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Servidores Julio César Rodríguez Monsalve

Susana Palacio López

Contralor Municipal de Bello

Profesional Universitaria Comunicaciones y Participación Ciudadana

Jorge Iván Marín Parias Subcontralor Municipal

Margarita Johana Restrepo Cuadros

Mónica Mirella Echavarría Echavarría

Profesional Universitaria - Apoyo Procesos de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva

Asesora Jurídica

Yoly Katerine Ospino Sarrazola Asesora de Planeación y Auditoría Interna

Gloria Edith Bacca Tejada Contralora Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

Diego Fernando García Jiménez Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

Luis Ángel Muñoz Díaz Director Auditor Fiscal - Obras Civiles y Ambientales

Nancy Acevedo Echeverri

Profesional Universitario Apoyo Área de Sistemas y Auditoría

Yolima Ferrín Rojas Técnica Administrativa Gestión Documental Técnica Administrativa Gestión Humana

Claudia Patricia Buitrago Gómez Técnica Administrativa Apoyo Proceso Auditoría y Participación Ciudadana

Adriana Jaramillo Tamayo

Técnica Administrativa Apoyo Jurídico

Profesional Universitaria - Auditora

Luz Adriana Villa Hincapié Profesional Universitaria - Auditora

Juan Felipe Escobar Arango Profesional Universitario - Auditor

Reseña Histórica

María Elena Hernández Jiménez

Diana María Vanegas Montoya

Estella María Pineda Echavarría

a la protección de los recursos y patrimonio municipal, bajo los principios y normas definidos por la Ley.

Diego Mauricio Jovel Plazas

Profesional Universitaria - Auditora Profesional Universitaria - Auditora

Siempre atentos

La Contraloría Municipal de Bello es un organismo de control fiscal territorial creado mediante Acuerdo Municipal 04 del 02 de diciembre de 1968, siendo el primer contralor el doctor José Abel Jiménez. En el desarrollo de sus funciones, la entidad tiene como objetivo “Vigilar la gestión fiscal de la administración central y sus Entidades descentralizadas, así como de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del municipio de Bello, tendiente a la protección de los recursos y patrimonio municipal, bajo los principios y normas definidos por la Ley.”

Nidia Gómez Duque Secretaria Ejecutiva

Judith Macías Inchima Auxiliar Administrativa

Catherine Sanguino Chaverra Contratista Apoyo Comunicaciones y Participación Ciudadana

Comité de Edición Susana Palacio López

Yolima Ferrín Rojas

Profesional Universitaria Comunicaciones y Participación Ciudadana

Técnica Administrativa Gestión Documental

Desde su creación hasta la Constitución Política de 1991, la Contraloría ejerció un control previo y perceptivo, expresado en el examen numérico legal, método que con la aprobación de la Carta Magna pasó a ser posterior y selectivo, con énfasis específico en el control financiero, la gestión y resultados, así como la valoración de costos ambientales. El control se denomina posterior porque se lleva a cabo después que han sido ejecutados los recursos, selectivo toda vez que a través de un procedimiento técnico se escoge una muestra representativa dentro del total de gastos e inversiones desarrolladas por la administración. Lo anterior con el objetivo de determinar la eficiencia, economía, equidad, y

valoración de los costos ambientales, con los cuales fueron ejecutados los recursos del Estado. Desde su creación, la Contraloría tuvo total dependencia de la Administración Municipal y solo hasta el año 2003, en cumplimiento del artículo 272 de la Constitución Política de 1991, se hicieron todas las acciones necesarias para adquirir autonomía financiera, logro obtenido en agosto de dicho año; lo anterior, mediante la implementación del Sistema de Tesorería y Contabilidad que permitió administrar las transferencias del Municipio, asimismo, las cuotas de fiscalización de las Empresas Sociales del Estado.


Con este resultado la Contraloría obtiene razón social propia y es autónoma para administrar sus recursos. Con el propósito de avanzar en su organización administrativa, en el año 2005 se asumió el reto de optar a la certificación en la NTC ISO 9001/2000, que fue otorgada el 23 de noviembre del mismo año por la empresa europea SGS Colombia. Desde dicho año a la fecha, la Contraloría ha mantenido la certificación en ISO 9001 con alcance a los trece procesos que lleva a cabo: Planeación Estratégica,

Comunicación Pública (Estratégicos); Auditoría Integrada, Responsabilidad Fiscal, Participación Ciudadana (Misionales); Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión Compras, Gestión Jurídica, Gestión Documental (De apoyo); Evaluación Corporativa y Mejora Institucional. Así mismo, ha mantenido certificación obtenida en 2007 en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2005, con la empresa SGS de Colombia, destacándose en el ámbito como entidad pionera en este tipo de certificación.

En la actualidad, la Contraloría Municipal de Bello cuenta con un Sistema Integrado de Gestión conformado por

Sistema de Calidad

Modelo Estándar de Control Interno - MECI -

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST -

Sistema de Gestión Documental - SGD n

El Sistema Integrado de Gestión y sus logros son el fruto de un equipo de trabajo altamente calificado conformado por: Contralor (1), Subcontralor (1), Asesoras (2), Contralores Auxiliares (2), Auditor Fiscal (1), Comunicadora (1), Abogada (1), Ingeniero (1), Profesionales Auditores (5), Técnicas Administrativas (4), Auxiliar Administrativa (1) y Secretaria (1).

Durante los 50 años de existencia de la Contraloría Municipal de Bello, su gestión y resultados han sido orientados por los siguientes contralores:

Nombre

Período de servicio

José Abel Jiménez

26/02/1969

21/12/1970

José Eleazar Lopera Múnera

22/12/1970

30/01/1972

Andrés Antonio Arboleda Quintero

01/02/1972

04/10/1972

Ramiro Tobías Jaramillo Betancurt

05/10/1972

04/08/1374

Isaac Marín Montoya

05/08/1974

07/03/1978

Morian Tadeo Martínez Castaño

08/03/1978

31/12/1978

Orlando Arenas Tamayo

01/01/1979

31/12/1981

Humberto Uribe Saldarriaga

01/01/1982

31/12/1982

Alfonso Restrepo González

01/01/1983

31/12/1988

Ramiro Álvarez Tobón

01/01/1989

31/05/1992

José Alejandro Muñoz Palacio

01/06/1992

11/01/1995

Martha Cecilia Vélez Vélez

12/01/1995

18/01/1998

Héctor López Ruiz

19/01/1998

01/11/1999

Manuel Ancizar Portela Morales

26/01/1999

27/12/2000

Héctor López Ruiz

28/11/2000

14/01/2001

José Alejandro Muñoz Palacio

12/01/2001

14/01/2004

Eva Inés Sánchez Cortés

15/01/2004

11/01/2008

Libardo Córdoba Saldarriaga

14/01/2008

05/01/2012

Eva Inés Sánchez Cortés

06/01/2012

01/11/2014

Liliana María Álvarez Gómez

27/10/2014

25/01/2015

Gladys Elena Gil Ochoa

26/01/2015 31/12/2015

Julio César Rodríguez Monsalve

13/01/2016

A la fecha


Es para mí un honor, tener la oportunidad de compartir con ustedes la celebración de nuestro aniversario número 50, que más allá de convertirse en un espacio para celebrar, nos invita a renovar las fuerzas que nos impulsarán rumbo a los tiempos valiosos que están por venir. Estos 50 años de trayectoria son mucho más que una conmemoración. Son la reafirmación del compromiso por la transparencia, objetividad, imparcialidad y lucha contra la corrupción que han dejado su huella en la construcción de nuestra historia, a través de un valioso y talentoso equipo de trabajo.

Comprometidos con la transparencia y el control

fiscal del

Municipio de Bello…

En nuestra Contraloría vigilamos la gestión y la inversión de los recursos públicos del Municipio de Bello por medio del Control Fiscal con Participación Ciudadana. Sea esta la oportunidad para agradecer y resaltar el papel de todos aquellos que en el transcurrir de los años, se han hecho partícipes de esta misión, como artífices y gestores continuos del progreso que hoy se traducen en símbolo de constancia, dedicación y amor por lo que hacemos. Los logros alcanzados no hubiesen sido posible sin la colaboración de cada servidor, líder comunitario, veedor, contralor estudiantil, sujetos de control, aliados estratégicos y comunidad en general. Aprovechamos este momento para contemplar lo realizado y con miras al futuro, nos proponemos seguir enfocados en hacer lo que amamos, con energía, con solidez en nuestros objetivos y con la fiel intención de seguir trabajando por la búsqueda permanente del ejercicio del Control Fiscal en los bellanitas. ¡Aplaudimos con alegría nuestro cincuentenario! Julio César Rodríguez Monsalve Contralor Municipal de Bello

Índice Control Fiscal en el Territorio Colombiano

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Participación Ciudadana

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Contralores Estudiantiles

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Artículos de Investigación

24

• Agenda 2030 una Oportunidad para la Ética Organizacional 25 • Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Páramo Las Baldías (Antioquia - Colombia) por el Método de Transferencia de Beneficios 28 • Borde Urbano: Población, Informalidad y Regularización 47 • La Ecología Urbana en Ciudades de Rápido Crecimiento “Caso Típico Bello” 58 • Influencia de las Relaciones Públicas en la Responsabilidad Social de las Entidades del Estado 64 • El Derecho Probatorio VS. El Proceso de Responsabilidad Fiscal La Prueba y Sus Medios 75 • Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Actores y Gestores 77 • Planeación y Comunicación 81 • La Mujer Durante los Últimos 170 Años en la Historia de Colombia 86 • Un Control Fiscal Moderno Foro Reflexiones para la Vigilancia Fiscal: El Futuro del Control Fiscal en Colombia 92

Entidades Patrocinadoras 96


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Presentación

Esta propuesta de intervención presenta a la ciudadanía el Sistema de Control Fiscal en Colombia orientado al reconocimiento del quehacer de las Contralorías, entes responsables de su ejercicio y aplicación. Lo anterior, como un mecanismo de empoderamiento de la sociedad que informada de manera oportuna y pertinente contará con las herramientas necesarias para ejercer control social y asumir la responsabilidad que posee con la salvaguarda de los recursos públicos. En su desarrollo, con un lenguaje claro y dinámico se exponen: qué es control fiscal, marco legal, ubicación en la estructura del Estado, qué son las contralorías, cómo se clasifican, quién las controla, cuáles son sus métodos, procedimientos, procesos, estrategias, mecanismos de participación utilizados, cómo acceder a sus servicios, entre otros aspectos que es necesario sean conocidos y apropiados por la sociedad para evitar reprocesos, ineficacia, falta de credibilidad y finalmente, fortalecer el impacto del control fiscal en Colombia.

“La educación

es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela.


Control Fiscal Territorial

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La CGR es el máximo órgano de control fiscal, sin embargo, no es superior jerárquico de ninguna de las contralorías territoriales, estas conservan su autonomía e independencia.

Control Fiscal en el Territorio Colombiano

¿Qué es Control Fiscal? Es una función pública ejercida por las contralorías, quienes vigilan la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación en todos sus órdenes y niveles.

El control es realizado en forma posterior y selectiva (Art. 272 de la Constitución); posterior porque se lleva a cabo después que han sido ejecutados los recursos, selectivo toda vez que a través de un procedimiento técnico se escoge una muestra representativa dentro del total de gastos e inversiones desarrolladas por la administración. El objetivo es determinar la eficiencia, economía, equidad, y valoración de los costos ambientales, con los cuales fueron ejecutados los recursos del Estado. Gestión Fiscal. Conjunto de actividades económicas, jurídicas, y tecnológicas que realizan los servidores públicos y personas de derecho privado que manejen o administren recursos del Estado, tendientes a su efectiva inversión con sujeción a los principios de legalidad, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de costos ambientales. Marco Legal Constitución Política de Colombia, artículos 119, 267 y 268.

¿Qué son las contralorías territoriales? Poseen la misma descripción y funciones que la Contraloría General de la República, pero su ámbito de jurisdicción son las administraciones departamentales y municipales.

Ley 42 de 1983 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.” Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.”

Generalidades

¿Qué hacen las Contralorías? - Función General Medir y evaluar acorde con las normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes, los resultados de la gestión fiscal en términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del municipio o departamento en su ámbito de jurisdicción, sus entidades descentralizadas y de los particulares que administren fondos o bienes municipales, de manera que les permita fundamentar sus opiniones y conceptos.

Cómo se clasifican: Contraloría General de la República y contralorías territoriales: departamentales y municipales. ¿Cómo se ubican las Contralorías en la Estructura del Estado Colombiano? De acuerdo con la Carta Política de 1991 (Art. 117-119 y Título X), hace parte de los organismos de control, junto con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la Contraloría General de la República? Es un órgano de control de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer, en representación de la comunidad, el control fiscal a la administración y a los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación.

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Adelantan procesos

que permiten establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos que causen daño al patrimonio del Estado

Adelantan procesos que permiten establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen daño al patrimonio del Estado por omisión y en forma dolosa o culposa. Llevar el registro de la deuda pública del ente territorial y sus entidades descentralizadas, conforme a la reglamentación expedida por la Contraloría General de la República. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos, bienes o recursos público del Municipio de Bello; fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. Determinar la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que manejen bienes o recursos públicos para buscar el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

- Funciones Específicas Realizan pronunciamientos sobre la situación de las finanzas, los recursos naturales, gestión y recursos públicos de las entidades públicas y de particulares que administren recursos públicos en su ámbito de jurisdicción.

Adelantar las actuaciones para el Cobro Coactivo con miras a hacer efectivo los títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados, provenientes de deudas fiscales. Promueven la participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión fiscal mediante la puesta en marcha de diferentes estrategias de control fiscal participativo.


Contraloría Municipal de Bello

12 ¿Quién las controla? La Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales.

El artículo 274 de la Constitución Política estipula que “la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La Ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal”.

La solicitud

debe expresar los motivos por los cuales considera que el control fiscal no debe ser asumido por la contraloría...

Control Excepcional Es la facultad que tiene la Contraloría General de la República para ejercer control posterior sobre la gestión fiscal de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, y también a solicitud de la ciudadanía, organizada en veedurías, tal como lo establece la Ley 850 de 2003.

La solicitud debe expresar los motivos por los cuales considera que el control fiscal no debe ser asumido por la contraloría territorial que ostenta la competencia ordinaria. Aplica en eventos en que puede

dudarse de la imparcialidad del órgano territorial de control, debido a presiones o injerencias locales que puedan afectar su idoneidad”. ¿Cómo solicitarlo? Se hace necesario que se precise el asunto o materia objeto sobre el cual recaería el control fiscal posterior excepcional solicitado a la Contraloría General de la República, individualizando los contratos, órdenes de servicios, inversiones u otros actos de gestión sobre los cuales se pretende el control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. Finalmente, con el propósito de evitar que se generen situaciones que pongan en riesgo el éxito de la solicitud, los usuarios deben aportar la documentación que acredite el ejercicio de su cargo, la aprobación de la proposición o el cumplimiento de los requisitos establecidos para la conformación de las veedurías ciudadanas. (Leyes 42 de 1993 y 850 de 2004). ¿Cuáles son las funciones de los contralores? Se establecen en el artículo 268 de la Constitución Política Colombiana: 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes

Control Fiscal Territorial de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales. 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. 7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

Proveer

mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.

13 9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General. 10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho. 11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley. 12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. 13. Las demás que señale la ley. ¿Quién elige a los contralores? El Contralor General es elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. (Artículo 22, Acto Legislativo 2 de 2015).

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas y Concejos, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un período igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso. (Artículo 23, Acto Legislativo 2 de 2015).


Control Fiscal Territorial

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Buscan

resarcir al Estado el detrimento al patrimonio público provocado por funcionarios y particulares

Procesos

Proceso de Auditoría

Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo medir y evaluar acorde con las normas de auditoría generalmente aceptadas, los resultados de la gestión fiscal en términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En su ejecución, se realizan auditorías a los Estados Contables, de Cumplimiento o Legalidad y de Gestión y Resultados, con el fin de determinar objetivamente el manejo y uso de los recursos públicos, la correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos vigilados y sus relaciones con el entorno. Lo anterior le permite al ente de control fundamentar su opinión y producir un informe encaminado a aportar elementos para el mejoramiento de la gestión de la entidad auditada. Las fallas de origen administrativo detectadas deben ser motivo de acciones de mejoramiento dentro de un plan que es de obligatoria presentación y ejecución por parte de la entidad auditada dentro de los términos fijados. Propósitos de la auditoría 1. Evaluar la Gestión de las Organizaciones: Lo que implica analizar las acciones de la administración y su impacto, mediante una visión de conjunto, teniendo en cuenta los propósitos de la organización auditada.

2. Promover el Mejoramiento Continuo de las Organizaciones: los resultados de la auditoría deben permitir una continua retroalimentación, para que la administración pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr niveles de eficiencia y eficacia.

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y en forma dolosa o gravemente culposa, un daño al patrimonio del Estado. Buscan resarcir al Estado el detrimento al patrimonio público provocado por funcionarios y particulares que administren, manejen, custodien, enajenen, inviertan, entre otros, los fondos o bienes del Estado.

Emprender

acciones correctivas, en procura de lograr niveles de eficiencia y eficacia.

Características La responsabilidad que se declara es patrimonial, no tiene el carácter de sancionatoria y debe cumplir con las garantías sustanciales del debido proceso. Al ser patrimonial el imputado debe resarcir el daño causado mediante el pago de una indemnización y no es sancionatoria porque la finalidad es el pago del detrimento al fisco. ¿En qué circunstancias opera la caducidad de la acción fiscal? La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso.

Proceso de Jurisdicción Coactiva

Conjunto de acciones que se adelantan con miras a hacer efectivas los pagos de deudas fiscales.

15 El cobro coactivo se define como un “privilegio exorbitante” de la administración para cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las obligaciones o deudas a su favor. ¿Qué es beneficio del control fiscal? Es el impacto positivo en el sujeto de control y/o en determinado sector de la comunidad generado por una actuación evidenciada y comprobable de las Contralorías, que puede derivarse del seguimiento a las acciones comprometidas en los planes de mejoramiento; de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos; de las advertencias o acciones del control fiscal participativo y de los estudios macroeconómicos comunicados. Los beneficios se clasifican en:

Cuantificables. Recuperaciones y ahorro de recursos medibles y plenamente soportados. Para este caso no aplican los impactos generados por los procesos de responsabilidad fiscal y/o la aplicación del proceso administrativo sancionatorio. Cualificables. Son acciones que no generan ahorros, recuperaciones, compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos, pero que contribuyen a mejorar la gestión pública, bien del vigilado o de la comunidad a la que sirven.


Control Fiscal Territorial

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Veeduría Ciudadana

Acción de tutela

Participación Ciudadana

La puede interponer cualquier persona, ante un Juez, en todo momento y lugar.

Acción de Tutela

La Participación Ciudadana es un proceso gradual, mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados. Permite a la sociedad civil intervenir en la formulación, manejo y evaluación de las tareas del Estado y supone: • Ser parte, tener parte y formar parte. Estas tres condiciones sintetizan compromiso y sentido de identidad. • Concepto político, jurídico; que expresa la relación existente entre el individuo y el Estado. Elementos Constitutivos de la Participación Ciudadana:

• Que el ciudadano tome parte activa en la toma de decisiones. • Que el ciudadano gestione las decisiones en las cuales ha tomado parte. • Que fiscalice   la utilización   de los recursos  indispensables y definidos  para ejercer una acción participativa. ¿Cómo ejercer Control Social en el Control Fiscal? A través de mecanismos de participación ciudadana, entre los que se encuentran:

Derecho de Petición Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. El plazo de respuesta, salvo excepciones, es de 15 días hábiles. Estos se clasifican en: Petición. Solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Quejas o Reclamos. Acusación en justicia, censura, manifestación de resentimiento, disgusto, o querella en relación con los servicios y/o funcionarios de la entidad. Solicitud de Información o Sugerencias. Solicitudes de documentos o sugerencias para la mejora de los servicios. Denuncia. Acto por medio del cual se pone en conocimiento a la autoridad u órganos de control, del acaecimiento de una presunta conducta punible, es decir un delito o infracción a la ley penal, para el caso de las contralorías, que se relacionen con la gestión fiscal, es decir, con la administración de recursos públicos.

Mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La puede interponer cualquier persona, ante un Juez, en todo momento y lugar, mediante procedimiento sumario. La protección es una orden para que la autoridad entutelada actúe o se abstenga. Es de inmediato cumplimiento, puede impugnarse, el Juez lo envía a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Solo procede si no se dispone de otro medio de defensa judicial (Salvo para evitar un perjuicio irremediable). El Juez la resuelve en 10 días. Procede también contra particulares que prestan servicios públicos.

Acción Popular

Acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos. Procede contra actos de la autoridad pública o particular que amenace o viole un derecho colectivo. Puede instaurarse durante el tiempo en que dure la amenaza o violación al derecho. La ejerce cualquier persona y se interpone ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Herramienta de vigilancia de la gestión pública (proyecto, programa, contrato o prestación de un servicio). La puede constituir los ciudadanos plural o a través de organizaciones civiles sin ánimo de lucro. Se elige a los Veedores de forma democrática. Se elaborará un acta de constitución con el nombre de los integrantes, número de identificación, objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. El acta se inscribe en la Personería o en la Cámara de Comercio. Ámbito del ejercicio de la vigilancia. La vigilancia se ejercerá sobre cualquier entidad estatal y sobre particulares que cumplan funciones públicas. El ejercicio de las Veedurías se hará sin perjuicio de otras formas de vigilancia y control. Funciones de los Veedores Vigilar y Controlar: A. Que en la planeación se dé participación a la comunidad. B. Que se incluya en el presupuesto las necesidades básicas insatisfechas. C. Que la contratación se realice de acuerdo con la Ley. D. Que se dé la correcta ejecución de los proyectos. E. Recibir informes en relación con el proyecto vigilado. F. Solicitar los documentos del cumplimiento del proyecto. G. Comunicar a la ciudadanía los avances del control. H. Remitir a las autoridades los informes pertinentes. I. Denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad.


Contraloría Municipal de Bello

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Abre espacios

de injerencia en los asuntos prioritarios que preocupan a la ciudadanía y a las comunidades.

Contralores Estudiantiles

¿Por qué participar? Hacer valer los derechos es fácil, económico y eficiente. No se necesita de abogados y tramitadores. De esta manera la ciudadanía se gobierna y se defiende a sí misma.

Se crea así una especie de «euforia participativa» que logra nuevos escenarios de diálogo para incrementar la confianza en las instituciones.

Permite conocer y poner en práctica los mecanismos de protección como parte de la solución a muchos problemas sociales, también es una oportunidad de mejoramiento de la calidad de la administración versus la calidad de vida de los ciudadanos.

Crea valor público cuando se desarrolla su potencial de participación de manera que incida en la toma de decisiones, tanto en la determinación, elaboración y seguimiento de las políticas públicas, que mediante una verdadera «planeación participativa» logre el fortalecimiento de la democracia.

¿Qué se recibe a cambio? Se legitima la acción gubernamental y dinamiza las relaciones entre sociedad civil y el Estado y entre ciudadanía y administración pública. Abre espacios de injerencia en los asuntos prioritarios que preocupan a la ciudadanía y a las comunidades.

Audiencia Pública

Las Audiencias Públicas son concebidas como una de las acciones necesarias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública; la administración tiene el deber de rendir cuentas a la comunidad a través de audiencia pública informando la gestión y resultados al cierre de cada periodo administrativo. Entre los medios que se disponen para participar de dicha Audiencia se encuentran: Para la formulación previa de preguntas; correos electrónicos, redes sociales, ventanillas de atención al usuario (físicas y virtuales), foros virtuales, entre otros. En la audiencia; entrega de formato de formulación de pregunta que deberá ser facilitado por la entidad que lidere la audiencia y ser diligenciado con datos básicos necesarios para dar respuesta.

¿Quiénes son los Contralores Estudiantiles? Tienen su fundamento en el Control Social Participativo, estrategia para el buen uso de los recursos públicos, que permite que los ciudadanos asuman un rol de aliados en el control del adecuado manejo de los mismos. Esta figura se institucionaliza en las contralorías a través de Acuerdos Municipales u Ordenanzas (Departamentos).

En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la democracia, el

Contralores Estudiantiles

son los encargados de promover y vigilar el buen uso de los recursos y bienes públicos de la Institución Educativa

ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad social, la formación de una cultura política y cívica en los jóvenes para el control social, en la perspectiva de proyectar la vida escolar hacia la vida ciudadana. Los Contralores Estudiantiles serán los encargados de promover y vigilar el buen uso de los recursos y bienes públicos de la Institución Educativa a la cual pertenezcan, en algunos ámbitos, como el municipio de Bello, se eligen Vicecontralores para suplir ausencias de los titulares. A manera de referente, en el territorio antioqueño se establecen los siguientes deberes y derechos para el Contralor Estudiantil.


