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LA VOZ DEL

CONGRESO

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

El Palacio Legislativo abre las puertas al Perú

CONSULTA PREVIA

DEMOCRACIA E INCLUSIÓN SOCIAL

CARÁTULA: SILVIA V.

SUPLEMENTO CONTRATADO

SEMANARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

NUNCA MÁS SE GOBERNARÁ A ESPALDAS DEL PUEBLO

Edición Extraordinaria del Congreso de la República


LA VOZ DEL CONGRESO - EDICIÓN ESPECIAL

SEPTIEMBRE de 2011

Daniel Abugattás:

EL PUEBLO Y SU DERECHO A CONSULTA PREVIA “Partiendo del principio de que no hemos llegado al gobierno para ser servidos sino para servir al pueblo que nos eligió, hemos querido iniciar nuestra gestión aprobando una ley tan esperada y tan ansiada por los pueblos de nuestra Patria, especialmente aquellos que menos tienen y que viven en las comunidades  campesinas y nativas. Se trata de la Ley del Derecho a la Consulta Previa de las comunidades nati<vas u originarias, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Mesa Directiva, presidida por el congresista Daniel Abugattás Majluf, luego de la aprobación de la trascendental norma legal.

LEY DE CONSULTA PREVIA SIGNIFICA DEMOCRACIA E INCLUSIÓN SOCIAL

D

espués de muchas demandas de los pueblos nativos y campesinos, así como de estudios, debates, postergaciones y observaciones a nivel del Estado, por fin el actual Congreso de la República, que preside Daniel Abugattás Majluf, en sus primeros 30 días de gestión aprobó por unanimidad la tan ansiada Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta ley lleva la democracia a su más alto nivel  porque se trata de consultar a los pueblos antes de tomar una decisión que pueda afectar sus intereses colectivos. De esa forma se aplica la inclusión social en forma efectiva  y práctica en beneficio de millones de peruanos que viven en el campo y que siempre han sido marginados de las decisiones gubernamentales.   Hoy,  en cumplimiento de la política descentralista y de inclusión social  que propugna el Gobierno del presidente Ollanta Humala, hemos tomado la decisión unánime de aprobar  esta Ley del Derecho a la Consulta Previa, que se complementará con otra que debemos aprobar en forma prioritaria en breve plazo, que es la creación del Ministerio de Inclusión Social, para atender en forma efectiva la solución de los problemas sociales  en el marco de la lucha contra la pobreza”.    Es una publicación del Congreso de la República

Edición : Oficina de Comunicaciones

Jefe de Comunicaciones Co editores

: Ítalo Sifuentes Alemán : Jorge Torres Rodrigo, Segundo Núñez

Diseño y Diagramación Fotos Oficina

: Éver Alfonso Mamani Paja : I. Fashé, L. Mariscal, C. Cox. J. Sánchez : Plaza Bolívar s/n - Lima

Teléfono Fax

: 311 - 7541, anexos 2882 ó 2883 : 311 - 7537

Consulte en internet: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/centro_noticias

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De esta forma ella se convirtió en la primera ley aprobada por el nuevo Parlamento Nacional como expresión real de democracia participativa y de inclusión social que propugna la nueva conducción del Primer Poder del Estado. La aprobación unánime, por 113 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se produjo tras un amplio debate que se inició con la sustentación de un dictamen sustitutorio de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Frédy Otárola Peñaranda (NGP). Este manifestó que se redactó tomando como base los cinco proyectos

presentados. Señaló que, en adelante, “nunca más se debe gobernar de espaldas al pueblo” y que éste debe ser consultado sobre las leyes que afecten sus derechos colectivos. El objetivo de la ley, que fue calificada de histórica por la mayoría de los congresistas, busca lograr acuerdos o consentimientos entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios sobre la base de los principios de la oportunidad, con información oportuna y la buena fe, así como la interculturalidad, la flexibilidad y la ausencia de todo tipo de coacción. La norma indica que la decisión final corresponderá a la entidad estatal y que el acuerdo que se logre tiene carácter obligatorio para ambas partes. En el caso de que no se alcance un compromiso bilateral, corresponderá al Estado tomar la decisión que más corresponda a los intereses del país, pero adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo de los pueblos. Pasa a la pág. 3

