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Estado, Sociedad y Mercado en el siglo XXI

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Seminario Internacional: “Bienes Comunes y Bien Común”

Licencia Creative Commons

Compiladora: Dra. Cristina Calvo - Directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías - PIDESONE (UBA/Seube) Diseño: Lic. D. G. María Ana Tapia Sasot Año de Edición: 2014


Estado, Sociedad y Mercado en el siglo XXI

ÍNDICE

Prólogo........................................................................................................................................................................... 5

Conferencias Magistrales

“Bienes Comunes” y “Bien Común”. Construyendo una plataforma pública basada en los bienes comunes.............................................................................................................................................................................17 Mons. Pablo Galimberti (Obispo de Salto, Uruguay)

Ponencias

Bienes naturales comunes, conflictos ambientales, participación ciudadana y ordenamiento territorial............................................................................................................................................................................35 Ana Lya Uriarte Rodríguez

La economía solidaria en América Latina y El Caribe y los Bienes Comunes.......................................47 Humberto Ortiz Roca

Cultura, identidad narrativa y auto-afeCción: la literatura y el arte como bienes comunes...........53 Cesare Del Mastro Puccio

Ganadores del Premio Elinor Ostrom

Categoría 1

- Primer Premio: El conocimiento como bien común y como promotor de desarrollo.....................................................63 Gustavo Damián Fernando Guzmán Y Fabio Diego Gabriel Guzmán (Universidad Nacional de Jujuy)

- Segundo Premio: Conectar Igualdad: evaluando las tecnologías sociales desde la concepción de los bienes comunes.............................................................................................................................................................................71 Denisse Capart, Susana Capart, Sheila Malasechevarría, Ernesto Quinteiro, Luis Salazar (Universidad de la Patagonia San Juan Bosco)

Categoría 2

- Primer Premio: Mapeando el bien común urbano: Un método paramétrico y audiovisual..........................................79 Pablo de Soto (Universidad Federal de Rio de Janeiro), Daphne Dragona y Demitri Delinikolas (Universidad de Atenas), Asilhan Senel (Universidad Técnica de Estambul) y José Pérez de Lama (Universidad de Sevilla)

Economía del Bien Común: La Economía del Siglo XXI................................................................................11 Christian Felber

Una propuesta para el análisis de conflictos sociales en términos de deliberación, agencia y reconocimiento. El caso de la minería en el Perú............................................................................................23 Gianfranco Casuso

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- Segundo Premio: La acción colectiva frente al avance del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján y primera sección de islas del Delta (Tigre)....................................................................................................................................85

Lic. D’ Amico, Gabriela, Lic. Molina Canales, Catalina, Lic. Vallejo, Noelia, Prof. Vittor, Mónica


Estado, Sociedad y Mercado en el siglo XXI

Prólogo Buenos Aires, Abril del 2014 Nos complace presentar las principales ponencias del Primer Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires los días 27 a 29 de noviembre del 2013. ¿Por qué “bienes comunes”? Los “bienes comunes”, aquellos procesos y recursos que no funcionan bajo la lógica de la propiedad mercantil/privada ni bajo la jerarquía estatal, son hoy motivo de estudio y de experimentación por parte de muchas universidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos sociales y comunidades locales. Compartir y promover los conocimientos de la academia es hoy una prioridad para desarrollar un modelo social inclusivo basado en principios de justicia social y sostenibilidad. A modo de aproximarnos a su definición, los bienes comunes son todos aquellos que presentan, por lo menos, tres características: 1) se usan colectivamente, pudiendo llegar a ser utilizados por todos 2) no pueden ser gestionados por criterios de racionalidad individual 3) no pueden ser propiedad privada. Traducidos como procomún o bienes comunes, los commons definen y determinan todos aquellos bienes que pueden ser utilizados por los miembros de las distintas comunidades específicas. Pueden ser parte del procomún tanto recursos tangibles (bosques, tierras, plazas, huertos) como bienes intangibles (software, conocimientos, información), entes sociales (democracia) o naturales (fondos marinos, recursos hídricos, genoma), siempre y cuando la gestión de los mismos sea pública y colectiva y no pertenezcan o estén gestionados exclusivamente por entidades mercantil/privadas. Entendemos los bienes comunes como un espacio de transformación y de cambio hacia un modelo social más justo y sostenible. Un modelo en el que lo colectivo recupere un espacio propio, expresión de la capacidad de la sociedad para asumir y afrontar problemas comunes, sin lógicas de monopolización por parte de los poderes económicos y/o estatales. Resulta imprescindible ubicar el estudio y la protección de los bienes comunes junto a la necesidad de profundizar sobre nuevos paradigmas en economía. Frente al agotamiento de un sistema de acumulación que genera desigualdades urge caminar hacia una “economía del bien común”. El éxito de este Primer Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común se debió a la convergencia de tres instituciones de gran prestigio, trayectoria e incidencia en el campo de la dignidad humana como el Consejo Episcopal de América Latina (CELAM, la Comisión Episcopal de Acción Social del Perú (CEAS) y el Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires (PIDESONE- Seube/UBA). Esta convergencia facilitó el acceso y el inicio de una vinculación con gran proyección futura hacia numerosas cátedras universitarias, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, movimientos ecuménicos, organizaciones religiosas, cuyo interés es el liderazgo juvenil como protagonistas de un cambio de paradigma centrado en el desarrollo humano integral solidario y el compromiso en el campo del bien público y del bien común. El Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías (PIDESONE) se constituyó en el mes de marzo del 2013 con un “Consejo de Honor” compuesto por autoridades académicas y religiosas del más alto nivel no sólo en Argentina sino en América Latina y en el resto del mundo: Mons. Jorge Lozano- Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina y ex integrante del Depto. de Justicia y Solidaridad del CELAM; Obispo Metodista Aldo Etchegoyen – Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Rabina Silvina Chemen – Directiva de la 5


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Fundación Ana Frank de la Argentina; Dr. Sumer Noufouri – Presidente de la organización islámica El Olivo; Dra. Alicia Pierini – Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Dr. Bernardo Kosacof – Ex Director de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina); Prof. Stefano Zamagni – Economista de renombre internacional y miembro de la Pontificia Comisión Justicia y Paz del Vaticano. Además, el presente proyecto contó con el apoyo del entonces Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Rubén Hallú, con el apoyo del nuevo Rector, Dr. Alberto Barbieri, que era Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en cuya sede se realizó el Primer Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común y con el acompañamiento de la Dra. Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la UBA. Cabe destacar que el Honorable Senado de la República Argentina declaró de “interés parlamentario” al Primer Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común, y la Asociación Mutual Israelita de la República Argentina (AMIA) le dio su formal adhesión institucional. Agradecemos profundamente la colaboración del Programa Nacional “Amartya Sen” y la participación de jóvenes y tutores de todo el país. El economista y filósofo austríaco, Christian Felber, impulsor a nivel internacional de la “economía del bien común” nos honró con su palabra y su presencia. Publicamos los trabajos ganadores del Premio Elinor Ostrom. El Premio Elinor Ostrom1 es instituido por el Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Bienes Comunes (PIDESONE) a fin de promover entre los jóvenes la investigación sobre los bienes comunes, en cuanto cimientos de un modelo social justo y sustentable. En coherencia con la perspectiva de los bienes comunes, la presentación de proyectos en el certamen debía ser de carácter colectivo: 2 o más participantes por proyecto. Los ejes de trabajo considerados para la primera edición del premio han sido: 1) Abordajes conceptuales sobre los bienes comunes 2) Bienes comunes, democracia y políticas públicas 3) Bienes comunes y desarrollo local 4) Bienes comunes globales e integración regional. Se constituyó un comité de selección compuesto por tres miembros, y se contemplaron dos categorías para la presentación de trabajos: ‘alumnos’ y ‘docentes y graduados’. La primera edición del premio arrojó como resultado la presentación de 10 proyectos, a cargo de 28 participantes, con 16 instituciones de referencia citadas a continuación: Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Valles (España). Universidad Diego Portales (Chile). Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Universidad de Atenas. Universidad Técnica de Estambul. Universidad de Sevilla. Instituto Bartolomé de las Casas, Lima. Centro de Ética Aplicada, Universidad del Pacífico – Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Escuela de Ciencias de la Información, UNC. Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional de Jujuy). Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Proyectos ganadores de la Categoría Alumnos:

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Primer Premio: “El conocimiento como bien común y como promotor de desarrollo”. Autores: Gustavo Damián Fernando Guzmán, Fabio Diego Gabriel Guzmán. Institución de Referencia: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy

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Se instituyó el Premio Internacional Elinor Ostrom en honor a la primer mujer Premio Nobel de Economía, fallecida recientemente, que fue galardonada con dicho premio precisamente por demostrar que las sociedades priorizan el interés general cuando pueden comunicarse y organizarse en la defensa de los bienes comunes. Su trabajo trata sobre la cooperación, mientras que la ciencia económica estándar se centra en la competencia.


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Segundo Premio: “Conectar igualdad: evaluando las tecnologías sociales desde la concepción de los bienes comunes”. Autores: Capart, Denisse; Capart Susana; Malasechevarria, Sheila; Quinteiro, Ernesto; Salazar, Luis. Institución de Referencia: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco

Proyectos ganadores de la Categoría Docentes y Graduados: -

Primer Premio: “Mapeando el bien común urbano: Un método paramétrico y audiovisual”. Autores: Pablo de Soto, Daphne Dragona y Demitri, Delinikolas, Asilhan Senel y José Pérez de Lama. Institución de Referencia: Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad de Atenas, Universidad Técnica de Estambul, Universidad de Sevilla.

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Segundo Premio: “Proyecto de Investigación “Urbanismo Privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del río Luján”. Autores: Lic. D’ Amico, Gabriela, Lic. Molina Canales, Catalina, Lic. Vallejo, Noelia, Prof. Vittor, Mónica. Institución de referencia: Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata”.

Con el deseo y la esperanza de avanzar en este proyecto tan necesario para la humanidad de hoy ofrecemos la presente publicación.

Dra. Cristina Calvo (Directora) Dr. Enrique del Percio (Co-Director) Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías (UBA-SEUBE)

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CONFERENCIAS MAGISTRALES

ECONOMIA DEL BIEN COMÚN: LA ECONOMIA DEL SIGLO XXI

“BIENES COMUNES” Y “BIEN COMÚN” CONSTRUYENDO UNA PLATAFORMA PÚBLICA BASADA EN LOS BIENES COMUNES

CHRISTIAN FELBER

MONS. PABLO GALIMBERTI, OBISPO DE SALTO (URUGUAY)

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ECONOMIA DEL BIEN COMÚN: LA ECONOMIA DEL SIGLO XXI CHRISTIAN FELBER Resumen en 20 puntos, 1 de febrero de 2012 Según una encuesta de la fundación Bertelsmann, el 80 por ciento de los alemanes y el 90 por ciento de los austriacos esperan un nuevo orden económico. La economía del bien común (Deuticke, 2010) es un sistema económico alternativo completo, los fundamentos habían sido desarrollados por Christian Felber en Nuevos valores para la economía (Deuticke, 2008) y más tarde pulidos por un, cada día mayor, círculo de empresarios. El fin es escapar de la discusión estéril: “Quien está contra el capitalismo, está con el comunismo” y ofrecer un camino concreto y viable para el futuro. Hasta finales del 2011 apoyaron la iniciativa más de 500 empresas de 13 países. 200 empresas pioneras aplicanrán el corazón del modelo, el Balance del Bien Común. El movimiento crece globalmente en cada día más ramas de actuación. 31 “Campos de energía” (grupos de apoyo local) se han fundado hasta la fecha en Austria, Alemania, Italia, Suiza, Liechtenstein, España, Argentina y Honduras. Aquí presentamos los 20 puntos centrales: 1. La economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones: confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad. Según recientes investigaciones científicas conseguir buenas relaciones es la mayor fuente de motivación y felicidad de los seres humanos. 2. El marco legal económico experimenta un giro radical, cambiando las reglas del juego de afán de lucro y competencia por cooperación y contribución al bien común: Empresas que practican la cooperación serán recompensados. En cambio, el comportamiento competitivo conlleva desventajas. 3. El éxito económico no es medido por indicatores monetarios como el beneficio financiero o el BIP, sino con el balance del bien común (a nivel de empresas) y el producto del bien común (a nivel de sistema). El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del balance del bien común alcanzados. Mejorando los resultados del balance del bien común de las empresas en una economía nacional, mejorará el producto del bien común. 4. Las empresas con buenos balances del bien común disfrutarán de ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles ventajosos, créditos baratos, privilegios en compra pública y a la hora de reparto de programas de investigación, etc. La entrada en el mercado se verá, por tanto, más favorecida para actores éticos y sus productos y servicios, que los de los no-éticos, indecentes y no ecológicos. 5. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a ser medio. Éste sirve sólo para aumentar el ‘nuevo’ fin empresarial: Aportación al bien común. Los excedentes del balance financiero deberán utilizarse para: inversiones con plusvalía social y ecológica, devolución de créditos, depósitos en reservas limitadas, bonificación a los empleados de forma restringida, así como créditos sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán los excedentes para bonificar a personas que no trabajan en la empresa, adquisición hostil de otras empresas, inversión en mercados financieros (éstos dejarán de existir), o aportaciones a partidos políticos. En contrapartida, el impuesto sobre el beneficio empresarial será eliminado. 11


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6. Como el beneficio financiero es ahora un medio, y deja de ser un fin, las empresas pueden esforzarse hacia su tamaño óptimo. No tienen que temer ser adquiridas, o sentirse obligadas a crecer para ser más grandes, más fuertes o con mayores beneficios. Todas las empresas están liberadas de la coerción de crecer y tragar. 7. Exisitiendo la posibilidad de aspirar sin miedo al tamaño óptimo, habrá muchas empresas pequeñas en todas las ramas. Como no tienen que crecer más, les será más fácil cooperar y practicar la solidaridad. Se pueden ayudar mutuamente con conocimientos, tecnología, encargos, personal o créditos sin interés. Serán recompensadas con resultados del balance del bien común positivos. Las empresas van formando una red de aprendizaje solidaria, la economía se transforma en un sistema win-win. 8. Las diferencias de ingresos y patrimonios serán limitadas: Ingresos máximos de por ejemplo 20 veces el salario mínimo. Propiedades que no excederán p. ej. los 10 millones de euros, el derecho de cesión y herencia, 500.000 euros por persona, en empresas familiares a 10 millones de euros por hijo. El excedente sobre estos límites serán repartidos a través de un “fondo de generaciones” como “Dote democrático” a las siguientes generaciones: igualdad de capital inicial significa mayor igualdad de oportunidades. (Los márgenes exactos deberán ser definidos democráticamente en una asamblea económica.) 9. En grandes empresas a partir de un elevado numero de empleados (por ejemplo, más de 250) los derechos de decisión y propiedad pasan parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos. La población podrá ser representada directamente a través de “parlamentos económicos regionales”. El gobierno no posee derecho decisorio o de intervención en empresas publicas. 10. Esto es igualmente válido para los bienes democráticos, la tercera categoría de propiedad, junto a una mayoría de pequeños y medianos empresarios y grandes empresas de propiedad mixta. Por bienes democráticos entendemos instituciones económicas públicas en campos de enseñanza, salud, acción social, movilidad, energía, o comunicación: la infraestructura básica. 11. Un bien democrático importante es el banco democrático. Éste sirve, como todas las empresas, al bien común y, como todos ellos, controlado por la ciudadanía soberana y no por el gobierno. Sus servicios consisten en depósitos de ahorro garantizados, cuentas corrientes gratuitas, créditos de interés reducido y créditos de riesgo com plusvalía social y ecológica. El Estado se financia primordialmente a través de créditos sin interés del Banco Central. El Banco Central obtiene el derecho exclusivo de la creación de dinero y efectúa las transacciones de capitales internacionales para impedir evasión fiscal. Los mercados financieros en la forma actual ya no existen. 12. Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes del 1944, se establece una cooperación monetaria global a base de una unidad de calculación (p. ej. “globo”, “terra”) para el comercio international. A nivel local, monedas regionales pueden complementar la moneda nacional. Para protegerse de la competencia injusta, la UE inicia una zona de comercio justo (Zona del Bien Común) con estándardes harmonizados o con tarifas aduaneras correlacionadas con el resultado del BBC de la empresa productora. A largo plazo, la meta es una Zona del Bien Común en la ONU. 13. A la naturaleza se le concede un valor propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. Quien necesite un pedazo de tierra para vivir, agricultura o comercio, se le cede una superficie limitada de forma gratuita o pagando una tasa de utilización. El uso de la tierra está condicionado a criterios ecológicos y al uso concreto. Esto será el final de la especulación inmobiliaria, el “landgrabbing” (apropriación de grandes superficies por multinacionales u otros países) y el latifundismo. En contrapartida, se anula el impuesto sobre el terreno.

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14. El crecimiento económico deja de ser un fin. Un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica de personas privadas, empresas y naciones, hacia un nivel globalmente sostenible y justo. El imperativo categórico de Kant será extendido a la dimensión ecológica. Nuestra libertad de elegir un estilo de vida determinado encuentra su fin cuando limita la libertad de otros de elegir el mismo estilo de vida o por lo menos llevar und vida en dignidad. Personas privadas y empresas serán incentivadas para medir su huella ecológica y reducirla a un nivel globalmente sostenible y justo. 15. El horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonadamente hacia la marca, deseada por mayoría de 30 a 33 horas semanales. De este modo queda tiempo libre para otros tres campos de trabajo de gran importancia: trabajo de relaciones y cuidados (niños, enfermos, ancianos), trabajo de crecimiento personal (desarrollo de la personalidad, arte, jardín, ocio), trabajo en la política y -2- actividades públicas. Como consecuencia de este reparto más equlibrado entre las distintas actividades, el estilo de vida se hará más suficiente, menos consumidor, y más sostenible. 16. Cada décimo año en la profesión es un “año sabático” que será financiado a través de un salario mínimo incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un diez por ciento de la tasa de desempleo en la Unión Europea. 17. La democracia representativa será completada por la democracia directa y la democracia participativa. La ciudadanía soberana debería poder controlar y corregir su representación, decretar leyes por si misma, modificar la constitución y poder controlar las infraestructuras de abastecimiento: ferrocarril, energía, agua, correos, bancos. En una democracia real son idénticos los intereses de los representantes y los de la ciudadanía soberana. Requisitos para ello son derechos constitucionales de co-legislar y de controlar por parte de la ciudadanía soberana. 18. Todos los puntos angulares deberán madurarse a través de discusiones intensas en un amplio proceso de bases, antes de que se conviertan en leyes elaboradas por una asamblea económica directamente elegida; su resultado se votará democráticamente por la ciudadanía soberana. Lo que sea aceptado, se introducirá en la constitución y sólo podrá volverse a cambiar con el respaldo de la ciudadanía soberana. Aparte de la asamblea económica del bien común puede haber otras convenciones para profundizar la democracia: asamblea para la educación, asamblea para los medios de comunicación o una asamblea para el desarrollo de la democracia. 19. Para afianzar en los niños los valores de la economía del bien común y poderlos practicar, el sistema de educación debería estar orientado igualmente hacia el bien común. Esto requiere otra forma de enseñanza y otros contenidos, como por ejemplo: emocionología, ética, comunicación, educación democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal. 20. Debido a que en la economía del bien común, el éxito empresarial posee un significado muy diferente al que actualmente recibe, se demandan otras competencias de gestión. Las empresas ya no buscan a los gerentes más duros y ejecutivos de la “eficiencia cuántitativa”, sino a los más responsables y socialmente competentes, los más empáticos y sensibles que consideran la codeterminación como una oportunidad y un beneficio para todos. La economía del bien común no es ni el mejor de los modelos económicos ni el final de una historia, sólo el paso siguiente hacia un futuro más sostenible, justo y democrático. Se trata de un proceso participativo, de desarrollo abierto que busca sinergia en procesos similares como: economía solidaria, economía social, movimiento de bienes comunes, economía del postcrecimiento o democracia económica. Juntando sus esfuerzos, una gran cantidad de personas y actores son capaces de crear algo fundalmente nuevo. La implementación de la visión requiere motivación intrínseca y autorres13


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ponsabilidad, incentivos económicos, un orden político-legal coherente, así como concienciación. Todas las personas, empresas y comunidades están invitadas a participar en la reconstrucción de la economía hacia el bien común. Más información en: www.economia-del-bien-comun.org Contacto: Ana Moreno: espania@economia-del-bien-comun.org

EL MUNICIPIO DEL BIEN COMÚN

Una estrategia de cambio desde abajo

El 6 de octubre de 2010 se inició en Viena el proceso de reforma económica de abajo a arriba (bottomup) conocido como “Economía del Bien Común”. El movimiento se propone abolir la contradicción fundamental de valores entre capitalismo, sociedad y naturaleza. Para conseguir ese objetivo debe producirse el cambio desde un marco jurídico que incentiva la ganancia financiera y la competitividad hacia otro que aspira a lograr el bien común y la cooperación, y que medirá el éxito económico futuro según la producción y el balance del bien común. La idea se está propagando como el viento. A finales de marzo, casi 600 empresas de 14 países apoyaban la iniciativa; aproximadamente otras 250 se sumarán en 2012al balance del bien común. Más de 30 de campos de energía locales, que acompañan a las empresas y dan a conocer las ideas, se están diseminando desde los Alpes hasta Latinoamérica y Nueva York, pasando por España. También en Vorarlberg se unen a los campos de energía cada vez más empresas y personas privadas. Actualmente se está desarrollando el concepto de Municipio del Bien Común. Formalmente un municipio puede convertirse en municipio del bien común mediante una declaración del concejo municipal elaborada por la Asociación del Bien Común, y puede ser completada por propias ideas e iniciativas del municipio. Los elementos básicos de un municipio del bien común podrían ser los cinco proyectos siguientes: 1. Un municipio del bien común invita a los empresarios del lugar a realizar el balance del bien común; éste da a conocer públicamente al grupo de empresas pioneras y hace visibles sus servicios especiales en favor del bien común, por ejemplo a través de una celebración anual (“La actividad económica general está al servicio del bien común”, Artículo 151 de la Constitución del Estado Libre de Baviera). Además, las empresas pioneras pueden ser promocionadas mediante diversos incentivos, sobre todo en la contratación y la compra pública. En algunas regiones como el Tirol del Sur se ha constatado que los asesores de empresa más expertos del lugar acompañan el proceso de las empresas pioneras y ofrecen, en un mismo paquete, desde las primeras informaciones sobre la Economía del Bien Común hasta el primer balance auditado. Los costes de este servicio pueden correr a cargo del municipio. Un proceso de balance semejante con las empresas locales podría integrarse también en otros procesos, como por ejemplo, en una LA 21 o en procesos de desarrollo regional. “También en Vorarlberg colaboran cada vez más empresas y personas privadas en campos de energía locales” 2. Un municipio del bien común hace en su propio ámbito administrativo y económico un balance del bien común, lo publica e invita a municipios amigos y vecinos a hacer lo mismo. Más adelante el resultado obtenido del balance del bien común podría tener consecuencias para las ayudas 14


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de la Comunidad Europea destinadas a los municipios y para la compensación financiera. Si un municipio hace mucho en favor de la gente y de la naturaleza, debe disfrutar de ciertas ventajas fiscales, en comparación con aquellos municipios que hacen menos esfuerzos. Actualmente la capital de una provincia austriaca está considerando la creación de un balance del bien común para la administración municipal. En Alemania hay dos universidades que consideran la creación de un balance del bien común. “El objetivo no es que un municipio sea “mejor” que otro sino que quiera conseguir mejoras en aquellos factores de calidad de vida que le importan”. 3. El desarrollo participativo de un “índice del bien común municipal”, un índice de calidad de vida que está ubicado en un nivel intermedio entre el producto del bien común (economía) y el balance del bien común (empresa). A través de procedimientos de participación ciudadana se podrían determinar los de entre diez a veinte factores de calidad de vida más importantes. Éstos podrían ser medidos una vez al año, en parte a través de encuestas que engloben a todos los hogares. A diferencia del producto del bien común, que debería ser uniforme, al menos a nivel de la Comunidad Europea, los índices del bien común pueden ser diferentes de un municipio a otro. El objetivo no es que un municipio sea “mejor” que otro, sino que quiera conseguir mejoras en aquellos factores de calidad de vida que le importan. 4. Proyecto de participación ciudadana para facilitar y promover una “convención económica municipal”. En ésta los/las ciudadanos/as fijan unas veinte reglas jurídicas que deben regir la economía. Según una encuesta realizada por la Fundación Bertelsmann en julio de 2010, el 90 por ciento de los/las austriacos/as está a favor de un nuevo orden económico. ¿Quién, si no la propia población podría desarrollar los principios de un orden económico más humano, más democrático, más social, más ecológico y regional? Normalmente una convención escribe la Constitución para un ente democrático. En la convención económica se elabora “sólo” la parte económica de la Constitución - por primera vez en la historia de la humanidad en un proceso de abajo a arriba (bottom-up). El “diseño procesual” para la convención económica está siendo elaborado por un amplio equipo de redactores/redactoras de la sociedad civil. Estará disponible a más tardar en septiembre de 2012. 5. Organizar una “región del bien común”. Varios municipios del bien común pueden reunirse en su área geográfica - por ejemplo Pinzgau Vintschgau, Allgäu, Vorarlberg, Thurgau - para formar regiones del bien común. De esta manera, los municipios pueden aprender juntos y fecundarse mutuamente. Una región del bien común puede, en cooperación con municipios del bien común, invitar a la provincia correspondiente a convertirse en una provincia del bien común. Gran interés internacional por el concepto de municipio del bien común. Aunque la iniciativa de la economía del bien común es aún muy joven, ya hay un interés considerable por el concepto en Austria, Baviera, Tirol del Sur, Suiza y España. A lo mejor alrededor del 6 de octubre, el segundo aniversario de la puesta en marcha del “Proceso global Economía del Bien Común”, los primeros candidatos a municipio del bien común podrán anunciar (en el marco de la segunda conferencia de prensa internacional sobre el balance del bien común) que para el año 2013 van a convertirse en los primeros municipios del bien común y a poner en práctica uno tras otro los proyectos arriba mencionados. Más información: www.economia-del-bien-comun.org Contacto: espania@economia-del-bien-comun.org

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“BIENES COMUNES” Y “BIEN COMÚN” CONSTRUYENDO UNA PLATAFORMA PÚBLICA BASADA EN LOS BIENES COMUNES MONS. PABLO GALIMBERTI (OBISPO DE SALTO, URUGUAY) En la pantalla que está a mi derecha, en la parte inferior,aparecen las instituciones que organizan o patrocinan este Seminario Internacional. El logo que ven en el extremo derecho de la pantalla dice CELAM junto al mapa simplificado de América Latina. El CELAM es un organismo de apoyo a los obispos católicos de América Latina y el Caribe. Verán también un gran “bastón” sobre el mapa; simboliza la tarea de los obispos, que es “pastorear”, es decir, conducir. Dice el Papa Francisco en su reciente Encíclica que los obispos tienen que caminar, a veces, adelante, otras veces, en el medio; y otras veces, atrás, porque hay gente que en algunos aspectos sabe más que nosotros y hay que escucharlos. En esta mañana yo me encuentro que estoy “detrás” de ustedes, escuchando y aprendiendo. Les traigo el saludo del Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Monseñor Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlaneplanta (México) y de Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, Perú, y Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Este organismo episcopal ha dado gustosamente apoyo a este Seminario. Uno de los objetivos de este Departamento es:

“fortalecer los aún débiles procesos democráticos que garantizan el reconocimiento de los derechos plenos y deberes de todos. Los Estados tienen el deber de asegurar el anhelo de la inclusión y la participación plena de todos los ciudadanos, sin prejuicios o discriminación de género, creencia religiosa, identidad social, cultural, racial o étnica. Hoy la tierra misma corre peligro, pues vivimos en un planeta herido por nuestra agresiva y depredadora relación con la naturaleza. Nos es difícil abandonar hábitos tan anidados en nuestra civilización, para buscar alternativas que cuiden y favorezcan “nuestra casa común”.