Contraloría Municipal de Bello

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Deberes

Derechos

1. Promover la rendición de cuentas en las

1. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad. 2. Obtener oportunamente, y luego de concertación de espacios, la fuente de información documental requerida para la aplicación del procedimiento dispuesto por la Contraloría. 3. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares, presentación de actividades o pruebas, cuando con ocasión de asistencia a eventos presenciales o virtuales, programados por la Contraloría, deba ausentarse de sus actividades. 4. Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos relacionados con su instrucción personal para el desempeño como contralor. 5. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia; en espacios e instrumentos señalados por la Contraloría y/o autoridades educativas. 6. Obtener de instancia escolar competente, el reconocimiento del servicio social obligatorio, previa verificación de cumplimiento total de su deber como contralor estudiantil.  7. Aplicación del debido proceso y conducto regular, en todos los sucesos relacionados con su vinculación académica a la Institución Educativa. 8. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente, en el ejercicio de su perfil de contralor estudiantil. 9. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la Contraloría de su territorio.

Instituciones Educativas. 2. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las Instituciones Educativas. 3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el presupuesto y el plan de compras de la Institución Educativa. 4. Velar por el cuidado del medio ambiente. 5. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los recursos. 6. Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del manual del contralor estudiantil, diseñado por la Contraloría General de Antioquia. 7. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas en el control social. 8. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del manual de convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio de un estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil que representa. 9. Mantener una actitud reflexiva y propositiva  que le permitan orientar una favorable gestión de control social en la Institución Educativa, de modo que se facilite el ejercicio paralelo en el reconocimiento de debilidades y elementos de mejoramiento continuo.

Elección y período

Elección democrática por los estudiantes de las instituciones educativas. Período: Un (1) año, en la Contraloría General de Medellín dos (2) años. Requisitos: en algunos ámbitos estudiantes de grado noveno, en otros (como Bello) de décimo grado. La Contraloría Escolar ejercerá sus funciones de manera pedagógica y educativa, para contribuir a la creación de la cultura del buen uso y manejo de los recursos públicos.

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Conceptos Clave Glosario Criterios de auditoría. Son leyes, normas estandarizadas y opiniones de expertos, usados para evaluar una situación y determinar si un programa satisface o supera las expectativas, proporcionando el contexto para entender los resultados de la auditoría. Detrimento o daño patrimonial al Estado. Lesión al patrimonio público, representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado; producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado. Dictamen integral. Es la expresión de las conclusiones finales a las que ha llegado el equipo de auditoría, luego de realizar el procedimiento auditor en torno de la gestión y los resultados, la razonabilidad de los Estados Contables, el cumplimiento de las normas y el funcionamiento del sistema de control interno, se documenta a través del informe de auditoría. Fallo con responsabilidad fiscal. Providencia debidamente motivada que se emite en contra de los Implicados que causaron el detrimento patrimonial al Estado, una vez obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y su cuantificación, de la individualización y actuación con culpa grave del Gestor Fiscal y de la Relación de Causalidad entre el daño y el comportamiento del agente (Artículo 53 de la Ley 610 del 2000).

Fallo sin responsabilidad fiscal. Providencia que emite el funcionario competente para adelantar un Proceso de Responsabilidad Fiscal cuando en este se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Art. 54 de la Ley 610 de 2000). Hallazgo. Toda situación irregular encontrada durante el proceso de una auditoría. En su descripción se debe incluir información necesaria para que el cliente interno y externo, pueda entender el hallazgo sin explicación adicional. Hechos o situaciones irregulares que impactan significativamente el desempeño de la organización. Hallazgo administrativo. Hecho que demuestra que la gestión fiscal de una entidad no se está desarrollando de acuerdo con los principios generales establecidos, pero que no poseen connotación disciplinaria, fiscal o penal. Hallazgo disciplinario. Deficiencia administrativa donde se configura que los servidores públicos o los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas, han incurrido en alguna conducta que la legislación tipifica como falta disciplinaria. Estos hallazgos se trasladan a la Personería Municipal o a la Procuraduría, de acuerdo con el análisis realizado por el abogado del equipo auditor. Hallazgo fiscal. Se tipifica cuando los servidores públicos o particulares han realizado una gestión fiscal deficiente que representa una lesión al patrimonio público, tales como: menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o


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deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado. Este hallazgo da origen a un Proceso de Responsabilidad Fiscal.

de riesgo, realizando un pronunciamiento sobre la razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la normativa aplicable.

la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo de un responsable o el no mérito y consecuente archivo del proceso.

Hallazgo penal. Ocurrencia de un hecho constitutivo de delito. Se deriva cuando en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, el servidor público comete un hecho punible, de aquellos cuyo bien jurídico pertenece a la protección de la administración y función pública. Estos hallazgos son trasladados a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

Normas de auditoría colombianas. Establecidas por primera vez en la Resolución Orgánica N° 04721 del 3 de marzo de 1999, que se encargó de definir unos postulados, unas normas generales, personales y relativas al trabajo, las cuales entraron a formar parte integrante de la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Audite (vigente). Su objetivo es unificar y estandarizar los lineamientos generales y específicos, que deben ser considerados y aplicados en el proceso auditor que desarrollan los organismos fiscalizadores del orden nacional y territorial; estas normas guían el desarrollo y la evaluación del proceso auditor en la aplicación de los sistemas de Control Fiscal.

Procesos de jurisdicción coactiva. Conjunto de acciones que se adelantan con miras a hacer efectivos los títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados, provenientes de deudas fiscales. El cobro coactivo se define como un “privilegio exorbitante” de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las obligaciones o deudas a su favor, es decir, que la entidad acreedora adquiere la doble calidad de juez y parte.

Implicado. Persona vinculada en un proceso, como sujeto activo del mismo. Informe de auditoría. Es el dictamen fiscal del resultado del trabajo realizado por un grupo de profesionales multidisciplinarios, en desarrollo de la aplicación de los diferentes sistemas de control, el cual es presentado por escrito al órgano administrativo de más alto nivel del Ente auditado. Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Dictamen o pronunciamiento del Ente de Control respecto al estado del patrimonio ambiental en el municipio de Bello en sus componentes: aire, agua, flora, fauna y suelo. Para dicho propósito se compila información de entidades, organizaciones y empresas (públicas y privadas), que posean responsabilidad con el cuidado y protección del medio ambiente, así como de los recursos naturales del municipio de Bello. Informes de rendición de cuentas. Deber legal que tienen las entidades del Estado y/o sus directivos, de responder e informar a la ciudadanía y a los Entes de Control, sobre la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados, así como los resultados obtenidos en el cumplimiento del mandato conferido. Informe fiscal y financiero. Es el Dictamen de las finanzas públicas de las entidades sujetas de control y el estado de la deuda pública; a través de este se establece la viabilidad fiscal y financiera de los entes territoriales e identifican los factores

Plan General de Auditoría -PGA-. Es la programación anual del control fiscal que realizan las contralorías, pertinente a las auditorías que se van a realizar durante una vigencia. Plan de mejoramiento: son las acciones que deben implementar los Sujetos de Control, con base en los Hallazgos Administrativos encontrados y presentados en los informes de auditoría, con el propósito de emprender acciones tendientes a la corrección de irregularidades administrativas observadas por la Contraloría Municipal de Bello. Prescripción o caducidad de la acción fiscal. Cinco años si, desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ley 610 de 2010, artículo 9). Procesos de responsabilidad fiscal. Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, se detecte en el proceso auditor un presunto daño al patrimonio público (hallazgo fiscal) por acción u omisión y en forma dolosa o culposa. Su desarrollo puede determinar

Procesos sancionatorios. Trámite administrativo que tiene como finalidad facilitar el ejercicio de la vigilancia fiscal, propendiendo por el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permitan el adecuado, transparente y eficiente Control Fiscal. Busca ser un medio conminatorio de la conducta, fundamentado en el poder correccional del Estado. Pronunciamientos de urgencia manifiesta. Son conceptos que soportan el cumplimiento de la obligación legal de las contralorías de realizar Control de la Urgencia Manifiesta y pronunciarse al respecto (Artículo 43 de la Ley 80 de 1993), dando cuenta de una función normativa inherente a la gestión fiscal. A través de ellos el ente de control convalida que estén dados los requisitos establecidos en la norma para que se declare la Urgencia Manifiesta.

Pruebas. Elementos de convicción llevados formalmente a un proceso, para ser apreciados por el juez o funcionario administrativo antes de tomar su decisión. Recursos administrativos. Medios de impugnación señalados para los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, son los siguientes: de Reposición, Apelación, Queja, Súplica y el de Revisión. Rendición de cuenta. Es el deber legal y ético que tiene todos los sujetos de control y/o los funcionarios, de responder e informar sobre la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Revisión de cuentas: es el estudio especializado de   los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los  responsables del erario durante un período determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. Sujetos de control: Son los organismos y unidades ejecutoras del gasto, incluidos los particulares o cualquier otro tipo de organización o sociedad, que recauden, administren o manejen fondos o bienes del erario público.

El ABC del Control Fiscal, Contraloría Municipal de Bello, 2009, Bello. Contraloría General de la República. www.contraloria.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes.

Bibliografía

Constitución Política de Colombia. www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf

Contraloría General de Antioquia. www.cga.gov.co/ProcesosMisionales/Paginas/Proceso-Administrativo-Sancionatorio.aspx www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

Auditoría General de la República. www.auditoria.gov.co/Biblioteca%20General/Gu%C3%ADas%20Metodol%C3%B3gicas/2014210_Guia_Meto_BFC_AUD_VIG_2014.pdf


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Agenda 2030

una Oportunidad para la Ética Organizacional

Julio César Rodríguez Monsalve Abogado Especialista en Legislación Ambiental Contralor Municipal de Bello Desde que se trazaron los objetivos del milenio comenzó a establecerse un cambio en la forma como los grandes líderes empresariales, las organizaciones y las personas asumieron su compromiso con la igualdad, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La Agenda 2030 se definió para cumplir los objetivos del milenio que quedaron pendientes, esos que por las condiciones sociales, estatales y laborales no permitieron cumplir las metas establecidas. Por lo anterior se consolidó un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal, el acceso a la justicia y el logro de alianzas. El Desarrollo Sostenible planteó 17 objetivos que se elaboraron a través de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países, los cuales son vitales para promover nuevas oportunidades de trabajo en conjunto, pues la implementación de estos compromisos requiere un liderazgo fuerte de los gobiernos con los ciudadanos y las compañías. Los países durante los próximos 15 años unirán esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus

formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Existen 169 metas que deberán ser integradas entre sí y asocian las esferas económicas, sociales y ambientales. La agenda se estableció a mediados del año 2015 y los Estados que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron el compromiso de destinar los recursos necesarios para cumplirla, un acuerdo común y universal.

Cada país

enfrenta retos específicos en búsqueda del desarrollo sostenible y tienen plena soberanía sobre su riqueza y recursos.

A pesar de que cada país enfrenta retos específicos en búsqueda del desarrollo sostenible y tienen plena soberanía sobre su riqueza, recursos y actividad económica, cada uno fijará sus propias metas nacionales y adoptarán medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta, de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y el abordaje de una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar: la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.


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Con estos nuevos objetivos de aplicación universal se consolidan 4 ideas: 1. Ubicar el desarrollo sostenible en el centro del debate Para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras y satisfacer sus propias necesidades, es indispensable exigir esfuerzos concentrados en la construcción de un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta, donde se destaquen elementos básicos que generen bienestar como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, donde se promueva un aumento económico equitativo a través de la reducción de las desigualdades, creando mayores oportunidades y mejorando los niveles de vida básicos. 2. No marginar a nadie Las naciones más vulnerables deben disminuir la desigualdad por medio de la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen, religión u otra condición para garantizar la igualdad de oportunidades, aplicando políticas universales que le presten especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base fundamental para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

3. Trabajar para generar una economía transformada para la creación de empleo incluyente y decente La promoción de las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación son aspectos vitales para crear condiciones necesarias donde se estimule la economía sin dañar el medio ambiente, con programas de producción y consumo sostenible. Además las personas deben acceder a oportunidades laborales dignas y a empleos de calidad, que le permitan aportar a la erradicación de la pobreza. 4. Generar un nuevo relacionamiento Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial permite que la agenda de desarrollo sea eficaz, por medio de alianzas estratégicas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, para crear sinergias de finanzas, tecnología, creación de capacidad, comercio y cuestiones sistemáticas que posibilitan la cooperación, fortalecen las relaciones, sirven de vínculo y facilitan el aprovechamiento de los recursos. Los ODS se diferencian de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), porque tienen un alcance más amplio para abordar las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad de lograr un desarrollo a favor de todas las personas. Además tienen una aplicación universal para todos los países, mientras que los ODM únicamente estaban dirigidos a países en desarrollo. A pesar de que los ODS no son obligatorios, se espera que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil adopten como propios el logro de los objetivos. Las

Control Fiscal Territorial empresas por ejemplo, deberían generar empleo incluyente, ser organizaciones que no discriminen salarialmente, no atentar contra el medio ambiente, comprender que la vida de sus empleados no se agota en la organización, y no aplicar el principio que unos piensan y otros hacen, solo así y por medio de la Responsabilidad Social será notorio un aporte significativo por parte del sector privado al desarrollo sostenible. Los países realizarán seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, a través de indicadores de gestión e impacto. Su cumplimiento y éxito van ligados a las políticas, planes, programas y actividades que realice cada uno de los países para contribuir con su aplicación.

Los objetivos

de desarrollo sostenible son el escenario perfecto para una gerencia responsable

Los objetivos de desarrollo sostenible son el escenario perfecto para una gerencia responsable, donde se requieren herramientas gerenciales para lograr las transformaciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales con las que se comprometen libremente desde sus misiones. En este sentido, al igual que cualquier otra organización, deben evidenciar una gerencia responsable que las haga acreedoras de la confianza por parte de los pobladores de los territorios y de las organizaciones públicas, privadas y sociales, que podrían ver en ellas actores claves para generar alianzas que tengan por objetivo impactar en la calidad de vida de los pobladores de los territorios.

27 Una organización social realiza una gerencia responsable solo cuando coadyuva a que se consoliden las condiciones que hacen posible el desarrollo humano sostenible, la paz y la equidad en los territorios en los que hacen presencia, lo que se constituye en la única condición que las legitima frente a sus grupos de interés. Para eliminar la pobreza, el mayor desafío del mundo actual, conlleva a generar oportunidades permitiendo que las personas en la actualidad y en el futuro, puedan disfrutar de sus libertades y hacer efectivas sus capacidades. Libertades económicas, sociales (Educación, empleo y vivienda de calidad), políticas, de seguridad y de transparencia, son esenciales para el disfrute de una vida digna. Las libertades no son solamente los fines primarios del desarrollo, sino que son parte de los medios principales para considerarlo. En un marco de oportunidades se requieren de capacidades indispensables como la vida, la salud física, la integridad física, las emociones, el juego y la afiliación. La Agenda 2030 es una oportunidad para la ética organizacional, porque por medio de esta las empresas pueden orientar sus obligaciones morales, responsabilidades y justicia social de manera voluntaria en su gestión, estrategia, política y procedimientos, donde las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales, culturales y sobre todo el respeto por los derechos humanos son protagonistas. Asegurarnos de que los líderes tomen decisiones ambiciosas para reducir la pobreza, la desigualdad y proteger nuestro planeta es una responsabilidad conjunta que permite visionar la ética no solo desde el ámbito organizacional sino también social, solo de esta manera será posible aumentar el sentido de pertenencia y el interés por lograr el desarrollo sostenible que todos merecemos.


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Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Páramo Las Baldías (Antioquia - Colombia) por el Método de Transferencia de Beneficios.

Daniel Moreno Soto Biólogo. Especialista en Biología de Sistemas y Biotecnología. Investigador en la Universidad de Antioquia. Grupo Reproducción, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Sede de Investigación Universitaria. Horacio Augusto Moreno Correa Ingeniero Agrónomo. Diplomado en Valoración de Costos y Beneficios Ambientales. Especialista en Ingeniería Ambiental. Maestría en Eco-auditorias y Planificación Ambiental Empresarial. Docente universitario. Hemos autorizado a la Contraloría de Bello, la publicación del estudio que elaboramos sobre el páramo de Baldías, como una contribución para que el ente de control cumpla su función de informar sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, además para que la comunidad se entere de la cargas que como propietarios del área de paramo hemos tenido que asumir para producir los beneficios ambientales que aportamos, sin que la institucionalidad ambiental y los entes territoriales hayan cumplido con lo establecido en la resolución ministerial N° 2140 de diciembre de 2016, que declara el páramo, especialmente en su obligación del pago de servicios ambientales . Marco Constitucional y Legal La valoración de los beneficios del páramo de Baldías es un soporte técnico, económico, social y ambiental para la toma de decisiones que garanticen la conservación y protección de este ecosistema. Los entes territoriales, en su gestión deben incluir para todo proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos,

la valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre la conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la Contraloría (artículo 46° de la ley 42 de 1993) ; pero demás los entes territoriales para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, debe en sus planes de desarrollo y en sus estrategias, programas y proyectos, considerar criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental; (artículo 3° de la ley 152 DE 1994). A los órganos de control fiscal, a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, y la ley 42 de 1993, tienen como obligación verificar si las entidades sujeto de control realizaron la correspondiente valoración de los costos ambientales, determinada por la cuantificación del impacto que tuvo sobre el ambiente cierta actividad o labor realizada por tales entidades.

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Específicamente la Ley 42 de 1993, ley de Control Fiscal, en el CAPÍTULO 1, PRINCIPIOS Y SISTEMAS, en el Artículo 8: Señala que La vigilancia de la gestión fiscal del estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y LA VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES, de tal manera que permita.....:

Sistemas y Biotecnología (Icahn School of Medicine, NYC, USA). Investigador en la Universidad de Antioquia. Grupo Reproducción, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Sede de Investigación Universitaria, Calle 62 Nº 52–59. Medellín, Antioquia, Colombia. * Autor de correspondencia: D. Moreno-Soto [daniel.morenos@ccaplb.com].

• Cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, y • Evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.

H. Moreno-Correa1 Ingeniero Agrónomo. Diplomado en Valoración de Costos y Beneficios Ambientales (Universidad Nacional de Colombia). Especialista en Ingeniería Ambiental (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia). Maestría en Eco-auditorias y Planificación Ambiental Empresarial (Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España). Docente universitario.

En síntesis el presente trabajo es de utilidad para la institucionalidad del Municipio de Bello, para los siguientes frentes de gestión: • Análisis costo beneficio de inversiones en el eco sistema. • Evaluación de si una regulación ambiental en el páramo,  mejora el bienestar de la población humana beneficiada. • Análisis económicos de las implicaciones (costos ambientales de un proyecto) que afecte el ecosistema. • Decisiones de conservación o de inversión en el medio ambiente del páramo. • Manejo en general de los recursos naturales • Elección de manejo óptimo de la tierra.  • Base para  compensación  y pago de servicios ambientales. • Base para multas por violar regulación ambiental.

Resumen El presente trabajo valoró económicamente, mediante el método de transferencia de beneficios, algunos servicios ambientales del Páramo Las Baldías, ubicado al noroccidente de Colombia, el cual ha sido sometido a conservación y regeneración y actualmente provee una importante oferta ambiental en beneficio de cientos de miles de personas. Se encontró que el abastecimiento hídrico por hectárea para uso y consumo humano se ubica en el nivel superior con respecto a páramos locales. La relación costo-beneficio fue de uno a catorce e indica que la sociedad puede acceder a niveles más altos de bienestar manteniendo el páramo en conservación que usando el suelo en actividades agropecuarias convencionales.

D. Moreno-Soto1, 2, *, H. Moreno-Correa1

(1) Centro de Protección Ambiental Páramo Las Baldías, Calle 3B Sur N°29C-135, 206, Medellín, Antioquia, Colombia.

Los resultados indicaron que se está frente a un caso exitoso de conservación de páramos en la región y proporcionan información de soporte valiosa para tomar decisiones políticas y administrativas sobre el uso y conservación de este ecosistema.

D. Moreno-Soto1, 2, *, Biólogo (Universidad CES, Medellín, Colombia). Especialista en Biología de

Palabras clave: análisis costo-beneficio; conservación; costo de oportunidad; Medellín.


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Abstract This work economically assessed, via benefit transfer method, the environmental services of Páramo Las Baldías, located in northwest Colombia, which has been subject to conservation and regeneration and currently provides environmental benefits to hundreds of thousands of people. Water supply per hectare for human use and consumption was found to be in the upper tier respect to local páramos. The Cost-Benefit relation was of one fourteen and showed that society can access higher levels of well-being by conserving the páramo instead of using the soil in conventional farming.

prestación de servicios ambientales, principalmente porque su cobertura vegetal condensa humedad atmosférica y provee agua para uso y consumo humano, a tal punto que se puede decir que varias de las grandes urbes andinas dependen de forma crítica del estado de estos ecosistemas. Infortunadamente, la intervención antrópica -asociada a actividades de ganadería, agricultura, minería y al cambio climático- ha causado un deterioro vicioso de estos ecosistemas, poniendo en riesgo el bienestar de millones de personas que se benefician de los servicios ambientales que estos prestan (Buytaert et al. 2012).

Results showed that this is a successful case of páramo conservation in the region and provide valuable information to support political and administrative decisions on the use and conservation of this ecosystem. Key words: conservation; cost-benefit analysis; Medellín; opportunity cost.

El Páramo Las Baldías está localizado en la Cordillera Central del departamento de Antioquia, en la República de Colombia, aproximadamente a una hora de viaje y 30 km de distancia -dirección noroccidente-, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Fig.1). Se encuentra en jurisdicción de los municipios de Bello, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros y Medellín.

Introducción

Figura 1. Ubicación geográfica del Páramo Las Baldías en Sudamérica.

Figura 2. Mapa con la localización y el área delimitada del Páramo Las Baldías (elaborado a partir de información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia mediante Radicado E1-2017-000564 del 12/01/2017).

Los páramos son ecosistemas montanos intertropicales que se ubican desde altitudes de aproximadamente 2700 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) hasta la línea de nieves perpetuas, de 4000 m.s.n.m a 5000 m.s.n.m. Pese a tener bastante diversidad interna, estos ecosistemas usualmente se asocian a paisajes con una vegetación baja -tipo arbustiva y de herbazal- y presencia de lagunas, pantanos y praderas húmedas (Luteyn 1999). De los ecosistemas de páramo los más conspicuos son los páramos andinos, que se localizan en la cordillera de los Andes, desde el norte del Perú hasta Venezuela, existiendo, no obstante, algunos ecosistemas en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), Panamá y Costa Rica con características similares, aunque por fuera de dicha cadena montañosa. Los páramos andinos son ecosistemas clave en cuanto a la

Debido a su gran cercanía con la segunda urbe de Colombia, Las Baldías reviste una importancia estratégica a nivel de servicios ambientales, particularmente por su biodiversidad, repercusión a nivel climático y función de provisión y regulación hídrica.

A nivel climático, la precipitación media anual en las cuencas que nacen en el páramo está en el intervalo de 1909.32 mm/año a 2334.36 mm/año, con valores mayores para las cuencas que drenan al occidente -hacia el Corregimiento de San Sebastián

Los páramos

andinos son ecosistemas clave.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MINAMBIENTE), mediante la Resolución N°2140 de 2016 (MINAMBIENTE 2016), atendiendo a la información reportada por diversos estudios ambientales, económicos y sociales suministrados por la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), delimitó el páramo en un área de 860.84 hectáreas (ha) -entre las cotas 2800 y 3150 m.s.n.m-, convirtiendo a Las Baldías en el páramo más pequeño del país y el último en ser reconocido legalmente a la fecha (Fig. 2).

31 de Palmitas y el Municipio de San Jerónimo- que para las que vierten al oriente- por Bello y San Pedro, al Río Medellín- La temperatura oscila entre 10 °C y 11 °C, y la evapotranspiración real (ETR) se encuentra entre los 1000 mm/año y los 1030 mm/ año (CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S. 2013); valores que se encuentran dentro de lo esperado para los páramos colombianos (Buytaert et al. 2012). Respecto a hidrografía, en este páramo nacen diversos cuerpos de agua, entre los que destacan las quebradas La Iguaná, La Volcana, La Miserenga, La Muñoz, La Porquera, La García, El Hato y el Río Aurra; registrando en conjunto un rendimiento hídrico de aproximadamente 29.44 L/s/km² (Corantioquia y HOLOS S.A.S. 2013) (Fig. 3). También posee humedales y lagunas (Fig. 4). Figura 3. Mapa con detalle del Páramo Las Baldías y sus cuencas abastecedoras de agua. El sistema hidrográfico del páramo está constituido por las sub-cuencas de las quebradas La Iguaná, La Baldía (El Hato), La García, La Porquera, Río Aurra (La Muñoz), La Miserenga y La Volcana.

Estas sub-cuencas nacen en las zonas del páramo y por lo tanto, el agua captada en ellas proviene en gran medida de los nacimientos de éste ecosistema.


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32 (Elaborado a partir de información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia mediante Radicado E1-2017-000564 del 12/01/2017). Figura 4. Cuerpos de agua del Páramo Las Baldías. • A.) Laguna en la meseta de la cima, cerca de la cota 3100 m.s.n.m.Es el nacimiento de la quebrada La Iguaná, la más importante del noroccidente urbano de Medellín. • B.) Humedal. • C.) Quebrada El Hato en zona rural del municipio de Bello.