HISTÓRICA PROMULGACIÓN

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, promulgó la Ley de Consulta Previa, en histórico y masivo acto realizado en el distrito de Imasa, en Bagua. En la trascendental ceremonia participó también el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugattás Majluf, así como la congresista y primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz (NGP). Tras la promulgación, Humala hizo mención de la lucha realizada en la gestión pasada por ex congresistas y actuales parlamentarios, entre ellos el presidente del Congreso de la

República, Abugattás Majluf, para hacer realidad la Ley de Consulta Previa, que por fin fue aprobada por el nuevo Parlamento Nacional el pasado 23 de agosto. La Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobada por unanimidad en la actual Representación Nacional. El Congreso pasado la dejó pendiente en su agenda, luego de que fuera observada por el anterior Poder Ejecutivo.

Daniel Abugattás, Ollanta Humala y Marisol Espinoza en Bagua.


SEPTIEMBRE de 2011 Viene de la pág. 2

Se precisa que estos acuerdos son exigibles, en caso de incumplimiento, en la vía administrativa y judicial.

DEBATE

La congresista Marisol Pérez Tello (APGC) propuso que en la decisión final del Estado, cuando no se llegue a acuerdo alguno, se agregue que no debe afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo de los pueblos nativos u originarios. El legislador Yonhy Lescano (AP) agregó que en la consulta debe primar la buena fe y que los acuerdos son de cumplimiento obligatorio. El legislador Roberto Angulo (NGP) dijo que, en vez de consulta, se debería dar la plena propiedad de la tierra a los nativos, mientras que el parlamentario Kenji Fujimori (GPF) expresó que la ley es un reto de inclusión social para que las comunidades participen en las decisiones del país. El congresista Modesto Julca (AP) manifestó que se ha hecho justicia a los pueblos marginados, en tanto que el legislador Vicente Zeballos (SN) opinó que la ley busca institucionalizar el diálogo. El congresista Carlos Bruce (CP) comentó que la norma evitará que se ahuyente la inversión, pero que se requiere de una acción efectiva de los funcionarios que la apliquen. La legisladora Julia Teves (NGP) expresó que la ley es una verdadera licencia social que institucionaliza la consulta a los pueblos. El congresista Néstor Walqui (GPF) destacó el hecho de que la iniciativa esté acorde con el Convenio 169 de la OIT, mientras que Lourdes Alcorta (APGC) precisó que “todos los peruanos somos dueños de la riqueza del país y no sólo un grupo de ellos”. El parlamentario José León (AP) pidió aplicar un programa de titulación de tierras, mientras que Juan Carlos Eguren (APGC) resaltó la importancia de la propuesta de la que dependerán muchos proyectos de desarrollo. Mauricio Mulder (CP) anotó que la ley afianzará la democracia en los pueblos. El congresista Juan Pari (NGP) manifestó que esta inclusión social es consecuente con el desarrollo del país y los pueblos originarios.

INCLUSIÓN

La legisladora Marisol Espinoza (NGP), primera vicepresidenta de la República, dijo que esta ley define el principio de la

Marisol Espinoza (NGP).

Eduardo Nayap (NGP).

Mariano Portugal (AP).

Rolando Reátegui (GPF).

Martín Belaunde (SN).

