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por el gobierno al proceso de Justicia y Paz, siguiendo los pasos establecidos en la ley: versión libre, imputación de cargos, legalización de cargos, incidente de reparación y lectura de sentencia. Asimismo, se crearon áreas especializadas en otras instituciones como la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar e imputar cargos a los postulados; el área de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación, que representa a las víctimas indeterminadas y vela por el debido proceso en todas las etapas del proceso judicial; y el área de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, que dispone defensores públicos tanto para los postulados como para la representación judicial de los derechos e intereses de las víctimas. También la ley crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR, primera entidad encargada de construir el modelo de reparación de las víctimas e iniciar su implementación. Conformada por representantes de entidades gubernamentales, órganos de control y representantes de la sociedad civil. Esta comisión elaboró varias publicaciones sobre criterios para la reparación de las víctimas y la construcción de memoria. La CNRR terminó sus funciones en diciembre de 2011, tras la aprobación de la Ley de Víctimas, que creó una nueva institucionalidad para la reparación de las víctimas y la construcción de la memoria histórica. Por otra parte se creó el Grupo de Memoria Histórica como un ente vinculado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, conformado principalmente por académicos. El Grupo tuvo como fin elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identificara las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas memorias de la violencia, con una opción preferencial por las voces de las víctimas. El Grupo de Memoria Histórica publicó informes sobre la verdad y la memoria del conflicto armado en varias regiones del país. Tras la creación de la Ley de Víctimas, las actividades del Grupo de Memoria Histórica fueron asumidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

2008 - Decreto 1290 El Decreto 1290 fue aprobado en abril de 2008. Establece la indemnización por vía administrativa para las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley. La medida, que fue puesta en marcha desde julio de 2009, entregó alrededor de 18 millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, la salud física y mental,

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