Issuu on Google+

Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

SECCIONES: Estadísticas sobre Derecho Ambiental en la R.D. Páginas 5, 8, 15, 29 y 30.

Entrevista Internacional al

Calendario de Actividades. Página 20.

Dr. Jorge Bermúdez

Competencia Jurídica Manuel A. Amiama. P. 21.

Catedrático de Der. Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparíso (Chile).

Página No.9

Actualización Normativa. Páginas 23 y 24. Auspiciadores del Boletín CommunisOpinio. Pag. 31. EDITORIAL:

En esta edición la

Dra. Silvia Jaquenod De Zsögön Especialista Española en Derecho Ambiental. Página No.3

Derecho a un medio ambiente sano. Daisy García. P. 2. OPINIONES: Absolutismo de la expresión de las ideas y opiniones. Ernesto Guzmán A. P. 3.

Entrevista Nacional al

Prof. Gustavo Mena Catedrático de la PUCMM. Especialista en Der. Ambiental. Página No. 16

Fundamentalización de derechos ambientales. Luis R. Pellerano C. P. 6. Autonomía del Banco Central de la R.D. ¿Efectiva o legal? Manuel Acosta C. P. 12.

Responsabilidad Civil en ocasión de campaña política. Félix Ml. Santana. P. 20.

Sobre el mito de la reducción de costos laborales para mejorar la competitividad.  Por Camila Hernández y César Martínez. Página No. 21

La decadencia de un medio ambiente lacerado. Página No. 12 Por Felicia Tavárez Suárez are

No a los derechos de papel… 

Por Emily Pérez. Página No. 6

 Los Bienes Jurídicos protegidos por el derecho penal económico. Por María Ligia Rivas. Página No. 25

Cláusula sobre Derechos de Autor. Página 32.

1


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

CONSEJO EDITORIAL: *** Ernesto Guzmán Alberto.

Editorial:

Derecho a un medio ambiente sano. Por Daisy García Ventura.

Director General.

Daisy García Ventura. Editora.

Felicia Tavárez Suárez. Jefa de Redacción.

Isabel A. Reyes M. Editora Adjunta.

Aneudy Berliza Leyba. Editor Adjunto.

Maité Camilo Viñas. Auxiliar de Edición.

Cuando pensamos en la expresión “ambiente”, a secas, viene a nuestra mente el concepto de lugar que rodea algo, especialmente a una persona o conjunto de personas, teniendo ese espacio especies vivas y no vivas. Al anteponerle a “ambiente” el término “medio”, que, independientemente, hace referencia a una suerte de canal que sirve para llegar a un fin; acertamos en entender que se trata de un conjunto de circunstancias, que más allá de lo espacio temporal -completa el diccionario de la Real Academia Española-, es un conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona. Y pudiera parecer una analogía que excede su alcance en una perspectiva general, el decir que medio ambiente es todo eso a lo que nos hemos referido. Eso quizá diría un biólogo o un científico, atendiendo a su materia, pero así mismo parecería no tener una visión adelantada justamente de la naturaleza, que es su objeto de estudio.

E- Mail de contacto:

[ b.c.o@cedpucmm.org.do ] - - - - - - - - - - - - - - -

En nuestro contexto, el jurídico, la comprensión de todo este universo es vital para abordar lo que conocemos como Derecho Ambiental y/o los derechos medio ambientales.

El derecho a un medio ambiente sano comprende de hecho el ejercicio conjunto de otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, tal y como señala Jorge Bermúdez Soto en su artículo “Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, para la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile.1 Es menester, entonces, que para una persona tener una vida digna, cuente, no solamente con las necesidades básicas cubiertas, sino también con que el lugar en que desarrolla su vida sea recíprocamente óptimo. Nuestro país posee un bondadoso ecosistema, o pecamos quizá al no decir múltiples ecosistemas; muy variados por demás, con relación a la extensión superficial de nuestro territorio. Esto evidentemente es una especie de oro verde que ha atraído por siglos la ¿inversión o explotación extranjera? Por ello, es de suma importancia velar porque las manos, locales y no locales, en que ponemos la administración de nuestras riquezas naturales, aunque sea de una ínfima parte de ellas, guarden relación con nuestros intereses colectivos actuales y futuros. ¿Por qué siempre hemos de ceder al extranjero nuestro patrimonio natural por partes, en lugar de atraer esa inversión foránea al desarrollo, por ejemplo, de tecnologías cónsonas con nuestro medio ambiente y su perdurabilidad? Y hacemos nuestro un reclamo a viva voz del comentarista Luís Eduardo (Huchi) Lora para el telematutino El Dìa. En esta edición el Communis Opinio es la voz del estudiantado que se pone en alerta a sí mismo y despierta al resto de la sociedad, para que conozcamos mejor nuestras herramientas, las que como juristas en potencia debemos dominar: Nuestros derechos, para así poder llevar a cabo un ejercicio efectivo de los mismos…

