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IUS VERITAS Re is a del Trib nal Elec oral del Es ado de P ebla

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M ro. I rael Arg ello Bo Secre ario General de Ac erdo del Trib nal Elec oral del E ado de P ebla

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Lic. Cri ina Q iro Pedra a iliar J r dico del Trib nal Elec oral del E ado de P ebla

Lic. Chri ian I n G i rre S nche Re pon able de la Unidad de Docencia Capaci aci n Elec oral del Trib nal Elec oral del E ado de P ebla

N MERO


IUS VERITAS REVISTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Ediciรณn: I/2020


DIRECTORIO

MTRA. NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DR. FREDY ERAZO JUÁREZ MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

MTRO. RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

RESPONSABLE DE LA EDICIÓN LIC. CHRISTIAN IVÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

COLABORARARON EN ESTA EDICIÓN: LIC. JUAN MANUEL GARCÍA DORANTES LIC. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CONTACTO

Alpha Oriones s/n Colonia San Miguel la Rosa C.P. 72190 Puebla, Puebla Teléfonos: 296.67.34 al 36 ext. 218

Portal de internet: www.teep.org.mx Facebook: Tribunal Electoral del Estado de Puebla Twitter: @trielecpue

Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.


Presentación

En esta edición, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla difunde tres artículos. El primero denominado “La Transparencia Proactiva de los Órganos del Estado, como Herramienta de Disminución de las Asimetrías de la Información en Pro de los Grupos Vulnerables”, en el que el Maestro Israel Argüello Boy, analiza qué acciones pueden llevar a cabo tanto las instituciones públicas como la sociedad, para arraigar una auténtica cultura de la transparencia y como consecuencia, generar una sociedad más informada.

Por otra parte, en el artículo “La autonomía hacendaria municipal” la Licenciada Cristina Quiroz Pedraza aborda la prerrogativa del municipio para contar con recursos públicos suficientes, así como la libre disposición de su hacienda en relación con la asignación de las remuneraciones inherentes al cargo de sus integrantes.

Por último, en el artículo denominado “Hacia una auténtica justicia digital electoral post COVID-19”, el Licenciado Christian Iván Gutiérrez Sánchez, aborda la necesidad de los Tribunales Electorales Locales, de contar con herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar un verdadero acceso a la justicia ante casos de fuerza mayor como la pandemia originada con motivo del virus SARSCoV2.

Agradecemos el apoyo recibido para la elaboración de este número y reiteramos nuestro compromiso en la difusión del conocimiento en materia de los derechos políticos-electorales.

Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla


LA TRANSPARENCIA PROACTIVA DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO COMO HERRAMIENTA DE DISMINUCIÓN DE LAS ASIMETRÍAS DE LA INFORMACIÓN EN PRO DE LOS GRUPOS VULNERABLES. Mtro. Israel Argüello Boy1 Introducción Es conocido para todas y todos que la transparencia y la rendición de cuentas llegaron para quedarse, hoy en día no es posible hablar del actuar gubernamental, su eficacia y las instituciones como pilares de éste, sin referirse a estos aspectos como una parte integral y fundamental del sistema, y sin duda, una de las principales actividades de los servidores públicos y demás actores que la conforman. Al hablar de la función pública, se hace referencia a la gestión que se desarrolla a través de la estructura institucional, que es la encargada de dar atención a los intereses de la ciudadanía, buscando el bien común siempre en estricto apego a derecho; es, en palabras llanas este compendio de organizaciones, instituciones y demás entes públicos o privados encargados de dar manejo a los recursos humanos, económicos o de cualquier índole en pro de las y los ciudadanos por tanto, la transparencia y el acceso a la información pública se convierten en ejes fundamentales de toda acción gubernamental y la ciudadanía, tiene el derecho de conocer ¿cómo se toman estas decisiones que repercurten en ella de manera directa?, ¿cómo se manejan los recursos públicos?, ¿qué criterios se dictan para el ejercicio del gasto?, entre otros. Es así que, cuando la ciudadanía se hace partícipe en este actuar institucional, asumiéndose como una sociedad involucrada, crítica, exigente y demandante de participación en la toma de decisiones, estas herramientas que ocupan nuestra

