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y relaciones laborales. Estas decisiones, además no han contado con el respaldo de la Asamblea Nacional, el único órgano legislativo reconocido por la mayoría de los países. Con un cambio de gobierno todas estas medidas inconstitucionales podrían ser revertidas. Por ello, para atraer las inversiones que necesita con urgencia, el gobierno, con toda seguridad, buscará darle un piso de legitimidad constitucional a todas estas políticas de orden neoliberal. Es, sin embargo, muy poco probable que estas modificaciones constitucionales alterasen la percepción del país y sean capaces de generar la ansiada confianza. En segundo lugar, para permanecer en control del Estado por tiempo indefinido, la actual dirigencia política del gobierno-PSUV tendría que modificar sustancialmente la estructura jurídico política del Estado Venezolano, dejando a un lado o acotando severamente las "rémoras" de la democracia representativa liberal. Con un sistema político basado en elecciones universales, directas y secretas y con suficiente legitimidad como para que participe en éstas la mayoría de los ciudadanos, el gobierno no puede garantizar su control sobre el aparato del Estado. Para ello son diversas las modalidades de organización del Estado, y sobre todo del régimen electoral, basados en otros principios que, como en los tiempos del socialismo realmente existente, a nombre de profundizar la democracia termine por liquidar toda posibilidad de expresión democrática. Podrían incorporarse al nuevo diseño constitucional elecciones de segundo grado, o elecciones basadas en organizaciones y sectores sociales que puedan ser controlados por el gobierno. Un paso en esta dirección ya se dio en las elecciones de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente donde se estableció un régimen discriminatorio que dividía arbitrariamente a la población entre ciudadanos de primera, con derecho a dos votos, y ciudadanos de segunda con derecho a un solo voto. En un contexto de divisiones internas y mucho malestar en las bases por la situación del país, se realiza a partir de finales de julio 2018 el IV Congreso del PSUV, con unos 670 delegados. En las semanas previas a su realización diversas voces, incluso de altos dirigentes, argumentaron públicamente que había llegado el momento de democratizar el partido y darle más peso a la opinión de las bases. En este congreso el vicePresidente del partido propuso que Nicolás Maduro fuese ratificado y electo como presidente del partido. Propuso adicionalmente "otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que el presidente Maduro tome todas las decisiones que él considere convenientes para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, y cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución" [51]. Esto fue aprobado por aclamación. "Democrática" y "voluntariamente", los delegados al congreso del PSUV aceptan que todas las decisiones las puede tomar el líder máximo. Se repite así el verticalismo y la total ausencia de democracia partidista interna propia de los tiempos más oscuros del estalinismo.

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Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

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