2


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Absolutismo de la expresión del las ideas y opiniones. Por Ernesto Guzmán Alberto. Los derechos fundamentales resultan esenciales en el Estado constitucional y democrático de derecho, en donde la libertad de expresión juega un rol protagónico. Hay quienes asimilan este derecho a la acepción más absoluta de libertad. Sin embargo, comete gran error quien así lo concibe, pues al igual que los demás derechos no es absoluto y tiene sus límites.

Desplazados ambientales, pobreza y recursos naturales. Silvia Jaquenod de Zsögön1 Los distintos usos y aprovechamientos de recursos naturales, compartidos o no, tienen directa repercusión sobre las condiciones generales del ambiente y sobre la población que vive en regiones transfronterizas. A su vez, el estado en el que se encuentren los recursos naturales determina los movimientos poblacionales, muchos de los cuales se producen involuntariamente. Las migraciones “pueden causar tensiones entre comunidades, especialmente si suponen una mayor presión sobre recursos escasos, mientras que la migración transfronteriza puede agravar las tensiones entre los Estados.” 2 La desertización, por ejemplo, ha obligado a una gran parte -la sexta- de las poblaciones de Mali y de Burkina Faso a marcharse de sus tierras. También en Etiopía diferentes causas han expulsado

El orden público, las buenas costumbres, el derecho al honor y la intimidad de los demás, son ejemplos de limitantes al ejercicio del derecho a la libertad de expresar ideas y opiniones. Objetivamente, tampoco primaría como el más fundamental frente a otros de igual categoría. Es por esto que poco importa se tengan “pruebas” de las más fehacientes sobre la inclinación sexual o de las desviaciones sexuales de alguien, ya que es meramente su vida personal e íntima. Más ilícito aún resulta el emplear referidas pruebas con “animus nocendi” en detrimento de aquéllos. Muchos ignoran que la justicia no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Para su mala suerte, hasta ahora nuestros Tribunales están contestes con el principio de que “nadie puede prevalecerse de su propia falta para alegar en justicia”, algo que indiscutiblemente le resta a la defensa de cualquier perico.

1

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1988). Premio internacional “Príncipe de Asturias” para jóvenes investigadores de la Naturaleza (1984). Doctora “Honoris Causa”-México. Profesora “Honoris causa”Ecuador. Diplomada universitaria en: Ciencias ambientales por Universidad Complutense de Madrid, Ordenación del territorio por Universidad Politécnica de Valencia, Gestión ambiental y desarrollo local por Universidad de Extremadura. Patrona Fundadora y Presidenta de la Fundación Erdély Instituto Europeo de Investigación, Desarrollo e innovación en Ciencias Ambientales. Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesora de Derecho ambiental y Educación Ambiental-Universidad Técnica Particular de Loja. Profesora e investigadora del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad de Amapa-Brasil. 2 Varios autores (2005) La situación del mundo 2005. Informe anual del Worldwatch Institute sobre progreso hacia una sociedad sostenible-Página 168-Icaria Editorial-Barcelona.