A nivel de flora, la cobertura vegetal está formada por densos bosques andinos en las laderas, los cuales, al acercarse a la cima, hacen una transición hacia una cobertura de tipo herbazal dominada por Calamagostris effusa (Kunth) Steud y donde también es frecuente encontrar helechos y licopodios. Algunas especies representativas son Espeletia occidentalis A.C. Sm. (frailejón), Paepalanthus columbiensis Ruthland (cardo de páramo), Ceroxylon parvifrons (F. Engel) H. A. Wendland (palma de ramos), Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baillon (sietecueros), Vaccinium floribundum Kunth (arándano andino) y el endémico Brunellia boqueronensis Cuatrec. (cedrillo), clasificado como vulnerable (VU) (CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S. 2013, IUCN 2016) (Fig. 5).

A nivel de flora

es frecuente encontrar helechos y licopodios.

Figura 5. Flora del Páramo Las Baldías. • A.) Espeletia occidentalis (F. Engel) H. A. Wendland (frailejón) (Asteraceae) • B.) Paepalanthus columbiensis Ruthland (cardo de paramo) (Eriocaulaceae) • C.) Ceroxylon parvifrons (F. Engel) H. A. Wendland (palma de ramos) (Arecaeae).

Respecto a la fauna, se reportan un total de 67 especies de aves (CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S. 2013), resaltando el endémico Hypopyrrus pyrohypogaster (turpial de vientre rojo), clasificado como en peligro (EN) (IUCN 2016). En CITES II se reportan siete especies, entre halcones (Falconidae), colibríes (Trochilidae) y pericos (Psittacidae) (Fig. 6). No se reporta ninguna especie en CITES III. En cuanto a la herpetofauna, CORANTIOQUIA (2013) reporta dos especies de anuros: Pristimantis permixtus (rana de muslos naranja) (Craugastoridae) y Rhinella ruizi (Bufonidae). No obstante, la riqueza en herpetos es mucho más amplia, a propósito de lo cual es menester resaltar el reciente descubrimiento de Hyloscirtus antioquia (Hylidae) (Rivera-Correa y Faivovich 2013), una nueva especie de rana arborícola presente en el páramo Las Baldías. Respecto a mamíferos, el páramo tiene presencia de diversas especies características de los ecosistemas de bosques andinos (Sánchez-Londoño et al. 2014) (Fig. 6). Las especies presentes incluyen ratones,

Control Fiscal Territorial ardillas, puercoespines y guaguas (Rodentia); zarigüeyas (Didelphimorphia); musarañas (Soricomorpha); ratones runchos (Paucituberculata); conejos (Lagomorpha); armadillos (Dasypodidae); perezosos (Pilosa); y murciélagos (Chiroptera). También existen diversas especies de carnívoros, entre los que destacan olinguitos (especie también descubierta en 2013) (Helgen et al. 2013), cusumbos y perros de monte (Procyonidae); zorros (Canidae); comadrejas (Mustelidae); e incluso félidos, como Puma concolor (puma) y Leopardus tigrinus (trigrillo lanudo) (VU) (IUCN 2016). En el pasado y hasta la primera década de este siglo se reportaron avistamientos de Tremarctus ornatus (oso andino) (VU) (IUCN 2016). Figura 6. Fauna del Páramo Las Baldías. • A.) Hypopyrrhus pyrohypogaster (turpial de vientre rojo) (Icteridae). Catalogado por la IUCN como en peligro de extinción (EN). • B.) Falco sparverius (cernícalo americano) (Falconidae). Reportado en CITES II. • C.) Didelphis pernigra (zarigüeya orejiblanca andina) (Didelphidae). D.) Cerdocyon thous (zorro perruno) (Canidae).

33

En los páramos

colombianos está vastamente demostrada la importancia de su oferta de servicios ambientales para el bienestar humano, que incluyen la conservación de la biodiversidad, la provisión de hábitats para distintas especies.

Todos los atributos previamente expuestos ponen en evidencia la necesidad de valorar los servicios ambientales prestados por este ecosistema, para así contribuir a la adecuada toma de decisiones respecto a su conservación a partir de una real ponderación de su importancia para la sociedad. En lo que atañe a los páramos colombianos, está vastamente demostrada la importancia de su oferta de servicios ambientales para el bienestar humano, que incluyen la conservación de la biodiversidad, la provisión de hábitats para distintas especies (Rangel 2002), la regulación hídrica, la absorción de carbono (Buytaert et al. 2007) y los servicios culturales asociados al uso de estos ecosistemas para actividades como el turismo, la investigación y la recreación. El objetivo de este trabajo fue valorar económicamente los beneficios ambientales de los servicios prestados por el ecosistema de Las Baldías y el costo de oportunidad de su conservación.

Fotografías suministradas por J.D. Sánchez y H. Londoño de la Universidad CES.

Es necesario mencionar que a la hora de realizar la tasación de los beneficios ambientales, en países como Colombia subsisten obstáculos debido al nivel de complejidad, metodología y magnitud del trabajo estadístico requerido para lograr estimadores confiables.


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34 Adicionalmente, se requiere de una curva de demanda que no es asequible directamente debido a la inexistencia de mercados para recursos de esta naturaleza, lo que se agrava aún más por la dificultad que existe para obtener información confiable relacionada con las preferencias de la población. Pese a las adversidades mencionadas, a nivel local se tienen algunos antecedentes de valoración económica de los servicios ambientales en cuencas abastecedoras de agua, como la valoración económica de ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas que abastecen acueductos de veredas (secciones administrativas rurales de un municipio en Colombia) (Correa 2006), los trabajos de CORANTIOQUIA et al. (2006) sobre valoración de cuencas y los estudios acerca de los servicios prestados por el Páramo de Santurbán (García et al. 2014), que sirvieron de sustrato para la valoración acá realizada.

Para poder valorar los servicios ambientales de Las Baldías en términos económicos, se aplicó el método de transferencia de beneficios, que consiste en el empleo de fuentes secundarias de información provenientes de ejercicios originales de valoración realizados en un contexto similar al sitio que se desea valorar.

En la transferencia de beneficios se traspasa el valor monetario de un bien ambiental -denominado sitio de estudio- a otro bien ambiental -denominado sitio de intervención- (Brower 2000).

Control Fiscal Territorial

35

Las cifras estimadas para el sitio de intervención con base en un estudio de transferencia de beneficios son una aproximación al valor de los beneficios económicos de los bienes ambientales (Navrud y Bergland 2001).

Servicio

Estudio fuente (escenario de referencia)

Valor transferido (a 2016 en USD)

Materiales y métodos

Abastecimiento de agua para consumo humano

1

88.6/hogar/año

Regulación hídrica

2

0.612/m3/año

Calidad de agua por retención de sedimentos

5

0.096/m3/año

Diferencial de costos de tratamiento

Captura de Carbono

4

5.62/ton

Análisis costo-oportunidad (rentabilidad por conservación)

Transferencia de beneficios y estudios fuente Antes de la aplicación de la transferencia se identificó el ecosistema y se acopió información de aspectos climáticos, fisiográficos, bióticos y de actividades productivas dentro y alrededor del área de influencia.

Seguidamente se cumplió la serie de etapas exigidas en el proceso de transferibilidad para la selección de información primaria, así: Análisis del bien a valorar económicamente; identificación de estudios fuente y búsqueda bibliográfica de aplicaciones de los diferentes métodos de valoración al bien o servicio ambiental de interés; y análisis de los estudios fuente -buscando aquellos que se asemejaran al contexto de Las Baldías, teniendo en cuenta aspectos como atributos físicos, niveles iniciales y cambio en el bien ambiental, características socioeconómicas y comprobación de la calidad de las estimaciones de los estudios fuente seleccionados-. Posteriormente se procedió con la transferencia de beneficios propiamente dicha. Por último se determinó el costo de oportunidad de la conservación del páramo y se calculó y comparó la relación costo-beneficio como un indicador que permita la toma de decisiones y la reasignación de los recursos de la gestión ambiental de manera proporcionada. Los estudios fuente según servicio se encuentran en la Tabla 1 aparejados con los valores fijos transferidos (en USD a valores de 2016).

Tabla 1. Valores transferidos y adaptados de los estudios fuente

Regulación de disturbios (controlinundaciones) Recreación

6 3

2565.44/persona afectada/año 425 117/año

Medida utilizada (estudio fuente) Disposición a pagar (DAP) por suministro sostenible de Agua Disposición a pagar (DAP) por regulación hídrica e incremento de caudales

Costos de reemplazo y restauración Costo de viaje zonal

(1) Valoración Económica de ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales (Correa 2006); (2) Plan Maestro del área de reserva del occidente del Valle de Aburrá (CORANTIOQUIA et al. 2006); (3) Valoración económica de los servicios ambientales del Páramo de Santurbán (García et al. 2013); (4) Análisis del potencial de emisión de dióxido de carbono del Páramo Chingaza y lineamientos para su conservación en el mecanismo de desarrollo limpio (García 2003); (5) Servicios ambientales, agua y economía (Ruiz 2007); (6) Base de datos DesInventar (http://www.desinventar.org/es/).

Datos de acueductos La información relativa a los acueductos que se benefician de los cuerpos de agua que nacen en el páramo se obtuvo a partir de visitas de campo a las localidades y de informes de la Secretaría de Desarrollo Social de Medellín. Población vulnerable a inundaciones y avenidas torrenciales Se usó la base de datos DesInventar (Corporación OSSO 2017) para obtener los datos de desastres asociados a crecidas de quebradas en Bello, Medellín y Bogotá.

El número de personas afectadas se obtuvo al multiplicar el número de viviendas afectadas por 4.5, que fue el promedio por vivienda de personas afectadas en el consolidado para Bogotá de donde se tomaron los costos económicos de los desastres.

Tasa de cambio y tasa social de descuento La conversión de dólares americanos (USD) a pesos colombianos (COP) se realizó a partir de la tasa de cambio vigente a diciembre de 2016 (1 USD = 3054.42 COP). Para las proyecciones del valor neto de los beneficios a veinte años se usó la tasa social de descuento de 4.95% anual, recomendada para la evaluación económica del medio ambiente. Software Para la elaboración de las tablas y gráficas se usó Microsoft Office Excel 2013. Los mapas elaboraron con el programa ArcGIS 10.1 a partir de información proporcionada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y con Google Earth a partir de capas generadas con la base de datos DesInventar.


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Resultados Servicios hidrológicos El páramo suministra agua en cantidad y en calidad a diferentes usos. La cantidad se refiere al volumen de agua que se produce- en función del balance entre la precipitación y la evapotranspiración- y también a la regulación, es decir almacenamiento de agua en suelo de páramo caracterizado por alto contenido de materia orgánica y cobertura vegetal en buen estado de conservación.

Las sub-cuencas protegidas dentro del páramo de Las Baldías (Fig.3) exhiben un rendimiento hídrico promedio de 29.44 L/s/km2 y una oferta hídrica aproximada de 0.16 m3/s (CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S. 2013). La demanda calculada para estas sub-cuencas fue de 78.16 L/s para uso doméstico y 202.4 L/s para otros usos (acuicultura, agrícola, doméstico, industrial, pecuario, recreación y deporte) (Tabla 2).

Tabla 2. Cuantificación física de la demanda de agua en las sub-cuencas del Páramo Las Baldías. Adaptado de CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S (2013).

La Tabla 3 presenta la población beneficiada por municipio y nombre de acueducto abastecido por la oferta hídrica de las sub-cuencas del páramo, destacando la demanda de Medellín con un 68.38%, seguida por San Jerónimo con el 21.01%, Bello con 9.45 San Pedro de Los Milagros con 1.44 El valor transferido del estudio fuente (Correa 2006) para calcular los beneficios económicos asociados al abastecimiento para el consumo humano -toma en cuenta la disposición a pagar por el suministro confiable de agua potable- beneficia a 16 567 hogares y fue de 1 467 836 USD anuales. En un horizonte de vein-

te años el valor neto de estos beneficios asciende a 18 370 281 USD. El páramo también ofrece beneficios a los acueductos por servicios de regulación hídrica, cuyo almacenamiento garantiza permanentemente caudales para épocas secas. El valor transferido a 2016 fue de 0.612 USD/m3. Se calculó entonces un valor agregado anual por el servicio de 1 510 557 USD. El valor presente neto de los beneficios proyectados a veinte años suma 18 576 692 USD. Finalmente se valoró el beneficio de la conservación del páramo en la calidad de agua, cuantificando las

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37

implicaciones favorables que tiene la retención de sedimentos realizada por el ecosistema sobre los costos de operación de los acueductos. El valor transferido provino de datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cuales muestran que el costo de tratamiento de un metro cúbico de agua proveniente de una cuenca conservada cuesta alrededor de seis veces menos que la aportada por una cuenca deteriorada (Ruiz 2007). Los costos evitados en el tratamiento del agua del Páramo de Las Baldías se obtuvieron al

multiplicar un valor promedio de 0.019 USD/m3 —el cual provino de las plantas de tratamiento de San Jerónimo (0.014 USD/m3) y Charco Verde, Corregimiento de San Félix (Bello) (0.025 USD/m3)— por el diferencial mencionado por Ruiz (2007). El valor económico total de la calidad del recurso hídrico por la conservación de éste páramo sumó 236 950 USD anuales y el valor presente neto de los beneficios anuales proyectados a veinte años asciende a 2 965 480 USD.

Tabla 3. Demanda doméstica registrada para acueductos municipales y veredales.


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En la Tabla 4 se presentan los servicios evaluados con relación al recurso hídrico cotejados con su respectivo indicador, valor presente y valor proyectado a veinte años. Tabla 4. Beneficios económicos asociados a recurso hídrico. Cuantificación física Servicio

Abastecimiento de agua para consumo humano Regulación hídrica Calidad retención sedimentos

Cuantificación económica DAP USD

COP

Valor agregado beneficios anuales (USD)

Valor presente beneficios en 20 años (USD)

16 567

88.6

270 648

1 467 836

18 370 281

2 468 230.27

0.612

1870

1 510 557

18 904 944

2 468 230.27

0.096

293.5

236 950

2 965 480

Indicador

Magnitud

DAP hogar/año DAP m3/año Diferencial costo/ m3 tratado

Tabla 5. Beneficios económicos de otros servicios. Cuantificación física Servicio

Captura de carbono (regulación del clima) Control de inundaciones Recreación

Cuantificación económica DAP

Indicador Emisiones de CO2 evitadas (T/ha) Personas beneficiadas/año DAP personas 18 años*4

Magnitud

USD

COP

Valor agregado beneficios anuales (USD)

Valor presente beneficios en 20 años (USD)

79.8

5.62

17 165.84

386 066

4 831 699

124

2565.44

7 835 931

318 115

3 981 277

425 117

5 320 430

Captura de carbono Los páramos poseen un importante contenido de carbono, el cual no sólo está presente en la biomasa epigea, sino que, gracias a las bajas tasas de descomposición presente en estos ecosistemas, también se encuentra en los cojines de materia orgánica del suelo (IDEAM et al. 2002). Para la valoración de este servicio se utilizó como referente el valor estimado en el estudio fuente “Análisis potencial de emisión de dióxido de carbono del páramo Chingaza”, (Tabla 1) donde se encontró que

cada hectárea protegida evita que se emitan 79.8 toneladas (T) de CO2/ha. Los beneficios anuales obtenidos para 860.84 hectárea tuvieron un valor de 386 066 USD. Al calcular el valor presente neto en un horizonte de veinte años los beneficios suman 4 831 699 USD. Control de inundaciones La presencia de bosques en cuencas adyacentes a poblados provee un servicio ambiental cuya desaparición podría compararse con el valor de

Control Fiscal Territorial los costos destructivos en la infraestructura física y social provocada por este tipo de desastre natural (Izko y Burneo 2003). Las cuencas principales del páramo Las Baldías (quebradas La Iguaná, El Hato y La García) descargan sus aguas en áreas pobladas, algunas con alto riesgo por consistir en asentamientos irregulares en las llanuras de inundación de estos cuerpos de agua. De acuerdo a la base de datos DesInventar, para el período 1987-2009, en los barrios del municipio de Medellín adyacentes a La Iguaná se presentaron 55 eventos de inundaciones y avenidas torrenciales, afectando a 2713 personas y dejando 20 muertos. En el municipio de Bello, de 1982 a 2005 se presentaron 54 desastres del mismo tipo en los barrios adyacentes a La García y El Hato, afectando a 4311 personas y dejando 56 muertos (Fig. 7). La relación promedio en las cuencas de influencia del páramo es de 310 personas afectadas por año. La información relativa a las pérdidas económicas de estos desastres es deficiente, así que para la ponderación económica se utilizaron los datos de

39 Bogotá para el período 2003-2015, obteniendo una relación de 2565.44 USD anuales por persona afectada para desastres del mismo tipo. Aplicando esta relación a las personas afectadas en Bello y Medellín, se obtuvo un estimativo de las pérdidas económicas promedio por año en las cuencas de influencia del páramo por un valor de 795 288 USD. El beneficio económico prestado por el páramo en la prevención de desastres se estimó entonces asumiendo que, si el uso del suelo del páramo estuviese destinado a propósitos diferentes a la conservación, la probabilidad de ocurrencia de eventos en los cauces que allí nacen y su respectivo costo económico aumentaría en aproximadamente 40%, que es el valor promedio en que se disminuye la capacidad de retención de agua con la desaparición de la cobertura vegetal nativa de páramo (Buytaert et al. 2004) —escorrentía que, de otro modo, acabaría pendiente abajo, conducida principalmente por los cuerpos de agua—. De este modo, el valor del beneficio por concepto de prevención de inundaciones prestado por el ecosistema tuvo un valor de 318 115 USD por año y el valor presente neto de los beneficios anuales proyectados a veinte años es de 3 981 277 USD. Figura 7. Desastres causados por inundaciones y avenidas torrenciales de barrios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá adyacentes a las sub-cuencas que nacen en el Páramo Las Baldías. Se muestran las viviendas afectadas en las sub-cuencas de las quebradas El Hato y La García en Bello (1982-2005), y la sub-cuenca de la quebrada La Iguaná en Medellín (1987-2009).


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40 Recreación La transferencia del valor recreativo a Las Baldías, se hace por persona, basado en la estimación del valor del servicio de recreación ofrecido por un estudio realizado para el Páramo de Santurbán bajo el método de costo de viaje zonal (García et al. 2013), el cual agrupó a los visitantes según su lugar de origen y posteriormente estimó las funciones de demanda y excedente del consumidor. El estudio de referencia encuestó habitantes de Medellín. Para el cálculo del costo de viaje se tomó un costo promedio de 0.133 USD/km, basado en los costos reportados para el transporte de carga por el Ministerio de Transporte de Colombia para los destinos Medellín–Bucaramanga.

La transferencia del valor recreativo a Las Baldías se tomó como valor fuente la cota inferior del anterior intervalo actualizada a 2016, obteniéndose la suma de 425 117 USD anuales.

Para el cálculo del costo del tiempo se tomó un valor de 0.797 USD/hora, cifra usada para valorar el tiempo de transporte en Colombia que tiene en cuenta un valor promedio de los ingresos mensuales de la población de Bogotá. Finalmente, para calcular el beneficio por recreación del Páramo de Santurbán, el estudio fuente agrega los excedentes de todas las zonas y encuentra que este valor se ubica entre 376 830.95 USD y 710 718.45 USD.

Valor económico total de los servicios ambientales Agregando los beneficios económicos totales, para el área delimitada de 860.84 hectáreas se obtuvo un valor anual de 4 344 641 USD.

Control Fiscal Territorial Figura 8. Beneficios económicos anuales totales prestados por el Páramo Las Baldías. Los servicios asociados al recurso hídrico constituyen más de dos tercios de los beneficios totales.

Tabla 6. Beneficios económicos totales. Servicio ambiental

Beneficios económicos anuales (USD)

Beneficios económicos en un horizonte de 20 años (USD)

Abastecimiento de agua para consumo humano

1 467 836

18 370 281

Regulación hídrica

1 510 557

18 904 944

Calidad de agua por retención de sedimentos

236 950

2 965 480

Regulación del clima

386 066

4 831 699

Regulación de disturbios (Control inundaciones)

318 115

3 981 277

Recreación

425 117

5 320 430

Total

4 344 641

54 374 111

Tabla 7. Costos e ingresos de una hectárea de papa. Concepto

La elección de dicho valor tiene en cuenta variables como su cercanía a un gran centro urbano (Valle de Aburrá) y su biodiversidad y evidente demanda recreativa orientada a conocer especies de flora y fauna, destacando los avistamientos de aves y las visitas a las praderas de frailejones. Al calcular el valor presente neto de los beneficios en un horizonte de veinte años se obtuvieron beneficios económicos agregados de 5 320 430 USD.

La Figura 8 muestra la contribución de cada beneficio al valor total. Estos beneficios proyectados a veinte años suman 54 374 111 USD (Tabla 6).

41

Costos anuales (A) Ingresos anuales (B) Benéfico Económico Neto anual (B)-(A)

Valor económico (USD) 1755.48 2120.19 355.72

Para Las Baldías se calculó la rentabilidad del cultivo de papa como actividad que competiría con la conservación y a la que se renuncia para mantener el uso del suelo como ecosistema de páramo (Tabla 7). Para el cálculo se toman los costos de producción y los ingresos del cultivo sugeridos por MINAMBIENTE (2012).

para consumo 33,78% • Agua Regulación 34,77% • Retención dehídrica 5,45% • Regulación delsedimentos clima 8,89% • Control de inundaciones • Recreación 9,78% 7,32% • Valor económico del costo de oportunidad de la conservación del páramo El costo de oportunidad se basa en la idea de que los costos de utilizar un recurso para ciertas actividades que no tienen precios en un mercado establecido pueden ser estimados utilizando, como variable de aproximación, el ingreso perdido o no percibido por dejar de utilizar el recurso en otros usos alternativos que sí tienen precios de mercado (Izko y Burneo, 2003).

La rentabilidad del cultivo es de 355.72 USD/una cosecha/ha/año, la cual se sacrifica por mantener esta zona en conservación, y por garantizar servicios ambientales a la población aledaña por valor de 5047 USD/ Ha/año, con una relación beneficio costo de 14 a 1. El valor no percibido podría ser considerado como una estimación del costo de la preservación del ecosistema (Pearce y Moran 2000). de corregimientos de Medellín abastecen a ~22 hab./ ha. En consecuencia, la oferta de este servicio por el páramo de Las Baldías se encontraría cercana al Páramo de Belmira y por encima de otros páramos de la región (Tabla 8). Para los servicios asociados a los recursos hídricos en bosques tropicales, Azqueta (2000) encontró beneficios valorados en 356.6 USD/ha/año. La valoración en Las Baldías muestra valores de 3462 USD/ha/año, unas nueve veces superior a los reportes sobre bosques tropicales.


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Tabla 8. Abastecimiento hídrico para uso y consumo humano de algunos páramos colombianos. Elaborado a partir de datos de García et al. (2014), MINAMBIENTE (2016) y otras fuentes oficiales disponibles en http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/search/ (consultado el 19 de marzo de 2017).

Nombre del páramo Belmira-Santa Inés Chingaza Las Baldías Paramillo Santurbán Picachos Miraflores (Caquetá) Farallones de Cali

Habitantes beneficiados 1 100 000 7 396 524 66 268 51 890 2 300 000 575 000 135 000 4 000

Rudas (1995) ha sugerido evaluar las implicaciones que tiene la regulación de los caudales sobre los costos de operación de los acueductos —particularmente el incremento de los caudales mínimos derivado de la conservación o recuperación de los bosques—. El cálculo para Bogotá, citado por Ruiz (2007) confirma la importancia y la alta rentabilidad de invertir en la conservación de las cuencas aportantes para los acueductos municipales, ya que es mucho menor el costo de gestión para conservación que el costo de recuperación de una cuenca degradada. Los costos de tratamiento de los acueductos

Páramo Las Baldías

presenta una estructura casi original en lo relativo a presencia de cuerpos de agua, coberturas vegetales y diversidad de flora y fauna.

