los recursos


NUESTRAMÉRICA / catástrofe natural y crimen social materiales y administrativos del Estado son altos. Pero donde la carencia es muy grande, como Cuba, el secreto está en la organización comunitaria, en la activación de la población mediante protocolos y organización popular, gracias a la descentralización y el reparto de roles entre todos los actores sociales. El alerta meteorológico activa a cada responsable de cada manzana, a los jefes locales, y la defensa civil se hace cargo de todos los recursos locales. Se trata de una movilización general de toda la población que de manera colectiva ha podido evacuar a dos millones de habitantes en poco tiempo. Lo característico, entonces, es la relación estrecha entre sociedad y estado, basada en la movilización general de la población, quienes tienen la costumbre de no esperar que las tareas las haga el funcionario “a quién se le paga los impuestos” sino de involucrarse como miembro activo de la polis en la que habita. Este carácter popular de la tarea estatal, que exige una participación activa del ciudadano, está ausente en nuestra política pública. El estado y su administración aspiran a la legitimidad popular, al apoyo electoral, pero no a la movilización de la población, que podría ser arrancada de la pasividad de su vida privada y volverse un sujeto activo de la vida pública. El caso del proceso comunal en la Ciudad de Buenos Aires es paradigmático. Allí las comunas no tienen ninguna injerencia en los protocolos de emergencia, ni se les ha dado poder ni municipal y mucho menos en sus competencias concurrentes. En los programas de presupuesto participativo que existen en diversas municipalidades, por ejemplo en la ciudad de La Plata, la toma de decisiones popular está restringida a un pequeño presupuesto de menor envergadura, pero nunca a las obras importantes. La democracia liberal aborrece de la participación directa del pueblo, se refugia en la representatividad del voto y acepta de manera decorativa las pequeñas intervenciones institucionalizadas de democracia directa a los efectos de remarcar su carácter “abierto”, siempre que no afecte el carácter gerencial y jerárquico de su comando cotidiano y de sus decisiones estratégicas. El estado entonces, se hace “inhabitable” en las catástrofes, torpe y carente de

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lazos con los vasos comunicantes de la ciudad, que es donde debe llegar de manera inmediata y pierde así toda eficacia. El sentimiento del estado ausente no es una simple campaña del grupo Clarín, sino una modalidad de la democracia pasiva y gerencial que pervive como herencia del ciclo neoliberal. Aunque en la esfera de la administración nacional, la recuperación de la idea teórica de “habitar el estado” bajo una nueva modalidad basada en la ética de la solidaridad ha sido un esfuerzo compartido de algunos intelectuales y funcionarios críticos, ella no ha sido más que un intento disperso. Es que la estructura estatal, sin cambios reales en la concepción y experimentación de nuevas formas de concebir la democracia y la acción política pública, y estructurado en un régimen de regulación débil, no ha podido deshabitar la vieja lógica gerencial. Es cierto que el estado nacional ha logrado revertir la pérdida de lo que Michael Mann define como “capacidad infraestructural”, mediante el fortalecimiento de la política fiscal, la nacionalización de las AFJP o las regulaciones sobre el Banco Central, el control de divisas o la exportación. Conquistó grados de soberanía que antes había entregado a las instituciones de crédito internacional. Pero el neodesarrollismo utiliza esas herramientas para fomentar el crecimiento sobre la base de la inversión privada, lo que atenta contra cualquier idea seria de planificación económica de largo plazo, por ejemplo en industrias básicas. Este esquema se repite pero agravado en la gestión del suelo urbano, donde no sólo no hubo planificación sino tampoco hasta 2012, un plan medianamente sólido de viviendas. Sucede otro tanto con los servicios públicos y el transporte, desfinanciados en función de no tocar tarifas. El modelo se enfocó en el aumento del consumo, en el supuesto de que ella es la base de la legitimidad electoral. Se puede tener un LCD

