IUS VERITAS TERCERA EDICIÓN Número 33

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Presentación En la presente edición, que abarca los meses de octubre a diciembre del dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla presenta cinco publicaciones inéditas realizadas por destacadas personas investigadoras y funcionarias públicas nacionales que abordan desde el actuar de las autoridades electorales frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, hasta la importancia del acceso a la información en México.

Por último, en el quinto trabajo de esta edición que lleva por título “ACCESO A LA INFORMACIÓN PIEDRA ANGULAR DEL ESTADO DEMOCRÁTICO”, la Lic. Milene Rut Cordero Camacho, Auxiliar Administrativa de la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, realiza algunas reflexiones respecto de la importancia del acceso a la información en México.

En ese orden de ideas, en el primer artículo denominado “LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES Y FEDERALES FRENTE A LA ENFERMEDAD COVID-19: CASOS QUERÉTARO, COAHUILA, HIDALGO Y ELECCIÓN CONCURRENTE 20202021” el Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mtro. Luis Espíndola Morales y el Dr. Luis Octavio Vado Grajales, Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exponen de manera conjunta las acciones emprendidas por diversos organismos electorales con miras a salvaguardar su funcionamiento, así como la salud de sus integrantes y de las personas usuarias, valiéndose de diversas herramientas tecnológicas.

Agradecemos el apoyo recibido para la elaboración de este número y reiteramos nuestro compromiso en la difusión del conocimiento en materia de los derechos

En el artículo denominado “ARCHIVOS DEL ESTADO MEXICANO: AÑO 2030”, la Lic. Elizabeth Rodríguez González, Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, realiza una reflexión para vislumbrar cómo será la situación de los archivos del Estado Mexicano en el año 2030, atendiendo a su evolución normativa en el ámbito local. Por su parte, en el artículo “¿RESULTA PROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CUANDO EXISTA ERROR JUDICIAL Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO?”, el Dr. René Casoluengo Méndez, Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expone a partir del estudio de seis sentencias, el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Superior mediante el cual se fijó la procedencia del recurso de reconsideración cuando exista algun error que produzca una violación al debido proceso en materia electoral.

Mtra. Norma Angélica Sandoval Sánchez Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla

De igual forma, contamos con la participación del Lic. Isaac Morales Camacho, Auxiliar Jurídico de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, con el artículo denominado “LA PRUEBA EN MATERIA ELECTORAL, NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN INTEGRAL EN EL ESTADO DE PUEBLA”, en el que plantea alguna áreas de oportunidad en materia probatoria en el ámbito local.

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LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES Y FEDERALES FRENTE A LA ENFERMEDAD COVID-19: CASOS QUERÉTARO, COAHUILA, HIDALGO Y ELECCIÓN CONCURRENTE 2020-2021 Luis Espíndola Morales 1 Luis Octavio Vado Grajales 2

SUMARIO: I. Introducción. II. Autoridades electorales del estado de Querétaro. III. Elecciones de Coahuila e Hidalgo dentro del marco de la contingencia sanitaria. IV. Justicia electoral y COVID-19. V. Conclusiones. VI. Fuentes de consulta. El coronavirus no conoce límites. Ahora se ha extendido a casi todo el mundo … es una emergencia global que parece requerir una respuesta global. — Luigi Ferrajoli3 RESUMEN: En el presente trabajo se enuncian algunas de las acciones que han llevado a cabo las autoridades electorales locales y federales, tanto para salvaguardar la salud de su funcionariado y de todas las personas, como para continuar con el desarrollo de sus funciones electorales, con apoyo de herramientas tecnológicas. Estas líneas tienen por objeto encontrar puntos que puedan guiar la actuación de las autoridades electorales queretanas en el actual proceso electoral, bajo la idea de aprovechar la experiencia adquirida en los procesos comiciales 2019-2020, en la parte organizativa y en la jurisdiccional. PALABRAS CLAVE: COVID-19, pandemia, elecciones, derechos humanos y derechos político-electorales.

Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 Profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 Ferrajoli, Luigi, “Lo que nos enseña el coronavirus. Por un constitucionalismo planetario”, Extramuros, Instituto Palestra, Trad. de Pedro Grández, [en línea consultado el diecinueve de noviembre a las trece horas con veinte minutos, disponible en: https://palestraextramuros.blogspot.com/2020/03/ lo-que-nos-ensena-elcoronavirus.html?m=1&fbclid=IwAR1LwWc4Zx8fE_eGNkIiUGolJ-ASWdbz8jec gQA41jh4uZAXuXwl2i45H6g 1

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I. INTRODUCCIÓN Desde el año dos mil diecinueve, y en el caso de México, en dos mil veinte, se presentó un fenómeno mundial de salud pública que ha afectado a todas las personas sin distinción. Como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el brote y propagación de la enfermedad COVID-19, es una situación de emergencia de salud pública con trascendencia internacional4, la cual fue catalogada por dicha organización como una pandemia5. De igual modo, el Consejo de Salubridad General, determinó que el país se encuentra en una situación de emergencia sanitaria de fuerza mayor, derivado de esta enfermedad6.

Esta situación de salud pública debe ser prioritaria para todas las autoridades, pues, por mandato constitucional y convencional, son éstas quienes deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

Esta situación de salud pública debe ser prioritaria para todas las autoridades, pues, por mandato constitucional y convencional, son éstas quienes deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Así, tomando en consideración los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la afectación que la enfermedad COVID-19 puede causar a la salud, también repercute en el ejercicio y goce de otros derechos humanos, como son la vida, la dignidad humana, y, por supuesto los derechos político-electorales.

Por ende, siguiendo la lógica de la autora y autores en cita, las autoridades deben velar por la protección y garantía de los derechos humanos en un contexto de salud pública, en igualdad de condiciones para todas y todos, partiendo de la premisa que los derechos humanos son universales.

Entonces, la perspectiva global que ofrece el autor garantista, debe hacerse compatible con el federalismo mexicano, lo cual representa un gran reto para el país; pues, como lo señaló Cynthia L. Michel, Damián Lugo, et. al.: “en situaciones de emergencia como las actuales, la concurrencia entre órdenes de gobierno se torna crítica, por lo que los países federales deben hacer un esfuerzo adicional para coordinarse internamente”12.

Vid. Organización Mundial de la Salud, Declaración conjunta sobre el turismo y la COVID-19 y la OMS hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la coordinación, disponible en: https://www. who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19---unwtoand-who-call-for-responsibility-and-coordination.

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Vid. Organización Mundial de la Salud, Cronología COVID-19, Disponible en: https://www.who.int/ es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19.

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La visión del jurista italiano es coincidente con el principio de igualdad y con una perspectiva de la universalidad de los derechos humanos. Ello, pues siguiendo al autor, el principio de igualdad coincide con el principio de la dignidad de las personas y con el carácter universal de los derechos fundamentales que a ellas se le atribuyen8. En el mismo sentido, Sandra Serrano y Daniel Vázquez, sostienen que: “la edificación de la universalidad va muy de la mano con otro valor esencial originado en este mismo proceso históricopolítico: la igualdad”9.

Ahora bien, no debe perderse de vista que México es un Estado federal; entendiendo al federalismo como la forma de Estado, que permite a las unidades políticas pequeñas que diferentes grupos de personas, con preferencias relativamente consistentes, obtengan decisiones satisfactorias10, basándose en el principio de conservación de grupos autónomos, sin olvidar la necesidad de relaciones de alto nivel11.

Para hacer frente a la pandemia desde la óptica de los derechos humanos, se han generado diversas propuestas desde la academia. De manera reciente, Luigi Ferrajoli planteó la posibilidad de implementar un constitucionalismo global y una esfera pública planetaria como un sistema común de garantías de los derechos humanos y de una pacífica y solidada coexistencia, esto en virtud de que la pandemia ha afectado a todos los seres humanos sin distinción7. 4

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Ferrajoli, Luigi, El principio de igualdad y la diferencia de género, Ciudad de México, Fontamara, 2010, p. 2. 9

Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, Los derechos en acción. Ciudad de México, Flacso, 2013, p. 18. Cfr. Colomer, Josep, Ciencia de la política, trad. De Ferran Meler, Barcelona, Ariel, 2009, p.132.

Cfr. Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio, “El Federalismo como forma de organización”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [en línea, consultado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/ www/bjv/libros/7/3045/7.pdf]. 11

Vid. Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020, 6

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Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Lo que nos enseña…”, op. cit. referencia 1.

Lugo, Damián, Michel, Cynthia, “Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?”, Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, México, [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/ 12

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De manera específica, cuando se trata del ejercicio de los derechos políticoelectorales dentro de un Estado federal, en un contexto de pandemia, el actuar de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, locales y federales, es de vital importancia. Sobre este tópico Carlos Malamud y Rogelio Núñez sostienen que: “la pandemia representa un reto político […] para los sistemas democráticos de América Latina. Si se quiere mantener la democracia y sus instituciones en funcionamiento será necesario garantizar el conjunto de libertades y derechos que permiten celebrar los comicios en condiciones de equidad para toda la ciudadanía ”13. Es por ello que, en las siguientes líneas se abordará lo relativo a las acciones implementadas por las autoridades electorales locales del estado de Querétaro de cara a la pandemia. Posteriormente, se mencionarán las acciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, así como las entidades de Coahuila e Hidalgo, quienes ya han celebrado elecciones durante el contexto de la enfermedad COVID-19, con el propósito de que sus actuaciones pueden servir como referente para las autoridades queretanas.

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II. AUTORIDADES ELECTORALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO En este año, en el estado de Querétaro se lleva a cabo el proceso electoral local 2020-2021, en el que se elegirá a la gubernatura del Estado, diputaciones y ayuntamientos; por lo que, las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben realizar las acciones necesarias para celebrar elecciones libres, auténticas y periódicas, que garanticen la salud pública de todas las personas dentro del marco de la pandemia. Desde los inicios de la pandemia en el país, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, emitió los acuerdos plenarios TEEQ-AP-006/202014, TEEQAP-007/202015, TEEQ-AP-008/202016 y TEEQ-AP-009/202017, mediante los cuales se determinó suspender los plazos procesales, con la finalidad de evitar el contagio y la propagación del coronavirus COVID-19. Los plazos se suspendieron desde el veinticuatro de marzo, hasta el veintinueve de mayo. Una vez reanudados los plazos procesales, la autoridad jurisdiccional se enfrentó con faltas a la normativa electoral, relacionadas con la pandemia. Un ejemplo de esto es la sentencia TEEQ-PES-004/202018 mediante la cual, el Tribunal Electoral determinó la responsabilidad electoral de una diputada local, que transgredió el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución.

Los hechos de esta sentencia están relacionados con promoción personalizada por parte de la servidora pública, ya que durante la pandemia promovió indebidamente su imagen entregando beneficios a la ciudadanía, como supuesta medida de apoyo para contrarrestar los efectos de la enfermedad COVID-19. De igual manera, el Tribunal consideró que las conductas denunciadas constituían uso indebido de recursos públicos, pues, para la emisión de las publicaciones, se utilizaron recursos humanos. Por otra parte, el dos de noviembre de dos mil veinte, la autoridad jurisdiccional aprobó mediante acuerdo plenario los “Lineamientos para la resolución de los asuntos a través del sistema de videoconferencias”, en el cual se previó que como medida extraordinaria el Pleno del Tribunal podrá discutir y resolver los asuntos jurisdiccionales de su competencia de manera no presencial, a través de medios de comunicación electrónicos accesibles.

Disponible en el siguiente hipervínculo: http://www.teeq.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdos%20 Plenarios%20/AP-06-Medidas%20preventivas%20adicionales%20ante%20la%20contingencia%20 del%20COVID-19.pdf. 15 Disponible en el siguiente hipervínculo: http://www.teeq.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdos%20 Plenarios%20/AP-07-Prorroga%20de%20medidas%20preventivas%20ante%20COVID-19.pdf. 16 Disponible en el siguiente hipervínculo: http://www.teeq.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdos%20 Plenarios%20/AP-08-Prorroga%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20labores%20ante%20COVID-19. pdf. 17 Disponible en el siguiente hipervínculo: http://www.teeq.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdos%20 Plenarios%20/AP-09-Ampliación%20de%20suspensión%20de%20labores%20ante%20COVID-19.pdf. 18 Disponible en: http://www.teeq.gob.mx/jurisdiccion/consulta-de-sentencias/procedimientoespecial-sancionador-2020/. 14

Malamud, Carlos y Núñez, Rogelio, “Elecciones, crisis y pandemia en América Latina en la nueva normalidad”, Real Instituto Elcano, No. 108, 2020 [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7630838]. 13

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En lo relativo a las acciones que el Tribunal Electoral ha realizado para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19, se encuentra la implementación de pruebas de detección de la citada enfermedad para el personal del Tribunal (gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro); la impartición de una charla informativa sobre la enfermedad a todo el personal; el proceso de desinfección de sus instalaciones con el apoyo de On Time Hit Pest Control; además de que monitorean diariamente el nivel de oxígeno del funcionariado electoral, con lo cual se busca proteger también la salud de los usuarios y usuarias19. Debe señalarse que, tanto el Tribunal como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, han apostado por la virtualidad para transmitir el conocimiento electoral, ya que ambas instituciones en colaboración con otras autoridades como la Universidad Autónoma de Querétaro, llevaron a cabo el diplomado en derecho electoral en modalidad completamente virtual. En lo que respecta al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la Secretaría Ejecutiva dispuso la suspensión de actividades en el Instituto durante el mismo periodo que la autoridad jurisdiccional. También, estableció la posibilidad de celebrar reuniones y sesiones virtuales, con apoyo de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de sus atribuciones20.

El Consejo General determinó el inicio del proceso electoral local mediante acuerdo IEEQ/CG/A/052/2021 del veintidós de octubre de dos mil veinte. La autoridad administrativa, ha apostado por apoyarse en las herramientas digitales para la organización de los comicios locales, por lo siguiente:

De igual manera, por acuerdo IEEQ/CG/A/031/2023 de esa misma fecha, el Consejo General aprobó los Lineamientos para la selección y designación de las Consejerías de los Consejos Distritales y Municipales, en los cuales se estableció en el artículo 23 que las entrevistas se podrán realizar de manera presencial o través de los mecanismos tecnológicos con los que cuenta el Instituto.

Mediante acuerdo IEEQ/ 22 CG/A/032/20 , de veintisiete de agosto del mismo año, el colegiado aprobó el procedimiento y reclutamiento para la selección de Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales y Municipales, así como el Dictamen de las Comisiones Unidas de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Educación Cívica y Participación Ciudadana en el cual se estableció:

En lo que concierne a las medidas para proteger al personal del Instituto, así como a sus usuarios y usuarias, la autoridad administrativa emitió los Lineamientos para garantizar la salud de su funcionariado y público en general frente a la contingencia provocada por el coronavirus COVID-1924 En estas disposiciones, esencialmente se estableció: 1. La obligación de la Coordinación Administrativa de garantizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, muebles y equipos de trabajo del Instituto; 2. El regreso escalonado del funcionariado a las instalaciones del Instituto; 3. La redistribución física del personal, privilegiando una sana distancia; la obligación de observar medidas de protección de la salud; y 4. Los derechos, obligaciones y prohibiciones para el personal del Instituto, en aras de salvaguardar la salud pública.

