6.3 TRÁFICO DE SERES HUMANOS
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n junio del 2000, el Consejo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) aprobó el Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional en Materia de Tráfico de Menores entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, que determina que los Estados Parte reafirmen la plena vigencia de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. En junio del 2005, en el ámbito de la XVII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, fue firmado el “Acuerdo sobre Procedimiento para Verificación de la Documentación de Entrada y Salida de Menores”, de carácter operativo y con vigencia inmediata. El acto internacional pretende ampliar el control en el tránsito de menores entre las fronteras del MERCOSUR, proporcionando, de ese modo, mayor protección y seguridad a los niños, niñas y adolescentes de la región. La creación de un registro único de menores desaparecidos y de una rutina de doble verificación migratoria – una en el punto de salida del menor y otra en el punto de entrada – tienen como una de las metas dificultar el tráfico de personas. Conforme al Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y Niñas, adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, más conocida como Convención de Palermo, lo que configura el tráfico de personas es la actitud del corrupto de engañar o forzar a la víctima, apropiándose de su libertad por deuda u otro medio. El Protocolo define el tráfico de seres humanos como “reclutamiento, transporte, transferencia, abrigo o recibimiento de personas, por medio de amenaza o del uso de la fuerza u otras formas de coerción, de rapto, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento para que una persona tenga control sobre otra persona, con el propósito de explotación”. El Protocolo también define que explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos. El documento deja claro que el consentimiento de la víctima de tráfico es irrelevante para que una acción sea caracterizada como tráfico o explotación de seres humanos, ya que dicho consentimiento es, generalmente, obtenido bajo mala intención. En lo que se refiere a los niños y niñas, entendidos/ as en el protocolo como personas menores de 18 años, es considerado tráfico el reclutamiento, transporte, transferencia, abrigo o recibimiento de un niño o niña con fines de explotación. La Convención sobre los Derechos del Niño determina que el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para impedir el rapto, la venta o el tráfico de niños y niñas.
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El tráfico de niños, niñas y adolescentes en la Triple Frontera está relacionado sobre todo a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En junio del 2003, en Foz do Iguaçu, la Policía Nacional allanó una agencia internacional de niñas que llevaba brasileñas para ser explotadas en Buenos Aires. Un mes después, el Consejo Tutelar de Foz do Iguaçu rescató dos niñas brasileñas en un prostíbulo de Los Cedrales (Paraguay), con el apoyo de la Fiscalía Pública de Ciudad del Este y de la Policía Nacional paraguaya. Estos dos casos son indicativos de la gravedad del problema del tráfico en la región. Lamentablemente, aún son pocos los casos que son denunciados, investigados y que llevan los traficantes a la prisión. En la Argentina, conforme el diagnóstico hecho por el Programa Luz de Infancia/Ministerio de Trabajo/OIT, se verificó el reclutamiento de adolescentes de Puerto Iguazú y alrededores para el trabajo en prostíbulos de grandes centros urbanos argentinos y brasileños. Noticias de periódicos también tienen apuntan a la existencia de rutas de reclutamiento en la región. Entrevistas de campo realizadas para este estudio relatan la existencia de reclutadores que van hasta las localidades atrayendo niños, niñas y adolescentes con ofertas de trabajo que son, al final de cuentas, redes de explotación sexual. En el Brasil,conforme la Encuesta sobre Tráfico de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes para Fines de Explotación Sexual Comercial en el Brasil, publicada en el 2002, existen 241 rutas terrestres, marítimas y aéreas de tráfico de niños y niñas, jóvenes y mujeres para la explotación sexual en el exterior y en el interior del país. El estudio identifica en la región brasileña de la Triple Frontera cuatro rutas internacionales de tráfico de seres humanos: de Paraná salen niños, niñas y adolescentes para Hernandarias (Paraguay), para Río de Janeiro, Europa, Paraguay y la Argentina. De Mato Grosso do Sul, salen rutas de tráfico para Bolivia, Paraguay, Chile, Italia y España. El Estudio Analítico del Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Brasil (1996 y 2004), realizado por el Grupo de Investigación sobre Violencia y Explotación Sexual (Violes), apunta a la gravedad del problema en las fronteras brasileñas, especialmente en 104 municipios donde el crimen ya tomó carácter transnacional, entre ellos Foz do Iguaçu. También el estudio La Trata de Personas en el Paraguay, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), muestra que el tráfico de mujeres paraguayas utiliza rutas terrestres que pasan por Foz do Iguaçu, Cascavel y Curitiba. En el Paraguay, dentro de los programas de cooperación en la lucha contra el tráfico de personas, el gobierno de los Estados Unidos donó más de 100 mil dólares, para ser utilizados en acciones concretas de combate a este delito. Los fondos serán administrados por la Secretaría de la Mujer.
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