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Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla


atención, se convierten en armas fundamentales para reforzar la democracia y el actuar gubernamental toda vez que, es en este punto cuando se entrega de manera real el control de la función pública al ciudadano; pero ¿de dónde surge?, ¿cómo es que hoy en día los ciudadanos tenemos pleno derecho a la información pública y cómo esto puede profundizarse?, es decir, ¿cómo podemos, como autoridades garántes de la transparencia y la rendición de cuentas coadyuvar a que la ciudadanía se involucre en mayor medida y sea partícipe del rumbo que toma el actuar

gubernamental?,

¿cómo

se

puede

llegar

al

establecimiento

y

aprovechamiento de canales que permitan a las instituciones implementar prácticas efectivas de apertura institucional trayendo consigo, una mayor participación ciudadana y una verdadera transformación en los diversos órganos que componen el Estado?; es pues de esto de lo que hablaré a lo largo del presente. La Transparencia Proactiva La transparencia es un concepto que ha cobrado gran auge en las sociedades modernas abonando a la cultura de la legalidad, la democracia y la máxima publicidad en distintas naciones, estados y ciudades. Pero en si, ¿qué es la proactividad?. Esta se define como la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones con responsabilidad ante situaciones problemáticas anticipándose a necesidades futuras; por ende y tal como lo establezco en mi ensayo, la transparencia proactiva se debe entender como este conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación, difusión y reutilización de información adicional a la establecida como de carácter obligatorio por la Ley General, misma que permita dimensionar los esfuerzos de las instituciones públicas a un gobierno abierto en el cual se vinculen la ciudadanía y las autoridades, a fin de identificar, analizar, transformar y difundir información útil para toda la ciudadanía por igual. A nivel internacional, cuenta con reconocimiento en Tratados Internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la esfera nacional, es con la Ley Federal de Transparencia y Acceso


a la Información Pública Gubernamental en 2002, que se dió una transición en la esfera social y política del país, enfrentándose a una sociedad que buscó los canales para hacer realidad la participación ciudadana, involucrarse de una manera activa en este fenómeno reorganizacional en el que se encontraba inmerso el aparáto público y que encontró cabida en esta Ley, siendo el parteaguas para que los cambios a favor de la transparencia y la rendición de cuentas que se demandaban, comenzaran a ser un cambio palpable en nuestro sistema, estos fueron por mencionar algunos: el acceso a la información sobre el presupuesto y atribuciones gubernamentales, el surgimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y que, por primera vez, se designaran en las instituciones públicas áreas específicas para la atención de solicitudes de información de la sociedad. Posterior a esto y toda vez que la ciudadanía tuvo una alta participación en lo que a solicitudes de información se refiere, se dio paso a una reforma constitucional que otorgó el carácter de fundamental al Derecho de Acceso a la Información, trayendo consigo la adopción por parte de las instituciones de la transparencia y el acceso a la información como parte fundamental de su actuar y que, día a día a lo largo de estos años, ha implicado grandes retos, mismos que han sido el parteaguas para que, la normatividad en la materia vaya evolucionando con el claro objetivo de garantizar que la información pública sea clara, veráz y oportuna; para 2014 se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dando origen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; y a la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo aquí donde, por primera vez, encontramos la figura de transparencia proactiva en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General, como un mecanismo garante del derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. Las normativas mencionadas anteriormente, imperan el poner a disposición de las personas información sobre las acciones o facultades que realizan los sujetos obligados, así como el uso que dan a los recursos públicos, sin que medie una


