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Comunicación Ética 36

Informe de la Comisión Ética sobre el 4 Movimiento Ecuménico, Ecológico y Social Del 10 al 15 de febrero de 2012 La Comisión Ética Internacional de la Verdad fue invitada a participar como observadora en el Cuarto Movimiento Ecuménico y Ecológico y - Por las Vidas en el Territorio - Bien de La Humanidad que tuvo lugar del 10-15 de febrero de 2012. Este encuentro, organizado por los residentes de las zonas humanitarias y de biodiversidad de las comunidades del Jiguamiandó, Curbaradó, Alto Guayabal, Dabeiba y Cacarica, integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, incluyó una caminata dentro de los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó. Se visitaron varias zonas humanitarias y a la comunidad de Santa Rosa de El Limón, reuniones públicas y actividades para conmemorar el 15 º aniversario de las Operaciones Septiembre Negro” y “Génesis”, operaciones militares llevadas a cabo en 1996 y 1997 por las brigadas 17 del ejército y por los paramilitares que buscaban el desalojo de las familias y las comunidades en la región del bajo Atrato. Veintiún (21) desplazamientos colectivos y más de 500 personas de las comunidades de Dabeiba, Curbaradó, Jiguamiandó, Cacarica fueron asesinadas o desaparecidas en estas operaciones militares que se llevaron a cabo bajo el pretexto de perseguir a los guerrilleros. En el 4o Movimiento Ecuménico y Ecológico participaron comunidades que fueron desplazadas, que han regresado y ahora viven en las zonas humanitarias y de biodiversidad y una delegación indígena de Ecuador, varias organizaciones internacionales de los Estados Unidos, Alemania, España, Gran Bretaña y Canadá, entre ellos: Acción Permanente por la Paz, Kolko, Observatorio de la Escuela de las Américas, Chistian Aid y la Comisión Ética de la Verdad.

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Integrantes de la Comisión Ética: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, SERPAJ – Argentina; Francois Houtart, sociólogo, del Centro Tricontinental – Bélgica; Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora, Argentina; Agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Argentina; Comisión Ética contra la Tortura de Chile; Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca de España; Enrique Santiago, Instituto de Estudios Políticos de América Latina- España; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España; Comunidad de Santo Tomas de Aquino, España; Centro Balducci – Italia; Coalición de los Pobres – EEUU; Consejo Mundial de Iglesias, Coordinadora de expresos y presas políticas de Chile; Asociación France – Amerique Latine; Gilberto López y Rivas, profesor del Instituto de Antropología y Historia, Méjico; Miguel Álvarez de Serapaz - Méjico; Carlos Fazio, periodista, profesor de la Universidad Nacional de Méjico; Pueblo Mapuche; Bernardine Dohrn, profesor de Derechos Internacional en Northwest - EEUU Obispo Emerito de Detroit – EEUU, Observatorio de la Escuela de las Américas – EEUU; Rick Ufford-Chase de la Iglesia Presbiteriana- EEUU, Stephen Nathan Haymes, profesor de la Universidad DePaul – EEUU; Movimiento Sin Tierra del Brasil, MST.


