ARTÍCULO OPINIÓN
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, anunció de manera oficiosa la negativa a otorgar la toma de nota al comité que fuera electo meses atrás en un proceso democrático. A toda costa, Lozano intentó doblar al SME con el desconocimiento de sus líderes elegidos por el voto mayoritario de sus miembros. La negativa de la toma de nota se convirtió en un instrumento para intentar desaparecer a un sindicato que, desde el primer momento, se impuso a la ilegal medida, y alertó de la estrategia oficial para privatizar el sector eléctrico. Y al igual que como sucede con las decisiones del TEPJF, la Dirección del Registro de Asociaciones – que actúa por consigna del titular de la Secretaría del Trabajo-- se da a la tarea de revisar los expedien-
CUARTOSCURO
porcentaje sustentado por 30 millones 47 mil 381 votos, contra el 22.26 por ciento de Ricardo Anaya, con apenas 9 millones 582 mil 494 de preferencias y el 16.43 por ciento de José Antonio Meade, reflejado en los escasos 2 millones 959 mil 300 sufragios, el TEPJF antepone sus mecanismos dilatorios para entregarle su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo, bajo el argumento de la consejera presidente, Janine Otálora Malassis, de que antes deben revisarse todos los paquetes para abocarse a hacer el cómputo final, además de resolver las siete impugnaciones presentadas. El plazo vence el próximo 6 de septiembre, pese a que al decir de la propia Otálara, no hay indicios de fraude ni irregularidades que pudieran afectar el resultado final. Inaceptable que en el TEPJF se insista en mantener una contradicción de tal envergadura, poniendo en tela de juicio la voluntad de las mayorías expresada en las urnas. A unas horas de concluida la jornada electoral del pasado primero de julio, el INE, el presidente de la República y el resto de los contendientes salieron a reconocer el triunfo de Obrador, pero por la duplicidad burocrática impuesta por las tramposas leyes electorales para sancionar los comicios, los consejeros del Tribunal Electoral regatean la entrega de una constancia que ya avalaron con su votos más de 30 millones de mexicanos. Algo similar ocurre en el ámbito laboral, donde las autoridades del Trabajo invaden la autonomía y democracia sindicales con el otorgamiento de la llamada toma de nota, con la cual se ha buscado minar la lucha de los sindicatos independientes y democráticos. Esta intromisión que faculta a la autoridad laboral a dar fe de los procesos de elección de los comités sindicales, se ha prestado a infinidad de jugarretas políticas, como sucedió en 2009, cuando días antes del decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y el aparejado golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ocurrido el 11 de octubre de ese año, el entonces secretario del
tes para en una actitud draconiana, señalar si otorga o no la toma de nota a una organización sindical, anteponiendo a la libre decisión de sus integrantes el interés político o la consigna para anular a un sindicato, sobre todo si, como en el caso del SME, es sinónimo de una voz crítica e independiente que ha demostrado una y otra vez su vocación democrática para elegir a sus representantes a través del voto libre y secreto. Ahora que los mexicanos manifestaron su hartazgo contra un sistema que fabricó leyes a conveniencia de sus políticas neoliberales, como sucede con los actuales ordenamientos en materia electoral y laboral, es momento de que desde el Congreso las cosas cambien para que desaparezca el nefasto axioma que dicta: “El que hace la ley, hace la trampa”.
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