solicitud directa de información; a simple vista y teniendo el referente jurídico anterior, podríamos hablar de una concepción perfecta, pero el matiz sociológico y la aplicación de la teoría a la práctica nos han enseñado que, como toda creación social cuenta con interpretaciones, vacíos e incluso ponderaciones de derechos desde sus raíces funcionalistas. Me es importante mencionar que, la transparencia versa sobre disponibilidad y veracidad; al respecto quiero enfatizar una posición ideológica, que trasciende a la modernidad ya que estos dos elementos en su momento, fueron la base de la concepción de la transparencia. Sin embargo, en este momento histórico de la sociedad, también se aprecia la necesidad de que la información no solo verse sobre hechos reales y fundamentados en constancias solidas sino que, garantice la accesibilidad para todas y todos incluyendo aquellos grupos vulnerables que forman parte integral de nuestra sociedad y que como todos tienen el derecho a estar informados; es decir, entramos a una modernidad en donde la calidad, la veracidad y la accesibilidad de la información, son necesarias para que la ciudadanía pueda autodenominarse como una sociedad informada, siendo este su derecho consagrado en los diversos instrumentos juridicos ya mencionados. Con la debida elocuencia o entendimiento de que aún y si nosotros logramos sistematizar la información con estos tres elementos, también es necesario tener una ciudadanía que se interese por allegarse de la información suministrada, ya que aquél sería un canal óptimo de flujo de información, de lo contrario, si no existe una armonización entre el emisor y el receptor de la información, el flujo de la información recaería en un segundo plano toda vez que no existiría el sentido del mensaje; al hablar de transparencia se debe recordar que esta puede facilitar el conocimiento, pero su capacidad de hacerlo depende de numerosos factores, entre ellos el grado de transparencia misma. Este mecanismo de sinergia informativa durante los últimos años, ha creado instituciones especializadas y mecanismos de control con la finalidad de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que generan los actores que conforman


el sistema gubernamental; un concepto que no se puede dejar de mencionar es el de Gobierno Abierto, este implica asegurar que la información generada por autoridades y sujetos obligados sea proporcionada con transparencia y se brinde a la ciudadanía la posibilidad de incidir en las decisiones públicas mediante la participación ciudadana; esto tiene cabida en la lógica democrática de que el poder sea más público y más responsable del motivo central de la existencia del mismo; la ciudadanía. Así mismo, otro aspecto vital para el ejercicio de la transparencia de la información publica, es que la misma debe estar en formato abierto es decir, debe ser de fácil acceso, transmisión y manipulación para los usuarios, los cuales pueden moldear el documento para generar plantillas de análisis o estadísticas con los datos que la autoridad suministra en las plataformas de acceso a la información; toda esta información es importante debido a que, la ciudadanía y las autoridades deben colaborar para poder identificar, transformar y difundir información que sea de utilidad para ambos, logrando así una cultura de transparencia y apertura gubernamental que permita promover, generar, publicar y reutilizar información adicional a la que por ley debe publicarse y esto, permitirá una disminución considerable en las asimetrías existentes de la información. Es así que la transparencia proactiva encuentra cabida en esta nueva cultura de legalidad y rendición de cuentas en la que el país se adentra cada vez más, siendo la misma este conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, públicación, difución y reutilización de información adicional a la establecida como de carácter obligatorio por la Ley General; esta información, este conjunto de actividades, son un paso sin duda enorme hacía garantizar el derecho a la información de todas y todos; es así que podríamos decir que, en primera instancia, la Transparencia Proactiva busca dimensionar los esfuerzos de la institución pública a un gobierno abierto en el cual se vinculan la ciudadanía y las autoridades, las cuales colaboran para identificar, analizar, transformar y difundir información útil. Algunos de los logros mas significativos a corto y mediano plazo que busca este tipo de intrumentos encaminados a la trasparencia proactiva son:


Disminuir asimetrías de información. Propiciar relaciones horizontales entre grupos sociales y de éstos frente a las autoridades. Mejorar el acceso a trámites y servicios. Optimizar la toma de decisiones. Detonar mecanismos de rendición de cuentas efectiva.

Habiendo expuesto el papel fundamental de la transparencia proactiva y cómo la misma impulsa los canales a través de los cuales sea posible generar conocimiento público útil para lograr que la sociedad esté informada, como claro ejemplo de esto están los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de Transparencia Proactiva, los cuales establecen las directrices nacionales para que los organismos garantes emitan políticas de la materia; por otro lado, el INAI desarrolló un Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, el cual comprende un compendio de proyectos a nivel nacional e internacional que sirvan como ejemplo de buenas prácticas e inspiren a mejorar las ya existentes; derivado de lo anterior, toda buena práctica que se de en el territorio mexicano, puede solicitar su debido reconocimiento; llegamos así a una parte crucial de todo tópico y es, la efectividad que esto trae consigo.