En función de las condiciones de salubridad con motivo de la pandemia de COVID-19 y de las determinaciones asumidas por las autoridades en la materia, la Secretaría Ejecutiva se encontrará facultada para efectuar el desahogo de cada una de las etapas del procedimiento de reclutamiento y selección, con excepción del cotejo de documentos, a través de los mecanismos electrónicos que determine conducentes, informando a las y los aspirantes a través de su cuenta de registro en el sistema habilitado para el desahogo del procedimiento de reclutamiento y selección.

Vid. Sitio de internet oficial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, disponible en el siguiente hipervínculo: http://www.teeq.gob.mx/; así como el sitio de internet oficial en su red social Facebook, disponible en: https://es-la.facebook.com/TRIBUNALELECTORALQUERETARO/. 20 Así lo mencionó el Consejo General en los acuerdos generales IEEQ/CG/A/031/20 e IEEQ/ CG/A/032/20. 21 Acuerdo consultable en: http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos.php. 22 Acuerdo consultable en: http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos.php.

Ahora bien, en cuanto a las actividades contenciosas del Instituto, destaca la resolución IEEQ/ 25 CG/R/016/20 dictada por el Consejo General, dentro del expediente IEEQ/POS/017/2020-P, en ejercicio de su facultad resolutora que le confería la legislación electoral vigente al momento de las conductas denunciadas.

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Acuerdo consultable en: http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos.php. Lineamientos consultables en: http://ieeq.mx/contenido/normatividad/lineamientos.php. 25 Resolución consultable en: http://ieeq.mx/contenido/cg/resoluciones.php. 23 24

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En esta resolución, el colegiado estimó que se actualizó la comisión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, dado que, el Presidente Municipal denunciado: 1.Destacó en la red social Facebook la existencia de un programa social, así como logros generados gracias a una gestión personal y directa con empresas privadas para realizar donaciones de alimentos perecederos como supuesta medida para contrarrestar los efectos económicos de la enfermedad COVID-19; 2.Hizo participe de dichas gestiones a diversos presidentes de Comités Directivos municipales de un partido político; 3.Promocionó su imagen en un ámbito geográfico distinto al de su responsabilidad como servidor público. Como puede observarse, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales del estado de Querétaro, han implementado diversas medidas para salvaguardar la salud pública tanto de su funcionariado como de todas las personas. Además, se han apoyado de la tecnología para la organización de los comicios, así como para resolver las controversias que se susciten en la materia. De igual manera, se han enfrentado a faltas a la legislación electoral por conductas relacionadas con la pandemia. Tanto la organización de las elecciones, como la justiciabilidad electoral local, se enfrentan a nuevos retos en el marco de la pandemia, y corresponde a las autoridades implementar las herramientas digitales necesarias, de una manera que sean compatibles con el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento. Además, deberán realizar las acciones suficientes para hacer frente a la organización de los comicios, de manera que se evite el contagio y propagación de la enfermedad COVID-19.

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III. ELECCIONES DE COAHUILA E HIDALGO DENTRO DEL MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA La pandemia que vivimos, obligó a la suspensión de los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo. Pero, dado que es falsa la dicotomía “o elecciones o cuarentena”, las mismas tuvieron que ser activadas de nueva cuenta, exigiendo sin embargo diversas medidas por parte de las autoridades electorales. La toma de decisiones relativa a la puesta en marcha de la etapa de campañas electorales en medio de la pandemia obligó a las autoridades a tomar una serie de decisiones que, como podremos observar, se están repitiendo por referencia a los comicios de 2021. Esta revisión tiene por objeto encontrar puntos que puedan guiar la actuación de las autoridades electorales queretanas en el actual proceso electoral, bajo la idea de aprovechar la experiencia adquirida en los procesos comiciales 2019-2020, tanto en la parte organizativa como en la jurisdiccional.

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Estas dos consultas son de gran interés, pues era necesario cumplir con el principio de certeza, en relación con los artículos utilitarios que se podrían entregar. Vale la pena recordar que, conforme el numeral 4 del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil, y de acuerdo con el numeral 3 del mismo artículo, deberán contener imágenes, signos, símbolos o emblemas que difundan la imagen y propuestas del partido, coalición o candidatura que los distribuya. Así, la duda sobre si era posible entregar cubrebocas podría tener, como base, el considerar que si bien dichos elementos están elaborados con material textil. también si, como consultó el Partido de la Revolución Democrática, podría realizarse la entrega de otros implementos que ayudaran a evitar la propagación del virus. No es desencaminada la pregunta, sobre todo si consideramos que la entrega de dichos bienes suele realizarse en mítines y actos públicos, en los que las medidas máximas de protección, como el uso de caretas y gel antibacterial, resultan óptimas. Después de estudiar el asunto, la citada Comisión de Fiscalización consideró que:

A. Medidas tomadas por el INE La autoridad competente en materia de fiscalización, la Comisión respectiva aprobó el acuerdo CF/016/202026, que fue producto de un par de consultas realizadas, una por la representación ante el Consejo General por parte del Partido de la Revolución Democrática; y otra derivada del Partido Encuentro Social Hidalgo. Los temas a dilucidar eran, para efectos de este artículo, si se podrían entregar como artículos promocionales en campaña cubrebocas, caretas y gel desinfectante; así como la manera en que debería reportarse dichos artículos cuando fueran utilizados por representantes ante mesas directivas de casilla y generales, o para su uso por el personal de las oficinas partidarias y de quienes llegaran a las mismas.

1. Los gastos de material de prevención o detección, tales como caretas, cubrebocas, gel antibacterial, pruebas de detección, para el uso en las oficinas partidarias por las y los trabajadores, así como personas visitantes, se consideraría como gasto ordinario. 2. Los insumos que se utilicen para la protección de las y los representantes generales y ante mesas directivas de casilla, deberían considerarse también como gasto ordinario, siempre que no contengan propaganda políticoelectoral. 3. Los cubrebocas de material textil que se entreguen a la ciudadanía, siempre que contengan los elementos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 209 de la LGIPE, se estimarían como gasto de campaña. 4. No se permitió la entrega de caretas, gel antibacterial u otros elementos, no textiles. De esta forma, quedó claro que como artículos promocionales utilitarios se podrían entregar cubrebocas, siempre que fueran elaborados con material textil y que tuvieran símbolos, emblemas o frases que los relacionaran con un partido, coalición o candidatura.

Disponible en: Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/ handle/123456789/114590/cf-3seu-2020-09-09-p 2.pdf?sequence=1&isAllowed=y, última consulta el veintiocho de noviembre de dos mil veinte. 26

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Para la jornada electoral, realizada en ambas entidades el 18 de octubre, el citado Consejo General, aprobó un protocolo de atención sanitaria27, que previó diversas medidas a tomar en cuenta, entre las que destacan:

1. Uso de cubrebocas por el funcionariado de las mesas directivas de casilla, así como de quienes ejerzan funciones de representación y de la ciudadanía que va a votar. Incluso dotando a dichas mesas de cubrebocas para las y los votantes que llegaran sin tal elemento. 2. Sanitización de materiales y equipamiento, al inicio y de forma periódica durante la jornada. Sana distancia de quienes estuvieran en la casilla y en la fila. 3. Evitar tocar las credenciales de elector por parte del funcionariado.

Sin duda era una prueba importante el que los comicios no se convirtieran en un foco o causa de infecciones, tanto por la salud de la población como por la celebración de la jornada electoral en 2021. Afortunadamente no fue así, y no se registró un impacto negativo por la ejecución de las elecciones, tal como reconoció el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova28. Respecto de la etapa de obtención del respaldo ciudadano, así como de precampañas, para el proceso electoral federal 2020-2021, así como los procesos locales con elecciones coincidentes, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG518/202029, las reglas para la contabilidad y rendición de cuentas, así como la fiscalización. En tales reglas, se autorizó el gasto relativo a cubrebocas como artículos promocionales utilitarios, siempre que cumplieran los requisitos legales ya apuntados; tanto para la etapa de obtención del respaldo ciudadano como para las precampañas, como se desprende de los numerales 3 y 20 de las mismas30. Visible en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-atencion-PEL-19-20. pdf, consultado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, a las 21:15 horas. 28 Nota publicada en La Jornada, el 22 de noviembre de 2020, consultable en: https://www.jornada. com.mx/ultimas/politica/2020/11/22/comicios-de-hidalgo-y-coahuila-no-modificaron-curva-decontagio-ine-6612.html, consultado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, a las 21:30 horas. 29 Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115110/ CGor20201 0-28-ap-10.pdf 5 Visible en http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/ Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%2020 20/2.%20Protocolo%20Campan%CC%83as%20 Electorales.pdf, consultado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, a las 21:36 horas. 30 El INE también está realizando acciones como el Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el desarrollo de sesiones de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la pandemia por el COVID-19; que tiene por objeto disminuir los riesgos de contagio a través de acciones de higiene previas y durante la celebración de Sesiones del Consejo. 27

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B. Medidas tomadas por el Instituto Electoral de Coahuila

C. Medidas tomadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Dicho órgano electoral administrativo aprobó diversos protocolos sanitarios para el proceso electoral, que abarcaron del registro de candidaturas hasta los cómputos distritales y estatal, pasando por las campañas y el programa de resultados electorales preliminares. El Protocolo de seguridad sanitaria para campañas electorales31 reguló lo relativo a actos públicos, ya fueran en lugares abiertos o cerrados.

Dicho Instituto emitió una serie de recomendaciones para tomarse en cuenta en los actos de campaña32. En dicho documento se contemplaron lo mismo los debates entre candidaturas, que las reuniones públicas o las visitas domiciliarias. En dicho documento se recomendó fuertemente el uso de redes sociales y medios de comunicación social, incluso previendo que los debates fueran virtuales. Para los actos públicos, se solicitó la sana distancia de no menos de un metro y medio entre asistentes, la instalación de un filtro sanitario en la entrada a los mismos, y el uso de gel, así como la sanitización del lugar.

En ambos casos se reclamó el respeto al cupo señalado por las autoridades competentes, el uso de cubrebocas y la distancia de al menos 1.5 metros, así como el uso de termómetros, tapetes con solución química y breve entrevista por personal médico o capacitado; desde luego debía proporcionarse gel desinfectante a quienes asistieran, se excluía cualquier contacto corporal y se recomendaba no consumir alimentos. De igual forma, en caso de que en los espacios abiertos hubiera juegos infantiles, se solicitaba la desinfección de los mismos y la aplicación de gel desinfectante a las y los infantes que los usaran. Si asistían grupos familiares, se les permitía permanecer juntos.

Respecto a las visitas en casas o la distribución de propaganda electoral, se sugirió la conformación de grupos de no más de tres personas, con las medidas de higiene personal recomendadas por las autoridades de salud. Debe considerarse, además, que en dicho estado la autoridad local había determinado que no más de dos personas podían transportarse por auto, medida que el Instituto local retomó.

Visible en http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20 Sanitaria%20PEL%2020 20/2.%20Protocolo%20Campan%CC%83as%20Electorales.pdf, consultado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, a las 21:36 horas. 32 Visibles en http://www.ieehidalgo.org.mx/images/documentos_banner/recomendaciones1.pdf, documento consultado el veintinueve de noviembre, a las 21:51 horas. 31

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IV. JUSTICIA ELECTORAL Y COVID-19 A fin de ilustrar el reto que el COVID está presentando a la judicatura electoral, a continuación, se expondrán dos casos, resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el expediente TEE/JEC/007/202033, en la resolución de fecha 8 de julio de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ordenó al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, así como a la autoridad municipal, el diseño de una estrategia o plan de acción para ejecutar la sentencia dictada en autos, “considerando las medidas sanitarias que impone la nueva normalidad”, así como tomando en cuenta las disposiciones de las autoridades locales y federales en la materia. El asunto ordenaba la realización de una asamblea municipal de representantes y autoridades del municipio de Ayutla de los Libres. Así, el acto a realizar involucraba un importante número de personas a reunirse en un mismo lugar, en época de pandemia. El propio órgano jurisdiccional había suspendido el procedimiento hasta en cuatro ocasiones, pero en el considerando XIV de la determinación en cita estimó que tiene un mandato derivado de la Constitución local para tomar medidas que garanticen el cumplimiento de sus sentencias. Un tribunal ordenando la ejecución de su sentencia no es algo raro. Un tribunal electoral ordenando a autoridades comiciales y edilicias tomar en cuenta las medidas en materia de salubridad en medio de una pandemia, con la posibilidad implícita de verificar la corrección de las mismas, es algo impuesto por estos tiempos. Pero no por eso deja de ser complicado. La Sala Ciudad de México, en el expediente SCM-JDC-71/2020 y acumulado, determinó revocar la decisión anterior, y considerando la “Guía: Covid-19 y los derechos de los pueblos indígenas”, de la Organización de las Naciones Unidas, así como la a “Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y la la resolución 1/2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde luego también las decisiones de las autoridades sanitarias, determinó que la realización de la Asamblea en momentos de alto número de contagios tendrá un efecto negativo en la salud de quienes integran un pueblo indígena, y que conforme la decisión de la autoridad sanitaria, la asamblea sólo podría realizarse cuando el color del semáforo de contagios pasara a verde.

Consultable en: https://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2020/07/TEE-JEC-0072020_y_acumulados_Acuerdo s_plenarios.pdf, revisado el 28 de noviembre a las 21:48 hrs.

Como segundo caso, tenemos el SUP-REC-588/2018, concretamente el acuerdo de Sala Superior del 15 de septiembre de 2020, el asunto de fondo se relaciona con una consulta a pueblos indígenas, en el estado de Sinaloa. El asunto resuelto en el acuerdo se refiere a la solicitud formulada por la Legislatura local, para que la Sala Superior determinara la conveniencia de realizar las reuniones para organizar el foro relativo a la consulta, en momentos de contingencia sanitaria. La Sala Superior, medularmente, resolvió que no podía desahogar la solicitud dado que escapaba de sus facultades el tema, ya que la determinación en cuanto a las medidas para combatir la pandemia, o las condiciones para la realización de reuniones, no son de su resorte, ni puede juzgar la manera en que las distintas autoridades deben actuar respecto de dicha situación. De las resoluciones anteriores, puede desprenderse que el tema de la pandemia sin duda tiene efecto en la judicatura electoral, pero que esta no es la competente para determinar la conveniencia o corrección de las medidas, ni para determinar el momento en que ciertos actos, tales como concentraciones masivas, puedan realizarse, ya que se trata de temas que deben ser resueltas por las autoridades integradas por especialistas en la materia y con competencia constitucional para ello.