Paso ahora a un breve aporte en relación a la polaridad “Bienes Comunes y Bien Común”, tema de este Seminario Internacional, a partir de una página del Evangelio. Esbozaré una interpretación “alegórica”. La conocida parábola del Buen Samaritano (San Lucas cap. X)sugiere tres escenarios con respecto a las dinámicas de relacionamiento existentesen nuestras sociedades (entre personas, grupos, regiones o países). a. El primer escenario es la violencia La parábola comienza así: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto”. La “inseguridad” (existencial, psicológica, religiosa, familiar, social, jurídica, laboral, política o económico-financiera) es una experiencia cotidiana. 17


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Jerusalén, capital religiosa y política, desde donde bajaba el hombre que fue asaltado, está a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar (la metáfora de la “altura” podría sugerir la distancia entre los centros de poder y las periferias). El Mar Muerto -(realidad y metáfora de un lugar donde no hay vida)–cerca del cual estaba Jericó (destino del viajero asaltado), está a 400 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto en poco más de treinta kilómetros, este camino bajaba 1.200 metros y corría entre desfiladeros rocosos con curvas imprevistas; lugar ideal para asaltantes. Tocar el tema de la violencia es abrir una “caja de Pandora”: cada día crece la conciencia que ella está en todos los rincones de la vida: violencia de género, violencia religiosa (año 2011: mas de 100.000 asesinatos de cristianos), ycon diversa intensidad en las estructuras de convivencia:familia, barrios de nuestras ciudades, “asentamientos” o “villas miserias”. b. El segundo escenario es la “indiferencia”. El “otro” o “los otros” están allí, caídos, pero entre nosotros y ellos hay un muro invisible. En la parábola, estaactitud está representada por el sacerdotede la Antigua Ley (que en una sociedad teocrática, no es sólo el hombre del culto; también interviene en la vida social y política). Este personaje ve al hombre herido pero da un rodeo y sigue de largo. Son personaspara quienes los“valores ceremoniales o rituales”están por encima de la solidaridad con espesor cordial y corporal. Pero la aparente “indiferencia”, muchas veces esconde actitudes de “sospecha”: ¿qué andaría haciendo ese hombre por ese camino tan peligroso y solo? ¿En qué negocios andará? En mi país cuando pasan cosas como esta o a uno le va muy bienen los negocios en poco tiempo, se oye decir fácilmente, “debe andar en la droga” o también “habría que investigar”. Y se alimentan fantasías o hipótesis de espionajes, que hoy incluso parecen estar de moda y hasta con algún fundamento. c. El tercer escenario –donde está el mensaje de la parábola- es el de las relaciones deproximidad o “projimidad”. Quienes están caídos o postergados no son extraños. Ante ellospodemos elegir aproximarnos, hacernos “próximos”. Para el Antiguo Testamento el “prójimo” es el israelita. Jesús ofrece un nuevo sentido al término “prójimo”. Es cualquier persona (podríamos añadir: región del propio país, continente o poblaciones del mundo) a quienes podemos aproximarnos con actitud cordial y ayudar. Hacerse “prójimo” no es cuestión de distancia física (cuántos metros o kilómetros me separan). Es una opción lúcida y comprometida. Los gestos de “projimidad” devuelven dignidad, esperanza y fuerzas vitales. La ayuda es concreta, la solidaridad no se guía por manuales de procedimiento.Es “la imaginación de la caridad”, comodecía San Vicente de Paúl. El samaritano, según la parábola, “se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue, se encargó de cuidarlo y sacó dos denarios: cuídalo, lo que gastes de mas te lo pagaré al volver”.

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Esta sucesión de siete acciones concretas, que tejen una historia de“projimidad”, invitan a imaginar las diversas formas de solidaridad entre familias, colaborando con centros educativos, enun barrio, una ciudad, país o región. Este “salir” desde nuestros centros de poder (religioso, económico, político….) hacia las diferentes “situaciones de periferia”, es una exigencia subrayada por el Papa Francisco. Hablando al mundo académico y cultural en su visita a Cerdeña, (22/09/13) el Papa Francisco expresó que la crisis actual “puede ser momento de purificación y de replanteamiento de nuestros modelos económico-sociales”. Destacaba asimismo el papel de la Universidad como lugar donde se elabora la cultura de la proximidad o de la cercanía. “La Universidad es el lugar privilegiado en el que se promueve, se enseña, se vive esta cultura del diálogo, que no nivela indiscriminadamente diferencias y pluralismos –uno de los riesgos de la globalización es éste-, ni tampoco los lleva al extremo haciéndoles ser motivo de enfrentamiento, sino que abre a la confrontación constructiva. Esto significa comprender y valorar las riquezas del otro, considerándolo no con indiferencia o con temor, sino como factor de crecimiento”. (L´Oss. Rom. ed. Española, 27 set 2013, pág. 15) Para terminar, planteo una entre las muchas posibles aplicacionesdel tema de este Seminario a las relaciones entre centro y periferia o entre lo local y lo global, en nuestras sociedades (Son ideas desarrolladas por un docente de la Universidad Católica en Uruguay, el Dr. José Arocena) En cada territorio y en cada época el equilibrio local-global está teñido por la forma como se ha ido construyendo la organización social. En el caso latinoamericano, ese equilibrio se ha visto desvirtuado por los procesos posteriores a la independencia, que han tendido a favorecer los “centros” sobre las “periferias”. El centralismo triunfante en esos procesos ha producido un debilitamiento y una desvalorización de lo “local”. Aun hoy, existen defensores de las virtudes del centralismo globalizante y uniformador, que temen la manifestación de las diferencias en la expresión organizada de las especificidades locales. Se atribuye a los procesos centralizadores, el mérito de haber posibilitado la construcción de los Estados latinoamericanos y de haber asegurado, mediante políticas globales, los intereses del conjunto de la población por encima de los particularismos. Se teme que la descentralización produzca la explosión de múltiples intereses particulares y que esto haga retroceder los logros alcanzados a nivel del interés general. Sin negar el rol de los procesos centralizadores en la construcción de las naciones, es necesario limitar el efecto paralizador de un sistema que monopoliza la iniciativa en su “centro”. Sin desconocer la importancia de las conquistas “globales” en una sociedad determinada, no hay que olvidar que esas conquistas no contemplan un sinnúmero de necesidades cuya expresión es solamente local. La superación de las formas centralistas de organización social es el único camino para lograr una reconstrucción de la dimensión local y en esa medida, para lograr auténticos procesos de desarrollo local. Nuestras sociedades están enfermas de centralismo y muestran esta patología en la falta de iniciativa local, en la actitud de espera del “maná” que vendrá del gobierno central, para satisfacer las necesidades más elementales. Los procesos de descentralización deberán acentuar el potencial de las sociedades locales, sin descuidar las interrelaciones complejas que existen entre los diferentes niveles de gobierno. ¡Muchas gracias!

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PONENCIAS Una propuesta para el análisis de conflictos sociales en términos de deliberación, agencia y reconocimiento. El caso de la minería en el Perú

Gianfranco Casuso

Bienes naturales comunes, conflictos ambientales, participación ciudadana y ordenamiento territorial

Ana Lya Uriarte Rodríguez

La economía solidaria en América Latina y El Caribe y los Bienes Comunes Humberto Ortiz Roca Cultura, identidad narrativa y auto-afección: la literatura y el arte como bienes comunes

Cesare Del Mastro Puccio

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Una propuesta para el análisis de conflictos sociales en términos de deliberación, agencia y reconocimiento. El caso de la minería en el Perú2

Gianfranco Casuso 1. La realidad del conflicto minero: Contradicción entre crecimiento e insatisfacción Desde comienzos del año 2000, debido a una creciente oposición popular frente a las actividades extractivas, fueron implementados en el Perú mecanismos que permitirían incrementar el margen de transferencias fiscales por concepto de extracción minera, en la lógica de que ello debería mejorar los estándares de vida y convencer a la población de los beneficios de la minería. La primera innovación llegó el año 2001 con la aprobación de la Ley 27506, por la cual se incrementaba de 20 a 50 por ciento las transferencias por concepto de canon minero. Numerosos ajustes dirigidos a mejorar la asignación a cada gobierno subnacional devinieron en una reforma que fue finalmente suscrita en julio de 2004 (Ley 28332). Hacia esta fecha se da una situación excepcional respecto al precio de los commodities mineros a nivel internacional, lo que permitió que desde el año 2004 al 2007 las transferencias aumentaran 13 veces, es decir, de 90 millones USSD a más de 1000 millones. Debido al alto nivel de ingresos de las mineras y luego de que diferentes actores demandaran una revisión de los contratos de estabilidad tributaria y exoneración de pago de regalías firmadas en la década del noventa con numerosas empresas, el entonces presidente Alan García lleva a cabo, en diciembre de 2006, lo que sería la segunda innovación institucional: el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, mejor conocido como “óbolo minero”, a través del cual se eximía a las empresas del pago de impuestos a las sobreganancias, a cambio del compromiso de invertir en proyectos de desarrollo social en las regiones mineras. A pesar de todo ello, de acuerdo al Reporte de la Defensoría del Pueblo (2009) el número de conflictos sociales desde Febrero de 2004 hasta Diciembre de 2008 tuvo un crecimiento histórico, pasando de 47 a 197 –llegando a la cifra de 220 (entre activos y latentes)- en octubre de 2013). Lejos de verse amainados, los conflictos aumentaron en cantidad e intensidad, siendo lo más desconcertante el hecho de que se concentraran precisamente en aquellas zonas que percibían canon minero o en jurisdicciones aledañas a la zona de explotación minera (como Ancash o Cajamarca). Los rediseños institucionales no consiguieron mejorar los indicadores de bienestar social y económico en las regiones mineras y más bien parecen ser –paradójicamente– los principales causantes de la escalada de conflictos. Para algunos especialistas, como Javier Arellano, la razón fundamental de esto último es la creación de una estructura de incentivos por rentas mineras que propiciaría el incremento cuantitativo de la 2 Los resultados presentados en este artículo forman parte de una investigación financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero agradecer a Pepi Patrón, quien dirige el equipo en el que se enmarca este trabajo, y a Hernán Aliaga por su valiosa colaboración en la recolección y sistematización de los datos empíricos. 23


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conflictividad3. En tal sentido, Arellano distingue tres tipos de conflictos, de los cuales dos responden a la estructura de incentivos existente a partir de las innovaciones institucionales de 2004 y 2006. Estos últimos serían: (1) conflictos que instrumentalizan la protesta para negociar una mejor redistribución de la renta (cuanto más exitosos son los actores locales en “aparentar” que su movilización conlleva una oposición radical a la minería, más fuerte es su posición negociadora con la empresa4) y (2) conflictos que emplean la protesta buscando una redistribución más favorable de la renta entre los distintos niveles de gobierno y la población. Este se subdividiría a su vez en (2.1) conflictos entre la población y autoridades locales por ineficiencia en el manejo del canon; (2.2) conflictos entre niveles de gobierno en torno a las reglas para la distribución de las transferencias de canon minero y otras transferencias fiscales; y (2.3) conflictos entre límites fronterizos de jurisdicciones vecinas y eventuales beneficiarias del canon. Finalmente, el tipo de conflicto más emblemático sería (3) aquel que supone una genuina oposición a la minería, frecuentemente relacionada con la potencial afectación a los medios de vida de los involucrados. A la par del incremento cuantitativo de los conflictos, la estructura de incentivos ejerce también una significativa transformación cualitativa de los móviles de la protesta, redirigidos hacia la búsqueda de beneficios inmediatos, en lugar de hacia cambios en las leyes o en las prácticas de gobierno (Arellano Yanguas 2011: 182) o, incluso, de estructuras y categorías sociales. De esta manera, el potencial constructivo del conflicto social se minimiza estratégicamente, se obtura y distorsiona en la misma proporción en que los involucrados minimizan, obturan y distorsionan sus demandas, traducidas ahora a estrictos reclamos monetarios5. 3 “Esas innovaciones ni abordaron la incapacidad del Estado de promover con eficacia el interés colectivo ni contribuyeron a reforzar su legitimidad en las zonas rurales del país. En cambio, crearon incentivos para que distintos actores en las regiones mineras recurrieran a los conflictos para maximizar las ventajas que pudieran obtener de esos nuevos mecanismos de redistribución” (Arellano Yanguas 2013: 155) 4 “Las poblaciones locales con frecuencia enmarcaban sus demandas en discursos sobre daños ecológicos y los perjuicios que la minería les suponía para sus medios de subsistencia. Sin embargo, las negociaciones se solían centrar en oportunidades de empleo, compensación económica, promoción de pequeñas empresas locales e implementación de proyectos de desarrollo social” (Arellano Yanguas 2013: 168) 5 No solo ello, aunque el factor “canon minero” es el principal elemento distorsionador y, en buena medida, encubridor del carácter multidimensional que originalmente alberga toda demanda, la implementación del “óbolo minero” (por lo demás, ilustrativa de una dinámica extendida de transferencia de responsabilidades desde el Estado hacia los actores privados) contribuyó a generar una comprensión anómala acerca de las responsabilidades que le corresponden al Gobierno central. En la práctica, esta política conllevó que las empresas se convirtieran en el principal foco de la ira y de las demandas populares, erosionando la legitimidad del Estado al reafirmar la convicción de que este ni era un mediador imparcial, ni tenía presencia en las zonas más remotas del país, a menos que se necesitara imponer los intereses de la élite económica, con frecuencia a través del empleo de la violencia (Arellano Yanguas 2013: 162). Arellano comenta el estudio hecho por Goldber y colaboradores (publicada el 2008) analizando una base de datos de los distintos Estados de Estados Unidos para el periodo 1929 – 2002, en éste se concluye que la dependencia de las industrias extractivas condujeron a un menor crecimiento económico y a un débil desarrollo social. En el caso específico de Louisiana y Texas descubrieron que la causa principal fue la utilización de las rentas por parte de las autoridades políticas para el mantenimiento de una presión fiscal baja y la obtención de apoyo poblacional a través de estrategias clientelistas, aumentando así sus posibilidades de permanencia en el poder, reduciendo la oposición política y afectando a la calidad de las políticas públicas. Por su parte Caselli y Michaels tienen conclusiones semejantes para el caso de municipios brasileños, señalando la corrupción como la causa más probable. (Arellano Yanguas 2011: 190) 24


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En suma: Aunque los datos macroeconómicos nos hablan de crecimiento y de un mayor bienestar social, en el desagregado por regiones no se encuentra evidencia alguna de que la actividad minera o el canon hayan afectado positivamente el bienestar social global y el desarrollo en las zonas mineras6. Esta información es consistente con las percepciones de insatisfacción que recoge el Latinobarómetro, así como con los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) durante el periodo analizado. Por ejemplo, la satisfacción con respecto al funcionamiento de la democracia en dos de las regiones que mayor cantidad de transferencias fiscales por minería han recibido como Ancash y Tacna, pasa de un nivel de insatisfacción total (“nada satisfecho”) de 10.7% y 6.7% en el 2006, a 20.0% y 26.7% en el 2010 respectivamente. Del mismo modo, la garantía de tener una oportunidad de empleo pasa de una percepción de “nada garantizadas” de 38.5% y 46.7% en 2007, a 35.0% y 53.3% en 2009. La percepción sobre el grado de satisfacción con la vida pasa de “muy satisfecho” 16.7% y 13.3% en el 2006 a un 11.1% y 0.0% el 2010. Otro dato señala que la percepción de que el país está gobernado sólo para el beneficio de ciertos grupos poderosos pasa del 82.4% y 86.5% el 2005, al 90.5% y 100% el 2010, en Ancash y Tacna respectivamente. En términos generales, se precisan datos semejantes en cuanto a insatisfacción con servicios públicos, saneamiento, salud y educación. Cruzando la información consignada por Arellano y las percepciones recogidas por estas encuestas, se concluye que no se identifican mejoras concretas ni perceptivas. Por el contrario, podría hablarse incluso de un significativo incremento en la sensación de insatisfacción general. Esta paradoja entre el aumento de políticas redistributivas y la insatisfacción creciente es lo que trataré de aclarar a continuación.

2. Alternativas a la interpretación redistributiva. Propuesta de un marco conceptual Con la propuesta de análisis que presento quiero interpretar los conflictos desde una perspectiva diferente. Para ello parto de la hipótesis de que el problema central no es de carácter redistributivo. A tal efecto, expondré sucesivamente tres modelos, mostrando comparativamente las ventajas y las limitaciones de cada uno, así como el modo en que pueden complementarse para estructurar un marco conceptual comprehensivo de interpretación y análisis de conflictos. Lo que de ello resulte tendrá el estatus de una hipótesis de trabajo teóricamente fundada, pero cuya eficacia deberá todavía terminar de ser corroborada en la práctica mediante trabajo de campo. 2.1. El modelo democrático-deliberativo La más importante ventaja de este modelo es que se enfrenta directamente a la habitual lectura redistributiva del conflicto, mediante la incorporación de una dimensión adicional representada por la necesidad de deliberación público-política. Este modelo coloca en primer plano el rol insustituible 6 Para tal fin verifica a nivel regional 6 indicadores de cambios anuales: tasa anual de crecimiento del PBI regional, excluyendo actividades mineras; variación anual de la pobreza; variación anual en el porcentaje de la población con acceso a agua potable; variación anual en el porcentaje de población con servicios de saneamiento en sus hogares; variación anual en la tasa de asistencia escolar de los niños entre 3 y 5 años; la variación anual en la tasa de asistencia escolar de los niños entre 12 y 16 años. Estos indicadores son combinados con otras diversas variables en un modelo de regresión de panel de Efectos Aleatorios (verificables en Arellano Yanguas 2011: 198-201). De todo ello, el autor concluye que la minería en términos generales y las transferencias de canon en particular han tenido un impacto ínfimo sobre las poblaciones aledañas a las operaciones mineras (la mejora de la asistencia escolar sería el único indicador sobre el que el canon minero parece tener un efecto positivo). El análisis a escala local concluye en el mismo sentido, “los municipios que recibieron mayores transferencias de canon entre 2001 y 2007 no mejoraron sus indicadores de bienestar durante el periodo 1993-2007 más que el resto de municipios del país con características similares” (Arellano Yanguas 2011: 213) 25


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que tienen los derechos de participación política en la vida ciudadana (Rawls 1996: 318-319). La deliberación es el espacio de resolución de problemas sociales e interpretación colectiva de las necesidades de las partes en disputa. Ello evita la imposición unilateral de ciertas nociones de desarrollo y bienestar. Así, por ejemplo, en el caso de la minería, el modelo deliberativo evitaría que nociones de desarrollo vinculadas con la acumulación de riqueza a través de impuestos que luego debe ser distribuida, sea presupuesta como la única interpretación posible, descalificando a priori a cualquier otra opción que la cuestione. Que los asuntos de justicia básica ya hayan sido decididos sin la participación de todos los involucrados significa que el ejercicio de la libertad comunicativa ha sido nulo. Solo la deliberación abre la posibilidad de que los descontentos y demandas puedan ser expresados, interpretados, discutidos y resueltos (Elster 1997; Habermas 1992). Según esta concepción, el poder –que es aquí esencialmente entendido como poder comunicativo– es algo intrínsecamente positivo que debe ser salvaguardado mediante la garantía del ejercicio de las libertades políticas. En este sentido, se afirma que estas últimas no pueden ser prescindibles, ya que aseguran un rasgo esencialmente humano: la necesidad de acción y discurso. A diferencia de lo que ocurre con una visión puramente instrumental (o redistributiva), las libertades políticas no pueden ser reemplazadas o intercambiadas por otros bienes. La concepción utilitarista-instrumental se encuentra a la base de las tendencias asistencialistas y populistas, según las cuales lo que importa es un determinado resultado determinado de antemano. Por lo tanto, a esta aproximación le daría exactamente lo mismo si pudiera obtenerse un resultado similar por otras vías –esto es, sin deliberación-. Como ya se vio, es precisamente esta última perspectiva la que parece haber cobrado protagonismo en los debates actuales en torno a la minería. Al partir de que entre las partes existen luchas de intereses claramente definidas, se asume unilateralmente que los así llamados grupos “antimineros” demandarían exclusivamente el control de recursos o territorio, así como la posesión de otros bienes similares, escasos y cuantificables. Así –se deduce– si pudiera lograrse un cierto grado de bienestar material que satisfaga algunas de tales demandas, entonces el diálogo –y, con ello, el ejercicio de los derechos políticos, se volvería innecesario y hasta superfluo. En efecto, como se indicó, tras las primeras negociaciones entre el Estado y las compañías mineras durante el gobierno de Fujimori hasta la actualidad, las soluciones recomendadas para el problema del descontento social han estado del lado del aumento progresivo de los impuestos y de un esfuerzo del Estado por aumentar el canon por extracción minera, de modo que la responsabilidad por satisfacer las demandas de los pobladores recaiga enteramente del lado de los gobiernos regionales, los cuales –se afirma– no son capaces de administrar los cuantiosos recursos obtenidos. En otras palabras, se crea la ilusión de que se trata únicamente de un problema de deficiente redistribución de recursos y de planeamiento y aplicación de políticas públicas. Para el modelo deliberativo, la inclusión no significa otra cosa que poder tomar parte equitativamente en los procesos discursivos una vez que ha surgido un desacuerdo. Es decir, poder “ingresar” en las esferas que el sistema político debe poner a disposición de todas las personas, para que manifiesten su disconformidad y deliberen en torno a cualquier tipo de asunto que los afecte. Según esto, el conflicto surgiría cuando las partes perciben que estos mecanismos no funcionan. Es decir, cuando al tener una demanda que esperan poder expresar y tratar públicamente, los actores no encuentran las vías adecuadas para que esto sea posible, para que su voz sea oída y sus aportes considerados significativos y dignos de ser tomados en consideración. Un conflicto social no es, entonces, sin más, síntoma de que un grupo percibe una situación dada como injustificada o carente de validez. Ello constituye el caso normal en una sociedad saludable. El conflicto surge más bien –y ello se aplica con precisión al caso de la minería– allí donde hay la percepción de que los mecanismos que deberían canalizar las demandas no existen, son obstaculizados o están deformados. Por tal motivo, los conflictos sociales suelen interpretarse como reclamos frente al Estado y no simplemente 26