Los temas abordados en las reuniones públicas se centraron en el daño ecológico a la biodiversidad de la selva causada por los intereses nacionales e internacionales de la minería y los agro-negocios, su impacto en la agricultura tradicional y las formas de vida de los indígenas y comunidades afrodescendientes; en el continúo crecimiento de los cultivos ilícitos e ilegales como coca, palma, banano y la ganadería extensiva en sus tierras de titularidad colectiva, a pesar de las denuncias de la comunidad; en las preocupaciones actuales sobre el incumplimiento de las leyes de restitución de tierras y el censo ordenado por la Corte Constitucional en Mayo 2010; en las propuestas de las comunidades respecto a la determinación de las legítimas demandas colectivas de titulación de tierras; en las acusaciones falsas y la criminalización de los líderes a través de procesos judiciales como una estrategia para deslegitimar y silenciar a los líderes locales, que generan desconfianza y fomentan divisiones dentro de las comunidades; en las continuas amenazas y la violencia dirigidas a las comunidades y sus dirigentes por paramilitares que atemorizan las comunidades y alteran la vida diaria; en la presión continua y la imposición de los intereses comerciales de la región, y en el incumplimiento o incluso el fracaso del gobierno para cumplir con los mandatos de orden judicial con respecto a los problemas ambientales y la salud de las comunidades; y en la grave situación de impunidad y uso del aparato judicial como mecanismo de venganza, de control y de persecución por sectores de victimarios contra las comunidades o sus lideres. CONSTATACIONES La participación de las/los miembros de la Comisión de Éticas en 4o Movimiento Ecuménico nos ofreció la oportunidad de recoger los avances y los retos actuales que enfrentan las diversas comunidades de Jiguamiandó, Curbaradó, Alto Guayabal, Dabeiba y Cacarica, a través de testimonios individuales y comunitarios, así como por la observación directa. La Comisión concluyó que la presión y las amenazas a las comunidades indígenas, afrodescendiente y mestizas siguen presentes. La fuerza pública, brigada 17 y policía de Urabá, en coordinación con los paramilitares, llamados Rastrojos o Águilas Negras o Urabeños o Autodefensas Gaitanistas o bandas criminales, “Bacrim”, sigue operando en favor de los intereses de las grandes empresas. También se han conformado grupos privados armados al servicio de empresarios ocupantes de mala fe. La tierra sigue siendo la razón de las presiones que se ejercen sobre las comunidades, impidiendo el uso libre de ella por la población campesina como propietaria de la misma. Solo en el segundo semestre de 2011 se dieron 2 asesinatos y una desaparición forzada.


La Comisión Ética da fe de que los miembros de las comunidades, a pesar de las presiones y amenazas, tienen el firme compromiso de continuar viviendo y trabajando en sus tierras. Durante la visita participamos en varios actos de dignificación, como un ritual indígena en el lugar del bombardeo de Alto Guayabal, una obra de teatro sobre el desplazamiento forzado representado por jóvenes de Nueva Esperanza, y un acto de memoria muy emotivo en Camelias con la lectura de todos los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas en las operaciones militares “Génesis” y “Septiembre Negro”. A parte de las preocupaciones y desafíos mencionados anteriormente, éste informe pretende prestar una especial atención a la utilización de la tierra de titularidad colectiva con fines de extracción de minerales, con nuevos cultivos de palma africana o con cultivos ilícitos como la coca. Un hecho que continúa afectando el arraigo, las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades, sus mecanismos de auto protección, en el Jiguamiandó, es el tapón del río Jiguamiandó. El bombardeo por parte del ejército a lugares de habitación de la comunidad Embera ha generado un estado de zozobra permanente, afecciones y daños irreparables que afectan la cotidianidad y las esperanzas de vida. A esta situación se suman las amenazas paramilitares, o proferidas por la fuerza pública, el saqueo y destrucción de sus bienes, los señalamientos y la criminalización de líderes comunitarios mediante procesos judiciales sin fundamento en los que se viola de manera abierta el debido proceso.

Minería Sobre la minería, la comunidad indígena Embera asentada en Alto Guayabal nos explicó que en enero del 2009 la empresa minera Muriel Mining, introdujo maquinaria en el pie de la montaña sagrada Jaikatuma (que en Embera significa filo de los espíritus – Cerro Careperro) y tomó muestras de tierras (10x10x600 metros) con el objetivo de detectar la presencia de minerales de oro, cobre y molibdeno. Los trabajos de esta empresa minera estuvieron acompañados o custodiados por las brigadas 15 y 17 del ejército colombiano. Ante esta ocupación especialmente las mujeres Emberas, pero también hombres y niños, rompieron el cordón militar y entraron en el monte sagrado donde la empresa minera estaba realizando las extracciones, con la finalidad de paralizar los trabajos mineros.