Es cierto que existen grandes avances en materia de transparencia y rendición de cuentas y que, como país y como estado contamos con un marco normativo avanzado en la materia, sin embargo, este nos permite desarrollar elementos que como instituciones públicas nos posibiliten dar atención a las demandas ciudadanas y cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia como lo es la atención de las solicitudes de información las cuales si bien han ido en aumento, representan solo el 5.6% de la población según datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la


Información y Protección de Datos Personales de 2016; por lo que, resulta un imperativo lograr ampliar el target al que se logra llegar a través de las mismas ya que, existen diversos factores de la sociedad ávidos de información pública que no tienen las condiciones necesarias para poder acceder a ella, por tanto, qué tan accesible resulta únicamente cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley y no, sacar el máximo provecho a una herramienta que se antoja tan precisa ante este gran reto al que nos enfrentamos como instituciones.

En nuestro país, el ejercicio del derecho de acceso a la información se concentra en gran medida en sectores de la población con cierto grado de especialización lo cual, aunado a lo ya expuesto en el presente, nos representa una gran área de oportunidad para la transparencia proactiva, para establecer mejores prácticas que garanticen el derecho de acceso a la información de todas y todos, incluyendo a aquellos grupos vulnerables de nuestra sociedad que en cierta medida, pueden ver limitado su derecho.

Según datos del Informe de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del año 2015, las personas con estudios superiores a licenciatura y las personas con estudios de posgrado son las que constituyen el mayor grupo de solicitantes de información, esto contrasta de manera importante con el nivel de escolaridad que existe en nuestro país lo cual, deja muy claro que existe una gran brecha en lo que al acceso a la información se refiere.

Teniendo en cuenta esta situación, los organismos garantes no deben centrar sus esfuerzos en contestar las solicitudes de información o transparentar lo que se debe por ley; deben pues, enfocar efuerzos en la promoción activa para que dicha información sea útil a la ciudadanía y lo más importante, que llegue a toda la sociedad de manera igualitaria para que, pueda participar de manera activa en la


toma de decisiones en cuanto a los problemas públicos que enfrente; es decir, no se deben dejar de lado las necesidades de información que no han sido identificadas toda vez que, se asume que la publicidad de la información es necesaria, o existe desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información o, aspectos que pudieran parecer tan simples pero que traen consigo el respeto de los derechos humanos fundamentales de todas y todos como que, no existen mecanismos al alcance de las y los ciudadanos para ejercer el derecho a la información, entendiéndose esto como la brecha digital existente en el país o bien, la misma no se encuentra disponible en el idioma o lengua de quien la necesite; se debe recordar que una ciudadanía informada y participativa, posibilita la generación de esquemas funcionales de vigilancia y manejo de recursos, inhibición del soborno, corrupción, entre otras malas prácticas; pero de igual manera se debe recordar que el estar informado es un derecho que no solo recae en la ciudadanía. Romper con la relación directamente proporcial entre el nivel de iniciativa ciudadana y la proactividad de los organismos garantes de la transparencia es pues el verdadero reto; llegar más allá de lo obvio, dejar de ser reactivos para comenzar a ser realmente proactivos, esta es la tarea; utilizar la transparencia proactiva como una herramienta que permita desarrollar acciones ingeniosas, innvadoras, oportunas e inclusivas que ayuden a la disminución de las asimetrías de la información en pro de la atención de las necesidades de sectores desfavorecidos o de grupos vulnerables, esa es nuestra misión. Conclusión La Transparencia Proactiva a lo largo de los años, ha tenido un andar importante desde su surgimiento; son grandes los pasos que se han dado, claro ejemplo de ellos son los Lineamientos ya mencionados y el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional; sin embargo, no todo está atendido, el impulso de esta, su conocimiento y la promoción de la misma a un nivel más local sigue significando un gran reto que no podemos perder de vista si queremos dejar de lado la escencia reactiva para optar por la proactiva.