Claudia Coari (NGP).

inclusión social y asegura una efectiva participación de los pueblos indígenas. El parlamentario Julio Gagó (GPF) anotó que los acuerdos deben ser vinculantes, pero si ello no se logra, primará el interés de la Nación. El representante Jaime Delgado (NGP) dijo que no se trata de parar el desarrollo, sino de incluir a las comunidades en el proceso productivo nacional. Su colega Javier Diez Canseco (NGP) demandó una mayor información sobre el tema del Convenio 169 y que se incluya el término de la inclusión social, mientras que Víctor Isla (NGP) afirmó que la ley exigirá el cumplimiento del Convenio de la OIT. También expresaron su total respaldo a la iniciativa y formularon algunas recomendaciones los legisladores Claudia Coari

(NGP), Luz Salgado (GPF), Martín Belaunde (SN), Francisco Ccoma (NGP), Mesías Guevara (AP), María del Carmen Omonte (AP), Esther Saavedra (NGP), Cecilia Chacón (GPF), Mariano Portugal (AP), Carlos Tubino (GPF), Gladys Condori (NGP), Rubén Coa (NGP), Justiniano Apaza (GPN) y Rolando Reátegui (GPF), quien destacó el consenso logrado en la aprobación del dictamen. Finalmente, en un emotivo discurso, el congresista amazónico Eduardo Nayap (NGP) destacó la conducción del debate de parte del presidente del Congreso, Abugattás Majluf, para la aprobación de esta histórica ley. También agradeció a los parlamentarios y dijo que los pueblos nativos, amazónicos y andinos agradecen la decisión unánime del Parlamento.

El Pleno del Congreso sancionó la ley por unanimidad.

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Voceros de bancad

IMPORTANTE AYUDA PARA S Voceros de todas las bancadas parlamentarias saludaron la aprobación histórica de la Ley de Consulta Previa, y señalaron que no sólo ayudará a evitar los conflictos sociales, sino que permitirá al pueblo ser escuchado a la hora de ejecutar proyectos que impactan su destino.

HAY QUE REGLAMENTAR LA NORMA

HERRAMIENTA PARA EVITAR CONFLICTOS

El congresista José Luna Gálvez, vocero de la bancada de Solidaridad Nacional, demandó al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley de Consulta Previa de manera responsable para no ahuyentar las inversiones y evitar resultados negativos.

La congresista Cecilia Chacón de Vettori, del Grupo Parlamentario Fujimorista, dijo que la Ley de Consulta Previa es una herramienta positiva para tratar de evitar los conflictos sociales. Sin embargo, expresó que, si sus alcances no será bien explicada, puede crear falsas expectativas y generar un efecto inverso.

“Si el Poder Ejecutivo no trata con seriedad el tema y no lo reglamenta de forma responsable podría producirse resultados negativos, como ahuyentar la inversión privada. Lo que sería contraproducente para el país, en momentos que el mundo está en camino a la recesión”, aseveró. Manifestó su esperanza de que la norma cumpla su objetivo que es consultar de manera obligatoria a los pueblos originarios de algún tema que los afecte.

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Consideró que tanto el Estado como el Poder Legislativo están en la obligación de hacer pedagogía sobre los alcances de la norma. “Hay que explicar, por ejemplo, que la norma no tiene efecto vinculante y que solo se podrá aplicar en temas administrativos y legislativos, y que no todos serán consultados como piensan algunos sectores de la población”, dijo.

AVANCE EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS El vocero de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren Neuenschwander, comentó que el Perú es uno de los países pioneros en dar leyes para consultar a los pueblos y comunidades sobre la ejecución de proyectos de inversión. “Hemos dado un paso adelante. En el escenario internacional somos de los pocos países en el mundo que han dado esta ley. Seguramente seremos felicitados por el avance en temas de derechos humanos”, dijo. Sin embargo, el legislador advirtió que con la norma habrá más trabas y limitaciones para el avance de las inversiones en zonas más necesitadas. Al respecto, dijo que el gobierno debe armar una estructura muy eficiente para que no haya obstáculos al desarrollo.


das se pronuncian:

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SE FORMALIZARÁ DERECHO A LA CONSULTA

AHORA EL CONGRESO TRABAJA PARA EL PUEBLO

El congresista Carlos Bruce Montes de Oca, vocero del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, calificó a la Ley de Consulta Previa como una herramienta positiva para formalizar los mecanismos de consulta a las poblaciones.

