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En estas nuevas condiciones, en Venezuela, independientemente de los plazos y normas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente, se han realizado elecciones solo en las fechas que el gobierno ha considerado conveniente, con normas y modalidades de participación decididas por el gobierno, y solo con la participación de los partidos y los candidatos que el gobierno decide aceptar. El primer paso en esta dirección fue impedir arbitrariamente la realización del referéndum presidencial revocatorio en el año 2016, a pesar de que se habían cumplido, superando sistemáticos obstáculos impuestos por el CNE, los requisitos establecidos en la Constitución. El referéndum revocatorio había sido reivindicado por el gobierno de Chávez como una de las conquistas democráticas participativas más importantes de este proceso. Igualmente, se postergaron inconstitucionalmente las elecciones de gobernadores de diciembre del mismo año. En mayo del año 2017, asumiendo para si atribuciones que de acuerdo a la Constitución corresponden al soberano, esto es al conjunto de la población, Maduro convoca elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Para ello se diseña una novedosa y compleja ingeniería electoral destinada a garantizar el triunfo del gobierno. En este diseño electoral se combinan votos territoriales con una extraordinaria sobre representación de las zonas de menor población, con votos sectoriales (trabajadores, estudiantes, jubilados, etc.), en que arbitrariamente dejan afuera a aproximadamente cinco millones de ciudadanos que no entran en ninguno de estos sectores. Entre los meses de junio y julio del 2017 se dieron masivas movilizaciones de rechazo a esta convocatoria en todo el país, sobre todo en Caracas. Estas fueron convocadas por los partidos de la oposición, pero se convirtieron en una muy ampliamente extendida expresión de rechazo al gobierno que superó en mucho a los sectores sociales identificados con dicha oposición. Producto tanto de una agresiva política represiva por parte del gobierno, como de la acción violenta de grupos de extrema derecha, se produjo un saldo de más de 130 muertos. A pesar de los elevados niveles de rechazo a esta convocatoria, el gobierno siguió adelante con su proyecto de Asamblea Constituyente. La oposición quedó profundamente fragmentada, desmoralizada y perdió legitimidad ante sus seguidores. Dado el carácter anti-constitucional de la convocatoria y el tramposo sistema electoral creado para estas elecciones, ningún sector de la oposición, de derecha o de izquierda, participó en éstas. Se eligió así una Asamblea Nacional Constituyente monocolor en que sus 545 integrantes estaban identificados con el gobierno. Esta asamblea, una vez instalada, se auto proclamó como supra constitucional y plenipotenciaria, esto es, un poder absoluto, sin contrapeso, con lo cual, de hecho, quedó derogada la Constitución del año 1999 ya que la constitucionalidad de ningún acto de esta nueva

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Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

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