Lo relevante de la transparencia proactiva pues, es que, a mayor transparencia, entendiéndose esta como una publicidad proactiva de la información, menos necesidad de demanda de la misma por parte de la ciudadanía, debido a que ya es pública y el ciudadano conocerá lo que está publicado; esto trae consigo una mayor participación toda vez que la ciudadanía podrá mantenerse informada con datos confiables y precisos lo que brindará una mayor garantía de cumplimiento o de una correcta implementación de un programa, política o cualquier acción pública. A mayor nivel de proactividad por parte de los organismos garantes, las y los ciudadanos, podrán decir que tienen un mecanismo de control el cual trae consigo la posibilidad de llevar a cabo una correcta evaluación por parte de la ciudadanía y una exhaustiva rendición de cuentas por parte de aquellos actores encargados de su puesta en marcha; no basta con que exista una ley que obligue a los sujetos obligados a transparentar la información, se debe ir más allá como instituciones y como sociedad para arraigar una cultura de la transparencia logrando así tener un verdadero gobierno abierto con una sociedad más informada, más participativa y que vaya de la mano definiendo la agenda de la vida pública; al final no se puede perder de vista que, somos instituciones de ciudadanos para los ciudadanos y cuya unica obligación en su actuar es el bienestar de los mismos.


Fuentes: UNAM. La Transparencia como problema. Importancia de la Transparencia en la Administración Pública Actual. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1800/5.pdf

INANI, Secretaría de la Función Pública, Transparencia Proactiva. 2020. Guía de Transparencia Proactiva; Construyendo conocimiento público en beneficio de la sociedad. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522552/Gu_a_TransparenciaPro activa2019.pdf

UNAM. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Fundamentos de la transparencia en la sociedad contemporánea. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/421/42144001008.pdf

Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica; Casa de la Mujer Ixim Antsetic. Transparencia Proactiva. Disponible en: https://articulo19.org/wpcontent/uploads/2017/07/TRANSPARENCIA-PROACTIVA.pdf

INAI. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Disponible en: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/manualgaimprenta.pdf


LA AUTONOMÍA HACENDARÍA MUNICIPAL

Lic. Cristina Quiros Pedraza2 El Ayuntamiento. La palabra Ayuntamiento proviene del latín adiunctum, supino de adiungére, juntar, unión de dos o más individuos para formar un grupo.3 Es una corporación pública que se integra por un Alcalde o Presidente Municipal y varios Concejiles, que son electos popularmente por medio de votación directa, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional,con el objeto de que se administren los intereses del Municipio. Por lo anterior, resulta válido afirmar que el ayuntamiento es el representante más inmediato y directo de la población del municipio.4

Integración del Ayuntamiento. En el numeral 46 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, se establece que:

ARTÍCULO 46 Los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que por elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que haya obtenido el mayor número de votos. El número de Regidores para cada Ayuntamiento se establecerá conforme a las bases siguientes: I. En el Municipio Capital del Estado, con dieciséis Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal; II. En los Municipios que conforme al último Censo General de Población tengan sesenta mil o más habitantes, por ocho Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal; y

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Auxiliar Jurídico de la Magistratura B del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

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Capitulo VII, El Municipio Libre, Derecho Constitucional Sinaloense, Pag. 282. Visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/10.pdf

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Diccionario Jurídico, visible en: http://diccionariojuridico.mx//listado.php/ayuntamiento/?para=definicion&titulo=ayuntamiento


III. En los demás Municipios, por seis Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal.5

El Ayuntamiento funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias denominadas “de cabildo”, donde las decisiones se toman por unanimidad o mayoría de votos.

El Cabildo. Proviene del latín capitulum, palabra con que se designaba al cuerpo de eclesiásticos de una iglesia. Sin embargo, en el contexto que nos ocupa, se le denomina “Cabildo” a la reunión de los integrantes del Ayuntamiento, también se denomina así al salón o recinto donde se realizan las asambleas; por su parte, al acto de intercambiar opiniones se le denomina cabildear.6 Los Ayuntamientos sesionarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, en el caso de Puebla, se celebrará por lo menos una sesión ordinaria mensualmente, y las extraordinarias que sean necesarias cuando existan motivos que las justifiquen. En la primera sesión del Ayuntamiento, se determinará el día y hora de cada mes en que se celebrará la sesión ordinaria, en caso de ser extraordinarias, serán convocadas por el Presidente o la Mayoría de los Regidores, en la que se expresarán los asuntos que las motiven y serán los únicos que deberán tratarse en las mismas. Las sesiones de los Ayuntamientos se celebrarán en la sala de cabildos; y cuando la solemnidad del caso lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto. Las sesiones del Ayuntamiento serán presididas por el presidente municipal o por quien lo sustituya legalmente; constarán en un libro de actas en el cual deberán asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado de la votación. Remuneración. Constitucionalmente se encuentra consagrado el principio que sostiene que: "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”. Asimismo el salario debe de satisfacer las necesidades de