en cuotas y tomar algunos días de vacaciones viviendo en un asentamiento sin servicios, en una vivienda insalubre y sufriendo inundaciones cada vez más periódicas. En esta especie de estado de bienestar liberal las ayudas son focalizadas, las reglas para recibir estos derechos son estrictas y el estado asume un rol de mero coordinador y facilitador entre los agentes económicos y la sociedad, dejando al mercado como el principal agente de producción y distribución de la riqueza. La idea del marketing penetró profundamente el ámbito de la política. Por eso la administración como la de la Ciudad de Buenos Aires subejecuta las partidas presupuestarias destinadas a la urbanización pero sobreejecuta las de publicidad. Además, el marketing político impone un ritmo pragmático a la gestión que, apurado por los cuatro años de mandato, acelera las pequeñas obras cosméticas que se ven en detrimento de la infraestructura básica, costosa e “invisible”. El moralismo antipolítico surge allí donde crece el descrédito a los partidos, las instituciones estatales se vacían y domina una ideología privatista de la “sociedad civil”. Los medios masivos apelaron a este recurso como plataforma opositora al gobierno nacional. Pero ese discurso machacón y demagógico fue posible por el fracaso de la política en proteger a las personas y constituir la comunidad. El ethos comunitario se manifestó por aquellos días no en el estado protector sino en la solidaridad popular. La oposición de derecha y los medios de comunicación han resaltado la solidaridad, no como instrumento de una nueva política, de una forma distinta de concebir la relación estado-sociedad, sino desde su estrecha visión moralista y asistencial. Pero en la militancia de cientos de jóvenes que pusieron el cuerpo en aquellas jornadas se concebía una forma distinta de pensar y actuar la solidaridad. Ella se inscribía en la estrategia de la organización popular, en el impulso a la asamblea barrial, al reclamo, y también la reconstrucción colectiva, en la alianza estrecha entre territorio y universidad,


NUESTRAMÉRICA / catástrofe natural y crimen social recogiendo las mejores tradiciones del Cordobazo, reconduciendo la ética de la solidaridad a su campo más fértil, el campo de la acción política transformadora. Propiedad ciudadanos

y

derechos

Bajo la lógica restauradora de la propiedad, la idea de los “derechos sociales” que habían sido puestos en práctica con mayor o menor fortuna en la segunda posguerra con el auge del keynesianismo tendió a desaparecer del debate político y de los programas partidarios. El derecho a la ciudad, que resume el derecho a servicios básicos garantizados y el derecho a la vivienda digna, no quedan más que como un registro constitucional perdido que no posee ninguna consecuencia práctica efectiva. El derecho a bienes comunes sustraídos de la capacidad adquisitiva parecen tan lejanos como aquellos derechos consuetudinarios que Marx mencionaba en 1843 sobre los “robos de leña” por parte de campesinos que defendían el acceso público a praderas y bosques. David Harvey asume que el neoliberalismo impuso un nuevo ciclo de “cercado de campos” que refuerza los derechos de propiedad privada sobre los derechos de posesión públicos, valores de uso sustraídos a la valorización capitalista. Historiadores como Thompson habían documentado la

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encarnizada resistencia de las clases plebeyas por defender esos derechos enraizados en tradiciones seculares. Karl Polanyi subrayó el caso de Speenhamland, una localidad donde los nobles aseguraron el “derecho a la vida” que, en 1834 (luego de 40 años), debió ser abolida para permitir la creación de un mercado de trabajo mediante el abandono de la seguridad de las personas. La naturalización del absolutismo de la propiedad fue impuesta tras duras contiendas. Esa lucha se renueva de manera permanente. El derecho a la ciudad, que es un derecho a la restauración comunitaria del desastre dejado por la inundación, que implica la obligación del estado como instrumento jurídico de la comunidad de hacerse cargo, que implica el derecho a la vivienda y la infraestructura básica, el derecho al agua potable, el derecho a transitar sin riesgos, a vivir en un ambiente saludable, parecen colisionar con el señorazgo ilimitado de la propiedad y el valor de cambio como medida de todo. Las luchas populares deberán recoger del arcón de sus propias experiencias políticas, de las viejas conquistas del pasado, pero también de las luchas del presente, los mapas de ruta que permitan reconstruir esa “economía moral popular” basada en los derechos de ciudadanía. Muchos de estos derechos están consagrados constitucionalmente, y colisionan con los derechos legales de

