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fuerza armada tiene mucho que perder con un cambio de gobierno. Además de condiciones salariales muy superiores a los del resto de los empleados públicos, una elevada proporción de los masivos niveles de corrupción de este gobierno han sido llevados a cabo por integrantes de algunos de los cuerpos de las fuerzas armadas. En cuanto al futuro de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno ha dado señales contradictorias. Inicialmente se había anunciado que su tiempo de vigencia sería por dos años. Sin embargo, de acuerdo a Diosdado Cabello, presidente de dicha Asamblea, esta podría extender su vigencia hasta cuatro años más [49]. Dado su carácter "plenipotenciaria" y "supraconstitucional", podría prolongar su vigencia por tiempo indefinido. La elaboración de un nuevo texto constitucional parece estarse llevando a cabo en secreto, al margen incluso de los y las integrantes de dicha Asamblea Constituyente. No existe, por tanto, información pública confiable sobre lo que podrían ser sus orientaciones fundamentales, sobre qué es lo que se busca con una nueva constitución que no pueda lograse con la constitución del año 1999. Hay sin embargo dos hipótesis principales, probablemente complementarias sobre lo que podrían ser los objetivos principales del nuevo texto constitucional. En primer lugar, buscar opciones a corto plazo ante la severa carencia de recursos con los cuales cuenta el Estado para responder a la crisis que vive en país. Con toda seguridad el gobierno está consciente de que en las condiciones actuales se le está acabando el tiempo. Ante la urgencia de nuevos ingresos, durante los últimos tres años ha venido tomando medidas para atraer al capital trasnacional, las más importantes de las cuales fueron la creación por decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, la creación de la zonas económicas especiales, y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de una nueva ley de promoción y protección de la inversión extranjera [50]. Sin embargo, a pesar de las condiciones extraordinariamente favorables ofrecidas al capital extranjero, tanto en términos de flexibilidad regulatoria como de incentivos fiscales de todo tipo, y de las extraordinarias riquezas energéticas y mineras que está ofreciendo el Estado a las trasnacionales, los torrentes de inversiones que esperaba el gobierno no han llegado. Y esto, fundamentalmente, porque se trata inversiones de gran escala que solo serían rentables a mediano y largo plazo. Para ello las empresas, además de las condiciones favorables que les ofrece el Estado venezolano, requieren tanto de estabilidad política como de seguridad jurídica. Ninguna de esas dos cosas está hoy garantizada en el país. No hay seguridad jurídica porque todos los decretos, normativas, y contratos de esta nueva política minero/energética son anticonstitucionales y violatorias adicionalmente de las leyes de hidrocarburos, y la legislación referida a pueblos indígenas, ambiente

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Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

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