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Ley Orgánica Municipal, Publicada el 23 de marzo de 2001. Última reforma: 22 de octubre de 2020. 6 Titulo II. Del Gobierno Municipal. Capitulo I. De la Integración de los Ayuntamientos. UNAM. Pag. 186 Visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3077/8.pdf


la más diversa índole del trabajador y su familia, por lo que también se contempla que el salario nunca debe ser inferior al mínimo y que debe ser remunerador. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En consecuencia, el salario es el punto de referencia del trabajo, y puede concebirse como el fin directo o indirecto que el trabajador se propone al recibir a cambio de poner su energía de trabajo a disposición del patrón.

La autonomía municipal El artículo 115 de la Constitución General de la República, señala que "los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles. Es decir, el monto de los salarios y compensaciones que se contemplan en el presupuesto de egresos de los municipios del estado de Puebla es aprobado por los propios cabildos, sin que otra autoridad u órgano pueda mediar o delimitar topes máximos y mínimos.

Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla. ARTÍCULO 3. El Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios, su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado. 7

Remuneraciones y compensaciones de los integrantes del Ayuntamiento. La retribución o remuneración es una consecuencia derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente a los servidores públicos en cargos de elección popular y, el pago de la compensación constituye uno de los derechos inherentes al ejercicio del cargo. La remuneración será adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, la cual se determinará anual y equitativamente en los presupuestos de egresos; considerando como tal, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de apoyos y gastos sujetos a

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Ley Orgánica Municipal, Publicada el 23 de marzo de 2001. Última reforma: 22 de octubre de 2020.


comprobación propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.8 Inexistencia de subordinación. El artículo 123 apartado B Constitucional dispone ciertas condiciones mínimas de trabajo, como la duración de la jornada, vacaciones, salarios, escalafón, antigüedad, promociones, permisos e incapacidades, así como la prerrogativa de conformar uniones de trabajadores, sin embargo tales condiciones no son aplicables a quienes ostentan un cargo de elección popular y han accedido a los órganos de dirección en la administración pública, precisamente porque no tienen una relación de supra a subordinación con el órgano que integran. Por ende, los integrantes del cabildo no pueden ser llamados como trabajadores del ayuntamiento ni tampoco pueden alegar que existen derechos de índole laboral, porque forman parte del gobierno y la representación jurídica y política del Municipio. Así, aun cuando el referido artículo 127 fracción I Constitucional prevé que los servidores públicos, entre otros, de los Municipios, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, deberá ser proporcional a sus responsabilidades. De igual forma, la naturaleza del encargo hace que los integrantes del cabildo no están en una situación de subordinación. Esto es, la naturaleza del cargo depende de la propia Constitución y leyes locales, por lo que las y los regidores no son trabajadores del Municipio, sino integrantes de su máximo órgano que además fueron electos por el voto popular, por lo que no cuentan con derechos laborales contemplados en el apartado A o B, el único derecho que los protege, es su derecho político electoral, en su vertiente al acceso al cargo, por lo que solo son exigibles las remuneraciones o compensaciones que hayan sido autorizadas por el propio cabildo. De ahí que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla será competente por razón de materia y territorio, para conocer de las controversias por omisiones al pago de

