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ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L


ÍNDICE OFICIO DE PAPEL/IFE LICITA 75 MILLONES DE CREDENCIALES

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Miguel Badillo DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx

PORTADA/MINERA CANADIENSE EN OAXACA: SAQUEO Y VIOLENCIA

COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

SOCIEDAD/HIDROELÉCTRICA EL NARANJAL: DESPOJO A 30 MIL POBRES

SOCIEDAD/JERARQUÍA CATÓLICA: LOS PRIVILEGIOS DURANTE EL CALDERONISMO

COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN HUASTECA SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ NUEVO LEÓN SANJUANA MARTÍNEZ TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ ASISTENTE DE EDICIÓN DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

NATALIA CASTAÑEDA LUCIO SÁNCHEZ CECILIA MARTÍNEZ ARMANDO COVARRUBIAS OCTAVIO SALAS

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx PÁGINA DE INTERNET

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REDACCIÓN: 55 54 91 94 SUSCRIPCIONES: 55 54 91 92 • PUBLICIDAD: 55 54 91 93

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Nancy Flores/ Monserrat Rojas, fotografías/ enviadas

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx

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Érika Ramírez, enviada

COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx

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Rogelio Velázquez

LÍNEA GLOBAL/PERÚ: EXPRESIDENTES, AL BANQUILLO POR SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

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Manuel Robles Sosa/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/UNIVERSITARIOS ESTADUNIDENSES: DEUDAS POR 388 MIL MDD

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Jorge V Jaime/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/EL TABACO BURLA LAS LEYES DE CONTROL EN AMÉRICA LATINA

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Marcela Valente/IPS

CARTÓN

OPINIÓN

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REPRESENTANTE

Avilés

RESPETO A USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SÓLO EN EL PAPEL

DEFENSOR DEL PERIODISTA RADIO EDUCACIÓN Y SUS TRES PULSOS DE INFORMACIÓN

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Aurelio Morales Posselt

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Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

HACIA LOS PROCESOS POR CRÍMENES ECONÓMICOS CONTRA LA HUMANIDAD

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Xavier Caño Tamayo/CCS

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EXPERIENCIA

EX LIBRIS

Manrique

OPINIÓN HACIA LA RESTAURACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO DESPÓTICO

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Álvaro Cepeda Neri

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Marcos Chávez M

UNADM, EN PICADA: RECORTE SALARIAL A FACILITADORES Y EDUCATIVO A LOS ALUMNOS

POLICÍA DEMOCRÁTICA PARA UNA SOCIEDAD EN CRISIS

AGENDA CULTURAL

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Octavio Salas

PASO A DESNIVEL

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REGALO PROMETIDO

Roberto E Galindo Domínguez

Miguel Galindo

Portada: mina de San José del Progreso, Oaxaca, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines

Foto: Érika Ramírez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 327, del 25 al 31 de marzo de 2013– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 22 de marzo de 2013. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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CARTÓN

Representante

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

Que viva Chávez, dice Muy interesante el artículo “Chávez: profunda huella en América Latina”. Desde la distancia de la geografía mexicana que se acorta, con un mismo dolor y sentimiento, ¡viva Chávez! Rosalba Taboada

“Ridículos, argumentos que justifican privatización de recursos de Pemex, señala Muy bien por el reportaje “Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales”. Es muy complejo el manejo y la administración del petróleo, y más cuando los altos funcionarios te hablan de manera confusa, engañosa, tan difícil de entender. Pero sí debemos tener claro que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa del Estado y que quienes la administran deben rendir cuentas. Son ridículos los “argumentos” para justificar que el dinero del petróleo se convierta en privado al pasar a empresas “privadas” que son de Pemex. Alejandro Ramírez

Calderonismo, sexenio de represión y violación a todos los derechos humanos: Frayba Desde las tareas cotidianas de documentación durante el periodo 2006-2012, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional. En primer término se destacan las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, al utilizar mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad. En segundo término, las acciones represivas en contra de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como continuidad de la estrategia contrainsurgente ejecutada por el gobierno mexicano. De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia. Asimismo en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 20062012 presentamos que en la disputa por el territorio, la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural. 6

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La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: la criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado. El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en el pasado sexenio, por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente llevada a cabo va desde la confrontación directa hasta la ejecución de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste, ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno. Discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, al dividir y provocar enfrentamientos en las comunidades. Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patentes continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, que copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno. Ante estos tiempos adversos, las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia. Como respuesta a este contexto de impunidad, las personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y el ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos. Las comunidades y pueblos en resistencia continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su gobierno alternativo y ejemplar. Un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Romero Deschamps firmará todo lo que el gobierno le ponga en la mesa, opina Inicialmente se dijo que la iniciativa de reforma estructural energética se presentaría hasta el segundo periodo de sesiones en el CONTRALÍNEA


Congreso de la Unión, que iniciará el 1 de septiembre, pero al parecer no será así, y esto se hará entre mayo y julio para ser discutido en un periodo extraordinario de sesiones, según la Secretaría de Gobernación. Si eres trabajador de “confianza” y ostentas un nivel de entre 30 y 38, tu situación contractual real es de trabajador sindicalizado, ya que en 1989 se firmó un convenio administrativo sindical ilegal para que la entonces administración de Francisco Rojas Gutiérrez pudiera “controlar” a ese personal que era el más aguerrido dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, e iba a ser contrario a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), iniciada por Carlos Salinas de Gortari, egresado de la Universidad de Harvard [Estados Unidos], secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid y presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 1988. Es necesario aclarar que el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, con la complicidad de Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps, fue por un problema personal que se gestó en 1984, y no durante la campaña, en 1988, del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como tanto se ha comentado. Del problema referido, los trabajadores sindicalizados pagamos la cuantiosa deuda contraída con la empresa texana Arriba Limited, producto de un litigio por incumplimiento de un contrato de venta de petróleo residual, de cada destilación fraccionada que el gobierno federal le regaló a la representación sindical en 1982, y el entonces secretario de Programación y Presupuesto les quitó la canonjía en 1984. El pago actualmente se realiza vía cuotas sindicales, negociada por el exabogado de Pemex, César Nava, iniciada con la confiscación de 500 millones de pesos que Ricardo Aldana Prieto y Carlos Romero Deschamps depositaron en un banco texano como fruto del Pemexgate. El monto total de la deuda ascendió a 250 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos). Cabe señalar que la exoneración de Romero Deschamps y Aldana, del Pemexgate, es ilegal, ya que a la fecha Rogelio Montemayor Seguy tiene un juicio contra la Secretaría de la Función Pública y nadie ha resarcido del daño patrimonial a Pemex. El caso, por jurisprudencia, puede ser reabierto en el Distrito Federal, con base en que el amparo promovido por ambos no procedía, ya que el peculado electoral está tipificado como delito grave. Por esto y muchos otros actos de corrupción, Romero Deschamps deberá firmar todo lo que la administración de Pemex, hoy priísta, le pongan en la mesa. El fuero de senador y diputado –ilegal– que les otorgó el PRI de manera corporativa a Carlos Romero Deschamps y a Ricardo Aldana Prieto en las elecciones del año pasado está encaminado a la privatización de la paraestatal y el control político de los trabajadores sindicalizados, que serán liquidados y jubilados o hasta que entreguen el equipo. Los charros están en vías de extinción porque el mismo PRI ya rompió relaciones corporativas con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al haber modificado sus estatutos. El PRI, a partir del 3 de marzo pasado, es netamente neoliberal, plegado a los designios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; por lo tanto, ya es antagónico a la CTM y a sus charros afiliados. Los ilegales analfabetos funcionales (36) que hoy ocupan una Secretaría General del gremio petrolero, los comisionados sindicales y delegados departamentales dentro de muy poco tiempo se van a llevar una gran sorpresa, producto de la privatización de la investigación, exploración y explotación, refinación y petroquímica, resultado de la reforma estructural energética, ya que al igual que los trabajadores serán liquidados y jubilados; excepto aquellos charros CONTRALÍNEA

que ocupan un cargo de elección popular del mismo PRI. La traición se va a dar de manera irreversible dentro de muy poco tiempo. Los que hoy pisotean nuestros derechos laborales muy pronto serán pisoteados por quienes tanto adoran, y en su gran ignorancia hasta les rinden pleitesía, porque ellos los eligen de manera antidemocrática al violar los estatutos para ocupar una comisión sindical o delegación departamental, y les regalan plazas del sector tradicional o de confianza para sus familiares o amigos. En abril se espera el inicio de la liquidación y jubilación de personal de confianza en estricto apego a lo que estipula el contrato colectivo de trabajo vigente. Para la próxima revisión contractual se modificarán las jubilaciones y así complementar la reforma estructural laboral. Aquí es donde los trabajadores liquidados comenzarán a ver las “bondades” de la referida reforma al buscar trabajo en otras empresas. ¿Qué se espera de la reforma estructural energética? La privatización de Pemex en sus principales áreas productivas, como la refinación y la petroquímica básica; la liquidación y jubilación del personal sindicalizado y de confianza para dar rienda suelta a los capitales privados para que compren refinerías y complejos petroquímicos desincorporadas conforme al artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; con la contratación individual y la subcontratación (outsourcing), tal como lo marca la actual Ley Federal del Trabajo. El hecho de que el gobierno federal se quede con la investigación, exploración y explotación para mantenerse en el poder no implica la continuación del corporativismo, sino por el contrario, de acuerdo con el paradigma neoliberal, se dará paso a la contratación por outsourcing para la desinversión o venta de activos, tales como refinerías y complejos petroquímicos, ya que se requieren miles de millones de dólares para la investigación, exploración y explotación de gas y petróleo crudo en aguas profundas. En lo que respecta a la privatización de la petroquímica secundaria, ésta ya se está realizando conforme al Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera disfrazada, al ocuparse todavía personal al servicio de Pemex que posteriormente será separado legalmente. Todo esto es lo que conforma el llamado Estado neoliberal o Estado eficiente o de costo mínimo, que durante su campaña electoral promovió el entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, y que a su vez forma parte del paradigma neoliberal, con las llamadas recetas neoliberales, entre las que se encuentran las desincorporaciones de actividades o instituciones del Estado benefactor. En su momento, Platón describió este tipo de Estado como tiránico, en el cual los zánganos una vez conseguido el poder, deben someter a la población a la pobreza extrema para mantenerse y evitar la insurrección del pueblo. Elba Esther Gordillo Morales está encarcelada por oponerse al avance del paradigma neoliberal en lo que a la reforma estructural educativa se refiere. Los charros institucionales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, quienes ilegalmente ocupan los cargos de senador y diputado, respectivamente, así como representantes sindicales de manera simultánea –con lo que se violan el Artículo 62 constitucional, la Ley del Congreso– el contrato colectivo y los estatutos del gremio, deberán permitir la privatización de Pemex y la liquidación y la jubilación del personal sindicalizado. Si no, el priísmo los enviará a la cárcel a acompañar a la Maestra. Porque así acaban los traidores al padre de la promoción del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari. Joaquín Hernández Galicia es el ejemplo más representativo de esto. Saulo Tenoch 25 DE MARZO DE 2013

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OFICIO DE PAPEL

IFE licita 75 millones de credenciales Miguel Badillo*

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a semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo. “Algunos consejeros, que habitualmente hacen encendidas defensas y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impu-nidad”, dijo el contralor Guerrero Pozas, asqueado por la corrupción que los consejeros han incentivado al exonerar al exdirector ejecutivo de Administración, Fernando Santos, quien estaba acusado, después de años de auditorías e investigaciones, de un quebranto patrimonial por 124.5 millones de pesos en la compra de un edificio del IFE, en la zona de Acoxpa, en el Distrito Federal, que tuvo un costo superior al ciento por ciento de su valor real. El contralor del IFE remató a los consejeros: “nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”. Muy pocas veces algún servidor público, responsable de vigilar el buen uso de las finanzas públicas, habla claro y fuerte en contra de la corrupción y de sus promotores. “No sólo lamento la decisión [de los consejeros], sino que 8

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debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su dinero sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o en 282 [millones].” A pesar de las evidencias de corrupción encontradas por el contralor, los consejeros el IFE emitieron una declaratoria en donde dicen que no tolerarán ningún acto de corrupción, pero advirtieron al contralor Guerrero Pozas que “de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y exfuncionarios públicos del IFE”. La preocupación mayor de los consejeros es que alguno de ellos pueda ser investigado y es preferible frenar ahora las acciones de auditoría e investigación del contralor del IFE que los podrían comprometer. Los ocho consejeros aseguraron que sus resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y certeza “que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una institución del Estado mexicano”. Pues este mismo cuestionado Consejo General del IFE –integrado por su presidente doctor Leonardo Valdés Zurita, su secretario ejecutivo licenciado Edmundo Jacobo Molina y los siete consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez, doctor Lorenzo Córdova Vianello, doctora María Macarita Elizondo Gasperín, maestro Alfredo Figueroa Fernández, doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, doctora María Marván Laborde y doctor Benito Nacif Hernández– decidirá en los próximos días a cuál empresa privada contratará para los próximos 5 años y la elaboración de 75 millones de credenciales de elector para la población en edad de votar, con un valor unitario de entre 9 y 10 pesos, lo que representaría un gasto aproximado de 750 millones de pesos. CONTRALÍNEA