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como enfrentamientos entre bandos contrarios. Naturalmente, esa situación se agrava cuando una de las partes considera que dicho mal funcionamiento se da intencionalmente, con el propósito de beneficiar a uno de los involucrados en el problema. En el caso que estamos analizando, esto ocurre cuando el Estado –instancia que en cuanto a garantías procedimentales debería jugar un rol neutral y proteger la equidad– se identifica con las compañías mineras. A pesar de todas sus virtudes, este modelo presenta una importante limitación, que puede resumirse como sigue: para que la deliberación funcione correctamente y conduzca a mejoras en la calidad de vida de las personas, se requiere una serie de exigentes condiciones materiales, sociales y culturales, así como un grado mínimo de desarrollo de ciertas capacidades argumentativas. Pero resulta que muchas de estas condiciones coinciden precisamente con aquel estado de cosas que la deliberación debería propiciar. Al no darse dichas condiciones, la deliberación no puede ser realizada, con lo cual la situación previa de desventaja permanece o se agrava7. La revelación de estos límites no implica rechazar sin más a la deliberación política como medio de resolución de problemas, sino que se trata más bien de mostrar la necesidad de ser completamente consecuentes con ella e incorporar un análisis complejo de las condiciones que permitan su correcta realización. Los dos siguientes modelos que presentaré permiten precisamente esto. 2.2. El modelo del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades De acuerdo con la posición defendida por Amartya Sen, el poder es la capacidad de una persona de realizarse de modo integral a lo largo de su vida, según los parámetros que ella misma considera valiosos. Esta realización involucra diversas formas de agencia social (esto es, el cumplimiento de diversas “funciones” en diferentes contextos sociales). Según la definición de Sen, “capacidad” es “una clase de poder” que opera como una suerte de catalizador individual que convierte recursos “multipropósito” en bienestar real (Sen 2009: 19). Por “recurso” se entiende aquí todo aquello que de, un modo u otro, es susceptible de ser “distribuido” o repartido (y que pueden ir desde oportunidades o libertades básicas hasta recursos materiales como dinero, bienes de consumo o incluso infraestructura, escuelas, etc). Estos “bienes multipropósito”, que los defensores de una solución redistributiva consideran como el objeto central de las políticas de Estado, no son, por decirlo así, valiosos “por sí mismos”. Su valor no es intrínseco, sino que le viene dado en función de cómo son utilizados por las personas que los reciben. Pero para ser utilizados se requiere lo que Sen llama “capacidad” de conversión; algo que puede variar notablemente de grupo a grupo y de persona a persona, y que los defensores de la redistribución no suelen toman en cuenta, influidos como están por un criterio de desarrollo y progreso establecido a priori, poco permeable a la deliberación y, por lo mismo, ciego a la diferencia. En relación al proceso democrático, Sen comparte la noción básica de la democracia deliberativa, según la cual el uso público de la razón es consustancial a la idea de desarrollo humano, puesto que es un componente insustituible para la constitución de la identidad y la expresión de las vivencias y exigencias reales de las personas (Sen 1999: 148). Es decir, sin deliberación sobre los problemas, es imposible saber qué y de qué modo debe ser (re)distribuido, puesto que sin tales procesos de “discusión y formación colectiva de la opinión y la voluntad” (Habermas 1992) no se puede llegar a ser consciente de las verdaderas necesidades, demandas y potenciales aportes significativos del otro. Esto es claro en el caso que nos ocupa, por lo que este modelo podría ofrecer una explicación convincente de la aparente contradicción implicada en la percepción simultánea del alto índice de insatisfacción de la población y de los extraordinariamente positivos indicadores de ingresos estatales provenientes de la actividad minera. 7 Sobre el problema de la “circularidad” o “círculo vicioso” en las teorías deliberativas de la democracia, puede consultarse: Bohman 1997: 123ss; Forst 2007: 294-297; Fraser 2007: 328-235. 27


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Pero si bien en una comunidad política moderna es impensable el desarrollo humano sin el ejercicio de la deliberación, aquel comprende a la vez otras muchas formas de interacción que no necesariamente dependen o se restringen a la praxis político-argumentativa. La democracia, entendida como un proceso que se da a lo largo de la vida, se refiere, pues, al conjunto de prácticas e instituciones que aseguran tal desarrollo pleno. De este modo, el éxito de una sociedad solo puede medirse en función del desarrollo integral de los individuos que la conforman, lo cual solo es posible considerando todos los contextos sociales en que este desarrollo se da (Sen 2009: 9). De cualquier modo, esta posición permite concebir a la exclusión en un sentido más amplio que el primer modelo, ya que esta queda referida a los obstáculos de la vida social que no solo bloquean el acceso a las esferas deliberativas, sino, más en general, impiden el ejercicio pleno del poder concebido como capacidad de desarrollarse en todas las esferas relevantes de socialización. Esta posibilidad de realización (esta “inclusión”, podríamos decir), no obstante, no se comprende simplemente en términos de posesión de bienes (esto es, aquello que puede ser distribuido, medido, cuantificado), sino, sobre todo, en términos de ejercicio efectivo de la libertad y capacidad real para alcanzar el bienestar y perseguir lo que uno tiene buenas razones para valorar. En esa medida, políticas públicas que se concentran únicamente en el aspecto redistributivo de bienes o recursos no serían suficientes para establecer cuándo se puede garantizar un auténtico desarrollo humano, ya que por lo general dejan fuera de consideración las desigualdades existentes en los índices de conversión de tales recursos en funcionamiento efectivo. A pesar de su aproximación multidimensional al problema del desarrollo, este modelo no ofrece una explicación satisfactoria de la problemática del surgimiento del descontento y el conflicto social. Y esto es así simplemente porque no establece con claridad cuáles son las expectativas normativas que los agentes pueden considerar como vulneradas y ante las cuales pueden exigir, dado el caso, una reivindicación. En otras palabras, si bien esta aproximación establece qué es aquello que las personas podrían legítimamente desear como requisitos para el cumplimiento de sus planes de vida, no queda igualmente claro por qué y bajo qué criterios podrían exigirle de manera legítima a “alguien” (sea este “alguien” un grupo de personas, instituciones, empresas o el Estado mismo) que fomenten (o no impidan) una tal realización. Por ello, al no haber una justificación para tal exigencia, no habría un motivo convincente para la demanda y el reclamo social. Dicho esto, presentaré a continuación el tercer modelo, el cual incorpora importantes elementos de análisis para llenar los vacíos del recién expuesto enfoque de las capacidades; en especial, aquellos referidos a la interpretación de las motivaciones detrás de los conflictos sociales y a la articulación de las diversas formas de reconocimiento exigidas por una comprensión integral del desarrollo humano. Este modelo logra, por lo demás, establecer un vínculo orgánico entre la perspectiva de los bienes comunes y una concepción del poder social que se desliga de premisas provenientes tanto de las teorías de la elección racional como de la tradición del contrato social. 2.3. El modelo del reconocimiento y el poder social constructivo Este modelo se concentra en las diversas formas de participación social requeridas para el desarrollo pleno de la personalidad y la identidad. En cuanto a su base informacional, esta perspectiva no se halla muy lejos de la propuesta de Sen, en la medida en que también reconoce que libertad y desarrollo requieren un conjunto multidimensional de esferas de interacción. Una de las ventajas de este modelo frente al de Sen es, no obstante, el uso de la reconstrucción histórico-genealógica de las bases normativas sobre las cuales las sociedades capitalistas han constituido sus diferentes ámbitos de participación. Con esta reconstrucción, se espera ofrecer una aproximación realista a la “gramática” de las demandas y luchas sociales tal como estas se dan en contextos cotidianos de interacción (Honneth 1992; Boltanski 2009).

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La noción de poder asociada comúnmente a esta aproximación tiene un alcance más amplio que la del primer modelo. Ambas concepciones se asemejan en que le reconocen al poder una función esencialmente intersubjetiva. A diferencia de la primera noción, sin embargo, el poder aquí no es necesariamente sinónimo o causa directa de un consenso. Foucault mejor que nadie ha captado el sentido original que tiene esta noción de poder social constructivo. Para él, el poder se encuentra a medio camino entre la violencia y el consenso. El poder, de este modo, ni actúa directamente sobre la conducta de un otro, forzando sus acciones, ni promueve necesariamente el acuerdo normado y racional. El poder actuaría más bien sobre las estructuras que condicionan el comportamiento posible. El poder puede ejercer esta función “pastoral”, de guía de la conducta, precisamente porque configura el espacio social en el cual los sujetos actúan. Espacio que, por principio, no es de tal o cual individuo, sino que es común. En este sentido puede decirse que el poder es la capacidad de nombrar, de categorizar, de establecer significados y valoraciones a los conceptos con los que nos representamos el mundo. Con esto, solo de aquellos que han tomado parte en su constitución –que disponen de suficiente “capital simbólico”– puede decirse que son seres autónomos, en la medida en que no están siendo “sujetos” por un orden en el cual no se reconocen y frente al cual permanecen como simples espectadores sin influencia (Bourdieu 1985; Rancière 1998). Según lo anterior, el proceso democrático –el encargado de garantizar legítimamente que las personas tomen parte en la creación del mundo social– es en este modelo idéntico al ejercicio del poder social. Tal proceso consiste en que todos los involucrados sean partícipes del capital simbólico que permite categorizar el mundo común y establecer los significados y valoraciones sociales. Puesto que el modo en que está constituido lo social condiciona las oportunidades reales de los individuos e influye, además, sobre el modo en que se ejercen las libertades políticas, el problema primario no sería el del rediseño de los mecanismos político-deliberativos para permitir un mejor “ingreso” (a la manera de una formación de “mesas de diálogo” entre las partes enfrentadas), sino más bien el del modo en que se dan las relaciones de poder en las prácticas e instituciones reales (Fraser 2007). La inclusión, así, tiene aquí que ver con la posibilidad de ser capaces de contribuir a la creación del mundo común y de definir qué es considerado como valioso o relevante, razonable o significativo. El ejercicio simétrico de esta forma de poder social es posible mediante relaciones de reconocimiento intersubjetivo al interior de diversas esferas de participación e interdependencia. Estas formas de reconocimiento permiten que las personas puedan realizarse de modo autónomo, al tiempo que se reconocen como co-autores de la realidad social común. Según esto, el conflicto puede explicarse a partir de las luchas por el reconocimiento en cada una de las esferas de interacción en que los individuos esperan legítimamente algún tipo de consideración (Honneth 1992). Se habla propiamente de “conflicto” cuando estas demandas se plantean ante un orden institucional dado que sirve de sustento material a algún tipo de práctica identificada por los propios actores como injusta o no justificada. En este sentido, tales luchas pueden conducir a la exigencia de transformación de ciertas estructuras que bloquean el desarrollo pleno y autónomo de la identidad, y en cuya creación –se asume– los demandantes no han tomado parte y, por tanto, no se reconocen. Este modelo permite una mejor clave de explicación del caso de la minería, ya que se concentra en la pregunta por la múltiple motivación moral y normativa de las demandas, luchas y conflictos sociales desde la perspectiva de los propios actores. Las preguntas que contempla son: ¿qué es aquello que los individuos perciben como vulnerado?, ¿en relación a qué expectativas se sienten traicionados al grado de propiciar un enfrentamiento con órdenes y estructuras vigentes? y ¿en qué medida tales reclamos pueden considerarse justificados? (Honneth 2003). La respuesta que este modelo sugiere –y que se sustenta en evidencia empírica– es que el descontento conducente al conflicto se produce cuando son traicionadas ciertas expectativas de reconocimiento que las personas creen legítimamente merecer. Si bien estos reclamos proceden de diversas fuentes –que corresponden a las dis29


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tintas esferas en las que se puede esperar algún tipo de reconocimiento social–, la fuerza normativa implicada en la necesidad de “retribución” o “corrección del daño” (no solo redistribución) es lo que permite llamar a todas estas demandas “morales”. La normatividad de las demandas procede, por lo demás, de la normatividad inherente a las instituciones de la sociedad en la que los actores sociales se desenvuelven y que de una u otra manera –tácita o explícitamente– se aceptan como universalmente vinculantes (Honneth 2003). Así, la pregunta por la base motivacional y su legitimidad es perfectamente pertinente en el caso de los conflictos que nos ocupan, puesto que se trata de abordar la pregunta acerca de qué es exactamente lo que se reclama en la oposición antiminera. Es decir: ¿Pueden explicarse sus reclamos solo en términos de una mayor distribución de bienes? La pregunta que motiva las dudas al respecto es ¿por qué ante la promesa de mayores recursos y bienestar total no existe, entonces, conformidad sino todo lo contrario? A partir de lo expuesto y confrontándolo con la realidad, pareciera sensato afirmar que las demandas no se refieren simplemente a la exigencia, estratégicamente motivada, de la posesión individual de mayores bienes o recursos –esto es: no se trata exclusivamente de un reclamo por una recolección y redistribución más justa de las riquezas mediada por el Estado. Las demandas –como se observa en las encuestas – se suelen referir a otras muchas formas de participación social. Las demandas son multicausales, pues multidimensionales son las esferas de interacción en las cuales puede esperarse reconocimiento recíproco. Consecuentemente, la libertad se entiende en este modelo como la posibilidad de desarrollar sin obstáculos y plenamente la personalidad, mediante la participación en todas las esferas de interacción reconocidas y sancionadas normativamente en una sociedad dada. O, dicho de otro modo, como la capacidad de actuar orientados a la constitución de la identidad y de perseguir de modo autónomo lo que uno tiene razones para valorar (Sen 2000: caps. 2, 3). Como se ha visto, entonces, el conflicto se produciría cuando los individuos experimentan la existencia de obstáculos – expresados bajo la forma de ciertas prácticas, instituciones o estructuras sociales, pero también de medidas o políticas estatales concebidas de modo utilitario– que dificultan su realización plena como seres libres; esto es, cuando algo bloquea injustificadamente su capacidad de agencia en el sentido antes indicado.

3. Consideraciones finales A partir de lo visto, estoy ahora en condiciones de sacar algunas conclusiones que puedan aportar una clave de lectura alternativa a la tradicional interpretación redistributiva de demandas y conflictos, la cual –me parece— comparte la intuición básica de la perspectiva de los bienes comunes. Y es que la clara contradicción entre, de un lado, el aumento de políticas económicas de orientación redistributiva y la construcción de estructuras en las cuales se refleja esta misma lectura y, de otro lado, el aumento de los conflictos y la cada vez mayor insatisfacción, así como el mantenimiento del malestar social y la percepción de ineficiencia y favoritismo estatal, parece mostrar, en efecto, la ineficacia del actual marco interpretativo. Como hemos observado, las demandas que suelen encontrarse a la base de los conflictos sociales poseen una naturaleza más bien compleja, al estar referidas a la insatisfacción de determinadas expectativas en diversas dimensiones de interacción y participación social necesarias para la constitución de la identidad y el desarrollo sin obstáculos de la personalidad. Por ello resulta contraintuitivo pretender reducir estas demandas a una simple exigencia redistributiva. La carencia de reconocimiento, de oportunidades y de capacidades necesarias para tal desarrollo multidimensional es interpretada por los propios actores como una ofensa moral que se expresa en forma de padecimiento, malestar e indignación al experimentar el incumplimiento de una larga serie de compromisos normativos tácita o explícitamente asumidos por el Estado. 30


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La interpretación de tales deficiencias simplemente como una necesidad de recursos materiales que podría satisfacerse mediante la aplicación de ciertas políticas de redistribución representaría, según hemos visto, una imposición categorial que contradice los principios elementales de la deliberación democrática y de una autocomprensión autónoma. De este modo, partir de una tal unidimensionalidad no resuelve en absoluto el problema. Dicha imposición configura la realidad en la que los afectados actúan de modo unilateral, y deforma tendenciosamente lo que las personas podrían legítimamente esperar y exigir de la sociedad y del Estado. Con ello –como ya hemos observado– se produce un ocultamiento de otros muchos factores relevantes para la autorrealización de los actores sociales. Las demandas y conflictos aumentan porque se cree estar reclamando por la satisfacción de una necesidad que ha sido ya interpretada de antemano como la única posible8, cuando en realidad no se ha llegado todavía a identificar las causas reales del malestar y la insatisfacción, ya que estas han sido convenientemente ocultadas, deformadas o interpretadas de modo inauténtico. Al luchar por algo que se cree legítimo sin serlo realmente, es de esperar que la sensación de insatisfacción no mengüe, sino más bien aumente, expresándose en conflictos cada vez más extremos, cuya naturaleza parece a primera vista inexplicable y ante los cuales solo queda el recurso oficial de llamarlos “irracionales” o, en el mejor de los casos, ideológicamente “politizados”. Como ya mencioné, estas reflexiones tienen un carácter especulativo, en la medida en que constituyen una hipótesis de trabajo que deberá todavía ser cotejada con casos específicos, para lo cual sería necesario contar con una serie de material de análisis empírico, cuya recolección ciertamente excede los propósitos de esta investigación. Si algún mérito tiene este trabajo, este radica, en todo caso, en haber presentado un marco interpretativo que sirva de guía a dicho análisis y que, de mostrar su validez, pueda servir, además, al diseño de políticas públicas más adecuadas para canalizar y solucionar conflictos sociales.

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Bienes naturales comunes, conflictos ambientales, participación ciudadana y ordenamiento territorial Ana Lya Uriarte Rodríguez9 Visibilización de las temáticas ambientales Un aspecto particularmente importante en el proceso de creciente visibilización de los temas asociados al medio ambiente en nuestras sociedades es aquel relativo a la incidencia de los movimientos sociales, particularmente, en este caso, de los movimientos socio ambientales, respecto, en primer término de la generación de demandas y reivindicaciones asociados a temáticas propiamente ambientales que, posteriormente han conducido a otros cuestionamientos, excediendo el ámbito propiamente ambiental para transformarse en un cuestionamiento a las estructuras de propiedad, estructuras de poder y finalmente a las instituciones y regulaciones que dan cuenta de aquellas. En consecuencia, un factor relevante en el devenir ambiental, dice relación con la importancia de las instituciones y de la regulación ambiental para efectos de dar cabida y acogida a las nuevas visiones que representan esos movimientos socio ambientales a los que nos referiremos en el marco de la conceptualización de los bienes comunes. Aparece como importante una reflexión sobre la forma en que el conocimiento de los riesgos de carácter ambiental, asociados al desarrollo de actividades productivas han catalizado el descontento de las personas amenazadas por dichos riesgos o derechamente afectadas por los mismos y que han generado una dinámica de asociatividad que ha contribuído a la visibilización de la temática ambiental a que nos venimos refiriendo. Sobre el particular, un buen ejemplo, estimamos que lo constituye el caso de la población de la localidad de Puchuncaví, situada en la V Región de Valparaíso, próxima a la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, en Chile. En Puchuncaví conviven, desde la década de los sesenta en el siglo pasado, distintas actividades. El escudo municipal da cuenta de esta convivencia entre distintas actividades. Como se puede apreciar en la imagen, la agricultura, la pesca y actividades industriales, particularmente aquellas relacionadas con la fundición de minerales y generación de energía han formado parte por décadas de su quehacer y su realidad. Es más, en su época, el Municipio celebró como un éxito para la comunidad el hecho que la fundición y la refinería se establecieran en su territorio, como da cuenta la intervención en el Concejo Municipal, del concejal Sr. Herrera, quien expone que 9 Abogada, Universidad de Chile. Académica del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre los años 2007 y 2010 ejerció el cargo de Ministra Presidenta del Consejo Directivo de la CONAMA en Chile, correspondiéndole la tarea de impulsar el rediseño institucional y aprobación de la reforma ambiental. 35


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“Se celebró que quedara en Puchuncaví, esto fue un triunfo. En 1962 se inicia funcionamiento de la planta.”10 El escudo, aprobado el 4 de enero de 1964, reflejó, en su diseño, los símbolos de Puchuncaví: agricultura, industria y pesca artesanal. Puchuncaví, producto del desarrollo de la actividad industrial ya referida, que resulta ser altamente contaminante, constituye una “zona de sacrificio”, término que según señala la Organización No Gubernamental (ONG) Oceana, “ha sido acuñado para reflejar aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables.”.11 Hoy, Puchuncaví, después de décadas de la actividad contaminante señalada, exhibe chimeneas humeantes y una condición medioambiental significativamente deteriorada. La industrialización, que en la década de los sesentas era valorada como sinónimo de progreso, hoy arroja los evidentes costos medioambientales ya referidos, que inciden directamente en la calidad de vida y salud de las personas. Ante esta realidad, la percepción ciudadana respecto de la existencia y permanencia de la actividad industrial ha mudado desde la aceptación hasta el franco rechazo y prueba de ello lo constituye el hecho que el concejo municipal de Puchuncaví decide, en el año 2012, cambiar el diseño del escudo de Puchuncaví, llamando para ello a un concurso público a la comunidad de Puchuncaví para efectos de recibir propuestas, nacidas en el seno de los habitantes de la comuna, de una nueva imagen para el escudo comunal. En una decisión que consta en el acta del concejo municipal12 que llama a dicho concurso se señala textualmente por el Señor Alcalde de la comuna de Puchuncaví que “La realidad actual dista de lo que fue antaño. Una chimenea, hoy es símbolo de contaminación”. En el mismo sentido anterior, uno de los concejales (Sr. Barría), señala que “antiguamente la chimenea representaba prosperidad y desarrollo económico para la comuna. Actualmente eso no es así. Está de acuerdo en el cambio de la iniciativa complementando en su intervención que el nuevo escudo debe tener iniciativas que identifiquen de mejor manera a nuestra comuna.“13 Ante esta decisión, los jóvenes, que siempre son creativos, construyeron, por supuesto que sarcásticamente, una imagen que a continuación se aprecia, en que la agricultura se plasma como una rama seca, la pesca, como una suerte de espina de pescado, y la industria es representada con una chimenea que expidiendo humos negros y sobresaliendo -dominando la escena-, afecta las otras dos actividades. A nuestro juicio, el mensaje no deja lugar a dudas.

10 Acta del Concejo Municipal de Puchuncaví del 27 de abril de 2012. Consulta en línea 2 de marzo de 2014: “http://www.munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/pdf/transparencia/actas/2012/ordinaria%20121.pdf” 11 Consulta en línea 2 de marzo de 2014: “http://oceana.org/es/sa/nuestro-trabajo/energia-limpia/ zonas-de-sacrificio/mas-informacion/zonas-de-sacrificio-zonas-de-sacrificio” 12 Acta del Concejo Municipal de Puchuncaví del 27 de abril de 2012. Consulta en línea 2 de marzo de 2014: “http://www. munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/pdf/transparencia/actas/2012/ordinaria%20121.pdf” 13 Acta del Concejo Municipal de Puchuncaví del 27 de abril de 2012. Consulta en línea 2 de marzo de 2014: “http://www.munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/pdf/transparencia/actas/2012/ordinaria%20121.pdf” 36


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Finalmente, el escudo ganador del concurso que reseñábamos es el siguiente: Ante este nuevo escudo, lo que podríamos convenir es que aquello que la comunidad rechaza es la chimenea humeante, es decir, el símbolo de contaminación. Hoy su lema es “donde el campo se junta con el mar”. Vemos el huaso a caballo sobre un verde que habla de la agricultura y el pescador pescando en el mar. En consecuencia, el mensaje es que la fundición, la termoeléctrica, y la actividad industrial en general, no forman parte de la identidad de la gente de Puchuncaví. Quieren volver a lo que fueron los orígenes de Puchuncaví y el cambio de escudo refleja su identificación con un pasado que fue intervenido a propósito de la llegada de la industrialización y que hoy añoran en vista de los nocivos impactos de la contaminación. Lo que pretendemos transmitir es que indudablemente ha habido un tránsito, un camino, que ha implicado que los temas ambientales, a consecuencia de los impactos nocivos que se han ido generando, han cambiado en la visión y percepción ciudadana. Lo que antes era aceptado y celebrado, hoy se mira con reticencia, y en muchos casos con rechazo. Hoy existe una responsabilidad distinta a la de antaño: todos estamos conscientes y notificados respecto de las evidencias de una mala gestión ambiental y del forzamiento de los límites que impone la naturaleza. En efecto, las evidencias del deterioro ambiental son muchas. Sabemos por ejemplo, por el informe mundial sobre desarrollo humano del año 2011, “Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hasta el 20% de la carga total de la enfermedad corresponde a los riesgos ambientales. Por ello decimos que hoy día ya estamos notificados. Esta carga de enfermedades deviene de múltiples factores: desde el tratamiento inadecuado de los residuos o su no tratamiento, hasta los temas de contaminación de aire, y otros. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Plan Estratégico 2008-2012 identifica los riesgos ambientales señalando en su diagnóstico que existe una ausencia de políticas integradoras que den cuenta de estos riesgos ambientales. Advierte riesgos a propósito de la presión económica y apunta, entre otros aspectos importantes, a la ausencia de visiones integradas y sostiene que la creciente urbanización, por ejemplo, no está siendo mirada con el prisma de la sustentabilidad y no se están evaluando los efectos que ésta va a generar en términos de riesgos ambientales. Asimismo, hace un énfasis en la afectación intergeneracional haciéndose así, cargo del importante tema del legado ambiental, señalando que “Los riesgos ambientales afectan no sólo a la generación actual, sino también a las generaciones futuras, pues tienen efectos a largo plazo en la salud”. En este mismo Plan, la OPS indica que los factores que causarán consecuencias perjudiciales para la salud pública y el gasto sanitario tanto a corto como a largo plazo son la rapidez de los cambios en los estilos de vida; la urbanización creciente; la producción y consumo de energía; las presiones sobre los ecosistemas y el cambio climático.