Cabe recordar que la Constitución Colombiana reconoce el derecho que tienen las comunidades indígenas y negras a la consulta previa, es decir, que el gobierno tiene la obligación de consultar a dichas comunidades sobre proyectos que puedan afectar a su comunidad. La Consulta Previa es una forma de proteger la identidad cultural, social y la vida económica de las minorías étnicas. En este caso no ha habido un proceso serio de Consulta Previa con la Comunidad afectada, hubo acercamientos irregulares hacia líderes comunitarios, en donde utilizaron la comida y el alcohol para intentar dividir a líderes y aparentar que se disponía del respaldo de algunos líderes para obtener las muestras de tierras, razón por la cual la Corte Constitucional ordenó corregir ese proceso, decisión que fue apelada por los empresarios y el gobierno que solicitaron la nulidad de lo actuado. Por otra parte, las comunidades en una expresión de dignificación realizaron una consulta interétnica en la que manifestaron su rotundo no a la exploración empresarial. Bombardeo de la Brigada 15 del ejército en Alto Guayabal La Comisión Ética visitó el lugar en donde el ejército nacional bombardeó a la comunidad Embera, pudimos observar los impactos que dejaron las bombas y el ametrallamiento. La comunidad explicó que dichos actos tuvieron lugar el 30 de enero del 2010 y que las familias que estaban viviendo en ese lugar sufrieron daños de diversa consideración, el Sr. José Rubiano Nerito Bariquiri quedó parapléjico, su esposa María Ligia Majore y su hijo, menor de edad, Govanny fueron heridos gravemente y su bebe de 15 días murió posteriormente. Dado su condición, José Nerito no ha podido volver a su comunidad, y actualmente vive desplazado en Mutatá. Durante nuestra estancia en esta zona, varios helicópteros del ejército nos sobrevolaron, hecho que parece suceder con frecuencia. Los miembros de la comunidad indígenas comparten la preocupación, con las afrodescendientes de la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó, por los efectos contaminantes del bombardeo sobre la tierra y las aguas y sus consecuencias para la salud y el medioambiente. La comunidad Embera de Alto Guayabal en 1996 ya habían sido victimas de desplazamiento forzoso por parte del ejército y han padecido 6 desapariciones forzadas de sus miembros. En cuanto a la intrusión en tierras de titularidad colectiva, en la cuenca del Jiguamiandó, cabe mencionar que sin consulta previa a la comunidad una empresa minera ha realizado


extracciones de muestras del subsuelo en tierras indígenas. Adicionalmente se ha introducido maquinaria de minería artesanal en territorio colectivo de la comunidad afrodescendiente. Estos dos hechos generan gran preocupación en ambas comunidades ya que puede representar el inicio de la minería comercial por parte de la Compañía Internacional de Minas, COINTERMINAS S.A. en sus territorios. Los líderes indígenas mostraron su preocupación sobre el uso de equipos de minería artesanal, ya que ello abriría el espacio al ingreso de empresas privadas de mayor poder, con la consiguiente amenaza sobre la integridad territorial y los derechos de ambas comunidades a decidir sobre sus tierras. Tengamos presente, que ya se habría vulnerado el proceso de consulta previa a la comunidad que marca la ley como constató la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia T-769 de 2009 de octubre 2009. Se conoció que el ente encargado en el gobierno de indicar si existe o no aprobación de concesiones es INGEOMINAS, quien en escrito de respuesta de Derecho de Petición, de octubre de 2011, manifestó que no existían concesiones vigentes en territorio Embera. Cultivos de Coca en el Territorio Colectivo de Jiguamiandó Sobre los cultivos de coca, visitamos tres zonas con distintas extensiones destinadas al cultivo de la hoja de coca en todas sus fases: viveros, preparación de tierras para cultivar, parcelas con plantas jóvenes y parcelas con plantaciones adultas. También visitamos un laboratorio de transformación de la hoja de coca y dos edificios ubicados dentro de las zonas de cultivo, al parecer parte del laboratorio. La presencia de los cultivos ilícitos ha afectado las vidas de los habitantes de zonas humanitarias de los territorios colectivos de Jiguamiandó, Curbaradó, y Santa Rosa de El Limón de varias maneras. Una primera afectación, por el cultivo y tráfico de productos ilícitos como la coca, está vinculado con grupos paramilitares como Los Rastrojos, que han hecho presencia en los alrededores de Santa Rosa del Limón, la presencia de grupos armados en la zona nos preocupa no solo por la posibilidad de violencia en el futuro, sino por los efectos psicológicos que ya están provocando en comunidades traumatizadas por desplazamientos, asesinatos, y desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones de derechos humanos, por dichos grupos paramilitares. La segunda afectación está relacionado con la violación del derecho a la libre movilización; miembros de las comunidades de Nueva Esperanza (Jiguamiandó) y Santa Rosa del Limón (Vigía de Curvaradó) se quejan de que los retenes militares han