Este contrato millonario ha llamado el interés de más de 20 negoció en Boca Ratón, Estados Unidos, con DGI Mark y llegaron empresas privadas nacionales y extranjeras ( Francia, Estados Uni- a un acuerdo para cederle el contrato de producción de credendos, España), algunas de ellas propiedad de los mismos accionisciales del IFE, lo que incrementó su precio a 6.5 pesos por unitas, quienes presentan distintas propuestas para buscar asegurarse dad. Con esto también se elevó el precio de las acciones de esta el triunfo. Este lunes 25 de marzo los interesados presentarán última empresa en el mercado de valores. ante el IFE sus ofertas con las que buscarán ganar la licitación. Años más tarde, DGI Mark quebró y cedió el contrato a la Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licita- empresa estadunidense L-1 Secure Credentialing, Inc. De 2008 y ción aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millo- hasta la fecha, L-1 mantiene la producción de credenciales del nario estará en el entendido que deberá cubrir un 10 por ciento IFE. Con problemas financieros, la empresa extranjera se fusionó adicional al costo de producción para otorgarlo como una comien 2011 con Safran Morpho, y para entonces el costo de credensión a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto signi- ciales para votar se habría elevado a 7.5 pesos, a pesar de que ficaría un soborno por 75 millones de pesos para algunos aún utiliza la misma tecnología aplicada desde 2002 por Unisys. servidores públicos corruptos. Safran Morpho es socia de la empresa Sagem, que tiene capiCon los antecedentes que dio la semana pasada el contralor tal francés y es proveedora del IFE para el servicio de identificadel IFE, habrá que observar quiénes son los consejeros más inte- ción de huellas digitales (sistema automatizado de identificación resados en dicha licitación y de huellas dactilares, AFIS, también aquellos adminispor su sigla en inglés). tradores que participarán El órgano de control del Algunos involucrados en directamente en el proceso, Intituto debe revisar entonpues es seguro que una vez ces si las empresas Safran el proceso de licitación más el órgano de vigilancia Morpho, L-1 y Sagem, que aseguran que la empresa y control tendrá elementos presentan propuestas distinpara denunciar cualquier tas, son los mismos accionisque gane el contrato acto ilegal. tas; de confirmarse esto, millonario deberá cubrir un Entre las empresas parpodrían ser anuladas sus 10 por ciento adicional al ticipantes están Safran propuestas. El antecedente Morpho, Inc; L-1 Secure Crede Morpho y Sagem en Méxicosto de producción para dentialing, Inc; Informática co es haber hecho negocios otorgarlo como una El Corte Inglés, SA; 3M Méxide AFIS con el cuestionado co; Técnica Comercial Vilsa, secretario de Seguridad Púcomisión a los responsables SA de CV; Giesecke y Devblica del gobierno de Felipe de la licitación, lo que de ser rient de México, SA de CV; Calderón, Genaro García Lucierto significaría un soborOberthur Technologies de na (quien huyó del país y se México, S de RL de CV; Litho refugia en Miami, Estados no por 75 millones de pesos Formas, SA de CV; Graphic Unidos, ante las denuncias Security Systems; Grupo penales que hay en su contra Mexgraphic, SA de CV; NEC y otras investigaciones por de México, SA de CV; Smartmatic México; Expansión Mj; Código enriquecimiento ilícito). Estas empresas extranjeras también dan Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De la Rue Méxi- servicio a la Secretaría de la Defensa Nacional. co, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas México, La empresa Morpho, del grupo Safran, produce las tarjetas SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc. inteligentes de MasterCard en su planta de Naucalpan, Estado La historia de la producción de credenciales para votar ha de México. Su presencia en nuestro país tiene más de 20 años y sido controversial desde la misma creación del IFE, en donde los actualmente proporciona servicios en los sectores de aviación costos de producción han permitido el enriquecimiento de algu- y seguridad. nos servidores públicos. Morpho Trust Solutions, antes L-1 Identity Solutions, es el Por ejemplo, entre 1996-2001, cada credencial electoral tuvo mayor proveedor de soluciones de gestión de identidad en el merun costo de 17 pesos y fue la firma alemana Polaroid la encargacado de Estados Unidos, que incluye licencias de conducir, pasada de su elaboración; entre 2002 y 2005, la producción de iden- portes, tarjetas, credenciales para votar y otros propósitos tificaciones electorales bajó considerablemente hasta 6 pesos por gubernamentales y comerciales.3 cada credencial y fue la empresa Unisys la que ganó esa licitación y aplicó una mejor tecnología; entre 2005 y 2008, Unisys *Periodista CONTRALÍNEA

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

Radio Educación y sus tres Pulsos de información Álvaro Cepeda Neri*

a programación en las diversas frecuencias radiofónicas excepcionalmente no tiene un espacio para noticieros. La mayoría sí, con información sobre los hechos que tienen lugar en nuestro país y lo más relevante en el resto del planeta. También incluyen opiniones de corte periodístico e incluso ofrecen datos culturales, de espectáculos y temas económico-financieros. El duopolio televisivo ha copiado, con algunos cambios que no hacen verano, lo que ocurre en la radio y que sigue siendo punto de partida para la comunicación por todo el territorio nacional. Si tomamos en cuenta a las radios comunitarias, siempre perseguidas por inquisiciones político-administrativas que terminan por clausurarlas en un acto autoritario de censura, en lugar de ayudarlas a legalizarse o expandirse... Y es que éstas son frentes de defensa y comunicación entre poblaciones casi siempre indígenas, sin acceso a medios semejantes de información. Radio Educación cumple 88 años al aire bajo el lema: “El sueño de Vanconcelos”. Ha ejercido a través de sus tres (y una cuarta, intermedia a la última) salidas al aire, bajo el nombre de Pulso de Radio Educación en la mañana, tarde y noche, un periodismo oral de primerísima calidad. No es un noticiero más: ofrece información crítica, ya que no acepta ir con la corriente. Pero no escandaliza. Presenta a su auditorio cuanto irrumpe en los diarios sucesos nacionales e internacionales, al sujetarse al trabajo de sus reporteros, quienes no aceptan el boletín y van a las fuentes para recoger hechos y versiones de los protagonistas. Es de los noticieros más verídicos (la otra cara de la desinformación y manipulación de Televisa y Tv Azteca). A la par, Radio Educación cumple en un 90 por ciento de su programación con su misión cultural. Como ejemplo de esto, acaba de transmitir, por primera vez, el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, desde el municipio de Álamos, Sonora, en vivo y directo durante los 10 días de su duración. La emisora ha tenido directores como el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011), con quien llegó a su mayoría de edad; y la radiodifusora, a su vez, rindió un homenaje al comunicador. Así que debe mencionarse la trayectoria de Radio Educación, la cual se ha ido abriendo paso con autonomía para su quehacer público. Su periodismo cumple con la máxima objetividad para que sus oyentes tengan una información completa sin amarillismos, que cubre todas las expresiones que componen las noticias en un contexto de libertades constitucionales y ofrece, simultáneamente, opiniones críticas para desmitificar la información. En cada uno de sus Pulsos, sus comunicadores se apoyan en el despliegue de sus reporteros que cumplen con su compromiso democrático y republicano vasconcelista. Así los radioescuchas tienen una concepción oportuna de cuanto acontece en los Estados Unidos Mexicanos, al tomar el pulso a cada suceso sin sobredimensionarlo. Esto ha hecho de Radio Educación una emisora indispensable para tener información sin prejuicios que hace de la síntesis: ir al grano, pero sin sacrificar los datos para recrear lo noticioso. Deben ponerse en relieve los noticieros de Radio Educación ya que la mayoría del resto, en manos de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, sólo difunden lo que les conviene para no tocar sus intereses y cubren a sus compañeros de via-

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je empresarial; mientras que Radio Educación abre sus informativos de par en par para que la opinión pública tenga los elementos en su totalidad para examinarlos y dar contenido a sus puntos de vista respecto a los actos, hechos y omisiones, que tienen lugar como información. A sus 88 años, Radio Educación ha consolidado su trabajo radiofónico en todos sus servicios a la nación. Y si la cultura es todo el abanico de manifestaciones humanas y su medio ambiente, entonces ésta ha cumplido con las tareas de comunicación para sus radioescuchas. Incluso tiene debates donde invita a jóvenes para que participen en cuestionamientos sobre problemas sexua-

les, con preguntas y respuestas a los especialistas en el tema. Y los defensores del radioescucha exponen al aire sus críticas y comentarios para mejorar la programación. Pero si de noticieros se trata, entonces ha de insistirse que esa radiodifusora mantiene una apertura para la información veraz y oportuna en sus tres Pulsos medulares (y el cuarto como un intermedio o avance) para su auditorio. Sin ellos faltaría la cara democrática de la información crítica.3 *Periodista CONTRALÍNEA


CARTÓN

Experiencia

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OPINIÓN

Hacia la restauración del presidencialismo despótico Marcos Chávez M*

“El presidente lo podía todo”. Es “el supremo árbitro de la nación”. “El motor de las relaciones es el poder institucional del presidente”. “Sobre los obreros, campesinos y patronos no podía haber más forma de trato que la imposición autoritaria del poder presidencial”. “El sistema les fue impuesto y no tuvieron más remedio que aceptarlo”. “Ese poder sin límites, acompañado del desprestigio de todos los demás poderes, comprendidos los institucionales, no dejaba otro camino que aceptarlo sin reservas u oponérsele sin reservas” Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, 1972 El presidente a la cabeza de todo y el partido […] contribuye a la reconstrucción del poder presidencial omnímodo […]. Lo que […] tiene que superarse es que el jefe del Ejecutivo no devenga en un mandatario como los que existieron en las épocas autoritarias del partido José Luis Reyna (politólogo), El PRI de Peña: vuelta al pasado, 2013 No se trata de una vuelta al pasado ni […] de una copia del pasado; el pasado no se repite. Estamos presenciando la reproducción de un modo de dominación, el del presidencialismo autoritario Arnaldo Córdova, El nuevo viejo PRI, 2013

a obstinación de algunos gobernantes por aparecer incesantemente ante los reflectores, aunque carezca de sentido, se asemeja al llamado trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué objeto tiene remedar tradiciones ajenas cuando no se tiene nada relevante qué informar a la nación? Sobre todo cuando, quizá, lo único digno de tomarse en cuenta fue deliberadamente dejado de lado, aun cuando hasta el momento se reduzca a un simple y escenográfico ajuste de cuentas, en virtud de la escasa relevancia del resto del breve discurso emitido y los resultados mencionados en el mismo. Como si la vendetta hubiera sido un hecho fortuito, aislado. Apenas un fugaz y atronador juego pirotécnico, cuya trascendencia se agotó en el acto mismo, sin daños “colaterales”, al reducirse a una simple anécdota y no a una “razón de Estado”, pletórica de mensajes inquietantes nada subliminales hacia diferentes lados, cuyos efectos político-legales serán dosificados según la reacción del amplio número de involucrados en el caso Elba o de otros casos parecidos y cuyas cabezas sean sacrificables, según las necesidades del Ejecutivo, bajo el principio de “que cambie todo para que no cambie nada”. Ante la escuálida sustancia publicitaria, la imitación de la costumbre estadunidense por la primera centena de días de gobierno se trastocó en una parodia, aderezada con un insulso espectáculo de imágenes presidenciales en el intento por desempolvar el rancio culto de la figura del Ejecutivo, típica de la era del régimen del partido “único” o “hegemónico” y el presidencialismo autoritario. Pese a reconocer que el tiempo es breve para cumplir los compromisos asumidos, entre ellos los 95 incluidos en el Pacto por México –coincidencia numérica de las 95 tesis cismáticas del excomulgado Martín Lutero–, Enrique Peña Nieto dijo sentirse “satisfecho y optimista” por el avance de su gestión que busca “restablecer la rectoría del Estado”, “transformar a México” para convertirlo en un “país moderno, audaz, competitivo, triunfador y reposicionarlo [sic] como un actor con mayor responsabilidad global”, según sus propias palabras. Enrique Peña Nieto sólo destacó:

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1) Su “nueva” política de seguridad, de la cual los delincuentes no se han enterado porque siguen actuando con el mismo ímpetu de siempre; plan que está condenado al fracaso porque, al igual que el calderonismo, no aborda las causas económicas que obligan a miles de personas a vivir como forajidos. Al obstinarse en mantener la “disciplina” fiscal y profundizar el modelo neoliberal, mantendrá intocados los factores antisociales que marginan y empobrecen a millones de mexicanos: el estancamiento económico; la escasa creación de empleos formales; el agravamiento de las condiciones del mercado de trabajo con la contrarreforma laboral; la pérdida del poder de compra de los salarios debido a su contención; la pésima calidad de los servicios públicos sociales; el alza arbitraria e impune de los precios de los bienes y servicios públicos; la regresividad impositiva fiscal (el IVA a alimentos y medicinas) agudizará la pérdida en los ingresos de las mayorías y la inequitativa distribución del ingreso. 2) Su salinista “cruzada” contra el hambre –y otras medidas caritativas– a la que califica como el “piso básico de bienestar social” es tan sólida como el suelo de un pantano donde se hunden 80 millones de miserables y pobres. Sólo atiende a las manifestaciones de la exclusión social y se limita a atender a los primeros, cuyas carencias serán compensadas con unas cuantas monedas y obras públicas para que tengan una muerte sencilla, justa, eterna, silenciosa y agradecida con la caridad peñista. En cambio, los pobres seguirán abandonados a su suerte por no acreditarse como miserables consumados. 3) La reforma educativa de “calidad”, que nada novedoso ofrece a sus problemas nodales (castigo presupuestal, deterioro de la infraestructura y la calidad de la educación pública, cobertura limitada, privatización, intervención religiosa), sólo hace a un lado a Elba de la estructura corporativa y gansteril que caracteriza al sindicalismo y coloca a otra persona igual a ella que aceptó someterse a los dictados del Ejecutivo, sin los cambios que requiere la relación Estado-maestroseducandos. 4) La creación del Instituto Nacional del Emprendedor, sucedáneo a la falta de empleos estables y mejor remunerados. CONTRALÍNEA


El periodista Francisco Reséndiz, de El Universal, se tomó la molestia de hacer el recuento de sus actividades: 80 discursos y tres mensajes a la nación; 85 actos públicos; gira a 23 estados y visita a cuatro países; inauguración del inicio de cuatro obras; la emisión de varios programas, planes e iniciativas (ley de víctimas, contra el delito, desarrollo urbano, de vivienda, forestal, telecomunicaciones, además de las citadas previamente). En resumidas cuentas, en 100 días demostró que es un incansable viajero con iniciativas. ¿Valió la pena el festejo ante esos “logros”? ¿Cuánto costó a los mexicanos la renovación del culto a un incansable príncipe viajero y escenográfico, cuyas primeras actividades se reducen a los escarceos de lo que será su mandato? Quizá por timidez, acaso por prudencia ante la suspicacia, Enrique Peña Nieto omitió señalar lo más relevante de sus acciones, postura compartida por sus súbditos y sus epígonos a sueldo que se encargaron de ocultarlas con sus apologías. Por un lado, Peña Nieto omitió destacar la estrategia que emplea para recuperar la rectoría del Estado, reconstruir el poder presidencial para lograr un gobierno centrado en la fortaleza del Ejecutivo, en el escenario de lo que se ha llamado “gobiernos divididos”, renovar el vínculo estructural y orgánico con su partido y replantear las relaciones con los grupos dominantes y de poder; por otro, la manera en que avanza para convertir a México en un “país moderno, competitivo, triunfador”, con presencia internacional. Para alguien como Peña Nieto, que dice que su “religión es el pragmatismo”, no “se identifica con algún dogma político”, no tiene “ideología”, que su “valor máximo [es] el éxito” y lo único que importa son “los resultados”(Carlos Puig, “Enrique Peña Nieto: la lógica pragmática”, Letras Libres, junio de 2012), la ruta que ha trazado para consolidar su gobierno, ampliar sus márgenes de gobernabilidad, legitimarse y “modernizar” a México, no deja de ser curiosa. Su inodoro pragmatismo “centrista”, al estilo del manoseado principio de Deng Xiaoping (“lo importante no es el color del gato sino su pericia en cazar ratones”), no logra ocultar el dogma político que profesa, la ideología que abraza y e ilumina su camino y los resultados que espera obtener: a) Reciclar el antiguo régimen presidencialista autoritario, dominado por un Ejecutivo fuerte que impone los cambios desde arriba, al margen de la sociedad, somete a los poderes Legislativo y Judicial, así como a las clases sociales; que emplea el poder CONTRALÍNEA

