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EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE CALIDAD

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nanciamiento, la estandarización de sus prácticas, la falta de formación de sus agentes educativos y las prácticas de corrupción a que da lugar el sistema de “estímulos” de sus procesos de “certificación”, para cumplir las metas de los gobiernos en turno. El Estado debe asumir los costos que implica el pago ineludible de la deuda social en educación a los jóvenes y adultos de 15 años y más, por medio de una política integral de Estado y no de gobierno, asociada a saldar el pago de la deuda social que tiene con ellos también en materia de salud, nutrición, vivienda, trabajo y medio ambiente. En su vertiente educativa deben asignarse los recursos humanos, materiales, financieros y de organización que demandan la magnitud, complejidad y diversidad de su atención, donde deben estar incluidos todos los adultos, a diferencia de los programas sectoriales de educación de adultos de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto. El INEE autónomo, ejerciendo plenamente su autonomía, debe ocuparse de lo que constituye su responsabilidad fundamental, que es evaluar que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar el ejercicio del derecho de la población a una educación obligatoria de calidad en los términos que plantea el Modelo interdisciplinario y multifactorial propuesto por Carlos Muñoz Izquierdo, y que se encuentra incorporado en el artículo 5 de la fracción III de la Ley del INEE vigente. Para ello deben desarrollarse y aplicarse indicadores que permitan evaluarlo y hacerlo exigible y justiciable, como en su último ensayo propuso al INEE Pablo Latapí Sarre.34 El INEE, con una organización reducida pero estratégica, ágil y flexible, como propuso Carlos Ornelas, debe apoyar y fortalecer la capacidad de investigación e innovación educativa con que cuenta el país, de manera que le permita orientar estratégicamente el cumplimiento de sus funciones y asegurar su presencia, así como la eficacia y eficiencia de sus funciones y acciones en donde tienen lugar los procesos educativos, sus componentes y resultados, por medio de acciones de evaluación formativa incluyentes y participativas que involucren a sus actores principales (alumnos, maestros, padres de familia, ATP, directivos y funcionarios), de manera que aseguren el ejercicio del derecho a una educación obligatoria de calidad. Un INEE que partiendo de la lamentable realidad en que nos han colocado las acciones y omisiones históricas del Estado mexicano y la simbiosis atípica que la SEP generó con el SNTE, incluya y apoye a todos quienes participan en la tarea educativa para lograr el ejercicio del derecho a 34 Pablo Latapí Sarre, “El derecho a la educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-marzo 2009, vol. 14, núm. 40, pp. 255-287.

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