propiedad. Lo que se juega en los asentamientos del gran La Plata, en la isla Demarchi, en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca o la costa de Quilmes son los derechos ciudadanos de los pobladores de Villa Elvira y Los Hornos, de la villa Rodrigo Bueno o del barrio Mitre. Se juega el derecho a la ciudad sobre los derechos de propiedad de los desarrolladores inmobiliarios y el capital financiero, el derecho todos nosotros a disfrutar, a decidir y planificar democrática y colectivamente qué ciudad queremos, por sobre el totalitarismo de mercado que expulsa a los pobres de la ciudad y los margina en asentamientos insalubres, mientras el estado en todos sus niveles los invoca como la quintaescencia del desarrollo. Los derechos de posesión y usufrutuo del espacio público, los derechos a la vida digna no son compatibles con los de propiedad. El valor de uso no es traducible a valor de cambio. Esta colisión de derechos, que surge a cada paso, la presenciamos durante la inundación, en el choque de dos ciudades, la del capital y sus personeros, con sus oropeles políticos y sus vidas satisfechas, y la del pueblo trabajador que vive hacinado en los suburbios, abrazados por la solidaridad popular y el activismo militante de cientos y miles de jóvenes.


reforma judicial

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sobre la reforma judicial: ¿Porqué, seño? ANÍBAL HNATIUK

Creo que estaría bueno empezar a hablar de estos temas recordando lo que escucháramos que nos enseñaban en la primaria: en la República Argentina h ay t r e s p o d e r e s : e l ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, hasta ahí todas y todos estamos de acuerdo. Pero creo que se olvidaron de enseñarnos algo, quizás por desconocimiento, quizás por naturalización, o por vergüenza. Les faltó enseñarnos que los ciudadanos y ciudadanas de esta república podemos elegir solo a los miembros de dos de esos tres poderes, el ejecutivo y el legislativo: a los miembros del poder judicial se los elige solo en forma muy indirecta, o bien podemos decir que una buena parte del sistema de elección determina que se eligen, en parte, entre sus miembros. ¿Un poco fuerte para decirlo en una clase de alumnos de primaria y secundaria, no? Quizás no nos lo contaban así para evitar las preguntas que desde Ushuaia hasta La Quiaca hubieran resonado en las aulas… “¿por qué, , seño?” La respuesta nos debería haber puesto a todos incómodos: ciertas instituciones de nuestro sistema democrático permanecen inmunes a la participación popular y tienen un componente clasista que debería . asustarnos. Otra respuesta que se podría haber escuchado en esas aulas, acorde a lo que se repite en los grandes medios por estos días es: no elegimos a los miembros de

ese poder del estado, porque ese poder debe ser independiente… Lo que pasa es que pesa respuesta podría haber dado lugar a la r e p r e g u n t a : ¿Independiente de qué? Y… del voto de la gente, podríamos suponer que diría quien se animara a tanto sincericidio. En esta parte me toca además contar una cosa que es antidemocrática y además una rareza: somos los abogados los que tenemos la única profesión que tiene más derechos que los demás a elegir cómo se integra nada menos que uno de los poderes de nuestro estado. Quiero decir esto: nos guste o no, en este tipo de sociedad en la que vivimos, es sabido que quienes tiene más poder y dinero tienes muchas más posibilidades de decidir el rumbo de las políticas del estado. Entre esos poderosos seguramente habrá empresarios, financistas, médicos, ingenieros, abogados, etc. Pues bien: acá solo tendrán privilegios quienes profesemos esta tan particular profesión de

la abogacía. Y otra vez resonaría en miles de aulas: ” “¿por qué, seño?” Para muestra basta un botón, dice el dicho: esta semana leía en los diarios que un fiscal le había ganado a otro la elección para ser miembro del Consejo de la Magistratura provincial por 53 a 18 votos. Sí, cincuenta y tres a dieciocho, ni un voto más, ni un voto menos. De eso se trata en parte la reforma, no de la elección popular de los jueces, sino de quiénes los eligen. El caso que relato es sobre el consejo provincial, que no es el que se está planteando reformar, pero ambos funcionan con la misma lógica y para el caso, sirve el ejemplo. ¿Ahora, viendo las cifras de esa elección, se entiende un poco mejor la idea? Entre unos muy pocos abogados y abogadas deciden un lugar tan importante. Y algo similar pasa con los representantes de los Colegios de Abogados. Democratizar esa elección para que sean millones los que decidan quiénes eligen a los jueces es una deuda de nuestro sistema


reforma judicial

institucional.