3


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

de las zonas agrícolas de montaña a una gran cantidad de campesinos, combinándose la deforestación a gran escala, la erosión de los suelos, el crecimiento demográfico, con sistemas poco equitativos de propiedad de las tierras y prácticas de cultivo ineficientes. La pobreza es una situación especialmente compleja y multidimensional, para la que no es posible una solución única y aplicable de forma uniforme en todas las realidades. En regiones pobres los conflictos y rencillas deterioran recursos naturales, y llevan a los grupos a padecer mayores situaciones de pobreza. La pobreza se vincula con situaciones de degradación generalizada (nutrición, educación, sanidad) que afecta a los individuos tanto física, como fisiológica y psicológicamente, privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándoles para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida. Una estrategia adecuada debe armonizar los requerimientos de la población, los recursos naturales y el desarrollo económico. Resulta muy difícil conciliar paz, desarrollo y conservación de recursos naturales en un mundo en el que tantas personas viven en condiciones de pobreza extrema. La pobreza implica algo más. La reducción de los niveles de pobreza está vinculada de forma irrefutable a la protección de la Naturaleza. A causa de la profunda dependencia de los sistemas naturales, los pobres son especialmente vulnerables ante la degradación de los ecosistemas. La pobreza surge como resultado de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos básicos para satisfacer las necesidades humanas físicas y psíquicas prioritarias que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Una persona pobre es un ser humano triste. Un ser humano que, a su vez, tiene carencia de afecto. Una persona triste y carente de afecto es aún más vulnerable y esta situación atrae más inestabilidad en su -de por si- estado de debilidad integral. Hay pobres muy pobres, y personas que no siendo pobres se han empobrecido, e inician un período de decadencia y descontrol de su situación. Las posibilidades se van reduciendo poco a poco y se minimizan las alternativas que permiten salir adelante, mientras ve pasar delante de si todo un mundo de color, despilfarro y derroche. En la Cumbre de Desarrollo Social (1995), se propuso “lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la cooperación internacional”. La “Declaración del Milenio” (2000) establece un plan de acción con 8 objetivos que deben alcanzarse para 2015, uno de los cuales es “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” reduciendo a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario, alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos (incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes), y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre. Si los recursos naturales no son gestionados con vistas al largo plazo, si son explotados sin control y contaminados para obtener el mayor beneficio en el menor plazo, nunca podrán incidir significativamente en el desarrollo económico y en la escala necesaria para aliviar la pobreza, y es muy difícil que se alcancen esos objetivos. Es importante destacar que una abundancia de recursos naturales, incluso en calidad y con disponibilidad, no siempre se traduce en riqueza para los pobres. La buena administración de los recursos naturales, apoyada por la efectiva aplicación de leyes y por políticas que protejan los derechos de los pobres ante la expoliación del patrimonio natural y cultural, junto a instituciones preocupadas y ocupadas por los intereses de estos grupos, es el mejor camino hacia la consolidación de un desarrollo equilibrado y justo. Haití sufre las consecuencias de la pérdida de recursos naturales y es un triste ejemplo de degradación urbana. El empobrecimiento de las tierras y, por tanto, la decreciente productividad, ha forzado a muchas personas a

4


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

emigrar a la capital. El trágico fin del éxodo de los refugiados de Haití ha desvelado un futuro que no funciona, como consecuencia de la mala gestión del suelo y de los bosques que retenían el agua y que hasta hace treinta años cubrían la mitad del país. El caso de Haití se ha visto profundamente agravado con los movimientos sísmicos de enero de 2010, lo que va a exigir una fuerte inversión en gobernanza ambiental más que en gravosas políticas económicas de reconstrucción que no incluyen la variable de los recursos naturales. Nada más comprobar la realidad de una pequeña isla con dos Estados (Haití y Dominicana), mientras en un país la situación ambiental puede decirse que está controlada, en el otro las políticas equivocadas o la ausencia de gobernanza ambiental han conllevado a empobrecer más, si cabe, a un pueblo ya pobre. Sudán se encuentra bajo crecientes presiones poblacionales que inciden sobre los recursos naturales, mientras que los conflictos crónicos en Angola, Namibia y Zimbawe producen auténticas mareas de refugiados. Esta situación repercute directamente en el derecho humano que tienen miles de refugiados al acceso a agua potable, a vivienda digna, a alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad y, a su vez, se debilita más por el deterioro de los recursos naturales en las áreas que albergan a refugiados. La región shaelina de Darfur está sometida a un fuerte proceso de desertificación que se viene acelerando no sólo por el crecimiento demográfico sino, también, por la falta de políticas de desarrollo compatible con la realidad de un medio rural empobrecido. La masiva llegada de personas a Darfur obligó a extender la zona cultivada más allá de los tradicionales límites pluviométricos, para poder conseguir cosecha suficiente que mantenga a una población en constante aumento. En síntesis, la calidad de los recursos naturales es reflejo de la calidad global del medio. Sin recursos naturales en cantidad, calidad y disponibilidad no es posible mantener y desarrollar actividades económicas de forma compatible y equilibrada.