Un tribunal ordenando la ejecución de su sentencia no es algo raro. Un tribunal electoral ordenando a autoridades comiciales y edilicias tomar en cuenta las medidas en materia de salubridad en medio de una pandemia, con la posibilidad implícita de verificar la corrección de las mismas, es algo impuesto por estos tiempos. Pero no por eso deja de ser complicado.

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V. CONCLUSIONES

Sin afán de violentar su autonomía, pareciera ser que la línea que se está construyendo en la judicatura comicial federal, parte de considerar que las medidas de contención, mitigación y sanidad, no son competencia del fuero electoral. En el caso de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes, deberán atender las disposiciones definidas tanto por autoridades sanitarias como por las electorales, con particular atención en los casos de eventos públicos y visitas casa por casa.

De lo expuesto, puede desprenderse que las autoridades administrativas y judiciales electorales enfrentan un reto importante en cuanto a la celebración de elecciones en un entorno de pandemia, aceptando desde luego que su cancelación es imposible, y que, de contarse con la vacuna y su distribución en determinado momento del proceso electoral, esto deberá ser tomado en cuenta.

Respecto de la entrega de cubrebocas de tela como artículos utilitarios, lo que obligará a cumplir con las disposiciones en materia electoral, en cuanto a que contengan logos, frases o emblemas relacionados con la opción política, así como con las reglas en materia de fiscalización.

Por referencia al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, hay medidas que simplemente le corresponderá acatar o contribuir a su cumplimiento, como aquellas que decida el Consejo General del INE por referencia a la jornada electoral, incluyendo desde la entrega de la documentación y material a las presidencias de las mesas directivas de casilla, hasta la entrega de los paquetes electorales en los consejos respectivos.

Por otra parte, debe considerarse que, la enfermedad COVID-19, implica cambios substanciales y trascendentales, incluso en los aspectos más básicos del día a día de todas las personas. Para evitar la propagación y contagio, se requiere de acciones positivas por parte del Estado, y también de la colaboración de la sociedad misma. Las autoridades, tienen una obligación reforzada pues son ellas a quienes les corresponde el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. De manera particular, a los organismos electorales les concierne la organización de los comicios y la justiciabilidad electoral, de manera que se garanticen los derechos político-electorales de la ciudadanía.

También le tocará atender las disposiciones en materia sanitaria que determine las autoridades de salud. Lo anterior será relevante para que dicho Instituto expida los lineamientos, reglamentos o disposiciones aplicables en actos tales como el registro de candidaturas, ejecución de actos de obtención del respaldo ciudadano, precampañas y campañas; así como para las sesiones de los consejos, en particular respecto de los cómputos y recuentos administrativos. Aquí debe tenerse en cuenta que las medidas sanitarias son competencia de las autoridades de salud, pero la regulación de los actos electorales, en cuanto a su reglamentación, es asunto de las autoridades comiciales. Sin duda, la experiencia obtenida en los procesos de este año en Coahuila e Hidalgo, será de utilidad para que el OPLE tome las medidas pertinentes. Para el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, además del reto propio de mantener las condiciones sanitarias en sus instalaciones, el reto puede encontrarse en la revisión de decisiones tanto de autoridades electorales como de partidos políticos (en sus procesos internos de selección) en las que el objeto del litigio esté vinculado con las medidas sanitarias.

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La enfermedad COVID-19, implica cambios substanciales y trascendentales, incluso en los aspectos más básicos del día a día de todas las personas. Para evitar la propagación y contagio, se requiere de acciones positivas por parte del Estado, y también de la colaboración de la sociedad misma.

Al respecto, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha señalado que: “Las secuelas de la pandemia, las altas posibilidades de contagio con la interacción humana, el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas, ponen serias dificultades en la organización de los procesos comiciales, por lo que deben analizarse alternativas democráticas para que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los gobernantes, las transiciones democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los periodos de gobierno”34.

Organización de Estados Iberoamericanos, Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Washington, 2020, [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: http:// www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia. 34

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En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos presentó la: “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, la cual constituye una herramienta de apoyo para que las acciones y decisiones que se adopten en materia electoral en respuesta a esta situación de pandemia, y se resguarde la continuidad de los procesos democráticos; a partir de los siguientes tópicos: a) organización y administración electoral; b) uso de la tecnología; c) participación e inclusión; d) campaña electoral; e) comunicación; y f) votación y escrutinio. La citada Guía constituye un referente común para las autoridades tanto locales, como federales, en aras de garantizar y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía en igualdad de circunstancias para todas y todos, pues, como menciona Luigi Ferrajoli, el coronavirus es una emergencia global que parece requerir una respuesta global35.

VI. FUENTES A. Bibliografía: COLOMER, Josep, Ciencia de la política, trad. De Ferran Meler, Barcelona, Ariel, 2009. FERRAJOLI, Luigi, El principio de igualdad y la diferencia de género, Ciudad de México, Fontamara, 2010. SERRANO, Sandra y Vázquez, Daniel, Los derechos en acción. Ciudad de México, Flacso, 2013. B. Artículos científicos: FERRAJOLI, Luigi, “Lo que nos enseña el coronavirus. Por un constitucionalismo planetario”, Extramuros, Instituto Palestra, Trad. de Pedro Grández, [en línea consultado el diecinueve de noviembre de dos mi veinte, disponible en: https:// palestraextramuros.blogspot.com/2020/03/lo-que-nos-ensena-el-coronavirus. html?m=1&fbclid=IwAR1LwWc4Zx8fE_eGNkIiUGolJ-ASWdbz8jecgQA41jh4uZAXuX wl2i45H6g]. LUGO, Damián, Michel, Cynthia, “Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?”, Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, México, [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/FederalismoEnCovid/].

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SÁNCHEZ de la Barquera y Arroyo, Herminio, “El Federalismo como forma de organización”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [en línea, consultado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3045/7.pdf]. C. Instrumentos internacionales ORGANIZACIÓN de Estados Iberoamericanos, Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Washington, 2020, [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/ press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf]. ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud, Declaración conjunta sobre el turismo y la COVID-19 y la OMS hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la coordinación, [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https:// www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-a-joint-statement-on-tourism-andcovid-19---unwto-and-who-call-for-responsibility-and-coordination]. ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud, Cronología COVID-19 [en línea, consultado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://www.who.int/es/ news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19]. D. Información institucional INSTITUTO Electoral del Estado de Coahuila, información institucional disponible en: http://www.iec.org.mx/v1/. INSTITUTO Electoral del Estado de Hidalgo, información institucional disponible en: http://www.ieehidalgo.org.mx/. INSTITUTO Electoral del Estado de Querétaro, información institucional disponible en: http://www.ieeq.mx/index.php. INSTITUTO Nacional Electoral, información institucional disponible en: https:// www.ine.mx/. TRIBUNAL Electoral del Estado de Querétaro, información institucional disponible en: http://www.teeq.gob.mx/. TRIBUNAL Electoral del Estado de Guerrero, información institucional disponible en: https://teegro.gob.mx/inicio/.

MALAMUD, Carlos y Núñez, Rogelio, “Elecciones, crisis y pandemia en América Latina en la nueva normalidad”, Real Instituto Elcano, No. 108, 2020 [en línea, consultado el veinte de noviembre de dos mil veinte, disponible en: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7630838]. 35

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Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Lo que nos enseña…”, op. cit. referencia 1. 27


ARCHIVOS DEL ESTADO MEXICANO: AÑO 2030 Lic. Elizabeth Rodríguez González 36

RESUMEN: La transparencia y los archivos son dos campos de acción que trabajan en conjunto para la rendición de cuentas y para que las instituciones sean verdaderamente abiertas. Tanto la una como los otros son producto de la evolución de la toma de conciencia de la relación simbiótica entre ambas materias que convergen para generar confianza en las instituciones públicas. La evolución normativa en estos campos nos permite hacer una reflexión prospectiva para vislumbrar cómo será la situación de los archivos del Estado Mexicano en el año 2030. PALABRAS CLAVE: Transparencia, Archivos, Estado Mexicano, Instituciones Públicas, Prospectiva. Ni los archivos ni la transparencia son materias aisladas, para su estudio y comprensión es necesario tomar en consideración los diferentes lazos de actuación y de participación que giran en torno a ellas. Es de mencionar que en el imaginario social muchas veces se asocia un archivo como el lugar en donde los documentos se encuentran empolvados, esperando el momento para su destrucción. Nada más lejos de la verdad. Es por lo anterior que en el presente artículo se tratarán las relaciones entre transparencia y archivos, con la finalidad de identificar la influencia recíproca que nos permite ubicar el estado de la cuestión de los archivos del gobierno mexicano y poder hacer afirmaciones prospectivas para el año 2030.

Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 36

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Transparencia: Concepto La transparencia es un derecho fundamental, puesto que todos los seres humanos tenemos derecho a contar con instituciones de gobierno responsables y transparentes, así como el de aspirar a pertenecer a éstas (Nieto, 2005, p. 400). La transparencia va de la mano con el Derecho de Acceso a la Información Pública, es por esto que la administración pública pone a disposición de los ciudadanos la información relativa a su gestión a través de los diferentes mecanismos de transparencia. Por ello, gracias a la transparencia el ciudadano es capaz de observar las actividades de sus autoridades, el desarrollo de las mismas e incluso puede estar al tanto de los movimientos financieros de una institución pública. Esta información es la que se encuentra dentro de un archivo bien administrado, clasificado y organizado.

Archivos: Aporte Los archivos cuentan con el papel esencial de aportar información, la lógica es en realidad sencilla: conforme una institución va avanzando en sus funciones, los documentos de archivo se reciben o se generan y es en esos documentos de archivo en donde se encuentra la información necesaria para rendir cuentas, para transparentar las acciones o para dar respuesta a alguna solicitud de acceso a la información. Así se puede comprender lo que Favier (1991) quiere decir cuando afirma que: “… los archivos fueron, han sido y son el arsenal de la administración y el reflejo inmediato de la historia a medida que se va haciendo” (p. 52).

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Evolución normativa Las precisiones conceptuales antes señaladas enmarcan a lo que se ha aspirado a lo largo de los años, a una suerte del deber ser en el que la transparencia trabaja armónicamente con los archivos y viceversa. Para que esta situación se pudiera presentar, en México se publicaron una serie de leyes que llegaron para modificar la forma en que se organizaban los archivos y la forma en cómo se accede a la información de esos archivos, en palabras de Flores: “Los documentos, los archivos de la administración pública, son sólo el medio para conseguir el fin de transparentar la información” (Flores, 2005). Flores (2005) hace énfasis en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en 2002, en la que claramente se estipulaban las obligaciones archivísticas, vemos así una influencia directa (normativa, que rige) directamente en los archivos del gobierno mexicano; con esa entrada en vigor también se publicaron diferentes lineamientos para organizar a los archivos gubernamentales, lo cual apunta a que al contar con una normatividad explícita (y directa) los archivos podrían reivindicarse, junto con las prácticas y técnicas archivísticas aplicadas a los mismos. Los cambios que se esperaban tenían un claro enfoque en la práctica, profesión y educación archivística.

Archivos publicada en 2018. Ambas leyes, ahora ya con el título de Generales aplican a todas las entidades federativas y a todas las instituciones que reciben recursos públicos, ambas cuentan también con un elemento coercitivo: sanciones. Para pensar en el futuro de los archivos gubernamentales conviene hacer un ejercicio sobre la aplicación de la Ley General de Archivos, la cual señalaba que las entidades federativas tendrían un año para armonizar su ley de archivos local; sin embargo, el Archivo General de la Nación señalaba en agosto del presente año, lo siguiente:

(…) al 16 de agosto de 2021 son 20 las entidades federativas que han concluido su proceso de armonización de su legislación en materia archivística con la política nacional definida por la Ley General de Archivos (LGA): Zacatecas, Colima, Durango, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Guerrero, mientras que Sinaloa ha aprobado su ley, pero se encuentra pendiente de publicarse (AGN, 2021).

Ahora en 2021, contamos con dos Leyes Generales que llegaron a perfeccionar (por decirlo de alguna manera) las regulaciones en el acceso a la información: la Ley General de

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Reflexión prospectiva El 62% de las entidades federativas ha cumplido con la Ley General de Archivos, si consideramos que el 15 de junio de 2020 venció el plazo de un año definido por dicha Ley para que las legislaturas estatales armonizaran sus leyes, entonces estamos hablando de que, en la República Mexicana, al día de hoy, les tomó dos años37 con cinco meses para que sólo el 62% de las entidades federativas cumplieran con dicha obligación.

Los datos duros nos muestran que en el 38% de las entidades federativas de México, los Congresos locales aún no han homologado su Ley de Archivos, recordando que estamos hablando de más de dos años desde que se estableció dicha obligación. Así que en términos prospectivos podríamos afirmar que la tendencia irá bajando poco a poco, y para 2030 es casi seguro que todas las entidades federativas de México cuenten con su Ley de Archivos local totalmente armonizada.

Lo anterior nos hace ver la falta de voluntad por parte de las legislaturas locales, quizá en parte por la inercia sobre que los archivos generalmente no son un tema prioritario (sólo es una suposición) o porque ellos no recibirán sanciones en dado caso de no cumplir con la Ley (otra suposición), o como señala Flores (2005) sobre la actitud de algunas instituciones públicas: “… responde a la conciencia que se tiene sobre la poca tradición archivística que existe en México y ante la carencia de una cultura de archivo”.

Pero el avance no será a la par, habrá entidades con mayor desarrollo archivístico y otras con un rezago latente en las actividades archivísticas, situación que podría cambiar debido a las sanciones que marca la Ley General de Archivos a los servidores públicos, a aquellos que trabajan directamente con los documentos (archivistas o no), si las sanciones se aplican como se han aplicado las de transparencia, entonces la conciencia (por coerción y no por convicción) vendría directamente de los servidores públicos y no del legislativo, y muy probablemente tampoco de los titulares de los sujetos obligados.

El 15 de junio de 2020 venció el plazo de un año definido por dicha Ley para que las legislaturas estatales armonizaran sus leyes

Son dos años debido a que la Ley señaló esa obligación para las legislaturas locales el 15 de junio de 2019, contando con un año para armonizar la Ley, por ello, del 15 de junio de 2019 al 13 de diciembre de 2021 fecha en que se escribe el artículo, estamos hablando de 2 años y 5 meses. 37

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Palabras finales Este posible futuro puede cambiar, puede ser uno muy diferente si desde cada institución se toma conciencia sobre la importancia de los archivos, importancia no sólo para la institución, sino para la memoria, la historia, la identidad, la pertenencia a la sociedad; porque finalmente los archivos son de toda la ciudadanía, sólo que pocas veces se les presenta como tal, así como hoy día se tiene la certeza de que a la velocidad de un clic se puede contar con la información de cualquier institución, de la misma forma se debe trabajar en generar esa certeza para los ciudadanos en materia de archivos; porque las instituciones trabajan para la ciudadanía, porque esos archivos son públicos y conforman la historia de las instituciones del país en el que viven las y los ciudadanos, por lo que, visto de forma transversal: esos archivos son también parte de su historia.