La congresista María Del Carmen Omonte Durand, vocera de Alianza Parlamentaria, dijo que con la aprobación de la Ley del Consulta Previa se está demostrando que el Congreso trabaja en beneficio del pueblo.

Dijo que el reto ahora es preservar los derechos de los pueblos originarios sin ahuyentar las inversiones, sobre todo las del interior del país que son las más pobres.

“Estamos satisfechos porque la Ley de Consulta Previa también formó parte de nuestro plan de gobierno. Ahora el Estado debe demostrar que quiere consenso en la participación plena de las comunidades originarias en todos los proyectos de inversión”, dijo.

“Que se consulte a los pueblos originarios cuando sus derechos colectivos están directamente afectados, es absolutamente lógico”, anotó. Dijo que, si bien la ley no va a solucionar los conflictos sociales, sin embargo ayudará a evitarlos, en la medida que los funcionarios salgan a explicar los beneficios que tienen los proyectos de inversión.

Calificó a la norma de un gesto que abrirá las puertas al consenso. Dijo que el Estado tendrá que demostrar su capacidad de negociación, y persuasión, para llegar a un acuerdo con las comunidades nativas donde haya proyectos de inversión.

SALTO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA El congresista Frédy Otárola Peñaranda, vocero de la bancada Nacionalista- Gana Perú, dijo que la Ley de Consulta Previa es un salto de la democracia representativa a la democracia participativa, donde el pueblo es consultado cuando se trata de regular sobre su hábitat, destino y economía. Dijo que esta norma confirma que el presidente Ollanta Humala está cumpliendo con su compromiso asumido en la campaña electoral. “Es un acto de justicia que nos permitirá tener un país gobernado escuchando a todos los peruanos, y por lo tanto con menos posibilidades de conflicto social”, dijo. Señaló que el Banco Mundial adelantó que financiará inversiones en los lugares donde hay consulta previa.

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Hablan los entendidos:

PERMITIRÁ DIÁLOGO ENTRE INDÍGENAS Y ESTADO

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epresentantes de pueblos indígenas y campesinos saludaron la reciente aprobación, en el Congreso de la República, de la Ley de Consulta Previa, ya que se trata, dijeron, del reconocimiento de sus derechos, la oportunidad de establecer un diálogo entre los indígenas y el Estado y de que las inversiones cuenten con licencia social. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, destacó la aprobación de la norma, que dijo, considera una propuesta válida que permitirá abrir un “diálogo sincero”.

En ese sentido, dijo, la norma debe ser entendida como una expresión de que los pueblos indígenas puedan decidir sus prioridades de desarrollo. Con la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo esperaremos que se garantice los recursos y mecanismos necesarios para su implementación, ya que la aprobación de esta ley generará condiciones para construir una cultura de diálogo intercultural y contribuirá a crear relaciones sólidas y legítimas entre el Estado y los pueblos indígenas, apuntó.

Alberto Pizango.

José López Follegatti, coordinador de Diálogo Minero, afirmó que gracias a la Consulta Previa la presencia del Estado en la relación comunidad-empresa ayudará a generar confianza y seguridad jurídica en estas últimas, ya que el diálogo entre ambas ha estado marcado tanto por desencuentros como por fructíferos acuerdos.

Sin embargo, indicó que, si bien la ley ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento, continuará en la batalla para proponer que la reglamentación correspondiente tenga efectos vinculantes en lo que concierne a los derechos humanos. Para Hernán Coronado, del Centro Amazónico de Antopología y Aplicación Práctica (CAAAP), la aprobación de la Ley de Consulta Previa es un avance significativo en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, toda vez que implica grandes retos en la institucionalidad estatal indígena, que requerirá de una firme voluntad política que permita implementar el derecho a la consulta a todo nivel y en todos los sectores del Estado.