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Ordenamiento territorial, conflictos socioambientales, participación ciudadana La creciente evidencia de los impactos de carácter medioambiental, ha ido, paulatinamente, dando paso al surgimiento de una preocupación y posterior movilización de carácter ciudadana que reclama un nuevo trato en relación a sus territorios. El sociólogo chileno Francisco Sabatini en su libro “Conflictos ambientales: entre la globalización y la sociedad civil”, identifica como factores de desarrollo de conflictos socioambientales la existencia de un modelo de producción basado en una intensiva explotación de recursos naturales, la inequitativa distribución de las cargas ambientales, la evidencia de daño/impacto ambiental nocivo, la inadecuada visualización de las realidades de los pueblos originarios, el insuficiente ordenamiento territorial, el insuficiente espacio institucional para participación ciudadana y la desigualdad social. La desigualdad en América Latina se expresa, por cierto, en distintos ámbitos. Pero la ambiental se manifiesta, más intensamente, en aquellos territorios en que efectivamente se emplazan aquellos proyectos que van a generar impactos ambientales. En Chile, un buen ejemplo de ello es el de la comuna de Maipú, en Santiago. Una comuna muy populosa que cuenta con 850.000 habitantes aproximadamente. Maipú, es un territorio en el que se sitúa una planta de tratamiento de aguas servidas que atiende prácticamente a toda la Región Metropolitana (seis millones de personas aprox.). Adicionalmente existe un relleno sanitario, donde se dispone, aproximadamente, un tercio de los residuos de toda la región metropolitana, y un cementerio. Es decir, en su territorio se emplazan proyectos de aquellos que generan cargas ambientales. Los proyectos que generan cargas ambientales son definidos en la legislación chilena como aquellos “que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación”14. La pregunta que surge es ¿por qué se instalan esas actividades ahí? ¿por qué esa comuna soporta tantas cargas ambientales?. Estas preguntas tienen un trasfondo complejo que guarda relación con la evidencia en torno a que, recurrentemente, los territorios con mayores cargas ambientales resultan ser aquellos de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. Creemos que parte sustantiva de los conflictos que hoy conocemos responden a decisiones adoptadas en espacios de desregulación territorial e inconsultividad ciudadana. Es imprescindible, desde una perspectiva incluso de gobernabilidad, avanzar a generar fórmulas que permitan adoptar decisiones sobre nuestros territorios, en la perspectiva de avanzar en un “ordenamiento territorial”, integrando diferentes visiones que vengan acompañadas de un espíritu abarcador de diversos objetivos: ambientales, sociales y económicos, con amplia participación ciudadana, cuestión que contribuiría, como requisito indispensable, a que dichas decisiones gozaran de legitimidad en la sociedad, en un proceso en que el Estado está llamado a jugar un papel articulador insustituible, pues debe garantizar esos procesos participativos con amplias convocatorias. Claramente los procesos de ordenamiento territorial han sido, sino inexistentes, al menos insuficientes. ¿Qué entendemos por ordenamiento territorial?, ¿Qué ha pasado con el ordenamiento territorial en Chile?. Una definición que nos parece ilustrativa es aquella contenida en la Ley Nº 18.308, artículo 3º de la República Oriental del Uruguay y que señala que el ordenamiento territorial es “el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales” 14 Artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Chile. 38


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En Chile, hemos sido mayormente prolíficos en la generación de instrumentos de planificación territorial, particularmente abordando lo urbano, pero, como señalábamos no hemos sido –aún- capaces de generar un ordenamiento territorial que defina vocaciones territoriales de acuerdo a múltiples factores que exceden aquel aspecto limitado al uso de suelo. “El imperativo es avanzar a concepciones integradoras, que den cuenta de la multifactorialidad de elementos presentes en el territorio y, particularmente, de sus dinámicas. Los habitantes de los territorios aspiran a incidir en el desarrollo de los mismos y ello impone el desafío de generar nuevas concepciones y procedimientos para responder a este “nuevo tiempo territorial social””15 Un proceso continuo de ordenamiento territorial debiera considerar aspectos tan determinantes como el alineamiento de los emplazamientos de actividades productivas a visiones y vocaciones territoriales fruto de procesos deliberativos de concepción holística y democrática-participativa y que contemplen la interacción entre los actores presentes en el territorio, que permitan de esa forma materializar una política territorial general que contribuya a generar respuestas ciertas a los ciudadanos respecto a su vida y calidad de la misma, interacciones entre los distintos actores y mecanismos adecuados, participativos, para adoptar definiciones de impacto importante. Como señalábamos antes, estimamos que parte importante de los conflictos que hoy conocemos responden a decisiones adoptadas en espacios de desregulación territorial e inconsultividad ciudadana. El número y entidad de conflictos socioambientales se incrementa en forma sostenida. En Perú, en el año 2013, mes de marzo, la Defensoría del Pueblo16 daba cuenta del registro de 149 conflictos socioambientales, donde 72,5% (108 casos) correspondían a conflictos relacionados a la actividad minera y 14,1% (21 casos) conflictos por actividades hidrocarburíferas. En el caso chileno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó 97 conflictos socio ambientales en el año 2013. En el mapa de conflictos ambientales chilenos es posible asignar los porcentajes mayores de conflictividad a la actividad minera y a la actividad de generación de energía, siendo los gatillantes principales de estos conflictos socioambientales aquellos vinculados con impactos relacionados con el agua, con la intervención de tierras indígenas y áreas protegidas y el desarrollo de mega proyectos que son capaces de concitar de inmediato una animadversión y un rechazo muy importante, porque ya la ciudadanía sabe que un mega proyecto está asociado también a mega impactos. Y si no se trata de mega impactos, entonces van a ser impactos de carácter irreversible y eso los transforma en conflictos de muy difícil solución.

¿Qué pone de manifiesto entonces el conflicto socio ambiental en relación a los bienes comunes? El conflicto socioambiental está íntimamente ligado al tema de los bienes comunes. Hay una tensión en la gestión ambiental que está dada fundamentalmente por la asignación de la característica de recurso natural - así denominado para dar cuenta de su condición de insumo para actividades económicas- a bienes que claramente tienen dimensiones más amplias. Esta reducción del bien natural a su aspecto ligado a actividades económicas, privándolo de la consideración de sus otras dimensiones, implica, en el ámbito de la gestión ambiental, una tensión maniquea que no 15 Uriarte Rodríguez, A. L. (2013). Chile urbano hacia el siglo XXI: Investigaciones y reflexiones de Política Urbana desde la Universidad de Chile. En V. autores, & C. A. Ernesto López M. (Ed.), Chile urbano hacia el siglo XXI (1° ed., pág. 302). Santiago, Chile: Editorial Universitaria. 16 Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad 39


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contribuye a resguardar el bien natural común en su dimensión más amplia. En efecto, la naturaleza provee de bienes, los de carácter natural, y por ello los denominados bienes naturales comunes, que tienen otras dimensiones (manifestadas en los servicios ambientales, por ejemplo) que exceden el del desarrollo de la actividad económica propiamente tal. Esta tensión la podríamos ilustrar de la manera siguiente:

El caso del agua es tal vez uno de los más ilustrativos respecto a las distintas dimensiones de este componente ambiental. En efecto, el agua tiene una dimensión fundamental e inclaudicable que es aquella asociada a la provisión de las poblaciones. Tiene otra dimensión que es la dimensión ambiental propiamente tal, en tanto es sostén de los ecosistemas y tiene una tercera dimensión que es la dimensión económica en tanto constituye un insumo para distintas actividades económicas. Su expresión gráfica la hemos concebido así:

Sin embargo la dimensión que resulta mayormente visible a la hora de gestionarlo es la dimensión económica, abandonando o subvalorando las otras dimensiones que son dimensiones absolutamente inseparables de su condición.

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Lucrecia Soledad Wagner17 sostiene que el termino bienes naturales comunes “viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como mercancía, como recursos para las actividades económicas que implica el desconocimiento del resto de sus atributos que no pueden representarse con un precio de mercado, incluso aunque algunos lo tengan”. Esta visión, estimamos, resume la tensión a que hacíamos alusión acerca de la gestión de un elemento como el agua, que posee distintas dimensiones. Asimismo, sostiene Wagner que la “denominación bienes naturales comunes excede a la de recursos naturales ya que considera también los servicios ambientales de la naturaleza y su valor simbólico de existencia y de legado” pensando en la intergeneracionalidad también.

Los servicios ambientales, de los cuales la población humana obtiene importantes beneficios, actúan como soporte de actividades, como factor de regulación (mantención de la calidad gaseosa de la atmósfera, regulando así el clima) provisión directa de alimentos de medios ambientes acuáticos y terrestres, mantención de un banco genético, otros valores estéticos y culturales que también forman parte del concepto global del bien común, reciclaje de nutrientes, generación de suelo, polinización de cultivos, etc.. Todos son servicios ambientales a los que difícilmente podríamos ponerle precio, pero que, cuando son ignorados en la gestión ambiental, adquieren gran visibilidad dadas las graves consecuencias derivadas de su privación. Hoy, dos grandes retos tiene la humanidad en materia medioambiental: pérdida de biodiversidad y cambio climático. Ambos problemas están asociados a una extrema presión a la que hemos sometido a los ecosistemas a propósito de la subvaloración o desconocimiento de los servicios ambientales que brindan. Las comunidades, particularmente aquellas que experimentan los nocivos impactos de ambos fenómenos, han tomado acción decidida para representar y oponerse a intervenciones medioambientalmente dañinas haciendo presente el sentimiento de propiedad comunitario que acompaña a los habitantes de los distintos territorios sobre un medioambiente (que entienden es un sistema que tiene distintos componentes ambientales relacionados entre si) en el cual se encuentran inmersos. Frente a sus reclamos, es frecuente escuchar, como explicación, el que tenemos la necesidad de crecer económicamente y que el cuidado ambiental puede ser un lujo que países subdesarrollados no pueden darse porque el crecimiento es la base del progreso, y, en ese contexto, la “explotación” (usamos intencionadamente este concepto) de nuestros recursos naturales resulta prioritario si tenemos tantas necesidades básicas a las cuales responder. Lo que omite, deliberadamente esta recurrente 17 Tesis doctoral: “Problemas ambientales y conflicto social en Argentina: Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI”. Año 2010 41


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afirmación, es el develamiento de la paternidad de la misma pues los principales constructores de ella son aquellos que se benefician directamente de aquellas explotaciones y que tienden a reducir la problemática y expectativas de la comunidad a la necesidad de compensar económica y adecuadamente a las comunidades haciéndolas partícipes de este desarrollo. Decimos que esta es una reducción del problema pues es tan sólo una parte de una posible (no siempre adecuada o querida) respuesta a las comunidades y de comprensión de la urgente necesidad de relacionarnos con los bienes naturales comunes de una forma distinta que propenda a su protección. Son muchos los casos en que los responsables de las intervenciones causantes de impactos medioambientales se presentan ante las comunidades con ofertas económicas de compensación. No obstante, en no pocas ocasiones, esa no es la respuesta que las comunidades están esperando, porque aspiran a la instalación de una perspectiva del problema mucho más amplia. Un aspecto paradigmático en este sentido lo constituye la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que nos señala que parte de aquello que les debemos a los pueblos indígenas es el respeto a su ritmo de desarrollo18, a tener el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, en la medida en que este desarrollo afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras o territorios que ocupan y utilizan, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo social, económico y cultural. ¿Qué ocurre entonces cuando una 18 Convenio 169 OIT. “Artículo 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7: 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

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comunidad indígena no acepta un determinado proyecto que se emplaza en su territorio? ¿Cómo se desarrolla ese diálogo con esas comunidades? ¿Qué alcance y resolutividad se otorga a este diálogo consultivo a las comunidades indígenas? Estos temas son parte de aquellas problemáticas que subyacen a la deliberada omisión a que ya nos referimos. La siguiente imagen refleja el resultado, hasta ahora, del devenir de la gestión ambiental en función de la tensión de la gestión ambiental entre “recurso natural” y “bien natural común”:

La balanza se ha inclinado, y la evidencia es contundente a este respecto, a favor del fomento productivo en desmedro de la protección ambiental. Los ecosistemas y los servicios ambientales han pagado el costo del incentivo del fomento productivo, ignorando o subvalorando los servicios ecosistémicos y los saberes y deseos de las comunidades. Revertir estos resultados es parte de un complejo proceso que implica cambios profundos que alcanza dimensiones ideológicas, económicas, sociales y culturales. Sin perjuicio de la complejidad anteriormente enunciada, desde ya es posible incentivar avances en la línea de generar protección ambiental en mayor equilibrio con el fomento productivo a través de la reforma de las instituciones y de los marcos regulatorios en un proceso –claramente- no exento de complejidades, de avances y retrocesos, con una permanente atención en un aspecto clave que es la adecuada distribución de cargas y beneficios ambientales. En el plano regulatorio se ha ido generando en nuestro continente una recepción del tema medioambiental en el orden constitucional, con una visión, generalmente, de carácter antropocéntrica, donde se protege al hombre en relación al medio ambiente. Sin embargo, este reconocimiento constitucional no ha sido suficiente para solucionar los problemas que nos acompañan en torno a la gestión medio ambiental y de la cual venimos dando cuenta. Si bien este reconocimiento constitucional no ha sido suficiente, si ha generado algunos impactos que podemos calificar de positivos a la luz de una aspiración de mayor protección en el orden

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medioambiental en directa relación con la mayor visibilización de los temas ambientales y el creciente desarrollo de movimientos socioambientales. En efecto, somos testigos de la existencia de una voz ciudadana que clama por profundizaciones, por ejemplo, para que en aplicación del principio preventivo se generen adecuados estudios, adecuadas evaluaciones anticipadas a los proyectos para prevenir impactos ambientales y conforme a dicho principio la autoridad evalúe los proyectos o que reclama que para lograr mayor equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental se atienda a la vocación territorial con una adecuada decisión que contemple una participación ciudadana adecuada, o cuando requiere la aplicación del Convenio 169 de la OIT al que antes nos referíamos y que fue ratificado por Chile. Muchas veces este anhelo ciudadano es reclamado ante los tribunales de justicia, y una de las vías de reclamo utilizada por las comunidades es la vía judicial, los tribunales de justicia, a través de la solicitud de la protección de garantías contenidas en la Constitución Política del Estado que como decíamos, en Latinoamérica ha venido incorporando el tema medioambiental y ello ha permitido la activación de esta la solicitud de protección constitucional. Entonces, ha sido esta recepción del tema medioambiental en el orden constitucional un elemento transformador del marco regulatorio que ha abierto una nueva puerta para la protección ambiental. El profesor Jorge Bermúdez Soto, abogado chileno de la Universidad Católica de Valparaíso, sostiene que “Una de las formas en que el ordenamiento jurídico constitucional cambia y se desarrolla es a través de la transformación que experimenta el texto constitucional en su entendimiento, interpretación y aplicación producto de nuevos hechos, valores o nuevas relaciones que se producen entre unos y otros”. En otras palabras, el texto constitucional va teniendo una vida, una interpretación que va recogiendo los cambios que se van produciendo en las sociedades -materia de gran desarrollo en la sociología jurídica- y en esa perspectiva, la fuerza de los movimientos sociales abre nuevas miradas, nuevas concepciones y nuevas interpretaciones distintas a las tradicionales. Esta judicatura, requerida a intervenir por las comunidades, hoy está generando fallos que revierten decisiones de aprobación de proyectos o ilegalidades en la tramitación administrativa de la autorización de los mismos. Este escenario, desde luego genera inquietud para aquellos que promocionan e impulsan los proyectos de inversión conflictivos llevándolos a calificar a esta nueva realidad (la recurrente acción judicial por parte de comunidades afectadas) como un fenómeno de judicialización de los temas ambientales, donde -para quienes ven en el ejercicio legítimo de derechos que contempla el ordenamiento jurídico una amenaza a la estabilidad de las decisiones administrativas o una traba importante a la inversión- lo que está en juego es el garantismo procesal versus el activismo judicial. Estos sectores creen advertir un giro “verde” en muchos de los fallos que acceden a las demandas ciudadanas y califican de activismo judicial un actuar judicial que interpreta la letra de la Constitución incorporando las nuevas visiones de una sociedad que incorpora, en su aproximación a los temas ambientales, las evidencias del deterioro ambiental y a partir de allí, construyen su reclamo. Estos éxitos de comunidades ante los tribunales de justicia tienen, creemos, la gran virtud de hacer visibles las problemáticas relativas a la institucionalidad y marco regulatorio que nos acompaña en la gestión ambiental, generando así impactos más allá del caso concreto fallado, a las vez que integran, como venimos diciendo, los anhelos y reclamos de las comunidades en una nueva visión de los temas ambientales, incluyendo, en algunos casos, aspectos trascendentes en relación a formas de vida y creencias religiosas. Un buen ejemplo de ello es el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, Chile, (año 2013) que deja sin efecto una autorización otorgada por la administración ambiental a un proyecto minero señalando: “Por último la Corte está de acuerdo con que la cultura indígena 44


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corresponde a una forma de vida particular siendo los recursos naturales parte de su cosmovisión. Es por esto que los efectos del proyecto Los Pumas sobre la vertiente de Taapaca, que para los del pueblo Aymara constituye una identidad sagrada denominada Uma, ya que es donde el agua se estrecha con la vida afecta la garantía constitucional del derecho a la libertad de culto”19. En virtud de lo expuesto creemos que los textos constitucionales, al incorporar la protección de nuevas visiones (protección del medio ambiente) y generar nuevas garantías (en el caso chileno es la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación) han ido generando plataformas de institucionalización del conflicto, que, así expresadas, formalizan exigencias al poder político. Estas exigencias al poder político, y que sustantivamente corresponden a una nueva visión respecto de los bienes naturales comunes y su tratamiento, podríamos, en un esquema de inicial ordenamiento, esquematizarlos de la siguiente manera: I. Generar mecanismos institucionales regulares para materializar una efectiva participación ciudadana en la adopción de decisiones y medidas de dimensión ambiental II. Definir políticas medioambientales orientadas a: a. Establecer una nueva relación entre los ciudadanos y sus territorios con respeto a la condición de bienes naturales comunes de los componentes ambientales b. Adoptar medidas que apunten a enfrentar la inequitativa distribución de cargas y beneficios ambientales c. Garantizar una coherente acción del Estado respecto de los bienes naturales comunes, cuestión que implica crear mecanismos de decisión en el aparato del Estado de carácter transversal d. Instalar una política efectiva y coherente para enfrentar los retos del cambio climático en el orden de la adaptación, mitigación y creación de capacidades Para efectos de avanzar en la satisfacción de los nuevos imperativos ambientales que conllevan una nueva visión respecto de los bienes naturales comunes, creemos indispensable plantear como plataforma de adecuado abordaje de respuestas efectivas, el ordenamiento territorial pues es una forma, creemos, de relacionar institucionalidad y normativa con resultados, en una gestión donde se reconozca el carácter de bien común de los componentes ambientales y excedamos la mera denominación de los recursos naturales a fin de generar miradas con consideraciones ambientales generales, donde sea posible la convivencia de distintas actividades, pero valorando los servicios ambientales que brindan los ecosistemas, considerando las vocaciones productivas naturales de los territorios, las identidades culturales de las poblaciones y, desde luego, la de los pueblos originarios.

19 Fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, Chile, de 25 de noviembre de 2013. Fallo unánime que deja sin efecto la calificación ambiental favorable del proyecto minero Los Pumas, una vez que acogió el recurso de protección “Vargas y otros contra Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Comisión de Evaluación Ambiental.” Rol 182-2013 45


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La economía solidaria en América Latina y El Caribe y los Bienes Comunes Humberto Ortiz Roca I. Economia Popular, economía del trabajo. Entendemos por economía popular al conjunto de actividades económicas llevadas a cabo por pobladores (as) empobrecidos (as) y excluidos sea en el campo de la producción, la distribución o el consumo y cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y sus familias. La racionalidad económica con la que funcionan las actividades económicas populares no es la de la maximización de la tasa de ganancia (solamente un 15% de ellas como promedio logran llegar al nivel de acumulación simple), sino la satisfacción de las necesidades básicas de la persona y su familia. A estas actividades que tienen esta racionalidad económica, el economista argentino Jose Luis Coraggio les llama economía del trabajo20 por cuanto se basan en optimizar el factor trabajo (factor abundante en las economías populares) y porque su estrategia de crecimiento y desarrollo se basa en potenciar las capacidades laborales de la persona y su familia (padres de familia, madres de familia, los hijos, parientes, adultos mayores, etc). Para Coraggio, esta expansión de capacidades laborales de la persona y su familia han llevado a configurar todo un Fondo de Trabajo que se mide en tiempo (horas de trabajo). El fondo de trabajo esta constituido por la sumatoria de las capacidades laborales de la persona y su familia. El desempeño de estas capacidades laborales puede llevar a generarse ingresos monetarios (producto del trabajo dependiente, independiente o en actividades de generación de ingresos monetarios desarrolladas en el espacio doméstico) o bien puede tener formas no monetarias (tiempo invertido en el trabajo domestico, tiempo invertido en el trabajo en las organizaciones comunitarias, trabajo de autoformación).

II. Economia Solidaria. Decisiones sobre los bienes comunes. Esta economía popular o economía del trabajo en tanto se basa en el desarrollo de las capacidades laborales de las personas y sus familias y su finalidad es la de satisfacer las necesidades básicas para vivir, suele tener como estrategia para el crecimiento y desarrollo, el poner en escena formas de cooperación y solidaridad y por ende de autogestión que van configurando el factor C. llamado así porque hace referencia a un conjunto de categorías relacionadas con el trabajo colectivo y cooperativo tales como compartir, comunidad, confianza, comunión, etc. En este sentido la economía solidaria es la economía del trabajo que moviliza y optimiza el factor C. Podríamos definir la economía solidaria como la economía del compartir. Compartir el trabajo (pro20 Coraggio, Jose Luis, La Economia del Trabajo, 1985, Buenos Aires así como en textos mas recientes sobre economía del trabajo y desarrollo local (2001), edic, Universidad Nacional General Sarmiento, Bs.As, Argentina. 47


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ducción), compartir los frutos del trabajo (distribución y consumo)21 . Esta economía solidaria se da en todas las dimensiones de la economía, no sólo en la distributiva sino también en la productiva. Las decisiones económicas que se toman en su mayoría son colectivas.

III. Bienes comunes, el desarrollo humano, integral, solidario. Definiremos nosotros desarrollo como un proceso a través del cual las personas, grupos humanos, comunidades enteras mejoran sus condiciones de vida tanto en cantidad de vida como en calidad de vida22. En este afán muy humano de crecer en cuanto a mejora de condiciones de vida, se han ensayado en los países del sur del mundo diversos modelos de desarrollo, los cuales en su mayoría han sido de “desarrollo económico”. Hoy en día existe casi la convicción de que el desarrollo no es solamente económico, que la economía es una dimensión del desarrollo humano, pero no la única ni la principal. Podemos considerar seis dimensiones del Desarrollo (Prof. Denis Goulet23, “Etica del Desarrollo”): • la dimensión económica • la dimensión social • la dimensión política • la dimensión cultural • la dimensión ecológica • la dimensión ética La dimensión económica se refiere a las variables de la producción y el ingreso per-cápita, el grado de industrialización de un país, región o localidad, un nivel equitativo de distribución del ingreso al interior de dichas economías y entre las economías. La dimensión social tiene que ver con un nivel adecuado de salud, alimentación, vivienda, servicios básicos, así como la participación ciudadana en la mejora de sus condiciones de vida. La dimensión política tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos (civiles y políticos), la existencia de un Estado de Derecho, la vigencia de la democracia tanto representativa como especialmente participativa.

21 Ortiz, Humberto, Economia popular y economía solidaria, doc. De trabajo CEAS, Perú, 2002. 22 Pablo VI en Populorum Pregressio define el desarrollo como el paso para tada la persona y todas las personas “de condiciones menos humanas a condiciones más humanas” (PP 20). 23 Denis Goulet es un Profesor canadiense, recientemente fallecido, fuè docente de la Universidad Notre

dame de los Estados Unidos de Norte América, uno de los discípulos del Padre Lebret. Además de ser un riguroso académico (científico social y filósofo) ha compartido muchos años de su vida con la población de base. Desde joven fue obrero en norteamárica y luego, siendo académico, vivió muchos años en comunidades de asia y oceanía en una actitud de aprender de sus modos de vida y sus culturas antes que de “enseñar”, lo que le ha dado una sencillez muy especial y un análisis muy vivencial. Su teoría se basa también en las conclusiones de varios eventos internacionales que se plantearon el tema de cómo definir y operacionalizar un concepto holístico de Desarrollo. Varios de sus trabajos se encuentran en el Centro de Documentación de la ONG Alternativa en Lima y los originales en la Biblioteca de la Universidad Notre Dame y la Fundación Kellogg.

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La dimensión cultural del desarrollo hace referencia a la identidad de los grupos o comunidades, usos y costumbres, como también la capacidad de entrar en diálogo con otras culturas y en ese proceso transformar la propia cultura. La dimensión ecológica del desarrollo tiene que ver con la responsabilidad por lo existente, la responsabilidad por el futuro de las nuevas generaciones así como la armonía del ser humano con la Creación, en la perspectiva de un ambiente sano y duradero para las futuras generaciones. Finalmente, la dimensión ética del desarrollo tiene que ver con lo que Goulet llama el “full life model” o “modelo de vida plena”. Cada sociedad tiene un modelo de vida plena que tiene derecho a realizar. Desarrollo Local. El desarrollo parte desde los espacios locales, en los cuales las personas concretas se encuentran, se relacionan entre sí, intercambian y pueden crecer en las seis dimensiones mencionadas. Pero el desarrollo local se proyecta al nivel regional, nacional como también al nivel internacional o global24. La dimensión local del desarrollo hace referencia a espacios territoriales tales como las provincias o distritos de las regiones o bien a las propias comunidades y caseríos dentro de los distritos. El desarrollo local nos plantea el trabajo en las seis dimensiones del desarrollo desde dichos niveles locales. Desarrollo Solidario. En la medida que la opción por el desarrollo es una decisión humana y por lo tanto implica una decisión ética. Lograr el desarrollo no es algo que pueda ser factible con las solas fuerzas del “mercado competitivo”, del culto a la competitividad o del individualismo extremo25. El desarrollo de las comunidades, pueblos y naciones implica la ayuda mutua de todos y todas quienes les conforman, sea cual fuera su raza, credo o posición en la sociedad. Pero el real desafío es la preocupación por quienes están marginados, excluidos inclusive de los procesos u organizaciones de ayuda mutua. En ese sentido el desarrollo solidario es principalmente concertativo e incluyente, no es “contra de...” sino “a favor de”. La perspectiva del desarrollo solidario implica que todos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, ancianas se consideren co-partìcipes, co-responsables de la construcción solidaria de un desarrollo humano integral.