Bibliografía

AGN. (2021). Armonización e implementación de la Ley General de Archivos en las entidades federativas. (En línea). (Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2021). Disponible en: https://bit.ly/3otCz2P FLORES, G. (2005). Perspectivas de los Archivos del Gobierno Mexicano con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Razón y Palabra, 44. (En línea). (Fecha de consulta: 08 de diciembre de 2021). Disponible en: https://bit.ly/3eVxT2C JEAN, F. (1991) Los Archivos, Memoria de la Humanidad. En GUTIÉRREZ, C., Archivística. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. NIETO, S. (2005). Rendición de cuentas y transparencia como elementos para la persistencia democrática. En. CIENFUEGOS, S., LÓPEZ, M. (Coords.) Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. México: UNAM.

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¿RESULTA PROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CUANDO EXISTA ERROR JUDICIAL Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO? Dr. René Casoluengo Méndez 38

Introducción. 1. Problema jurídico. 2. Hipótesis. 3. Metodología. 4. El recurso de reconsideración (REC) regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) durante el periodo de 1996 hasta antes de la reforma de 2008. 5. El REC a partir de la reforma de 2007 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la de 2008 a la LGSMIME, supuestos de procedencia, presupuestos y requisitos especiales. 6. Supuestos de procedencia del REC establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

9. Sentencias en las que la Sala Superior hizo referencia al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, determinando el desechamiento o el sobreseimiento de las demandas de REC al estimar que en esos casos no se actualizaba algún supuesto de procedencia. Conclusiones. Fuentes de información.

7. Estudio de los criterios judiciales sostenidos durante el periodo de diciembre de 2016 a octubre de 2019 por la Sala Superior del TEPJF, relativos a la procedencia del REC cuando exista error judicial que ocasione una violación al debido proceso. 8. Línea jurisprudencial.

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Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF rene.casoluengo@te.gob.mx 37


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1. Problema jurídico Introducción

¿Resulta procedente el recurso de reconsideración cuando exista error judicial y violación al debido proceso?

Manuel Atienza (Atienza 2001, 254-256) menciona que en el Derecho puede distinguirse entre las decisiones que permiten resolver problemas prácticos y las razones en que se apoyan esas determinaciones. El Derecho, afirma, no es sólo argumentación, ya que la práctica consiste en razonar, en justificar esas decisiones, lo cual adquiere una especial importancia en el Estado Constitucional.

2. Hipótesis

El autor citado señala que es importante percatarse de que justificar una decisión no es lo mismo que explicarla y que el razonamiento jurídico es fundamentalmente justificativo. Para el autor, explicar una determinación significa evidenciar cuales son las causas que la motivaron o los fines que trataron de alcanzarse con esa decisión, en tanto que justificar consiste en expresar razones destinadas a exponer el carácter aceptable o correcto de esa determinación. Con base en lo anterior, sostiene que lo que los justiciables exigen de los órganos que emiten decisiones públicas, es que justifiquen esas decisiones. Atienza sostiene que el razonamiento jurídico es de carácter práctico, no destinado a explicar, sino a justificar decisiones. No obstante, admite que explicar y justificar son operaciones que pueden entrecruzarse, así lo que en muchas ocasiones explica la conducta de un juez que emite una determinación es que esa es la decisión que el propio juez considera justificada, de conformidad con el Derecho; por ello, un razonamiento que finaliza con un enunciado práctico puede requerir como premisa algún enunciado descriptivo de hechos. El autor advierte que la obligación de justificar las decisiones no es consustancial con la existencia del Derecho; así, refiere que en los Derechos de tipo continental la obligación y la práctica de la motivación -entendida como justificación- de las sentencias es un acontecimiento reciente, ya que se inició a mediados del siglo XVIII y se incrementó aceleradamente después de la segunda guerra mundial, conforme con la consolidación del Estado Constitucional; en tanto que en los sistemas de common law nunca ha existido la obligación explícita de motivar las sentencias, ya que la práctica de tal actividad se inició en el siglo XII y se afirmó en el siglo XVI, no como resultado de una concepción democrática de la justicia, sino por exigencias relativas al funcionamiento de ese sistema, dado que el precedente sólo puede funcionar si la razón en que se sustenta la decisión (la ratio decidendi) se construye de manera explícita.

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El recurso de reconsideración resulta procedente cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error judicial evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso, que coloque al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable.

3. Metodología Para comprobar la hipótesis, se llevará a cabo el análisis dinámico de los criterios judiciales sostenidos durante el periodo de diciembre de 2016 a octubre de 2019 por la Sala Superior del TEPJF, relativos a la procedencia del REC cuando exista error judicial que produzca violación al debido proceso, utilizando la metodología sugerida por Diego Eduardo López Medina en su obra denominada El Derecho de los Jueces, que se basa en el estudio de lo que identifica como línea jurisprudencial a la cual define como “… una pregunta o problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisional.” (López 2002, 56). Rubén Sánchez Gil menciona qué López Medina se refiere en el capítulo segundo de su obra, al estudio de los criterios judiciales sustentados por un tribunal durante cierto periodo acerca de un tema específico. López Medina, agrega Sánchez Gil, ha desarrollado una metodología de estudio diacrónico de criterios jurisprudenciales apoyada en la elaboración de un diagrama que evidencie, en su caso, los cambios del criterio judicial acerca de un tema concreto, entre dos posturas contrarias, ubicadas en las posiciones conservadora e innovadora más extremas de un tribunal.

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4. El recurso de reconsideración (REC) regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) durante el periodo de 1996 hasta antes de la reforma de 2008

5. El REC a partir de la reforma de 2007 a la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos (CPEUM) y la de 2008 a la LGSMIME, supuestos de procedencia, presupuestos y requisitos especiales

En la Tesis CXLVII/2002, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que, por regla de carácter general, las impugnaciones presentadas ante el propio Tribunal tienen el carácter de uniinstanciales, señalando la existencia de una excepción prevista en el artículo 60, párrafos segundo y tercero de la CPEUM y en el artículo 61 de la LGSMIME, al ordenar, el primero de los preceptos referidos, que las sentencias pronunciadas por las Salas Regionales podrán ser revisadas por la Sala Superior, únicamente cuando por los agravios expresados se pueda modificar el resultado de la elección; en tanto que el segundo de los artículos mencionados señala que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo que dicten las Salas Regionales en los juicios de inconformidad.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 incorporó -entre otras modificaciones- un párrafo al artículo 99 para establecer que las Salas del TEPJF tendrían la potestad para resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la propia Constitución.

En la Tesis referida, se menciona que lo anterior constituye un caso de excepción a los principios de definitividad y firmeza, que son rectores de la materia electoral. Al respecto, se enfatizó que la procedencia del recurso de reconsideración se restringía a las sentencias de fondo dictadas en los juicios de inconformidad. En la propia Tesis CXLVII/2002, se señaló: “… es evidente que la naturaleza del proceso electoral y su brevedad colocan a esta segunda instancia en un mecanismo de carácter excepcional y selectivo, dirigido de manera exclusiva a aquellos casos que tienen un impacto relevante para los comicios.”

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En la mencionada Tesis se precisó que si la procedencia del recurso de reconsideración estaba restringida a las sentencias de fondo dictadas en juicios de inconformidad, la medida de la impugnación tendría sus límites en el contenido del acto que fuere objeto de la misma, por esa razón, al tratarse del estudio de violaciones procesales tal análisis se encontraría acotado a los puntos referidos. La Tesis CXLVII/2002 afirmando lo siguiente:

concluye

“Considerar lo contrario, desvirtuaría el carácter excepcional, selectivo y extraordinario de que está revestido el recurso en cuestión, y se convertiría en un recurso general, abierto y ordinario, dotado de muchos de los inconvenientes que se pretendieron evitar al adoptar una segunda instancia tan especialmente acotada, dado que se apartaría de los principios de concentración y celeridad, cuyo cumplimiento es indispensable especialmente en la impartición de la justicia electoral.”

El texto del primer párrafo del artículo 99 y el del párrafo incorporado a ese precepto, son del tenor siguiente: “Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación..." “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Por otra parte, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada el 1º de julio de 2008, adicionó el inciso b) al artículo 61, párrafo 1, de la LGSMIME, para establecer que el recurso de reconsideración resulta procedente en los medios de impugnación -diferentes al juicio de inconformidad- de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan resuelto la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. Así, el artículo 61, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGSMIME, precisa que el recurso de reconsideración sólo procederá cuando se impugnen las sentencias de fondo pronunciadas por las Salas Regionales en los siguientes casos: “a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.”

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Los presupuestos del recurso de reconsideración se encuentran precisados en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracciones I al IV, e inciso b), fracciones I a III, de la LGSMIME: a) Que la sentencia de la Sala Regional del TEPJF: I. No haya tomado en cuenta causales de nulidad establecidas en el Título Sexto del Libro Segundo de la LGSMIME, que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección; o II. Haya otorgado indebidamente la Constancia de Mayoría y Validez o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó; o III. Haya anulado indebidamente una elección, o

Los requisitos especiales se encuentran establecidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la LGSMIME, en los siguientes términos: “1. Además de los requisitos establecidos por el párrafo 1 del artículo 9 del presente ordenamiento, con excepción del previsto en el inciso f), para la procedencia del recurso de reconsideración, se deberán cumplir los siguientes: a) Haber agotado previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por esta ley; b)Señalar claramente el presupuesto de la impugnación, de conformidad con lo previsto por el Capítulo II del presente Título; y c) Expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se modifica el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto:

IV. Haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. Anular la elección;

b) Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya asignado indebidamente diputados o senadores por el principio de representación proporcional:

III. Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el Consejo correspondiente del Instituto;

I. Por existir error aritmético en los cómputos realizados por el propio Consejo; o II. Por no tomar en cuenta las sentencias que, en su caso, hubiesen dictado las Salas del Tribunal; o III. Por contravenir las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

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II. Revocar la anulación de la elección;

IV. Asignar la senaduría de primera minoría a un candidato o fórmula distintos, o V. Corregir la asignación de diputados o senadores según el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 2. En el recurso de reconsideración no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para que se acredite alguno de los presupuestos señalados en el artículo 62 de esta ley.”

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4. El recurso de reconsideración (REC) regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) durante el periodo de 1996 hasta antes de la reforma de 2008 En la sentencia dictada en los recursos de reconsideración SUP-REC-155/2017 y acumulados se señala que la Sala Superior ha establecido, a través de criterios de jurisprudencia, que el referido medio de impugnación procede para impugnar resoluciones en las que: a) De manera expresa o implícita se haya ordenado la inaplicación de leyes electorales, normas que regulan la vida de los partidos políticos o normas consuetudinarias electorales, por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) No se hubiesen ordenado las medidas necesarias para mantener la vigencia de los principios constitucionales y convencionales indispensables para otorgarle validez a los procesos electorales o cuando no se hubiese realizado el estudio de las irregularidades graves que violen los referidos principios.

En la propia sentencia dictada en los expedientes SUP-REC-155/2017 y acumulados se precisó que los referidos criterios se contienen en las Jurisprudencias 32/2009, 19/2012, 17/2012, 10/2011, 26/2012, 28/2013, 12/2014, 5/2014 y 32/2015, agregando que son consultables, en ese orden, en el portal http://portal.te.gob.mx

g) La autoridad responsable hubiese desechado la demanda u ordenado el sobreseimiento en un medio de impugnación de su competencia, con base en la interpretación directa de un artículo constitucional.

27/2014 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD.

b) No se haya realizado el estudio de los agravios relativos a la inconstitucionalidad de normas electorales o cuando estos motivos de inconformidad se declaren inoperantes. c) El órgano jurisdiccional responsable se hubiese pronunciado acerca de la constitucionalidad de una norma de carácter electoral de manera expresa o implícita o cuando hubiera realizado la interpretación de un artículo constitucional mediante el cual se orienta o no de normas secundarias.

A los criterios anteriores, podemos agregar los que se encuentran contenidos en las siguientes Jurisprudencias y Tesis que también pueden consultarse en el portal referido:

39/2016 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES PROCEDENTE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS INCIDENTALES DE LAS SALAS REGIONALES QUE DECIDAN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE NORMAS. 12/2018 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL. 5/2019 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES PROCEDENTE PARA ANALIZAR ASUNTOS RELEVANTES Y TRASCENDENTES. Así como las Tesis: XXXIX/2004 de rubro: RECONSIDERACIÓN. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA. XCI/2015 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES, VINCULADAS CON LOS RESULTADOS DE UN PROCESO DE ELECCIÓN INTRAPARTIDISTA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

d) La autoridad responsable hubiese realizado control de convencionalidad. e) La Sala Regional responsable hubiese omitido el estudio de algún planteamiento relativo a la indebida interpretación de leyes, por contravenir bases, preceptos o principios establecidos en la Constitución Política 44

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7. Criterios judiciales sostenidos durante el periodo de diciembre de 2016 a octubre de 2019 por la Sala Superior del TEPJF relativos a la procedencia del REC cuando exista error judicial que ocasione una violación al debido proceso 1) SUP-REC-818/2016, dictada el 16 de diciembre de 2016 Es la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, ya que en ella se estableció por primera ocasión el criterio que establece la procedencia del REC cuando exista un error judicial evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso que coloque al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable. Acto impugnado. Con ese carácter se señaló la sentencia dictada el dos de noviembre de dos mil dieciséis por la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal. En la sentencia de la Sala Superior se señala que la sentencia impugnada fue dictada: “… en el expediente del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano identificado con la clave SM-JDC-283/2016, por la que desechó el escrito de demanda de la ahora recurrente por la que, a su vez, controvirtió la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que se ordenó al ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León, reincorporar a Rosa María Uvalle de León en el cargo de Primera Regidora propietaria de ese órgano edilicio, …”

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Agravio. Al referirse al motivo de inconformidad la Sala Superior mencionó lo siguiente: “A. Afirma que con el desechamiento decretado por la Sala Regional responsable, se determinó la inaplicación implícita de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no tomó en consideración el acuerdo general de esta Sala Superior identificado con al número 3/2008, en el que se estableció que en los asuntos no relacionados con los procesos electorales, el doce de octubre debe considerarse como un día inhábil.” Razón (ratio decidendi) o criterio. La Sala Superior sustentó su decisión conforme a lo siguiente: “No obstante, el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerado en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto, y

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Decisión. En la sentencia se ordenó la revocación del fallo impugnado para los efectos señalados en el considerando CUARTO de la ejecutoria: “CUARTO. Efectos. Por lo expuesto, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para el efecto de ordenar a la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, que, de no advertir la actualización de diversa causa de improcedencia, proceda a admitir el medio de impugnación y a resolver lo que conforme a derecho corresponda. En consecuencia, previas las anotaciones atinentes, se deberán enviar las constancias que integran el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SMJDC-283/2016, a la Sala Regional responsable.” Votación. El proyecto de sentencia fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales, quienes emitieron voto particular conjunto.