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Lamentablemente las propuestas de reformas enviadas por el gobierno nacional incluían un grave desatino: limitar las medidas cautelares, sin distinguir quién fuera beneficiario de la medida. U n g rave e r ro r, aparentemente motivado por el notorio hecho de que la historia argentina reciente muestra que los principales “cautelados” son los grandes grupos económicos dueños de Clarín y La Nación. El reciente fallo “all inclusive” que perpetró la Cámara Civil (con jueces que habían viajado a Miami gracias al desinteresado aporte de Clarín) muestra la necesidad de poner un coto a tales presiones de los poderosos. Pero sin dudas que no distinguir a los sectores sociales más desprotegidos era un gran retroceso. Acertadamente, ante las propuestas de reformas hechas por el CELS y otras organizaciones de Derechos Humanos, se

cambió el proyecto original, dejando a salvo de estas reformas a quienes reclamen ante la justicia “c u a n d o s e t r a t e d e sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza . ambiental”. La cantidad y complejidad de las reformas planteadas exceden la posibilidad de desarrollarlas en este espacio, por lo que preferí abarcar algunos de los aspectos más discutidos últimamente. Algunos otros no representan ninguna posibilidad de largo debate porque hasta la oposición los respalda, pero que también son parte del rechazo frontal de la corporación judicial que lógicamente pretende mantener el status quo. Por

eso hasta ahora nadie ha salido (públicamente) a rechazar algunos de los proyectos que incluyen dar má s p u b licid a d a lo s sentencias, a publicar las declaraciones juradas de los Jueces, Fiscales, defensores, etcétera, y a establecer mecanismos transparentes para el ingreso por concurso de los empleados. Insisto: creo que casi ningún legislador va opinar que esté en contra de esto, pero son parte de los grandes privilegios que hay que erradicar, en este y en los otros poderes del . estado. Redondeando: ¿Esta es una reforma que va a d e m o c r a t i z a r profundamente al poder judicial de la Nación? No. Pero sin dudas es un avance, y como tal creo que merece ser apoyada. La reacción del los sectores más retrógrados, y fervientes defensores de la última dictadura cívico militar, al menos a mí me da una pista: por algo están en contra. Yo quiero estar del otro lado.


NUESTRAMERICA / Venezuela

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el chavismo y Venezuela sin Chávez GERMÁN BERNASCONI

El mes y medio que ha transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez no ha modificado su preponderancia como figura central y excluyente de la vida política venezolana. Sin embargo estos últimos días han sido una verdadera prueba al no tener su presencia y su voz dirigiendo los destinos de la patria de Bolívar. El chavismo a elecciones Desde que Chávez anunció su nueva partida a Cuba el 8 de diciembre del año pasado, algo cambió en Venezuela: por primera vez Chávez hablaba de su reemplazo: “en caso de que algo sucediera” el pueblo debía elegir a Nicolás Maduro como su sucesor. Durante el mismo acto juramentó a un nuevo ministro de defensa, Diego Molero, y nombró nuevos jefes para las armas que componen las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). En el día a día esto último no fue revestido con mayor importancia dado lo primero que fue anunciado. Sin embargo, en ese segundo acto Chávez aseguraba la adhesión del ala militar a su designado sucesor. Ahora sabemos que ya el comandante conocía que médicamente iba a ser muy difícil su retorno saludable, lo cual no hace más que acallar por mentirosas las versiones de su megalomanía, así como la irreductibilidad del proceso a su única f i g u r a . Desde aquel 8 de diciembre, y mientras las noticias de la salud de Chávez confirmaban los peores augurios, M a d u r o f u e entrenándose como nueva cabeza del proceso en un recorrido