IV. El territorio como espacio económico. Tanto la economía popular o economía del trabajo y la economía solidaria tienen como espacio de desempeño el nivel local, esto es, la comunidad campesina, pueblos dentro de distritos o bien distritos y provincias urbanos, configurando una economía denominada por algunos como la economía de la proximidad26. En dicho territorio la economía popular se desempeña en cualesquiera de los 24 Podemos considerar dentro de lo local los niveles comunales, distritales, provinciales. En el nivel regional los departamentos y agrupamientos de departamentos; en el nivel nacional el país en su conjunto. En el nivel global las relaciones internacionales entre los países, que a su vez puede subdividirse (región andina, latinoamérica, continente americano, mundo en su conjunto, etc). 25 Podemos considerar dentro de lo local los niveles comunales, distritales, provinciales. En el nivel regional los departamentos y agrupamientos de departamentos; en el nivel nacional el país en su conjunto. En el nivel global las relaciones internacionales entre los países, que a su vez puede subdividirse (región andina, latinoamérica, continente americano, mundo en su conjunto, etc). 26 Guay, Lorraine, Relais Femmes, Québec, 2002. 49


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componentes del circuito económico (producción, distribución, consumo, como lo hemos señalado anteriormente). La conjunción de la economía popular (del trabajo) con el territorio han abierto posibilidades no solo para la sobrevivencia sino para el desarrollo, pues estas economías sencillas han logrado interactuar con actores económicos de los sectores públicos y aun privados. Es el caso por ejemplo de las Municipalidades y mancomunidades. Han interactuado con las Municipalidades y han incidido en las decisiones sobre los planes de desarrollo local y los presupuestos de inversión local27. Poco a poco estas economías populares, economías solidarias van transformándose en expresión de ciudadanía en sectores populares y campesinos, en formas nuevas de participación económica de pobres y excluidos forjando su autodesarrollo y el de sus comunidades. GRAFICO No. 1

El desarrollo local es el proceso de transformación de las economías y las sociedades locales, orientado a superar las dificultades de la pobreza y exclusión y aprovechar las oportunidades para superarlas, para mejorar las condiciones de vida de su población vía la acción concertada y solidaria entre los diversos actores socio-económicos locales (público, privado, social), aprovechando sustentablemente los recursos endógenos existentes, desarrollando capacidades para emprender actividades locales económicas y empresariales, la cooperación y la creación de un entorno innovador en el territorio. El desarrollo económico local y el desarrollo local más allá de lo económico requieren de las más variadas tecnologías apropiadas (Razeto), con mejoras en procesos, productos y gestión (Alburquerque 28 ), la combinación de recursos financieros (económicos) con las actividades formativas, el impulso de procesos integrales e integrados de educación y desarrollo (Razeto), la incidencia en factores institucionales, políticas públicas, en el modelo de desarrollo “macro”.

27 Guay, Lorraine, Relais Femmes, Québec, 2002. 28 Alburquerque, Desarrollo Economico Local, 2000. Madrid, Espana. 50


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Implica un modelo (macro) económico de acumulación y distribución equitativa de recursos que optimice las potencialidades locales (Razeto).

V. Cooperación y responsabilidad social para el desarrollo solidario. El desafío de la economía popular o economía del trabajo es desarrollar un potencial solidario y comunicar esa capacidad solidaria al Estado y sector privado. El rol de un Estado promotor de un desarrollo solidario29 implica la concertación con la sociedad civil, la regulación, la prioridad de la inversión social en los presupuestos (presupuestos participativos). El rol de la empresa privada es el de desarrollar una autentica responsabilidad social en base a códigos de ética elaborados con participación de la comunidad local, que se proyecten de la filantropía al desarrollo local, que rindan cuentas a través de balances sociales, que se basen en el principio de adicionalidad30.

29 Cfr. Pontificio Consejo Cor Unum, Frente al Hambre en el Mundo, desarrollo solidario, Ciudad del Vaticano, 1999. 30 Principio de adicionalidad que plantea que la responsabilidad social debe ir más allá de las obligaciones establecidas por la regulación legal ya establecida en los países. 51


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Cultura, identidad narrativa y auto-afeCción: la literatura y el arte como bienes comunes Cesare Del Mastro Puccio Un grupo de recicladores de la periferia de Lima, tradicionalmente excluidos de los espacios de educación formal en los que el arte y la literatura han sido reducidas a un bien privado o a un bien público gestionado según los criterios de la ganancia o la erudición individual, son invitados a participar en un taller de lectura para hacer memoria de un relato quechua recogido y traducido al español por el escritor peruano José María Arguedas en 1965, a partir de la narración de un comunero de la provincia de Quispicanchis en Cusco. Un tiempo hermenéutico se abre gracias a este espacio educativo en el que, a decir de Paulo Freire, la lectura de la palabra –despliegue de las potencialidades semánticas del cuento El sueño del pongo31– parte de la lectura anterior del mundo –memoria de las experiencias vividas por estos recicladores– y permite volver sobre ella para recrearla32. Una de las participantes de este taller de lectura afirma que hay una fuerza que no puede definir pero que ella siente como lectora cuando irrumpe y se inserta en la historia de su propio cuerpo socialmente vulnerable el cuerpo de la disyuntiva en la que contrastan de manera terrible los dos sustantivos con los que el patrón pregunta al pongo: “¿Eres gente u otra cosa?”. “Cosa” o mero homo oeconomicus sometido a las fuerzas de la competencia es precisamente lo que esta recicladora no es en el instante en el que, al participar de la exposición a los relatos del pasado como bienes comunes, su vida se experimenta como paso hacia la comprensión de ella misma, como identidad narrativa: representación literaria de su propia vulnerabilidad en la del pongo. Y sabemos que no hay narración sin el dinamismo de una memoria que examina, selecciona y ordena sucesos, rostros y heridas; ni experiencia que no coincida ya siempre con “una narratividad virtual que no surge de la proyección de la literatura sobre la vida, según la afirmación corriente, sino que constituye una auténtica demanda de relato” (Ricoeur 2009: 52). Cuando los textos literarios son considerados como expresiones de una “alta cultura” reservada a determinada élite intelectual, se pierde la memoria de los bienes culturales que constituyen a una comunidad y que, en tanto bienes comunes, no deberían ser gestionados por “el principio normativo del intercambio de equivalentes que […] es el principio que regula las transacciones de mercado” (Zamagni 2013: 30). Si, por ejemplo, la transmisión de este relato así como su interpretación respondieran a los criterios de esta “racionalidad individual de mercado”, no podría operarse en estos recicladores de la periferia limeña la historia de una vida, la cual “procede de historias no contadas y reprimidas hacia historias efectivas, de las cuales el sujeto puede hacerse cargo y considerar como constitutivas de su identidad” (Ricoeur 2009: 52-53). Se despojaría, pues, a estos trabajadores del poder-decir simbólico de su cultura, es decir, de la pregunta quién recuerda y 31 Personaje que, en el mundo andino, ocupaba el último nivel en la escala social; debía servir gratuitamente por turnos en la casa-hacienda de su patrón. 32 Cf. el libro de Paulo Freire Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo veintiuno editores, 1999; en particular, la primera carta titulada “Enseñar – aprender. Lectura del mundo – lectura de la palabra”, pp. 28-42. 53


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quién narra cuya respuesta es constitutiva de la acción, del poder-actuar que está ya, desde siempre, simbólicamente mediatizado. Sin embargo, al hacer memoria de El sueño del pongo, el cuerpo de esta participante del taller de lectura se descubre capaz-de-actuar debido a que la elaboración misma de la intriga del relato –sus concordancias discordantes o sus discordancias concordantes– le permiten hacer la síntesis de sus propias tensiones y experiencias de liberación. En efecto, esta transfiguración de la experiencia de la lectora en fusión con el horizonte de experiencia del texto se produce cuando la subjetividad de esta mujer se experimenta a sí misma, literaria y existencialmente, como punto de quiebre, como una transformación del ritmo narrativo gracias a la cual el considerado como insignificante asume el rol principal de narrador: “Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ése, ese hombrecito habló muy claramente”. De esta manera, lo relatado no se construye más desde la hegemonía simbólica del verdugo (la casa-hacienda del patrón) sino desde la interpelación que proviene de un espacio onírico en cuyo seno el hombre quechua demuestra al supuesto representante del universo simbólico cristiano-occidental que él sí ha comprendido lo central del mensaje bíblico, a saber, que no hay experiencia de Dios sin un restablecimiento real de la justicia, sin el paso del olvido a la memoria y al desarrollo pleno de las propias capacidades. Comprenderse es, entonces, “comprenderse delante del texto” porque el acto de leer y narrar permite abrir delante del texto “un horizonte de experiencia posible, un mundo en el cual sería posible habitar […], la proyección de un universo nuevo” (Ricoeur 2009: 49). A partir de la experiencia que acabamos de evocar, intentamos proponer en las páginas que siguen algunas pistas de reflexión que nos permitan asumir la educación como un proceso en el que la literatura y el arte, en tanto bienes culturales, se recrean como bienes comunes y propician la consideración de otros bienes de la sociedad como bienes comunes. Para ello, estableceremos un breve diálogo con Hannah Arendt, Paul Ricoeur y Michel Henry, filósofos cuyas reflexiones en torno a la cultura nos permiten defender la hipótesis según la cual la condición de bien común no se añade desde fuera a los bienes estético-culturales sino que dicha condición está ya inscrita en ellos tanto en el proceso mismo de creación cuanto en su recepción por parte del lector o del espectador.

1. La cultura como amor al mundo Los bienes culturales constituyen, según Hannah Arendt, una herencia colectiva que todos los actores de la sociedad deben poder hacer suya no para poseer decorativamente un bien como fuente de diversión turística o como índice de perfeccionamiento individual y poder económico, sino para descubrir lo que la comunidad es capaz de hacer con dicho acervo proveniente de los seres humanos del pasado y conformado por relatos, obras de arte, experiencias y pensamientos de otras épocas. En las antípodas del comportamiento del oportunista (free rider) que reduce los bienes culturales al beneficio que ellos le proporcionan, la literatura y el arte como bienes comunes se relacionan con el mundo y con la política porque garantizan la continuidad del primero a través de la inserción en él del niño que nace, condición necesaria para que todas las personas irrumpan como posibilidad de lo nuevo en la historia, como posibilidad de transformación y de recreación sociales. Por ello, la cultura en tanto bien común debe ser entendida como la participación de todos los ciudadanos en la continuidad del mundo e incluso como amor al mundo: amor a los seres humanos que va más allá de los lazos afectivos que nos unen a “los nuestros” en el espacio privado o en las instancias del estado. Cuando el “cuidado ofrecido a los monumentos del pasado” no es sinónimo de nostalgia ni de pretensiones eruditas individuales, los bienes culturales son liberados, gracias al

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diálogo al que dan lugar en el espacio colectivo, del individualismo y de la mentalidad de fabricación y consumo que los reduce a su utilidad inmediata33. En consecuencia, cada generación tiene el derecho de escuchar una voz irreductible a la lógica del propio interés (self-interest), una voz cuyas propuestas de sentido son repotenciadas y recreadas por una cadena de transmisión colectiva. En este sentido, la escucha de una voz que no pertenece ni a unos ni a otros –bien cultural que nos atraviesa a todos desde su condición de bien común– no crea dependencia de los bienes privados del mercado, pero tampoco da lugar al riesgo de represión por parte de la defensa que el estado hace de los bienes públicos: “La transmisión está en el corazón del vivir juntos de las diferentes generaciones. No borra estas diferencias: las hace vivir” (Chalier 2008: 26).

2. La conformación narrativa de la identidad La elaboración de relatos y la exposición a estos constituyen bienes comunes porque dichos bienes culturales son imprescindibles para la conformación de la identidad. Esta se forja en el acto mismo de contar la propia historia motivado por la escucha de historias que no provienen de uno mismo sino de la comunidad a la que uno pertenece. Hay, como lo ha señalado Paul Ricoeur, una coincidencia fundamental entre el acto de contar una historia y el carácter temporal de la existencia humana. A la duración de los ritmos vitales del sueño, la vigilia y el hambre se suma la duración narrativa que coincide con la duración humana en la medida en que esta última no se limita a la satisfacción inmediata de las necesidades biológicas porque estas están siempre inscritas en un universo simbólico, en una red de significados que hacen del cuerpo un “cuerpo viviente”. Esta relación siempre significante con el mundo no solo inscribe los ritmos vitales del cuerpo en un conjunto de valores según la inmediatez de sus necesidades presentes sino que dicho cuerpo se experimenta como un tiempo ligado a un pasado histórico o mítico, a una anterioridad de palabras que conducen propuestas de sentido hasta las nuevas generaciones. Así, el acto de contar revela que la duración humana no se puede separar de la memoria de lo vivido por otros seres humanos, pero tampoco de la expectativa ni de la promesa de lo nuevo en la historia. El narcisismo del sujeto que se asume ya definido por esencias atemporales o por la exacerbación de una autonomía que niega todo aquello que no proviene de él mismo es puesto en cuesti��n por este “sujeto narrativo” que, al decirse a sí mismo a través de los bienes culturales, asume una identidad narrativa dinámica,

33 “Las obras de arte no son creadas para los hombres sino para el mundo que está destinado a sobrevivir a la vida limitada de los mortales, al ir y venir de las generaciones. […] [El mundo contemporáneo se distingue por una pérdida de la dimensión pública de la facultad de juzgar o del gusto, [problema que repercute a su vez] en la enseñanza y transmisión del patrimonio cultural como participación de los ciudadanos a la continuidad del mundo […]. la facultad de juzgar es una facultad específicamente política, en el sentido de que los juicios de gusto, que se espera que sean compartidos por el otro, son objeto de un debate […]. La posibilidad de un mundo común, que no es única ni esencialmente un mundo de consumidores, es también la condición de una educación en la que decidimos si amamos lo suficiente a nuestros hijos para no arrojarlos fuera de nuestro mundo, ni abandonarlos a ellos mismos, ni arrebatarles la posibilidad de emprender algo nuevo […]. La novedad, como el nacimiento cuya significación política Arendt subraya constantemente, es posible en un mundo que, gracias a su continuidad, puede acogerla y darle un lugar. Cuando las obras son hechas para los seres humanos y destinadas únicamente al consumo, son arrojadas fuera del mundo común y se gastan hasta el agotamiento. La cultura desaparece cuando la mentalidad de la fabricación invade el espacio público” (Pelluchon 2011: 253-255). 55


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dialogante y llamada a recrearse constantemente. El concepto de identidad narrativa permite a Ricoeur escapar de la coincidencia narcisista del sujeto moderno consigo mismo así como del cambio incesante que renuncia a cualquier tipo de convergencia de lo divergente34. Todo proceso educativo debe garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la capacidad de narrar-se porque estos relatos potenciales, elaborados siempre a partir de los bienes culturales ya existentes, constituyen bienes comunes. Los consideramos así debido a que el valor de la “puesta en relato” (mise en récit) de la propia vida no radica en la maximización de ganancias sino en la posibilidad de conformar la identidad, concebida como una unidad no sustancial sino siempre por hacerse a partir del seguimiento de la intriga de relatos abiertos. Dicha identidad requiere de las mediaciones abiertas por la literatura y el arte, es decir, de una alteridad narrativa ya que el propio ego se encuentra habitado por una serie de “variaciones imaginativas” que él no encuentra ya de manera transparente en sí mismo sino que implican la exposición a un “otro” que lo precede, es decir, a los relatos recibidos de su cultura. Solo desde el descentramiento hermenéutico en virtud del cual se acoge un ritmo narrativo exterior puede el estudiante constituirse en receptor vivo de la historia relatada, es decir, en un lector que participa en un proceso dialógico de apropiación –no de posesión– de los bienes culturales que son ya, por ello, bienes comunes. No se trata, por lo tanto, de la mera transposición de un producto literario sobre una vida que estaría definida con prescindencia de dicho texto; por el contrario, la manera como el cuerpo del lector se deja habitar por el cuerpo del relato hace emerger, del interior mismo del proceso estructurante de la intriga narrativa, el llamado de su vida a intentar tomar posesión de sí. Solo habiéndose recibido siempre ya del interior mismo de una intriga narrativa que él es capaz de seguir cuando acoge el relato en su alteridad, la vida del lector deviene vida no simplemente vivida sino convergencia de elementos discordantes: demanda de un relato en el que acontecimientos múltiples y distantes, padecimientos y márgenes de acción sean vinculados y unificados en un tiempo en el que algo “dura y permanece a través de aquello que pasa y desaparece” (Ricoeur 2009: 45). La conformación de la identidad narrativa supone un movimiento de exposición a los bienes culturales: textos u obras de arte recibidos de una cultura que nos precede y cuyas intrigas coinciden con la exigencia de relato de la vida en nosotros, vida que no se agota nunca en cada individuo porque los atraviesa a todos. Dichos bienes culturales son comunes debido a que provienen de voces del pasado que se reciben colectivamente, que no son propiedad de un solo sujeto ni responden al fin último de la ganancia: en la participación de todos a la recreación de dichos bienes están en juego la identidad y el sentido de una comunidad.

3. La vida auto-afectiva: “toda necesidad es necesidad de cultura” A diferencia del saber de la ciencia y de la conciencia, el saber de la vida sobre el que está fundada la cultura permite a Michel Henry retomar el vínculo de los bienes culturales con este poder de la vida que reside en sentirse afectada, en experimentarse a sí misma. Si los bienes culturales provienen de este deseo de la vida subjetiva que consiste en auto-afectarse, entonces toda manifestación cultural es un bien común porque está enraizada en la vida que somos y compartimos, en la que todos esta34 “[…] aquello que llamamos sujeto nunca está dado desde el principio. O, si está dado, corre el riesgo

de verse reducido al yo narcisista, egoísta y avaro, del cual justamente nos puede librar la literatura. Ahora bien, lo que perdemos por el lado del narcisismo, lo ganamos por el lado de la identidad narrativa. En lugar del yo atrapado por sí mismo, nace un sí mismo instruido por los símbolos culturales, en cuya primera fila están los relatos recibidos de la tradición literaria. Son ellos quienes nos confieren una unidad no sustancial sino narrativa” (Ricoeur 2009: 55).

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mos inmersos: la vida que quiere significarse como cultura y que, al mismo tiempo, es repotenciada cada vez que la literatura y el arte se conectan con este despliegue de la vida en nosotros. Las ideologías comunista y capitalista han olvidado, según Henry, que el fundamento del universo económico está en esta realidad de la vida que es también una fuerza, un poder productivo. Cuando se olvida que la realidad de la vida es el fundamento de todo proceso real de producción y que, como sostiene Marx, toda actividad humana es, ante todo, una fuerza subjetiva de trabajo, tiene lugar la alienación: el viviente humano es despojado de su deseo de sentirse a sí mismo así como de la reciprocidad fundada en el hecho de que, con anterioridad a cualquier vínculo sanguíneo o nacional, otros individuos han sido igualmente recibidos de esta vida que desea experimentarse y proliferar en ellos. En este sentido, como ha sugerido Stefano Zamagni, solo una “economía civil” sustentada en el principio de la reciprocidad puede restablecer el lazo que une las actividades económicas con el sistema de valores culturales del que ellas proceden y que ellas pueden alimentar:

“Puesto que la participación en dichas actividades no se puede separar de la cultura que las motiva, el comportamiento económico será de reciprocidad. […] el aspecto esencial de la reciprocidad es que las transferencias que genera son indisociables de las relaciones humanas; el objeto de la transacción no se puede separar de las personas que la realizan, de manera que el intercambio deja de ser anónimo e impersonal. […] en un equilibrio de reciprocidad es posible dar sin perder y recibir sin quitar” (Zamagni 2013: 41).

Para asumir todo bien cultural como un bien común es necesario crearlo y recibirlo en el marco de una cultura de la vida auto-afectiva, es decir, en tanto experiencia de una subjetividad que desea sentirse y compartirse como la vida que es gracias a los diversos relatos y obras de arte a los que es expuesta. La literatura y el arte son creadas por el deseo de la vida de experimentarse a sí misma: los bienes culturales son lo que la vida elabora y transforma (la vida como sujeto de los bienes culturales). Pero en el deseo de significarse a sí misma, la vida resulta ser también lo que es elaborado y transformado por la literatura y el arte (la vida como objeto de los bienes culturales). Los bienes culturales están ya siempre en relación con la vida que los hace posibles y que es al mismo tiempo repotenciada por ellos: “Toda cultura es una cultura de la vida, en el doble sentido en que la vida constituye a la vez el sujeto de esta cultura y su objeto. Es una acción que la vida ejerce sobre sí misma y por la que se transforma a sí misma en cuanto que es ella misma la que transforma y lo que es transformado” (Henry 1996: 19). En tanto bienes comunes, los bienes culturales coinciden con el deseo de la vida subjetiva de auto-afectarse en esta adhesión primera a sí misma, en este consentimiento a sentirse afectada como la vida que es así como en el deseo de ser afectada por nuevas creaciones culturales. Desde una motivadora relectura de Marx35, Michel Henry nos advierte de los peligros de una alienación capitalista que podríamos encontrar también en las políticas de transferencia de recursos que reducen el desarrollo humano a la satisfacción de necesidades básicas como si dicha satisfacción se diera de manera natural. Cuando las necesidades son naturalizadas, estas se desconectan del enigma de la vida del excluido y de su deseo de vivir. Olvidamos, entonces, que sus necesidades están marcadas por el no-reconocimiento y que, por lo tanto, la satisfacción de dichas necesidades está atravesada por la experiencia subjetiva y afectiva que hace de toda necesidad una necesidad de cultura. Pan y palabra, salud e imagen, abrigo y narración van de la mano porque las necesidades de alimento, de integridad física y de vestido deben poder ante todo experimentarse en su carga, en su peso, en su pathos radical. En ese sentirse vivo, el excluido vive ya sus carencias como necesidad de cultura, es decir, como una apertura a la “puesta en relato” del deseo vital de comer, de curarse y de abrigarse, 35 Cf. la versión en español del primero de los dos tomos consagrados por Michel Henry a este pensador alemán: Marx. Una filosofía de la realidad. Buenos Aires: La Cebra, 2011. 57


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que es al mismo tiempo deseo de que otras vidas igualmente particulares puedan gozar de alimento, salud y cobijo: necesidad de cultura porque toda necesidad es, de entrada, elaborada humanamente y deseosa de tomar posesión de la necesidad que ella es, de narrarse, de reconocerse, de ser afectada, de experimentarse en el consentimiento violento de su propio peso y en la apertura a compartirse. Pensadores como Amartya Sen han cuestionado el enfoque de las necesidades básicas debido a que este liga el desarrollo humano a las cosas (la pregunta sobre cómo acceder a los bienes para maximizar la utilidad y acumular riquezas) y no al ser humano (la pregunta sobre a cuánta libertad contribuyen los bienes que se tienen en el marco de una expansión del horizonte de posibilidades de lo que la gente es capaz de ser y hacer). Otra razón que conduce a tomar distancia del enfoque del desarrollo como mera satisfacción de las necesidades básicas es que quienes lo cultivan tienden a ver al socialmente vulnerable como paciente (necesitado) y no como agente de su propia vida deseoso de ampliar su campo de acción36. Nosotros sostenemos que no solo hay muchos elementos en la vida humana que no están ligados directamente a la satisfacción de las necesidades básicas, sino que estas comparten con todas las otras necesidades su condición de “necesidad de cultura” y que, por ello, todo bien cultural está llamado a ser, desde su condición misma de bien cultural, un bien común. Todo bien está marcado por una capacidad de auto-afección, subjetiva y sensible, que funda y potencia toda posibilidad de agencia, y permite describir incluso las necesidades consideradas como básicas o naturales como necesidad de cultura. La literatura y el arte constituyen, precisamente, bienes culturales a través de los cuales el excluido se apropia de su experiencia para que, viviente en debate interno con su propio poder de experimentar y su deseo de vivir, la vida sea en él esta vida que se siente a sí misma. Esta es la significación primera del rostro del socialmente insignificante que brota de la exposición a los relatos de su propia fragilidad, a saber, su poder y su deseo de auto-afectarse, de adherirse a la vida golpeada que él es para encontrar en el seno mismo de esta adhesión la alegría de ser vivo en tanto vulnerable. Solo entonces, habiéndose recibido a sí mismo con todo el peso del “aquí” y el “ahora” –la vida que él es y que no puede dejar de ser–, el socialmente vulnerable puede abrirse al “allá” de nuevas capacidades que le permitan hacer frente a dicha vulnerabilidad –la vida en la que él adviene como desborde y como creación cultural junto con todos los otros seres humanos.