2) SUP-REC-146/2017, dictada el 26 de abril de 2017 Conforme a la clasificación de sentencias de López Medina (López 2002, 67-68), esta es una sentencia hito, ya que mediante ella el TEPJF contribuye a la creación con autoridad de una sub-regla constitucional al reiterar la ratio decidendi o criterio sustentado en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, logrando así la unificación jurisprudencial. Respecto a la sub-regla constitucional, es importante mencionar que el propio autor sostiene que: “… junto al texto expreso de la Constitución, antaño fuente indisputada de todo el derecho constitucional, hoy en día aparece el juez constitucional , a través de su jurisprudencia, como un creador consciente de sub-reglas constitucionales y no simplemente como un aplicador pasivo de los textos superiores.” (López 2002, 1).

Hoy en día aparece el juez constitucional , a través de su jurisprudencia, como un creador consciente de sub-reglas constitucionales y no simplemente como un aplicador pasivo de los textos superiores.

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Acto impugnado. Con ese carácter se identificó la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal en el expediente SDF-RAP-7/2017, mediante la cual desechó la demanda –por considerarla extemporánea al advertir un error evidente en el cómputo del plazo presentada por el Partido Verde Ecologista de México, enderezada en contra de la Resolución INE/CG/814/2016 relativa a las irregularidades detectadas en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015.

impugnación se presentó el miércoles veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, la promoción del recurso es oportuna, de ahí que sea fundado el concepto de agravio y suficiente para revocar la sentencia impugnada.”

Agravio. Al referirse a este apartado, la Sala Superior señaló que el recurrente expresó como motivo de inconformidad que la Sala Regional desechó su escrito de demanda argumentando que se había presentado fuera del plazo de cuatro días establecido en el artículo 8 de la LGSMIME, lo cual, a juicio del recurrente vulneró su derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia ya que no tomó en consideración que el plazo debía transcurrir a partir del día siguiente a aquél en que se le notificó el engrose respectivo.

Efectos de la sentencia.

Razón (ratio decidendi) o criterio. La Sala Superior sustentó su decisión conforme a lo siguiente: “… la Sala Regional debió considerar que no obstante que al Partido Verde le opera la notificación automática, el Reglamento de Sesiones del Consejo General establece expresamente, como ya se mencionó, en su artículo 26, numeral 3 que el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación deberá comenzar hasta el momento en que se haga la notificación personal del engrose aprobado. En consecuencia, como el escrito de demanda del citado medio de 48

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Decisión. “ÚNICO. Se revoca la sentencia SDFRAP-7/2017 dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México para los efectos precisados en la presente ejecutoria.”

“5. Efectos. Por lo expuesto, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para el efecto de ordenar a la Sala Regional que, de no advertir la actualización de diversa causa de improcedencia, proceda a admitir el medio de impugnación y a resolver lo que conforme a derecho corresponda.” Votación. Este asunto se resolvió por mayoría de votos, con el voto en contra de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales, quienes emitieron voto particular.

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3) SUP-REC-1183/2017, dictada el 2 de junio de 2017 De acuerdo con la clasificación de sentencias de López Medina (López 2002, 67-68), esta es una sentencia hito, ya que mediante ella el TEPJF contribuye a la creación con autoridad de una sub-regla constitucional al reiterar la ratio decidendi o criterio sustentado en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, logrando así la unificación jurisprudencial. Acto impugnado. Con ese carácter se señaló el fallo pronunciado por la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal en el expediente identificado con la clave SX-JRC-19/2016 y acumulado, mediante el cual confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco recaído en el expediente TETAP-25/2016-III y acumulados que ordenó la modificación de los Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género, en la postulación de candidaturas al cargo de Presidente Municipal y Regidores por el Principio de Mayoría Relativa y por el Principio de Representación Proporcional en esa entidad federativa y confirmó el Acuerdo CE/2016/050 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recaído a los referidos Lineamientos. Agravios. Al referirse a los motivos de inconformidad la Sala Superior refirió lo siguiente: “El recurrente plantea sus agravios bajo los siguientes ejes temáticos: a) Indebida inaplicación del artículo 185, numeral 6 de la Ley Electoral Local; b) Violación al principio non reformatio in peius y de auto organización y autodeterminación de los partidos políticos políticos; c) Violación al principio de alternancia, y d) Violaciones procesales.”

Razón (ratio decidendi) o criterio. La Sala Superior del TEPJF sustentó su decisión conforme a lo siguiente: “Esta Sala Superior ha sostenido… que no todos aquellos medios de impugnación en los que se aduzca que una Sala Regional incurrió en alguna violación al debido proceso derivada de un error en la apreciación de los hechos y la correspondiente aplicación de la consecuencia jurídica de improcedencia o sobreseimiento del medio impugnativo, es suficiente para que el recurso se admita y sea resuelto en el fondo. Sólo aquellos en los que la denegación de acceso a la jurisdicción sea notoria y que derive de un error evidente, apreciable mediante una revisión sumaria y preliminar del expediente, y no de alguna deficiencia insuperable del escrito impugnativo o causa derivada de la conducta procesal del justiciable, ni tampoco de ejercicio interpretativo realizado en la determinación cuestionada. Así, cuando se plantea un error como causa de pedir, aduciendo que la responsable incurrió en un razonamiento equivocado por falta de correspondencia con los hechos, la procedencia del recurso de reconsideración se encuentra condicionada a que la equivocación se advierta de la simple revisión del expediente, sea incontrovertible, y determinante para el sentido de la sentencia cuestionada; de tal manera que su estudio genere la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada, a fin de reparar la violación a través de la medida que se considere eficaz para la restitución del derecho.”

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Decisión. La Sala Superior calificó el agravio identificado con el inciso d), -violaciones procesales- en los siguientes términos: “En el caso concreto, las manifestaciones hechas por el recurrente en su escrito de demanda ante la Sala responsable, no están dirigidas a impugnar la sentencia que identifica como: TET-AP-04/2017-I y acumulados del Tribunal Local, al ser estas genéricas o imprecisas, además de que el resolutivo CUARTO transcrito como parte del acto impugnado en su demanda, refiere el acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos de paridad de Presidentes Municipales y Regidores, no así el de Diputados. Por estas razones, el Tribunal Local en su informe circunstanciado consideró que, si bien MORENA expresó que se impugnan dos sentencias distintas, únicamente enderezó agravios en contra de las consideraciones de fondo vertidas en los expedientes TET-AP-25/2016 y acumulados. De ahí que se estima correcto que Sala Xalapa integrara el expediente únicamente con la sentencia antes referida, sin tomar en consideración la diversa identificada por el actor como: TET-AP-04/2017-I y acumulados.” Con base en lo anterior, resolvió: “ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.” Votación. Este asunto se resolvió por unanimidad de votos.

4) SUP-REC-1374/2017, dictada el 14 de diciembre de 2017 Atendiendo a la clasificación de sentencias de López Medina (López 2002, 67-68), esta es una sentencia hito, ya que mediante ella el TEPJF contribuye a la creación con autoridad de una sub-regla constitucional al reiterar la ratio decidendi o criterio sustentado en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, logrando así la unificación jurisprudencial. Acto impugnado. En este asunto se señaló con este carácter la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete por la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal mediante la cual: “… acumuló y resolvió los juicios ciudadanos, en el sentido de sobreseer el juicio ciudadano SX-JDC-666/2017, por la presentación extemporánea de la demanda, y respecto de los ciudadanos Abelina García Meza y José Antonio por no haber firmado la demanda del expediente SX-JDC-662/2017; confirmar la sentencia impugnada.”

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Agravio. Al referirse al motivo de inconformidad mediante el cual se alegó error judicial, se señaló lo siguiente: “Los actores aducen esencialmente que fue incorrecto que la Sala Xalapa desechara el juicio ciudadano por supuestamente haberse presentado extemporáneamente, pues realizó una interpretación regresiva de los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución. Ello, porque no tomó en cuenta que los actores son indígenas, de bajos recursos económicos y que, si bien señalaron como domicilio los estrados del Tribunal local, se debió a que es el lugar más cercano al que podían acudir para enterarse de las notificaciones, dado que la comunidad está alejada de la capital del estado, y por la escasez de recursos no podían trasladarse con frecuencia, por lo que acudió hasta el veintiocho de agosto al Tribunal, y fue cuando se le proporcionó copia de la sentencia, por lo cual presentó su demanda el día siguiente (veintinueve de agosto). La Sala Xalapa, sin tomar en cuenta la situación antes descrita, determinó que el plazo para la presentación del medio de impugnación corría desde el día en que se publicó la sentencia en estrados, lo cual, a consideración del actor, impone la carga excesiva de acudir a los estrados del Tribunal local todos los días. Por lo cual solicitan que se revoque la resolución impugnada, y que en plenitud de jurisdicción se analice su demanda de juicio ciudadano.” Razón (ratio decidendi) o criterio. La Sala Superior sustenta su decisión en los siguientes términos: “No obstante, el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerada en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable…. Igual criterio se adoptó por esta Sala Superior al resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-818/2016 y SUP-REC-146/2017. [8: Argumentos sostenidos en el SUPREC-146/2017.] Es preciso señalar que no todos aquellos medios de impugnación en los que se aduzca que una Sala Regional incurrió en alguna violación al debido proceso derivada de un error en la apreciación de los hechos y la correspondiente aplicación de la consecuencia jurídica de improcedencia o sobreseimiento del medio impugnativo es suficiente para que el recurso se admita y sea resuelto en el fondo; sino sólo aquellos en los que la denegación de acceso a la jurisdicción sea notoria y que derive de un error evidente, …” Decisión. “PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada, en los términos precisados en la consideración tercera.” “SEGUNDO. Se confirma la determinación de declarar la validez de la elección.”

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La Consideración Tercera a que se refiere el Punto Primero de la decisión es del tenor siguiente:

Acto impugnado. Con ese carácter se identificó la siguiente resolución:

“Los agravios de los actores son fundados, ya que es un hecho notorio para esta Sala Superior que la Sala Xalapa sobreseyó la demanda indebidamente, con base en la supuesta presentación extemporánea, …”

“… sentencia de treinta y uno de julio del año en curso, dictada en el juicio de inconformidad con clave de expediente SCM-JIN-104/2018, en la que determinó sobreseer el referido medio de defensa, al advertir que el Partido de la Revolución Democrática no cuestiona en sí mismos los resultados electorales, ni la validez de la elección al cargo de senadores de mayoría relativa en Guerrero.”

Votación. Este asunto se resolvió por mayoría de votos, con el voto en contra de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales, quienes emitieron voto particular.

5. SUP-REC-851/2018 y Acumulado SUP-REC-852/2018 Sentencia dictada el 19 de agosto de 2018 Siguiendo la clasificación de sentencias de López Medina (López 2002, 6768), esta es una sentencia hito, ya que mediante ella el TEPJF contribuye a la creación con autoridad de una sub-regla constitucional al reiterar la ratio decidendi o criterio sustentado en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, logrando así la unificación jurisprudencial.

que el recurrente no aduce violación manifiesta al debido proceso o las razones que justifiquen por qué a su juicio, existió indebida actuación de la responsable, ni precisa la existencia de algún error evidente, ni esta autoridad advierte que se actualice algún error evidente respecto del juicio de inconformidad interpuesto por el partido político.”

En esta sentencia la Sala Superior del TEPJF decidió sobreseer la demanda de recurso de reconsideración correspondiente al SUP-REC-851/2018 y admitir la demanda realtiva al SUPREC-852/2018.

En cuanto a la demanda de recurso de reconsideración SUP-REC-852/2018 presentada por Beatriz Mojica Morga, la Sala Superior determinó que en el caso sí se cumplía con el requisito especial de procedibilidad:

El órgano jurisdiccional decidió sobreseer en el recurso de reconsideración SUP-REC-851/2018 al advertir que el recurrente pretendía impugnar una sentencia dictada en un juicio de inconformidad que no era de fondo. La propia Sala Superior agregó que:

“… no obstante que la resolución impugnada no constituya una sentencia de fondo, resultando aplicable al caso la jurisprudencia 12/2018, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL.”

“… tampoco se surte el supuesto previsto en la jurisprudencia 12/2018, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL, en tanto

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Agravio. Al referirse al motivo de inconformidad mediante el cual se alegó error judicial, la Sala Superior señaló lo siguiente: “La ciudadana recurrente refiere que la Sala responsable omitió llamarla a juicio, por lo que vulneró su derecho al debido proceso y la garantía de audiencia, conforme a lo siguiente: Se vulnera el debido proceso y la garantía de audiencia, pues no fue llamada a juicio por la responsable, aun cuando reconoció la existencia de violencia de género en su contra, conforme a lo determinó por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSD-123/2018; siendo que la Sala Superior ha sostenido que en los casos que involucren cuestiones de género, se debe juzgar con perspectiva de género y con plena vigencia de los principios ya señalados que permitan a la víctima imponerse de las circunstancias de hecho y derecho que la afectan. Máxime, cuando las acciones sean deducidas por los partidos políticos, debido a la legitimación que les reconoce la normativa electoral, y no por quienes sufrieron directamente la violencia política en razón de género, pues de no ser así, se deja al arbitrio de los partidos políticos la defensa de violaciones que no les ocasionan un perjuicio directo.

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Lo anterior, evidencia que la Sala Regional no comprendió el contexto del caso concreto y la vulnerabilidad en la que se encuentra la actora, pues lejos de garantizar la protección efectiva de sus derechos humanos y político-electorales, y recibir atención especializada en su condición de víctima, la deja en estado de indefensión, lo que la revictimiza y agrava su situación de vulnerabilidad.” Razón (ratio decidendi) o criterio. La Sala Superior sustentó su decisión manifestando lo siguiente: “En términos de la jurisprudencia mencionada, de la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 1º, párrafos segundo y tercero, 17, párrafo segundo, 41, Base VI, y 99 de la Constitución Federal; 8, 10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en relación con los artículos 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, y 63, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso de reconsideración es procedente, de manera excepcional, en contra de sentencias de las salas regionales en las que no se realice un estudio de fondo, siempre que se cumplan con los siguientes elementos: La falta de estudio de fondo sea atribuible a la sala regional responsable, por una indebida actuación que viole las garantías esenciales del debido proceso o por un error evidente e incontrovertible, apreciable de la simple revisión del expediente, que sea determinante para el sentido de la sentencia cuestionada. Exista la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación atinente,

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a través de la medida que al efecto se estime eficaz. … “Esta Sala Superior considera fundados los motivos de inconformidad relacionados con la vulneración al debido proceso al no haber llamado a juicio a la ciudadana recurrente, ya que dentro de las irregularidades que en que fundó su pretensión el Partido de la Revolución Democrática en el juicio de inconformidad se encuentran hechos de violencia política por razón de género en contra de la candidata, de ahí que al estar acreditado su carácter de víctima mediante resolución jurisdiccional firme, era indispensable llamarla a juicio para proteger su esfera de derechos en aplicación del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”.” Decisión. “SEGUNDO. Se sobresee el recurso de reconsideración promovido por el Partido de la Revolución Democrática. TERCERO. Se revoca la sentencia impugnada. CUARTO. Se confirma la entrega de la constancia de asignación de Senaduría de Primera Minoría en el Estado de Guerrero.”