político para tratar de ubicarse como el supremo árbitro que reproduce las formas de dominación y manipulación autoritarias y corporativas conocidas entre 1929 y 2000, como parte de la estrategia que aspira asegurar el retorno de las élites priístas y su partido al poder por un nuevo largo periodo. El politólogo Arnaldo Córdova ha definido con claridad las características que identificaron al viejo presidencialismo priísta: 1) la apariencia de la alianza institucionalizada entre el gobierno y los grupos de poder; 2) la existencia de un presidente con poderes institucionales y metaconstitucionales extraordinarios los cuales emplea para garantizar la estabilidad política (concesiones y castigos); 3) el presidente como árbitro supremo a cuya representatividad todos los grupos someten sus diferencias y a través de él legitiman sus intereses; 4) la glorificación del poder presidencial que lo “podía todo”; 5) la relación personal, el compadrazgo y el servilismo como formas de dependencia y de control. b) Su convencimiento de que la radicalización del proyecto neoliberal de nación, con algunos ajustes para mejorar su funcionamiento, es la única alternativa para garantizar la “modernización” de la nación, pese a su quiebra a escala mundial, su naturaleza socialmente excluyente (que sólo ha beneficiado a la oligarquía, el 1 por ciento de la población, y a un 19 por ciento más) y que su integración desigual y subordinada a la economía global sólo asegura su condición desacreditada de paria en el escenario internacional. Que esa estrategia económica sólo comprometerá la estabilidad y el futuro del país, ya que agravará los conflictos sociopolíticos. Es cierto que el actual escenario político de la nación es diferente al del pasado, debido a la emergencia de otras fuerzas políticas dentro del sistema de partidos y que participan en las Cámaras de Diputados y Senadores, y al de otros grupos que actúan con mayor libertad que el viejo régimen presidencialista priísta. Sin embargo, diversas decisiones adaptadas por Peña Nieto pretenden reproducir la antigua estructura de dominación. Entre éstas sobresalen: -La distancia que toma con los grupos de poder con la detención de Elba Esther Gordillo, como advertencia de lo que le puede suceder a aquellos que no acepten someterse al presidente. -Los cambios en la ley de telecomunicaciones que acota, sin destruirlo, el poder económico y político de varios de los principales representantes de la oligarquía. Según la periodista Jesusa Cervantes, de Proceso, en enero pasado Enrique Peña Nieto se reunió con Elba Esther Gordillo y le exigió su renuncia, y al oponerse, hoy Elba paga los costos; con Carlos Romero Deschamps, quien le dijo: “Conmigo no vas a batallar”; con Ricardo Salinas Pliego, quien dijo: “Estoy a tus órdenes”; con Emilio Azcárraga, quien quiso pasarse de listo bajo el argumento de que eran amigos y que él lo había llevado a la Presidencia, a lo que Peña respondió: “No, tú me vendiste una estrategia de campaña y no te debo nada”; y con Carlos Slim tuvo un ríspido encuentro. -Las concesiones a la misma oligarquía con la contrarreforma laboral y la reprivatización disfrazada del sector energético y la reforma a las comunicaciones, entre otras se impondrán y que le abrirán espacio a otros empresarios como forma de replantear los equilibrios entre los verdaderos grupos de poder. -La cooptación de opositores (Mario Di Costanzo, Emilio Zebadúa, Rosario Robles, Manuel Espino, René Arce, Víctor Hugo Círigo, el acercamiento con Miguel Ángel Mancera o Graco Ramírez) con el objeto de debilitar a la oposición panista, perredista y otras organizaciones que existen fuera del sistema de partidos. -El Pacto por México, el arreglo cupular entre los tres principales partidos políticos y el Ejecutivo para legitimarse e imponer sus reformas, al otorgarles algunas concesiones controladas por el Ejecutivo. -El Ejecutivo generoso y protector que utiliza la política social como forma de control de la población de bajo ingresos que, eventualmente, le garantizarán su credibilidad y los votos necesarios para ampliar los triunfos electorales estatales a su partido y su permanencia futura en la Presidencia de la República. -Los cambios en el funcionamiento de la administración y las instituciones para someterlas a su dominio (la electoral, de acceso a la información, etcétera). El Poder Judicial siempre ha mostrado su alegría por mantener su condición de siervo generosamente remunerado y beneficiado. -La eliminación del fuero a los legisladores y el mantenimiento de la impunidad del Ejecutivo. -La sustitución de la “sana distancia” entre Peña Nieto y su partido por el “insano sometimiento” de antaño: acepta arrojar a la basura los resabios del viejo “nacionalismo revolucionario” para abrazar abiertamente la ideología neoliberal de la derecha y que defiende el mexiquense; reafirma su lealtad y el control del jefe; se compromete a llevar a buen término de sus iniciativas en el Legislativo; admite el retorno del “dedo mágico” que erigirá a los candidatos a los puestos de elección popular.3 *Economista 25 DE MARZO DE 2013

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OPINIÓN

Unadm, en picada: recorte salarial a facilitadores y educativo a los alumnos Roberto Galindo Domínguez*

casi 4 meses del cambio de estafeta en el gobierno federal y con esto de cambio del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (Unadm) no da muestras de mejoría. En el número 317 de Contralínea expuse algunas de las más graves irregularidades que se viven en esa “institución educativa”, referentes a la deficiencia académica de los programas de estudio, las dificultades de su plataforma virtual y las desfavorables condiciones laborales, sobre todo de sus facilitadores (profesores) y de los supervisores. Todo parece indicar que el nuevo titular de la SEP, Emilio Chuayffet, no se ha dado ni por enterado de la crisis que se vive en la Unadm, y con ello está desaprovechando la oportunidad de corregir el rumbo del proyecto educativo virtual engendrado durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Es evidente que a las autoridades administrativas y académicas de la Unadm sólo les interesan los cambios de imagen y no de contenido y fondo. En enero de 2012 se beneficiaron de un decreto oficial para pasar del proyecto educativo denominado Educación Superior a Distancia a ser oficialmente una universidad, sin que hasta ahora se pueda decir que esa institución merezca ser llamada de tal manera. Su más reciente cambio ha sido solamente de sede, pues ahora gran parte de las oficinas administrativas y académicas ocupan el piso 3 de la otrora Torre Banobras (Torre Insignia) en Avenida Insurgentes Norte, 423, Nonoalco Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc. Pero eso no ha significado ningún beneficio para los facilitadores y ni para los alumnos. Al contrario, el panorama de éstos se vuelve cada vez más pernicioso. Finalmente, y después de 11 meses de iniciado el cuatrimestre 2012-02 (abril-agosto) y a 7 meses de terminado el mismo, se ha procedido con el pago a muchos de los facilitadores que no lo habían recibido, aun cuando la Unadm establece que el pago por los servicios académicos prestados por el facilitador deberá ser remunerado dentro de los siguientes 90 días de culminado el periodo educativo, lo que significa 3 meses después de este hecho, con lo que todos los facilitadores que laboraron el mencionado cuatrimestre debieron de haber recibido su pago a más tardar en noviembre del año pasado. Ese margen de 3 meses ya es de por sí una situación grave, que además las autoridades administrativas, y principalmente Héctor Luna Reyes (del Enlace Administrativo y Responsable de Pagos), violan constantemente. No confor-

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mes con esos 3 meses de margen, retuvieron el pago hasta marzo de este año. Ante tal retraso, se solicitó información a la maestra Mónica Ángeles Cervantes, del Área Administrativa de la Unadm (vía telefónica y por correo electrónico), quien desde diciembre del año pasado señalaba que el recurso económico ya había sido asignado a las diversas sedes de pago (universidades e institutos tecnológicos) y que ya todo dependía de éstos. Para poner un ejemplo del proceder de dichos centros educativos en cuanto a los pagos, menciono el caso de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), donde cobra una gran cantidad de facilitadores del Valle de México. Desde diciembre se solicitó información (vía telefónica) al respecto a la licenciada Ana Karen García, del Departamento de Contabilidad, quien es señalada por las autoridades administrativas de la Unadm como una de las responsables de los pagos en la UTN. La licenciada García confirmó que el recurso para el pago de facilitadores ya había sido recibido por dicha Universidad, pero que los pagos no se podían realizar debido al cambio de rector de la institución, ya que los contratos de los facilitadores tenían el nombre del rector saliente (Israel Jerónimo López) y que debían generar nuevos contratos para que los firmara el rector entrante (Noé Molina Rusiles, quien recibió su nombramiento como rector desde el 1 de julio de 2012). Parece increíble que para hacer nuevos contratos se tardaran 3 meses y, peor aún, que no hayan previsto esa situación desde julio. Durante ese tiempo se solicitó información al Departamento de Contabilidad, pero nunca más se tuvo comunicación con la licenciada García, a quien, evidentemente, la secretaria del área, Lilia Hernández, negaba. Misma que reiteradamente mencionó que el retraso en los pagos no era responsabilidad de la UTN y que todo dependía de la Unadm. Así, durante 3 meses, varios “servidores públicos” de ambas instituciones achacaban la responsabilidad a su contraparte. Ante la falta de información se le solicitó a Lilia Hernández hablar con Jorge Arturo Castaño (profesional técnico en administración), director de Administración y Finanzas de la UTN. Las respuestas fueron siempre las mismas: “se encuentra de viaje en Toluca” o “su agenda es muy apretada”. Se solicitó una cita con el licenciado Castaño, la cual nunca fue otorgada, y Lilia Hernández me indicó que sin ésta no se permite el acceso al campus. Una vez que se realizó el pago, los facilitadores se encontraron con la desagradable sorpresa de que en esta ocasión no se les pagaba un cuatrimestre sino un trimestre, es decir, se les recortó su salario en 1 mes, lo que no quiere decir que no hayan trabajado los 4 meses, pues el cuatriCONTRALÍNEA


mestre en cuestión inició el 23 de abril, de acuerdo con un comunicado emitido vía correo electrónico por la entonces responsable del Área Académica, la maestra Soila del Carmen López Cuevas, y aunque en éste se señalaba que finalizaría el 13 de julio, en realidad culminó con la entrega de actas entre el 17 y el 27 de agosto, mismas que, de acuerdo con instrucciones de supervisores y coordinadores de la Unadm, debían ser impresas después del 14 de agosto (se tiene copia de los documentos, además de evidencias que demuestran que los facilitadores estuvieron en activo del 13 de julio y hasta el 27 de agosto en actividades de revisión, evaluación, atención de alumnos y elaboración de las actas finales de calificaciones). Lo anterior certifica que los facilitadores trabajaron del 23 de abril al 27 de agosto, en suma, 4 meses y no 3. Cabe señalar que dichas actas tienen la leyenda de cuatrimestre y no de trimestre. Así, sin mediar explicación, el cuatrimestre se convirtió en trimestre en lo que debe ser considerado como un atraco a los facilitadores. Entre los trabajadores de la Unadm (omito nombres para evitar represalias) se habla de que los cuatrimestres se han vuelto trimestres por una decisión de las áreas Administrativa y Académica sin sustento y sólo para efectos de pago, pues ellos siguen trabajando 4 meses. Aunque no se ha emitido un aviso oficial para la reducción del periodo escolar, eso ya es una práctica común. Cabe señalar que con esta decisión la Unadm viola su normatividad, pues en el oficio circular DGAIR/ 031/2010 y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 33 (fracciones I y II y último párrafo), 37, 46, 47, 49, 50, 60 al 64 de la Ley General de Educación; el artículo 41, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la SEP, la Unadm suscribió las Normas de Control Escolar, aplicables a los servicios educativos del tipo superior que imparte la Subsecretaría de Educación Superior, en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia), que específicamente en su Norma 1.6 Estructura General del Plan de Estudios establece que “el modelo educativo cuenta con las siguientes características: los programas del nivel técnico superior universitario se cursarán de forma ordinaria en 2 años, en tanto que los de licenciatura tendrán una duración de 4 años. La estructura académica de los planes y programas de estudio será cuatrimestral” (www.controlesco lar.sep.gob.mx/images/pdf/Normas/superior/educabiertad.pdf). Documento aún vigente en la página de la SEP: no se tiene ningún otro al respecto de la educación a distancia. Aparte del despojo económico a los facilitadores, se debe de pensar cómo se solventará el tiempo de la educación de los alumnos si ahora se le recorta 1 mes a su educación. Ante el constante y prolongado retraso en los pagos y si el presupuesto de la Unadm es asignado para su gasto económico corriente del año en turno (como ya se mencionó en el número 317 de Contralínea) desde las áreas Académica y Administrativa se retenían las procedencias de pago sin razón alguna y ahora el recurso económico es también retenido en los centros de pago, como en el caso de la UTN, entonces cabe hacernos una pregunta: ¿qué pasa con los intereses generados por el dinero cuando está en las cuentas bancarias de la Unadm y de los centros de pago? Parecería trivial hablar de esto, pero si se considera que la Unadm cuenta con 2 mil 940 facilitadores, como aparece en el Anuncio Programático Presupuestal 2013, de la Dirección General de CONTRALÍNEA

Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, K00 Universidad Abierta y a Distancia de México E0 45 Universidad Virtual, en su página 5 (http://sippac2013.sep.gob.mx/anunciopp2013SEP/OrganosDesconcentrados/URs/K00 /matrizIndicadores.PDF) y que sus pagos por cuatrimestre eran de alrededor de 28 mil pesos, estamos hablando de poco más de 82 millones de pesos, por lo que los intereses generados por esa cantidad ascienden a una suma significativa, y más cuando los retrasos son de varios meses ¿Qué nos pueden decir al respecto las áreas de Administración de la Unadm y la UTN? Algunos facilitadores han revelado (omito nombres para evitar represalias) que además de lo anterior, las autoridades académicas y administrativas tomaron otra sorprendente y desatinada decisión que se ha llevado a cabo desde el cuatrimestre 2012-03, y ésta fue solamente asignar un grupo a cada facilitador a pesar de que desde el inicio del proyecto y hasta el cuatrimestre (perdón, trimestre) 2012-02, los facilitadores eran responsables de dos grupos, cada uno de entre 25 y 30 alumnos. Y aunque ese hecho no está consignado en la página electrónica de la Unadm, en el mismo Anuncio Programático se establece que la matrícula asignada a cada facilitador debe ser de aproximadamente 60 alumnos. Con lo que se podría pensar que esa decisión ha sido acorde con la de recortar el cuatrimestre a trimestre, al disminuir al mismo tiempo el número de alumnos y en consecuencia el salario de los facilitadores. Pero no, aunque parezca increíble, ahora los facilitadores deben atender un grupo que en el mejor de los casos es de 75 alumnos y en otros llega hasta los 90, lo que en realidad implica atender tres grupos de los originales en un lapso de 3 meses y no de 4, lo que invariablemente disminuirá la ya de por sí deficiente preparación de los estudiantes. A este respecto cabe una reflexión, si los alumnos inscritos al primer cuatrimestre de 2013 son 49 mil, así se consigna en el Anuncio Programático (página 2), y los profesores son 2 mil 940, y los estudiantes toman máximo 4 materias por trimestre (www.unadmexico.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=232), entonces cada facilitador debe atender un promedio de 66 alumnos, lo que está completamente de acuerdo con lo señalado en el Anuncio Programático. ¿Entonces por qué ahora a cada facilitador se le están asignando de 75 a 90 alumnos? Existen dos posibles respuestas: 1. Hay facilitadores que tienen más alumnos que otros, lo cual no sería equitativo; y 2. La cifra de 2 mil 940 facilitadores no es correcta. Para no especular al respecto, el rector de la Unadm, el maestro Manuel Quintero Quintero, debe aclarar tal situación. El sentir de varios facilitadores consultados es que cada vez se les trata peor, que sus esfuerzos y preparación no son valorados. Consideran que con el aumento de alumnos y la disminución salarial y del tiempo de cada periodo escolar se desvinculan más de la Unadm. No es de genios saber que un profesor que se siente menospreciado por la institución con la que colabora disminuirá su interés en la enseñanza y pasará de la excelencia a la mediocridad educativa. Es así que se llega a situaciones ya por todos conocidas en la relación laboral e institucional de la SEP y muchos de sus maestros: “Tú haces como que me pagas y yo hago como que enseño”. Ante la evidente discapacidad de las áreas Académica y Administrativa de la Unadm es conveniente preguntarle al maestro Manuel Quintero el porqué de tantas aberraciones administrativas y académicas en detrimento de la educación.3 *Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante del taller Madre Crónica. 25 DE MARZO DE 2013

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OPINIÓN

Respeto a usos y costumbres de los pueblos indígenas, sólo en el papel Aurelio Morales Posselt*

e debe distinguir entre los nuevos grupos de autodefensa que están surgiendo en Guerrero (y en otros estados de la República) y la Policía Comunitaria, la cual lleva ya una tradición de existencia y resultados de más de 17 años. A su vez, a ambos grupos se les debe distinguir también del paramilitarismo y del crimen organizado, cuyos fines de existencia no son la protección de las poblaciones. Igualmente se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal, pues su existencia está actualmente sustentada por tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política guerrerense.