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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencia de veintitrés de julio de dos mil catorce, recaida a los expedientes: SUP-JDC-501/2014, SUP-JDC-502/2014, SUP-JDC503/2014 Y SUP-JDC-504/2014 ACUMULADOS. Visible en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-00501-2014.html


sus remuneraciones o compensaciones que hagan valer los integrantes del Ayuntamiento, que a su decir vulneren sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso y desempeño el cargo. Conclusión. El Municipio es una institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una población asentada dentro del municipio, quién está gobernada por un Ayuntamiento, siendo su máxima autoridad el cabildo, quién goza de autonomía hacendaría, administrativa y política. La autonomía hacendaria consiste en la capacidad del municipio para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda. La problemática que presentan las remuneraciones de los servidores públicos de los Ayuntamientos es que si bien el Constituyente le dio a los Ayuntamientos autonomía para organizar y administrar su Hacienda municipal, ello trae como consecuencia que exista una desigualdad de las remuneraciones en relación con otros municipios, y uso discrecional en su función, lo que hace que sea necesario una total transparencia en sus cuentas públicas, como que se respeten los derechos políticos electorales de los integrantes de los Cabildos. Por lo que si bien no se puede limitar la autonomía de la administración de su hacienda Municipal, ni imponer un tabulador fijo para que todos los Ayuntamientos ganen lo mismo, dado que a cada uno se le asigna un diferente presupuesto, y mucho menos, desconocer su autonomía hacendaría constitucional, lo cierto es que cuanto se restringen las remuneraciones a los integrantes de los Cabildos, ellos, mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano pueden hacer valer las omisiones referidas como una vulneración a sus derechos político-electorales de ser votados, en la vertiente de recibir una remuneración por el desempeño de su cargo. Pues todos los integrantes al no estar subordinados entre si, es que no pueden ser limitados en tal derecho, pues ni el Presidente o Presidenta Municipal ni la Síndica o Síndico Municipal, ni los diversos regidores y regidoras mantienen una relación de subordinación frente al ayuntamiento, sino que forman parte íntegra de él.9

9

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Juicio Electoral


De ahí que si bien existe una autonomía administrativa y hacendaría Municipal, ello no significa que se puedan vulnerar los derechos políticos electorales de sus integrantes, pues el pago de las remuneraciones autorizadas por el Cabildo del Ayuntamiento es un derecho inherente al ejercicio del encargo, del cual gozan todos sus integrantes; y ante eventuales violaciones, será el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, quién dirimirá tales conflictos.

Expediente: SCM-JE-39/2017. Pag. 24. Visible en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JE-0039-2017.pdf


Fuentes: Capitulo VII, El Municipio Libre, Derecho Constitucional Sinaloense, Pag. 282. Visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1461/10.pdf Diccionario Jurídico, visible en: http://diccionariojuridico.mx//listado.php/ayuntamiento/?para=definicion&titulo=ayu ntamiento Ley Orgánica Municipal, Publicada el 23 de marzo de 2001. Última reforma: 22 de octubre de 2020. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sentencia de veintitrés de julio de dos mil catorce. JUCIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. Expedientes: SUPJDC-501/2014 Y ACUMULADOS SUP-JDC-502/2014, SUP-JDC-503/2014 Y SUPJDC-504/2014. Visible en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC00501-2014.html

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Juicio Electoral Expediente: SCM-JE-39/2017. Pag. 24. Visible en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JE-0039-2017.pdf


HACIA UNA AUTÉNTICA JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL POST COVID-19

Lic. Christian Iván Gutiérrez Sánchez10

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente. Es la que más se adapta al cambio”. Charles Darwin.

Es normal que a los seres humanos nos asuste el cambio. Salir de la zona de confort, -entendida como aquel espacio personal o posicionamiento conformado por las actitudes, procedimientos y estrategias utilizadas habitualmente y con las que nos sentimos cómodos11- tiende a ser muy difícil al tener que renovarnos pedagógicamente y adaptarnos a utilizar nuevas herramientas o programas tecnológicos desconocidos. Salir de este espacio generalmente es muy complicado y para ello es preciso contar con las herramientas y recursos adecuados, pero ha sido probado que una vez que se logra, se desarrollan diversas capacidades y eficientan los tiempos y recursos con que se cuenten.

Ello es de suma relevancia en el contexto de la “nueva normalidad” derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia originada a finales del año dos mil diecinueve en China por el virus SARS-Cov2, en la que algunos de los Tribunales Electorales en México suspendieron labores, y, en consecuencia, la actividad jurisdiccional electoral se paralizó al menos por tres meses.

