EDITORIAL
Del mismo modo que en 1995, hoy este Consejo Directivo asume los retos de nuestro tiempo. Casi veinticinco años después, ya no es suficiente construir viviendas, sino desarrollar ciudades y territorios de modo que no genere injusticias sino más bien que promueva el sentido de pertenencia, de orgullo, de amor propio, de integración, sentimientos que sin duda ha provocado la gastronomía peruana. No es posible que la riqueza y las fuentes de trabajo se ubiquen lejos de donde viven las personas; no solo se trata de acercar a la gente sino también de acercarles la riqueza y el desarrollo. Por ejemplo, en el mediano plazo se desarrollará el Puerto de Chancay y será el más importante de la costa peruana ¿cómo se desarrollará el territorio que lo rodea? ¿quién asumirá los costos y quién obtendrá sus beneficios? ¿vamos a dejar que se invada o se subdivida al capricho de los dueños del suelo o vamos por fin a hacer ciudad que permita un desarrollo como el de Corea y Singapur, países que tanto admiramos? El segundo desafío es el de fortalecer las instituciones públicas que están a cargo de la normativa y la regulación nacional; quien hace las normas urbanísticas diseña las ciudades y define lo que se va a construir, no depende de la voluntad de los constructores, por eso la importancia de fortalecer la capacidad de regulación del Estado y a su vez simplificarla. Es una locura total que Lima y Callao tengan 50 alcaldes que deciden, cada uno por su lado, en qué condiciones se desarrolla y construye en su distrito. Esto es fuente de injusticias y de corrupción. Es mucho mejor tener una buena oficina de planificación y gestión metropolitanas que articule la ciudad con las provincias aledañas, que depender del humor de 50 señores feudales que interpretan la ley a su antojo y anulan licencias porque “los vecinos no quieren”. En lugar de tener a cientos de comunidades campesinas, a la SBN, a las Fuerzas Armadas y distintos ministerios controlando las tierras aprovechables para el desarrollo de nuestras ciudades, es mejor tener una sola empresa pública de suelo urbano.
Quien hace las normas de financiamiento determina el esfuerzo que tendrá que realizar cada familia para adquirir su vivienda. Hoy, a contracorriente con la reducción del tamaño de las viviendas estamos viendo la extensión de los plazos de pago de los créditos hipotecarios. Llevar estos préstamos a 25 años para adquirir viviendas cada vez más pequeñas y que quedan menos tiempo en manos de las familias, no les permite formar patrimonio. Sino miremos el ejemplo de Chile, donde las personas llegan a jubilarse y siguen obligados a trabajar, no solo porque su pensión de AFP no les alcanza, sino porque pasaron los 65 años y aún tienen crédito hipotecario. La pregunta no es si las viviendas son más caras o más baratas, sino cual es la calidad que buscamos y cuál queremos que sea el destino de nuestros hogares de clase media, si queremos que lleguen a la edad de jubilación con casa propia totalmente pagada o llenos de deudas. En ese sentido, es llamativo que mientras la economía del Perú crece a tasas cada vez más bajas, las utilidades de todos los bancos del país batan récords año tras año. En resumen, en términos inmobiliarios, el Perú de hoy, que va derrotando a la pobreza enfrenta dos grandes desafíos. Uno, ganar la batalla a las mafias de informalidad llevando ciudades y viviendas formales. Dos, mejorar la calidad de las viviendas de la clase media y permitirles generar riqueza, patrimonio, garantías para su futuro. A pesar de lo mucho que ayudaron las libertades económicas al progreso del Perú, hoy esa forma de llevar la economía en el país está siendo cuestionada. La generación del 93 sabe que el esfuerzo se recompensa, que el trabajo permite el progreso y que el emprendimiento tiene premio. Si los peruanos hemos sido capaces de desarrollar infraestructura deportiva de primer mundo como la de los Panamericanos, no hay ninguna razón para no poder hacer ciudades del primer mundo, más formales y humanas, más justas. Ese es el compromiso que sigue guiando a la Cámara Peruana de la Construcción. g
Humberto Martínez Díaz Presidente
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