ascendente, desde sus primeros y tímidos discursos hasta llegar a la retórica radicalizada que adquirió en los últimos tramos de la breve campaña que culminó en las elecciones del 14 de abril pasado. Al mismo tiempo, la oposición aprendió grandes lecciones de la campaña del 7 de octubre de 2012 y fue contemporizando su discurso antichavista a un nuevo e inédito “chavismo sin sus sucesores”, donde planteaba que los errores de Chávez habían sido por su entorno, reeditando desde el otro lado del espectro político viejas tesis que se repitieron largamente sobre Perón. Un balance de los números y sus razones El resultado de la elección claramente no fue el esperado. Sin embargo, en estas líneas intentaré darle un enfoque diferente a los posteriores a la victoria de Maduro. La mayoría de los balances hablaban de una derrota política del chavismo o de una victoria “pírrica”, que dejaba deslegitimado al nuevo gobierno. Las encuestas hablaban de una diferencia no menor a 10% que

finalmente fue cercana al 2%, y que en votos fue algo más de 270.000 entre Maduro y Capriles. La búsqueda de explicaciones a esa diferencia menor a la esperada derivó inevitablemente en la no transferencia de votos entre la figura enorme de Chávez y la reciente construcción de Maduro como candidato y conductor. La derecha, y las expresiones minoritarias de izquierda, quisieron atribuir la brecha al “conjuro místico” de Chávez y las masas, combinadamente con los enormes problemas económicos de Venezuela, que según alguna prensa tiene más de 6 años de derrumbe, si seguimos sus titulares y columnas. Dejando de lado estos últimos, más allá de los problemas existentes en varias esferas de la economía del país, debemos hacer un breve balance sobre la transición para entender el resultado de la elección. El fin de los 14 años de gobierno de Hugo Chávez encontró a Venezuela muy distinta a la que existía cuando asumió en enero de 1999. En resumidas cuentas, el crecimiento enorme de la


ARGENTINA

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economía, la mejoría en todos los índices macroeconómicos, sociales, culturales, de sanidad, de productividad, son ya evidentes. Es más, son ya vividos por muchos venezolanos no como obra de gobierno, sino como derechos adquiridos por ser ciudadanos de su patria. Ese quizás es la muestra más profunda del cambio generado por la Revolución Bolivariana, la de que ser habitante de Venezuela implica tener asegurados el alimento, la sanidad, la vivienda, entre muchas otras

señalé, hubo una radicalización del discurso por parte de Maduro, augurando un gobierno de la clase obrera, un gobierno chavista sin acuerdos de gobierno con la oposición, un gobierno de profundización del socialismo. En tercer lugar, en los últimos meses, alrededor de las fiestas de fin de año y posterior a la muerte de Chávez, el desabastecimiento por parte de las empresas privadas ha sido constante y manifiesto. Esto ha calado sobre el pueblo, que ha virado en un pequeño porcentaje a la

cosas. Entonces, gobernar Venezuela ya no puede ser sólo asegurar dichas cosas, que típicamente son objeto de campañas electorales en todos los países del mundo. Eso ya se había perfilado en la campaña del 7 de octubre, donde Chávez triunfó con el menor margen en las elecciones presidenciales desde que había asumido. El 14 de abril este escenario se reeditó, pero ya sin la presencia del fundador del movimiento. Esto explicaría un porcentaje de la fuga de votos, de los que no fueron a votar, como de los que se pasaron a la oposición. Sin embargo, también, como ya

opción de un “chavismo sin chavistas” que propone Capriles. Una última consideración debe ser entendida en su contexto y es la importancia del resultado sin Chávez. Entre los grandes líderes latinoamericanos del siglo XX, ninguno tuvo que afrontar la situación de dejar un sucesor ante la oportunidad certera de su muerte, por lo tanto no hay situación similar que podamos comparar. Quizás el caso argentino sea el mas cercano: con Perón vivo, Cámpora se presento a elecciones en su nombre, con una campaña explicita (el