Área (ha) 10 622 76 600 860.84 1550 82 648 23 872 19 751 2 070

Habitantes beneficiados/ha 103 97 77 33 28 24 7 2

de las veredas que se abastecen del páramo de Las Baldías coindicen con esta sugerencia. La regulación de los caudales por parte de los páramos también es importante por su capacidad de prevención de desastres, que se traduce en pérdidas humanas y materiales evitadas. A este respecto este estudio ofrece una aproximación pionera para la cuantificación de estos costos. En lo que se refiere al estado de conservación del ecosistema, tal y como señalan CORANTIOQUIA y HOLOS S.A.S. (2013), el Páramo Las Baldías presenta una estructura casi original en lo relativo a presencia de cuerpos de agua, coberturas vegetales y diversidad de flora y fauna. Esto es determinante a la hora de la capacidad de prestación de servicios ambientales —los cuales disminuyen de forma directamente proporcional al deterioro del ecosistema original—. En este aspecto vale la pena rescatar la presencia de Hyloscirtus antioquia (rana arborícola) y Bassaricyon neblina (olinguito), descubiertas apenas en 2013, pues la potencial presencia de especies nuevas es indicador de los valores de

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La conservación

de los páramos asegura el almacenamiento de una cantidad importante de CO2.

legado para las futuras generaciones que posee el ecosistema —prácticamente imposibles de calcular de antemano— (Czarnezki y Zahner 2005), así como de su futuro papel en el desarrollo del conocimiento científico. No extrañaría si estos hallazgos se continúan presentando, pues los páramos se han postulado como los hotspots evolutivos con las tasas de especiación más altas del planeta (Madriñán et al. 2013). En cuanto a la regulación del clima, la conservación de los páramos asegura el almacenamiento de una cantidad importante de CO2. Es entonces de importancia lo advertido por Rondón et al. (2002), quien sugiere que si la cobertura vegetal de los páramos desaparece por cualquier causa, la superficie quedaría expuesta a la acción directa del sol, lo que propiciaría la desecación del suelo, cambiando sus propiedades fisicoquímicas. Además —como agravante—, el color negro de los suelos de los páramos —debido a la alta riqueza en compuestos orgánicos— favorecería la absorción de la radiación solar. La acción simultánea de estos factores generaría un aumento en la temperatura del ambiente y aceleraría los procesos microbiológicos de descomposición, causando la oxidación de la materia orgánica y la consecuente liberación de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Los beneficios económicos por este servicio ascienden a 448.48 USD/ha/año y están en el rango de lo hallado por Azqueta (2000), entre 416.26 y 693.77 USD/ha/año

43 a valores de 2016. Respecto al beneficio real que Las Baldías genera sobre el confort térmico de la ciudad no existen datos cuantitativos, por lo que su valoración —aunque compleja— debe ser considerada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá —especialmente en vista del notorio aumento de temperatura que presenta actualmente esta región—, pues se puede intuir fácilmente el efecto de enfriamiento del aire al pasar por la serranía antes de llegar a la ciudad (Fig. 9), así como su efecto sobre el clima de la urbe si la cobertura vegetal y dinámicas ecosistémicas asociadas no existiesen. Figura 9. Circulación atmosférica desde el páramo al Valle de Aburrá. Desde el suroriente de la ciudad de Medellín se observan masas de nubes ascendentes y descendentes que se producen durante el día, la tarde y la noche. A.) Cuando el sol calienta la ladera noroccidental, el aire se eleva sobre el lado iluminado. B.) Terminando la tarde la masa de desciende al valle desde el páramo. No se ha valorado el beneficio económico de este fenómeno de regulación climática.

Finalmente, los resultados de la valoración económica —respaldados por el destacable estado de conservación de las cuencas, la cobertura vegetal y fauna asociada que evidencian los estudios técnicos— hacen preciso inquirir por las razones para que el páramo más pequeño de Colombia, expuesto a las presiones inherentes a la cercanía a la segunda ciudad del país, exhiba beneficios ambientales de la magnitud de los estimados en este trabajo. Una hipótesis plausible para explicar este fenómeno podría considerar el efecto de la tenencia de los


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En Las Baldías

las áreas deforestadas pudieron restaurarse debido a que a su alrededor quedaron áreas de bosque nativo

predios del páramo por muy pocos propietarios que han optado por no perpetuar la explotación histórica de la tierra, en una tendencia más o menos inversa a lo ocurrido en muchos otros páramos de la región. El Centro de Conservación Ambiental Páramo Las Baldías tiene evidencia de que en el área del ecosistema —aproximadamente desde la cota 2950 m.s.n.m hacia arriba—, desde el siglo XIX y hasta principio del siglo XX, se presentaron algunas alteraciones de la vegetación nativa asociadas a producción de leña y carbón para la ciudad, cultivo de papa y ganadería. Sin embargo, desde mediados de la década del setenta del siglo pasado, la explotación en el área cesó completamente y se dedicó el suelo del páramo a la conservación y regeneración espontánea. Para intentar explicar lo ocurrido en este caso podemos recurrir al concepto de resiliencia ecológica, entendiéndolo como la capacidad de un ecosistema de soportar perturbaciones y retornar a su estado de equilibrio dentro del paisaje de estabilidad —una abstracción análoga al paisaje energético en física—, lo cual depende de que las perturbaciones sufridas no sean de suficiente magnitud (no tengan suficiente energía) para sacar al ecosistema de dicho estado (Gunderson 2000). En Las Baldías las áreas deforestadas pudieron restaurarse debido a que a su alrededor quedaron áreas de bosque nativo que empezaron a colonizar los pastizales de nuevo, de afuera hacia adentro; es decir, las perturbaciones no alcanzaron a sacar al ecosistema de su estado de equilibrio estable. De

haber desaparecido estos remanentes de vegetación original es muy poco probable que se hubiera podido retornar al estado casi prístino que exhibe hoy en día el páramo. Esto además fue posible en tan poco tiempo solamente por la suspensión total de actividades de explotación. El páramo de Las Baldías destaca entonces no sólo por los servicios ambientales que presta actualmente a la comunidad, sino también como ejemplo de un proceso exitoso de regeneración que indudablemente será de gran utilidad para la gestión necesaria en otros páramos de la región.

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Agradecimientos

Los autores agradecen a MINAMBIENTE y a CORANTIOQUIA por la información de soporte, a Juan David Sánchez y Hana Londoño, de la Universidad CES, por sus aportes sobre fauna, y a José Édison Henao por su contribución en georreferenciación. Esta investigación se dedica a la memoria de Raimundo Moreno Vélez (1892-1976) e Iván Horacio Moreno Restrepo (1924-2014).

Conclusiones

El páramo de Las Baldías, el más pequeño de Colombia, ha sido sometido a conservación desde hace aproximadamente cuarenta años y presenta una estructura casi original en lo relativo a presencia de cuerpos de agua, coberturas vegetales y diversidad de especies flora y fauna, condición determinante para la prestación actual de servicios ambientales. Las Baldías se encuentra por encima de la mayoría de los páramos de la región respecto al número de personas beneficiadas del recurso hídrico por hectárea. La relación costo-beneficio de uno a catorce es señal de que la sociedad puede acceder a niveles más altos de bienestar manteniendo el páramo en conservación que usando el suelo en actividades agropecuarias convencionales. Las Baldías —por su valor ecológico, económico, social y cultural— debe ser tenido en cuenta en planes, programas y proyectos de los actores públicos. Es necesaria la búsqueda de mecanismos de financiación para la conservación del ecosistema a partir de pagos por servicios ambientales y mecanismos de desarrollo limpio (MDL) u otros esquemas de pago por reducción de emisiones.

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Control Fiscal Territorial

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Borde Urbano:

Población, Informalidad y Regularización

Luis Ángel Muñoz Díaz Ingeniero Civil Especialista en Derecho Urbano. Magister en Planeación Urbana y Regional Auditor Fiscal Contraloría Municipal de Bello En nuestra ciudad metropolitana en los barrios auto producidos, su población se agrupa aferrándose a la idea de consolidar la posesión de la tierra, autoconstruir su vivienda y esperar el reconocimiento e intervención por parte del Estado.

Introducción

La problemática de asentamientos informales ha crecido en Colombia por diferentes factores en los últimos 50 años, la periferia urbana es un fenómeno típico de la ciudad contemporánea, dando la ley el reconocimiento de derechos a los habitantes sobre el sitio ocupado. Los asentamientos informales en Colombia se presentan con mayor intensidad en las grandes ciudades, en Antioquia, el mayor índice de asentamientos se presenta en el Área Metropolitana, especialmente en el municipio de Bello, evidenciando un déficit habitacional para las nuevas familias que se instalan en el borde de la ciudad y retiros de quebradas, desplazándose de diferentes regiones del país y de países vecinos como Venezuela. En la actualidad, en Bello hay registrados en el SISBEN (650 personas), en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos –RAMV-(1240 personas), adicional a ello, los que no se encuentran registrados.

El Estado no ha hecho el papel de regulador de la tierra, porque no ha implementado mecanismos que están en la Ley 388 de 1997 como son: derecho de preferencia, desarrollo prioritario o el banco de tierras que evitaría la especulación de ésta en proyectos de vivienda para las familias de menores ingresos y así controlar la ocupación informal con planes de vivienda planificados.

Población

La UN-Hábitat, en su informe del año 2011 donde estima que mil millones de personas viven en asentamientos informales y que para el año 2030 se duplicara. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala “actualmente en América Latina la población viviendo en la Ilegalidad/informalidad en relación al suelo urbano llega aproximadamente al 40%, en muchas ciudades y áreas metropolitanas. Para el año 2000 los países latinoamericanos presentan una considerable población urbana viviendo en condiciones de pobreza e indigencia, que se acentúa cada vez más ante la indiferencia de los gobiernos, que carecen de programas estatales para controlar la ocupación informal, principalmente


48 en los límites urbanos, programas que contengan alternativas de solución a la problemática social que genera la producción de ciudad informal”. A partir de la década de los 90, en las ciudades se han acentuado los diferentes tipos de informalidad, como producto del aumento de la desocupación, los bajos ingresos del grupo familiar, la creciente brecha económica entre las clases sociales y el estancamiento económico de la región latinoamericana en la productividad, en una economía globalizada acentuada en los años 2000. Nuestra ciudad, es auto producida por el masivo desplazamiento en las subregiones de Antioquia y en otras regiones del país en conflicto. “En constante crecimiento desde la década de los 50 del siglo XX, hijas del conflicto armado potenciado por aquellos años y no solucionado hasta ahora, las ciudades colombianas no dejan de recibir población desplazada del campo, sin atinar a solucionar de manera propicia y oportuna el cúmulo de necesidades con que viven los millones que las habitan”. (La ciudad colombiana: modelo para armar, Carlos Alberto Torres. Le Monde Diplomatique/ El Dupla 88/ Abril 2010. Pág. 8) En el POT de Medellín, Bello y otros municipios del Área Metropolitana, se debería involucrar la propuesta del cinturón verde para la región, con el

Contraloría Municipal de Bello

Cinturón verde

se debería proponer para la región, con el objetivo principal de contener el crecimiento urbano hacia las laderas

Control Fiscal Territorial La crisis ambiental mundial, que se viene manifestado mediante el cambio climático, no es ajena a los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra-AMVA, con alto crecimiento poblacional, con importantes desarrollos urbanos y con características de conurbación que exigen concertar directrices de planeación y sostenibilidad.

La afectación objetivo principal de contener el crecimiento urbano hacia las laderas, por tanto, la sostenibilidad de la ciudad se hace imposible ambientalmente para el ciudadano. La funcionalidad de contención de la franja de borde urbano intervenida por el Estado sirve para configurarlo como un espacio de apropiación de la comunidad a partir de mecanismos de participación hacia la protección y consolidación de equipamiento urbano. La ocupación de zonas ambientalmente no factibles para vivienda, zonas erosionadas, retiros de quebradas, zonas detectadas en los POT no factibles para uso habitacional, se han desarrollado informalmente por la falta de control del Estado, esta ocupación requiere una acción pronta de los entes municipales para evitar desastres.

generada por la expansión urbana sobre las laderas produce impactos ambientales negativos

La ocupación de los bordes urbanos por expansión de la construcción de viviendas hacia las laderas, es un tema de vital importancia en el Área Metropolitana del Valle de Aburra; para efectuar control a esta problemática y por medio de la construcción del “Jardín Circunvalar” se están invirtiendo en el municipio de Medellín una importante suma de recursos, tema que se encuentra en debate teórico por la práctica urbanística y el sector político; esto en el sentido de que los resultados de las inversiones si cumplan con su objetivo. Surge entonces el interrogante de sí se posee claridad acerca de las dinámicas que se dan en la franja del Sistema de transición Urbano Rural -STUR - y, si con las acciones planteadas se está en el camino correcto para lograr una ciudad ambientalmente sustentable. La afectación de la estructura ecológica generada por la expansión urbana sobre las laderas produce impactos ambientales negativos, principalmente sobre el recurso hídrico, los bosques y las rondas de las quebradas, por esto, los encargados de la planeación deben buscar estrategias para el control de los procesos de urbanización desenfrenada

49 e ilegal que se presenta en los bordes de la ciudad, en la franja que ocupa el Sistema de Transición Urbano Rural -STUR - . El municipio de Bello de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, cuenta para el año 2018 con 482.255 habitantes1. Los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburra para el año 2018 suman 3´910.656; aportando el municipio Bello el 8,2%, de en un área conformada por los diez municipios (Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado y Medellín).

Borde urbano

En el caso particular del municipio de Bello, la franja de Transición Urbano Rural -STUR- tiene en gran parte en suelos de expansión, espacios en los cuales se deberían involucrar las obras de contención y protección para así evitar que en algunos años se tenga que planear una nueva franja de Transición Urbano - Rural, más hacia la ladera, por encima de la actual. El municipio de Bello en la actualidad es el territorio con mayor crecimiento en la construcción de apartamentos por encima del municipio de Medellín según la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), presenta el mayor número de licencias de obras y ventas de viviendas de apartamentos (80 proyectos habitacionales en los últimos 10 años). Los suelos de expansión en el territorio suman 278.3 Ha, en los cuales se están desarrollando cinco planes parciales que tendrán 38.200 viviendas en todos los estratos, que se proyecta para el 2025. Las tierras que involucran el borde de la ciudad están en el límite urbano o en la franja de interface urbano rural, sector de importancia para el equilibrio ecológico y contención del crecimiento urbano de la ciudad, estas tierras de borde urbano al mirar la estratificación está en los contrastes de ocupación informal con zonas de invasión de estratos 1 y 2, (El


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Contraloría Municipal de Bello El crecimiento urbano sobre las zonas destinadas al suelo rural se presenta en el municipio de Bello principalmente por tres razones: 1. El cambio de la norma urbanística, al modificarse los usos del suelo el Plan de Ordenamiento Territorial POT, Acuerdo 033 del año 2009, el cual cambio de uso a 278 hectáreas de suelo de uso rural a suelo de expansión, que se anexara al suelo urbano mediante desarrollo de planes parciales. Serán 34.000 soluciones de vivienda nuevas para los próximos 25 años, unos 140.000 nuevos habitantes.

pinar, granizal, la Orquídea) o están ocupadas por asentamientos formales de estrato 5 y 6, (proyecto campestre Norte América), cuando están ocupadas por vivienda. En los últimos años el municipio de Bello, presenta una situación compleja con los asentamientos humanos por fuera del perímetro urbano principalmente en las zonas de ladera (Los Sauces, Altos de Niquía, parte Alta de la Camila, Santa Rita, El Pinar, Adolfo Paz, Regalo de Dios, El Siete, Altos de Oriente i y II, la Orquídea, entre otros) y riveras de las quebradas (La Loca, La Montañita, La Madera, La Merizalde, Chagualones, entre otras). Los nuevos ocupantes acceden a una vivienda rápida, sin importar las condiciones urbanísticas, seguridad, estabilidad de suelos, estos terrenos generalmente son comercializados por urbanizadores piratas a altos costos, si consideramos que no posee titularidad y que a los predios les falta provisión de servicios públicos, infraestructura vial, equipamientos y en ocasiones la ubicación se realiza en zonas de alto riesgo, lo que pone en peligro a los nuevos habitantes del lugar. Los bordes urbanos se han convertido en un problema para las administraciones municipales, como también para los habitantes vecinos, se involucran una serie de problemáticas de tipo social, ambiental, económico y político, que requieren acciones concertadas para su solución.

2. Asentamientos subnormales de personas desplazadas principalmente por el problema de violencia en el país y el desarrollo desequilibrado de las regiones, que ocupan 120 hectáreas aproximadamente unas 36.000 personas, principalmente en las veredas Potrerito, Croacia y Granizal. 3. Aplicación de la Ley 1753 de 2015 en su artículo 91. “Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano”. En el municipio de Bello los suelos de expansión y las ocupaciones subnormales representan aproximadamente el 20% del territorio urbano actual, es de 2.141 hectáreas, el nuevo desarrollo se presenta en su mayor parte hacia la ladera occidental, es la estrategia de contención “Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburra –CVMVA-”, planteada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA- que busca que se armonice esta intervención en la franja urbano-rural del municipio, siendo él, e único

Los bordes urbanos

Se han convertido en un problema para las administraciones municipales

Control Fiscal Territorial responsable de este desarrollo; tienen en la Ley urbana, las herramientas para su planificación y reconocer que lo importante en los nuevos desarrollos, es preservar los sitios que prevean servicios ecosistémicos vinculados con la recreación tradicional y la sostenibilidad ambiental. Los instrumentos de gestión territorial, permiten trasladar de los desarrollos urbanos recursos para consolidar los espacios que presten servicios ecosistémicos dentro del Cinturón Verde Metropolitano -CVMVA-, en especial para los proyectos que se requieren desarrollar en el Sistema de transición Urbano Rural -STUR- Parque Metropolitanos de Borde -PMB- para el municipio de Bello, (La Meseta, El Parque de Montaña, Quebrada la Merizalde, Parque la cerita entre otros), los cuales serían receptoras de cargas urbanísticas. La consolidación de estrategias para el control de más familias en los asentamientos subnormales, en especial, los que se están desarrollando en las veredas Granizal y Potrerito, requerirán un acompañamiento para el mejoramiento Barrial y Urbano -MBU-; será esta la forma de contener la ocupación de las laderas, principalmente en la occidental, en la cual se han asentado 12.000 personas desde el 2007 y que a diario están llegando tres familias como nuevos pobladores; si el ente municipal no se preocupa por esta situación en 20 años se tendrá una problemática que absorbería todo el

Imagen. Suelo suburbano Granizal y Asentamiento de hecho el Pinar Fuente. http://maps.google.com, 2015 y capas KLM

51 presupuesto municipal en el control del riesgo, suministro de servicios públicos, equipamientos y mejoramiento integral. Si analizamos el STUR, revisando las propuestas planteadas como Parques Metropolitanos de Borde -PMB-, los desarrollos urbanos planteados al municipio de Bello por promotores inmobiliarios deberían involucrar el desarrollo de los PMB, para el futuro de la ciudad. Espacios que resistirán a la presión urbanística y que aportaran a la ciudad nuevos beneficios ecológicos, ambientales - paisajísticos, espacios para el desarrollo de la movilidad, espacios urbanos para la construcción de vivienda y reubicación de asentamientos informales, como también para la construcción de nuevas centralidades con equipamientos educación, recreación, deporte, comercio e industria para la ciudad del futuro. Estas iniciativas deben apuntar a la construcción y ocupación ordenada y controlada del territorio en servicios básicos para sus habitantes, educación, salud, recreación, transporte y por encima de todo esto, a la CIUDAD SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE. Los programas Estatales de tierras para los sectores pobres son esporádicos y han dependido de las políticas de los gobiernos de turno, no han sido programas que respondan a una política pública; en muchas ocasiones se ha comprado la tierra a precios monopólicos, como en el caso de la Chinita en Urabá, para después emprender programas de regularización y titulación.


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Informalidad

La informalidad en las ciudades es el resultado de las condiciones generales que vive la ruralidad en el país: La violencia de los diferentes grupos armados, la falta de oportunidades de desarrollo económico, la carencia de una política agraria en subsidios y comercialización de los productos agropecuarios, el poco desarrollo de infraestructuras viales para hacer competitivo al campo y la insalubridad en las zonas rurales, entre otras generalidades, generan el desplazamiento del campo a las ciudades. La dificultad de acceso a la tierra urbana (Abramo 2003), distingue tres lógicas. Por una parte, la lógica del Estado que decide la inversión en programas sociales de vivienda. La segunda, denominada la lógica del mercado, plantea el juego de la oferta y la demanda entre quienes necesitan adquirir una porción de suelo y quienes la están vendiendo. En este caso, dadas las características del bien, si están sometidos a norma jurídica y urbanística se definen dos tipos de mercado: formal e informal. Finalmente la tercera lógica de acceso al suelo, está determinada por la imposibilidad de acceder a la tierra por alguno de los modos anteriores, generando ocupaciones de predios informalmente por familias de escasos recursos económicos. Edison Fernández dice: “Las prácticas ilegales han proliferado de formas variadas, especialmente en el contexto cada vez más extenso de la economía informal. Un número creciente de personas han tenido que ponerse al margen de la ley para poder tener acceso a tierra y viviendas urbanas, y se ven forzadas a vivir sin seguridad de tenencia en condiciones muy precarias, generalmente en zonas periféricas. Este proceso tiene muchas repercusiones serias sociales, políticas, económicas y ambientales -, y requiere confrontación por parte del gobierno y de la sociedad. Generalmente se reconoce que la ilegalidad urbana debe entenderse no sólo en términos de

La informalidad

en las ciudades es el resultado de las condiciones generales que vive la ruralidad en el país.

la dinámica entre sistemas políticos y de mercados del suelo, sino también en función de la naturaleza del orden jurídico en vigor, sobre todo en lo que se refiere a la definición de los derechos de propiedad inmobiliaria urbana. La promoción de la reforma urbana depende principalmente de una reforma comprensiva del orden jurídico, que modifique los reglamentos de los derechos de propiedad del suelo y el proceso general de desarrollo, legislación y gestión del suelo urbano. Se ha concedido especial importancia a las políticas de regularización de la tenencia, dirigidas a promover la integración socio-espacial del pobre urbano, tales como las propuestas por Campaña Mundial de Tenencia Segura del CNUAH.” (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). Las dificultades del acceso al suelo han generado la relación irregularidad/ilegalidad/informalidad en variadas formas de ocupación del suelo urbano en las ciudades. El Estado ha tenido que crear mecanismos para solucionar esa ocupación del suelo, ya que grandes porciones de territorio urbano y rural han sido ocupadas mediante acuerdos entre las partes con reglas propias diferentes a la formalidad jurídica. Se hace necesario entonces conocer la forma de ocupación del territorio por los agentes informales para convertirla en tierra formal/legal/ regular a través de los distintos programas del Estado de regularización, legalización y titulación de asentamientos informales.

Control Fiscal Territorial La informalidad se da por las formas de dominio de la propiedad, por un lado por la falta de título de propiedad o contrato de alquiler, por el incumplimiento de las normas de subdivisión de la tierra, la forma de ocupación y la forma de construcción de la ciudad.

53 La informalidad llamada “secundaria” ha venido creciendo en la medida que el suelo urbano se ha agotado, se presentan densificaciones en el suelo, ya ocupado informalmente con la aparición de venta informal de lotes(o alquiler) y la venta en propiedad horizontal.

El mercado informal de lotes se presenta de dos formas, cuando se realiza la venta faltándole requisitos de la legislación vigente, y la otra cuando se hace de la llamada forma “piratas”, ésta nunca se presenta ante las autoridades para su aprobación. Estas dos formas de mercado pueden ser legales mediante procesos de normalización por parte del Estado de terrenos fiscales y de particulares con intermediación del Estado.

Figura. Cronología del crecimiento de Bello Fuente: Alcaldía, Municipio de Bello.

Imagen. Asentamiento nucleado el Pinar. Fuente.http://maps.google.com Otra causa de la informalidad ha sido facilitada por el Estado por la falta de control sobre los agentes que venden tierras, los propietarios de suelo urbano y rural, los loteadores clandestinos (grupos armados) que cada vez están en aumento ya que venden lotes de la periferia, las cooperativas de vivienda y pre cooperativas de viviendas agrícolas y urbanas y las asociaciones de vecinos que subdividen el lote a la necesidad de los asociados sin cumplir con las normas establecidas para cada caso.

El Estado también en el tiempo ha sido causa decisiva de la informalidad por su relación con los ocupantes de áreas informales, a través del tiempo ha permitido, tolerado, admitido o propiciado las ocupaciones de tierra y construcciones, según la coyuntura política. Ha facilitado la ocupación de tierras de escaso valor comercial y en malas condiciones físico-ambientales. El control se ha hecho únicamente a través del tiempo con tierras que se ocupan con proyectos estratégicos. (Asentamiento Moravia en Medellín) El funcionamiento del mercado legal también ha propiciado la informalidad: La forma como se ha desarrollado el mercado de tierra legal no facilita el acceso de la población más pobre a suelo urbano, la dinámica económica del mercado del suelo y de los mercados financieros, se ha acentuado aún más en la última década por la falta de programas de acceso al suelo para los menos favorecidos y por los procesos de globalización económica.


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54 El mercado informal también ha crecido por la facilidad que dan los sistemas de transporte en vías rápidas a las familias de mayores ingresos, las cuales han cambiado el desarrollo de las ciudades suburbanizando tierras por fuera del perímetro urbano sin control estatal.

Regularización

El Estado en cabeza de los municipios ha emprendido en forma escasa la titulación de tierras fiscales a los ocupantes, sin corresponder esta acción a una política para solucionar la informalidad. Las pautas del funcionamiento de la vivienda no ha estado en manos del Estado si no en las de los productores de vivienda, de los comercializadores directos (propietarios, urbanizadores y otros) y de los comercializadores indirectos que manejan el sector financiero, industrial y comercial. El poder adquisitivo en éste sector de la economía ha sido sólo para los solventes según oferta y demanda.