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do con sus propios usos y costumbres, en los hechos estaría convirtiendo a la Policía Comunitaria en un cuerpo auxiliar policiaco municipal sin independencia ni jurisdicción real, atado a las disposiciones del sistema jurídico estatal y no a la Asamblea Comunitaria. Esta última se estaría convirtiendo, por tanto, en representante y administradora sin capacidad jurídica. La cuestión es, si se siguen los argumentos presentados, que la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (ya vigente) explícitamente “reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar” (artículo 37). Y, como sistema jurídico, incluye el reconocimiento a “la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con características propias y específicas en cada uno” (artículo 35). Sin embargo, la

Necesario, que el Estado mexicano respete los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal: su existencia está sustentada por tratados internacionales, la Constitución nacional y la Constitución guerrerense

Estas observaciones fueron presentadas por representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero dentro del coloquio titulado Pluralismo Jurídico y Conflictos Sociales, realizado en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el pasado 27 de febrero. En dicho coloquio, Valentín Hernández y Pablo Guzmán, representantes de la CRAC-PC, denunciaron el fin oculto en la iniciativa de decreto por medio del cual se crea el cuerpo de la Policía Comunitaria de Guerrero que, mientras en el discurso reconoce el derecho de los pueblos indígenas a regirse internamente de acuer16

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nueva iniciativa de decreto, que supuestamente estaría complementando la ley actual (logro político de las comunidades indígenas), en lugar de respetar la autonomía jurídica de los pueblos indígenas, la cancela: limita a la Policía Comunitaria y a sus consejos a funciones de detención en flagrancia o bajo órdenes de “autoridades ministeriales competentes” (artículos 12 y 13 de la iniciativa), con ello se les impide investigar, llevar juicios o retener a los acusados por más tiempo del “estrictamente necesario para ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales”. La redacción de la iniciativa de decreto no sólo entra en contradicción con la Ley 701 de Guerrero, sino que contradice sus proCONTRALÍNEA


La administración de Guerrero reconoce que en el caso de la Policía Comunitaria que opera en la entidad “no se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere”

pios argumentos internos (como veremos) y destruye la esencia del derecho de los pueblos a regirse por propios usos y costumbres; es decir, el derecho a solucionar sus conflictos internos de acuerdo con formas propias, formas que, si bien deben respetar las normas constitucionales, tratados internacionales y derechos humanos y de la mujer, son singulares a cada pueblo y obedecen no sólo a sistemas jurídicos diferentes, sino a cosmogonías y filosofías de vida particulares y no reducibles a meras autonomías administrativas. Los límites propuestos en la iniciativa de decreto dan al traste con toda una práctica y filosofía de justicia que el propio decreto reconoce: “han dado resultados positivos”. A estas prácticas y filosofías de justicia la misma CRAC-PC las ha denominado procesos de “reeducación” y, de acuerdo con sus representantes, no sólo ha sido exitoso en tanto que logra una reinserción del delincuente a la sociedad, sino que, más allá de un proceso enfocado en el castigo del hallado culpable, invita a la reflexión de los actos por parte del sentenciado, quien es persuadido por un consejo de ancianos e implica un proceso de revaloración de la propia persona en su papel dentro de la comunidad a través del pago de la falta con faenas o trabajo comunitario. Este proceso, a decir de los propios miembros de la CRAC-PC, es tan efectivo que muchos de los procesados decidieron integrarse a la Policía Comunitaria (que es una labor voluntaria) o integrarse a nuevas faenas habiendo ya cumplido su sentencia. La iniciativa de decreto contradice los propios argumentos de los que supuestamente emana, pues en la parte introductoria se reconoce que los pueblos indígenas “tienen derecho a la libre autodeterminación”, “decidir sus formas internas” y “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos”. Nada de esto, como ya se argumentó, se retoma en la normativa propuesta; la Policía Comunitaria queda en realidad bajo el mando del ministerio y jueces estatales y no del Consejo y AsamCONTRALÍNEA

blea de las comunidades, como en realidad dictan sus usos y costumbres. Se argumenta que con este decreto se evita la usurpación de funciones, pero en realidad es lo contrario: se usurpa a las comunidades de sus funciones de autonomía jurídica interna y se le entrega al estado. Se argumenta que se corre el peligro de que las policías comunitarias se conviertan en grupos delincuenciales; sin embargo, el propio documento oficial reconoce su efectividad, además, textualmente señala que la institución de la Policía Comunitaria “no se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere”. La iniciativa de decreto, a todas luces impositiva e irrespetuosa de las autonomías indígenas, ignorante de las propias voces indígenas, de las que dice respetar su autonomía, se impulsa en un momento coyuntural que le ha favorecido por la irresponsable actitud de muchos medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, que hablan de grupos de autodefensa, grupos criminales y policía comunal de forma indistinta, sin distinguir situaciones ni contextos. En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, sus acciones cuentan con un reglamento propio y aprobado por las 107 comunidades donde actúan en 14 municipios; y los 1 mil 200 policías comunitarios que la conforman actúan con rostros descubiertos, están registrados y son coordinados por cuatro casas de justicia hasta hoy legalmente constituidas. El contexto actual toma más peso y perverso sentido cuando nos enteramos de que además de luchar por el derecho a la autodeterminación interna, la CRAC-PC se opone rotundamente al establecimiento de megaproyectos mineros en su región.3 *Integrante del Área de Difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC 25 DE MARZO DE 2013

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Hacia los procesos por crímenes económicos contra la humanidad Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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ohn Perkins escribió Confesiones de un sicario económico. Lo fue y develó que los “sicarios económicos” perpetraron crímenes para alterar la economía de países empobrecidos y desviar sus recursos naturales para beneficio de trasnacionales y bancos estadunidenses. Hoy, el 0.01 por ciento de la humanidad, que se identifica como rico, actúa contra 7 mil millones de personas sin recurrir a sicarios económicos, porque el sistema se ha rediseñado para su beneficio. La crisis desvela lo más predador del sistema, pero el camino del delito empezó décadas antes. Tras estallar la crisis financiera, millones de víctimas fueron precipitadas a la pobreza. Reformas legales que son un saqueo y una apropiación indebida más un descarado trasvase de lo público a manos privadas muestran que se delinque de forma generalizada. La crisis de alimentos de 2008 fue por el salvaje aumento de precios en alimentos básicos a causa de la especulación. Los precios del trigo y del maíz aumentaron un 25 por ciento. Hubo revueltas en 40 países y 130 millones de hambrientos más. Mientras multinacionales como Bunge, DuPont, Cargill, ADM o Syngenta controlan más del 70 por ciento de la oferta de cereales e imponen sus precios, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Santander, BBVA y Deutsche Bank especulan con el precio de los alimentos. Jean Ziegler, quien es vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunció que “son las estructuras económicas criminales las que fabrican la masacre cotidiana del hambre”. Y el hambre, nos dice Ziegler, es hoy la principal causa de muerte en el mundo. Incluso más que las guerras, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. ¿Y la crisis? Para Rafael Poch, la crisis es un “atraco perfecto”. Primero quiebra el sistema financiero “víctima de su propio latrocinio”, nos explica, pero se salva con un rescate astronómico de dinero público (905 mil millones de dólares para los países del Grupo de los 20, según el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania). Y entonces se pasa al segundo atraco. El problema ahora es la deuda, no el atraco causante de la crisis. La deuda es por el excesivo gasto social, dicen. Por tanto, [se combate con] menos seguros de desempleo, menos seguridad social, más privatización (desmontar lo público), menos derechos laborales, más abuso y más desigualdad. Puro pillaje. La crisis en realidad no es el principio sino el resultado de las tropelías que desde la década de 1970 perpetran quienes iban controlan-

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do la economía. Para muestra, la actividad de Goldman Sachs, grupo de banca de inversión, condenada en 1929 por estafa financiera. Goldman Sachs maquilló y ocultó cifras reales de la economía griega para que ese país pudiera formar parte de la Eurozona. La crisis de hipotecas basura es otra prueba de la conducta criminal del sistema financiero. Todas las investigaciones y auditorías demuestran que un cúmulo de bancos y agencias de calificación engañaron a sabiendas, al garantizar la seguridad de los títulos que contenían hipotecas incobrables. La crisis y las presuntas medidas para combatirla han supuesto una violación sistemática de los derechos fundamentales, un escandaloso aumento del paro, más hambre y millones de personas pobres en Europa. Y en las décadas de 1980 y 1990, los ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acarrearon gravísimos costos sociales a las poblaciones de África, América Latina, Asia y Europa del Este. Carmen Sarasúa y Lourdes Benería nos explican que, según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier conducta que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. ¿Acaso la crisis y sus efectos no recuerdan esa definición? ¿No hay responsables de tanto daño? Hay responsables, porque los “mercados” tienen nombres y apellidos. Son instituciones concretas que han forzado el descontrol de los mercados financieros, han promovido el ahogo ciudadano y han creado esta situación. Un reciente informe de Stefano Battiston, James Glattfelder y Stefania Vitali ha demostrado que en realidad los “mercados” son 737 bancos, compañías aseguradoras y corporaciones industriales que controlan 43 mil empresas multinacionales: gente que decide, personas responsables de lo que ocurre, personas a las que se puede procesar. Es preciso definir los nuevos crímenes económicos contra la humanidad, denunciarlos, investigarlos y perseguirlos. Y así como se crearon instituciones y procedimientos para perseguir crímenes de guerra, hay que hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad; e incorporar ese concepto al discurso ciudadano en la lucha por la recuperación de la democracia y la superación de la crisis-estafa.3 *Periodista y escritor CONTRALÍNEA


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Minera canadiense en Oaxaca

SAQUEO Y VIOLENCIA En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social Érika Ramírez, @erika_contra/enviada

an José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez. Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organi-

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zación opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán. El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal. A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse. 25 DE MARZO DE 2013

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PORTADA “¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven. Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic). Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres. Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a 20

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los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales. Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”. El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio. “La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe. El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán. CONTRALÍNEA

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Hugo Cruz/Procesofoto

4En Oaxaca, octavo productor de oro y plata a nivel nacional, se desarrollan 33 proyectos mineros privados. En la imagen, una protesta por los costos sociales de esta industria

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Sin consulta previa Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que 22

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se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”. En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visiCONTRALÍNEA


bilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas. Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación CONTRALÍNEA

y diseño de protocolos en varias áreas”. Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto. “Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge 25 DE MARZO DE 2013

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PORTADA como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Explotación y miseria Incertidumbre en la salud San José del Progreso es uno de los municipios más pobres de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Parti-

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas. Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”. Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense. San José del Progreso, un territorio cuya riqueza en oro La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud y plata es explotada por la trasnacional Fortuna Silver ambiental, indica que con la minería “la conMines, es el tercer municipio más pobre de Oaxaca. En taminación del agua y el excesivo uso de los alto grado de marginación, 6 mil 579 de sus habitantes recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, provedo Revolucionario Institucional y ahora por niente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca el aliancista Gabino Cué Monteagudo de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la (partidos de la Revolución Democrática y industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasAcción Nacional). A nivel nacional ocupa ta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los dereel sitio 481, de los casi 2 mil 500 munici- chos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre pios que conforman la nación. otros aspectos. Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este Minería, oscuro panorama municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minesólo 1 por ciento, en grado medio. ra San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta Andrés Vásquez, padre del dirigente que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, asesinado de la Coordinadora de Pueblos con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de mayoría de oro y plata. los campesinos que ha padecido las condiComo lo documentó Contralínea (edición 268), México ha ciones de pobreza. otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 milloHuérfano de padre y madre, don nes 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expediAndrés ha vivido toda su vida del trabajo en ción de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. el campo. A sus 62 años de edad, es padre “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. 24

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Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos. De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional. La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán. Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro CONTRALÍNEA

Érika Ramírez

Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”. Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”. —¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta. —Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes. “Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

4¡Queríamos salvar a Bernardo!: Rosalinda, quien fuera herida durante el atentado

en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

Las desigualdades En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”. El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minerometalúrgicos en el país, el auge internacional del 25 DE MARZO DE 2013

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PORTADA mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora. “Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Presencia en México y Oaxaca Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la SE, muestra que otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas. Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país. Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía 26

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Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente. Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón. El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores. Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”. El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”. —¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad? —San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo. Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”. Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.3 CONTRALÍNEA


SOCIEDAD

Hidroeléctrica El Naranjal DESPOJO A 30 MIL POBRES La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos Nancy Flores, @nancy_contra/Monserrat Rojas, fotografías/ enviadas

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SOCIEDAD matlán de los Reyes, Veracruz. “A la mejor nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van, a fuerza vamos”, afirma Juana León. Desde el corredor de su vivienda, la mujer explica que para los afectados –como ella– “no hay ninguna ganancia” con la hidroeléctrica privada El Naranjal. “Si llegamos a fracasar [en la resistencia pacífica], no hay de otra más que levantarse y hacer algo”. A sus 75 años de edad, doña Juanita –como la conocen aquí en su comunidad, Congregación Guadalupe La Patrona– no cede ante la amenaza del proyecto de generación de energía que impulsa en esta entidad el empresario Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte. “Yo por mí, lo mío no lo vendo”, afirma. Integrante de Las Patronas (grupo de mujeres que brindan asistencia humanitaria a migrantes centroamericanos que viajan por tren), doña Juanita mira en derredor de su casa. Con ese recorrido señala las colinas que rodean el lugar. “Si llegan a hacer la hidroeléctrica, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? Así, sentados, échenle un lente: cómo estamos, miren los cerros. ¿A dónde quedaríamos?, dentro del agua”. En varias ocasiones, a doña Juanita y a su esposo los han visitado representantes de la hidroeléctrica para “convencerlos” de que vendan la tierra en la que nacieron y crecieron; donde ella parió a sus seis hijos y donde éstos, a su vez, tuvieron a sus 15 nietos. El territorio donde viven, siembran y donde descansan sus ancestros. —¿A dónde se irían? —A ningún lado. Al panteón solamente. De acuerdo con el permiso oficial –emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de enero de 2010, con folio SGPA/ DGIRA.DG.0016.10–, la hidroeléctrica afectará una superficie de 93.31 hectáreas ubicadas en los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga. De ese total, 61.44 hectáreas (el 65.8 por ciento del territorio) requieren cambio de “uso de suelo”, por estar catalogadas como áreas forestales. El saldo social del proyecto privado será de unos 30 mil campesinos e indígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala en entrevista con Contralínea Francisco Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre.