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6) SUP-REC-349/2019 y su acumulado Sentencia dictada el 15 de mayo de 2019 De conformidad con la clasificación de sentencias de López Medina (López 2002, 67-68), esta es una sentencia hito, ya que mediante ella el TEPJF contribuye a la creación con autoridad de una subregla constitucional al reiterar la ratio decidendi Decisión. “SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos señalados en el considerando QUINTO de la presente ejecutoria.” El Considerando Quinto a que se refiere el Punto Segundo de la decisión señala lo siguiente: “Al haber resultados fundados los agravios, lo procedente es revocar la sentencia impugnada a efecto de ordenar a la Sala Regional Xalapa, que, de no advertir la actualización de alguna otra causal de improcedencia, proceda a admitir el medio de impugnación y a resolver a la brevedad lo que conforme a derecho corresponda.” Votación. Este caso se resolvió por unanimidad de votos.

Votación. Este asunto fue resuelto por unanimidad de votos.

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8. Línea jurisprudencial

Escenario constitucional: El derecho de acceso a la justicia debe privilegiarse cuando exista un error judicial evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso que coloque al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable.

A continuación, mostramos los elementos y las sentencias -ya referidas- que conforman la siguiente:

LÍNEA JURISPRUDENCIAL

Sentencia fundadora de línea42: SUP-REC-818/2016

Tema: Procedencia del recurso de reconsideración cuando exista error judicial39 que ocasione violación al debido proceso4⁰

El criterio mediante el cual se estableció la procedencia del recurso de reconsideración cuando exista error evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable, se estableció en la sentencia fundacional de la línea dictada en el expediente SUP-REC-818/2016. En el fallo de referencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestó:

Problema jurídico41 principal: ¿Resulta procedente el recurso de reconsideración cuando exista error judicial y violación al debido proceso?

“… que el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerado en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto, y eventualmente irreparable.”

Diagrama:

Derecho de acceso a la justicia

Cuando exista error judicial y violación al debido proceso

Sentencias hito43: El criterio sustentado en la sentencia fundadora de la línea dictada en el expediente SUP-REC-818/2016 ha sido confirmado en otros pronunciamientos de la Sala Superior. Al respecto, se identificaron cinco sentencias hito o paradigmáticas que ratifican ese criterio las cuales expresan de manera idéntica o similar los planteamientos de la sentencia fundadora, siendo importante señalar -respecto de tales planteamientos- que no se encontró en estos fallos alguna resolución que hubiese definido un balance constitucional más complejo, consistente o estable que el referido en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, por ejemplo, entre la naturaleza extraordinaria del recurso de reconsideración, su procedencia únicamente contra sentencias de fondo según la LGSMIME, el derecho de acceso a la justicia y/o la utilidad del criterio para la interpretación del sistema jurídico.

Disposiciones que respaldan la decisión: Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y artículos 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).

El Diccionario Jurídico Mexicano señala que: “Tradicionalmente el error es definido como una creencia no conforme con la verdad y puesto que la verdad fue definida como lo que es, el error sería lo contrario a la realidad objetiva.” 40 El citado Diccionario Jurídico Mexicano precisa que: “Se entiende por debido proceso legal el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.” El propio Diccionario agrega que la doctrina y jurisprudencia extranjeras, sobre todo las de Norte América y Argentina, han sostenido: “… la posibilidad de comprender también la adecuación del fondo o mérito de las resoluciones respectivas con los objetivos del debido proceso legal.” También se precisa que en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente: “… el debido proceso en su sentido material o sustancial no tiene los alcances que se advierten en Estados Unidos o Argentina, sino que se circunscribe a los requisitos de fondo que deben cumplir las resoluciones judiciales (incluyendo las administrativas).” 41 López Medina (López 2002, 60-63) menciona que es la pregunta que encabeza una línea jurisprudencial y que el investigador debe responder a través de la identificación de diversos fallos judiciales, precisando la ratio decidendi de cada uno de ellos. El autor agrega que el investigador debe identificar específicamente el problema jurídico, alejándose de las generalidades o de los distintos escenarios que pueden desprenderse de un derecho.

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Es relevante precisar que tanto en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial, como en las cinco sentencias hito o paradigmáticas, el acto impugnado consistía en sentencias de desechamiento o sobreseimiento, que es un supuesto de procedencia del recurso de reconsideración, de carácter El autor citado (López 2002, 67-68) precisa que es la sentencia que cuenta con un peso estructural fundamental en la línea jurisprudencial por constituir el primer criterio que sustenta un tribunal en relación a un tema y se utiliza como apoyo para constatar que las siguientes sentencias guardan consistencia con el criterio sostenido, con la posibilidad de formular precisiones acerca de alguna cuestión que no se analizó con detalle en la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial. 43 De acuerdo a lo que sostiene López Medina (López 2002, 68), son fallos ampliamente debatidos al interior de un tribunal y es probable que susciten votos particulares por parte de magistrados disidentes. El propio autor agrega que las sentencias de unificación usualmente –pero no necesariamente- son sentencias hito. 42

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es un supuesto de procedencia del recurso de reconsideración, de carácter jurisprudencial, que propicia -junto con los demás supuestos jurisprudencialesla maximización del derecho de acceso a la justicia en materia electoral, ya que la LGSMIME establece en el artículo 61, párrafo 1, que: “El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes: a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.” En el total de sentencias que se estudiaron para la elaboración de este trabajo se localizaron, además, 66 fallos en los que la Sala Superior hizo referencia al criterio sustentado en la referida línea, pero al no encontrar que en ellos se actualizara alguno de los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración, determinó el desechamiento o el sobreseimiento -según el caso- de las demandas respectivas.

Sentencias hito que confirman la doctrina: SUP-REC-146/2017; SUP-REC-1183/2017; SUP-REC-1374/2017; SUP-REC-851/2018 y su acumulado SUP-REC-852/2018; y SUP-REC-0349/2019 y su acumulado.

Línea jurisprudencial: Bajo una visión garantista y antiformalista se considera que el requisito especial de procedencia del recurso de reconsideración, como medio extraordinario de impugnación, se ha flexibilizado con la finalidad de que la Sala Superior pueda conocer -de forma adicional a los supuestos de ley- de casos en que haya existido un error judicial evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso y que coloque al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable.

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Votos particulares. En el expediente SUP-REC-0818/2016, los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales votaron en contra del proyecto y presentaron voto particular conjunto manifestando que en este asunto: “… no es factible que para determinar la procedencia del recurso de reconsideración, se examine el tema de fondo, pues el pronunciamiento que se realiza, únicamente entraña el examen de delimitar qué días hábiles e inhábiles deben computarse para determinar la oportunidad del medio de impugnación.” En el expediente SUP-REC-146/2017 la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales votaron en contra del proyecto y emitieron voto particular expresando lo siguiente: “La Sala Regional responsable, desechó la demanda por considerar que el medio de impugnación se había promovido de forma extemporánea, en atención a que, el partido político recurrente manifestó haber conocido el acto recurrido el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, transcurriendo con exceso el plazo de cuatro días previsto en la ley de la materia, para hacer valer el medio de impugnación, en tanto que, se había presentado el veintiuno siguiente. Sobre el particular, las consideraciones que sustentan el proyecto de la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, descansan en lo esencial, en el hecho de que, al no prever el legislador la situación extraordinaria de proteger el derecho de acceso a la justicia, este tribunal federal, en aras de tutelarlo, debe emprender el estudio de la cuestión planteada, al existir un error judicial que trasciende en la esfera del recurrente, pues se hace patente la obligación de sujetar todos los actos y resoluciones a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. De esa manera, consideramos que la circunstancia de que se aduzca en los agravios una violación a los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y a un recurso judicial efectivo, no puede equivaler a dejar de observar los requisitos de procedencia del medio de impugnación.” En el expediente SUP-REC-1374-2017, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales votaron en contra del proyecto y emitieron voto particular manifestando que: “… las consideraciones que sustentan la ejecutoria aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior se centran, sustancialmente, en el hecho de que, al no prever el legislador la situación extraordinaria de proteger el derecho de acceso a la justicia, este órgano jurisdiccional, en aras de tutelarlo, debe emprender el estudio de la cuestión planteada, al existir un error judicial que trasciende a la esfera de los recurrentes, ya que existe la obligación de sujetar todos los actos y resoluciones a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.

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A partir de lo expuesto, consideramos que el recurso de reconsideración debe desecharse al no cumplirse el requisito de procedencia contemplado en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.” … “En la especie, si la Sala Regional al sobreseer el medio de impugnación no realizó un ejercicio de inaplicación de una ley por estimarla contraria al texto fundamental y tampoco se analizó un tema de convencionalidad, tal situación nos lleva a concluir que, en el presente asunto, no se reúnen los requisitos que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé para la procedencia del recurso de reconsideración.”

La interpretación gráfica de la línea jurisprudencial comprueba la estabilidad del criterio:

SUP-REC-0818/2016

VP*

SUP-REC-146/2017

VP*

SUP-REC-1183/2017

SUP-REC-1374/2018

SUP-REC-851/2018 y su acumulado SUP-REC-852/2018 SUP-REC-0349/2019

VP*

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9. Sentencias en las que la Sala Superior hizo referencia al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, determinando el desechamiento o el sobreseimiento de las demandas de recurso de reconsideración al estimar que en esos casos no se actualizaba algún supuesto de procedencia

1) SUP-REC-1183/2017, dictada el 2 de junio de 2017 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, confirmando la resolución impugnada al estimar que: “… las manifestaciones hechas por el recurrente en su escrito de demanda ante la Sala responsable, no están dirigidas a impugnar la sentencia que identifica como: TET-AP-04/2017-I y acumulados del Tribunal Local, al ser estas genéricas o imprecisas, además de que el resolutivo CUARTO transcrito como parte del acto impugnado en su demanda, refiere el acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos de paridad de Presidentes Municipales y Regidores, no así el de Diputados.”

2) SUP-REC-1249/2017, dictada el 12 de julio de 2017 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, determinando que el recurso de reconsideración resultaba improcedente conforme a lo establecido en los artículos 9, párrafo 3; 61, párrafo 1, 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV y 68, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3) SUP-REC-1253/2017, dictada el 24 de agosto de 2017 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, determinando que la demanda del recurso de reconsideración debía desecharse de plano conforme a lo establecido en los artículos 9, párrafo 3; 61, párrafo 1, 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, y 68, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

*VP: Voto particular.

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4) SUP-REC-1344/2017, dictada el 31 de octubre de 2017

9) SUP-REC-560/2018. Sentencia dictada el 11 de julio de 2018

En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano las demandas de recurso de reconsideración al considerar que este caso no exigía el estudio de algún tema de constitucionalidad o convencionalidad.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que en este caso no existía error judicial o una violación manifiesta al debido proceso.

5) SUP-REC-274/2018. Sentencia dictada el 23 de mayo de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al estimar que, en el caso, no se actualizaba el supuesto establecido en la jurisprudencia 12/2018 de rubro: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL.

6) SUP-REC-547/2018. Sentencia dictada el 30 de junio de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

7) SUP-REC-565/2018. Sentencia dictada el 5 de julio de 2018 Sentencia en la que la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración al observar que la sentencia impugnada no era de fondo y porque no advertía la existencia de algún tema de constitucionalidad o convencionalidad.

8) SUP-REC-559/2018. Sentencia dictada el 11 de julio de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que en este caso no existía error judicial o una violación manifiesta al debido proceso.

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10) SUP-REC-573/2018. Sentencia dictada el 25 de julio de 2018 Sentencia en la que la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración por estimar que con las referencias de la recurrente no resultaba posible tener por cumplido el requisito específico de procedencia, ya que la litis no trataba acerca de un tema de constitucionalidad o convencionalidad, ni se realizóo o dejó de hacerse la interpretación directa de la CPEUM.

11) SUP-REC-579/2018. Sentencia dictada el 25 de julio de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al estimar que en este caso no se actualizaba alguno de los supuestos de procedencia.

12) SUP-REC-583/2018. Sentencia dictada el 27 de julio de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración porque la sentencia impugnada no se pronunció sobre el fondo del asunto y no se actualizó alguna excepción para la procedencia de este medio de impugnación.

13) SUP-REC-171/2018, dictada el 19 de agosto de 2018 En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se actualizaba la causal de improcedencia de falta de interés por controvertir un acto inexistente.

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14) SUP-REC-851/2018 y acumulado SUP-REC-852/2018 Sentencia dictada el 19 de agosto de 2018 En esta sentencia la Sala Superior del TEPJF decidió sobreseer la demanda de recurso de reconsideración que motivó la integración del expediente SUP-REC-851/2018 al advertir que el recurrente pretendía impugnar una sentencia dictada en un juicio de inconformidad que no era de fondo, agregando que: “… tampoco se surte el supuesto previsto en la jurisprudencia 12/2018, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL, en tanto que el recurrente no aduce violación manifiesta al debido proceso o las razones que justifiquen por qué a su juicio, existió indebida actuación de la responsable, ni precisa la existencia de algún error evidente, ni esta autoridad advierte que se actualice algún error evidente respecto del juicio de inconformidad interpuesto por el partido político. En cuanto a la demanda de recurso de reconsideración SUP-REC-852/2018 presentada por Beatriz Mojica Morga, la Sala Superior determinó que en el caso se cumplía con el requisito especial de procedibilidad: “… no obstante que la resolución impugnada no constituya una sentencia de fondo, resultando aplicable al caso la jurisprudencia 12/2018, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE NOTORIO ERROR JUDICIAL.”

15) SUP-REC-1035/2018. Sentencia dictada el 31 de agosto de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al estimar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

16) SUP-REC-1127/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

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17) SUP-REC-1128/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

18) SUP-REC-1129/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

19) SUP-REC-1134/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

20) SUP-REC-1135/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

21) SUP-REC-1136/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2108 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

22) SUP-REC-1141/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

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23) SUP-REC-1142/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018

28) SUP-REC-1243/2018. Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior determinó desechar de plano la demanda de recurso de reconsideración al considerar que no cumplía con el requisito especial de procedencia al no contener estudio de constitucionalidad o convencionalidad.

24) SUP-REC-1143/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018

29) SUP-REC-1257/2018. Sentencia dictada el 19 de septiembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se actualizaba alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

25) SUP-REC-1168/2018. Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2018

30) SUP-REC-1164/2018. Sentencia dictada el 25 de septiembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se adecuaba a alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que que no se surtía el requisito especial de procedencia del recurso de reconsideración ya que la Sala Regional responsable únicamente realizó un examen de legalidad.

26) SUP-REC-1237/2018. Sentencia dictada el 13 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que no se actualizaba alguno de los supuestos legales y jurisprudenciales.