recordado “Cámpora al gobierno, Perón al poder”) que lo ligaba al exiliado líder. Sin embargo, en esa elección no pudo superar el 50% de los votos y sólo cinco meses después Perón obtendría 12% más que “el Tío”. Si podemos comparar ambas situaciones, la pérdida de votos de Maduro es muy pequeña. Y sólo magnificada por una oposición electoralmente unida, aunque en sangría constante de sus diputados. Que el chavismo haya mantenido el 90% de sus votantes respecto a la última elección con el líder histórico de su revolución es digno de destacar y no p u e d e s e r presentado como una derrota. Si algo ha sido derrotado en Venezuela es el e s t i g m a l i b e ra l s o b r e l o s caudillismos, que en varios análisis parecía más una expresión de deseos de una derecha de f a c h a d a republicana, como de una izquierda despegada de las masas, en pos de una racionalidad calculadora que va a guiar una revolución hecha de cuadros (políticos) lectores. Las maniobras de la derecha golpista Posteriormente a la elección se desataron los hechos de violencia ya conocidos. La estrategia desde un principio fue clara. El lunes y martes desataron la violencia callejera. Sólo el miércoles ingresaron formalmente la queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con pedidos tan estrambóticos como el chequeo, persona por persona, de las 15 millones que votaron,


ARGENTINA tarea que demandaría, si se hacen a razón de 20.000 por día (son 20 estados, mil por estado para que se haga sin suspender todas las actividades) más de 750 días, es decir 2 años. Demás está decir que no existe el recuento manual de votos en Venezuela, ya que el voto es un dato informático y no en papel, por lo cual hay auditorias antes durante y después del proceso, todas con presencia opositora. Lo que sí se va a hacer es una auditoría al 46% de las urnas que no se hizo, ya que al momento de dar los datos se auditaron el 54% de las mismas, cosa que no sucede en ningún otro país. Y es sabido que esto no alterará el resultado electoral. Esta breve síntesis revela que las maniobras opositoras solo existen para deslegitimar al gobierno de Maduro, incitar a la represión estatal y/o de las fuerzas militantes para posteriormente denunciar ante el mundo la “verdadera” cara del chavismo. Nada de esto ha ocurrido y es previsible (aunque es difícil

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decir esto de la realidad política en Venezuela) que en las próximas semanas esto siga un curso pacifico. El chavismo Maduro En los últimos días Maduro se h a d e c l a ra d o e l p r i m e r presidente “obrero y chavista” de Venezuela. Y ha designado un gabinete de continuidad, salvo algunos movimientos de f i g u r a s . Ta m b i é n h a profundizado el anclaje territorial del gobierno, creando unidades productivas regionales, donde sus directivos residirán en los estados, focalizándose en los problemas de cada área. A todo esto le ha dado el nombre de “gobierno de calle”, donde pretende hacer de la movilización y el contacto directo una forma constante de construcción. Deberemos observar en los próximos meses si estas nuevas estructuras son una nueva instancia burocrática que mejore ciertas cosas y entorpezca otra, o si funcionan en vínculo directo con las cooperativas, las fabricas

autogestionadas y las comunas para solucionar las necesidades aún insatisfechas del pueblo. El paso de las elecciones (presidenciales) y la consolidación de un núcleo duro del 50% de la población con una férrea identidad chavista son hechos destacables frente a la desaparición física del Comandante. Sólo 6 años de construcción comunal participativa directa y la definitiva implantación del socialismo aseguraran la pervivencia de este gobierno en el poder. Las elecciones de alcaldes que se suspendieron y que se deberán celebrar deben seguir ese camino y los candidatos de la Revolución deben surgir de internas de las bases, superando los candidatos burocráticos o deslegitimados por la corrupción. Ese es el camino que el chavismo ha empezado a transitar y que, con los dolores propios del crecimiento, debe sobrel levar para decirse chavismo Maduro.


POR EL CAMINO DEL COMANDANTE CHรVEZ ยกVIVIREMOS Y VENCEREMOS!

PATRIA GRANDE, INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO

Corriente

SURCOS


Revista Nuestramérica nº2