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Aunado a esto, la Semarnat admite que se perjudicarán 40 especies de “fauna con relevancia para la conservación” (20, con estatus de protección; 15, sujetas a protección especial; cuatro, amenazadas; una en peligro de extinción) y 16 especies protegidas de vegetación (12, con estatus de protección; cuatro, amenazadas). De estas especies, los casos más graves son los del chiropterotriton chiropterus (una especie de salamandra), la orthogeomys lanius (tuza lanuda) y la dasyprocta mexicana (agutí negro), en inminente peligro de extinción y cuyo hábitat será destruido por la hidroeléctrica El Naranjal. Éstas no son las únicas afectaciones medioambientales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas advirtió a la Semarnat que parte de la obra (una cortina) se localizará muy cerca de la poligonal del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, decretado así el 4 de mayo de 1938. Sin embargo, esto tampoco frenó el aval de la Secretaría a la hidroeléctrica. Sobre ese último punto, la Semarnat –que entonces encabezaba Rafael Elvira Quesada– observó que la cortina no representa riesgo alguno: “se ubica a aproximadamente 470 metros [sic] de distancia del área natural”. El activista Rojas Palacios denuncia que el proyecto hidroeléctrico también acabará con la afluencia de dos ríos, el Blanco y el Metlac; a este último lo califica como de gran importancia, porque provee de agua a algunas comunidades de los municipios afectados. No obstante, para la Semarnat esto no es un peligro, pues ambos afluentes, asegura, están contaminados. En el permiso federal se enlistan 10 obras sobre los ríos Metlac y Blanco, de las cuales destacan cuatro: el embalse de ambos a partir de su confluencia, la captación permanente de un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, la construcción de un canal a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud sobre la margen izquierda del Río Blanco y el alzamiento de la cortina derivadora de 9 metros de altura, a menos de medio kilómetro de la reserva natural protegida. “Las obras de derivación consisten en construir, a 30 metros debajo de la junta de los ríos, una cortina de 9 metros de alto que va a inundar una zona de vegetación de 9 a 11 hectáreas, para aprovechar la gran depresión. Del lado izquierdo del río van a derivar el 95 por ciento de las aguas por un trayecto de 22 kilómetros, para llevarlas al cerro de San José de Gracia. Ahí hay unas depresiones naturales que van a servir para almacenar las aguas de este proyecto”, refiere Rojas Palacios. CONTRALÍNEA


4La autorización que emitió la Semarnat da cuenta de la opinión negativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas al proyecto por la cercanía de éste con el Parque Nacional Cañón del Río Blanco

El problema, indica, es el gran impacto ambiental. “Se van a afectar a varias poblaciones de los municipios de Fortín, Amatlán, Cuichiapa y Omealca. Éstas sí están contempladas dentro del proyecto, sin embargo hay daños que nosotros hemos detectado con trabajo de campo que no lo están: ellos comentan que van a dejar un caudal ecológico de 2 metros cúbicos por segundo, entonces al desviar esas aguas van a afectar a la población de Rincón Buenavista, porque ellos tienen un punto de alimentación de agua por filtración del Río Blanco. Es una población de aproximadamente 1 mil 500 o 2 mil habitantes que se van a ver afectados por la ausencia del Río Blanco”. A pesar de los irreparables daños social y medioambiental que causará, Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, repartió volantes en los que insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”. En la propaganda, la empresa de González Guajardo indica como “beneficios” la generación de energía que dejará supuestamente una derrama económica en la región, la creación de 400 empleos directos, el control de inundaciones y la provisión de un suministro de CONTRALÍNEA

agua “más confiable y de más alta calidad”, entre otros. Cuando los impulsores de la hidroeléctrica se refieren al desarrollo sustentable “tal vez hablan de sustentar su economía solamente y de la gran riqueza que se van a llevar; no del gran problema social, económico, cultural y en todos los aspectos en los que se va a ver afectada la población”, opina el activista ambiental Rojas Palacios. “El desarrollo es una mentira. No es desarrollo, es una destrucción. Si lo fuera, pondrían algo de preparación para la juventud y la niñez y quitarían la maldita droga que está en todas partes. Eso sí sería desarrollo. Si no hubiera naturaleza, de dónde vamos a vivir. Eso de que quieren acabar con la humanidad no es desarrollo. Eso viene siendo como un principio de guerra”, señala doña Juanita. Una guerra que previamente ha incluido amenazas. “Si no quieren vender el terreno, se pierde o se muere el esposo y después la viuda tiene que vender”, le espetó a doña Juanita uno de los representantes de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, una tarde de 2011. 25 DE MARZO DE 2013

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4Tal vez nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van con la hidroeléc-

trica, a fuerza vamos en la defensa de la tierra: Juanita León, afectada

La mujer le respondió: “¿Qué dice? ¿Usted piensa que estamos durmiendo, que si se pierde o matan al esposo, la esposa se va a quedar con miedo y que su familia no va a pelear por su familiar? Matarán a uno, pero no a todos. Sabe qué, mejor lárguese y no vuelva a venir porque eso es una amenaza. Ustedes ni conocen a la gente de aquí”. Los amedrentamientos contra los pobladores se multiplican. Hugo Guzmán Cuevas, integrante del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, refiere que amenazas similares a la que recibió doña Juanita son cada vez más frecuentes: “sí han habido y son muy directas, no son como para tomarlas a la ligera”. Algunos afectados identifican al jefe del proyecto, el ingeniero Javier Tobías de la Rosa, como principal responsable de estos actos ilegales. Al respecto, Contralínea buscó conocer la posición del empresario González Guajardo y de sus representantes. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Campesinos e indígenas, sin información En la comunidad Congregación Guadalupe La Patrona no se sabe con exactitud cuántos afectados habrá por la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal. El ejidatario Leonardo García sospecha que será uno, pero no tiene certeza de ello: sus vecinos empezaron a recibir las “visitas” de los representantes de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV; pero él, a pesar de tener su tierra en la misma zona, no. “En realidad, a mí no me han buscado para nada los de la empresa; pero a muchos de los que están por ahí donde yo tengo mi terreno sí los anduvieron vien34

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4El saldo social del proyecto privado será de unos 30 mil campesinos e indígenas Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre

do los de la hidroeléctrica. Nadie ha vendido”, dice en entrevista. Contrario a lo que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto del derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa, lo que aquí se sabe de la hidroeléctrica ha sido por investigación propia y de activistas ambientales. Don Leonardo narra incluso que algunos trabajadores de la compañía privada han hecho estudios y mediciones en los terrenos sin pedir permiso a los ejidatarios. Luego, cuando son descubiertos por los dueños, han mentido sobre sus propósitos reales. Con engaños y amenazas, desde 2007 los representantes de tres empresas de González Guajardo involucradas en este proyecto –Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV; Agroetanol de Veracruz, S de RL de CV, y Protama, SA de CV– empezaron a comprar terrenos. Actualmente, la Unión de Propietarios y Comuneros del Valle de Tuxpango calcula que ya fue vendido el 50 por ciento del territorio que requiere la obra. “Hemos platicado con algunas personas que van a ser afectadas en caso de que este proyecto se lleve a caCONTRALÍNEA

afectado


“Nos vamos a morir de sed, como ya ha pasado en otros lados con las hidroeléctricas. Una vez que empiecen a hacer sus desviaciones del Río Blanco, nos van a contaminar el agua”

nero junta y pues acepta ceder sus derechos de posesión”, detalla Guzmán Cuevas. Para don Leonardo, de 66 años de edad, la venta de la tierra es impensable. “El problema es que nos vamos a morir de sed, como ya ha pasado en otros lados con las hidroeléctricas. Una vez que empiecen a hacer sus cortinas, sus desviaciones del Río Blanco, el primer problema durísimo es que nos van a contaminar el agua y ya no vamos a tener nacimiento. Tenemos un río [el Metlac] muy bonito”. Ante la falta de información y los crecientes rumores del despojo, casi de forma clandestina ejidatarios de varias comunidades que posiblemente serán afectadas

dígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala Francisco pre

bo. La principal inconformidad es que no les informaron nada. Ellos se enteran porque ven a personas haciendo estudios; no saben de qué se trata; preguntan, pero no les dicen. Después, gente que representa a la empresa se acerca a varias comunidades a querer comprar tierras, pero no dicen para qué”, explica el defensor de derechos humanos Guzmán Cuevas. Las denuncias que ha recibido el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo indican que el ingeniero Javier Tobías de la Rosa es quien directamente habló con varias comunidades de proyectos distintos a la hidroeléctrica, para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras. La construcción de una cabaña ecológica, una planta trituradora de piedras, un vivero de lirios, una casa de retiro para ancianos son sólo algunos de los falsos proyectos que ofreció. “La gente se empieza a dar cuenta de que es una persona que está mintiendo, y aumenta la desconfianza. Lo último que nos comentan es que, como ya se sabe para quién trabaja, ahora lo que hace es ofrecer más dinero. Hay gente que tiene mucha necesidad y, me imagino, que nunca ha visto cierta cantidad de diCONTRALÍNEA

4Pese a los irreparables daños que causará, Hidroeléctrica Naranjal insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”

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SOCIEDAD formaron un frente de resistencia pacífico al que han llamado el Colectivo. Sus reuniones son para discutir los alcances de la obra, informarse y acordar las acciones que llevarán a cabo en defensa de sus tierras. “Somos gente humilde, pero cuando ellos se quisieran poner así como rudamente, pienso que no nos vamos a dejar. Con garrotes, con piedras y con lo que sea nos podemos defender. Y de que los correteamos, los correteamos. Yo siempre pienso que mientras se pueda ir caminando noblemente podemos seguir, pero cuando veamos la definitiva, de que ellos se van a poner en un plan muy rudo, pues no los vamos a dejar. Eso es lo que yo he pensado. Quién sabe los demás compañeros”, dice don Leonardo. —¿A dónde se iría con su familia si se hace lo de la hidroeléctrica? —Cuando esto sucediera, le digo que a lo que nos iríamos es al pleito, porque aquí la ganamos o la perdemos, pero en la raya.

La red empresarial Aunque no lo sepan, doña Juanita, don Leonardo y demás pobladores que rechazan la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal se enfrentan a un empresario con amplia experiencia, pero bajo perfil en el ámbito energético: Guillermo González Guajardo, uno de los seis hijos de Claudio X González Laporte. Desde finales de la década de 1990, el actual consejero de Kimberly-Clark, Endeavor México y Endeavor Global Advisory Board ha estructurado una red de empresas privadas dedicadas a la generación, venta e importación de energía. Aunque su experiencia empresarial se liga más a su antigua sociedad con Emilio Azcárraga Jean –dueño de Televisa– en restaurantes temáticos como el Hard Rock Cafe y el Planet Hollywood, González Guajardo aumenta su participación en el mercado energético, tanto privado como público: mantiene negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con Pemex Gas y Petroquímica Básica (empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos). Las compañías rectoras de su grupo son Protama, SA de CV, y Taller de Empresa, SC. Esta última se dedica a la inversión y promoción de proyectos en los sectores de Energía y Educación, indica una breve semblanza del empresario elaborada por Espacio de Vinculación, AC (organización creada por Televisa). Además de Hidroeléctrica Naranjal y Agroetanol de Veracruz, la red se conforma, al menos, por la texana 36

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Texmex Energy, y las mexicanas Energía Azteca X, Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma, Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba, Hidrorizaba II y Micase. Mientras que Texmex Energy se dedica a la importación de energía eléctrica (la cual vende a la CFE y a municipios como Saltillo, Coahuila, y Monclova, Sonora), el resto de empresas tienen por objetivo la generación de energía eléctrica en México para autoconsumo del sector privado; sin embargo, sus excedentes de producción son susceptibles de ser comprados por la Comisión Federal de Electricidad. Para González Guajardo, el brazo derecho en estos negocios es Pablo Edgard Herrán Salvatti, hermano del exprocurador de Chiapas, Mariano Herrán. Además de figurar como socio, se ostenta como el representante legal de varias empresas y gestiona los litigios en los que éstas se ven involucradas. La hidroeléctrica El Naranjal sería el tercer proyecto que González Guajardo desarrolla en Veracruz para generación de energía: aquí también posee las plantas de Hidrorizaba, en sociedad con los municipios de Boca del Río y Rafael Delgado, así como un gasoducto. Otras de sus centrales se localizan en Hidalgo (proyecto hidroeléctrico Moctezuma) y San Luis Potosí (Desarrollo Las Chacas, en el municipio de Tamazunchale). Además, en estas tres entidades se encuentra el gasoducto Tamazunchale, que construyó para Pemex Gas y Petroquímica Básica (éste parte de la Estación 11 de la paraestatal, ubicada en el municipio Naranjos Amatlán, Veracruz, y finaliza en Tamazunchale, San Luis Potosí). En su trayecto de 120 kilómetros afecta otros municipios veracruzanos (Ozuluama de Mascareñas, Platón Sánchez, Tantima y Tantoyuca), y en Hidalgo, el municipio de San Felipe Orizatlán. De acuerdo con el documento Prospectiva del sector eléctrico 2012-2026, elaborado por la Secretaría de Energía (Sener), “para la generación de electricidad no considerada como servicio público el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Sener, con base en los criterios y lineamientos de la política energética nacional y contando con la opinión de la CFE, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso. Esta atribución de la Sener se ha conferido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como órgano desconcentrado CONTRALÍNEA


de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta” en los que incurrió la empresa

del gobierno federal”. Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, observa el negocio que ha significado la producción independiente de energía: “A diciembre de 2009, la compra de energía a las trasnacionales le costó al país más de 268 mil millones de pesos y se estima que por los compromisos adquiridos de compra-venta de energía, de 2010 a 2041, los mexicanos pagaremos a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos” (Contralínea 298). La participación de la iniciativa privada en la generación de energía aumenta en el ámbito nacional. La Prospectiva del sector eléctrico 2012-2026 indica que, en 2011, la CFE aportó sólo el 63.8 por ciento de la capacidad total instalada en el país y los activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro participaron con el 2.2 por ciento; los productores independientes de energía (es decir, la iniciativa privada) contribuyeron con el 19.3 por ciento; además, con permisos de autoabastecimiento, cogeneración y para fines de exportación de electricidad, el sector privado participó con el 14 por ciento. CONTRALÍNEA