Afirmó que, si bien el derecho está vigente desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la norma es importante porque el Estado adoptará disposiciones de derecho interno que permitan- por una vía democrática y legitima como la consulta- un diálogo basado en el respeto de los derechos y la interculturalidad, lo cual a su vez otorga estabilidad democrática, prevención de conflictos sociales y seguridad jurídica para todas las partes.

Hernán Coronado.

José López Follegatti.

“La aprobación de la Ley de Consulta Previa es el paso más significativo que ha dado el Congreso en la reforma del Estado, pendiente desde que el país optó por una economía liberal. Complementariamente, se requiere dotar al Estado de un ejército de profesionales para la implementación de los procesos de consulta, entre ellos muchos expertos en lenguas nativas”.

CONSULTA PREVIA O RIMANACUY Y CONVENIO 169 El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en cuyo engranaje jurídico legal condensa la figura de la consulta previa, tiene sus antecedentes en el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado el 19 de noviembre de 1960 con la publicación de la Resolución Legislativa Nº 13467. Esta resolución aprueba los convenios suscritos en la Cuadragésima Conferencia General de la OIT que se constituyó en el primer intento de la codificación de las obligaciones internacionales de los Estados con relación a los pueblos indígenas y tribales. El Convenio 169, fehacientemente, fue firmado como tal el 27 de junio de 1989 en el marco de la Septuagésima Reunión de la OIT. Fue aprobado por el Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 26253 del 5 de diciembre de 1993 y ratificado el 17 de enero de 1994. Este importante documento fue suscrito por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente, un total de 22 países ha ratificado su adhesión: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana y Venezuela.         En el artículo 6º del Convenio 169, suscrito en Ginebra, se establece que los Estados miembros

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deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El objetivo del reconocimiento es llegar a un acuerdo de partes sobre una determinada disposición legislativa o administrativa, que no implica reconocer un derecho a veto por parte de las comunidades campesinas y nativas a las disposiciones legales o administrativas que el Estado determine. También se señala que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. También se precisa que los pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que

éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en aplicación de este principio. Se anota que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, salvo que sea con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no se pueda obtener su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional. En el caso del Perú, las comunidades campesinas y nativas han sido históricamente excluidas de las políticas públicas del Estado. Siempre se presentó dificultades para lograr entender sus necesidades y derechos y sobre todo la atención de sus prioridades de acuerdo a su cultura y cosmovisión.   Esta herramienta fue utilizada, en algunos casos, en la década de los años 80, mediante foros de encuentro entre el Estado y representantes de todas las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios del país, a la cual se denominó Rimanacuy, que significa “dialoguemos”, lo que se practicó en el Perú hace décadas, que es un espacio donde se discute y debate los temas relacionados con el Estado y las comunidades.


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NORMA TENDRÁ IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

influencia. “Definitivamente, se producirá un dinamismo. Las zonas donde se realizará inversiones, luego de la consulta previa, tendrán un impacto positivo directo en su desarrollo”, manifestó.

“Siempre que haya acuerdos mutuos y asunción de compromisos de las partes, se puede esperar un desarrollo sostenible de largo plazo y eso es positivo para el país”, anotó.

Por su lado, el congresista Ángel Neyra Olaychea (GPF), presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, señaló que ahora no solo los pueblos indígenas, sino los originarios, tendrán derecho a la consulta. “En tal sentido, todos los pueblos tendrán el derecho a la consulta en temas que estén relacionados con su ámbito de acción económico y social. Es decir, los pescadores artesanales, los micro y pequeños empresarios, los sindicatos de trabajadores, las cooperativas”, comentó.

Manifestó que las operaciones de exploración y explotación

El congresista Dalmacio Julca Jara (AP) coincidió con esta afirmación, y dijo que la norma permitirá inversiones con mayor responsabilidad social y servirá para apoyar a las comunidades de las zonas donde las empresas tienen

Consideró que, entonces, se podría producir incertidumbre en el sector privado. “Por el momento no opinaré más hasta conocer el reglamento y ver cómo se desarrolla el proceso. Habrá que esperar”, anotó.