A modo de conclusión La definición de los bienes culturales como bienes comunes nos compromete a revalorar la exposición a la literatura y al arte en el marco de una cultura de la vida. Se trata de acercarnos, desde la llamada educación popular en particular, a la literatura y al arte de nuestra y de otras tradiciones culturales en tanto experiencia de una subjetividad, es decir, en tanto vida que se auto-afecta y que, al hacerlo, se comparte. Los bienes culturales que no debemos dejar de transmitir de generación en generación son bienes comunes porque provienen de este movimiento de la vida y a su vez permiten a este movimiento proliferar en quienes comparten dichos bienes. Así, por ejemplo, los relatos del pasado exponen al lector a su propia vulnerabilidad en la medida en que este se siente afectado por el ritmo y la densidad semántica del relato que le es ofrecido, pero este movimiento de auto-afección se puede abrir a la vulnerabilidad del “otro ficcional” que habita el relato así como a la de aquellos rostros reales con quienes la literatura y el arte, en tanto bienes comunes, se comparten y recrean. En un contexto latinoamericano de crecimiento económico en el que se suele reducir la calidad de vida de las personas a su margen de utilidades, consideramos muy importante subrayar que el 36 Cf. al respecto el artículo de Javier Iguíñiz titulado “Sostenibilidad ¿de qué desarrollo?”. En Páginas n° 229 (2013), pp. 26-32. 58


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desarrollo integral de las personas no incluye únicamente las herramientas técnicas de la “economía privada” sino los recursos y procedimientos de bienes culturales tales como la literatura y el arte. Y es que, al “golpear como un río las conciencias”, estos bienes comunes permiten abordar los factores subjetivos, intangibles pero latentes, de la exclusión a través de nuevas narrativas promotoras de libertad y de cambios culturales profundos. La organización de talleres de lectura, de teatro y de creación artística en zonas precisamente excluidas del acceso a estos bienes culturales motiva la recreación de experiencias que, al ser compartidas, permiten reconfigurar significados desde una acción cultural que transforma nuestras actividades económicas. Por ello, frente al “capitalismo de casino” que amenaza irrumpir también en el ámbito de la educación para poner el acento en el rendimiento calculable y en la competencia, debemos asumir los bienes culturales como bienes comunes. El gozar de la literatura y el arte se transforma, así, de inmediato, en sufrir por y con todas las formas que adquiere el hambre-del-otro, así como en la alegría del servicio concreto al que dichas necesidades –que son siempre necesidad de cultura– nos consagran. El compartir los bienes culturales –compartir del que solo puede hacerse cargo una sociedad que los asume como bienes comunes– está fundado, pues, en el sufrir por y con el no-reconocimiento de los excluidos y en la alegría de saberse escogido para responder desde una concepción integral del desarrollo humano. Los procesos educativos en los que el socialmente vulnerable no se limita al rol de consumidor pasivo de bienes privados o públicos, sino que asume el potencial creativo y transformador de los bienes culturales como bienes comunes, juegan un papel fundamental en la constitución de nuevas narrativas y mentalidades generadoras de una auténtica cohesión social. De esta manera, el gesto cultural a través del cual el rostro del insignificante significa en los relatos y en las imágenes constituye al mismo tiempo un gesto concreto y efectivo de reconocimiento ético y político. El instante en el cual los bienes culturales irrumpen como bienes comunes para golpear nuestras conciencias y revelar los significados abiertos por quienes son considerados como insignificantes en una sociedad es un instante a la vez ético y estético: un camino fundamental para contribuir con la educación de los hombres y mujeres de nuestro continente.

Referencias bibliográficas ARENDT, Hannah [1954] 1999 La crise de la culture. Paris: Gallimard. CHALIER, Catherine 2008 Transmettre de génération en génération. Paris: Buchet/Chastel. FREIRE, Paulo [1994] 1999

Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo veintiuno editores.

HENRY, Michel [1976] 2011 [1987] 1996 [1990] 2008

Marx. Una filosofía de la realidad. Buenos Aires: La Cebra. La barbarie. Madrid: Caparrós. Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe. Lausanne: Éditions L’Age d’Homme.

IGUÍÑIZ, Javier 2013

“Sostenibilidad ¿de qué desarrollo?” En Páginas n° 229, pp. 26-32.

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PELLUCHON, Corine 2011 Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Paris: Les Éditions du Cerf. RICOEUR, Paul 1986 1999

Du texte à l’action. Paris: Éditions du Seuil. Educación y política. De la historia personal a la comunión de libertades. Buenos Aires: Prometeo libros.

ZAMAGNI, Stefano [2008] 2013 Por una economía del bien común. Buenos Aires: Editorial Ciudad Nueva.

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GANADORES DEL PREMIO ELINOR OSTROM Categoría 1 Primer Premio:

El conocimiento como bien común y como promotor de desarrollo Gustavo Damián Fernando Guzmán y Fabio Diego Gabriel Guzmán. Universidad Nacional de Jujuy

Segundo Premio:

Conectar igualdad. Evaluando las tecnologíasSociales desde la concepción de los bienes comunes. Denisse Capart, Susana Capart, Sheila Malasechevarría, Ernesto Quinteiro, Luis Salazar. Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Categoría 2 Primer Premio:

Mapeando el bien común urbano: Un método paramétrico y audiovisual Pablo de Soto (Universidad Federal de Rio de Janeiro), Daphne Dragona y Demitri Delinikolas (Universidad de Atenas), Asilhan Senel (Universidad Técnica de Estambul) y José Pérez de Lama (Universidad de Sevilla).

Segundo Premio:

La acción colectiva frente al avance del urbanismo privado. en humedales de la cuenca baja del río Luján y primera sección de islas del Delta (Tigre). Lic. D’ Amico, Gabriela, Lic. Molina Canales, Catalina, Lic. Vallejo, Noelia, Prof. Vittor, Mónica. Universidad Nacional de La Plata.

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El conocimiento como bien común y como promotor de desarrollo Gustavo Damián Fernando Guzmán Y Fabio Diego Gabriel Guzmán (uNIVERSIDAD nACIONAL DE JUJUY) Introducción El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis del conocimiento como bien común, brindando, en primer lugar, una síntesis de la literatura existente al respecto. Luego se plantea el concepto de sociedad de la información para, finalmente, brindar una propuesta de fomento al desarrollo a través del uso del conocimiento, dentro del marco conceptual de los bienes comunes.

El conocimiento como bien común Antes de plantear la principal idea de este trabajo, es necesario enmarcar al conocimiento como un bien común, con características diferenciales a los otros en su tipo. En el presente, se adopta la definición de conocimiento planteada por Elinor Ostrom y Charlotte Hess (2007), según la cual éste se refiere “a todas las ideas inteligibles, información y datos, cualquiera sea la forma en que se expresen u obtengan” (p.8), en línea con el pensamiento de Davenport y Prusak (1998) que postula que “el conocimiento deriva de la información y la información deriva de los datos” (p.6 citado en Hess y Ostrom 2007:8), incluyendo el conocimiento indígena, el científico, académico, no académico y los trabajos creativos (como la música y las artes visuales y teatrales). La singularidad de los bienes comunes del conocimiento (intelectuales, de la información o de la mente, como también suele llamárselos37 radica en su importancia para el desarrollo de la sociedad (tema a tratar más adelante) y en una característica particular que lo distingue del resto de los bienes comunes, cuestión que se analizará a continuación. Mientras la mayoría de los bienes comunes, especialmente los bienes comunes de la naturaleza, son rivales en el consumo, es decir, el uso que un sujeto hace de ellos impide el de otro/s, en el caso de los bienes comunes de la información, ello no es así. El conocimiento como bien común es no rival porque el uso que un sujeto haga de él no impide su uso pleno por otro/s (Fagiolo 2012), no interfiere en él. Al contrario, mientras más personas accedan a conocimiento útil, mayor será el bien común generado (Hess y Ostrom 2007). A esto se refiere Bollier (2007) al usar la expresión “el cuerno de la abundancia de los bienes comunes” (p. 34). De hecho, el sobreuso o la explotación de este tipo de bien común no constituye un problema (Boyle 2005a), a diferencia de los bienes comunes naturales en los que se verifica la “tragedia de los bienes

37 En este trabajo se utilizarán dichas expresiones de manera indistinta. 63


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comunes”38 (Hardin 1968). Ello se debe a la naturaleza particular de este tipo de bien (intangible). Las ideas no se consumen, ni se gastan, se mantienen en el tiempo e, incluso, se multiplican (Busaniche 2005). Tienen un efecto acumulativo (Hess y Ostrom 2007) y no se agotan con su uso (Bollier 2007). Por otra parte, al momento de analizar si el conocimiento es un bien excluible o no, en primer lugar, resulta necesario distinguir el conocimiento como bien intangible del instrumento o medio físico en el que puede hallarse, representarse o publicarse (por ejemplo, un libro). El conocimiento como intangible es un bien difícil de excluir (no excluyente) ya que, una vez producido o descubierto, impedir su uso por otras personas no es una tarea sencilla. Pero, si analizamos su soporte físico (el libro), éste sí sería excluible, es un bien privado (Fagiolo 2012). En este sentido, internet ha supuesto la eliminación de estas barreras en el acceso al conocimiento a través de la difusión de ideas, pensamientos e información en soportes digitales. No obstante, así como como ha posibilitado un mayor acceso, en la actualidad, se está planteando un nuevo debate en torno al proceso de “cercamiento del conocimiento” (Boyle 2005a) originado por el progresivo aumento, no sólo en cantidad, sino también en cuanto al alcance de los derechos de propiedad intelectual (las patentes y derechos de autor). Al respecto, Boyle (2005a) hace un paralelismo del actual proceso de cercamiento de los bienes intelectuales con el cercamiento de tierras comunales producido entre los siglos XV y XIX, en el que se produjo un notable proceso de despojo, concentrando la propiedad de la tierra en manos de unos pocos. La propiedad privada ayudó, en aquél caso, a evitar la tragedia provocada por la sobre o infrautilización del recurso. Así, mientras en su momento se hizo bajo la excusa de promover la eficiencia en el uso de la tierra (entre otras), este segundo proceso se desarrolla con el objeto de fomentar la innovación ya que los derechos de propiedad intelectual constituyen el incentivo para crear (al menos, desde el punto de vista de los promotores del cercamiento o enclosures, en inglés). De esta forma, tales derechos se han ido expandido hacia diversas áreas, incluso hacia “ideas” que años atrás se consideraban no patentables como los métodos de negocio, datos de recopilación, la secuencia genética (genoma humano), entre otros (Boyle 2005a). Esto ha planteado un conflicto entre dos posturas, las que defienden el acceso abierto al conocimiento como bien común, por un lado, y las que promueven su cercamiento, por el otro. “Lo que está en juego es nada menos que la libre expresión, la capacidad de innovar y toda una gama de administración de la información distribuida.” (Poltermann y Drossou 2005).

La sociedad de la información Antes de hablar del potencial que encierran los bienes comunes para el desarrollo, es necesario hacer una breve mención sobre el contexto de la sociedad de la información. En primer lugar, son tres los procesos que han promovido su desarrollo: 1) La revolución de las tecnologías de la información y comunicación digitales 2) las crisis de los modelos capitalistas y socialistas, con sus respectivas consecuencias geopolíticas, junto a la globalización y 3) el crecimiento y la mayor relevancia de movimientos sociales y culturales que han originado como resultados: la sociedad red (como nueva estructura social), la una economía informacional global y una cultura digital interconectada, ingresando, así, en una nueva era, la era de la información caracterizada por una gran movimiento de 38 Según la cual, la existencia de bienes comunes sumada al deseo de cada individuo de aprovechar los beneficios de tal recurso, conducirá a la sobreexplotación del mismo, llegando al punto en que éste terminará agotándose o destruyéndose. Esta idea sirvió y, aún, continúa siendo uno de los principales fundamentos de aquéllos que se inclinan por la privatización de los bienes comunes. Esta postura puede sintetizarse, en palabras de Hardin, de la siguiente manera: “La ruina es el destino de todos aquéllos que persiguen el propio interés en una sociedad que profesa el libre acceso a los recursos comunes. Es una libertad portadora de desastre general.” (Hardin 1968:1244 citado en Fagiolo 2012:6). 64


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flujos (cada vez más instantáneos y globales y de distinto tipo), en la que la transmisión, el procesamiento y la distribución de la información se ha convertido en la principal fuente de productividad, poder, convivencia social y cultural (Castells 1999 citado en Figueroa Alcántara 2012). Algunas características adicionales de la sociedad informacional son: interconectividad, comunicación en red e inteligencia colectiva (Castells 1999, Bell 2007 y Lévy 1997 citados en Figueroa Alcántara 2012). Ello ha generado dinámicas sociales y culturales alternativas a la producción, gobierno y propiedad tradicionales, con modelos de interacción social en los que, según Figueroa Alcántara (2012): se “destacan la producción abierta, libre y participativa de la cultura digital inmaterial, la amplificación de la participación, la colaboración entre iguales, la búsqueda de procesos democráticos en todo tipo de espacios sociales, y el desarrollo compartido y comunal de la creación intelectual, lo cual permite potenciar y acelerar los nuevos ciclos de generación de nuevo conocimiento, así como nuevos procesos sociales en las diferentes esferas de la actividad humana (Bauwens 2005; 2005a; 2006). Todo este contexto de la era digital crea condiciones idóneas para el desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad de los bienes comunes de información” (p.23)

El conocimiento (bien común), desde una óptica de desarrollo En particular, en regiones como Latinoamérica, con los mayores niveles de concentración del ingreso (Kliksberg 2013) el tema adquiere una relevancia mayor para promover el desarrollo de sus habitantes. En este sentido, la UNESCO (2010) “privilegia la educación y el acceso al conocimiento como motor y columna vertebral de toda aspiración de desarrollo, crecimiento y disminución de la pobreza” (Morales Campos 2012: 104). En el caso de la educación, la misma debe ser universal y de calidad, basada en la equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia (Morales Campos 2012) de manera de posibilitar que todo niño y adulto: “a) aprenda a conocer, b) aprenda a hacer, c) aprenda a vivir en comunidad, d) aprenda a ser” (Morales Campos 2012: 104) Por su parte, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), entiende el desarrollo social desde una perspectiva de desarrollo humano como el proceso por el cual se amplían las oportunidades de las personas, otorgándoles libertad para tomar sus decisiones (Ríos Ortega 2012). En este sentido, elevados niveles de educación, que requieren conocimiento e información, hacen posible “la incorporación oportuna al progreso técnico, la innovación y el incremento de competitividad y productividad” (Ríos Ortega 2012) de las personas. Además, permite una adecuada participación política en la democracia (que requiere ciudadanos críticos y bien informados), una mejor inserción laboral con oportunidades de movilidad social y ocupacional (con el correlativo bienestar y reducción de brechas salariales), reducción de las brechas de desigualdades intergeneracionales, una mejor gestión personal del proyecto de vida y, por último, aumenta el capital cultural de las generaciones presentes (repercutiendo en las futuras) (Ríos Ortega 2012).

El conocimiento (bien común) como factor de desarrollo ¿Por dónde empezar? Al momento de plantear al conocimiento como factor de desarrollo en una sociedad, es necesario evaluar el grado de acceso al conocimiento existente y promover políticas, en consecuencia. No obstante, el acceso a este bien común no puede lograrse de un momento a otro ni a través de acciones aisladas, sino que se trata de un proceso gradual, en el que se identifican las siguientes etapas: En primer lugar, es necesario promover la concientización en la población acerca de la importancia del derecho al acceso a la información y al conocimiento como factor de desarrollo. La informa65


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ción es “determinante para la interacción social, académica, política e industrial” (Hernández Flores 2011:102). Además, este derecho promueve una sociedad justa y democrática (Hernández Flores 2011). Y, para su lograr su ejercicio, antes que cualquier otra cuestión, es necesario conocerlo y saber con exactitud en qué consiste y cuáles son sus límites. Superado tal asunto, en segundo lugar, es indispensable encontrar una solución al conflicto planteado entre aquellos que promueven el acceso abierto al conocimiento y los que plantean su cercamiento, sabiendo que el principal problema del acceso restringido es la limitación impuesta al desarrollo de la innovación (Boyle 2005a). Al respecto, Lessig (2002) plantea que, en este sentido, el mayor obstáculo es de índole cultural ya que vivimos en una era en la que la idea de la supremacía del mercado (y, por ende, de la propiedad privada) está dada por sentada, sin mayores cuestionamientos, donde la idea generalizada es que los recursos están mejor administrados en manos privadas. Por ello, el mismo autor pronostica que, así como la principal lucha del siglo XX estuvo dada entre el capitalismo y el comunismo, en el siglo XXI será entre el control y la libertad (Lessig 2002). Y, en definitiva, tal creencia, en los hechos, justifica la apropiación del conocimiento por un grupo reducido de personas cuando el conocimiento no se debe crear para el único beneficio de las élites de una sociedad (económicas, sociales, religiosas o militares), de lo contrario, sería imposible hablar o asegurar que se vive en la sociedad del conocimiento (Morales Campos 2012). La principal razón que justifica esta postura se encuentra en el hecho de que la adquisición y el descubrimiento de conocimiento es un proceso tanto personal como social (Polanyi 1958 citado en Hess y Ostrom 2007). Es decir, si bien el descubrimiento de conocimiento suele realizarlo un individuo (o un grupo de individuos), existe un contexto (social, cultural, económico) que ha posibilitado y, eventualmente, inspirado tal proceso. Por lo que lo justo sería considerar al conocimiento como un bien común aunque buscando un sistema que compense, retribuya y estimule, también, el esfuerzo personal de quien o quienes lo hallaron. Demás está decir que el equilibrio buscado no se logra con un régimen de patentes y/o derechos de autor tan amplio que extiende, cada vez en mayor medida, su ámbito de aplicación39. Por su parte, las iniciativas en la región y en el mundo que apuntan en la dirección del open access son numerosas, las más notables giran alrededor de la promoción del acceso abierto al conocimiento científico a través de repositorios institucionales y revistas digitales40. También se encuentran las iniciativas de software libre (entre ellas, LINUX) y el conocimiento colaborativo (Wikipedia), si bien su origen no es latinoamericano. Continuando con la promoción del conocimiento para el desarrollo, en una tercera etapa, resulta imprescindible analizar el acceso a los medios de comunicación en la región. Lograr una mayor apertura y libertad del conocimiento sin promover la disponibilidad de los medios que lo transmiten (princi39 En torno a la discusión plateada, Bollier (2007) postula que los bienes comunes y el mercado no son adversarios. Al contrario, son sinérgicos. 40 La divulgación científica se justifica por el hecho de que dos tercios (2/3) de la investigación en América Latina se financia con fondos públicos (UNESCO 2010 citado en De Volder 2013). Además, existe una paradoja en el sistema de comunicación científica. Los investigadores/autores pagan por publicar en los medios de divulgación científica (revistas) y, a la vez, las instituciones financiadoras (pertenecientes al Estado) pagan por acceder a las publicaciones. Por lo tanto, hay un doble pago a las editoriales (De Volder 2013). Por su parte, entre los portales regionales de revistas científicas más importantes se encuentran Scielo y Redalyc, el primero con 1041 revistas y el segundo con 827 revistas iberoamericanas. Mientras que la cantidad de repositorios digitales en Latinoamérica asciende a 238 (un 10% de la cantidad total a nivel mundial). En Perú (2013) hay legislación específica aprobada sobre acceso abierto, mientras que en México, Brasil y Argentina se encuentra en debate en los respectivos poderes legislativos (Babini 2013). 66


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palmente, internet) sólo lograría un acceso ilusorio al mismo, pero no un acceso efectivo, real. En este sentido, se puede decir que lograr el acceso abierto al conocimiento (en contraposición a su cercamiento) es una condición necesaria para que la información esté disponible para la población, pero no suficiente. Se requiere tener acceso a los medios de transmisión de información y conocimiento. En la actualidad, el medio con las mayores posibilidades para realizar tal tarea es internet por lo que deben analizarse los correspondientes niveles de acceso al mismo. Así, para 2011, se observa que la tasa de penetración en la región latinoamericana es cercana a un 40%, con niveles que van desde valores cercanos al 10% hasta alrededor del 50%, según el país, mientras que en los países más desarrollados esta tasa asciende al 80% de los habitantes (CEPAL 2012). En cuarto lugar, cabe preguntarse: una sociedad consciente de su derecho a estar informada y saber y, por lo tanto, con capacidad de ejercerlo, en la que no hay mayores limitaciones en el acceso al conocimiento (ni legales, ni materiales) ¿está preparada para acceder y aprovechar todos los beneficios que éste puede brindar? Sin mayor evidencia que las que brindan las apreciaciones personales, los autores del presente trabajo se inclinan por una respuesta negativa. De ser así, las soluciones a este problema no pueden basarse únicamente en concientización. Es necesaria pero no suficiente. En lo relativo a concientización, se requiere posibilitar a la población un mayor y mejor entendimiento acerca de las oportunidades que abre el mundo del conocimiento para su desarrollo, no sólo individual, sino social. Pero también se necesita educación al respecto. Un sistema educativo que fomente la crítica, la curiosidad y la creatividad para “moverse” en el espacio del conocimiento. Si actividades como éstas no se realizan, aún cuando hubiere un acceso de hecho al conocimiento, el mismo no podría ser aprovechado por ignorancia. Una quinta etapa, que por la extensión del tema ya no se desarrolla en este trabajo, implica la promoción de políticas que afectan cuestiones muchos más amplias pero que condicionan e, incluso, impiden el aprendizaje: la pobreza y la desigualdad (Kliksberg 2013) ya que ambas “siempre impactan en el acceso a la educación” (Morales Campos 2012: 115). E, incluso, la falta de acceso o una baja calidad en el acceso al conocimiento genera un factor de desigualdad adicional.

Conclusiones El conocimiento es un bien común que, en la actualidad, necesita ser defendido como tal en tanto constituye un recurso valioso para el desarrollo de la sociedad cuyo acceso libre se encuentra amenazado por el creciente auge de los derechos de propiedad intelectual. Al igual que sucede con el resto de los bienes comunes, la gestión del conocimiento es el principal dilema a resolver. En las diversas posturas existentes al respecto se observa una polarización entre aquéllos que promueven el acceso abierto y los que defienden su cercamiento. No obstante, no se han ensayado o diseñado nuevas formas de gestión comunitarias acorde a la naturaleza del conocimiento como bien común. Por lo que constituye uno de los principales desafíos de la época, más si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad de la información o del conocimiento en la que el acceso real a estos recursos constituye una condición necesaria (aunque no suficiente por sí sola) para el desarrollo de la sociedad y la superación de problemas como la desigualdad y la pobreza.

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Conectar Igualdad: evaluando las tecnologías sociales desde la concepción de los bienes comunes Denisse Capart, Susana Capart, Sheila Malasechevarría, Ernesto Quinteiro, Luis Salazar (Universidad de la PatagOnia San Juan Bosco)

Resumen Con este trabajo proponemos en primer lugar, aportar a la reflexión acerca de la relevancia de considerar a las tecnologías sociales como bienes comunes, defendiéndolas como tales. Para justificar esta impostergable defensa, analizamos cuál es el rol que juegan las mismas en la inclusión social y en el desarrollo sustentable de un país o de una región. Contemplando que no sólo representan una gran oportunidad para el desarrollo de los países sino también un gran desafío en su aplicación; ya que no se trata simplemente de colocarnos en una postura dependentista en la que seamos meros usuarios de las tecnologías, sino que podamos aprehenderlas y generar conocimientos mediante las mismas. A partir de estas reflexiones nos preguntamos si el “Programa Conectar Igualdad” puede ser considerado como tecnología social en el marco de bienes comunes. El programa se inspira en los modelos de educación “uno a uno” que se han aplicado en distintos lugares de América Latina, para contextualizarlo presentaremos una breve síntesis de esas aplicaciones. Posteriormente expondremos diversos argumentos que apoyan y objetan este tipo de políticas con el fin de generar un análisis crítico que nos permita arribar a una conclusión acerca de la eficacia del Programa. La metodología para desarrollar este trabajo incluyó el análisis de material bibliográfico y documental, así como también una entrevista a integrantes del “Equipo Técnico Conectar Igualdad Chubut Zona Sur”.

Introducción Para analizar los factores determinantes de desarrollo económico y social de los países en la actualidad es imprescindible considerar el rol de la tecnología, ya que la misma está presente afectando todos los aspectos de nuestras vidas desde lo productivo, lo social, lo cultural, etc. Hernán Thomas en su artículo “De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales” afirma que “Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio social. Demarcan posiciones y conductas de los actores; condicionan estructuras de distribución social, costos de producción, acceso a bienes y servicios; generan problemas sociales y ambientales; facilitan o dificultan su resolución”. 71


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Como se puede advertir, la relevancia de la tecnología es innegable ya que puede resultar un arma de doble filo; tanto para construir una sociedad más inclusiva y sustentable como para acentuar las diferencias existentes.

Evolución del concepto de tecnología como motor de desarrollo social Para lograr una acabada comprensión acerca de lo que se aspira lograr con la implementación de las tecnologías sociales presentamos el siguiente cuadro que resume su concepción histórica. Concepto

Descripción

Tecnologías democráticas (60’)

Desarrollo de tecnologías de pequeña escala, basadas en las habilidades humanas, energía animal o en pequeñas máquinas con dirección comunitaria y uso discreto de recursos naturales.