Jorge Alonso Cervera/Procesofoto

4El Tribunal Permanente de los Pueblos exigió “sancionar las prácticas

4La hidroeléctrica El Naranjal es el tercer proyecto que el empresario

Guillermo González Guajardo desarrolla en Veracruz para generación de energía

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LAS ZONAS AFECTADAS

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SOCIEDAD El documento refiere que hasta 2011 se tenían 670 permisos vigentes para generación de energía privada: 600, en operación autorizada; 54, en construcción; siete, por iniciar obras, y nueve, inactivos. Para conocer los alcances de los permisos que se operan en materia de generación de energía se solicitó entrevista con la CFE y la Semarnat. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Exigen frenar proyecto

David Cilia

Las afectaciones que causará la hidroeléctrica privada El Naranjal son de tal magnitud que, a finales de enero pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos exigió la

4Las oficinas de las empresas de González Guajardo, ubicadas en Tonalá 44 y 46, colonia Roma, en el Distrito Federal

cancelación definitiva del proyecto. Esta institución –de carácter ético, internacional y no gubernamental– examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si han sido violados tales derechos y denuncia públicamente a los autores de dichas violaciones. En su resolución, apunta que el proyecto El Naranjal se debe frenar “por los altos costos sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y campesino”. También, solicita “sancionar las prácticas de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y colectivos de la población indígena y campesina, con el fin de generar energía eléctrica con fines de lucro”. 40

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El Tribunal exige castigar “el comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos en los que han incurrido las instituciones del Estado, como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En particular esta última, por la aprobación de la manifestación de impacto ambiental cargada de ambigüedades y omisiones para favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que cumplan con la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia y consenso social”. Para el activista ambiental Rojas Palacios, “los grandes capitales entienden el desarrollo a su modo. Sin embargo, los pueblos entendemos el desarrollo desde otro punto de vista: para nosotros, nuestro crecimiento como pueblo y el tener un sustento económico no necesita de desgastar a los árboles ni contaminar nuestras fuentes de agua; no necesitamos separarnos, marcar una línea de separación entre la humanidad y la naturaleza”. De construirse, la hidroeléctrica El Naranjal se sumaría a otros proyectos contaminantes de generación de energía que operan en la zona. En Veracruz, hay al menos 10 centrales generadoras (seis hidroeléctricas y cuatro termoeléctricas) y 34 unidades de generación de energía eléctrica (16 hidroeléctricas y 18 termoeléctricas), refieren los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a 2010. La probabilidad de que el proyecto privado El Naranjal afecte a los 5 mil habitantes de Congregación Guadalupe La Patrona es muy alta, indica doña Juanita. Sin embargo, no se tiene certeza de ello porque nadie les consultó ni les informó de los objetivos y afectaciones reales. “Cuando se empezó a hablar de la hidroeléctrica se hablaba de [la empresa] Agroetanol de Veracruz, que era quien los mandaba. Los compañeros han investigado y la cara nadie la da. Entonces, en quién va uno a confiar. Mandan a gente que se quiere beneficiar de nosotros: ya sabemos que nos quieren hacer una compra por cuartos y las van a vender enteras. Cuánto nos ha costado a nosotros tener esas tierras para nuestros hijos y muy fácil vienen ellos a reposar”. —¿Y si les ofrecieran más dinero? —Pues a mí aunque me ofrecieran más dinero no cedería nada, porque tengo seis hijos y 15 nietos; lo que tiene él [su esposo] no alcanza para nada. Dónde los voy a meter. Está bien que cada quien trabaje y todo, pero no hay. Todos trabajamos para nuestros hijos.3 CONTRALÍNEA


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Jerarquía católica LOS PRIVILEGIOS DURANTE EL CALDERONISMO

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Hacia el final de su sexenio, Calderón había aumentado en más de 2 mil por ciento los actos religiosos en radio y televisión. Además, las autorizaciones para la celebración de cultos religiosos fuera de las iglesias aumentaron más de 1 mil por ciento en 5 años. También, en su sexenio 6 mil 810 inmuebles fueron registrados como propiedad de asociaciones religiosas. “El expresidente es un militante católico que por su ideología favoreció a la Iglesia durante su mandato”, considera especialista

Cuartoscuro

Rogelio Velázquez, @rogelio_contra

4”El discurso del papa Francisco se centra en los pobres, pero desde las perspectivas más conservadoras”

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e septiembre de 2011 a agosto de 2012, el gobierno federal otorgó 113 mil 960 autorizaciones para la transmisión de actos con contenido religioso en radio y televisión. Lo anterior significó un aumento de 2 mil 199 por ciento respecto del periodo comprendido entre septiembre de 2006 y agosto de 2007, es decir, los últimos 3 meses de Vicente Fox en la Presidencia de la República y los primeros 9 meses de Felipe Calderón al mando del Ejecutivo federal, en los cuales se registraron apenas 5 mil 181 autorizaciones. Un año antes, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, se habían registrado 15 mil 96 autorizaciones; es decir, en 12 meses el aumento fue de 754.9 por ciento. El incremento de los permisos para que la Iglesia transmitiera sus contenidos en los medios de comunicación masiva se dio progresivamente durante el sexenio pasado. Entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 se registraron 5 mil 446 permisos; entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 fueron 9 mil 330; y para el periodo comprendido entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 se concedieron 14 mil 884. En total fueron otorgados 163 mil 867 permisos entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, el 69.5 por ciento de éstos en el último año. Éstas no fueron las únicas cifras que crecieron a favor de la Iglesia Católica. Las declaratorias de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de asociaciones religiosas pasaron de 1 mil 487 (entre septiembre de 2006 y agosto de 2007) a 2 mil 164 (entre septiembre de 2011 y agosto de 2012). En los meses comprendidos entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 se registraron 1 mil 234 declaratorias; tan sólo 1 año después, fueron 1 mil 280; posteriormente, 1 mil 602, y para el periodo de

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4”La Iglesia Católica

fue beneficiada significativamente durante el sexenio de Felipe Calderón debido a su extracción ideológica y política”. En la imagen, el cardenal Norberto Rivera

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septiembre de 2010 y agosto de 2011 se otorgaron 2 mil 17. Los datos fueron dados a conocer por la Secretaría de Gobernación en el Sexto informe de gobierno en septiembre de 2012, a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas. En el documento se explica que el gobierno federal ha realizado diversas acciones para asegurar el ejercicio pleno de la libertad de creencias y culto, garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; además de proteger en todo momento el carácter laico del Estado y actuar en un plano neutral ante todas las expresiones religiosas que existen en el país. Por ello, “la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, es la encargada de desarrollar la política del gobierno federal en dicha materia, a través del fortalecimiento de [las] relaciones con las distintas asociaciones y agrupaciones religiosas de México”.

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El maestro en filosofía Edgar González Ruiz, especialista en estudios acerca de la derecha política en México, explica –en entrevista con Contralínea– que la Iglesia Católica fue beneficiada significativamente durante el sexenio de Felipe Calderón debido a la extracción ideológica y política del expresidente. “Es el presidente más vinculado a la jerarquía católica porque él y su familia siempre han sido militantes católicos; por ello la relación del Estado mexicano con la Iglesia fue tan estrecha durante su mandato.” No obstante, González Ruiz menciona que el fortalecimiento de la institución religiosa no empezó con Calderón, sino que fue Carlos Salinas de Gortari el presidente que, para legitimarse después de la cuestionada elección en 1988, estableció, por estrategia política, vínculos más estrechos no sólo con la Iglesia Católica mexicana, sino con el entonces papa Juan Pablo II. “En la época de Calderón, el poder de la Iglesia no sólo se manifestó en el gobierno, sino que ha recibido apoyos de los medios de comunicación, que en sus contenidos reflejan el compromiso de empresarios con CONTRALÍNEA


la jerarquía eclesiástica. El Partido Acción Nacional [PAN], católico por tradición, ya dejó el poder, pero medios [electrónicos] como Televisa y Radio Centro siguen apoyando al papa y al clero con base en la agenda derechista que propone la prohibición al aborto”.

Culto en el exterior

“No obstante, a pesar de las presiones de la curia, se dio un cambio en el último mes de Felipe Calderón [como presidente de la República] en materia constitucional respecto al Artículo 40, el cual fortalece el carácter laico del Estado mexicano”. El 6 de noviembre de 2012, el Senado validó dicha reforma, en la cual se establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación”. Además, la reforma señala que la Constitución reconoce y tutela un Estado laico, cuyas bases se encuentran en el Artículo 3, mismo que establece la laicidad de la educación. La reforma fue avalada por 16 congresos locales (Michoacán, Morelos, Chipas y Oaxaca, entre otros). La diputada panista María Teresa Jiménez, en entrevista con Contralínea, señala que lo que debe privilegiar las relaciones entre Iglesia y Estado es el

El periodo comprendido entre septiembre de 2010 y agosto de 2011 fue en el que se registraron más avisos para la celebración de cultos públicos fuera de los templos religiosos. En esos 12 meses hubo 70 mil 705 avisos. Sin embargo, entre septiembre de 2006 y agosto de 2007 apenas se habían registrado 5 mil 982. Es decir que en 5 años el incremento fue de 1 mil 181 por ciento. Entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 se notificaron 8 mil 963 avisos; en los siguientes 12 meses fueron 6 mil 848; entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 se registraron sólo 6 mil 163; en el siguiente periodo crecieron 1 mil 147 por ciento (los 70 mil 705); De septiembre de 2006 a agosto de 2012 se notificaron y finalmente, entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, los avisos descendieron: 152 mil 28 avisos para la celebración de cultos públicos 53 mil 367. En total, de septiembre de fuera de los templos religiosos. La mayoría (70 mil 705), 2006 a agosto de 2012 fueron 152 mil 28. Además, la Dirección General de Asoentre 2010 y 2011 ciaciones Religiosas registró un total de 39 mil 21 tomas de nota para modificar la organización interna de las asociaciones religiosas y dio trámite a 760 avisos de apertura de locarespeto a las diferencias que existen entre los cultos. les destinados al culto público religioso entre Menciona que la apertura que el expresidente Feliseptiembre de 2011 y agosto de 2012. pe Calderón le dio a la Iglesia Católica se basó en la En el mismo periodo se brindaron 2 mil 345 aselibertad de expresión. “Es un derecho que tenemos sorías al público en general en materia religiosa, y se todos los mexicanos y sí, el sexenio pasado había más otorgaron 6 mil 395 anuencias para la interacción y libertad de expresión y no debemos dejar que se pierlegal estancia en el país de ministros de culto de origen da. Somos de los países más católicos a nivel mundial extranjero. y la importancia de la Iglesia es mucha”. Roberto Blancarte Pimentel, especialista en socioEl papa Francisco logía de la religión por el Colegio de México, señala que el gobierno federal se identificó con la doctrina La elección del argentino Jorge Bergoglio como nuesocial de la Iglesia en los últimos años, por lo cual se vo papa de la Iglesia Católica el pasado 13 de marzo, trató que las políticas públicas se adecuaran a ésta. provocó que Enrique Peña Nieto manifestara su beneMás allá de las cifras, el especialista expone en plácito por la designación, en especial por tratarse entrevista que el gobierno intentó congraciarse con la del primer pontífice latinoamericano en la historia de jerarquía católica en el asunto del registro de la Igledicha institución religiosa. sia de la Cienciología –negado hasta ahora–, debido a “Saludamos con respeto y afecto al papa Francisco la postura negativa de algunos miembros de la ConfeI, Jefe del Estado Vaticano, con quienes deseamos rencia del Episcopado Mexicano. CONTRALÍNEA

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Especial

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4”El clero tiene aliados en los tres partidos; sin embargo, los más radicales, ultraca-

Archivo Contralínea

tólicos e incondicionales de El Vaticano sólo pueden existir en el PAN”. En la imagen, el papa Francisco

4“Aunque la Igle-

sia está orientada a los pobres eso no significa que sea liberal o progresista”

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establecer una relación cordial y cercana” [sic], escribió en su cuenta de Twitter el mandatario mexicano. Para Edgar González Ruiz, la designación de Bergoglio completa una sucesión de pontífices de ultraderecha: “Juan Pablo II fue muy reaccionario y un anticomunista radical; Benedicto XVI tenía antecedentes nazis en su lejana juventud; y Bergoglio pude ser peor que ellos. Los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica esperan tener en el nuevo papa un líder de la ultraderecha católica, el cual ya colaboró con la dictadura argentina”. —¿Con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se seguirá favoreciendo a la Iglesia Católica? —No habrá un distanciamiento significativo, pero la Iglesia no es su aliado incondicional como sí lo fue con el PAN. Recordemos que los embajadores en El Vaticano fueron panistas de ultraderecha, como Luis Felipe Bravo Mena y Federico Ling Altamirano. Si Mariano Palacios Alcocer llega a ocupar el cargo, la relación será amistosa, pero no se le puede comparar ideológicamente con sus antecesores. “El clero tiene aliados en los tres partidos; sin embargo, los más radicales, ultracatólicos y aliados incondicionales de El Vaticano sólo pueden existir en el PAN. A pesar del oportunismo del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, la Iglesia Católica ya no tiene a su partido en el poder”, expone el investigador. La diputada panista Elizabeth Yáñez señala que a pesar de la felicidad que causa tener un papa latinoamericano, la relación del Estado con la Iglesia debe de seguir siendo institucional. “Durante los 2 sexenios panistas no se simuló la simpatía con la Iglesia; antes, con el PRI, a pesar de las buenas relaciones con la Iglesia, no se exponían abiertamente. Ahora, incluso Peña Nieto va a El Vaticano y nadie se sorprende. Se puede expresar la fe, siempre y cuando se haga con respeto de las instituciones.” Finalmente, Roberto Blancarte comenta que el nuevo papa no es distinto de los europeos y tal vez no signifique un gran cambio. “La designación [del papa] no representa cambios doctrinales ni ideológicos, no hay alguna razón que nos haga pensar en una reforma significativa en la Santa Sede. “La Iglesia está orientada a los pobres, pero ello no significa que sea liberal o progresista. El discurso se centra en los pobres, pero desde las perspectivas más conservadoras”.3 CONTRALÍNEA


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LÍNEA GLOBAL

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Además de Alberto Fujimori –quien purga una sentencia por corrupción–, los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. La corrupción, sin embargo, está enquistada en todas las estructuras del gobierno peruano y en amplios sectores sociales Manuel Robles Sosa/Prensa Latina

L

ima, Perú. De los gobernantes que este país ha tenido en los últimos 30 años, uno está preso por corrupto y dos son investigados por acusaciones de corrupción, en tanto que dos –y únicamente dos–, ya fallecidos, son considerados ejemplo de honradez. Sólo los expresidentes Fernando Belaúnde (con dos mandatos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985) y Valentín Paniagua (interino, de 2000 a 2001) tienen una imagen acrisolada; en tanto que Alberto Fujimori (presidente de 1990 a 2000) cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción (sobre ese último punto, admitió su culpabilidad).