El mejoramiento

barrial implica una aceptación del asentamiento por parte del Estado

Los programas estatales de control de la informalidad, con programas de regularización han aumentado a un ritmo lento, comparado con la creciente ocupación informal sin políticas preventivas. Estos programas son generalmente costosos y engorrosos, con resultados lentos, lo que ha disminuido su aplicación por el Estado y ponen en duda su resultado para aliviar la pobreza. La tierra legal con servicios en la zona urbana tiene un costo muy alto por la falta de regulación estatal,

(el propietario de la tierra, la reserva hasta cuando adquiere mayores precios de venta), lo que ha desplazado la producción de vivienda barata hacia las zonas periféricas urbanas de difícil acceso y a las zonas rurales sin servicios, por los bajos costos de la tierra de fácil adquisición, ello sin ningún control del Estado. En la mayoría de los programas las regulaciones estatales han debido flexibilizarse para ser aprobadas, pues los códigos de construcción, las normas de planificación y los estándares de infraestructura urbana que se aplican en otras áreas de la ciudad suelen ser inapropiados y no pueden aplicarse a proyectos de mejoramiento de asentamientos informales. Generalmente las tierras atendidas con programas de regularización son las fiscales, los programas de tierras privadas son pocos y mucho menor la legalización de tierras de compradores en mercados ilegales. Los programas de regularización solos, no presentan impacto, deben ser integrales: optimización de todos los servicios públicos, construcción de equipamientos (caso PUI de la Nororiental en la ciudad de Medellín) y mejoramiento de vivienda, con acompañamiento en lo social para formar tejido y con un componente de generación de empleo para mejorar las condiciones de vida de la población. Un programa así, integral, propicia un beneficio en pequeña escala si se compara con la cantidad de viviendas informales, lo que hace que los programas integrales de regularización sean muy costosos y con muy poco impacto en cantidad de población. El mejoramiento barrial implica una aceptación del asentamiento por parte del Estado, el asentamiento se vuelve un hecho consumado, esto mucha veces es más eficaz que la regularización para la transfor-

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En la mayoría

de los programas de vivienda estatales es requisito, para acceder a ellos, que no se posea otra propiedad. mación del sector, los poseedores empiezan hacer mejoramiento en sus viviendas, resultado irreversible del proceso de urbanización irregular y que no serán expulsados del predio que ocupan, se fortalece la idea de la apropiación del suelo y resulta determinante el mejoramiento de las condiciones de vida. Los programas de regularización que disminuyen la informalidad, por su alto costo en muchos casos han tenido financiamiento de organismos internacionales, básicamente del BID y el BIRF, aunque también, en algunos casos, de agencias europeas de cooperación binacional (es el caso del PRIMED, en Medellín, que tuvo financiamiento del Gobierno Alemán). Aunque, en la mayoría de los programas de vivienda estatales es requisito, para acceder a ellos, que no se posea otra propiedad, en muchos países, dada la inexistencia de los catastros unificados, pueden existir personas que posean varios terrenos; y, también, muchas familias poseen varios terrenos a nombre de sus hijos pequeños, o de otros parientes, lo que los hace pequeños agentes inmobiliarios. Como la pobreza ha aumentado en muchos de nuestros países, o por lo menos no ha disminuido, en términos absolutos, se siguen produciendo las ocupaciones o el aumento del mercado informal, pues no se opera estructuralmente. Cabría la hipótesis de que ha empeorado la situación de ocupación ilegal de la tierra y/o de su mercado informal,

55 pues, como luego los regularizan, hay autores que plantean que las políticas de regularización son un aliciente para las nuevas ocupaciones informales (Smolka, 2005). En Brasil, mientras se regularizan algunas favelas, muchas otras aparecen o son densificadas. Muchas de las personas de las nuevas favelas son los ocupantes de las antiguas, porque venden por mejores precios, antes de que sean regularizados por la expectativa. Otra razón para la venta es por que poseen muchas propiedades. La invasión o la compra de terrenos en zonas de invasión se han convertido en un negocio lucrativo. Según los programas (con sus específicos requisitos de venta expuestos en este escrito), los terrenos regularizados quedan incorporados al mercado del suelo urbano y el valor que los pobladores tienen que pagar -en especial en las tierras privadas regularizadas- es el de dicho mercado, lo cual significa, en muchos casos, que ellos deben instalarse en otras áreas dentro de la ciudad en las que el precio del suelo es más accesible a sus posibilidades. Con la regularización se liberan áreas invadidas pero la población de menores ingresos se concentra nuevamente en zonas que pueden volver a invadir o comprar a bajo costo. En Perú, la legalización masiva ha tenido impacto sobre el mercado de tierras pues el precio del terreno vacío ha aumentado notablemente. El mercado informal de suelo, única opción de los pobres, se torna en un mercado formal para familias de mayores ingresos. Se genera más exclusión urbana y social. Cuando las leyes facilitan los procesos de mejoramiento de asentamientos informales, como es el caso de la Ley 1753 de junio 9 de 2015, por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en su Artículo 91 “Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al


56 perímetro urbano. Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán: 1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana que garanticen el desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24  de la Ley 388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: (…) 2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá modificar el régimen de usos y aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorización para el efecto. Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. (…)

Contraloría Municipal de Bello Situación contraria se vive en el municipio de Bello, donde la norma no se utiliza para regularizar los asentamientos existentes, si no para anexar terrenos al perímetro urbano esquivando la norma para el desarrollo en suelo de expansión y rural, dejando avanzar la problemática en los asentamientos informales establecidos (Asentamiento el Pinar, Granizal, La Orquídea, entre otros) y perdiéndose una oportunidad de regularización y desarrollo para sus ocupantes (Acuerdo 014 de 2015 del Concejo de Bello).

Conclusiones

La ocupación del borde urbano con ciudad auto-producida es un problema social, económico y urbano que surge por la especulación del suelo urbano y la falta de vivienda necesaria para el crecimiento demográfico, además, la mala interpretación del urbanismo Moderno en la construcción de espacio urbano.

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El Estado

debe apoyarse en instrumentos de gestión del suelo creados por la Ley 388/97

Los programas de regularización, generalmente de tierras fiscales, emprendidos por los municipios sirven para mejorar la condición de informalidad que viven las familias pobres del territorio, pero estos programas tienen un impacto muy pequeño y de un gran costo para las finanzas del Estado por la cantidad de asentamientos informales, que han crecido sin ningún control de las autoridades Municipales. La regularización, cuando se hace sin programas integrales para la población y de mejoramiento del entorno, crea sectores de pobreza legalizados que acentúan la segregación y no cambian las condicio-

nes iníciales de producción de ciudad. Esta debe acompañarse de programas de subsidios estatales en servicios públicos y de renta toda vez que ello no implica mejores ingresos para la población asentada y en muchos casos crea asfixias económicas para las familias. El Estado debe apoyarse en instrumentos de gestión del suelo creados por la Ley 388/97, como son los bancos inmobiliarios, declaratoria de desarrollo prioritario, enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación por vía administrativa, entre otros, para poder hacer programas de reubicación y mejoramiento barrial con extracción de población a costos asequibles del suelo, en sitios de fácil acceso. Estos instrumentos de gestión facilitarían el mejoramiento en los bordes de la ciudad y la consolidación del cinturón de borde, para evitar el crecimiento de la ciudad hacia las laderas en nuestro caso con impactos en la sostenibilidad futura del municipio. La ilegalidad se combate, con el fomento de mejores condiciones socio-económicas para la población.

El modelo económico

globalizado no ha tenido en cuenta la distribución de la riqueza, ni el acceso de los pobres al mercado del suelo

Bibliografía El modelo económico globalizado no ha tenido en cuenta la distribución de la riqueza, ni el acceso de los pobres al mercado del suelo, ni el aumento de la informalidad en las ciudades, ni el incremento del desempleo y tampoco el poder adquisitivo de los salarios, todo esto ha desencadenado una ocupación informal del suelo en los bordes del área urbano-rural y en las zonas de protección ambiental y de riveras de quebradas. El mercado informal de suelo, única opción de los más pobres.

ABRAMO, P. (org.) (2003). A cidade da informalidade. Desafio das cidades latino-americanas. Río de Janeiro: Livraria Sete letras-Faperj. Clicchevsky, N. 2008. Algunas reflexiones sobre informalidad y regularización del suelo urbano Some Thoughts on Informalit y and Regularizati on of Urban Lands Luis, M. 2015. Características y condiciones de la estructura y forma urbana en las zonas de borde estudio de caso Municipio de Bello. Tesis, Mg. Smolka, Martim O. 2003. Informality, urban poverty and land market prices. Enero: 4-7.


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La Ecología Urbana en Ciudades de Rápido Crecimiento “Caso Típico Bello”

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Esta propuesta se convierte en una gran apuesta de ordenamiento ambiental para que la ciudad crezca en elementos de conectividad y así las áreas núcleo conformadas por las áreas protegidas potencialicen su servicio ecosistémico hacia el casco urbano. Para el municipio de Bello se definen tres (3) áreas dentro de estas categorías: El distrito de manejo integrado de las Baldías declarado por Corantioquia mediante Acuerdo 277 de 2007 y su posterior delimi-

tación del páramo de 826 hectáreas declarada mediante resolución 2140 de 2016. El Cerro Quitasol, declarado como bosque de paz por el Ministerio de Ambiente y sobre el cual se avanza en el proceso de declaratoria como área protegida dentro de las categorías del Decreto 1076 de 2015. Finalmente el Área Protegida Urbana Piamonte, compuesta por 14,23 hectáreas que presta los servicios de recreación y de alguna forma contiene la presión urbana.

Oswaldo de Jesús Isaza Meneses Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Alcaldía de Bello Profesional Universitario: Ingeniero Químico/Ingeniero Geólogo Especialista Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

El rápido crecimiento urbano de las ciudades intermedias, no permiten una adecuada planeación respecto al ordenamiento territorial ambiental que proporcionan elementos que le permitan a los ecosistemas naturales potencializar los servicios ecosistémicos que ellos brindan, o por lo menos preservar y mantener los actuales servicios ecosistémicos. El reto es como mantener el equilibrio entre una ciudad completamente verde y un territorio totalmente intervenido por la infraestructura y las actividades antrópicas. Este reto es debido a los cambios de usos de suelo causado por el desarrollo urbanístico que permite que cada vez más las personas vivan en paisajes donde la naturaleza está ausente. Lo anterior, hace que las generaciones actuales pierdan su capacidad de asombro frente a los sistemas naturales. El crecimiento urbano trae consigo la disminución considerable de ecosistemas, convirtiendo a sus territorios en zonas vulnerables frente a fenómenos climáticos, lo que ha provocado calentamiento (Islas de calor) desastres naturales por inundación, incendios y disminución en la salud por efectos

Las Áreas Protegidas son el núcleo que define los servicios ecosistémicos, a través de la integración de ellos, con corredores urbanos

Cerro quitasol, DMI Baldías, APU Piamonte de la contaminación atmosférica y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, todo esto trae como consecuencia el deterioro de la calidad de vida de los habitantes que integran el territorio.

El Cerro Quitasol

declarado como bosque de paz por el Ministerio de Ambiente y sobre el cual se avanza en el proceso de declaratoria como área protegida dentro de las categorías del Decreto 1076 de 2015.

Con el propósito de mejorar las condiciones ambientales actuales y futuras hemos desarrollado un trabajo entorno a la biodiversidad, áreas protegidas, recurso hídrico, residuos sólidos, aire, adaptación al cambio climático, educación y cultura ambiental.

Áreas Protegidas

Las Áreas Protegidas son el núcleo que define los servicios ecosistémicos, a través de la integración de ellos, con corredores urbanos, propiciando la funcionalidad mediante la conectividad de estas áreas.

Declaratoria del Cerro quitasol como bosque de paz


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Biodiversidad

Para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, hemos avanzado en la declaratoria de área libre de fauna silvestre en cautiverio, como una estrategia que adoptó Corantioquia desde el año 2008 logrando la declaratoria del centro poblado de San Félix en el año 2017 y la Vereda La Unión en el año 2018. Actualmente se avanza en una prueba piloto para declarar los barrios con mayores casos de tráfico y tenencia de fauna silvestre.

Las áreas verdes

y los espacios abiertos desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de vida Estructura ecológica urbana: Entendidas las áreas verdes urbanas como elementos urbanos naturales y áreas predominantemente cubiertas con vegetación o flora, con primordial función ecológica y/o paisajística, o por elementos naturales asociados a componentes artificiales o construidos del espacio público, de propiedad pública o de propiedad privada, que deben ser comprendidos como un recurso, como un bien y especialmente como un verdadero activo de Bello. El manejo adecuado, puede garantizar la sostenibilidad de bienes y servicios ambientales importantes para la ciudad, tales como la fijación de bióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes atmosféricos, la purificación del aire de las ciudades, la infiltración del agua en el suelo, la regulación de vientos, temperatura, lluvias y ruidos, y desde luego, el embellecimiento del paisaje urbano. (POT BELLO). Las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el

bienestar y en la calidad de vida de los centros urbanos. Estos espacios se pueden concebir desde un punto de vista social, de forma que pueden generar impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde un punto de vista ambiental, como elementos que impactan directamente sobre el medio ambiente urbano. En la actualidad la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través del equipo interdisciplinario de ecosistemas realiza la identificación de estas zonas verdes tan importantes para el municipio de Bello, se han logrado identificar la cantidad de predios de los cuales se quieren verificar cuántos corresponden efectivamente a zonas verdes públicas, se han identificado 71 predios con 63711 M2 para evaluar y diagnosticar la siembra de individuos arbóreos producto de las compensaciones. Con el objetivo de preservar y conservar estos ecosistemas se pretende medir su estado, cantidad y calidad. Finalmente, los corredores que integran estas áreas verdes urbanas con los ecosistemas estratégicos definidos por las áreas de protección, aumentan la funcionalidad y permiten que los servicios ecosistémicos lleguen a los territorios urbanos.

Declaratoria vereda La Unión como zona libre de fauna silvestre en cautiverio

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Recurso Hídrico

La red hídrica del municipio de Bello está compuesta por nueve (9) subcuencas: Quebrada El Hato, Quebrada La García, Quebrada La Loca, Quebrada La Madera, Quebrada La Seca, Quebrada La Señorita, Quebrada Los Escobares, Quebrada Rodas y Quebrada La Seca o Cañada Negra, además, cuenta con veinticinco (25) microcuencas afluentes a estas subcuencas. Estas subcuencas hacen parte de la cuenca del Río Aburrá. Las subcuencas son los corredores de integración natural entre la llanura aluvial del Río Aburrá, donde se asientan los centros poblados y las áreas núcleo (Áreas de protección).

Banco2

pago por servicios ecosistémicos a los propietarios de los predios en zonas de nacimiento de quebradas

Es por esto, que proponemos que se intervengan los corredores de la Quebrada El Hato, La García, La Loca, La Madera y La Seca mediante procesos de restauración ecológica para que cumplan su función de conectividad. Respecto a la preservación del recurso, hemos iniciado como estrategia de protección el pago por servicios ecosistémicos a los propietarios de los predios ubicados en las zonas de nacimiento de quebradas bajo el esquema Banco 2 y exoneración del impuesto predial en las zonas con cobertura boscosa, esto nos llevará a la preservación del recurso en cuanto a calidad y cantidad y su disponibilidad en el territorio. Como un futuro potencial hídrico hemos participado activamente en la definición del acuífero y el manejo

Zonas de recarga Serranía de las Baldías

ambiental de las aguas subterráneas, que son una gran apuesta contra la escases del recurso.

Residuos Sólidos

El inadecuado manejo de los residuos sólidos es una de las consecuencias del rápido crecimiento urbano, que trae consigo problemas sanitarios y riesgo a la salud y a la vida de los habitantes. El municipio de Bello genera aproximadamente 500 toneladas/día, de las cuales el 53% son residuos orgánicos, por tal motivo, es importante avanzar en un nuevo plan de gestión integral de los residuos e integrarlo al plan subregional en aprobación, formulado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con estrategias claras de aprovechamiento de residuos y tratamiento de residuos sólidos. Para lograr cambios culturales y patrones comportamentales iniciamos una gran prueba piloto en las comunas 7 y 8 del Municipio, teniendo como soporte la comunidad de 12 Instituciones Educativas, mediante estrategias de integración de esta problemática a los proyectos ambientales escolares-PRAES- y la creación de una red de apoyo, denominada Red PRAE. Esta misma estrategia se definió en las urbanizaciones cerradas llevando a que incorporen en su Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS- la separación desde la fuente.


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62 Debido a la gran actividad constructiva la generación de residuos de construcción y demolición –RCD- se ha convertido en un problema no identificado por el alto impacto que el inadecuado manejo de estos genera en las quebradas y zonas verdes donde se disponen, trayendo grandes impactos a los ecosistemas y aumentando el riesgo en las avenidas torrenciales. Como propuesta de manejo se ha iniciado una estrategia de sensibilización, tanto a los generadores como a los trasportadores sobre manejo adecuado de residuos sólidos e incentivo a la construcción de escombreras legalmente autorizadas.

Arbolado urbano

uno de los elementos naturales que más aporta a la calidad del aire y la mitigación de los efectos climáticos

Control Fiscal Territorial El proyecto que más aportará a la calidad del aire es la reforestación de más de 160.000 individuos en el Cerro Quitasol dada su influencia directa sobre el área Urbana Bellanita.

Aire y Adaptación al Cambio Climático

Los fenómenos atmosféricos no pueden definirse en sistemas cerrados, es por ello, que la solución a los problemas de contaminación y cambio climático deben ser abordados desde estrategias de planificación subregional, en tal sentido hemos acogido los planes, programas y proyectos contenidos en el Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire- PIGECA- formulado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Como complemento al arbolado urbano existentes orientamos las compensaciones arbóreas que deben realizar los proyectos hacia zonas de conectividad ecológica, con el propósito de mejorar la funcionalidad en los corredores propuestos.

generará elementos de reflexión sobre elementos educativos ambientales que producen cambios

La propuesta integradora es la creación de la escuela de educación ambiental Bellanita, la cual generará elementos de reflexión sobre el comportamiento social y los elementos educativos ambientales que producen cambios en los patrones comportamentales de los habitantes del territorio. Esta propuesta de ecología urbana para el municipio de Bello, traerá consigo la potencialización y funcionalidad de los relictos de zonas verdes y cuencas hídricas, hacia zonas de mayor potencial de servicios ecosistemáticos (Serranía de las Baldías, Cerro Quitasol, APU Piamonte). Con una integración de los elementos naturales y físicos que lleven a la sostenibilidad ambiental del territorio.

Como principio institucional firmamos El Pacto por la Calidad del Aire proponiendo 12 compromisos futuros para mejorar las condiciones atmosféricas de la ciudad y la subregión. Uno de los elementos naturales que más aporta a la calidad del aire y la mitigación de los efectos climáticos y atmosféricos es el arbolado urbano y las zonas verdes, es por ello, que realizamos un censo arbóreo urbano a 26.000 individuos para generar prácticas de manejo en sus intervenciones y preservación de los mismos.

Escuela de educación ambiental Bellanita

reflexionar sobre lo ambiental y lo educativo ambiental; con grandes propuestas de ciudad que serán el soporte del plan estratégico de Educación Ambiental.

Uno de los problemas más visibles que se presenta por deficiencias en la calidad del aire son los episodios críticos atmosféricos que son declarados, se dan en los cambios de la temporada seca a la temporada de lluvia y hacen que las mediciones de índice de la calidad del aire lleguen a valores que se convierten en dañinos para la salud en especial a grupos sensibles. Para enfrentar los episodios críticos hemos acogido medidas como restricción vehicular y monitoreo continuo a las fuentes fijas y móviles presentes en el territorio.

Capacitación sobre manejo adecuado de residuos sólidos a generadores de la Comuna 8

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Foto: Siembra de Árboles

Educación y Cultura Ambiental

Las reflexiones sobre los procesos de educación y cultura ambiental han surgido a partir de foros anuales que se realizan, proponiéndose elementos tan importantes en la educación ambiental, como la evaluación de los proyectos ambientales escolares-PRAES- y la creación de la Red PRAE como instrumento de gestión. La continua evaluación de ello a través del comité CIDEAM integrado por diferentes actores institucionales han permitido

Reunión CIDEAM


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Control Fiscal Territorial participación comunitaria, grupo de interés.

Influencia de las Relaciones Públicas en la Responsabilidad Social de las Entidades del Estado

Susana Palacio López Comunicadora Contraloría Municipal de Bello. Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional.

Resumen

Las relaciones públicas (RRPP) son un instrumento clave dentro de la responsabilidad social empresarial (RSE) de las entidades del Estado, donde por medio de procesos de adaptación con los grupos de interés se demuestra el compromiso sostenible con el territorio a nivel social, ambiental, cultural y económico. Sin embargo, al no ser un tema regulado, la RSE en el sector público tanto en su incorporación, como presentación y divulgación, no se muestra como algo necesario, por el contrario, se cree que en todos los trabajos donde se vincula comunidad se realiza este ejercicio. Por medio de las RRPP se busca persuadir a través de acciones concretas que sean coherentes y consistentes para que creamos o aceptemos lo que como empresa deseamos comunicar y lograr, por eso no puede desligarse de los poderes públicos el compromiso social e incluyente con la ciudadanía, lo cual requiere cambios en la cultura de las administraciones y en la validación de la toma de decisiones, con un papel más activo por parte de los stakeholders. Las organizaciones a través de ambos conceptos buscan mejorar la imagen, fomentar y elevar el nivel de las comunicaciones, integrar las distintas áreas

de la empresa, lograr una proyección social, promover vínculos afectivos con todos los sectores de la sociedad, generar confianza, credibilidad y satisfacción del público. Asimismo, las empresas deben cumplir y optimizar constantemente los requisitos en las relaciones laborales, derechos humanos, seguridad ocupacional, legislación ambiental, pago de impuestos y garantías sociales. Por lo anterior es importante construir alianzas colaborativas y de esta manera coordinar acciones con instituciones de gobierno, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, colaboradores y habitantes de las comunidades. Este trabajo investiga la influencia de las relaciones públicas en la responsabilidad social de las entidades del Estado, por medio de una revisión bibliográfica que evidencia la importancia de trabajar ambos conceptos de la mano, ya que permiten establecer organizaciones más dinámicas frente a los cambios, crear puentes y canales de diálogo e interpretar los procesos comunicativos, donde se fortalece el entramado social y el compromiso organizacional con el territorio. Palabras claves: Relaciones públicas, responsabilidad social, desarrollo sostenible, comunicación,

Summary

Public relations (PR) are a key instrument within the corporate social responsibility (CSR) of the state entities, where through the process of adaptation with stakeholders is evidenciable a sustainable commitment to the territory at the social, environmental, Cultural and economic. However, since it is not a regulated issue, CSR in the public sector, both in its incorporation, as presentation and dissemination, is not shown as necessary, on the contrary, it is believed that in all the community works are carried out this exercise. Through the PR seeks to persuade through concrete actions that are coherent and consistent so that we create or accept what as a company we want to communicate and achieve, that is why it can not be separated from the public powers social commitment and inclusive with Citizenship, which requires changes in the culture of administrations and in the validation of decision-making, with a more active role on the part of stakeholders. The organizations, through both concepts, seek to improve the image, promote and raise the level of communications, integrate the different areas of the company, achieve a social projection, promote affective links with all sectors of society, generate trust, credibility and satisfaction of the public. In addition, companies must constantly meet and optimize the requirements in labor relations, human rights, occupational safety, environmental legislation, tax payments and social guarantees. Therefore, it is important to build collaborative alliances and in this way coordinate actions with government institutions, private sector companies, civil society organizations, collaborators and inhabitants of the communities.

65 This document investigates the influence of public relations on the social responsibility of state entities, through a bibliographical review that shows the importance of working both concepts together, beacuse this allow establishing more dynamic organizations in the face of change, creating bridges and channels of dialogue and interpret communicative processes, where the social fabric and the organizational commitment to the territory are strengthened. Key words: Public relations, social responsibility, sustainable development, communication, community participation, stakeholders.

Introducción

De acuerdo a la revisión bibliográfica, el origen de la RSE se remonta a los años setenta cuando se deja de pensar en el Estado como único administrador del gasto social y responsable de la contención de desigualdades y se comienza a defender la idea de que la contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta de todas las instituciones sociales. En la últimas décadas la misma se ha observado como un compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la prevención del medio ambiente (Moneva & Lizcano, 2003). Sin embargo, esta concepción ha venido cambiando por la obligatoriedad legal de algunas actuaciones empresariales, que responden a criterios de responsabilidad, lo cual ocurre debido a los avances en relación a la legislación de los países donde se evidencia la participación del sector privado para el logro del bienestar colectivo y el cambio en la dinámica de la actividad empresarial donde la implementación de programas que beneficien la comunidad se encuentran regulados. Por su parte las RRPP, como lo estipula el profesor Miller de la Universidad de Harvard, constituyen un reflejo defensivo de la empresa libre en un sistema


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En la últimas décadas

se ha observado como un compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la prevención del medio ambiente.

capitalista, donde aspiran a humanizar las organizaciones e inducirlas a obrar no como entidades anónimas sino como seres humanos en sus relaciones con otros seres humanos (Sáinz, 1997). Aunque en sus orígenes el término ha estado asociado con la empresa privada, los campos de aplicación tradicionales de esta disciplina, se han ampliado para abarcar ya no solamente con estas instituciones, sino también con instituciones públicas. Esta investigación busca identificar la influencia de las relaciones públicas en la responsabilidad social de las entidades del Estado, por medio de una revisión documental que permitió conocer puntos de vista para que las organizaciones definan con claridad cómo desean ser percibidas por sus audiencias, pero además que en esa percepción se involucre el compromiso social desde lo público. Con los resultados de esta investigación se beneficiarán los directores de comunicaciones, comunicadores del sector público, secretarios de participación ciudadana, asesores y líderes de proyectos de responsabilidad social empresarial, los cuales podrán encontrar un fundamento teórico en el artículo que les sirva de base para establecer las relaciones públicas dentro de sus planes estratégicos, además de dimensionar las líneas comunicativas que a partir

de la interacción con los grupos de interés aporten al desarrollo de la responsabilidad social. Pueden surgir recomendaciones e ideas futuras, sobre todo para las entidades públicas y empresas que deseen implementar ambas variables en su gestión, ya que las dos podrían generar credibilidad y confianza, a través de líneas de comunicación mutua, comprensión, aceptación y cooperación entre los públicos y la organización.

