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Como se argumentará más abajo, a mediados del año 2018 todavía no llegaban las grandes inversiones de trasnacionales esperadas por el gobierno, fundamentalmente por la ausencia de seguridad jurídica para éstas. Si embargo, la minería ilegal de oro y coltán se expande aceleradamente con la participación de decenas de miles de mineros. Esta vasta extensión del territorio nacional se ha convertido en un territorio al margen del Estado, al margen de toda legalidad. Agrupaciones armadas, paramilitares, integrantes del ELN, disidentes de las FARC, bandas criminales denominadas "sindicatos", controlan diferentes sectores dentro de estos territorios y fijan los precios a los cuales obligan a los mineros a vender los minerales extraídos. Todo esto con la complicidad de integrantes de la fuerza armada venezolana. Esta actividad minera ilegal opera con elevados niveles de violencia, son frecuentes las muertes de mineros por disputas territoriales, y con severos impactos socio ambientales. Para la minería del oro se utiliza en forma masiva el mercurio que ya se encuentra en grandes concentraciones en madres y niños de la zona. Niñas indígenas son raptadas en sus comunidades para someterlas a la prostitución en los campamentos mineros. Las tendencias autoritarias del gobierno de Maduro En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015 la oposición organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[27] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea. La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se había resquebrajado, la oposición ganó en muchos centros electorales ubicados en sectores populares que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno. Con esta mayoría calificada, la oposición podía nombrar a los y las integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y aprobar leyes orgánicas sin necesidad de negociar con los representantes del gobierno. De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano, 20 de un total de 23 gobernaciones y una gran mayoría de los municipios del país), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional. El gobierno de Maduro se encuentra así ante un serio dilema. Si reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias y la nueva correlación de fuerzas en que ya no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, pasaría a una situación en que tendría que necesariamente negociar con las fuerzas de la oposición. Si se mantuviese fiel a la constitución y respetase los resultados electorales no podía garantizar su permanencia en el gobierno. Opta claramente por preservar el control del Estado a como

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Continuidad y Cambio, año 8, Nº 118, mayo 2019  

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