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COMENTARIO Gobierno Marzo 2013

Agenda Legislativa del Gobierno Los beneficios confusos Javier Perilla1 Como es propio de la democracia, el inicio de cada período legislativo trae consigo la presentación de varios proyectos de ley de autoría de los Ministerios del Gobierno Nacional. Para esta ocasión, el Ejecutivo ha priorizado seis propuestas legislativas en torno a tres ejes principales: i) en materia social se encuentran la ley estatutaria y orgánica de la salud y la reforma al código penitenciario; ii) en materia laboral, la reforma pensional; y iii) en cuanto a modernización, la ley de infraestructura y del fuero militar. Según el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, las pocas propuestas que el Gobierno ha presentado ante el Congreso de la República, obedecen a una máxima, ya que “hoy los proyectos son de calidad y no de cantidad”, indicando que no se trata de hacer muchas propuestas, sino de trabajar en aquellas reformas que “son fundamentales para fortalecer los derechos de los colombianos”. Asimismo, anticipa el Gobierno que las iniciativas tendrán un camino, aunque no sin obstáculos, si bastante fluido, dado que ya cuentan con el apoyo de los partidos de la Unidad Nacional, y su firme disposición para entrar a debatir los asuntos propuestos y asegurar su trámite y aprobación. Pero, como es propio de la democracia también, varias de las iniciativas en mención han generado numerosas críticas desde diversos sectores del país, inclusive antes de su radicación. La nueva propuesta de reforma a la salud, por ejemplo, ha suscitado un debate amplio y de fondo, respecto del cuestionamiento sobre los verdaderos intereses detrás de los textos y sobre la borroso que se ve el escenario de los verdaderos beneficiados, en un contexto de décadas donde los colombianos afrontan la pérdida gradual de las posibilidades de contar con un servicio de salud que respete las condiciones de dignidad y protección constitucional como si de agua entre los dedos se tratara. La propuesta del Gobierno, según el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le apuesta a la protección y garantía de los derechos de la población. Para ello, elimina la intermediación financiera de las EPS; elimina el Fosyga, entidad en donde se hacían los recobros por parte de las EPS de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS; crea “Mi Salud”, que manejará los cerca de $24 billones anuales, que son los recursos que financian la salud actualmente (impuestos, contribuciones de empleados, pensionados y trabajadores independientes, recursos directos del presupuesto general y los recursos del sistema general de participaciones); POS y NoPOS se unifican; y las EPS ya no manejarán los recursos.

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Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Analista y Asesor Político. Investigador CP Axioma.


COMENTARIO Gobierno Marzo 2013

Esto, aunque con buena intención seguramente, deja entrever varias dudas y cuestionamientos. Por ejemplo, la capacidad de “MiSalud” en el manejo de tal cantidad de recursos con los respectivos pagos a más de 15 mil IPS y miles de profesionales de la salud. Asimismo, queda en inciertos el futuro de los afiliados cuando desaparezcan EPS's porque “MiSalud” asume también las afiliaciones. Y, por supuesto, el hecho de que a futuro, será la Nación la que seguramente tenga que sacar el dinero para sostener el sistema. Asimismo, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud (CSR), ha manifestado sus preocupaciones al señalar que la reforma no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos; que desconoce que el problema del actual sistema es de estructura (organización), y no de financiamiento ni de regulación; y que mantiene la estructura básica del sistema creado por la ley 100 (aseguramiento con competencia regulada y subsidio a la demanda, soportado en las EPS) con un sencillo cambio de nombres. Otro de los temas con álgida polémica es la reforma del fuero militar, que ahora facilita la caracterización de los actores ilegales para determinar la posibilidad a las fuerzas militares de repelerlos. Aunque muchas voces se han alineado a la preocupación de que este reforma favorecerá la impunidad y la violación de derechos humanos, el Gobierno ha enfatizado que aquí no hay lugar a la impunidad y que, por el contrario, se busca más justicia con una reforma diseñada a la luz de estándares internacionales en pro de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una joya de la discusión la constituye el proyecto de reforma pensional, ya que, desde febrero pasado, desde la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías -Asofondos, se hizo conocer que, tal como lo plateaba el proyecto, al ingresar más gente al régimen de prima media sería más difícil jubilarse y la actual cobertura se podría caer. Y lo insólito radica en la contradicción al ineterior del mismo Gobierno, pues presentada por el Ministerio de Trabajo, fue considerada como “inconveniente en este momento” por el Ministerio de Hacienda. Respecto de la reforma al Código Penitenciario, aunque propone varios aspectos a primera vista positivos, no entra a tomar medidas respecto de un problema estructural del sistema carcelario colombiano: el hacinamiento. Resta ahora esperar el desarrollo de los debates de estas iniciativas y aguardar a que, ojalá, los mismos se den con cara a la ciudadanía, permitiendo la participación de la misma, para enriquecer las propuestas y que todos tengamos suficientemente claro quienes se verán realmente beneficiados con sus contenidos.


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