Metodología

Esta investigación no experimental se hizo a partir de un método secuencial que inició con concebir, delimitar y explicar la idea, seguida de la elaboración del problema de investigación, la formulación del objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Luego se elaboró un cuadro comparativo que presentaba la definición de las variables con su respectiva definición constitutiva y operativa, lo que facilitó el diseño de un mapa conceptual donde se concretaron, conectaron y compararon ideas. La selección de la muestra fue fundamental para conocer, sustentar y dar validez a los argumentos de la investigación, a través de la recopilación bibliográfica de antecedentes teóricos, fuentes documentales consultadas, artículos de opinión y aportes en general al desarrollo del problema. Con el fin de posibilitar la organización de los datos se realizó una sistematización de las fichas de investigación, donde se verificó, organizó y se dio coherencia a la información científica de carácter selectivo consultada en la revisión de la literatura. Por medio de este proceso se sintetizaron conocimientos fragmentados, se encontró la información más relevante sobre el tema y se compararon diferentes fuentes.

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Posteriormente, se hizo un inventario que permitió identificar las partes del temario que estaban cubiertas y las que faltaban por cubrirse, el cual consistió en rotular las fichas marcando introducción, planteamiento y conclusiones y plasmando en una tabla comparativa la disponibilidad de la información.

ganizaciones en la medida en que está llamada a contribuir al logro de sus objetivos, entre los que se encuentran su permanencia en el tejido empresarial u organizacional, como lo afirma Molina (2013).

El análisis de datos facilitó sintetizar, teorizar y contextualizar los conceptos a través de la disposición y transformación de los mismos, por medio de la retroalimentación del mapa conceptual y la matriz de análisis comparativa que se planteó entre los temas y las variables.

Reflejar una actividad

institucional, donde los valores sociales hagan parte de la cultura, la filosofía, los objetivos, las estrategias y las políticas empresariales.

Finalmente, se consolidaron cada una de las actividades metodológicas en el presente artículo, dando coherencia y cohesión a la investigación.

Empresas socialmente responsables

Fernández (2009), Cuesta (2004) y Melle (2017) entienden la responsabilidad social como un compromiso que contribuye al aumento del bienestar de la sociedad local y global, el cual ejercen todos los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones sociales, y que se refleja en la incorporación voluntaria en la gestión de actividades que cubren las necesidades y expectativas de sus distintos públicos de interés, donde se busque un punto óptimo entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar social de la comunidad y el cuidado del medio ambiente. “Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, y que partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico” (Icontec, 2007). La RS debe ser un factor estratégico para las or-

La RSE requiere una capacidad para establecer compromisos y rendir cuentas de los mismos, aunque se dificulte por tratarse de aspectos cualitativos y en gran medida intangibles, lo cual se evidencia en Schvarstein (2003). Estos no deben referirse a actuaciones individuales de los miembros de la organización, sino reflejar una actividad institucional, donde los valores sociales hagan parte de la cultura, la filosofía, los objetivos, las estrategias y las políticas empresariales. Por eso, la responsabilidad social no consiste en mera filantropía como lo plantea Cortina (2005), no se trata de realizar acciones de beneficencia, desinteresadas, sino en diseñar las actuaciones de la empresa de forma que tengan en cuenta los intereses de todos los afectados por ella. Entonces se debe asumir como una herramienta de gestión, como una medida de prudencia y como una exigencia de justicia. El mapa conceptual que se plantea a continuación integra el concepto de Responsabilidad Social como conclusión a la bibliografía consultada.


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68 Figura 1. Mapa Conceptual de Responsabilidad Social.

El territorio es un sistema complejo en el que se conjugan elementos sociales, antropológicos, económicos, culturales, históricos, políticos, entre otros tantos. Desde esta perspectiva y como lo expone Molina (2013), es necesario trascender el territorio más allá de lo meramente geográfico. “El territorio es la urdimbre de cultura e historia, de intercambios económicos y simbólicos que determinan la configuración y reconfiguración del habitar, en el sentido más hermenéutico del concepto, de los seres humanos” (Molina, 2013, p.84). De acuerdo a la literatura revisada un territorio responsable integra en su propio desarrollo la

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Tabla 1. Cuadro comparativo de características de los Territorios Socialmente Responsables. Fuente: Elaboración Propia. Nota: El concepto de Responsabilidad Social requiere un compromiso sostenible a nivel social, ambiental, económico y cultural por parte de las organizaciones con el territorio, a través de libertades y capacidades que permitan analizar el contexto social, la ética organizacional, los grupos de interés y las alianzas estratégicas.

Territorios sostenibles

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dimensión económica, social y medioambiental, además de compartir un modelo de valores y un método participativo en la toma de decisiones, donde se fomente las buenas prácticas y la interacción permanente entre las partes interesadas. Allí se conserva el cuidado por las personas, la sociedad, la economía y el planeta desde las gerencias responsables, la cooperación internacional para el desarrollo, las políticas públicas y la participación comunitaria. Como se muestra en la siguiente tabla, un territorio socialmente responsable cuenta con unas características puntuales.

Subcategoría Subcategoría responsaprácticas laborabilidad sobre productos les y trabajo y servicios digno

Subcategoria sociedad

Categoría ambiental

Categoría económica

Subcategoría derechos humanos

Produce y consume sosteniblemente.

Transparencia en su desempeño económico.

Procesos formativos en Derechos Humanos.

Genera empleo incluyente.

Impacto positivo en salud y seguridad de los ciudadanos.

Se ha combatido la corrupción en todas sus formas.

Utiliza eficientemente la energía.

Disminución del cambio climático.

Ha eliminado la discriminación contra persona alguna.

Presenta un empleo decente para todos los ciudadanos.

Acceso a la Información.

Las organizaciones lideran sus procesos de desarrollo.

Utiliza eficientemente el agua.

Se garantizan las prestaciones sociales.

Respeta la libertad de asociación y negociación colectiva.

Remunera justa y equitativamente el trabajo.

Respetan la privacidad de sus usuarios y clientes.

Se conocen los impactos positivos y negativos.

Respeta y protege la biodiversidad.

Los recursos del gobierno se invierten y destinan eficientemente.

Ha erradicado toda forma de trabajo infantil ilegal.

Protege la maternidad y la paternidad.

Las organizaciones se orientan por un concepto amplio de calidad.

Los ciudadanos no ejercen la abstención política.

Reducen el Calentamiento Global.

Se pagan salarios por encima de lo que establece la Ley.

Ha erradicado todo trabajo forzoso.

Presenta una buena relación entre los grupos de interés.

Se erradica toda práctica de marketing engañoso.

Se respeta la privacidad de las personas.

Controlan los vertimientos para no causar impactos negativos.

Se genera el marco de oportunidades.

Respetan los Derechos Humanos de las comunidades étnicas o minoritarias.

Garantiza la salud y la seguridad de todos los empleados.

Se asumen políticas sobre el tratamiento inteligente de los desechos.

La mujer se encuentra empoderada dentro de la comunidad.

Cumple estrictamente con las disposiciones legales.

Contrata personas provenientes de las comunidades locales.

Establecen agendas público-privadas-sociales.

Garantizan procesos formativos.

Las organizaciones incentivan la creación y fortalecimiento de ligas de consumidores.

Los ciudadanos cuentan con la suficiente formación e información para ejercer sus derechos y deberes.

Emplea transporte eficiente y amigable con el medio ambiente.

Construyen infraestructuras que beneficien a todos.

Se ha construido una cultura de la No violencia.

Han cerrado la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Se elimina por parte de las organizaciones la obsolescencia planeada.

Cada Derecho Humano se cumple a cabalidad.

Apoya a los proveedores para que implementen prácticas responsables.

Practica una economía social, solidaria y dirigida al interés común.

Se consolidan mesas de trabajo evaluar el cumplimiento. Se cuidan las libertades entendidas como Derechos Humanos.

Asegura el descanso justo para todos los empleados.

Las organizaciones crean las necesidades y les cobran a los clientes y usuarios el precio justo por los productos y servicios que adquieren.

Se ha diseñado e implementado un modelo de comunicación para el desarrollo.

Fuente: Adaptación propia de la Tabla que plantea Molina (2015) en su artículo:“Los territorios socialmente responsables como estrategia para el desarrollo sostenible”. Nota: Como afirma Molina (2015) es un territorio en el que se ha construido el marco de oportunidades y libertades que le permiten a las personas presentes y futuras hacer efectivas sus capacidades.


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Credibilidad y confianza en las organizaciones Autores como Martínez (2015) y Morató (2012) coinciden en que las relaciones públicas son un instrumento clave para la obtención de credibilidad y confianza, así como para el entendimiento entre una organización y sus públicos, por medio de acciones concretas que buscan que creamos o aceptemos lo que la empresa quiere dar a conocer. “Joaquín Maestre, uno de los históricos de relaciones públicas españoles, las define como <las técnicas que una empresa, una persona o un grupo utilizan para que, teniendo en cuenta la sociedad en la que se mueve y dirigiéndose a esa sociedad, se conozca o incremente su notoriedad, su prestigio y se consiga la confianza que se merece>”. (Palencia y Ors, 2008). En este sentido, las relaciones públicas consisten en mostrar y demostrar una efectiva congruencia

entre el interés particular de la organización y su comportamiento, ya sea empresarial o no, con el interés general que el entorno público exige de la organización, Castillo (2010) lo hace evidente en su libro de Introducción a las Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas como expresa Barquero (2005), están basadas en la propia realidad empresarial, porque debe ir acorde con la calidad y contenido de los productos de la empresa, no solo buscar una imagen mejor o peor de la organización por parte de la sociedad en la que desarrolla sus actividades y que es la que genera la opinión pública, por lo que se hace necesario contar con los especialistas que diseñen las estrategias para los malos tiempos, es decir, las situaciones en crisis. A continuación se presenta una breve descripción sobre el concepto de Relacionas Públicas.

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El papel de la comunicación

La comunicación es fundamental porque fortalece los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para llegar a un consenso, fidelidad o apoyo de estos en actividades, programas o proyectos. Lo anterior se posibilita con la adaptación de un mensaje a las características de un receptor utilizando unos canales de comunicación determinados, basándose en la información, la relación y el conocimiento, como lo afirma Morató (2012).

La comunicación

convoca e integra a los distintos actores que pueden hacer realidad un territorio socialmente responsable y visibilizar los alcances que se van haciendo palpables.

Figura 2. Mapa Conceptual de Relaciones Públicas.

Fuente: Elaboración propia. Nota: Las relaciones públicas son una actividad de comunicación que establece procesos de adaptación externos e internos con los grupos de interés, donde se estudia el comportamiento de los mismos, el posicionamiento, la dinámica social, la opinión pública, la reputación y se hace un diagnóstico corporativo, buscando construir confianza y credibilidad.

Respecto a la importancia de la comunicación, Costa (1999) sostiene que representa la principal actividad de la empresa y es el fundamento de un nuevo paradigma en la gestión empresarial. Lo cual ratifica lo que expresa Morató (2012) cuando se refiere a que la comunicación corporativa como eje transversal de la gestión no existiría sin las relaciones públicas. Éstas han tenido el mérito de saber integrar técnicas de comunicación procedentes de diferentes disciplinas: el protocolo, el periodismo, los recursos humanos, la propaganda, la retórica, el diseño y la publicidad. Además de desarrollar conceptos como la confianza, el liderazgo, la opinión pública y la relación, que son fundamentales en la teoría de la comunicación. La comunicación convoca e integra a los distintos actores que pueden hacer realidad un territorio socialmente responsable y visibilizar los alcances que se van haciendo palpables (Cuenca, 2012).

71 Sin embargo esta no solo informa, implica más que eso, compartir sentidos y tomas decisiones. Gracias a ella cambiamos las relaciones con los otros y el mundo, interpretamos, significamos y dotamos de sentido la vida. Las prácticas de RSE, apoyadas en la comunicación están integradas por el fomento de la participación ciudadana desde el ámbito social y empresarial, ejercicios de buen gobierno tradicional y corporativo, inversión en TIC, educación y demás aspectos que permiten elevar la productividad de la economía nacional, asegurando de esta manera una mayor competitividad ante el mercado global. Lo anterior de conformidad con lo expuesto por Bolívar, Fontalvo y Vergara (2010).

El buen gobierno de la administración pública

El ejercicio de responsabilidad social en el sector público implica no solo tener en cuenta a los servidores sino a todos los grupos de interés, en especial a la ciudadanía, lo que involucra cambios en la toma de decisiones y en la cultura organizacional de las administraciones actuales, donde el pueblo tiene un papel activo. De esta manera Melle (2017), presenta cómo el buen gobierno de la Administración Pública no solo incluye temas de transparencia, independencia, rendición de cuentas e imparcialidad, sino que prioriza un compromiso ético y respeto por la diversidad e igualdad de oportunidades desde la participación y diálogo con los stakeholders, lo que implica un papel más activo de los mismos y cambios en los procesos de toma de decisiones. Al analizar temas desde el enfoque de la voluntariedad que atañe la RSE para resolver problemas como el cambio climático o la pobreza, son aspectos que deben ser considerados como de interés público y no privado, debido a que el uso, consumo y menoscabo del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y futura. Lo que evidencia como


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72 lo muestra Cuesta (2004) que debe ser la sociedad por medio de sus representantes públicos, quienes decidan y garanticen los límites de dichos recursos. La matriz comparativa que se muestre a continuación, permite visualizar las variables que tienen en

común los conceptos de RRPP y Responsabilidad Social, donde se evidencian puntos de encuentro de los grupos de interés, la comunicación estratégica, el desarrollo sostenible, la gobernanza y la cultura organizacional con ambos temas.

Tabla 2. Matriz de análisis comparativo

Control Fiscal Territorial La gestión de RSE no se debe reducir al departamento ambiental o de participación ciudadana, a publicar informes o rendir cuentas a sus grupos de interés. Sin desconocer la importancia de estas áreas y de los reportes que se producen desde ellos, el gran mérito recae en que la RS sea característica de la cultura organizacional, donde todos los integrantes de la empresa comprendan que los principios o políticas responsables hacen parte de su esencia y están reflejados en cada una de sus actuaciones. Actualmente es común encontrar empresas reconocidas por esta gestión que cuentan con empleados que desconocen el estado del tema en su interior o se muestran escépticos frente a la RS de su propia organización y de otras. Los comunicadores deben articularse con la estrategia empresarial que está encaminada a ser socialmente responsable, aportando valor a la gestión de alianzas que favorezcan a todos los grupos que están relacionados con la compañía. Además es importante generar lazos de comunicación entre todos los procesos internos, pues la construcción de este intangible es colectiva y cada uno tiene una relación directa con la misma.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones Las actuales dinámicas administrativas que abarcan a las entidades públicas, les exigen cada vez más que su compromiso se realice de forma integral, con responsabilidades más claras y una mayor exigencia por parte de sus públicos. A continuación se presentan algunas conclusiones que ha dejado esta revisión bibliográfica. La RSE representa un fenómeno social y una práctica empresarial muy significativa para la sociedad, las comunidades y los estados, ya que se convierte

en una oportunidad para generar transformaciones sociales posibles y cambios culturales en pro del desarrollo humano. Las organizaciones públicas deben asumir liderazgo desde una gerencia responsable frente a todos sus grupos de interés, para que de esta manera sean ejemplo y puedan exigir a las demás organizaciones lo que efectivamente aplican, además de generar políticas públicas pertinentes, diseñadas, implementadas y evaluadas por veedores ciudadanos que aporten a una mejor calidad de vida de los pobladores de los territorios.

La comunicación convoca e integra a los distintos actores que pueden hacer realidad un territorio socialmente responsable, por esto hoy el concepto de comunicación es mucho más integral. Se complementa como un todo, donde caben acciones propias tanto de la publicidad y las relaciones públicas como del periodismo o la comunicación audiovisual. Las empresas deberían trabajar su proceso de comunicaciones desde un modelo simétrico bidireccional porque existe un diálogo permanente, claro, fluido, dinámico, cercano y de doble vía con sus grupos de interés, lo cual permite la comprensión mutua y un relacionamiento dirigido a la formación y evaluación de esta interacción tanto para las RS como para la RRPP. Las relaciones públicas y la comunicación organi-

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Una sociedad

que demanda, cada vez más, que las empresas tengan en cuentan las preocupaciones y necesidades del contexto.

zacional permiten interactuar de forma estratégica ante la necesidad de establecer organizaciones más dinámicas frente a los cambios, al fortalecer proyectos responsables, al generar nuevas formas de actuar, al ser consideradas dentro de los comités de dirección, al orientar interacciones con todos sus públicos para influir, generar recordación, y mantener la reputación deseada de acuerdo con los objetivos propuestos por la organización. En los procesos de desarrollo del manejo de las comunicaciones se evidencia cómo se convierten en el eje para configurar la estrategia del prestigio, la confianza y la credibilidad en las organizaciones, elementos fundamentales de las RRPP que influyen de manera directa en la RSE, por medio de construcción de estrategias que permiten crear puentes y canales de diálogo, interpretación de los procesos comunicativos que se dan al interior de las diferentes culturas y elaboración de políticas que contribuyan a mejorar el entramado social. De este modo, se constituye el eje central para lograr sinergia entre los componentes del conglomerado de la sociedad. Una sociedad que demanda, cada vez más, que las empresas tengan en cuentan las preocupaciones y necesidades del contexto. Desde el sector público está pendiente el compromiso de apropiarse de la RSE como un asunto de interés para toda la comunidad, pues las prácticas que habitualmente realiza el gobierno no son más


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74 que su obligación social como Estado que debe garantizar unas condiciones mínimas de calidad de vida. Existen otros temas de gran impacto natural, social y humano que hoy no están siendo gestionados desde el sector público y es allí donde se encuentra un desequilibrio entre el deber ser y lo que se está realizando. De este análisis de las variables y su previa revisión bibliográfica, podría surgir una investigación más profunda y de aplicación al sector público sobre aplicabilidad y uso de la RSE en el sector público, las RRPP como gestores de la innovación en el sector público o la gobernanza y la estrategia de RSE.

Bibliografía Barquero, J.D. (2005). Comunicación Estratégica -Relaciones Públicas, Publicidad y Marketing. España: Mc Graw – Hill. Bolívar, M. A., Fontalvo, T. J. y Vergara, J. C. (2010). La Responsabilidad Social Empresarial: estrategia para la prevención de la contaminación y de los riesgos profesionales. Recuperado de http://www. unilibrebaq.edu.co/ojsinvestigacion/index.php/academialibre/article/view/566/539. Castillo, A. (2010). Introducción a las Relaciones Públicas. España: Instituto de Investigación en Relaciones Públicas (IIRP). Costa, J. (1999). La comunicación en acción: informe sobre la nueva cultura de la gestión. Barcelona: Paidós. Cortina, A. (2005). Ética de la empresa, no sólo responsabilidad social. Recuperado de http://elpais. com/diario/2005/08/20/opinion/1124488806_850215. html. Cuenca, J. (2012). Las auditorías de las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC. Cuesta, M. (2004). El porqué de la responsabilidad social corporativa. Recuperado de http://www. raicolombia.com/es/administrador/upload/noticias/ nuestros_servicios/responsabilidad/ElporquedelaRSE.pdf.

Fernández, R. (2009). Responsabilidad Social Corporativa – Una nueva cultura empresarial. San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario. Icontec. (2007). Responsabilidad social y género en gestión de las empresas. Recuperado de http:// slideflix.net/doc/824662/responsabilidad-social-empresarial-y-la-igualdad-de-g%C3%A9ner... Martínez, F. (2015). ¿Cómo contribuyen las relaciones públicas en el posicionamiento de su empresa? Recuperado de http://www.listindiario.com/economia-y-negocios/2007/5/20/13651/Como-contribuyen-las-relaciones-publicas-en-el-posicionamiento-de-su. Melle, M. (2017). La responsabilidad social dentro del sector público. Recuperado de https://dialnet. unirioja.es/descarga/articulo/2533613.pdf. Molina, N. F. (2013). Una mirada crítica a la responsabilidad social: Un camino necesario para enfrentar sus retos. Medellín, Colombia: Edición Centro de Pensamiento Social. Molina, N. F. (2015). Los territorios socialmente responsables como estrategia para el desarrollo sostenible. Medellín, Colombia: Edición Centro de Pensamiento Social. Moneva, J. M., & Lizcano, J. L. (2003). Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa. España: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA. Morató, J. (2012). ¿Tienen sentido las relaciones públicas? España: Wolters Kluwer. Palencia, M. y Ors, L. (2008). 90 Técnicas de Relaciones Públicas. Barcelona: Bresca Editorial, S.L. Sáinz, M. J. (1997). Relaciones públicas disciplina, arte y ciencia. Recuperado de http://www. scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33231997000100014. Schvarstein, L. (2003). Inteligencia social de las organizaciones. Recuperado de file:///C:/Users/ Spalacio/Downloads/10_inteligencia_social_en_organizaciones.pdf.

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El Derecho Probatorio VS. El Proceso de Responsabilidad Fiscal

La Prueba y Sus Medios

Diego Fernando García Jiménez Administrador Público Abogado Especialista en Derecho Administrativo Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal Contraloría Municipal de Bello Cualquiera que sea la disciplina jurídica respecto de la cual queremos ocuparnos, es necesario hablar de pruebas puesto que en la medida en que el derecho está concebido para solucionar conflictos, esos conflictos deben ser resueltos de conformidad con las pruebas legal y oportunamente aportadas y practicadas en el respectivo proceso. El derecho probatorio es importante, porque permite que el funcionario tome las decisiones que corresponden en derecho y en justicia, evitando, por otra parte, la violación de derechos fundamentales de las personas, en el caso del Proceso de Responsabilidad Fiscal condenando a un inocente, o buscando el resarcimiento patrimonial del Estado en caso de decisiones declaratorias de responsabilidad. Es por ello que se hace necesario conocer todos y cada uno de los formalismos que las leyes adjetivas establecen en la práctica de las pruebas, con el fin que las mismas puedan ser base de las decisiones y no se vea el Estado en la imposibilidad de decidir contrariamente a la verdad. La prueba resulta ser el medio o mecanismo por el cual se demuestra algo, y jurídicamente lo que permite es saber cómo ocurrió un hecho.

Los medios de prueba

existentes en nuestra legislación exigen unos requisitos fundamentales y unas formalidades esenciales para ser estimados como base para la toma de decisión...

Los medios de prueba existentes en nuestra legislación exigen unos requisitos fundamentales y unas formalidades esenciales para ser estimados como base para la toma de decisión cualquiera que sea el sentido de esta; es así que en materia de responsabilidad fiscal, el artículo 28 de la Ley 610 de 2000 en su inciso 2º determina que “Los hallazgos encontrados en las auditorías fiscales tendrán validez probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno de los requisitos sustanciales de Ley”. Por otro lado, el artículo 30 de la citada ley establece que son inexistentes entre otras, las pruebas que sean recaudadas “… sin el lleno de las formalidades sustanciales…”.


76 Acorde entonces con la reglamentación del Código de Procedimiento Civil, cada uno de los medios de convicción previstos allí, exigen no solamente una serie de requisitos, como por ejemplo frente a la declaración de parte y particularmente de la confesión que en ella se puede presentar el artículo 195 C.P.C. señala cuáles son los requisitos de esa confesión, sino que además en la práctica misma de la prueba, los artículos 207 y 208 del C.P.C. señalan requisitos y formalidades expresas. En relación con los “derechos fundamentales” el mismo artículo 30 de la Ley 610 de 2000, al referirse a la inexistencia de las pruebas, afirma que serán consideradas inexistentes cuando sean recaudadas “en forma tal que afecten los derechos fundamentales del investigado…”. Es por esto que resulta trascendental que en cualquier investigación que se adelante debemos tener en cuenta y en claro los derechos fundamentales, para evitar que por el deseo de alcanzar la demostración de unos hechos en una investigación que pueden servir de base para tomar una decisión, violemos los mencionados derechos fundamentales y nos veamos entonces frente a la consecuencia de inexistencia del material probatorio, pues si es así es como si nada tuviéramos para demostrar lo que se quiere. Las pruebas son la base para la demostración de los hechos, es fundamental conocer que en todo proceso deben respetarse y acatarse los principios generales que gobiernan el derecho probatorio, pues con la aplicación concreta y clara de tales principios estaremos cumpliendo con los presupuestos necesarios que debe tener el desarrollo adecuado de la etapa probatoria en el proceso. Esos principios

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Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Los medios de prueba

existentes en nuestra legislación exigen unos requisitos fundamentales y unas formalidades esenciales para ser estimados como base para la toma de decisión...

son: Auto responsabilidad, libre apreciación, unidad, adquisición, inmediación, publicidad, contradicción, necesidad, oportunidad, y economía procesal, los cuales deben aplicarse en la fase probatoria, y aún más, aplicarse a cada uno de los medios de prueba y así garantizar un debido proceso, de tal forma que, el desarrollo de una etapa probatoria desconociendo, por ignorancia o deliberadamente, los principios anotados, llevará a decisiones inadecuadas que seguramente serán modificadas en instancias superiores. Entre los principios señalados debe observarse que no existe un orden de precedencia o importancia por el hecho de la numeración o secuencia que se adopte, sino que todos son igualmente importantes y su orden es aleatorio. Por el hecho de nacer estos principios de la norma adjetiva civil, es por ello que se hace referencia al Código de Procedimiento Civil señalando el artículo en el cual se encuentran consagrados, y se hace referencia “al Juez” entendiéndose ese término genéricamente a todo funcionario del Estado que debe tomar decisiones basadas en pruebas.