Estadísticas sobre Derecho Ambiental (Parte I).

¿Cómo valoras la situación del medio ambiente en R.D. luego de la ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales?

Ha empeorado 15%

Igual que antes 51% Ha mejorado 34%

5


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Fundamentalización de derechos ambientales. Por Luís Rafael Pellerano C. Uno de los mecanismos de protección del ambiente es el de la creación de derechos ambientales, cuya tutela puede ser reclamada en defensa del planeta. Más aún, están los derechos fundamentales ambientales, derechos que cuentan con garantías reforzadas para su protección. En la R.D., la existencia o no de derechos fundamentales ambientales antes de la Constitución de 2010 era discutible. Sin embargo, los artículos 66 y 67 de la Constitución de 2010 pusieron fin a este debate, siendo incuestionable la existencia de derechos fundamentales ambientales en el ordenamiento jurídico vigente. Los derechos fundamentales ambientales contenidos en la CD. no son los únicos. Conforme al artículo 74.1 CD, el catálogo de derechos fundamentales incluye “derechos y garantías de igual naturaleza”. Para determinar entonces cuáles son los derechos fundamentales ambientales, resulta necesario examinar tanto la naturaleza de los derechos fundamentales como la de los derechos ambientales. Al analizar sus naturalezas se puede establecer posibles criterios para la fundamentalización de derechos ambientales. Aquí podemos enunciar (a) constitucionalización, (b) derivación de derechos fundamentales ambientales constitucionalizados, (c) conexidad con otros derechos fundamentales y (d) derivación del principio de dignidad humana. Es decir, que si un derecho ambiental reúne uno de los criterios arriba establecidos se podría considerar un derecho fundamental ambiental. 3

No a los derechos de papel… Emily Alt. Pérez Trinidad.3

Habiendo estudiado las principales luchas y revoluciones en el mundo, las cuales se verificaron en países de Europa, como lo fue la Revolución Francesa de 1789, y en el caso de los países de Latinoamérica, el nuestro, con la proclamación de la Independencia Nacional en 1844, nos percatarnos que perennemente han sido ocasionadas por un panorama de desigualdad social e irrespeto a los derechos humanos. Debido a esto, es preciso que cada ciudadano y sobre todo los jóvenes, que somos el futuro de la nación, conozcamos nuestro catálogo de Derechos Fundamentales y, más aún, nos familiaricemos con los conflictos que han surgido desde su concepción histórica hasta la actualidad, la visión constitucional que han llegado a alcanzar como mecanismo de defensa, y a la vez adquirir excelente dominio del concepto de globalización dentro de una sociedad que se encamina cada día al progreso y bienestar común de sus ciudadanos, eliminando la desigualdad, discriminación e injusticia.

Estudiante de derecho de la PUCMM – RSTA. Correo electrónico: eapt_22@hotmail.com