Congresista Juan Pari Choquecota.

Congresista Dalmacio Julca Jara.

a aprobación de la Ley de la Consulta Previa impulsará el desarrollo económico en el país, pues le dará sostenibilidad, afirmó el congresista Juan Pari Choquecota (GPN), de profesión ingeniero económico. Sostuvo que el mundo financiero en la actualidad exige que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y social. En consecuencia, que no exista conflicto con los sectores interesados, como podría ser en el caso de las comunidades indígenas cuando consideraran que no se respetan sus derechos.

pueden ser realizables en un ambiente de transparencia y entendimiento entre las partes, lo cual redunda positivamente en la sostenibilidad de los programas.

Congresista Ángel Neyra Olaychea.

LARGO CAMINO Y FINAL FELIZ Un largo, y por momentos tortuoso camino, tuvo que transitarse para que finalmente saliese a luz la ley de Consulta Previa, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso. Quizás como muy pocas, esta medida, cuando era una propuesta de ley, resultó ser una de las más esquivadas de parte de las autoridades encargadas de su aprobación y promulgación. El proyecto venía desde hacía años atrás y era impulsado, sobre todo, por las organizaciones y comunidades indígenas y de poblaciones originarias del país, en especial de la sierra y selva del territorio nacional.

tiempo inexorablemente siguió su curso y no dio momento para que fuese visto nuevamente por el Pleno. Quedó solo en agenda. Surgió posteriormente un nuevo Congreso y una nueva Representación Nacional en el país. El tema recibió carácter de sumamente prioritario para ser considerado y aprobado por el Pleno congresal. Así se procedió. Fueron presentados tres proyectos de ley de distintas bancadas y el dictamen final, fruto de aquellas propuestas, fue sustentado ante la Representación

Nacional por el congresista Frédy Otárola Peñaranda. Como tenía que ser, y con valiosos aportes para ser incluidos y enriquecer el texto correspondiente, la propuesta de ley fue aprobada, finalmente, por unanimidad en sesión del martes 23 de agosto. Las condiciones en que se realizó el debate fueron distintas a las verificadas en el anterior Congreso. En esta oportunidad el proyecto recibió absoluto respaldo, lo que demuestra una actitud congresal en perfecta armonía con las aspiraciones del país en general.

Marcado interés fue apreciado, desde un primer momento, en varios sectores del anterior Congreso de la República. Claro que hay que reconocer que, igualmente, hubo algunos sectores que también veían la propuesta con cierto recelo. De ahí los amplios debates ocurridos no solo a nivel del Pleno, sino de las diferentes comisiones dictaminadoras que tuvieron que ver con el trascendental tema. A despecho de esa realidad evidente al final de cuentas se impuso la lógica y la justicia. Sin embargo, cuando se esperaba que la norma legal entrase en vigencia tras su promulgación, ocurrió que el Poder Ejecutivo anterior observó la autógrafa de ley que le envió el Primer Poder del Estado. Vuelto el tema a tratamiento congresal, fue rápidamente aprobado el nuevo proyecto a nivel de comisiones y el dictamen quedó expedito para ser visto por el Pleno congresal. El

Tras muchas jornadas y prolongada espera, por fin la Ley de Consulta Previa es ya una realidad.

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HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN

n los últimos años se han producido numerosos conflictos sociales con un saldo lamentable de muertos y heridos en el lado de la población y de los efectivos del orden por falta de diálogo con los sectores involucrados. En los últimos cinco años el número de fallecidos pasa de 190, según la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que tuvo su pico más elevado con las trágicas muertes de nativos y policías en Bagua, en el mes de junio del 2009. En esa ocasión los nativos reclamaron la derogatoria de decretos legislativos que afectaban el derecho a la tierra de las comunidades.