Lo anterior, en manera alguna pretende reprochar dicho actuar, pues las suspensiones fueron emitidas con la finalidad de evitar la propagación de COVID19, y garantizar el derecho humano a la salud tanto de las y los servidores públicos de los Tribunales como de la ciudadanía. Sin embargo, tal situación hizo patente que dichas autoridades necesitaron hacer una pausa para elaborar un diagnóstico de los procesos y herramientas disponibles a efecto de adaptarlas a las necesidades del momento, o bien, crear herramientas haciendo uso de las Tecnologías de 10 11

Responsable de Docencia y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. México: Siglo XXI.


Información y Comunicación (TICs), con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.

Así, en un ejercicio de maximización de las disposiciones legales vigentes, los órganos jurisdiccionales elaboraron procedimientos para garantizar la debida sustanciación y resolución de los asuntos de su competencia, incluido el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En este sentido, mediante el Acuerdo General 06/202012 se aprobaron las bases para reactivar las actividades jurisdiccionales y administrativas, en las que se normó la presentación, tanto de forma física como electrónica, de los medios de impugnación, promociones, video audiencias con las Magistraturas y la celebración de sesiones tanto públicas como privadas del Pleno, atendiendo a las recomendaciones señaladas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus citado con anterioridad.

Sin duda alguna, las acciones emprendidas tanto por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla como por sus pares en las demás entidades, representan un avance muy importante para la impartición de justicia. No obstante, aún queda mucho por hacer. Veo a esta pandemia como un llamado urgente para que a los juzgadores se les dote y capacite para utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas, así como la necesidad de elaborar planes para hacer frente no solo a contingencias de salud, sino también a aquéllas ocasionadas por desastres naturales para garantizar un verdadero acceso a la justicia en cualquier momento.

Hasta aquí el lector probablemente se pregunte: ¿Acaso no la figura del juicio en línea en todos los ámbitos y materias ya se encontraba regulada desde el año dos mil trece?

La respuesta es: No.

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Consultable en: https://www.teep.org.mx/images/stories/inf_transp/acuerdos/2020/acuerdo_general_06_2020.pdf


Los Tribunales Electorales Locales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son órganos jurisdiccionales especializados que gozan de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones que no se encuentran adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas o al Poder Judicial de la Federación.

Ello es sumamente importante, pues si bien es cierto, el juicio en línea es una realidad en México desde junio de dos mil trece con la publicación del ”ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”, su ámbito de aplicación es exclusivamente para los asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, excluyendo así a los Tribunales Electorales Locales en razón de su autonomía.

Por tanto, pese a que diversos organismos jurisdiccionales electorales han realizado esfuerzos para garantizar el derecho al acceso a la justicia, materializar una auténtica justicia digital implica adquirir al menos las siguientes herramientas:

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Portal de servicios electrónicos, Sistema de registro de usuarios con firma electrónica, Sistema de almacenamiento en nube (cloud storage), Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos, Sistema de certificación de acuse de recepción de notificaciones, y Plataforma para carga y consulta de expedientes digitalizados.

Lo anterior cuidando el gobierno de datos, ciber seguridad de los contenidos, protección de datos personales de acuerdo a las leyes vigentes, y a su vez, haciendo amigable la plataforma para los usuarios.

De lo expuesto, pareciera que la implementación de dichos sistemas fuera una tarea imposible, pues en principio de cuentas, su costo debe hacerse con cargo al presupuesto de los organismos jurisdiccionales. Sin embargo, resulta alentador que en algunos Tribunales Electorales como los de Hidalgo y Tlaxcala, ya se esté


trabajando en una primera etapa para las notificaciones electrónicas, con miras al uso de la firma electrónica avanzada en documentos oficiales de cara a un juicio en línea.

Concluyo señalando que el sistema electoral mexicano se ha construido a partir del diálogo, apertura y la recuperación de las instituciones públicas. Por ello no me queda duda que el Estado, a través de la discusión legislativa y la suma de voluntades, continuará promoviendo la consolidación de los órganos electorales, dotándolos de las herramientas adecuadas para impedir que, ante casos fortuitos, se vuelva a detener la sustanciación y trámite de los medios de impugnación.

De ahí que, a mediano plazo, la justicia digital electoral pueda ser una realidad en el estado de Puebla, y con ello, evolucionemos hacia otro estadio en beneficio de la ciudadanía.


IUS VERITAS REVISTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA EDICIÓN: I/2020


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