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El socialdemócrata Alan García (mandatario en dos ocasiones: de 1985 a 1990, y de 2006 a 2011) y el centrista Alejandro Toledo (presidente de 2001 a 2006) afrontan por estos días acusaciones y sospechas de corrupción y son investigados por el Ministerio Público. El primero también es investigado por el Congreso de la República del Perú. García es investigado por posible enriquecimiento ilícito y por haber comprado una residencia de 830 mil dólares, suma que a simple vista está por encima de las posibilidades de quien a lo largo de su vida sólo se ha dedicado a la política. El veterano y hábil político alega que desde que dejó el gobierno, en julio de 2011, ha ganado más de 25 DE MARZO DE 2013

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www.alejandrotoledo.pe

Congreso de la República del Perú

LÍNEA GLOBAL

4La investigación contra Toledo se derivó de la compra de una residencia de 3.7 millones de dólares, que realizó su suegra

4Alan García, investigado por posible enriquecimiento ilícito. Recientemente compró www.agenciachaski.wordpress.com

una residencia de 830 mil dólares

4Para los peruanos, la corrupción es el principal problema que enfrenta el país. En la imagen, una protesta contra el desfalco a las finanzas públicas

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1 millón 300 mil dólares por dar conferencias en el extranjero, por la pensión de exgobernante y las regalías de tres libros publicados. La indagación a Toledo se debe a que su suegra (de origen belga) compró una lujosa casa limeña en 3 millones 750 mil dólares, y sus detractores insinúan que la operación encubre dinero indebidamente obtenido por el exgobernante. Sin embargo, el expresidente Toledo sostiene que su suegra recibió herencias cuantiosas al enviudar dos veces, y obtuvo anteriormente una indemnización y una pensión vitalicia del gobierno alemán, en el rubro de sobreviviente de las matanzas nazis en contra de la comunidad judía. El exgobernante atribuye la acusación a enconos políticos; esto también lo alega García, cuyas explicaciones carecen de credibilidad, según el analista Raúl Wiener, porque sigue sin explicación el cómo un exgobernante de origen humilde y que sólo ha hecho política tenga un cuantioso patrimonio. Una comisión parlamentaria investiga paralelamente diversos casos de corrupción registrados en el último gobierno de Alan García que han quedado impunes. Tras su primera administración, el exgobernante socialdemócrata fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito, pero se acogió a la prescripción judicial y no fue sentenciado. La investigación fiscal es vista con escepticismo por veteranos periodistas y analistas, a la luz de la experiencia de grandes e importantes casos que han queCONTRALÍNEA


www.epafperu.org

4El expresidente dado en la impunidad o han terminado con castigo sólo para personajes secundarios. La pesquisa al exmandatario García ha motivado incluso la preocupación del presidente de la comisión congresal, Sergio Tejada, que investiga al exgobernante, ya que teme que las indagaciones frustren la que tenía proyectada el Poder Legislativo. Según advierte Tejada, el Parlamento Andino no podrá intervenir si el Ministerio Público archiva el expediente, lo que ha ocurrido con todos los exfuncionarios del gobierno de García, cuyos casos ya ha tratado aquella instancia. Las investigaciones contra García y Toledo coincidieron con el anuncio de una nueva estrategia anticorrupción del gobierno con acciones preventivas y ajustes legales para combatir lo que la mayoría de los peruanos consideran el principal problema del Estado, según una encuesta oficial realizada en 2010. Dicha estrategia fue precedida por la creación, en enero pasado, de la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción, y prevé mejorar el control interno y los procedimientos de compras en el aparato estatal, además de crear un sistema de alerta temprana, indicó el primer ministro, Juan Jiménez. CONTRALÍNEA

La mayor protección a denunciantes y testigos, la unificación de las normas legales anticorrupción y la estandarización y mejora de los mecanismos de recepción de denuncias, están igualmente incluidos en la nueva estrategia. La gravedad del problema se evidencia en el hecho de que, cada año, la corrupción causa daños económicos al Estado peruano de entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto nacional y del 3 al 4 por ciento del producto bruto interno, de acuerdo con un estudio divulgado en 2012 por el investigador Alfonso Quiroz. El contralor General de la República, Fuad Khoury, informó en noviembre de 2010 que en los 18 meses anteriores –la mayor parte en el gobierno de Alan García– la pérdida fue entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto nacional, lo que puede llegar a 9 mil millones de nuevos soles (3 mil 530 millones de dólares). Otro problema es la tolerancia social a la corrupción por su práctica generalizada, al punto que es usual, y hasta un argumento de proselitismo callejero, alegar que un político cuestionado “roba, pero hace obra”.3

Alberto Fujimori admitió haber incurrido en actos de corrupción en contra de las finanzas públicas de Perú

Del 30 al 40 por ciento del presupuesto nacional y del 3 al 4 por ciento del PIB, los daños causados en Perú por la corrupción

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Universitarios estadunidenses DEUDAS POR 388 MIL MDD En promedio, cuando egresa un universitario de Estados Unidos lo hace con una deuda de 25 mil dólares. La falta de empleos y la crisis económica hacen que el pasivo se vuelva una pesada carga para los noveles profesionales. Para muchos de ellos, resulta impagable. El problema adquiere un carácter económico nacional: en 2012, la deuda total ascendía a 388 mil millones de dólares Jorge V Jaime/Prensa Latina

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illones de universitarios en Estados Unidos luchan cada año por saldar deudas derivadas de onerosos préstamos bancarios que pidieron para poder concluir sus licenciaturas, al tiempo que el problema se acerca al umbral de una crisis nacional. Con los datos del desempleo en tasas extremadamente altas en importantes áreas sociales, estudios recientes muestran que casi la mitad del total de los empréstitos financieros a estudiantes estadunidenses se acercan, hoy día, al estatus de “diferido”. Este concepto significa que el alumno o exbecario ha elegido la opción de pagar mayores recargos e intereses a cambio de mejores variables de compensación y devolución de capitales, se comenta en el sitio digital US News University y en la revista Forbes. En Estados Unidos hay leyes que permiten que los estudiantes aplacen el cumplimiento de sus compromisos monetarios hasta un máximo de 3 años, después de ese plazo podrían entrar en una situación financiera verdaderamente difícil, explica Ezra Becker, analista del grupo consultor TransUnion. De acuerdo con estadísticas de esta organización no gubernamental, en Estados Unidos alrededor de un 44 por ciento de los préstamos estudiantiles están oficialmente catalogados como en “estado diferido” o de “repago moroso”. El mismo reporte evidencia que la deuda general por este concepto se ha incrementado en un 30 por ciento desde 2007, y que el promedio del déficit monetario de cada educando o recién graduado era de 23 mil 800 dólares hasta enero de 2013. Según otros datos –suministrados por autoridades federales estadunidenses–, más de la mitad de los graduados menores de 25 años atraviesan actualmente una situación de paro laboral o subempleo. Durante los últimos 5 años el balance total de las deudas por préstamos a estudiantes en Estados Unidos pasó de 288 mil millones de dólares en 2007 a 388 mil millones en 2012; por alumno, en promedio, esto quiere decir que pasó de 18 mil 380 a 23 mil 829, según Becker. Las cuentas por préstamos federales acaparan el 92 por ciento de las deudas por financiamientos universitarios, mientras que el otro 8 por ciento corresponde a débitos del alumnado de cara al sector privado estadunidense. 56

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4”Durante 2012, las deudas de los universitarios estadunidenses agregaron un monto grado para doctorados y profesores titulares en leyes o medicina”

De acuerdo con informes del Departamento de Educación de Estados Unidos, el incremento en estos tipos de adeudos marchan con un ritmo de 2 mil 800 dólares al día, y con marcas porcentuales al alza de 9.1 en 2012, luego de un 8.8 en 2011. Mientras los costos de los estudios universitarios aumentan cada año, la recesión económica y la debilidad del mercado laboral condicionan una mayor demanda por la educación superior, comenta el sociólogo Patrick Kandianis, fundador del foro SimpleTuition. Los últimos datos reflejan que durante 2012 las deudas de los universitarios estadunidenses agregaron un monto adicional de 42 mil millones de dólares, sobre todo relacionadas con cursos de posgrado para doctorados y profesores titulares en leyes o medicina. Como resultado de toda la tendencia, actualmente los débitos derivados de préstamos a universitarios superan los fondos de créditos y amenazan con hacer colapsar el inventario general de subsidios federales, señala un reporte de SimpleTuition. CONTRALÍNEA

adiciona


www.rachelsigner.files.wordpress.com

n monto adicional de 42 mil millones de dólares, sobre todo relacionadas con cursos de pos-

Otro estudio de SureVest Capital Management constata que durante los últimos 30 años los costos de colegiaturas en Estados Unidos han sido golpeados por la inflación dos veces más rápido que el impacto de esta irregularidad económica en el dólar. Las familias pertenecientes a la clase media son las que han visto aumentar más sus deudas financieras provenientes de préstamos para estudiantes, explican fuentes bancarias federales. Grupos con ingresos conjuntos entre 90 mil y 200 mil dólares anuales vieron cómo sus débitos se incrementaron significativamente durante un periodo de 3 años. Para el total de las familias de cualquier ingreso, la tendencia fue de 15.2 por ciento en 2007 a 19.1 de hogares con deudas en 2010. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfocado en atraer el voto joven, defendió en julio pasado los intereses de los universitarios y su acceso a la educación, al tiempo que pidió evitar alza en los préstamos. Al terminar la universidad, los jóvenes estadunidenses tienen una deuda promedio de 25 mil dólares; CONTRALÍNEA

La tasa de interés del 3.4 por ciento que hasta ahora se aplica a las deudas de educación universitaria se duplicará antes de concluir 2013

las tasas de préstamos están fijadas en 3.4 por ciento y está previsto que se dupliquen durante este año. Un eventual incremento en el costo del dinero proporcionado a alumnos podría perjudicar a 7 millones 400 mil estudiantes, incluyendo a 987 mil hispanos asentados en el norteño país. Casi la mitad de los graduados universitarios estadunidenses, desde 2010, han tenido que aceptar trabajos de menor categoría profesional y se desempeñan como taxistas, vendedores al detalle o empleados de mantenimiento, confirmó un estudio institucional. Datos del Center for College Affordability and Productivity precisan que el inventario de licenciados aumentó de forma desequilibrada durante los últimos 2 años, hasta conformar un remanente laboral de 41 millones de individuos para unas 28 millones de vacantes disponibles. Tal tendencia provocó que un 15 por ciento de los choferes de taxi hoy cuenten con diploma de nivel superior (1 por ciento en 1970); y entre los vendedores, un 25 por ciento está licenciado, indica el instituto. A juicio del autor de la investigación, el profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Richard Vedder, las estadísticas negativas continuarán durante la próxima década y perjudicarán significativamente a futuros graduados universitarios. Desafortunadamente veremos a una importante cantidad de personas licenciadas que podrían terminar como conserjes, mozos de limpieza, porteros o ujieres. En 2010, el porcentaje en este acápite era de 5, es decir, 115 mil 520 trabajadores, señaló Vedder. La recesión ha perjudicado más a los hombres estadunidenses, y en el camino hacia la recuperación económica están acaparando puestos antes ocupados por mujeres, reveló otra pesquisa de Bloomberg y The Washington Post. En Estados Unidos, la crisis financiera –cuya peor etapa fue entre 2007 y 2009– desapareció 3.6 millones de puestos de trabajo. El total de desocupados quedó en 11.6 millones luego de que consorcios como Microsoft Corporation, Boeing, Caterpillar y Home Depot despidieran a 200 mil asalariados en 2009.3 25 DE MARZO DE 2013

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El tabaco burla las leyes DE CONTROL EN AMÉRICA LATINA Trasnacionales tabacaleras derrochan creatividad… para burlar las leyes que acotan el consumo de cigarros en países de América Latina. Las políticas comerciales y publicitarias de las empresas buscan banalizar las campañas que advierten de los efectos del tabaco en los seres vivos, así como expandir su mercado entre la población vulnerable Marcela Valente/IPS

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uenos Aires, Argentina. A pesar de los avances en América Latina en materia de legislación contra el hábito de fumar, la industria tabacalera elude restricciones a la publicidad mediante variadas estrategias, alertan organizaciones sociales y especialistas en la materia. Con la publicidad prohibida en todos los países, las campañas se dirigen ahora a los puntos de venta, donde se busca aumentar la visibilidad de los productos, además de financiar programas de responsabilidad social que ayudan a mantener la vigencia de las marcas asociadas a causas altruistas. Así se desprende del informe La salud no se negocia. La sociedad civil frente a las estrategias de la industria tabacalera en América Latina (www.ficargentina.org/ima ges/stories/biblioteca/la_salud_no_se_negocia%20__casos_de_estudio.pdf), elaborado por los capítulos 58

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argentino y mexicano de la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y la Alianza Contra el Tabaquismo en Brasil, entre otras entidades. Mariela Alderete, vicedirectora de la FIC Argentina, explica a Inter Press Service (IPS) que en este país la industria aprovecha la rendija que deja la falta de reglamentación de la Ley Nacional de Control del Tabaco aprobada en 2011. “El reglamento ayudaría mucho a cubrir vacíos legales, por ejemplo en publicidad o en áreas libres de humo”, detalla. Argentina es el único país de América del Sur que no ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, firmado por el gobierno en 2003, debido a la oposición de provincias tabacaleras que argumentan que esas normas atentan contra las economías locales, pese a que el 80 por ciento del cultivo se exporta. CONTRALÍNEA