27) SUP-REC-1151/2018. Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al estimar que en el fallo impugnado: “… no se inaplicó alguna ley electoral, ni se surte alguno de los supuestos de procedencia desarrollados jurisprudencialmente por esta Sala Superior, por lo que debe desecharse de plano, conforme con lo dispuesto por los artículos 9, párrafo 3, 61, 62 y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

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31) SUP-REC-1308/2018. Sentencia dictada el 25 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración al considerar que lo resuelto por la Sala Regional responsable se circunscribió a un aspecto de mera legalidad y no a una violación al debido proceso.

32) SUP-REC-1342/2018. Sentencia dictada el 28 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio con el que se conformó la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración porque no se actualizaba alguna de las condiciones especiales de procedibilidad de este medio de impugnación.

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33) SUP-REC-1281/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018

39) SUP-REC-1494/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración al estimar que no cumplía el requisito especial de procedencia consistente en que el fallo combatido atendiese cuestiones de constitucionalidad o convencionalidad o que los recurrentes hubiesen expresado argumentos en torno a esos temas.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse ninguno de los supuestos de procedencia.

34) SUP-REC-1322/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración al estimar que no cumplía el requisito especial de procedencia consistente en que el fallo combatido atendiese cuestiones de constitucionalidad o convencionalidad o que los recurrentes hubiesen expresado argumentos en torno a esos temas.

35) SUP-REC-1353/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración ya que no se advertía error judicial o violación al debido proceso.

36) SUP-REC-1375/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración al considerar que la litis no involucraba un tema de constitucionalidad o de convencionalidad.

37) SUP-REC-1402/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos de procedencia.

38) SUP-REC-1403/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2019 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos de procedencia.

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40) SUP-REC-1497/2018. Sentencia dictada el 30 de septiembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos de procedencia.

41) SUP-REC-1541/2018. Sentencia dictada el 9 de octubre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos de procedibilidad.

42) SUP-REC-1559/2018. Sentencia dictada el 9 de octubre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos de procedibilidad.

43) SUP-REC-1595/2018. Sentencia dictada el 24 de octubre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente la demanda de recurso de reconsideración por presentarse de manera extemporánea.

44) SUP-REC-1693/2018 y acumulados. Sentencia dictada el 30 de octubre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedentes las demandas de recurso de reconsideración conforme a lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, 61, párrafo 1, 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, y 68, párrafo 1, de la LGSMIME.

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45) SUP-REC-1699/2018. Sentencia dictada el 30 de octubre de 2018

51) SUP-REC-1956/2018. Sentencia dictada el 27 de diciembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

46) SUP-REC-1710/2018. Sentencia dictada el 30 de octubre de 2018

52) SUP-REC-1960/2018. Sentencia dictada el 27 de diciembre de 2018

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

47) SUP-REC-1822/2018. Sentencia dictada el 21 de noviembre de 2018

53) SUP-REC-001/2019. Sentencia dictada el 16 de enero de 2019

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse alguna de las hipótesis de procedibilidad.

48) SUP-REC-1841/2018. Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018

54) SUP-REC-033/2019. Sentencia dictada el 27 de febrero de 2019

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, pero al advertir que tanto los agravios de las recurrentes, como las consideraciones de la Sala Regional responsable se basaban esencialmente en cuestiones de mera legalidad, decidió desechar las demandas de recurso de reconsideración.

49) SUP-REC-1873/2018. Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no adecuarse a alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

50) SUP-REC-1941/2018. Sentencia dictada el 27 de diciembre de 2018 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, declarando improcedente el recurso de reconsideración por no actualizarse alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales.

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55) SUP-REC-253/2019 y acumulados. Sentencia dictada el 3 de mayo de 2019 En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración por haberse presentado fuera del plazo establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la LGSMIME. Los recursos acumulados también se declararon improcedentes, ya que en la sentencia impugnada no se analizó la inaplicación de alguna ley electoral por considerarse contraria a la CPEUM, ni se surtió ninguno de los supuestos de procedencia establecidos jurisprudencialmente por la Sala Superior.

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56) SUP-REC-254/2019 y sus acumulados Sentencia dictada el 3 de mayo de 2019

60) SUP-REC-463/2019. Sentencia dictada el 14 de agosto de 2019

En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración por haberse presentado fuera del plazo establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la LGSMIME. Los recursos acumulados también se declararon improcedentes, porque no se actualizó el requisito especial de procedibilidad atinente al análisis de constitucionalidad o convencionalidad de alguna norma o la interpretación directa de algún artículo de la CPEUM en el análisis de fondo que realizó la Sala responsable.

En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano el recurso de reconsideración al estimar que la sentencia impugnada no era de fondo, no contenía análisis de constitucionalidad o convencionalidad y no se advertía una violación manifiesta al debido proceso derivada de un notorio error judicial.

57) SUP-REC-264/2019 y sus acumulados Sentencia dictada el 3 de mayo de 2019

En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano el recurso de reconsideración al estimar que no se controvertía una sentencia de fondo, no contenía análisis de constitucionalidad o convencionalidad, ni se advertía una violación manifiesta al debido proceso derivada de un notorio error judicial.

En esta sentencia la Sala Superior declaró improcedente el recurso de reconsideración por haberse presentado fuera del plazo establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la LGSMIME. Los recursos acumulados también se declararon improcedentes porque no se actualizó el requisito especial de procedibilidad atinente al análisis de constitucionalidad o convencionalidad de alguna norma o la interpretación directa de algún artículo de la CPEUM en el análisis de fondo que realizó la Sala responsable.

58) SUP-REC-272/2019 y acumulados Sentencia dictada el 3 de mayo de 2019 En esta sentencia la Sala Superior determinó el sobreseimiento de los recursos de reconsideración al estimar que se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), en concordancia con el artículo 68, párrafo 1, ambos de la LGSMIME, ya que en la sentencia impugnada no se estudió la inaplicación de alguna ley electoral por estimarse contraria a la CPEUM, ni se actualizó alguno de los supuestos de procedencia establecidos jurisprudencialmente por la propia Sala Superior.

59) SUP-REC-462/2019. Sentencia dictada el 14 de agosto de 2019 En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano el recurso de reconsideración por estimar que no se controvertía una sentencia de fondo, ni se había realizado por la responsable una interpretación directa de un precepto constitucional o convencional, ni se advertía una violación manifiesta al debido proceso derivada de un notorio error judicial.

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61) SUP-REC-467/2019 y acumulados Sentencia dictada el 14 de agosto de 2019

62) SUP-REC-480/2019. Sentencia dictada el 28 de agosto de 2019 En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano la demanda del recurso de reconsideración al estimar que no se cumplía con el requisito especial de procedencia, ya que no se advertía en la resolución impugnada que se hubiesen analizado cuestiones de constitucionalidad o convencionalidad, ni se plantearon argumentos -por parte del actor- que lo evidenciaran, ni se actualizaba ninguna hipótesis adicional de procedencia como el error evidente, ni la importancia o trascendencia del asunto.

63) SUP-REC-516/2019. Sentencia dictada el 11 de septiembre de 2019 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sostenido en la línea jurisprudencial, determinando que el recurso de reconsideración resultaba improcedente porque no advirtió que se hubiera dado una violación manifiesta al debido proceso o un notorio error judicial.

64) SUP-REC-542/2019. Sentencia dictada el 9 de octubre de 2019 En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano la demanda del recurso de reconsideración con base en lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 3, en correlación con los artículos 61 y 68, párrafo 1, de la LGSMIME, al estimar que no se actualizaba ningún supuesto de procedencia.

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CONCLUSIONES 65) SUP-REC-546/2019. Sentencia dictada el 23 de octubre de 2109 En esta sentencia la Sala Superior hizo alusión al criterio sustentado en la línea jurisprudencial, determinando que el recurso de reconsideración resultaba improcedente ya que los planteamientos expuestos en la demanda respectiva se encontraban vinculados con cuestiones de estricta legalidad, que no podían ser revisadas a través de este medio de impugnación.

66) SUP-REC-545/2019. Sentencia dictada el 30 de octubre de 2019 En esta sentencia la Sala Superior desechó de plano la demanda del recurso de reconsideración al advertir que no se impugnaba una sentencia de fondo, ni se abordaban temas de constitucionalidad o convencionalidad.

PRIMERA. Conforme a la doctrina consultada en este trabajo, en los Derechos de tipo continental la obligación y la práctica de la motivación, entendida como justificación de las sentencias es un acontecimiento reciente, ya que se inició a mediados del siglo XVIII y se incrementó notablemente después de la segunda guerra mundial, conforme con la consolidación del Estado Constitucional. SEGUNDA. De acuerdo con la doctrina citada en este artículo, en los sistemas de common law nunca ha existido la obligación explícita de motivar las sentencias, ya que esa práctica se inició en el siglo XII y se reiteró en el siglo XVI, no como resultado de una concepción democrática de la justicia, sino por exigencias relativas al funcionamiento de ese sistema, dado que el precedente sólo puede funcionar si la razón en que se sustenta la decisión (la ratio decidendi) se construye de manera explícita. TERCERA. Conforme a la doctrina seguida en este trabajo, una línea jurisprudencial es: “… una pregunta o problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisional.” CUARTA. En la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-REC-155/2017 y acumulados, se hace referencia a los criterios de jurisprudencia que establecen supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Otros supuestos de carácter jurisprudencial se contienen en las Jurisprudencias y Tesis siguientes: 27/2014; 39/2016; 12/2018; 5/2019; XXXIX/2004 y XCI/2015.

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QUINTA. En este trabajo se ha identificado la línea jurisprudencial del tema: “Procedencia del recurso de reconsideración cuando exista error judicial que ocasione violación al debido proceso.” El problema jurídico principal se formuló en los siguientes términos: ¿Resulta procedente el recurso de reconsideración cuando exista error judicial y violación al debido proceso? SEXTA. Como escenario constitucional se identificó el derecho de acceso a la justicia. A partir del estudio de las 6 sentencias (una de ellas fundadora y las demás hito), que conformaron la línea jurisprudencial, se identificó el criterio mediante el cual se estableció la procedencia del recurso de reconsideración cuando exista error evidente e inexcusable que produzca una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto y eventualmente irreparable. SÉPTIMA. En la sentencia fundadora se estableció el criterio que posteriormente –con el dictado de las sentencias hito- permitió la creación de la línea jurisprudencial en los siguientes términos: “… que el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerado en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto, y eventualmente irreparable.” OCTAVA. Del total de sentencias (72) que estudiamos para la identificación de la línea jurisprudencial, en 66 de ellas la Sala Superior determinó la improcedencia de los recursos de reconsideración al considerar que no se surtía alguno de los supuestos legales o jurisprudenciales de procedibilidad.

En la sentencia fundadora se estableció el criterio que posteriormente –con el dictado de las sentencias hito- permitió la creación de la línea jurisprudencial en los siguientes términos: “… que el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerado en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto, y eventualmente irreparable.” 76

Fuentes Bibliografía ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. 2001. El sentido del Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. SÁNCHEZ GIL, Rubén. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, 3a. reimp., Bogotá, Legis-Uniandes, Facultad de Derecho, 2002, 220 pp. Reseña Disponible en: f ile: ///F: /L%C3%ADneas%20Jurisprudenciales%20 Diego%20E%20L%C3%B3pez%20Medina/ L % C 3 % 9 3 P E Z % 2 0 M E D I N A ,% 2 0 D i e g o% 2 0 Eduardo,%20El%20derecho%20de%20los%20jueces%20-%20Bolet%C3%ADn%20Mexicano%20de%20 Derecho%20Comparado.htm LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. 2002. El Derecho de los Jueces. Obligatoriedad del precedente constitucional. Análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales. Teoría del Derecho Judicial. Tercera reimpresión. Bogotá, D.C., Legis Editores. Ediciones Uniandes. Diccionarios Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo IV. E-H. Voz Error civil. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: h t t p s : // b i b l i o . j u r i d i c a s . u n a m . m x / b j v/d e t a l l e libro/ 1171-diccionario-juridico-mexicano-t-iv-e-h (Consultado el 18 de diciembre de 2019). Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo III.D. Voz: Debido proceso legal. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: h t t p s : // b i b l i o . j u r i d i c a s . u n a m . m x / b j v/d e t a l l e libro/ 1170-diccionario-juridico-mexicano-t-iii-d (Consultado el 18 de diciembre de 2019).

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Decretos DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Disponible en: http://dof.gob.mx/index.php?year=2008&month=07&day=01 (Consultado el 18 de diciembre de 2019) Sentencias del TEPJF. Las sentencias analizadas en este encuentran disponibles en: https://www.te.gob.mx/buscador/

trabajo

se

Jurisprudencia y Tesis del TEPJF. La jurisprudencia y las tesis sustentadas por el TEPJF analizadas en este trabajo se encuentran disponibles en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/

LA PRUEBA EN MATERIA ELECTORAL, NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN INTEGRAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Lic. Isaac Morales Camacho 44

RESUMEN: En el Código Electoral del Estado de Puebla encontramos disposiciones sobre la regulación de las pruebas que pueden resultar imprecisas, por lo que es necesario atender esta problemática para poder fortalecer el sistema de medios de impugnación en materia electoral local y así garantizar una mejor protección a los derechos político electorales de la ciudadanía. PALABRAS CLAVE: Regulación, Pruebas, Prueba técnica, Código de Instituciones y Procesos Electorales. Sabemos bien que todo procedimiento jurisdiccional está conformado a partir de dos premisas, la primera se encuentra en la demanda, que es donde el actor promueve su acción, mientras que la segunda la encontramos cuando el demandado contesta esa demanda oponiendo las excepciones que estime pertinentes. Ambas premisas deben estar sustentadas a partir de la narración de hechos que, en concepto de los promoventes, provocan consecuencias jurídicas, dicha relatoría, debe estar sustentada a partir de un material probatorio idóneo que sea capaz de producir plena convicción sobre las afirmaciones de cada contendiente. En ese entendido podemos concluir que las pruebas juegan un papel trascendental dentro toda controversia judicial, pues es a partir de su análisis que el juzgador será capaz de determinar el sentido de la resolución; por lo tanto, resulta fundamental que las disposiciones relacionadas con el ofrecimiento, admisión desahogo y valoración de las mismas sean lo mas claro posible, pues de este modo los litigantes tendrán mayor claridad al momento de entablar sus respectivas acciones o excepciones, mientras que los juzgadores contarán con los recursos legales para poder resolver la contienda de una manera más justa y conforme a derecho.