 En ese sentido la Ley de Consulota Previa se convierte en una herramienta fundamental para la solución de futuros conflictos y los que están pendientes y que, según el Reporte de Conflictos Sociales N° 89, actualizado al 31 de julio de 2011, la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 214 conflictos sociales, de los cuales 135 se encuentran activos (63%) y 79 en estado latente (37%). El documento recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales, a través de las 28 oficinas defensoriales y los diez módulos de atención al público que tiene la institución, complementada y contrastada con otras fuentes. Según el último informe, los conflictos socio-ambientales ocupan el 55.1% (118 casos) del total de conflictos registrados en junio, le siguen los conflictos por asuntos de Gobierno Local y los conflictos por Asuntos de Gobierno Nacional con 10.3% (22 casos cada uno). A continuación una breve descripción, la ubicación geográfica y el estado de cada caso.

ESTADO DE LOS CONFLICTOS JULIO 2011

Pueblos indígenas u originarios celebran dación de la importante norma legal.

Cuadro estadístico Departamento

Activos

Latentes TOTAL

Departamento

Activos

Latentes TOTAL

Amazonas

3

0

3

Junín

9

3

12

Amazonas / San Martín

1

0

1

La Libertad

1

4

5

13

4

17

Ancash

Lambayeque

0

1

1

El reporte da cuenta de lo siguiente:

Ancash / Huánuco

1

0

1

Lima

6

8

14

• 214 conflictos sociales, de los cuales 135 se encuentran activos (63%) y 79 en estado latente (37%).

Apurímac

9

0

9

Loreto

6

3

9

• Cuatro casos nuevos, tres casos socio-ambientales y un caso por asuntos de Gobierno Local.

Arequipa

1

4

5

Loreto / San Martín

1

0

1

Arequipa / Cusco

2

0

2

Madre de Dios

1

3

4

Arequipa / Moquegua

1

0

1

Moquegua

2

1

3

Ayacucho

7

7

14

Moquegua / Puno

1

0

1

Ayacucho / Huancavelica 0

1

1

Moquegua / Tacna

1

1

2

Ayacucho / Ica

1

0

1

Nacional

8

5

13

Cajamarca

13

5

18

Pasco

3

1

4

Cusco

10

3

13

Piura

6

6

12

0

1

1

Puno

12

10

22

Cusco/Madre de Dios/Puno 1

0

1

San Martín

2

1

3

Huancavelica

5

2

7

Tacna

4

2

6

Huánuco

1

0

1

Tumbes

2

1

3

Ica

1

2

3

TOTAL

135

79

214

• Un conflicto laboral se ha reactivado. • Siete casos han pasado de activos a latentes: dos laborales, dos por asuntos de Gobierno Local, un caso socio-ambiental, uno por asuntos de Gobierno Nacional, y un caso por otros asuntos. • Dos conflictos sociales se han resuelto; y cinco conflictos sociales latentes han pasado del registro principal al registro de casos en observación. • De los 135 conflictos sociales activos, 85 se encuentran en proceso de diálogo (63% del total de casos activos). • 48 de los 85 casos en proceso de diálogo (56%) surgieron después de algún hecho de violencia. • De los 214 conflictos sociales, 107 de ellos (50%) han reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición.

Cusco / Madre de Dios

• 63 acciones colectivas de protesta, no vinculadas a los conflictos sociales registrados. • Ocho casos han sido agregados al registro de casos en observación (incluyendo los cinco casos latentes trasladados a dicho registro). • Tres acciones de violencia subversiva. • 154 actuaciones defensoriales, de las cuales 133 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 21 de intermediación. En julio del 2011, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Puno (22 casos); le siguen Cajamarca (18 casos), y Áncash (17 casos). La ley significó un largo camino para llegar a un final feliz con la decisión unánime del Congreso.

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Suplemento Especial - Ley de Consulta Previa  

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