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LÍNEA GLOBAL El reporte de la FIC y la Alianza sostiene que en los últimos años hubo “grandes avances” en la región para controlar el hábito de fumar. “No obstante, la industria despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir políticas de salud”, que procuran prevenir enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo. Las estrategias se repiten casi idénticas en algunos casos, con iguales argumentos, rebatidos una y otra vez por las entidades sanitarias que promueven el control. El objetivo es evitar la sanción de leyes o debilitarlas una vez que salen, denuncia el estudio publicado a finales de 2012, pero casi ignorado por los medios de comunicación. Según el informe, las empresas presionan contra las normas amparándose en “grupos de fachada”, que pueden ser pequeños productores de tabaco, propietarios de bares, restaurantes, salas de juego o quioscos, con el objetivo de resaltar los supuestos impactos negativos que tendrían las limitaciones para fumar. También condicionan a dirigentes políticos y legisladores mediante financiamientos de campañas electorales o de otras iniciativas, y manipulan datos para poner en cuestión medidas que son eficaces para combatir esta adicción, como el incremento de los impuestos sobre el producto. La ley argentina prohibió la publicidad con la excepción de los puntos de venta. El Ministerio de Salud resolvió el año pasado, además, que los paquetes de cigarrillos contuvieran un pictograma con advertencias sanitarias del tipo “fumar causa cáncer” o “la mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo”, por mencionar algunos. Pero según Alderete, para banalizar la advertencia se fabrican cigarreras con un recorte que sólo permite que se vea la marca y, del lado en que debería verse el pictograma, llevan un cartel que dice “no me jodas”. La reglamentación está frenada, entre otras causas, por la oposición de Lotería Nacional, el organismo estatal encargado de administrar las salas de juego, que reclama la habilitación de lugares para fumadores y que se valide la instalación de purificadores y sistemas de ventilación. “Esa propuesta es la que hace la industria tabacalera en su programa Convivencia en Armonía, pero se sabe que esos sistemas son inefectivos y afectan el derecho a la salud de los trabajadores y de los no fumadores. Es decir que la industria se vale de Lotería Nacional como fachada”, denuncia Alderete. En México, las empresas buscaron desacreditar los intentos de subir impuestos que tengan impacto en el 60

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4”La industria tabacalera despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir las políticas de salud”

precio final, al argumentar que con esa medida lo único que se lograba era aumentar el contrabando. Los ejecutivos del sector utilizaron incluso datos contradictorios con la información oficial. Mientras que las firmas difundían en medios de comunicación y en campañas callejeras que el comercio ilegal se había quintuplicado, cifras oficiales citadas en el informe indican que el contrabando se redujo “significativamente” en los últimos años. Sin embargo, también en los últimos años crecieron sin control los expendios de cigarrillos en los que se venden sueltos y a niños y niñas, pese a que la ley lo prohíbe expresamente, dice a IPS el experto Erick Ochoa, de la FIC México. “De nada sirve ratificar el convenio marco y contar con una legislación sólida si después no se cumple con ambos instrumentos en los hechos”, remarca Ochoa. “Las buenas intenciones no bastan, se requiere voluntad de una dirigencia política dispuesta a diseñar una normatividad sólida y que se cumpla”. En tanto, en Brasil, pionero en vedar la publicidad (desde 2000), también hay interferencias. Como la CONTRALÍNEA


CONTRALÍNEA

Archivo Contralínea

Saúl López/Cuartoscuro

prohibición no alcanza al interior de los puntos de venta, los cigarrillos, que antes se adquirían sólo en quioscos, ahora se comercializan también en panaderías, supermercados, puestos de diarios o discotecas. Según el informe La salud no se negocia, la filial de la empresa trasnacional British American Tobacco presentó en 2012 una demanda judicial contra la Alianza de Control del Tabaquismo, para que la entidad retirara de la televisión un spot que llamaba a imitar el consumo de cigarrillos. La justicia rechazó la demanda. El litigio también fue el camino elegido por la industria en Uruguay, donde por ley se prohíbe fumar en todos los lugares públicos bajo techo y que desde 2009 aprobó por decreto la exigencia de pictogramas de advertencia de enfermedades en 80 por ciento del espacio de cada cara del paquete de cigarrillos. La firma trasnacional tabacalera estadunidense Philip Morris demandó a Uruguay ante tribunales internacionales por la presunta afectación de inversiones, pero el gobierno del izquierdista Frente Amplio mantuvo la misma postura que impulsó la norma en 2008 (www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=1 8256&Anchor=).

En Colombia, donde la prohibición de publicidad es completa, se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que fueron rechazadas. Luego se avanzó sobre los comercios al ofrecer el patrocinio de actividades de la Federación Nacional de Comerciantes, con encuentros en todo el país. Las empresas tabacaleras financian los encuentros de quiosqueros y organizan concursos, descuentos, premios e incentivos para el sector. “Hasta ofrecen becas para la universidad a los hijos de los comerciantes”, dice Alderete. Pero mayor inquietud provoca a las organizaciones no gubernamentales la promoción de programas contra el trabajo infantil, actividades artísticas y culturales, o proyectos de reinserción de desmovilizados (exmiembros de organizaciones armadas ilegales de izquierda y de derecha) y sus familias, que suelen tener como socios a organismos del Estado que comparten esos fines. Así, es posible encontrar en diarios trabajos periodísticos con títulos tales como “Programas sociales de la firma Coltabaco han beneficiado a 13 mil 500 desmovilizados desde 2008”. “Es una burla a la prohibición completa y no es percibido como estrategia publicitaria”, denuncia el informe.3

4Las trasnacionales tabacaleras difundieron un supuesto crecimiento exponencial del contrabando de cigarros para fomentar su mercado

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EX LIBRIS

Policía democrática para una sociedad en crisis Álvaro Cepeda Neri*

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na nueva edición del libro Policía y sociedad democrática, con 13 completísimos ensayos, obliga a esta reseña para que los lectores se hagan de un documento necesario, hoy que en nuestro país se debate cómo resolver el gravísimo problema de la inseguridad, provocada por omisiones –no pocas veces intencionales– de los gobernantes, quienes permitieron el aumento de las delincuencias encabezadas por los cárteles del narcotráfico que desafían a las

instituciones, y a las cuales también han penetrado. La nación está atenazada por mafias armadas y dispuestas a todo para mantener sus fines y defender el terreno ganado que vulnera la vigencia jurídica, ya que los delincuentes han impuesto su “ley del más fuerte”. Aterrorizan a la población, cobran “impuestos”, hacen “justicia” por propia mano y son un poder fáctico, un “Estado” dentro del Estado constitucional. José María Rico compila los 13 textos, escribe el 62

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prólogo y los temas: “Presupuestos para una reforma de la policía” y “Sistemas comparados de policía”. Entre sí se complementan para una visión centrada en que “la policía debe estar al servicio de la comunidad, siendo su razón de ser la de garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley reconoce”, pues en una sociedad abierta, el individuo y la sociedad construyen su convivencia al ejercer las libertades constitucionales en un estado de derecho. Sociedad abierta como conquista. En palabras de Immanuel Kant: “para ir del estado de naturaleza autoritario en la cual cada quien sigue sus caprichos, y debe unirse con los demás en una asociación y someterse a un orden legal de contenidos, de fines republicanos”. Los autores de los otros ensayos son especialistas en teoría y práctica para mantener la paz pública. Son servidores públicos y nunca enemigos o adversarios de quienes constituyen la sociedad abierta o sociedad civil. En esos textos se obtiene una concepción de lo que debe ser el trabajo policiaco y de que el gobierno debe enterar a sus gobernados, si es que quiere su colaboración en el desempeño del poder policiaco. Una policía democrática y que no sea represiva. Que contribuya a la convivencia pública y a la tranquilidad privada, donde la calle y los domicilios sean vasos comunicantes para la máxima paz social. Los ensayos van de la mano del principio fundamental propuesto por Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (17381794), en su siempre actual y moderno Tratado de los delitos y de las penas (1764), donde se estableció que “es mejor evitar los delitos que castigarlos”. Las policías en las democracias han de llevar consigo, en lugar de pistola y garrote, la Constitución Política para respetarla y hacerla respetar, con un comportamiento apegado a la ética de la honradez (para lo cual han de ser servidores públicos lo mejor remunerados y con condiciones de bienestar para ellos y su familia), al facilitar su organización con una planta de abogados para la defensa de la ley. “Actualmente, los policías no pueden vivir aislados, dándose cuenta de que el problema de la delincuencia es un fenómeno social mucho más amplio, del cual deben ocuparse todos los sectores de la sociedad, sin excepción alguna”.3

Ficha bibliográfica: Autores: José María Rico y colaboradores Título: Policía y sociedad democrática Editorial: Alianza Universidad, 1983 *Periodista CONTRALÍNEA


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AGENDA CULTURAL Octavio Salas

TEATRO4El malentendido. La claridad del pensamiento es lo que rige cada escena, lo preciso de las motivaciones, el hastío de lo rutinario, un objetivo supremo. Hay quienes quieren escapar de su patria yerta, hay quienes no están conformes con lo que les brinda el horizonte a través de la ventana: extensiones tantas veces repasadas, viejas, aprendidas, agotadas; hay quienes quieren, con urgencia, escapar… El nuevo día dejó hace mucho de ser inspirador; ahora es molesto, insuficiente. La salvación será entonces emprender la huida, alejarse de las mismas paredes y las mismas sillas. El anhelo será enfrentarse a otro sol y respirar un otoño distinto, comenzar de nuevo. Lo que no hay es el sentido de la espera. Lo que se vislumbra en la imaginación, lo único asequible. Si no fuera por eso, nada quedaría. En ese lugar ya todo está ajado aunque impecable; se nota el cansancio, la frustración, en un espacio violentado por el deseo de no estar más tiempo ahí, en donde ya no queda nada. Acaso algunos vagos y ruinosos recuerdos de lo que fue una familia y que sólo reafirman las ganas de apartarse. Pero también existe la complicidad, un vínculo que no permite el abandono entre un par de mujeres que se conocen bien, mujeres decididas, imbatibles. Madre e hija quienes aguardan que llegue el último huésped para matarlo, robarle y salir de ahí… Sin ser así desde el principio, sí es la consecuencia de dos almas cuya frustración las alienta. Y es que es la única manera en la que ambas mujeres lograrán su objetivo: cerrar el negocio del hostal sin concurrencia y marcharse a un sitio en donde irrumpa el sonido del mar… El huésped llega. Mísero huésped arrastrado por el arrepentimiento; obcecado personaje que se deja llevar por pueriles desenfados; hijo pródigo que regresa como un cliente más después de 20 años. Llegar a casa, a la madre, a la hermana, como un acto reivindicatorio, como un súbito acercamiento al lugar en el que ya no lo esperan es la intención. Aciaga suerte de un hombre enamorado, dichoso, que sólo busca reconciliarse con el pasado y sus raíces. Mas este hombre no quiere que ni su madre ni su hermana lo reconozcan, porque piensa que la jugarreta de volver será una sorpresa feliz para ellas. Ha decidido volver para colmarlas de dicha, compañía y riqueza, para presentarles a su esposa (quien se tiene que hospedar en otro sitio para hacer más grande la sorpresa cuando llegue al día siguiente) y reavivar la calidez familiar añorada; pero primero quiere sondear, enterarse si lo han reconocido, si lo han extrañado o

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si lo atenderán con la frialdad que seguramente caracterizará el trato que tienen hacia cualquier cliente. Pero “el corazón no tiene mucho que hacer aquí”, a decir de la hermana (Marta). La intimidad ni lo que se ha vivido (perdido) en ese hostal no es de la incumbencia del viajero. No hay familiaridad. Hay desconfianza. Hay detrás de la presencia del incauto un plan, mismo que él dista mucho de imaginar. El viajero, el hijo que había estado extraviado (Jan), no tiene palabras. No sabe cómo decirle a su hermana que es él, que se ha casado y que es feliz porque ha vuelto lleno de alborozo; no puede decirle a su madre que le pesa no ser identificado por ella… Pero ya habrá tiempo, él lo planeó así: “Aprovecharé la ocasión para verlas desde afuera. Me daré cuenta mejor de lo que las hará felices. Después inventaré el modo de darme a conocer... Sólo basta encontrar las palabras...”. Sin embargo, el plan de las mujeres es implacable pese al cansancio y el hartazgo de la madre por los tantos crímenes cometidos; y a pesar de que saben que la aniquilación de aquel ufano e indiscreto huésped es lo único que esperan, los enfrentamientos morales y la disputa por la razón se tornan impostergables: dar o no la última muestra de voluntad. El tiempo se acorta y deberán decidir con rapidez. Pero la ausencia de palabras suscitará el malentendido... Es con esta puesta en escena del novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino-francés Albert Camus (1913-1960) que la Compañía Nacional de Teatro celebra los 100 años del natalicio del Premio Nobel de Literatura 1957. Obra, de profundas reflexiones sobre la existencia y las emociones humanas. Dirigida por Marta Verduzco, la obra genera en el espectador un agudo malestar por el contraste entre lo impactante del argumento, el peso emocional y la cercanía de los temas que trata, con un escenario luminoso y pulcro; sorprendente, en cuanto a la sencillez del trazo y la energía actoral a cargo del elenco estable de la Compañía. En esta ocasión, las actuaciones corren a cargo de Ana Ofelia Murguía, Farnesio de Bernal, Emma Dib, Rodrigo Vázquez y Érika de la Llave. Cuenta con la música original de Joaquín Gutiérrez Heras (de quien se conmemora su primer aniversario luctuoso) y el trabajo escenográfico y de iluminación de Gabriel Pascal. 4Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, atrás del Auditorio Nacional (hasta el 21 de abril; jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 19:00 horas, y domingos, 18:00 horas; por el asueto de Semana Santa, los días 28, 29, 30 y 31 de marzo no habrá función).

CONTRALÍNEA


Refuerza Veracruz su programa

POLICÍA ESTATAL CONTIGO a la población, y fortalecer la confianza en los cuerpos policiacos. En este año ya suman 33 jornadas, es decir, 33 municipios cubiertos, pero el objetivo de la SSP estatal es llegar a los 212 ayuntamientos. Con este programa social, la nueva policía estatal muestra su visión humanitaria, pues sus elementos especializados ofrecen consultas médicas, odontodológicas, servicios de optometría, entre otras acciones de asistencia. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, la nueva mística de la policía estatal veracruzana es el servicio al ciudadano, y las jornadas itinerantes de trabajo social buscan inhibir actos delictivos. A través de talleres, charlas y dinámicas enseñan a niños, jóvenes y adultos, los nuevos policías estatales presentan las acciones de prevención social, sobre las medidas de seguridad que se deben tomar en la casa, en la escuela o en las calles. Entre la información se incluyen medidas de prevención al hacer uso de las redes sociales, qué hacer en casos de bullying, de llamadas de extorsión o de fraude, sobre las líneas de auxilio 066 y denuncia anónima 089 y su correcta utilización. Policía Estatal Contigo es un programa que reforzó el Gobierno del Estado de Veracruz, e implementa la SSP para acercarse y apoyar a las comunidades más apartadas. El 18 de noviembre de 2012, la SSP puso en marcha este programa itinerante con un objetivo primordial, prevenir el delito a través de la proximidad social de la institución y sus elementos con los habitantes de cada ciudad, quienes a su vez, resultan beneficiados con las actividades gratuitas incluidas en el esquema de trabajo planteado por la SSP.

Se trata de acciones de acercamiento, vigilancia, labor social e información Xalapa, Ver.- Con jornadas itinerantes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz trabaja para transformar la imagen de la policía. Con el programa Policía Estatal Contigo, los elementos de seguridad no sólo se encargan de la vigilancia en los municipios, también tienen bajo su responsabilidad jornadas de trabajo comunitario y de información para promover la prevención social. Se trata de acciones bajo el modelo de proximidad social que la SSP de Veracruz implementa para acercarse más


CARTÓN

Regalo prometido

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Miguel Galindo

CONTRALÍNEA


ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L


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