aumentado la intensidad de los registros sobre los productos que transportan y que han aumentado las confiscaciones sobre los mismos, llegando a limitarles la cuantía de gasolina que pueden adquirir para su consumo. Una joven de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza nos cuenta, que viajó a un pueblo cercano a hacer compras, y que de regreso a su paso por un retén militar, los militares le requisaron sus compras, le exigieron la factura, y le confiscaron una caja de jabón y una caja de velas. Por lo contrario se da el tráfico de gasolina, de los insumos químicos y las semillas de coca que pasan sin restricción por los retenes del ejército y policía para la producción de la pasta de coca. Estas plantaciones están ubicadas en tierras boscosas y colectivas del Jiguamiandó y Santa Rosa de El Limón, las comunidades que visitamos rechazan dichos cultivos y ponen énfasis en mostrar que el operador de la plantación y los trabajadores el cultivo y del laboratorio son personas que no pertenecen a la zona. Nos comentaron los miembros de la Zona de Biodiversidad de Santa Rosa del Limón que el responsable de los cultivos de coca es un hombre de afuera, de nombre Jhon Willington, de apellido desconocido, y de apodo “Cabeza de Gato”. Dada la legislación sobre la propiedad de la tierra en territorios colectivos, es imposible que “Cabeza de Gato” tenga el titulo de propiedad de las tierras que ocupa. Los integrantes de la comunidad se han negado a trabajar en los cultivos de coca, a pesar de las demandas por parte de ¨Cabeza de Gato¨ y sus empleados. Por esta razón, los trabajadores de los cultivos vienen de Medellín. Durante nuestra visita al laboratorio, hablamos con uno de esos trabajadores de Medellín, quien nos comenta que gana 50,000 pesos diarios por su trabajo. Hay tres hechos que nos hacen pensar en la connivencia de las fuerzas públicas con la producción y distribución de la coca. Primero, el día 12 de febrero a las 12:15 PM, mientras cruzábamos la parcela más grande de coca, cercana del laboratorio, nos sobrevoló un helicóptero de la fuerza pública, por tanto es evidente que los agentes del estado tienen conocimiento sobre la localización de dichos cultivos. Segundo, varios miembros de la comunidad de Santa Rosa del Limón comentan haber visto al menos, dos pagos a miembros del Ejército Nacional: uno de 800,000 pesos y el otro de cantidad desconocida, provenientes de personas vinculadas con la coca. Afirman que el pago de 800,000 pesos fue recibido por un comandante del pelotón en la zona. Tercero, miembros de las comunidades de Santa Rosa del Limón, Nueva Esperanza, y Andalucía nos comentan que los insumos entran y la coca procesada sale de la zona libremente a pesar de cuatro retenes (tres del ejército y uno de la policía) en la ruta que usan los traficantes.


Sabemos que un representante de la comunidad de Santa Rosa de El Limón y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han denunciado la presencia de estos cultivos ilícitos ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, así como en reuniones sobre las medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en presencia de representantes del Estado colombiano, reconociendo desde el nivel nacional la existencia de 74 hectáreas en las dos cuencas, pero negando en el nivel local la policía la existencia de estos cultivos. Tapón en el Jiguamiandó El río Jiguamiandó forma parte integral de la salud y prosperidad de las comunidades en la región del Jiguamiandó y Santa Rosa de El Limón que habitan las orillas o muy cerca de esa fuente vital. El río sirve como medio de transporte para las comunidades, es una fuente de agua y comida y también es un componente para la salud ecológica de la región. El río ha sido taponado por árboles muertos. Se estima que el tapón tiene 17 kilómetros de largo. La palizada no permite la navegabilidad del río e interrumpe el movimiento natural del agua de manera que el agua se ha vuelto sucia e inunda las comunidades que habitan las áreas alrededor del río cuando llueve y el sedimento contamina la capa vegetal causando la muerte de centenares de árboles de la orilla, con las graves consecuencias ambientales que esto conlleva a los ecosistemas vinculados al bosque primario de la zona. El Tribunal Judicial Superior de Quidbó de Colombia, vía tutela, ha ordenado al Estado que destaponara el río en un plazo de 12 meses, ante el incumplimiento el Representante Legal de la Cuenca del Jiguamiandó, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, adelantó una acción de cumplimiento, que fue declarada improcedente al argumentar el gobierno que no se había adelantado la obra por declarar desierta la licitación y que adelantarían las obras entre junio y diciembre de 2012 mediante el de licitación abreviada. Los habitantes que viven alrededor del río confirman que han visto maquinaria en la zona pero que no ha sido utilizada para destapar del río y dados los reiterados incumplimientos se teme que la orden no se adelante, a pesar de la fijación de los plazos por parte del gobierno. Este tapón del río está teniendo un impacto medioambiental en el cauce del río y en los territorios cercanos de la cuenca del río. a. El tapón no deja que el agua del río fluya naturalmente. Como consecuencia, el agua se está ensuciando e inundando las áreas donde habitan las comunidades alrededor del río. Los árboles muertos por las orillas del río y la desaparición de