Actores y Gestores

Yolima Ferrín Rojas Administradora de Empresas Archivista y Especialista en Gerencia Integral Líder de Gestión Documental Contraloría Municipal de Bello 1. Introducción ¿Será posible que la Ley 1712 de 2014 y las acciones emprendidas por el Estado para su adopción sean suficientes para garantizar el derecho de acceso a la información pública, propiciando como lo indica su fundamento filosófico: mejor calidad de vida, gobiernos eficientes, desarrollo, democracia, así como expresión en la gestión pública? Esta Ley tiene propósitos tan garantistas, positivos y ambiciosos que su materialización requiere la articulación e intervención de actores y gestores de diversos ámbitos, igualmente, de un esfuerzo mayúsculo para lograr transformar la concepción que se posee en la actualidad del sector público. Para ahondar en el tema se realizará previamente una breve contextualización del propósito de la normativa. 2. ¿En qué consiste la ley de transparencia? La Ley de Transparencia tiene por objeto “regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, además de las excepciones a la publicidad de información”1; en términos prácticos y según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República “Es el derecho que tiene

La ley de transparencia

Es el derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública...

toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados”. Su ámbito de aplicación comprende todas las entidades públicas, a las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que presten o desempeñen funciones en dicho sector y a las que administren recursos o fondos de esta naturaleza, además, sus preceptos están orientados a que en los sitios web de cada sujeto obligado y con una ubicación fácilmente visible, se disponga la totalidad de información allí determinada.


78 3. Estructura de la ley de transparencia:

La Ley se estructura a través de tres grandes componentes: Transparencia Activa, Transparencia Pasiva e Instrumentos para su Gestión. 1. Transparencia activa: Estipula la obligación de hacer pública la información mínima obligatoria tanto de carácter estructural como funcional del sujeto obligado y específica los documentos a divulgar en el sitio web institucional, que son los relacionados con la estructura, los servicios, los procedimientos, el funcionamiento, la publicidad de la contratación y la información mínima funcional. 2. Transparencia pasiva: Establece el deber de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública de manera gratuita, de contar con medios idóneos, garantizar contenidos de la respuesta, establecer mecanismos de seguimiento y publicar informes de solicitudes de acceso a la información recibidas. 3. Instrumentos para su gestión: Consisten en el registro o inventario de los activos de información, un esquema de publicación, el programa de gestión documental y el índice de información clasificada y reservada. Es importante anotar que el índice de información clasificada y reservada debe registrar la que a razón de sus contenidos tiene acceso restringido, dando a conocer por medio de una estructura de datos los siguientes aspectos: el objetivo legítimo de la reserva, la identificación de la excepción, es decir, si se protegen derechos a personas naturales, jurídicas o el daño a los intereses públicos, el tiempo de reserva y el daño que causaría su divulgación; en síntesis, es por medio de este instrumento que los usuarios podrán identificar la información que, pese a ser generada por el sector público, dada su naturaleza y/o contenidos posee reserva.

Contraloría Municipal de Bello 4. Actores y gestores de la ley de transparencia En relación con los actores y gestores de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, el Estado ha promovido el acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien ejerce como ente asesor de las entidades obligadas; del Ministerio Público como organismo de control designado, y el apoyo de otras entidades tales como el Archivo General de la Nación, la Auditoría General de la República y las Contralorías, estas últimas en el rol de control a la gestión fiscal y de resultados en la materia.

Min TIC

ha ofrecido capacitación, asesoría, orientación y al igual y al igual que la Procuraduría, han diseñado guías, formatos, entre otros instructivos.

Es así como desde la promulgación de la normativa, el Min TIC ha ofrecido capacitación, asesoría, orientación y al igual que la Procuraduría, han diseñado guías, formatos, entre otros instructivos que ofrecen el paso a paso técnico y metodológico para la construcción de la plataforma y/o estructura necesaria que dé respuesta a sus lineamientos; por su parte, el Archivo General, como ente regulador y asesor de la política archivística en Colombia, ha ofrecido orientación haciendo énfasis en la construcción de los instrumentos para la gestión de la transparencia; asimismo, la Auditoría General de la República y las Contralorías han incluido en sus planes de acción no solo la adopción de este lineamiento normativo sino el control a su cumplimiento por parte de las entidades sujetas de control.

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La Ley

guarda absoluta relación con la gestión electrónica de documentos, la difusión de información

Es preciso anotar además que los archivistas poseen una gran responsabilidad con este precepto legal, toda vez que están a cargo del desarrollo de los instrumentos para la gestión de la transparencia y que la Ley guarda absoluta relación con la gestión electrónica de documentos, la difusión de información, la atención de usuarios, la recepción y resolución de trámites, el uso de las TIC en pro de mejorar la oportunidad y celeridad en la atención de consultas, entre otros aspectos inherentes a la razón de ser de esta maravillosa y retadora profesión. Dichos profesionales deberán contar además con la asesoría de abogados que indiquen qué información es clasificada y/o reservada, asimismo, cuáles son las normas o criterios que lo determinan. Igual responsabilidad tienen los profesionales de la informática, quienes desde su experticia y conocimientos deben ensamblar la plataforma tecnológica necesaria para gestionar información electrónica, no solo mediante el diseño y acondicionamiento de los sitios web institucionales, sino a través del aseguramiento de sus contenidos frente a posibles riesgos informáticos. Al mismo tiempo, deben desarrollar contenidos visuales innovadores que despierten el interés y sean amigables para los diferentes tipos de usuarios. Las labores enunciadas requieren conjuntamente la intervención de un profesional con conocimientos en comunicación organizacional para que lidere la implantación de programas orientados al diseño de contenidos completos y claros, coordine la adopción de estrategias para mantener informadas a las par-

79 tes interesadas con oportunidad y eficiencia; que se encargue de dar a conocer una imagen sana, transparente, de posicionar la identidad corporativa acercando el Estado al ciudadano y haciendo visible la gestión institucional. Por otro lado, los servidores públicos tienen a su cargo la obligación de producir información ajustada a las necesidades, realidades y expectativas de sus diferentes receptores, de suministrarla con oportunidad, consistencia y calidad, además de aplicar principios éticos que garanticen la fidelidad y veracidad de la información proporcionada. Mayor nivel de compromiso poseen quienes tienen asignadas las funciones de Planeación en las entidades del Estado, quienes deben definir planes y proyectos orientados no solo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales sino a la adopción de nuevos lineamientos normativos, garantizando que para el tema en cuestión se provean los recursos financieros necesarios, programando, coordinando y articulando el desempeño de los actores enunciados. Lo anterior toda vez que sin una adecuada planeación es difícil obtener resultados exitosos, sin recursos no es posible obtener servicios con calidad y sin articulación no hay una efectiva gestión. Por su parte, las áreas de Control Interno y/o sus responsables deben intervenir realizando acompañamiento y asesoría para la implementación de este lineamiento de ley, evaluando y realizando seguimiento a los avances o resultados obtenidos, valorando los posibles riesgos y fomentando una cultura de autocontrol para la obtención de resultados exitosos. Estas áreas tienen por demás el deber de aplicar con transparencia, independencia y objetividad el Estatuto Anticorrupción, identificando y controlando los riesgos inherentes, que como bien se conoce tienen su puerta de entrada a través de


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80 la vulneración y alteración de la información; frente a este Estatuto vale la pena anotar que todos los servidores públicos, especialmente los que tienen asignadas funciones de control interno y los archivistas, tienen la obligación de denunciar ante los Organismos competentes los hechos de corrupción detectados. Finalmente y resaltando el principio de colaboración armónica entre entidades del Estado, se hace necesario que desde el nivel nacional se provea a entidades públicas del nivel territorial, que por su categoría y/o estructura poseen presupuestos insuficientes, los recursos tecnológicos y la asesoría técnica indispensables para adoptar estos lineamientos; pues es bien sabido que en muchas de ellas no es posible contar con la totalidad de profesionales referenciados, lo que conlleva a la imposibilidad de adoptar de manera efectiva la normativa. De manera conjunta con lo anterior, los diferentes actores y gestores tienen la responsabilidad de difundir esta Ley dándole a conocer a la ciudadanía los beneficios que conlleva, así también, las restricciones de acceso existentes y sus causas, toda vez que serán ellos quienes en definitiva tendrán la potestad para medir el impacto y beneficios del derecho de acceso a la información.

6. Bibliografía

5. Conclusión A través del recorrido realizado en este escrito, se puede concluir que solo mediante el efectivo funcionamiento y el desempeño sistémico o articulado de los actores y gestores enunciados se podría aumentar la confianza en el sector público, construir una relación basada en la honestidad, legitimar la existencia y el rol del Estado, aumentar además la sensibilidad frente a sus llamados y elevar la tranquilidad de los grupos de interés; propósitos y fines últimos que mediante el derecho de acceso a la información tiene la Ley 1712 de 2014 y que por su naturaleza e impacto deberían ser de gran interés para cualquier entidad pública.

De lograrse el desempeño articulado expuesto, se podría transformar la concepción que en la actualidad se posee del sector público, se lograría minimizar la corrupción rampante que deteriora cada vez más la imagen del Estado; se tendrían mayores herramientas para la planeación y la rendición de cuentas robusteciendo el debate democrático, ofreciendo bases sólidas que aumenten la capacidad de tomar decisiones acertadas y de incidir en la gestión de lo público; se lograría al mismo tiempo algo que parece más utópico, llegar al postconflicto y avanzar hacia la paz.

Ley N° 1712. Diario Oficial 49084 de la República de Colombia, Bogotá, 06 de marzo de 2014. Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información TIC; Contraloría Municipal de Bello, Contraloría Municipal de Envigado, Contraloría Municipal de Itagüí (Septiembre de 2016). Fundamentos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Seminario llevado a cabo en Medellín, Colombia.

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Planeación y Comunicación

Susana Palacio López Claudia Patricia Buitrago Gómez - Catherine Sanguino Chaverra Equipo de Comunicaciones y Participación Ciudadana Contraloría Municipal de Bello

En la Contraloría Municipal de Bello la gestión de planeación estratégica define y articula los objetivos, metas, estrategias, procesos, programas, proyectos, acciones y tareas, a través de la oficina de Planeación y Control, pero con el acompañamiento y aprobación del Comité de Dirección, donde se concibe la planeación como una herramienta gerencial, que articula y orienta las acciones de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos en cumplimiento con la misión institucional y con el Plan de Desarrollo “Bello, Ciudad de Progreso”. El uso de la Planificación Estratégica se entiende como un instrumento imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios, donde es evidente el compromiso por los resultados, por medio de la planeación normativa, estratégica, táctica y operativa. La comunicación en las entidades tiene una dimensión estratégica, al ser el factor que hace posible que las personas puedan asociarse para lograr objetivos comunes, en tanto involucre todos los niveles y procesos de la organización, promoviendo una serie de actividades de carácter interno o externo en el marco de la planificación, donde coadyuva a un

Difundir

es una de las tareas, no la única y se debe aplicar la creatividad colectiva.

buen desarrollo, ejecución y evaluación de la misma. En la Contraloría existe la oficina de Comunicación Pública la cual se encarga de definir los elementos de comunicación a utilizar por este Ente de Control Fiscal para cumplir su misión constitucional, relacionarse con las partes interesadas, comunicar los resultados obtenidos, rendir cuentas a la comunidad y diferentes órganos de control. Según Gabriel Patizzi en su artículo “5 principios para una Comunicación Estratégica”, ser comunicador estratégico va más allá de programar acciones, donde todo lo que se hace tiene un por qué, se sabe con quién y cómo relacionarse, se asume la planificación como una inversión, difundir es una de las tareas, no la única y se debe aplicar la creatividad colectiva.


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no es el único elemento que la integra. El plan tiene su origen en el Modelo Estándar de Control Interno y es una herramienta operativa del Plan Estratégico 2016- 2019. Este desarrolla las siguientes líneas estratégicas: relaciones públicas, comunicación interna, comunicación digital, publicidad, prensa, gestión de la información y el conocimiento. “La comunicación corporativa no existiría sin las relaciones públicas. Éstas han tenido el mérito de saber integrar técnicas de comunicación procedentes de diferentes disciplinas: el protocolo, el periodismo, los recursos humanos, la propaganda, la retórica, el diseño y la publicidad. También ha sabido desarrollar conceptos como la confianza, el liderazgo, la opinión pública y la relación, que son fundamentales en la teoría de la comunicación”. Jordi Morató -¿Tienen sentido las relaciones públicas? En la Contraloría se divide la línea de relaciones públicas en:

Todos los principios antes mencionados son indispensables para lograr el éxito de la planeación en la entidad, con metas claras, conocimiento de los grupos de interés, identificación de flujos, canales, medios y formas, apoyo de la alta dirección para invertir en el proceso de diagnóstico, análisis y auditoría de la comunicación, donde se escuche, atienda y se den respuestas oportunas, además de generar conocimiento colectivo. La planificación de la comunicación es crear una estrategia diferente, reconocer la empresa, investigarla y situar como aliado principal la creatividad. El Plan de Comunicación Pública es tan solo un insumo o instrumento que aporta a esta planificación pero que

Alianzas Estratégicas: articulación con la Administración Central, entidades descentralizadas o particulares interesados en la gestión de control fiscal que realiza la entidad con sus programas y proyectos. Además de alianzas con los medios de comunicación y las distintas unidades de comunicación de la zona. Protocolo, eventos, salidas y prensa: guía práctica que responde adecuadamente al concepto de cada uno de los eventos o certámenes que realiza la Contraloría con sus diversos grupos. Al leer el texto ¿Tienen sentido las relaciones públicas?, es posible identificar que es tan amplia la definición que se debería involucrar no sólo alianzas sino cualquier tipo de relacionamiento con los grupos de interés a través de técnicas publicitarias, informativas o de promoción que permitan la interacción y la generación de confianza entre las partes. Para lograrlo es necesario mantener un

diálogo estable y permanente con los stakeholders, que implica el establecimiento de canales y procesos de relación, la armonización del corto y medio plazo en la determinación de las metas corporativas y la asignación de recursos para alcanzarlas. Para que las organizaciones subsistan y se desarrollen deben contemplar temas como el establecimiento de políticas, estrategias y mecanismos que permitan un acceso a la mejora de su productividad y competitividad de manera efectiva y eficiente. Es importante que la comunicación sea sostenible, que se pueda alinear con la estrategia de negocio a través del diálogo, la identidad, la transparencia, la legitimidad, la gobernabilidad y el liderazgo por parte del Dircom. “Durante muchos años, al menos en España, se utilizó la metáfora del director de orquesta para referirse al director de comunicación de una compañía, el cual tenía como principal misión ejecutar la estrategia de imagen y comunicación corporativas dando en cada momento el protagonismo –la entrada—a unos u otros instrumentos para lograr interpretar esa partitura/estrategia de la empresa”. Justo Villafañe - La comunicación intangible: reinventar la comunicación empresarial.

Desde la perspectiva histórica el rol del Dircom se había orientado hacia la administración de los medios internos o externos y las relaciones públicas. Sin embargo, al hacerse más compleja la dinámica de las organizaciones y su estructura, el rol del Dircom se ha tornado cada vez más amplio en cuanto al alcance, recursos y oportunidades. Pasamos de un rol operativo a un rol de liderazgo, de ser un canal a ser protagonista de la estrategia, de operar tácticas a administrar activos de valor, ahora se tiene voz y voto. En la Contraloría Municipal de Bello, se consolida como un área asesora transversal, no sólo para eventos sino también para el desarrollo de auditorías, capacitaciones, programas y proyectos de participación ciudadana y estrategias macro. El papel y sus funciones se vuelven menos prescindibles. Las organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por los grupos de interés. Hoy en día la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización genera, entre otras, ventajas competitivas, reputación, capacidad para atraer o retener a los grupos, percepción de los inversionistas, patrocinadores y comunidad, rela-


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84 ciones con empresas, gobiernos, medios, etc. Ya se habla de los multistakeholders por la diversidad y el crecimiento de la empresa actual. Dentro de esta multiplicidad de grupos es necesario hablar de los Servidores Públicos y Contratistas de la Contraloría, ya que la información y participación de los funcionarios es clave para el logro de los objetivos. La dimensión interna es fundamental porque orienta la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre los miembros de la organización, a través del uso de los diferentes medios de comunicación. Allí se resaltan ejes de acción como el clima laboral, la cultura organizacional, el endomarketing, la gestión del conocimiento, el cambio organizacional y la gestión de medios internos.

Las organizaciones

deben cambiar, entender, posicionar y dar valor a la contribución de la comunicación interna para apoyar los cambios y transformaciones de la empresa.

Que los empleados sean voceros de la organización y consumidores maduros de información, es una ventaja que se presenta en cualquier entidad, ya que crean un sentido de pertenencia por la misma y son conocedores de primera mano de las actividades, noticias e información de gestión. “Las organizaciones deben cambiar, entender y posicionar y dar valor a la contribución de la comunicación interna como un servicio dirigido a toda la organización y como un instrumento de gestión necesario para apoyar los cambios y transformaciones de la empresa”. Núria Saló - La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la función directiva.

La línea de comunicación interna en la Contraloría incluye un sistema de comunicación interna para difundir la información a través de carteleras institucionales, correos electrónicos y boletín mensual, que permite despertar interés por parte de los servidores públicos en el quehacer de la Contraloría. También, un manual de estilo corporativo y el guion de eventos y protocolo. Además de capacitaciones en la utilización de los medios internos. Necesitamos reconocer que invertir en comunicación es redituable por el impacto que se tiene en la conducta y actitudes de los colaboradores. Existen líderes dentro de la Contraloría más enfocados en lo externo que en lo interno (Auditores), pero la Alta Gerencia trabaja por la comunicación interna junto a la oficina de Comunicación Pública como la principal línea, a través de los siguientes espacios: reuniones generales, comités primarios, comités de dirección, mesas de trabajo, comités de archivo, comités de convivencia laboral, COPASST, celebraciones de cumpleaños, capacitaciones, que permiten unificar el desempeño, garantizar homogeneidad estratégica, viabilizar el funcionamiento organizacional, promover equipos de rendimiento, detectar crisis de forma anticipada, promover un clima laboral más estable y optimizar recursos y esfuerzos, así es posible identificar a ejecutivos, directores y mandos intermedios como apoyo a su implementación, aunque a la hora de aplicarla todos son responsables del mensaje que transmiten. Cuando existe un compromiso por parte del Contralor, se evidencia la coherencia con lo que se hace y lo que se dice, ya que los funcionarios conocen su organización por los jefes y la dirección. Sin embargo no existe una unidad de comunicación interna, sino que esta es una línea estratégica dentro de la planificación de la entidad. Y sólo hay un profesional que ejecuta el rol del Dircom sin apoyo de otros profesionales o técnicos. Sería ideal tener un plan específico de comunicación interna, que

Control Fiscal Territorial propicie agilidad y se adecue a las necesidades de la organización, aunque tristemente por cuestión de presupuesto y posicionamiento de necesidad, los altos mandos no le apuestan aún a un Departamento de Comunicaciones para una organización pequeña, pero con la globalización y los constantes cambios será fundamental y necesario tenerlo si se quiere lograr una comunicación efectiva. La gestión de la comunicación interna debe conseguir la credibilidad del discurso interno, generar confianza y lograr que cada uno de los empleados se preocupe por la productividad de la entidad. La reputación atrae talento, y muchas veces esa reputación la propician los mismos empleados. “Los empleados constituyen el primer público de la empresa y son los primeros que entran en contacto directo con los clientes y usuarios, a los que transmiten sus motivaciones, convicciones y sus expectativas en cuanto a los objetivos estratégicos de la empresa”. Núria Saló - La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la función directiva. Nunca hay que olvidar que los trabajadores son siempre los responsables últimos de que la empresa funcione o que no lo haga. Por lo anterior los directivos deben integrar la comunicación en el proceso de gestión, legitimar los planes y acciones que se realicen, conocer la estrategia, participar de ella, potenciar espacios y flujos para que los empleados estén informados y capacitar al equipo directivo. Este último es vital para adherir al grupo a la estrategia comunicacional, haciendo que los empleados se alineen y participen, comunicando los resultados o las mejoras y estableciendo mecanismos de alimentación informativa que contribuyan a estrechar vínculos entre la entidad y su gente. Todas las acciones externas deberían ser comunicadas con el público interno quienes son la principal fuente de información de los demás grupos de interés.

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Directivos y Colaboradores

de la Contraloría deben compartir la filosofía institucional En la Contraloría el Comité de Dirección está conformado por el Contralor Municipal, el Subcontralor, el Contralor Auxiliar de Control Fiscal, el Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y la Contralora Auxiliar de Planeación y Control. Tanto los directivos y colaboradores de la Contraloría deben compartir la filosofía institucional, porque de lo contrario difícilmente podrían trabajar en equipo, cumplir las metas y crear sinergias. Como cita Lillian Zapata, en su artículo Cultura Corporativa y Comunicación Interna: “La cultura de una organización representa la forma de pensar y hacer las cosas, cala en el sentir de las personas, se refleja en la forma cómo se relacionan, cómo se comportan y se instala en el mundo de las emociones”. No se puede desligar la cultura corporativa de la comunicación interna ya que esta es la herramienta por la que es posible lograrla, permitiendo establecer criterios y reglas de acción para un mejor desempeño, donde se traducen, articulan e interiorizan los objetivos de la entidad. Todo esto permite identificar la necesidad de regular la acción comunicacional, a fin de darle forma y vigencia a las entidades. En una organización pública como la Contraloría, la comunicación se convierte en un factor de construcción social, donde son protagonistas la generación de credibilidad y las relaciones de confianza. Y finalmente, es necesaria la planificación para que la organización hable un lenguaje común, se organice y proyecte esto con todos los grupos de interés desde el diálogo, el respeto, la innovación, la transversalidad y la integralidad.


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La Mujer Durante los Últimos 170 Años en la Historia de Colombia

Yolima Ferrín Rojas Administradora de Empresas Archivista y Especialista en Gerencia Integral Líder de Gestión Documental Contraloría Municipal de Bello

Introducción

La mujer y su lucha en la defensa por la igualdad de derechos en una batalla más que se ha sobrellevado a lo largo de los últimos 170 años en la historia de Colombia, acción que además de ser evidente en muchos contextos ha sido registrada por autores tales como Constantine Alexander Payne en Crecimiento y cambio social en Medellín: 1900 – 1930; Iván Marín Taborda en La hegemonía Conservadora, Catherine Legrand en Colonización y protesta campesina en Colombia; Marco Palacios y Frank Safford en Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, asimismo, por James D Henderson en La modernización en Colombia. Donde a través del análisis de diferentes períodos de gobierno en la historia del país, de manera sutil y casi de soslayo, visualizan aspectos relacionadas con el rol de la mujer que este artículo pretende compilar, realizando además un paralelo con la actualidad.

