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Se dice que el poder es una droga, que quien la prueba difícilmente puede dejar de disfrutarla y sin duda, los políticos mexicanos no están exentos de ello; se llega al poder por cualquier medio y se mantiene este de la misma manera: el poder por el poder. Sin embargo como medio de control a éste se encuentra el Estado de Derecho, que presupone el apego de cualquier autoridad a las normas constitucionales y legales, lo que se traduce entonces en la protección de los derechos y las libertades por parte del gobernado. Es decir por un lado el Estado debe de respetarlas y además garantizarlas.


Nuestro sistema Electoral parece que fue creado en un partido único, uno que no tenía oposición verdadera. Tan es así es que durante más de cincuenta años fuimos gobernados por uno, por lo que el sistema estaba bien diseñado: que soportaba cualquier embate que se le pretendiera dar. Sin embargo ante el abandono del statu quo que se mantenía, parece ser que el sistema colapsaba, por ello que tuvo que ser reformado y mayormente reglamentado, con la creación de un organismo autónomo, un Tribunal Constitucional Electoral, mayores limitaciones en los tiempos de campaña, limites de recursos a través de la fiscalización, observadores internacionales, etc.


Ante la reglamentación meticulosa en materia electoral, sin duda el panorama no suena muy bueno, para aquellos quienes a toda costa pretenden ascender o llegar al poder o quizás simplemente mantenerlo. El pluripartidismo, sin duda, por lo menos en el papel hace posible que partidos de oposición puedan aspirar a cargos de elección popular.

Nadie puede negar la importancia que para el estallido de la Revolución en Mexica tuvo la entrevista entre Porfirio Díaz y Creelman en la cual en esencia el mandatario de casi ochenta años, señalaba que al finalizar su periodo se retiraría y por lo tanto habría elecciones, en el sentido natural de la palabra, es decir dar la oportunidad de elegir. Hecho que sin duda no sucedió. Sin embargo entre quienes creyeron que esto podría pasar se encontraba Francisco I. Madero, quien pretendía postularse a las elecciones, la reacción del Porfiriato fue de inmediato iniciarle un proceso penal a Madero acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, logrando escapar este, lo que provoco la promulgación del plan de San Luis, que es el mismo que formalmente inicia la Revolución. Es trascendente este hecho, porque quizás es la genealogía en México, del uso del derecho como herramienta para aniquilar al enemigo a través de la misma legalidad.


La actual distribución de los poderes de los Estados, confiere al ejecutivo el monopolio de la acción penal, es decir, a través del Ministerio Publico es quien investiga y consigna ante los tribunales a quienes considera han materializado un delito, como segundo punto es la existencia de un poder ejecutivo, el cual aun y con su independencia que le confiere la Carta Magna, sin duda en muchas ocasiones se encuentra por lo menos materialmente subordinado al poder del ejecutivo. En el proceso electoral de 2010, hubo dos casos en los cuales, se dejo entrever quizás el uso del derecho como herramienta para aniquilar al enemigo, se trata del caso de dos candidatos a Gobernador, que en sus respectivos Estados se presentaban como oposición al Partido que detentaba el poder, quienes fueron indiciados por las respectivas fiscalías de sus Estados como Probables Responsables, por lo que la institución ministerial ejercito acción penal en contra de ellos, trayendo en consecuencia sus respectivas suspensiones de derechos político electorales, es decir, el derecho a ser votados. Como antecedente de esto, la Procuraduría General de la Republica, meses antes había detenido a funcionarios del Estado de Michoacán, quienes uno a uno fueron liberados por falta de elementos, por jueces federales, esto días antes del proceso electoral del estado.


Sin duda estas acciones traen a la memoria aquello que hemos recordado, el encarcelamiento de Madero, producto de las ambiciones porfiristas de retener el poder, utilizando como medio las facultades del Estado. No podemos asumir la inocencia o culpabilidad de los involucrados en las detenciones o vinculaciones en los procesos a que hemos hecho referencia, ya que ese es el papel de quien tiene la labor de juzgar, sin embargo lo que si podemos hacer es referirnos a las incongruencias del sistema de justicia mexicano, que en este caso es el de la colisión de los principios de presunción de inocencia y el de legalidad, en efecto, se trata de una antinomia que debe de ser resuelta, por lo menos para evitar suspicacias y tener una mayor transparencia en los procesos de elección de nuestros gobernantes. “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” reza una frase comúnmente utilizada por todos, sin duda es una traducción simple del principio de inocencia que se ha consagrado en nuestra Constitución, en efecto, se debe de presumir la inocencia de cualquier persona hasta en tanto no haya una sentencia definitiva que afirme que se es culpable o no, sin embargo el sistema de justicia penal en México, prevé como medidas entre otras la privación de la libertad tratándose de delitos considerados graves, así como la suspensión de los derechos políticos, mismos que son efectos del llamado auto de vinculación a proceso, es decir son dictados como medidas antes de que acontezca la sentencia de la que ya hemos hecho referencia, lo que para muchos se traduce en una pena por el hecho de estar vinculados a un proceso penal, es decir antes de que se acredite la


Responsabilidad Plena en el Delito, esto parece contradictorio con la frase “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Es así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo que resolver esta colisión de principios, señalando que si el candidato no está privado de su libertad, es que no se le suspenderán los derechos políticos y si lo está pues si se le suspenderán, quizás esto abra la puerta a que ahora en vez de encausar a alguien por un delito no grave se les encause por delitos graves y así lograr el fin último, dejar fuera de la contienda electoral al adversario. La solución parece difícil, sin embargo se podría iniciar implementando la desvinculación de la institución del ministerio público del poder ejecutivo, logrando en consecuencia su despolitización. Por otro lado se podría incluir como requisito para el registro de candidatos una constancia que emitieran las instituciones ministeriales, en las cuales se señalara que el candidato no está sujeto a investigación o proceso penal alguno, esto con el fin de evitar sorpresas desagradables, así como quizás un compromiso de las Fiscalías a no solicitar orden de aprehensión de un candidato, ni publicitar sus investigaciones en torno a este mientras se encuentre en campaña, quizás con algunas limitantes como delitos flagrantes.


Ensayo