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asamblea podría ser cuestionado. La mayoría de sus decisiones iniciales fueron adoptadas por aclamación o por unanimidad. Sin debate. En lugar de abordar la tarea para la cual supuestamente fue elegida, la redacción de un nuevo proyecto de constitución, comienza a tomar decisiones referidas a todos los ámbitos de los poderes públicos, destituye funcionarios, convoca elecciones en condiciones destinadas a impedir o hacer muy difícil la participación de quienes no apoyan al gobierno, aprueba unas denominadas "leyes constitucionales" que carecen de un correspondiente marco constitucional. Se aprueba una represiva Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia que contempla penas hasta de 20 años de cárcel para quienes, a juicio de las autoridades, emitan mensajes de odiopor los medios o por las redes sociales. Aprueba una nueva ley de promoción de inversiones extranjeras con el fin de ofrecer las condiciones y la seguridad jurídica reclamada por las corporaciones transnacionales para la explotación del Arco Minero del Orinoco, expresión del sueño del gobierno de reemplazar el extractivismo petrolero por el extractivismo minero. Incluso aprueba en forma acelerada, a solicitud del Presidente Maduro, una ley de carácter retroactivo mediante la cual se le quita personalidad jurídica a los partidos que no habían participado en las elecciones de alcaldes de diciembre del 2017. Se impide la elección de candidatos de izquierda diferentes a los decididos por la cúpula del PSUV, como fue el caso de un candidato de amplio apoyo popular, militante del PSUV y respaldado por los partidos aliados del PSUV, que, habiendo cumplido con todos los requisitos para postularse, ganó las elecciones en el Municipio Simón Planas del Estado Lara por una muy amplia mayoría.[28] El Consejo Nacional Electoral, bajo instrucciones de la ANC, se negó a reconocer dichos resultados y nombró como alcalde al candidato designado por la cúpula del PSUV. Un fraude similar ya se había dado poco antes en las elecciones de gobernador en el Estado Bolívar. De acuerdo a las actas electorales, ganó estas elecciones Andrés Velázquez, candidato de la oposición. La manipulación del sistema electoral para garantizar el control por parte del gobierno se repitió en las elecciones presidenciales realizadas en mayo del año 2018. Estas elecciones estaban previstas, de acuerdo a la Constitución, para el mes de diciembre del mismo año y fueron convocadas sorpresivamente para el mes de mayo. Dadas las divisiones y su carencia de rumbo político claro y el hecho de que la mayoría de los partidos de oposición habían sido inhabilitados, así como la falta de tiempo para negociaciones o la realización de elecciones primarias para seleccionar un candidato unitario, la mayor parte de la oposición del más amplio espectro político no participó estas elecciones. Se ejerció desde el exterior, particularmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, Luis Almagro, Secretario General de la OEA y del Grupo de Lima, una muy fuerte presión sobre los partidos de la oposición para que se abstuvieran en dichas elecciones con el fin de contribuir de esa manera a deslegitimar aún más al gobierno

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Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

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