Perfil Histórico

Se puede indicar que cultural e históricamente nuestro país encasilló a las mujeres en el rol de amas de casa, los hombres en su concepto machista se consideraron seres superiores: más inteligentes,

fuertes, hábiles…concluyendo que las señoras eran de la casa y los hombres de la calle. La sociedad entendía que ellas eran algo así como una figura útil: hacían labores domésticas, educaban a sus hijos e intervenían en prácticas religiosas, mientras que los machos tenían acceso a la educación para adherirse al mundo laboral y proveer el sustento de sus familias, ello sin mencionar muchos otros derechos además de placeres que los hombres tenían pero que estaban vetados para las mujeres. Como bien indica Payne (1986)2 Las jóvenes eran celosamente vigiladas por sus padres y tan protegidas que ni siquiera compraban ropa en público; si una mujer joven se veía fuera de su casa después de las 6:30 p.m. era mirada como rara y sospechosa; la relación con sus pretendientes tenía que ser en medio de una prudente distancia, además de vigilada, custodiada y avalada por sus padres. La naturaleza conservadora, el ritual del cortejo y el matrimonio prohibían el contacto físico antes de la boda a excepción de cogerse la mano, por lo que un beso era algo así como un pecado mortal. Las mujeres que no se casaran antes de los 25 años se consideraban solteronas, mientras que las casadas

Control Fiscal Territorial tenían que soportar la callada y triste resignación de ver a sus esposos con amantes que eran mantenidas y mejor tratadas que ellas mismas. Payne (1986) referencia además el libro “Protocolo hispanoamericano de la urbanidad y el bueno tono”, escrito en 1919 por Tulio Ospina, en donde se observa cómo se llegó al punto de orientar el comportamiento de la mujer de una forma extrema, diciendo que “volver a ver hacia atrás” es una falta grave y que las partes del cuerpo no podían ser exhibidas ni mencionarse delante de ellas, ni siquiera los brazos, manifestando así el pudor, la reserva y los tapujos existentes. Concurrían además posiciones tan absurdas como la de monseñor Builes (Antioquia) para quien el hecho de que las mujeres cabalgaran a horcajadas constituía un pecado mortal y la costumbre de que usaran pantalones era evidencia de una conspiración masónica para “arrancarles el pudor a las mujeres”. En el ámbito político, las mujeres fueron “utilizadas” por los conservadores con la creación del club auxiliar llamado “La Sociedad del Niño Dios”, del cual hacían parte algunos artesanos y que fue establecida como grupo contrario a la Escuela Republicana fundada en 1850. Esta Sociedad era presidida por doña Gabriela Barriga de Villavicencio, viuda del ilustre prócer, y Presidente honorario, don Mariano Ospina. Por su parte, durante la Hegemonía Conservadora (1886-1930), específicamente durante las huelgas de las bananeras, “Las mujeres portaban ollas y cargaban niños…” apoyando a sus hombres en un periplo cuyo desenlace fue una vil masacre donde de manera indefensa cayeron cerca de mil personas, entre hombres, mujeres y niños.3 Por su parte Jorge Eliécer Gaitán en l935 solicitó una legislación que concediera a las mujeres el derecho al voto, pero su colega Armando Solano respondió en un artículo afirmando que “los intereses de la democracia se

87 verían gravemente amenazados si se concediera a las mujeres el derecho al sufragio”; finalmente esta iniciativa no tuvo los resultados propuestos. En lo laboral, durante la Época de la Colonización y la Protesta Campesina en Colombia (1850-1950) las mujeres hicieron parte activa en las actividades agrícolas, siendo la recolección de café y la clasificación

Las fábricas textiles

pagaban a las mujeres salarios más bajos que a los hombres (era hasta tres veces menos).

del grano principalmente ocupaciones femeninas.4 Entre 1845-1876 las mujeres empezaron a ser utilizadas como mano de obra barata, ellas participaban en el sector económico a través de la producción de textiles que realizaban de manera muy artesanal, actividad que se vieron obligadas a diversificar por la apertura comercial y la consecuente importación de telas que las lleva a tomar la iniciativa de fabricar sombreros de palma para el consumo interno y la exportación.5 Con la industrialización empezaron a manejar las trilladoras, las plantas textiles, las fábricas de cigarrillos, chocolate, galletas, fósforos, las imprentas, las cervecerías, las compañías de gaseosas y otras pequeñas industrias de camisas, sombreros, botones, entre otros artículos. Las mujeres de clase baja eran ocupadas en servicio doméstico, como mecanógrafas y en tiendas o como operadoras de teléfono. Estadísticas de 1916 revelaron que en la ciudad las fábricas textiles empleaban mayor nú-


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88 mero de mujeres y que ellas generalmente recibían salarios más bajos que los hombres (hasta tres veces menos). Como consecuencia de la explotación, el abuso, la discriminación y los malos tratos en la esfera laboral, el 14 de febrero de 1920 se dio en Medellín la primera huelga obrera de mujeres en Colombia, cuando en la Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello (hoy Fabricato) ellas pararon de trabajar y se unieron para exigir un pago más alto, acción liderada por Betsabé Espinoza, una joven bellanita de 24 años,

excelente oradora, que encabezó negociaciones por un aumento en los sueldos, la reducción de la jornada laboral y el cese de las agresiones sexuales por parte de los capataces; ella junto a sus compañeras formó además comités para defenderse de la consecuente represión policial. En similares circunstancias se destaca también a María de los Ángeles Cano Márquez, declarada el 01 de mayo de 1925 “La Flor del Trabajo” como reconocimiento a ser una de las líderes de obreros más importantes de Colombia; María Cano dirigió movimientos no sólo a favor de los derechos de los trabajadores sino también para oponerse a la pena de muerte y a la intervención norteamericana en Nicaragua.6 También sobresalen en la lucha laboral Leonor Escobar Gaviria y Ana Raquel Isaza, de Medellín, quienes en mayo de 1912 fundaron el Patronato de Obreras, una organización caritativa que emprendió iniciativas para la empleabilidad de

las mujeres. En relación con los logros obtenidos y derechos adquiridos, se resalta que los problemas de las mujeres recibieron una atención sin precedentes cuando subió el gobierno liberal en 1930. Fue así como durante el régimen de Olaya Herrera se les concedió el derecho de heredar propiedades y firmar contratos; aboliendo el concepto tradicional de que estaban bajo la custodia de su padre, su marido o su pariente masculino más próximo. Bajo la administración de Alfonso López Pumarejo se declaró ilegal la discriminación con base en el sexo y se aprobaron leyes que les concedían igual acceso a los programas profesionales. Es de resaltar además el hecho trascendental de que “La Universidad Nacional recibió a la primera estudiante mujer en 1936” y la Escuela Nacional de Minas la suya cinco años después. El Instituto Pedagógico Femenino entró a hacer parte de la nueva Escuela Normal Superior Nacional mixta y el Gimnasio Femenino, fundado por el educador Agustín Nieto Caballero, graduó su primera promoción en 1932.7 No obstante lo anterior, también se lamenta que a pesar de los esfuerzos por mejorar la posición de la mujer en la sociedad colombiana, el progreso hacia esta meta fue dolorosamente lento toda vez que pocas aprovecharon las ventajas que ofrecían estas nuevas oportunidades y para 1954, trece años después de aprobada la admisión de mujeres a la Escuela de Minas de Medellín, sólo cuatro se habían graduado. Su vacilación para ingresar a las profesiones obedeció en gran parte al prejuicio masculino generalizado según el cual los hombres se oponían a que entraran a la fuerza laboral. Respecto a las barreras y los enemigos de los recién logrados derechos de las mujeres, Germán Arciniegas, liberal, intentó bloquear su admisión a

Control Fiscal Territorial la Universidad Nacional argumentando “la mujer no es sujeto competente para ciertos menesteres y profesiones que pertenecen y corresponden a los hombres”. Durante el primer año de la presidencia de Santos, el Colegio público de Tunja dejó de admitir mujeres porque daban mejor rendimiento que los varones y ello causaba problemas. También Antonio Rocha afirmó: “de no hacer regresar al campesino a su parcela y a la mujer al hogar, la integridad de la nación está en peligro”. Además, Laureano Gómez veía como “crimen contra la religión” la exigencia de que la escuela aceptara estudiantes mujeres. Pero a pesar de los innumerables enemigos del avance de las mujeres frente a la igualdad de derechos, el 25 de agosto de 1954 y bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla se obtuvo uno de gran importancia “la Asamblea Nacional Constituyente concedió a la mujer colombiana el derecho al voto universal”, sin diferencias de razas, credos políticos o identificaciones partidistas; derecho que en la actualidad se establece a través del capítulo uno, artículo 258 de la Constitución Política de 1991.

La Mujer en la Actualidad

Sin duda alguna el acceso a la educación y el derecho al voto son dos hechos trascendentales que parten esta historia en un antes y un después. El primero es la puerta de entrada al conocimiento y por ende a todos los demás; cuando hay educación es más fácil ejercer y conquistar el derecho al trabajo, a participar en la toma de decisiones en diversos ámbitos, obtener el respeto y el reconocimiento que merece cualquier ser humano, pues la educación es la solución de fondo a la mayoría de los problemas. Por su parte, conseguir el derecho al voto en el momento histórico en el que ocurrió: cuando el Frente

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El derecho al voto

motivó a las mujeres a ser arte y parte en las cuestiones políticas y de Estado.

Nacional revolucionó el concepto unipartidista tradicional, la Alianza Nacional Popular ANAPO (1961) se estableció como partido político y surgieron grupos guerrilleros como las FARC (1964), el ELN (1965), el EPL (1967), el M-19 (1974), motivó a las mujeres a ser arte y parte en las cuestiones políticas y de Estado, luchando al igual que los hombres en la defensa y reivindicación de los derechos que dicha revolución violentó. Desde entonces y de manera progresiva, las mujeres en Colombia han hecho parte de la fuerza laboral, de la academia, la política y de todos los espacios que los anteriores facilitan. La concepción de ellas como figuras útiles, subyugadas y abnegadas ha ido quedando cada vez más rezagada; ya no se les puede obligar, someter o presionar a elegir o tener X o Y comportamiento, si así lo hacen es su decisión y como consecuencia de no poseer el carácter, la seguridad, el criterio y la valentía derivadas del conocimiento. Es así como se podría afirmar que en Colombia las mujeres han logrado destacarse cada vez más por su responsabilidad y competitividad que las ha llevado a desempeñar importantes roles, tanto en el ámbito gubernamental como en el mercado empresarial e industrial.


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En el ámbito gubernamental han llegado a ocupar cargos de gran responsabilidad como embajadoras, ministras, congresistas, gobernadoras, alcaldesas, concejalas, fiscales, juristas, contraloras, entre otros.

En el ámbito gubernamental han llegado a ocupar cargos de gran responsabilidad como embajadoras, ministras, congresistas, gobernadoras, alcaldesas, concejalas, fiscales, juristas, contraloras, entre otros. En el mercado empresarial como presidentas, gerentes, periodistas, artistas, deportistas, científicas y muchas más; en la ciencia vale la pena destacar a Adriana Ocampo Uría, barranquillera de raíces payanesas considerada la científica más importante del mundo, líder de misiones espaciales en la Nasa; en el deporte a María Isabel Urrutia, chocoana y primera presea dorada en la historia olímpica colombiana y las también medallistas de oro Mariana Pajón y Caterine Ibargüen de Medellín; en el arte a Debora Arango, Envigadeña ejemplar, pintora, expresionista y acuarelista destacada en el país; en el ámbito artístico a Shakira, barranquillera y cantante exitosa en el ámbito internacional, quien posee 420 premios incluyendo 14 Grammy; en el periodismo a Ángela Patricia Janiot quien desempeña su labor desde hace más de 20 años en el exterior y es presentadora en la reconocida cadena de noticias CNN en Español y cómo no mencionar a Diana Uribe Forero, Bogotana, historiadora y filosofa que se ha especializado en los programas de divulgación histórica. La verdad es que si tuviera como propósito mencionarlas a todas no terminaría, por lo que podría concluir que las mujeres están presentes en escenarios de la vida nacional e internacional que hasta hace muy poco eran exclusivamente masculinos. 

Sin embargo, con los logros descritos coexisten rezagos de la cultura machista que dejaron nuestros antepasados, la cual se ha combatido a través de diferentes medios y acciones, tales como la Resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999, a través de la cual la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- declaró el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las no gubernamentales a que emprendan en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Por su parte en Colombia, por medio de la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas  se tiene como objeto garantizar la participación de las mujeres en niveles decisorios de la administración pública, en un mínimo del 30 por ciento, pero 16 años después de emitida y siendo obligatoria en muchas entidades no se cumple. Igualmente, se han fundado y constituido diferentes organismos y grupos que tienen como propósito defender y reivindicar los derechos de las mujeres buscando únicamente que sean tratadas con las mismas leyes, derechos y obligaciones que los hombres; luchando unidas por ser tomadas en cuenta en un mundo machista y falto de conciencia que desconoce que gran parte de las costumbres sociales y la evolución política de las sociedades no habrían tenido lugar de no haber sido por los

Control Fiscal Territorial grandes esfuerzos, reflexión y reivindicación de las mujeres a lo largo de la historia. Pero la lucha no ha sido fácil. Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como “Pirry”8, revela mediante un video difundido en redes sociales el 22 de noviembre de 2016 que según datos estadísticos, en el año son maltratadas 48.180 mujeres y que 399 han muerto a manos de sus parejas, el 50% de ellas asesinadas por su compañero sentimental , el 30% por ex novios y el 10% por esposos y novios; estas cifras además de ser escalofriantes dejan un enorme sinsabor al ver que no sólo para la mayoría de hombres y mujeres pasan desapercibidas sino que un alto porcentaje los justifica, argumentando que ellas por una u otra razón se lo buscaron, como lo expresó la senadora Liliana Rendón el 03 de agosto de 2012 en una entrevista realizada por Yamid Amat. En la publicación Pirry además de dar a conocer los datos estadísticos referenciados difunde una invitación realizada por María Isabel Covaleda, para que cada 25 de noviembre las mujeres realicen diferentes expresiones para resaltar su valor e importancia. María Isabel fue víctima de maltrato por parte de su novio Camilo Sanclemente quien casi la mata, ella valientemente procedió a instaurar una demanda por maltrato pero los jueces le dijeron “eso con la justicia divina se paga” y la invitaron a conciliar… Maisa, como se identifica en redes sociales, invita a las mujeres a “Romper el Silencio” expresarse y defender sus derechos.

Reflexión Personal

Esta reseña motiva a convocar a las mujeres a la apropiación y defensa de sus derechos e invitar al género masculino para que al igual que lo hicieran las mujeres con los hombres en la época de la violencia, ahora sean ellos quienes las apoyen en la defensa de sus derechos y en la lucha por la equidad de género.

91 Así también y en ocasión de la conmemoración del cincuentenario de la Contraloría Municipal de Bello, se constituye en fuente inspiradora para exaltar la participación e importancia que las mujeres han tenido en la construcción de la historia del Ente de Control, a través de la cual se ha contado con tres períodos administrativos a cargo de talentosas mujeres: • Marta Cecilia Vélez Vélez, Abogada (12/01/1995 - 18/01/1998) • Eva Inés Sánchez Cortés, Administradora de Empresas (15/01/2004 - 11/01/2008) (06/01/2012 - 01/11/2014) • Gladys Elena Gil Ochoa, Abogada (26/01/2015 - 31/12/2014) Y donde además en la actualidad el 76% de la planta de personal está ocupada y dignamente representada por el género femenino. Crecimiento y Cambio Social en Medellín. Constantine Alexander Payne. Pág. 172-173. 3 La hegemonía conservadora. Iván Marín Taborda. Pág. 507. 4 Colonización y protesta campesina en Colombia. Catherine Legrand. Pág. 40. 5 Marco Palacios, Frank Safford. Colombia.  País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Bogotá, Norma, 2002. Pág. 379. 6 Ibídem. Pág. 151. 7 James D Henderson. La Modernización en Colombia. Una Sociedad Cambiante. Pág. 381-382. 8 Pirry es zootecnista,  periodista,  escritor  y  presentador en la televisión colombiana. 2


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Un Control Fiscal Moderno

Foro Reflexiones para la Vigilancia Fiscal: El Futuro del Control Fiscal en Colombia

Control Fiscal Territorial ¿Con las facultades que hoy nos otorga la Ley, en el contexto colombiano actual y con los recursos ahora disponibles, cómo podemos generar mayor valor y lograr más beneficios para la sociedad producto del Control fiscal?

El Control Fiscal en Contexto

Dr. Ricardo Rivera Ardila Abogado Contralor General de Santiago de Cali Magister en Derecho, especializado en Derecho Público y en Derecho Procesal Penal Autor de las obras:“Estatuto General de Contratación”;“Inhabilidades para acceder a cargos de elección popular” y “La Extinción de Dominio”. Los desafíos de la Colombia de hoy, un país en transición a la Paz, nos exigen a todos una enorme voluntad y compromiso para remodelar la gestión gubernamental, para promover nuevas prácticas institucionales y ciudadanas. Hoy más que nunca necesitamos apelar a nuestro patrimonio social, un acumulado histórico de voluntades, compromisos y capacidades adquiridas, para generar las transformaciones que necesitamos. En un contexto de país en postacuerdo, con importantes logros en lo económico y fiscal, que le valieron el reconocimiento y la aceptación como miembro en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, Colombia aún tiene una deuda con la equidad, la igualdad social y unas condiciones de vida digna de amplios sectores de la población. El desempleo, la expresión de múltiples violencias, la exclusión social, la desconfianza del ciudadano en sus instituciones, la ausencia de una cultura generalizada hacia la legalidad, fragmentan y fracturan nuestra construcción social. A lo anterior se suma una extraordinaria dificultad para articular una política social que dé respuestas efectivas a

la complejidad y magnitud de los problemas que como sociedad hoy sufrimos. Nos cuesta evaluar la gestión pública en términos de beneficios concretos para la población, existen grandes debilidades territoriales en el manejo de la hacienda pública, en la evolución de aspectos esenciales como la planificación y el ejercicio de rectoría y direccionamiento de las instituciones que lideran el desarrollo. Tampoco contamos con esfuerzos decididos que integren las iniciativas públicas y privadas, en términos de mayor rentabilidad económica y en perspectiva de mayor responsabilidad social. Dada la relevancia que para la sociedad colombiana tiene el ejercicio del Control Fiscal, es de mi interés poner en discusión una serie de planteamientos e hipótesis de trabajo que tienen como propósito contribuir al fortalecimiento de la gestión pública, mediante un control fiscal efectivo en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Estas reflexiones surgen del permanente contraste entre la teoría y la realidad del ejercicio del proceso de auditoría. Las ideas principales que desarrollaré se enmarcan en un sencillo pero práctico interrogante:

Como refiere la OCDE en sus Estudios sobre gobernanza pública (OCDE, 2017), este es el mejor momento para profundizar en los análisis y la discusión sobre la función que los entes de control, para este caso las Contralorías, tienen para promover la gobernanza, desde el control a la gestión fiscal, entendida ésta como el marco de reglas, principios, instituciones y prácticas establecidas, que definen los límites e incentivos para el comportamiento de las personas y organizaciones de una sociedad en un contexto deseable de democracia. Como lo muestran experiencias de muchas ciudades y regiones en el mundo, la gestión pública adquiere un carácter más estratégico en la medida en que amplía su incidencia hacia todos los actores y recursos, públicos o no, de un territorio. Hoy la principal responsabilidad de los gobiernos es maximizar la generación de valor económico y social para los ciudadanos. Los órganos de control fiscal tienen la tarea ineludible y estratégica de incentivar la legitimidad y eficiencia de la institucionalidad pública. La autoridad que les otorga el marco jurídico las reviste de un poder adicional de cambio, que va más allá del control administrativo, financiero o legal y les facilita promover una transformación de la cultura organizacional hacia la eficiencia y transparencia. Es fundamental el aprovechamiento de estos potenciales, sin caer en el riesgo de un ejercicio de control estrecho que paralice la gestión pública. Potencialidades cargadas de valor estratégico y transformador, un terreno fértil para sembrar nuevos enfoques, métodos, procedimientos, instrumentos y

93 prácticas para un control fiscal más vinculado con el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, en el cual la sociedad esté dotada de la facultad de cocrear, de construir en conjunto mejores prácticas administrativas, en las cuales haya un proceso permanente e interactivo del ciudadano como interlocutor hábil del Estado. Se trata de realizar un ejercicio de control fiscal que además: • Propicie y genere mayores y nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de las entidades del Estado. • Promueva una cultura institucional, un aprendizaje y nuevas prácticas organizacionales. • Desarrolle otras capacidades y buenas prácticas ciudadanas. • Aporte al análisis, evaluación y desarrollo de las Políticas Públicas. • Genere un debate público constructivo sobre temas que hoy nos merecen toda la atención como el postacuerdo, el cambio climático, la reducción de pobreza y las inequidades sociales, entre otros. • Incentive el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar la transparencia institucional, la información del ciudadano y mayor acceso a los servicios sociales.

Un Control Fiscal con prospectiva de Políticas Públicas, Resultados y Sostenibilidad Acorde con las tendencias de gestión gubernamental, en las que se enfatiza el “hacer más con menos”, hay una mayor exigencia en el manejo responsable de los recursos públicos en procura de un uso efectivo, eficiente y económico de los mismos. Así las cosas, los entes de control tienen una mayor responsabilidad con la vigilancia a la gestión pública y con el apoyo que deben ofrecer para una mejor gobernanza, proporcionando a las instituciones


94 información significativa para mejorar el funcionamiento de programas que permitan anticiparse a tendencias y riesgos futuros, para un mejor análisis de problemas basado en evidencias. En perspectiva de agregar valor a la gobernanza es fundamental fortalecer el control fiscal para que aporte al análisis de contextos y genere nuevos conocimientos, que fortalezcan el impacto de las políticas públicas desde la evaluación de las mismas en sus diferentes etapas; promueva la transparencia institucional; propicie mayor participación y responsabilice a la ciudadanía en la gestión de lo público. La generación de conocimientos

En el ejercicio del control fiscal se deben priorizar temas de gran impacto y sensibilidad social, sus análisis deben ser lo más oportuno posibles y de acuerdo con el momento histórico. Se deben incrementar y profundizar los conocimientos acerca del funcionamiento del Estado y sus Instituciones, reforzar el trabajo interdisciplinar, afinar las competencias y formación investigativa de los equipos auditores. Esto en procura de informes de auditoría más analíticos, más concluyentes, que además de calificar la gestión del auditado, dejen un saldo pedagógico para la entidad y la sociedad en su conjunto. El ejercicio de auditoría debe contribuir al desarrollo de una institucionalidad más sólida y con mayores índices de confianza y credibilidad, generando mayor impacto. También, en la gestión del conocimiento toman gran valor los espacios de intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas entre entidades pares, las que deben articularse, en procura de perfeccionar metodologías de trabajo, desarrollar nuevas técnicas e instrumentos, simplificar los procedimientos de auditoría, para de esta manera ganar asertividad, optimizar tiempos, mejorar la eficiencia y obtener mayor productividad. Todo lo anterior implica que el auditor en su nuevo perfil aprehenda e incorpore las

Contraloría Municipal de Bello nuevas técnicas y tecnologías disponibles, a efectos de que adquiera competencias que lo posicionen en el contexto global. El fortalecimiento de Políticas Públicas

Cuando el gasto público se ejecuta en función de una Política Pública, el ordenador del gasto está respondiendo: a la voluntad y valores de una sociedad que quiere lograr una máxima intencionalidad, a un marco normativo y conjunto de procesos que delimitan esa intencionalidad, y finalmente a concretar su alcance a través de programas y acciones debidamente planificadas, así como a evaluar sus avances. Lo anterior implica una planeación inteligente y rigurosa de las acciones orientadas a resultados, una observancia estricta del marco normativo, una ejecución presupuestal ordenada, un seguimiento estrecho a los logros de acuerdo a los alcances definidos y una constante información a la ciudadanía sobre sus avances. Como Contralorías tenemos el mandato constitucional de velar por que los recursos públicos se destinen a lograr los fines esenciales del Estado. La sociedad colombiana tiene una gran deuda con la equidad, necesitamos reivindicar la Política Pública Social, el orden y gestión de las finanzas públicas, la rendición de cuentas, la ejecución presupuestal planificada y un monitoreo permanente a la situación y calidad de vida de la población. Necesitamos profundizar en el análisis de temas que hoy afectan la vida de miles de ciudadanos, derechos básicos como la salud, la educación, el medio ambiente y el saneamiento básico. En el contexto actual de nuestro país, de víctimas de la violencia y de búsqueda de reconciliación, deterioro del medio ambiente y cambio climático, es imperativo aprovechar la experiencia y los conocimientos adquiridos, para fortalecer las políticas públicas, mejorar la capacidad de control

Control Fiscal Territorial y promover ejercicios de auditorías especiales a problemas que afecten la dignidad humana. El control de la gestión, el control financiero y el control de resultados de la gestión del gasto público, no deben mirarse como dimensiones individuales, sino que deben integrarse y valorarse como un todo. La referencia más cercana al todo es la construcción de política pública de control fiscal, un curso de acción estatal sostenido en el tiempo, con finalidades claras, reglas de juego explícitas, procedimientos transparentes, resultados esperados, financiación acorde, seguimiento, evaluación y ajuste permanente. La Transparencia Institucional

Transparencia Institucional es equivalente a ciudadanos con mayor acceso a la información y con mayor capacidad para incidir en los asuntos que los afectan. Se agrega valor en la medida que la labor de las Contralorías contribuye a la generación de cambios de cultura organizacional, en la prioritaria atención al ciudadano, en la eficiente prestación de los servicios y en el manejo óptimo de los recursos. Colombia hoy se integra a propósitos y prácticas vigentes en las naciones desarrolladas buscando mayor transparencia, visibilidad e información relevante al ciudadano por parte de sus instituciones. El Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia, la Estrategia de Gobierno Digital, la Comisión de Moralización cumplen con estos postulados, al albergar una serie de normas de obligatorio cumplimiento para los ordenadores del gasto público, cuyo cabal seguimiento debe ser vigilado.

95 al ciudadano. Un ciudadano consciente, informado y propositivo cohesiona la sociedad, entendida esta como el conjunto de valores compartidos y la voluntad firme de actuar para que todos vivamos mejor. El ordenamiento jurídico Colombiano le otorga a la ciudadanía herramientas suficientes para hacerse visible en la toma de decisiones en el Estado, siendo necesario un mayor aprovechamiento. Es menester cualificar la participación ciudadana para garantizar el mejor resultado en el control fiscal participativo, fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos, mejorar los servicios en línea, agilizar el trámite de sus solicitudes, realizar mayor difusión de la información y acercarse de manera efectiva a la sociedad; solo de esta manera podremos garantizar un fortalecido Control Fiscal Participativo, que contribuya a la satisfacción de las necesidades, solución de los problemas y cubrimiento de las expectativas de la comunidad.

Bibliografía

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La Participación Ciudadana

La construcción de ciudadanía, además de cumplir con el principio constitucional de un Estado participativo, genera legitimidad institucional o gobernanza. Esta característica transfiere empoderamiento civil


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Revista Control Fiscal Territorial  

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