muchos animales que antes habitaban la zona, son pruebas de lo sucia que está el agua. b. La población de la comunidad del Limón sufre de inundaciones que no les permiten seguir cultivando en su propio territorio porque la tierra está contaminada por las inundaciones de agua sucia. La salud ecológica tanto como la salud física de la gente que habita la región requiere destaponar el río bloqueado por una palizada para restaurarlo a un punto de balance. Este tapón del río está teniendo un impacto social sobre la vida de las comunidades, ya que sus necesidades cotidianas están conectadas al río. a. El río es una fuente primordial de transporte para las comunidades. El tapón de los árboles muertos en el río limita el movimiento libre de las comunidades igual como su capacidad de comerciar con las comunidades de los alrededores. Todo ello afecta a la seguridad, estabilidad y salud de las comunidades. También les puede obligar a establecer rutas alternativas, en una región con muchos actores armados que pueden poner en riesgo innecesario la seguridad personal y comunitaria de las y los habitantes. b. El tapón contamina la fuente primordial de agua y alimentos para la comunidad, impactando directamente sobre capacidad de las comunidades para cuidar a sus propios miembros, la tierra y los animales. Todo ello afecta a la salud física y emocional y, ejerce una presión innecesaria sobre los recursos de la comunidad. c. El agua sucia estancada ha creado un problema sanitario con la proliferación de mosquitos que afecta la salud de las comunidades, afectación observada por el Tribunal Superior de Quibdó en el fallo que ordena al Estado destaponar el río. El bienestar social de las comunidades exige la eliminación del tapón para restaurar el río como fuente de transporte, de producción de alimentos, de obtención de agua limpia y segura para poder favorecer la salud y la seguridad de las personas y la tierra. Judicialización a líderes comunitarios En la zona Humanitaria de Pueblo Nuevo –Jiguamiandó, el 12 de Febrero nos entrevistamos con 4 miembros de la comunidad sobre el proceso judicial y la sentencia de 20 años de prisión dictada por rebelión y homicidio contra Willinton Cuesta Córdoba, destacado líder afro-descendiente del Jiguamiandó que denunció por muchos años las


graves violaciones de derechos humanos en la región a nivel nacional e internacional y fue interlocutor del gobierno nacional para la restitución de las tierras. Los testimonios nos explican que en diciembre del 2011 Willinton fue condenado por el homicidio a Carlos Salinas Becerra, acaecido el 7 julio de 2003. Dichas personas nos explican que Carlos Salinas fue asesinado cuando Willinton se encontraba en el poblado de Pueblo Nuevo en Jiguamiandó, construyendo su casa. Ante lo que pudiera haber pasado algunas personas de la comunidad, entre ellas Wilinton se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Según estos mismos testimonios, falsos testigos han declarado que Willinton pertenecía a la guerrilla de las FARC-EP y que él participó en el asesinato de Carlos Salinas. Dos lideres de la comunidad nos explicaron que Willinton no era y no es miembro de ningún grupo armando y que es incapaz de cometer ningún homicidio, de bulto se demuestra que él no participó en el asesinato por él que injustamente ha sido condenado. Ellos piensan que dicha acusación es una perversión del sistema judicial y que la razón de las acusaciones y del proceso judicial, es la de intimidar, generar miedo, amenazar, silenciar y deslegitimar a líderes comunitarios por asegurar la tierra. El juicio sobre Willinton forma parte de la estrategia del gobierno (con la ayuda de paramilitares) para silenciar y desmovilizar a líderes comunitarios. Otros dos testimonios nos explican que han recibido una llamada telefónica en sus móviles de parte del fiscal anunciándoles que iban a ser llamados a testificar, sin dar explicaciones sobre las razones por las que serían citados. Dicha cita de momento no se ha producido. En este caso, el interés del aparato judicial, no ha materializado los preciados bienes de la verdad y la justicia, la sentencia carece de fundamentos jurídicos que la legitimen, y por tanto va en contra de los principios más básicos del derecho penal.