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Auxiliar Jurídico de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 79


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Por lo anterior, las siguientes reflexiones tienen como propósito analizar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en lo relativo a la dilación probatoria en los medios de impugnación, ante la necesidad de reglas más claras y suficientes que garanticen una mejor substanciación de los procedimientos y una correcta impartición de justicia. En primer lugar, conviene precisar que en la mayoría de las materias, las leyes procesales comparten muchas similitudes, que van desde el mismo catalogo probatorio, hasta las mismas reglas para su admisión y valoración; un ejemplo de ello lo encontramos en las legislaciones civiles, mercantiles y laboral, cuyas disposiciones son idénticas, salvo en contadas excepciones. Además, en todas ellas se establece que, para cuestiones no previstas, tales omisiones se pueden subsanar a través de la aplicación de leyes supletorias, como es el caso de la materia agraria o del juicio de amparo donde la valoración y desahogo de ciertas probanzas se realiza al tenor de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. El derecho electoral, en cambio, es una de las áreas jurídicas que menos similitudes comparte con las demás materias, pues su normatividad contiene características muy particulares que poco se llegan a ver en un procedimiento de otra índole, como puede ser de materia mercantil, laboral e incluso penal. Lo mismo ocurre con la regulación del material probatorio, pues en esta área, ya sea de competencia federal o local los criterios de admisibilidad, así como las diversas clases de pruebas son muy singulares al grado de que las disposiciones que pueden ser comunes para otras materias, aquí son poco aplicables. 80

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Esta singularidad en muchas ocasiones puede ser el origen de diversas problemáticas, tanto para litigantes al plantear una controversia o en los juzgadores al momento de resolverla, pues las disposiciones contenidas en los Códigos Electorales pueden ser en algunos casos insuficientes ante los diversos supuestos que puedan llegar a plantearse. Este problema resalta aun más en la legislación electoral del Estado de Puebla, pues los artículos que regulan la dilación probatoria dentro de los medios de impugnación resultan muy generales, poco claros y quizá hasta ambiguos.

Las siguientes reflexiones tienen como propósito analizar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en lo relativo a la dilación probatoria en los medios de impugnación, ante la necesidad de reglas más claras y suficientes que garanticen una mejor substanciación de los procedimientos y una correcta impartición de justicia.

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Para comprender mejor lo anterior, conviene hacer mención de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues al tratarse de una legislación a nivel federal, constituye el modelo base de diversas legislaciones estatales en la misma materia. En ella podemos encontrar que en su artículo 2° se lee: “A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho”; asimismo, el diverso numeral 4, párrafo segundo, dispone que para la substanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral, y a falta de disposición expresa, se acudirá al Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, resulta relevante pues en la propia legislación se establecen mecanismos a los cuales el juzgador puede recurrir, para asegurar la correcta substanciación de los procedimientos y una mejor resolución en los mismos. Lo cual, si bien no garantiza la solución a todas las eventualidades, sí puede reducir considerablemente las confusiones, vacíos legales para resolver de una manera más lógica y adecuada la controversia de que se trate. Ahora bien, en el Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Puebla, encontramos algo similar, en su artículo 4 que dispone: “La interpretación de las disposiciones de este Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional…”; sin embargo, en lo relativo a la supletoriedad, el código local es más restrictivo, pues si bien en su artículo 368 contempla la posibilidad de acudir al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, esto solo es posible cuando se trata de la admisión y desechamiento de los recursos, lo cual constituye una de las bases de la problemática que aquí se analiza, pues

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desde un principio, no se otorga al juzgador la posibilidad de acudir a una diversa legislación ante una cuestión no regulada, sino que únicamente le da como herramienta la interpretación de la norma ya sea en técnica gramatical, sistemática o funcional. Establecido lo anterior y regresando al tema central —la regulación de la prueba—, la citada legislación contempla únicamente cinco artículos sobre este apartado, que son del 356 al 360, en los cuales se indica de manera muy genérica, en comparación con otras legislaciones de la misma especie, lo relativo al ofrecimiento, admisión, catálogo de pruebas y su valoración. En dicho ordenamiento encontramos que únicamente se admitirán las pruebas documentales (públicas o privadas), las pruebas técnicas y las presuncionales, las cuales deben ofrecerse al presentar el escrito del recurso, también describe las características y el valor de cada prueba, lo cual tratándose de pruebas documentales es muy similar a lo encontrado en ordenamientos de otras materias; sin embargo, lo que realmente destaca de esta legislación y siendo la parte central de este texto, es el concepto de la prueba técnica y el contenido del artículo 360 de Código Local Electoral. La prueba técnica es definida por el código como “aquellos medios de producción de imagen y sonido”, lo que en palabras mas coloquiales se puede traducir a archivos digitales de imagen, audio y video, fotografías y enlaces de sitios web, que si bien en otras materias pueden ser considerados como documentos privados, en materia electoral merecen especial relevancia, pues podría considerarse como el medio de convicción más utilizado después de los documentos públicos. Muestra de ello lo encontramos en los recursos de inconformidad, donde muchas veces los promoventes sustentan las irregularidades que hacen valer a través de videos, imágenes y audios; o bien, en los procedimientos sancionadores destacando como medios probatorios más comunes los enlaces de sitios web, pues hoy en día la mayoría de las infracciones a la normativa electoral se cometen a través de redes sociales.

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En ese contexto, encontramos que las pruebas técnicas juegan un papel fundamental en la materia electoral, por lo que resulta de especial trascendencia que todo lo relativo a su desahogo se encuentre debidamente regulado. Ahora bien, el Código Electoral del Estado, no prevé reglas específicas para su desahogo, y si bien en la práctica se acostumbra su verificación a través de un acta circunstanciada, valdría la pena regular a mayor profundidad dicha probanza para otorgarle directrices más claras sobre su alcance y valor, pudiendo tomar como base, en todo caso, lo que otros ordenamientos procesales establecen para la prueba documental privada o para la inspección, ello ante la similitud que comparten con esta clase de prueba (técnica). En efecto las pruebas documentales privadas, así como las inspecciones judiciales, comparten muchas características con la prueba técnica, por ejemplo, un documento se define como una representación material de un acontecimiento, lo cual encuentra similitud con la propia definición que el Código establece respecto de las pruebas técnicas, definidas como medios de producción de imagen; por otra la inspección consiste en un examen directo por el juzgador sobre alguna cosa para formar convicción sobre su existencia o estado, lo cual sucede en las pruebas técnicas cuando el juzgador verifica el contenido ya sea de dispositivos de almacenamiento o direcciones electrónicas.

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En esa virtud es que realizar un ejercicio de derecho comparado de las legislaciones procesales civiles y la materia electoral, contribuiría a desarrollar una mejor regulación de la prueba técnica en el Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Puebla, lo cual también implica establecer bases más solidas para la substanciación de los medios de impugnación que a su vez se verían reflejados en una mejor impartición de justicia. Ahora bien, otra problemática la encontramos en el contenido del artículo 360 del Código Electoral Local, pues en el se establece la posibilidad de admitir “pruebas que no se encuentran contempladas en este ordenamiento”, siempre y cuando a juicio del Magistrado Instructor resulten conducentes y no vulneren los plazos establecidos en la propia ley. Sin embargo, la simple lectura de ese precepto deviene insuficiente y ambigua, pues ante el supuesto en que el promovente considere que el hecho únicamente se sustenta ante el ofrecimiento, por ejemplo, una prueba pericial en caligrafía, el promovente se enfrentará a muchas dificultades al momento de ofrecerla, mientras que el juzgador ante la falta de disposición expresa, y sin poder acudir a una ley supletoria, recurrirá, en términos del artículo 4 del CIPEEP, al análisis gramatical o sistemático de dicho precepto, lo que también resultaría restrictivo o poco idóneo ya que un precepto puede dar partida a más de una interpretación. En otros ordenamientos, por ejemplo la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el

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Estado de Oaxaca, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o inclusive en un ámbito más local, el Propio Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, encontramos una regulación más basta sobre este tema, pues en todos aquellos ordenamientos destaca, que contemplan como medios de probanza la testimonial, la confesional y la pericial, así como los supuestos de procedencia, que si bien no están regulados al grado de un código procesal civil, el hecho de ya incluir estas disposiciones, implica una mayor claridad y mejores recursos para defender adecuadamente los derechos político-electorales de los ciudadanos.

"... realizar un ejercicio de derecho comparado de las legislaciones procesales civiles y la materia electoral, contribuiría a desarrollar una mejor regulación de la prueba técnica en el Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Puebla, lo cual también implica establecer bases más solidas para la substanciación de los medios de impugnación que a su vez se verían reflejados en una mejor impartición de justicia". 85


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En ese orden de ideas, debería apostarse por reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en lo relativo a las pruebas, partiendo desde el artículo 360, ante la ambigüedad y poca claridad que conlleva, además de establecer la regulación de las pruebas confesional, testimonial y pericial al igual que los ordenamientos de la misma especie de otras entidades federativas, pues de este modo, la legislación estatal de la materia se mantendría a la vanguardia, homologada con los códigos electorales de otras entidades federativas que inclusive permitiría aplicar criterios de interpretación utilizados por otros Tribunales Electorales de otra entidad federativa para resolver conflictos similares. Por otra parte, no se soslaya que el sistema electoral mexicano cuenta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien entre sus facultades tiene la de interpretar la leyes y emitir jurisprudencia en esta materia, sin embargo, apelar a su existencia para subsanar esta problemática implicaría que los procedimientos se enfrentaran a un camino de reglas y presupuestos necesarios para poder acceder tanto a las Salas Regionales como al Máximo Tribunal de esta materia, lo que además conllevaría la dilación indefinida de los conflictos. De ahí la necesidad de fortalecer el sistema normativo de los medios de impugnación en Materia Electoral del Estado de Puebla, pues de este modo, tanto los gobernados tendrán a su alcance más y mejores formas para entablar una adecuada defensa de sus derechos político electorales, mientras que los juzgadores contarán con mejores herramientas que les permitan impartir justicia de una mejor manera, y así fortalecer el Estado de Derecho.

"...debería apostarse por reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en lo relativo a las pruebas". 86

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ACCESO A LA INFORMACIÓN PIEDRA ANGULAR DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Lic. Milene Rut Cordero Camacho 45

RESUMEN: El Acceso a la información como un derecho y como política pública, está cimentado en la democracia y gobernabilidad; diferenciando así al Estado Democrático del Estado Absolutista. De ahí que el acceso a la información pública sea la piedra angular del Estado de derecho y democrático, ya que es a través de este vital derecho que cualquier ciudadano puede entender el actuar del Estado, monitorear sus acciones y políticas públicas; así como conocer la información que tiene en sus manos y al mismo tiempo intervenir en asuntos políticos. PALABRAS CLAVE: Acceso a la información, transparencia, democracia. El interés general de todo Estado debe estar fundamentado en el respeto de las libertades humanas y en el principio de acceso y transparencia de la información; ya que en las democracias modernas no deben existir privilegios, intereses particulares ni secrecía en el actuar del gobierno. Lo anterior, con la finalidad de reforzar a las instituciones públicas que lo integran, acercándolas a los ciudadanos mediante la abolición de la “cultura del secreto”. Así, en todo Estado democrático, los ciudadanos tienen derecho a solicitar, consultar y recibir información; siendo la transparencia la llave que abre la puerta de acceso a sus instituciones, así como a la participación activa en asuntos políticos, gestión pública y creación de políticas que respondan a sus necesidades. De ahí la importancia de que el derecho de acceso a la información pública sea reconocido jurídicamente como un derecho fundamental y como un instrumento efectivo para impulsar la participación ciudadana y la gobernabilidad. De ahí que el derecho de acceso a la información como derecho fundamental permita la intervención de los ciudadanos en la transformación política y en las acciones que llevan a cabo las instituciones, pues es de esa forma que la participación se convierte en un sistema que transforma y genera vías de comunicación constante entre el Estado y sus gobernados.

Auxiliar Administrativa de la Unidad de Archivos, Documentación y Estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En la actualidad el acceso a la información ha generado nuevas políticas, basadas, dirigidas y especializadas en la solicitud, uso y difusión de información; aminorando el riesgo de la comisión de actos ilegales para evitar a toda costa los abusos, el nepotismo, los excesos y la corrupción; implementando así métodos de vigilancia por parte de los ciudadanos, quienes tienen la libertad de evaluar la dirección, el ejercicio de las funciones, de los gobernantes y funcionarios públicos; así como para conocer e intervenir en las decisiones públicas y la toma de decisiones informadas con respecto a bienes y servicios. Para Joel Salas, el acceso a la información ha evolucionado al grado que la información solicitada a cualquier sujeto obligado, no se limite a la información generada durante la gestión y aplicación de los recursos públicos, sino también a información específica y útil que facilite la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, medio ambiente, actividades económicas y políticas, a lo que nombra como “transparencia focalizada”. “La transparencia focalizada es un espacio para que los ciudadanos consulten información útil publicada por el Estado con el fin de fomentar decisiones informadas con respecto a los bienes/servicios públicos y privados” - Joel Salas, Open Government

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La transparencia va de la mano con la rendición de cuentas, ambos elementos son indispensables para la existencia de una verdadera democracia, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, sería el fin del otro. La transparencia y la prevención de la corrupción son el reflejo de las buenas prácticas en materia de acceso a la información y transparencia. Muestra de ello es la implementación de reformas significativas para fomentar un sistema de rendición de cuentas y transparencia, como herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, mientras éstas informen de forma clara sus decisiones y acciones, reduciendo la discrecionalidad y evitando los actos que generen corrupción.

La transparencia y la prevención de la corrupción son el reflejo de las buenas prácticas en materia de acceso a la información y transparencia.

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REFLEXIÓN FINAL El derecho de acceso a la información permite al Estado ofrecer una gestión abierta al escrutinio público que propicia la competencia entre partidos políticos de cara a la obtención del sufragio; mientras que por otra parte, garantiza a la ciudadanía el ejercercicio de un voto libre, razonado e informado respecto de las acciones y el manejo de los recursos que le fueron encomendados al gobierno en turno, lo que a su vez da paso a una democracia mexicana comprometida con la rendición de cuentas y dispuesta al acceso efectivo a la información. Hoy, como ciudadanos de un Sistema Democrático, podemos gozar de información útil gracias a la transparencia, de acceder al conocimiento de información en manos del Estado Mexicano, sus instituciones y sujetos obligados; tenemos el privilegio de exigir el respeto de nuestros derechos fundamentales, estar informados para emitir un voto libre y razonado, reclamar un ejercicio transparente de las funciones públicas e implementación de recursos públicos, vigilar el desempeño de nuestras autoridades y calificar su actuación, denunciar la corrupción, detectar áreas de oportunidad en las instituciones públicas para lograr una impartición de justicia confiable y transparente.

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BIBLIOGRAFÍA Aguilar Rivera, José Antonio. Transparencia y Democracia: Claves para un concierto. Instituto Federal de Acceso a la Información, México, 2008 Molina, Ezequiel y Cruz Vieyra, Juan. La transparencia como herramienta de política pública. Washington D.C, 2012. Consultable en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/ document/Gobierno-abierto-y-transparenciafocalizada-Tendencias-y-desaf%C3%ADos-paraAm%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

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2021. Derechos Reservados en favor del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Los artículos podrán utilizarse como cita de textos sin alteraciones, siguiendo el siguiente orden: Apellido del Autor, Inicial del Nombre. (2021). Título del artículo. Revista IUS ELECTORAL, Año 13, No. 33. Recuperado desde: http://www.teep.org.mx Queda prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa por parte del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

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