Tecnologías Apropiadas Fase I (60’)

Visión determinista de la tecnología (simple y madura): rechazo de la gran escala, mano de obra intensiva. Implementaciones paternalistas orientadas a la resolución de problemas puntuales

Tecnologías intermedias (60’)

Se basa en tecnologías industriales maduras, mano de obra intensiva y se dirige a la solución de problemas de desempleo en países subdesarrollados. Abastece el consumo de mercado local.

Tecnologías Apro- Suma al concepto de tecnologías apropiadas fase I, la producción a escala piadas Fase II (70’) orientadas a mercados masivos. Tecnologías Alternativas (80’)

Consiste en instrumentos, máquinas y técnicas necesarios para reflejar y mantener modos de producción social no opresores y no manipuladores, y una relación no explotadora con respecto al medio ambiente natural.

Grassroot Inovations (2000)

Recuperar la capacidad de innovación de las personas pertenecientes a sectores marginados para generar soluciones a problemas prácticos con alternativa tecnológicas baratas, eficientes y ecológicamente sustentables.

Social Innovations (2000)

Orientado al desarrollo y difusión de tecnologías organizacionales destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorables.

Base de la Pirámide

Critica a los enfoques tradicionales asistencialistas, donde los conceptos de alivio de pobreza estaban asociados a participación de los gobiernos ayudando a los pobres directamente o manejando fondos provistos por organismos internacionales. Se propone al sector privado como motor de alivio de la pobreza. Propone reconocer las necesidades de las clases pobres del mundo, creando bienes ad hoc. Riesgo de cristalización de la exclusión por otras vías y la explotación de un mercado cuyo principal beneficiario desea la empresa transnacional

Tecnología Social

Propone realizar productos, técnicos y/o metodologías reaplicables, desarrolladas en interacción con la comunidad, y que representan efectivas soluciones de trasformación social. Aplica conocimientos científicos y tecnológicos orientados a resolver problemas de subsistencia, salud, educación, envejecimiento y discapacidad.

Cuadro N° 1: “Evolución del concepto de tecnología”. Fuente: Adaptado de Thomas, H. “De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales”.

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El autor identifica tres errores comunes en la concepción de tecnologías sociales en contextos capitalistas que consideramos relevantes para el análisis propuesto en este trabajo. 1- Excluirlas de las relaciones de mercado, considerándolas parte de una economía solidaria paralela. 2- Considerarlas al estilo de base de la pirámide o social innovations, como negocio para las corporaciones transnacionales o las grandes empresas nacionales. 3- Aplicarlas con el objetivo de redimir las fallas del sistema de la distribución del ingreso. Coincidimos con el Dr. Hernán Thomas al afirmar que, implementando un plan estratégico de tecnologías sociales se puede lograr un cambio en las relaciones sociales capitalistas existentes; generando relaciones económicas solidarias, ampliando la concepción de bienes comunes, controlando los daños ambientales, y sancionando la acumulación excesiva y los procesos de marginación social.

La brecha digital y las tecnologías sociales como herramienta de inclusión social La brecha digital es un fenómeno que se puede abordar desde diversas perspectivas, siendo la más generalizada, aquella que la considera como la desigualdad en el acceso a la información en contexto de La Red. Es innegable que la falta de acceso a la información genera exclusión social y por ello es preciso velar por corregirla, pero entendemos que no se trata sólo de distribuir tecnología y procurar consumo de contenidos. La creación de contenidos y la participación de los usuarios a partir del dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), resulta relevante porque sólo en esa instancia se podrá lograr la reducción de la brecha digital. Todas las políticas que apunten a reducir la brecha digital se pueden considerar un avance, pero no debemos olvidar que la mencionada brecha es parte de exclusiones más amplias como la cultural, la económica y la social. En nuestra opinión, no basta sólo con políticas que ataquen la punta del iceberg. Se necesita una política integral en términos de inclusión para el desarrollo de un país. Que las tecnologías sociales aporten a ese objetivo, no implica que sean suficientes para lograrlo por sí solas. Al respecto podemos comentar dos posturas acerca de la inclusión digital, pertinentes en el marco de este análisis. Por un lado la postura integral, definida por el Comité para la Democratización de la Informática de Chile como: “el conjunto de esfuerzos que se realizan para aumentar las oportunidades de integración de las personas a los procesos sociales que se generan, producto de la relación con las nuevas tecnologías. El sentido objetivo de la inclusión digital, es que cada persona conozca y maneje las herramientas o aplicaciones tecnológicas y accedan a estas, de manera que puedan aprovechar las oportunidades de consumo e intercambio de bienes (simbólicos o materiales) para lograr su integración. El sentido subjetivo se refiere a la evaluación y valoración que las personas tienen de las tecnologías como un mecanismo real y practico del cual disponen para su desarrollo personal o social”.

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Por otro lado, una postura más economicista, a partir de la cual lo relevante de la inclusión digital es la generación de nuevos consumidores y con ello la ampliación de los mercados. Desde nuestra mirada, resulta más adecuada la visión integral, porque sin dejar de lado la oportunidad de un posible desarrollo local a partir de políticas que procuren la inclusión digital, lo realmente importante es la integración de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. Es precisamente por ello que abogamos por concebir a las tecnologías sociales como bienes comunes, entendidos como aquellos que deben servir a la sociedad, tanto en su disponibilidad, como en sus frutos y afirmando que se deben mantener en el ámbito de la gestión comunitaria, generando así una dinámica de distribución de riquezas e inclusión social, que promueva las tecnologías sociales como tales. La no privatización de las tecnologías servirá como mecanismo propulsor de una sociedad más justa. El Dr. Ariel Vercelli en su artículo “Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes” plantea una analogía entre la problemática de “los bienes comunes” (en cuanto a su gestión y disponibilidad) y la indefinición de “lo social”, en relación a las tecnologías. Establece que a partir de la regulación de los bienes / tecnologías se determina qué se puede hacer con ellos y por ende cuán comunes / sociales pueden ser. Atentos a este planteo es que consideramos imperiosa la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio de las tecnologías como bienes comunes, ya que sólo así se garantizará su disponibilidad y generación, y con ello la inclusión social; confiriéndoles el verdadero carácter de tecnología social. Considerando que esta concepción generará una sociedad más justa, dicho marco regulatorio debería ser demandado por todos los actores sociales en su conjunto. Sin embargo advertimos como probable que esto no ocurra, ya que impone una ruptura de la lógica de acumulación capitalista arraigada, donde se juegan y debaten intereses políticos, económicos y sociales. En palabras del Dr. Vercelli: “las tecnologías sociales también están atravesadas por las tensiones que producen las luchas por la privatización o apropiación de las diferentes formas de riqueza a escala global”.

Análisis del Programa Conectar Igualdad Abordamos el “Programa Conectar Igualdad” desde la perspectiva de los bienes comunes, porque brinda la posibilidad de acceder al mundo del conocimiento y la información, y al mismo tiempo producir nuevos conocimientos que pueden ser retransmitidos. El programa se enmarca en los “Modelos Uno a Uno”, cuyo objetivo principal es aumentar la equidad y mejorar la calidad educativa, disminuyendo la brecha digital y transformando el proceso de aprendizaje a partir de la entrega de una computadora a cada alumno. Sus objetivos específicos, metodologías y abordajes escogidos pueden variar de un país a otro. Previo al análisis del caso específico de nuestro país, presentamos a continuación una breve síntesis de los “Modelos Uno a Uno” implementados en América Latina.

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Experiencias Uno a Uno en América Latina

Datos a Marzo 2011 Cuadro Nº 2 “Experiencia uno a uno en América Latina” . Fuente: Adaptado de una publicación de RELPE.

Este cuadro permite observar que el panorama de América Latina dista mucho del escenario de décadas atrás. Desde proyectos universales ambiciosos hasta programas graduales, casi todos los países de la región están embarcados en procesos de reducción de la brecha digital. Estos programas se realizan debido a que las TIC son herramientas adecuadas, eficaces y relativamente económicas, para generar planes de distribución de capital simbólico en amplios territorios y mejorar la calidad educativa de las instituciones públicas. Concebir estos programas como bienes comunes puede ser el primer paso para que se transformen en una política de Estado, que trasciendan los gobiernos y dejen de ser meros parches, para convertirse en programas integrales de inclusión social. Realizamos el análisis sobre el caso argentino, a partir de distintos estudios de casos y de la entrevista efectuada al Lic. Fernadno Nizzola, integrante del “Equipo Técnico Conectar Igualdad Chubut Zona Sur”. “Conectar igualdad” es un programa del gobierno argentino con alcance federal, que tiene el objetivo de generar inclusión digital y mejorar la calidad de la educación pública en la escuela secundaria, al promover valores como la integración y la inclusión social. El mismo se basa en los “Modelos Uno a Uno”, implementados en América Latina y a los cuales nos hemos referidos anteriormente. El programa se comenzó a ejecutar en 2010, a partir del Decreto Nacional 459/10 promulgado en abril de ese año.

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Para cumplir con su objetivo se propuso la meta de distribuir en un lapso de tres (3) años tres millones quinientas mil (3.500.000) netbooks a los alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, de educación especial y de los institutos de formación docente de gestión estatal. En nuestra opinión este programa ampliamente criticado y fuertemente defendido por diversos sectores de la sociedad argentina, es sin duda un gran paso hacia la inclusión digital. Sin embargo en aras de que este esfuerzo social no sea en vano, creemos imprescindible un debate alejado de posturas partidarias donde prime el análisis de las ventajas y desventajas que tiene la política de fondo. Entre las ventajas del programa podemos mencionar: a) Que ha dado comienzo a un camino hacia la generación de relaciones económico-productivas más inclusivas. b) Que permite el acceso a bienes y servicios que no estén determinados por los ingresos. No es sólo la computadora en sí misma, sino la posibilidad de crear bienes comunes, es decir, que a partir de su utilización se generen bienes, servicios y contenidos que puedan ser compartidos a la comunidad, quienes al acceder a los mismos puedan transformarlos con sus propios conocimientos y continuar así el proceso de producción de bienes comunes. c) Que promueve la generación de nuevas capacidades para insertarse en el mercado laboral. d) Que posibilita la inclusión de las familias en la alfabetización digital, ya que cada estudiante puede trasladar a sus hogares las computadoras, lo que permite el acompañamiento en sus actividades escolares y el acceso a las tecnologías, tanto para utilizarlas en sus trabajos como en su tiempo libre, facilitando el acceso a la información y al conocimiento. e) Que se contempla la distribución de equipamiento adaptado a diferentes necesidades como impresoras braille y auriculares para escuelas de ciegos y baja visión, entre otros dispositivos. Considerando las necesidades individuales de cada usuario, pudiendo adquirir y generar nuevos conocimientos, ya que si no se realizaran estas adaptaciones no lo lograrían. Reforzando el carácter inclusivo del programa. f ) Que el programa fomenta el desarrollo de la industria nacional, habiendo pasado del 100% de netbooks importadas en 2010, a la incorporación de equipamiento que en su mayoría es fabricado o ensamblado en el país. Entre las desventajas del programa podemos mencionar: a) Que las capacitaciones a los docentes son voluntarias y no todos optan por realizarlas. b) Que la implementación del programa conlleva un cambio cultural en la manera en que se organiza la dinámica áulica que muchos se resisten a afrontar debido a la falta de capacitación, con el inconveniente mencionado en el inciso anterior. c) Que a pesar de la adaptación de los equipos mencionada en el inciso e) de las ventajas, el programa continúa siendo inflexible en cuanto a la adaptación a las necesidades particulares de cada comunidad escolar, relacionadas a las desigualdades sociales preexistentes. d) Que con respecto al inciso f ) de las ventajas, no basta con establecer que sean empresas nacionales quienes produzcan las netbooks, ya que con esto no se asegura que los beneficios se distribuyan y que se evite su concentración en los grandes capitales argentinos.

Propuestas A través de la bibliografía consultada y de los casos analizados, hemos detectado aspectos comunes referidos a la percepción en la implementación del programa en la mayoría de las comunidades escolares donde la llegada de la tecnología a las aulas, no sólo es una innovación pedagógica, sino también cultural. 76


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A partir del estudio realizado, presentamos las siguientes propuestas: • Una de las características del programa es que las computadoras no sean entregadas en escuelas privadas, ni en aquellas de gestión privada. Nos parece importante considerar que existen alumnos que asisten a estas instituciones, en carácter de estudiantes becados por ejemplo, que carecen de posibilidades económicas como para adquirir esta herramienta. Para igualar la oportunidad de acceder a esta, proponemos que estos casos sean contemplados por el programa, por ejemplo con la opción de ser compradas a precio de costo o planes de financiación flexibles. • Actualmente el programa dispone que las capacitaciones diseñadas para los docentes tengan carácter voluntario, lo cual genera que los docentes que no se capacitan se sientan en condiciones de vulnerabilidad respecto al estudiante, ya que no dominan los programas que las computadoras traen incorporados. Para modificar esta realidad, proponemos que las capacitaciones para los docentes que las necesitan, sean obligatorias y con puntaje, utilizando como guía a los referentes técnicos que disponen los establecimientos educativos. Para determinar si un docente necesita capacitación, se puede diseñar un cuestionario con preguntas y ejercicios prácticos referidos a los contenidos y utilización de la netbook. • El programa prevé la adaptación de las netbooks a los diferentes tipos de escuelas, educación secundaria tradicional, educación especial o escuelas rurales, lo que no está contemplado, son las necesidades particulares de cada comunidad escolar, por ejemplo, la utilización de distintos software (como por ejemplo el Programa Tango en una escuela con orientación en ciencias económicas). Para esto proponemos que los referentes técnicos posean aptitudes para resolver estas incongruencias, trabajando en conjunto con el equipo pedagógico de cada establecimiento. • A partir de un sondeo realizado en la web acerca de los capitales de las empresas que forman parte en el proceso de producción o ensamble de las netbooks, detectamos que en su gran mayoría se concentran en capitales privados, lo cual no favorece la redistribución de ingresos. Para aumentar el carácter social e inclusivo de este programa consideramos factible que en dicho proceso participen organizaciones del tercer sector, como asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, entre otras. • Considerando el análisis del marco regulatorio, proponemos dos aspectos que podrían contribuir a su formulación: • La utilización de software libre en los sistemas operativos de las netbooks entregadas por el programa, prescindiendo del software privativo (Windows). • La realización de estudios tendientes a formular propuestas para evitar la comercialización de las netbooks por parte de los alumnos, al concluir la secundaria. Actualmente esto ocurre debido a que los estudiantes al egresar, adquieren la propiedad del equipo, alterando el carácter de bien común que este trabajo defiende. • Para lograr la demanda por parte de la sociedad de este marco regulatorio, de manera espontánea, creemos necesaria la difusión del concepto de bienes comunes y la divulgación de los beneficios de considerar a las tecnologías sociales como tales.

Conclusiones Como hemos analizado, la brecha digital es parte de un fenómeno de exclusión mucho mayor y por ello debe ser abordado a partir de políticas públicas integrales que apunten a paliar las desigualdades de fondo, es decir, este tipo de programas no debe ser el único instrumento para el cambio pues terminan funcionando sólo como meros parches de un aparato sistemáticamente injusto. El programa bajo estudio se encuentra complementado por otras iniciativas del Estado cuyo objetivo es la inclusión y la equiparación de derechos, como el “Plan Argentina Conectada”, que consiste en la federalización y democratización del acceso a la banda ancha, para permitir la inserción de los ciudadanos en la sociedad de la información y el conocimiento. 77


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Estas medidas contribuyen a la inclusión digital y al desarrollo de la sociedad porque reducen las disparidades entre las regiones en términos de acceso y apropiación de las nuevas tecnologías. Por lo expuesto, concluimos que para lograr el impacto social pretendido por el programa analizado y que no sea sólo visto como una medida del gobierno que lo impulsa, debe ser considerado como un bien común que servirá a la sociedad argentina en su conjunto, al generar un aumento del desarrollo social, permitiendo a un mayor número de personas principalmente jóvenes, que son el futuro del país, acceder al conocimiento y fundamentalmente transformarlo para crear contenidos que, puedan retroalimentar el proceso.

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Mapeando el bien común urbano: Un método paramétrico y audiovisual Pablo de Soto (Universidad Federal de Rio de Janeiro), Daphne Dragona y Demitri Delinikolas (Universidad de Atenas), Asilhan Senel (Universidad Técnica de Estambul) y José Pérez de Lama (Universidad de Sevilla) Introducción El debate en torno a los bienes comunes ha alcanzado un gran interés en los últimos años debido a la crisis económica y política que el capitalismo neo-liberal viene creando, con la creciente presión de las privatizaciones y el control de los gobiernos sobre los bienes comunes de las comunidades. La gestión de lo que puede considerarse como la riqueza común o bienes comunes necesita ser reconsiderada, ya que la vieja distinción entre privado y público no parece ser capaz de satisfacer ni la necesidad de comprender la propiedad ni la de responder a la pregunta fundamental de cómo compartir los recursos vitales. No es casualidad que los movimientos como los movimientos de los Indignados, Occupy, o la revuelta para proteger el parque Gezi- hayan señalado el derecho al común tanto como objeto de la lucha, cuanto como forma de organización. La noción de los bienes comunes ha sido aproximada por académicos de diversos campos del conocimiento como la filosofía política -A. Negri y M. Hardt, la geografía urbana -D. Harvey-, la economía -E. Ostrom-, la historia -P. Linebaugh-, el derecho -U. Mattei, L. Lessing, Y. Benckler o cultura digital -D. Bollier-. Como una mezcla de parte física y parte relacional, el concepto de bien común urbano carece de una literatura académica extensa. Las preguntas, entonces, serian: ¿Puéde el comun ser mapeado? ¿Cuál es la riqueza comum de la metrópolis contemporânea y como puede ser localizada? ¿Cómo podemos categorizarlos? ¿Cómo se está protegiendo el bien común de las privatizaciones y las parcerias público-privadas del neoliberalismo totalitário? ¿Qué nuevas práticas de “hacer comun” surgieron del nuevo ciclo de luchs que comenzó en 2010-11? ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de la producción de tal cartografía en tiempos de criris y rebeliones? Presentamos en este trabajo la hipótesis, metolodología y resultados del proyecto Mapeando el bem comum (Mapping the Commons). El proyecto consiste en un laboratorio urbano temporal que invita a arquitetos, activistas, artistas, científicos sociales y profesionales / estudiantes de diferentes disciplinas a unirse a la investigación sobre los bienes comunes de sus ciudades. A partir de un método próprio, los bienes comunes urbanos son parametrizados, representados en videos documentales cortos y publicados en una cartografía online. Las dos primeras ediciones del laboratorio se llevaron a cabo en Atenas y Estambul em 2010 y 2012 respectivamente. El objetivo del proyecto es que un nuevo sistema de representación de las ciudades va a salir como resultado del proceso, y, en el largo plazo un software para mapear los bienes comunes de la metrópolis contemporánea.

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Metodología Primera parte. Introducción a la teoría Los primeros días de cada laboratorio se dedican a la presentación de las nociones teóricas sobre los bienes comunes que refleja en gran medida la escuela anglosajona, a partir de Elinor Ostrom y la escuela italiana de pensamiento y sobre todo el análisis de Hardt y Negri en su libro “Commonweatlh: el proyecto de una revolución del común”. Con el objetivo de ayudar a los participantes a que se familiaricen con el concepto, se ofrecen y discuten diferentes definiciones con el fin de entender la importancia actual de los bines comunes en la condición del capitalismo post-fordista. Se examina en particular, cómo el concepto ha pasado de los bienes comunes naturales y culturales que se heredan y salvaguardan de generación en generación, a los nuevos bienes comunes artificiales que son producidos y compartidos por la mayoría. Se concuerda que una cartografía de los bienes comunes contemporánea tiene que referirse no sólo a la tierra y el aire o el lenguaje y la memoria de los habitantes, sino también a los conocimientos, información, códigos compartidos y las relaciones sociales que se encuentran en un modo constante de devenir y transformación. La decisión de centrarse en la dimensión urbana parece importante ya que la metrópolis, según Hardt y Negri, es “la fuente de lo común y el recipiente en el que fluye”. Es el entorno en el que la mayoría de las actividades productivas y sociales de la multitud tienen lugar, donde se suceden los encuentros, y se expresan el antagonismo y la rebelión. En las palabras de Negri y Hardt “la metrópolis es a la multitud lo que la fábrica era la clase obrera industrial ... En la era de la producción biopolítica de la metrópoli cada vez cumpla este rol como el cuerpo inorgánico de la multitud “. En esta primera parte del taller se construyen las bases sobre las que se plantean los debates posteriores. Segunda parte. Parametrización y Cartografía La segunda parte es la más intelectualmente desafiante, provocando discusiones y conflictos creativos. Las opiniones y preocupaciones se formulan y evaluan a través de un proceso colectivo con el fin de proceder a los estudios de caso de la tercera parte del laboratorio. Los participantes son invitados a proponer ejemplos de bienes comunes que identifiquen en su ciudad. Estos ejemplos pueden ser bienes comunes naturales o artificiales, o cualquier esfuerzo colectivo que ellos consideran como sistemático para mantener o crear un común en el entorno urbano. Trabajando en grupos, los participantes son invitados a presentar una serie de casos de bienes comunes y localizarlos en el mapa. A partir del método propuesto, los bienes comunes se clasificación en cuatro categorías: bienes comunes naturales, culturales, espacios público y digitales. A continucación se crea un mapa con el fin de mantener todas las ideas en una misma pantalla: un mapa de investigación que funciona como un recurso y una base de datos de bienes comunes y un mapa de visualización que alberga los estudios de caso creados por los participantes, que se describe más adelante. Descripciones, enlaces y fotos se suben al mapa para todos los bienes comunes propuestos. El valor de este proyecto es poner en marcha el pensamiento colectivo sobre el concepto de bien común y presentar la variedad de acciones que se pueden encontrar en una metrópolis en relación con esta noción, a pesar de las controversias que pueden aparecer en relación a con algunas definiciones/casos. Con el fin de centrarse en determinados ejemplos y analizarlos en profundidad, se propone un sistema de parametrización, una metadata a través de la cual definir com detalle cada bien común urbano. Se propone un conjunto completo de casi 30 parámetros incluyendo aspectos tales como la ubicación, la fecha de creación, la riqueza / renta / beneficios generados, la escala, la comunidad / o red detrás, el número aproximado de participantes, las herramientas sociotécnicos envueltas, los gastos de mantenimiento, los procesos de toma de decisiones, el nivel de conflicto, las relaciones con los 80


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ambitos públicos / privados, el acceso (abierto a todos, restringido a una comunidad cerrada), la escala (micro-locales, barrio, ciudad, región). Si hay restricciones de tiempo esta larga lista se puede reducir a cuatro parámetros básicos: nombre, actores, proceso y conflicto. “Nombre” define el común discutido, “Actor” la comunidad que gestiona ese común, “Proceso”, el camino a través del cual el bien común se gestiona (“commoning”) y “Conflicto” define la forma en que se ve amenazado el bien común. Con esta parametrización, se prepara el terreno -un data set de bienes comunes- para la comparación y evaluación de las ideas. Esta segunda parte es el núcleo del proyecto, donde fructíferos debates y discusiones creativas se llevan a cabo sobre la definición y características de los bienes comunes urbanos. En cada ciudad donde el laboratorio tiene lugar surgen cuestiones específcas y el clima socio-político puede afectar algunas de las decisiones del equipo. Tercera parte. Creación de videos documentales cortos La segunda parte del taller se concluye con la selección de una serie de estudios de caso que se desarrollan en vídeo cortos documentales. En esta tercera parte, se invita a los participantes a trabajar en equipo, a compartir funciones -como la grabación y edición- y a centrarse en la producción de los videos. Con el fin de mantener una uniformidad estilística se utiliza unos títulos de créditos que incluyen los cuatro parámetros báscios definidos de antemano. La forma y el estilo de los videos puede variar enormemente. Algunos videos pueden seguir un estilo documental basado en filmaciones de protestas y entrevistas a personas, otros pueden tener un enfoque más abstracto o subjetivo, otros un estilo “infográfico”, mientras que otros pueden ser remezclas de material que se encuentra en Internet. Durante la creación de los videos la teoría se pone a prueba. Las ideas discutidas tienen que quedar claras con el fin de dirigir los videos y evitar lagunas y errores que son siempre mucho más fáciles de detectar en una pieza audiovisual El objetivo de los videos es doble: en el plano interno utilizarlas como una herramienta filosófica para describir y analizar los bienes comunes y en el nivel público como una manera de mostrar - incluso de forma selectiva y fragmentada- la variedad de acciones que suceden en una ciudad en relación con su riqueza común. La tercera parte se termina con la publicación de los vídeos en una mapa online y, preferentemente, en una videoinstalación física. 1er. Caso de estudio: Atenas Mapeando el bien común de Atenas (Mapping the Commons of Athens) se llevó a cabo a finales de 2010, el año en que Grecia comenzó a perder su independencia financiera. Seis meses después del primer memorandum con el FMI y de la aplicación de las primeras medidas de austeridad, la capital griega fue llamada a desempeñar un nuevo papel. Atenas fue invitada a convertirse en la ciudad “beta “ de la crisis y afrontar, por primera vez en Europa, el callejón sin salida de las políticas de austeridad y el capitalismo del desastre. La metrópolis parecía vulnerable, pero también inquieta, y su territorio era aquel en el que formas antiguas y nuevas de resistencia y contraprácticas estaban formándose.