CONCLUSIONES 1. La presión y las amenazas sobre las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas siguen estando presentes a día de hoy. Los grupos paramilitares, en connivencia con las fuerzas públicas, operan a favor de las grandes empresas. 2. La tierra sigue siendo la razón de las presiones que se ejercen sobre las comunidades,


impidiendo el libre uso de ella por la población campesina como propietaria de la misma. 3. La incursión y el intento de incursión de proyectos mineros o de cultivos industriales como plátano, palma africana y la ganadería extensiva por parte de empresarios en tierras de titularidad colectiva sin la correspondiente consulta, así mismo la incursión de plantaciones de coca, todo ello sin la efectiva acción del gobierno para el saneamiento de los territorios, en momentos que se habla de la devolución de las tierras en el marco del cumplimiento del auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo del 2010. 4. La ausencia de voluntad efectiva de parte del gobierno en la no ejecución de la sentencia judicial que le obliga a destaponar el cauce del río Jiguamiandó. 5. La judicialización de líderes comunitarios como instrumento de intimidación y desprestigio hacia aquellos que defiendes los derechos de las comunidades así como la falta de protección de esos líderes y lideresas. Por todo lo observado mostramos la preocupación de que toda restitución de tierras en Colombia se lleve a cabo sin las garantías de seguridad, y de respeto al libre derecho de la población campesina de decidir sobre sus cultivos y sin el apoyo necesario para poder prosperar. RECOMENDACIONES Pedimos al Gobierno colombiano que: 1. Desmonte efectivamente todas las estructuras paramilitares en la región, detenga y judicialice los paramilitares responsables del trafico de coca y sus cómplices en la fuerza pública así como destruya total y efectivamente los laboratorios y cultivos de coca sin afectar el medio ambiente como parte de una estrategia integral de lucha contra las drogas y el narcotráfico que el gobierno dice implementar en el país. 2. Sanee totalmente el territorio antes de su devolución como parte de las medidas de reparación que incluye el derecho a la restitución es decir el volver en lo posible al estado de cosas anterior, en este caso al despojo y al desplazamiento. Al mismo el cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo del 2010 en lo relativo a la suspensión de todo tipo de operaciones empresariales en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, tales como la palma aceitera, plátano de exportación y ganadería extensiva y la investigación y sanción respectiva de las personas que desacatan las sentencias judiciales.


3. Establezca en consulta con las comunidades un plan de protección efectivo para las y los líderes amenazados y las comunidades en su totalidad para que haya garantías reales en el proceso de restitución de las tierras en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo del 2010. 4. Cumpla con el plazo original establecido en la Orden de septiembre de 2010 del Tribunal de Quibdó de destapar y limpiar el río Jiguamiandó, que ofrezca vacunas y otros servicios de salud relacionados con enfermedades causadas por el tapón. Que inicie un proceso de consulta con la comunidad para determinar las cuantías económicas en concepto de reparación por los daños causados a la tierra, al medio ambiente, la capacidad de moverse libremente y la participación en el comercio. 5. Cumpla con la ley 70 de 1993 y sus obligaciones internacionales derivados del Convenio 169 de la OIT. Todos aquellos proyectos agroindustriales y mineras que hayan sido iniciados sin la correspondiente consulta previa, prevista por la ley, deben ser suspendidos hasta que se haya consultado a la comunidad y esta consulta debe ser respetada. 6. Asegure que los derechos judiciales de todos los colombianos sean respetados, incluyendo el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.

Bogotá, febrero 2012

Comunidad Cristiana de Santo Tomas, España Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, EEUU Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU Tica Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

Comunicación comisión ética 36  
Comunicación comisión ética 36  

Informe de la comisión ética celebrada en febrero 2012

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