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Inspirado en el pensamiento de Hardt y Negri, el taller se dedicó al estudio y la autonomía de estas formas emergentes y autónomas de resistencia, centrándose en la riqueza más importante de la ciudad, sus bienes comunes. Si “la ciudad es la fuente del común y el receptáculo en el que fluye”, como los filósofos sostienen, entonces una cartografía de los bienes comunes de la ciudad de Atenas, en tiempos de crisis, sería capaz de resaltar las dinámicas vivas de la ciudad y sus posibilidades de cambio. Con este objetivo en mente, el equipo se enfrentó a un interesante pero difícil reto, hacer hincapié en la riqueza de la metrópolis recurriendo a los afectos, el lenguaje, las relaciones sociales, el conocimiento y los intereses de su multitud, para construir una cartografía basado en bienes comunes que en gran medida son inmateriales, fluidos e inestables, y tratar de responder a algunas preguntas difíciles: ¿Cómo pueden los nuevos bienes comunes artificiales ser representados? ¿Emergen en tiempos de crisis? ¿Constituyen una forma de resistencia? ¿Y cuáles son los nuevos peligros de la “enclosures” que enfrentan? Después de discusiones y reuniones con personas de diferentes áreas de los bienes comunes, los participantes del taller volcaron la información a los mapas y produjeron vídeos de corta duración del estudios de casos. El esfuerzo colectivo consistía en ver más allá de lo “público “ y “privado” con el objetivo de ofrecer a los habitantes de Atenas una nueva herramienta útil y una lectura diferente de su ciudad. Los tipos de bienes comunes que fueron mapeados se basaron en la colectividad, la sociabilidad y la participación, que son alentadores del acceso abierto y libre. La base de datos de bienes comunes representados durante el laboratorio de la ciudad de Atenas fue rica y amplia: desde parques okupados y autogestionados en el corazón de la ciudad a las plataformas digitales para el intercambio y la Upcycling de objetos, de la rabia y su expresión en las calles a los miles de nodos abiertos de la red inalámbrica ciudadana (la tercera mayor del mundo), de la “masa crítica” de ciclistas exigiendo caminos para que la gente y no para los coches a la definición del lenguaje como principal bien común, desde el software libre y las tecnologías de intercambio P2P a las acciones que exigen la libertad del uso lúdico de las calles, de los animales como acompañantes de los humanos al graffiti como expresión artística común sobre los muros de la ciudad. El taller también produjo un blog documentar el progreso del trabajo y una instalación alojada en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas.

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2o Caso de estudio: Estambul En un momento en que Estambul estába siendo radicalmente transformada por privatizaciones a gran escala y gigantescas obras de construcción debidas a las crecientes presiones de las políticas neoliberales, se conviertió en una necesidad urgente pensar y actuar con el fin de (re)clamar los bienes comunes de la ciudad. Los bienes comunes de Estambul, tales como los espacios abiertos, el derecho de habitar la ciudad, el derecho a ser informado por los órganos de gobierno, la libertad de expresión, las plataformas de comunicación, y la naturaleza están en peligro de disminuir hoy más que nunca. Las leyes nuevas para la transformación de las zonas en peligro de desastre natural dan plena autoridad al estado para derruir y reconstruir las areas de vivienda del centro de Estambul, expulsando a los propietarios a viviendas públicas en la periferia a más de 30 km de distancia. Una nueva ley anuncia el derecho del estado a poner en venta los bosques y las tierras agrícolas y convierte las tierras comunales en vulnerables para el desarrollo privado. En el momento de realizar el laboratorio Mapeando el bien común de Estambul, un gran número de proyectos estaban transformando partes de la costa, las plazas y los parques en zonas de demolición y sitios de construcción a corto plazo, para convertirlos en tierras privadas en el largo plazo. La Plaza Taksim y el parque Gezi son uno de esos bienes comunes, donde estaba previsto destruir el parque para reconstruir el antiguo edificio del cuartel militar otomano com un programa de usos de centro comercial privado. La plaza Taksim, uno de los lugares más importantes para la participación democrática, era en el momento del laboratorio em noviembre de 2012 un lugar de construcción, que se estaba transformando en un gran espacio vacío. La vida pública de Taksim Gezi Park y la imagen de la plaza Taksim como escenario para las grandes manifestaciones políticas ya estaban en suspenso debido a las obras de construcción, y no existirían después de los cambios espaciales planeados.

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El mayor problema de estos proyectos es que todo el proceso de planificación, puesta en marcha, y construcción son inaccesibles para el común de los ciudadanos. Los proyectos previstos, que por ley deben ser presentado a la opinión pública antes de ser ejecutado por el Gran Municipalidad de Estambul incluyen detalles insuficientes para que se forme una opinión pública. Las Cámaras Profesionales (Colegio de Arquitectos, Cámara de Urbanistas, etc ) y las organizaciones no gubernamentales, Universidades y una parte de los medios de comunicación luchan para que los procesos sean más transparentes. Sin embargo, la autoridad central no da casi ninguna respuesta satisfactoria a estas oposiciones. En este contexto, el laboratorio de Mapeando de los bienes Comunes de Estambul jugó un papel intermediario para entender y revelar los conflictos en relación con los bienes comunes, planteando debates sobre el concepto de bien común, y lo más importante ser parte de la acción en Estambul para documentarlos em video y protegerlos, como en los momentos históricos que se sucedieron a partir del 28 de mayo de 2013, con la revuelta para proteger los árboles del parque Gezi. Todos los videos, mapas e información del proyecto en: http://mappingthecommons.net

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La acción colectiva frente al avance del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján y primera sección de islas del Delta (Tigre) Lic. D’ Amico, Gabriela, Lic. Molina Canales, Catalina, Lic. Vallejo, Noelia, Prof. Vittor, Mónica41 Resumen Las acciones antropogénicas que se están desarrollando sobre los humedales de la cuenca baja del río Luján (partidos de Escobar, Campana, Tigre y Pilar) y primera sección de islas del delta (Tigre), a partir del desarrollo del urbanismo privado, provocan un impacto irreversible sobre estos bienes comunes. Esto ha generado la reacción de la ciudadanía en la defensa del patrimonio natural y cultural de los isleños ante la anuencia del Estado con los capitales privados.

La expansión del urbanismo privado sobre los humedales La instalación de desarrollos urbanísticos del tipo urbanizaciones cerradas polderizadas42 (UCP) implica grandes obras hidráulicas y de movimiento de suelos, que generan impactos ambientales de significativa importancia. Estas acciones repercuten de manera negativa sobre el ambiente frágil del humedal. Algunos autores, como Neiff (2001), remarcan la necesidad de definir qué se entiende por humedal y tipificarlos, ya que esto será importante a la hora de realizar políticas de gestión sobre el mismo. Los humedales son “extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros” (Convensión Ramsar en Canevari y otros, 1998: 3). A diferencia de los ambientes terrestres, la presencia predominante del elemento agua los convierte en ambientes singulares, otorgándoles un valor agregado esencial para la sociedad, compartiendo el argumento de Fernández, quien destaca que “los procesos hidrológicos y ecológicos que ocurren en los humedales, la diversidad biológica que sustentan y los recursos naturales que proveen, determinan que estos ambientes sean esenciales para el desarrollo y el bienestar de la humanidad” (Fernández, 2002). 41 Proyecto de Investigación “Urbanismo Privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del río Luján” H598. Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. 42 Las urbanizaciones cerradas polderizadas acusan una drástica transformación de la topografía natural del terreno, por medio de la excavación de grandes superficies (posteriormente destinadas a lagunas) y el refulado de la superficie general del emprendimiento para alcanzar la cota 7 ,5 m.s.n.m, en zonas que en principio son consideradas humedales (Pintos y Narodowski, 2012) 85


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Una región de humedales no es comparable desde ninguna perspectiva a otras regiones continentales urbanas o rurales, ya que es considerado un ecosistema frágil y estratégico43, extraordinariamente sensible a la intervención humana. Estos brindan importantes servicios ecológicos, entendidos como “los beneficios para la población humana derivados, directa o indirectamente de recursos naturales, funciones ecosistémicas y atributos paisajísticos” (Constanza 1997; SRNyDS, 1999 en Fernández, 2008). Los humedales son ambientes altamente productivos, que no sólo ofrecen numerosos y abundantes recursos, sino también, son sitios de alta concentración de vida silvestre que cumplen funciones ecosistémicas muy importantes: permiten la recarga de los acuíferos, actúan como reservorios de los excedentes de agua que se liberan lentamente a lo largo del año, retienen sedimentos y nutrientes, purifican las aguas, retienen carbono y amortiguan los efectos de las inundaciones (Canevari y otros, 1998). Según Neiff, “los humedales han sufrido alteraciones que van desde el desagüe, drenaje, retenciones del agua para embalses, utilización de los mismos como sumidero de sustancias tóxicas, relleno para urbanizaciones y otras acciones que han pasado desapercibidas cuando no aprobadas por la sociedad” (Neiff, 2001: 2). Estas transformaciones han ido replicándose en los humedales de la cuenca baja del Luján y primera sección de islas del delta motorizadas por el negocio de las UCP; allí en 2012 se contabilizaban 54 emprendimientos que ocupaban una superficie de 7.293 ha44. Pintos y Narodowski (2012) alertaban sobre la pérdida de la capacidad reguladora de los humedales ante los cambios en la topografía por la sucesión de estos emprendimientos, planteando que la obstaculización ejercida por el sistema de polders y terraplenes haría presuponer una mayor vulnerabilidad al impacto de las inundaciones a nivel microregional. Situación que lamentablemente viene afectando a varias localidades de la zona desde 2012, y por la cual la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del río Luján45 consideró a las inundaciones como delatoras de los impactos que el área ha venido recibiendo en los últimos años, a partir de la modificación del régimen hidrológico del río y la topografía de la cuenca. Estas inundaciones, generadas por la apropiación y posterior modificación de humedales, ilustran lo que Ostrom E. denominara “la paradoja de que las estrategias individualmente racionales conduzcan a resultados colectivamente irracionales” (Ostrom, 2000: 30), tal como lo describe la Comisión, al identificar como principal responsable de estos acontecimientos a los procesos de urbanización por especulación inmobiliaria. En este contexto, resulta fundamental crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal como bien común, para revalorizar esta riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios ecológicos que prestan a la sociedad en su conjunto. Los bienes comunes pueden caracterizarse como aquellos bienes que se producen, se heredan o transmiten en una situación de comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés de todos, por lo cual no pueden ser gestionados por criterios de racionalidad individual ni ser de propiedad privada. Son bienes que redundan en beneficio o perjuicio de todos y cada uno de estos miembros o ciudadanos por su condición de tal (Vercelli y otros, 2008). 43 Un Ecosistema estratégico se define por las características que esos espacios deben tener en términos de asegurar el flujo sostenible de bienes y servicios ecológicos con los que proveen a las ciudades. Se tienen en cuenta parámetros que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, los bienes y servicios ecológicos, y a la construcción de un paisaje cultural. (Agudelo Patiño, 2002). 44 Fernández S. y otros (2012: 104) en Pintos y Narodowski (2012). 45 Comunicados de Prensa de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del río Lujan en: www.vecinosdelhumedal.blogspot.com.ar consultado el 11/9/2013 86


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Los bienes comunes, en este caso los humedales, debieran ser habitados armónicamente por la comunidad, para asegurar su permanencia en el tiempo y con ellos sus beneficios ecosistémicos. Durante años, los pobladores tradicionales han sabido adaptarse y aprovechar los recursos de este medio, dotando a estos espacios de un capital cultural propio que no debe ser desestimado, ya que hablar de bienes comunes también presupone hablar de cultura como dimensión y expresión de la vida humana reflejada mediante símbolos y materialidades (Araújo en Szurmuk y Mckee Irwin, 2009 ), como crisol de valores y campo de expresión de la intersubjetividad, que tiende a estabilizar la configuración de los lugares (Berdoulay en Zusman, 2011). Cada cultura manifiesta su encuentro con el medio siendo el “lugar” el concepto que impregna el territorio al ser compartido por una visión colectiva. La reivindicación de las nociones de lugar46 e identidad47 proviene de la acción colectiva de aquellos actores sociales que, guiados por una lógica de reproducción social, quieren seguir viviendo en armonía con su ambiente y ven en el avance de las formas globales de producción de la ciudad la destrucción de los bienes comunes. Así, las prácticas, relaciones y formas de vida que han permitido la existencia y reproducción de los pueblos a lo largo del tiempo, sin alterar las características del humedal, deberían ser orientadoras de la gestión ambiental del área a partir de la participación directa de los lugareños. La gestión ambiental es conceptualizada por Bru como “el proceso de toma de decisiones acerca de cómo organizar la relación de la sociedad con la naturaleza y el medio ambiente –y desde la perspectiva de los agentes– como el control de las acciones de los distintos agentes medioambientales, y la regulación de sus relaciones mutuas, según la resolución de intereses contrastados respecto de la toma de decisiones que afectan al binomio medio-territorio” (Bru, 1997: 19-20). En ella participan distintos agentes ambientales que persiguen intereses propios o colectivos, pudiendo agrupar a estos agentes en las categorías de sector público, sector privado, instancias técnico-científicas y ciudadanía48. La ciudadanía está presente en esta región como beneficiaria de un derecho humano y constitucional fundamental: el derecho al agua, el derecho a una opción de vida como derivación del derecho a la libertad, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y el derecho a una calidad de vida digna. 46 Entendido como la expresión de las experiencias cotidianas de los sujetos. Como señala Joan Nogué el lugar “proporciona el medio principal a través del cual damos sentido al mundo y a través del cual actuamos en el mundo” Nogué, 2007:140. 47 El concepto de identidad es considerado como los rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad, a la conciencia que un individuo tiene de sí y de pertenecer a un grupo frente a otros, la identidad como “producción de subjetividades tanto colectivas como individuales que emergen, o pueden ser percibidas, en los ámbitos de las prácticas cotidianas de lo social y la experiencia material de los cuerpos” Solórzano-Thompson y Rivera-Garza en Szurmuk y Mckee Irwin 2009: 140. 48 Cada agente ambiental presenta un perfil de intereses y valores, pudiendo identificarlos: al sector público como suministrador de servicios, productor directo y emisor y controlador del cumplimiento de normativas; al sector privado como propietario de los medios de producción y acumulador de ganancias a través de la apropiación de la plusvalía; las instancias técnico-científicas, como productoras de conocimiento científico, que será apropiado luego por otros agentes ambientales; y la ciudadanía, que puede actuar individual o colectivamente, buscando reproducir su modo de vida y canalizar sus reclamos hacia otros agentes ambientales (Bru, 1997). 87


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Sin embargo, esto no es compatible con las prácticas depredadoras de acumulación capitalista que ejerce el sector privado sobre los ambientes de humedales, entre las que podemos destacar los procesos de mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones nativas, la conversión de diversas formas de derechos de propiedad en derechos de propiedad exclusivos, la supresión del derecho a los bienes comunes y la degradación ambiental. En este sentido, Harvey sintetiza estas cuestiones entendiéndolas como parte de los mecanismos de acumulación por desposesión, consistentes en la apropiación territorial y cercenamiento de bienes comunes por la vía de la corporativización y privatización de activos, a través de los cuales, dice Harvey “el capitalismo internaliza prácticas canibalísticas, depredadoras y fraudulentas” (Harvey, 2004: 115). Las normativas que protegen y regulan los bienes comunes de la cuenca baja del río Luján no ofrecen un marco invulnerable ante el avance de los intereses privados, con lo cual se aceleran los procesos mencionados con anterioridad. Las prácticas descriptas han ido generando una amplia resistencia de la población, dando origen al surgimiento de una red de ONGs que centran sus reclamos en los bienes comunes y atacan el rol conjunto del Estado y del capital en su apropiación. Las ONGs se enmarcan dentro de una amplia red de organizaciones sociales, que cuentan con una estructura y son producto de las voluntades de los ciudadanos. Estas resultan de las relaciones que se originan entre los sujetos alrededor de un propósito en común. En particular, las ONGs se perfilan como organizaciones que construyen eslabones entre los individuos, los sujetos, los ciudadanos y las instituciones. Ortega Carpio afirma que las ONGs son “organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o realizar actividades de desarrollo de la comunidad” (Ortega, 1994: 41), por lo tanto se caracterizan por su sentido social, independencia del ámbito gubernamental, ausencia de finalidad lucrativa y promoción de sus objetivos a través de diferentes estrategias como proyectos de desarrollo, asistencia humanitaria, sensibilización, educación y presión política (Escobar Delgado, 2010). En definitiva, las organizaciones son instancias de representación de intereses e instrumentos de acción colectiva que se han convertido en “intermediarios entre los desposeídos y el poder, o en organizaciones compensadoras de lo que el Estado no provee” (Jelin, 1994: 106), llevando a la esfera política las necesidades y reclamos de una parte de la sociedad que ha quedado excluida de la gestión del territorio. Frente a las acciones transformadoras y privatizadoras en amplias superficies de la cuenca baja del Luján y áreas aledañas (primera sección de islas del delta) aparecen diversas ONGs que intentan impulsar diferentes miradas sobre el entorno en que vivimos y cambiar la idea global de que tanto los lugares, como la identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, son parte de una cadena de mercancías comercializable o intercambiable de acuerdo a los intereses económicos, donde el medio natural y las manifestaciones culturales presentes en el territorio entran en una valorización y desvalorización económica de acuerdo a las estrategias globales de acumulación capitalista. Ante el avance de estas lógicas globales de mercantilización de activos territoriales, existen grupos sociales que “defienden sus lugares frente a la nueva lógica de los espacios sin lugar” (Nogué, 2007:137). Estos grupos buscan el respeto por la memoria histórica, sus valores y el derecho a preservar su concepción del espacio y del tiempo, vinculado a la vida cotidiana y a la identidad como grupo social. Cuando un bien común se trasforma en una mercancía simbólica, desarticula las dinámicas locales (entendidas como abiertas a las influencias externas), siendo este un proceso que en ciertos casos se transforma en formas violentas de intervención territorial, generando procesos de desplazamientos y desarraigo con los lugares. 88


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En la cuenca baja del río Luján y primera sección de islas del delta, distintas ONGs han conseguido darle visibilidad a las problemáticas derivadas de la expansión de UCP, obligando al Estado a tomar una postura diferente en la gestión del territorio.

La resistencia e iniciativa de los isleños en defensa de los bienes comunes: Implementación del Plan de manejo integral del delta de Tigre Un ejemplo de resistencia en la cuenca baja del Luján y primera sección de islas del delta surgió a partir de 2008, cuando se iniciaron obras hidráulicas en la primera sección de las islas del delta dirigidas a la materialización del emprendimiento Colony Park, un gran negocio inmobiliario que pretendía generar una Isla Privada como parte de la oferta de UCP. Lugareños y ONGs, alertados por estas obras de alto impacto para el humedal, comenzaron una larga lucha en resistencia al avance del emprendimiento que ya estaba siendo promocionado para su comercialización. Las obras iniciadas para consolidar este proyecto en la primera sección de islas del delta reavivaron, visibilizaron y masificaron el reclamo que algunos lugareños llevan adelante desde la década de 1980, ante el riesgo de deterioro ambiental y pérdida de la identidad isleña. Los habitantes del área, preocupados por la contaminación del río Reconquista y el avance de grandes emprendimientos urbanos que afectan directamente a los bienes comunes decidieron organizarse y movilizarse para defender el patrimonio ambiental y cultural de su lugar. Los pioneros en esta iniciativa fueron la creadora de la Fundación Pro Tigre y un isleño que integró varias organizaciones ambientales. Ambos, en la década de 1980 presentaron ante el Municipio de Tigre, la Provincia de Buenos Aires y el gobierno Nacional un proyecto de área protegida para el delta, acompañado por más de 6.000 firmas. Sin haber logrado el objetivo, quienes seguían comprometidos con la causa fueron conformando diversas organizaciones ambientalistas49 que han llevado a cabo importantes acciones de resistencia para evitar la transformación del área. Puede citarse como ejemplo, la organización Aprodelta que en el año 2000 denunció el dragado del canal aliviador de la desembocadura de los ríos Luján y Reconquista, como así también la disposición de los barros extraídos sobre terrenos pertenecientes a Nordelta50 y participó en el año 2002 en manifestaciones en contra de la aprobación de una ruta a un barrio cerrado (Puerto Palmas) que atravesaría la Reserva Natural Otamendi. En el mismo año, la agrupación Autoconvocados del Delta presentó un proyecto de protección ambiental como sitio Ramsar51 a los efectos de promover su conservación. En 2006 surgió una nueva organización denominada Asamblea Delta y Río de La Plata que entre muchas otras acciones52 en 2009, ante las amenazas de continentalización del delta por construcción de puentes y túneles que implicarían la llegada de megaemprendimientos al área, elaboraron el proyecto “Régimen de protección socioambiental para el Delta de Tigre” que fue presentado en el 49 Unión Amigos del Delta, Aprodelta, Por Tigre, Econexo XXI. 50 Causa Nº 1489, Juzgado federal Nº2, San Isidro. 51 Son sitios Ramsar aquéllos humedales incluidos en un listado de humedales de importancia internacional que deben ser usados racionalmente y sobre los que se debe promover su conservación. 52 Movilizaciones para lograr la prohibición de barrios cerrados en el área y la protección de los sitios arqueológicos. 89


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Honorable Concejo Deliberante en marzo de 2010 y constituyó el disparador para la elaboración del Plan de Manejo para el Delta. También se destacó en el accionar de esta organización la realización de una denuncia formal por delito de lesa humanidad y crimen hidrogeológico contra las autoridades públicas del municipio de Tigre, devenida de la alteración ambiental del delta y las agresiones sufridas por la población isleña histórica debido a la ejecución de obras vinculadas al desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios. La sanción por parte del municipio de Tigre del Plan de Manejo Integral del Delta, en marzo de este año, ha sido celebrada por los activistas, que tras una larga lucha han logrado influir directamente en la formulación de políticas concretas para resguardar la particularidad de la zona; en un área donde los paisajes típicos se encuentran representados por las viviendas palafíticas, una exuberante y particular vegetación y la presencia del bote como medio de transporte fundamental. La construcción palafítica ha permitido a los pobladores tradicionales adaptarse a un medio donde las inundaciones son un fenómeno frecuente y necesario para la sustentabilidad del delta, por la escasa altura relativa de las islas y por los efectos de las sudestadas que inciden en la dinámica del río. El bote o la canoa amarrada a las patas del rancho garantizan a los lugareños que no quedarán aislados en caso de crecidas. Los isleños adaptados a estas adversidades climáticas, son conscientes de la biodiversidad que se desarrolla en estos suelos frecuentemente saturados de agua y gracias a los cuales muchos pueden encontrar una salida laboral (junqueros, agricultores, artesanos, pescadores) y disfrutar cotidianamente de unos paisajes fascinantes. Ellos conocen este ambiente y sus dinámicas, las respetan y aprovechan sus recursos de forma sustentable, por lo cual deben ser sin duda los partícipes más importantes en el desarrollo de herramientas de gestión para el área. Dentro del plan de manejo del delta las organizaciones sociales estuvieron presentes en la etapa de diagnóstico del área, realizado dentro de un convenio marco entre el municipio de Tigre y la Fundación Metropolitana a través de la Universidad Tecnológica Nacional Regional General Pacheco; esta etapa de diagnóstico tuvo una extensión de un año (abril de 2010 a abril de 2011) y fue considerada por las autoridades como un proceso de planeamiento participativo. El plan de manejo del delta incorporaría a la ciudadanía en sus estrategias e intervenciones en el territorio, destinadas al fortalecimiento de acciones preventivas y de seguimiento de las normas establecidas dentro del plan, dividido en tres ejes estratégicos: A. Protección del humedal: considerando el mantenimiento de la dinámica territorial y los servicios ecológicos que brinda el humedal, para el establecimiento de una reglamentación clara que contribuya al desarrollo armónico entre la antropización y el ambiente. B. El fortalecimiento de la identidad isleña: asociada al entorno natural de las islas, a las particularidades de los asentamientos humanos, a las tradiciones productivas del área, a sus condiciones de movilidad insular y al fortalecimiento de la cultura y el ser isleño. C. La gestión de un desarrollo sustentable: propiciando acciones que permitan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida; adaptando la antropización a las condiciones ambientales del lugar y estableciendo pautas de localización y modalidades de urbanización adecuadas al territorio. Resulta importante destacar que los isleños manifiestan como un gran logro la sanción de este plan de manejo, pero junto a él se han sancionado otras dos ordenanzas: una de ordenamiento territorial y otra de construcción en las islas. Es por esta última que los activistas sienten haber obtenido 90


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un logro parcial, y lejos de desmovilizarse continúan con su accionar de protestas en contra de la ordenanza 3345/13, que regula las construcciones, al considerar que no ha sido consultada ni consensuada con los habitantes y no respeta la identidad isleña.

Consideraciones Finales Los éxitos alcanzados en la preservación y gestión del patrimonio natural y cultural del área han sido posibles gracias a la amplia red de relaciones que han establecido las diferentes organizaciones sociales, apoyándose mutuamente para visibilizar sus reclamos en torno a la protección del delta en este caso, pero siendo un mecanismo que se ha generalizado en toda la cuenca baja del río Luján ante la afectación de grandes extensiones de humedal por el proceso de urbanismo privado. La creciente resistencia social obligó al sector público -que se había mantenido adormecido frente al avasallamiento de estos bienes comunes- a asumir un rol activo en la gestión territorial en la primera sección de islas del delta; lo que podría constituir un antecedente que permita cambiar la gestión de humedales urbanos en el área continental.

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