6


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

El objetivo central de realizar este escrito es animar a mis contemporáneos a continuar ampliando sus conocimientos y experiencias acerca de las reglas que rigen la convivencia social, ya que, las problemáticas que afectan tanto a la sociedad dominicana como a las demás sociedades del mundo son mayormente por el desconocimiento de aquellos privilegios innatos de los cuales gozamos las personas, como lo son nuestros derechos fundamentales; resultando imprescindible, y hasta obligatorio, enriquecerse de estas garantías constitucionales para así protegerlos, respetarlos y proveerlos dentro de la realidad que nos concierne y atañe; para lograr encaminarnos a una sociedad de justicia, paz y libertad. Hace meses, cuando algunos dominicanos decidimos reunirnos y recolectar firmas para la no aprobación de ciertos artículos en el Proyecto de Reforma Constitucional que se convertiría o mejor dicho, que es hoy nuestra Carta Magna desde del 26 de enero de este año; al pedirle a varios estudiantes universitarios que colaboraran con la causa, quedé sorprendida e incluso me sentí un poco lesionada al darme cuenta, no sólo que algunos no sabían que se discutían artículos controversiales específicos en el Congreso Nacional, sino que muchos no estaban al tanto de que su país estaba pasando por un proceso de reforma constitucional, donde muchos de sus derechos y deberes estaban siendo modificados, otros rectificados y algunos censurados. Y es que, a pesar de contar con medios informativos gratuitos, y de que la prensa de República Dominicana tiende a atacar a los Poderes del Estado, creando de este tipo de acontecimientos una especie de guerra política, razón por la que la mayoría de la población se pone al corriente de las “faltas que está cometiendo el Presidente y/o los legisladores”; estábamos realmente ante la lamentable situación de que numerosos cuasi licenciados de este país ignoraban el rumbo de libertades y privilegios inherentes a su existencia. Es necesario tomar en cuenta que, para el futuro de los jóvenes, la ignorancia y la no observación de estos derechos es un homicidio al ascenso personal y profesional de los educandos que aspiramos a ser los embajadores de nuestra nación y a favorecer la mejora de la convivencia pacífica. Por tanto, las nociones e ideas adquiridas acerca de estos temas no sólo deben ser dirigidas a profesionales y/o futuros profesionales de las Ciencias Jurídicas, sino que se debe crear una conciencia global: A través de charlas, conversatorios, conferencias para el público en general. Y es que, la población dominicana necesita ser educada, instruida e ilustrada para así hacer efectivas y poner en práctica estas prerrogativas en nuestra realidad presente y futura, contribuyendo a la solución de los conflictos que no nos permiten una vida digna, donde cada persona, sin importar su sexo, edad, estatus social, partido político, inclinación religiosa, origen familiar o condición económica, debe vivir bajo condiciones satisfactorias. Sin embargo, no podría decirse que todo es ignorancia, buen ejemplo es el de los jóvenes que decidieron tomar en sus manos el artículo 67 de la Constitución Dominicana y marchar desde el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte hasta las puertas de la empresa canadiense Barrick Gold en Cotuí. Como ellos, debemos reconocer y aceptar como nuestros, los artículos 37 y siguientes de la Constitución Dominicana, para desvanecer la creencia que suele cegarnos al pensar que los males que afectan al país son sólo culpa, falta o error de políticos corruptos y mala administración del Estado, y asumir además que nosotros hemos optado por secundar sus acciones con nuestro silencio y omisión a sus equivocadas decisiones. Debemos ser realistas. Los dominicanos estamos olvidando nuestros derechos, perdiendo nuestro espíritu revolucionario heredado de Duarte, Sánchez y Mella, y quedándonos rezagados en una esquina permitiendo atropellos y burlas constantes a nuestra dignidad colectiva. Resulta vergonzoso cuando en la actualidad no solamente contamos con derechos fundamentales constitucionalmente consagrados, sino con garantías a estos derechos también avaladas por nuestra Constitución en los artículos 68 y siguientes, como el Habeas Data, Habeas Corpus, Amparo; por mencionar algunas.

7


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

La razón por la cual me ocupo de hacer un llamado a la sociedad dominicana es porque a pesar de que de esta Constitución ya se ha hablado bastante, lo que no se ha hecho es preocuparnos por alcanzar experiencias que lleven a reparar la problemática injustificada de las arbitrariedades que pueden llegar a cometerse en contra de las personas; tratar de buscar las luces necesarias para discernir correctamente las decisiones y pasos que debemos tomar como ciudadanos dominicanos para no violar, vulnerar o quebrantar dichos derechos en nuestro diario vivir y sobre todo en nuestro ejercicio profesional. No cabe duda que el futuro de República Dominicana está en nosotros, aún tenemos tiempo de luchar con Constitución en mano para enaltecer nuestra bandera tricolor.

Estadísticas sobre Derecho Ambiental (Parte II). ¿Cuál consideras que es el principal problema que afecta al medio ambiente en nuestro país?

Extracción indebida de materiales. 27%

Contaminación residual. 28%

Gases tóxicos. 6%

Deforestación. 39%

¿Qué posición entiendes que tiene el tema medioambiental en la agenda nacional de R.D.?

Tercer orden. 28% Ninguna posición. 41%

Segundo orden. 11% Primer orden. 20%

8


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Entrevista Internacional en exclusiva al Dr. Jorge Bermúdez Soto. Soto Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1993) y abogado (1994). En 1995 obtiene la beca Mutis otorgada por el Gobierno español para realizar estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí alcanza los grados académicos de Master en Derecho comunitario europeo (1996) y Doctor en Derecho (1998). Su tesis doctoral versó sobre el tema “Sistemas sancionadores de protección ambiental, casos español y chileno”. De su actividad académica se destacan el desarrollo de la cátedra de Derecho administrativo ambiental y sus líneas de investigación en el estudio de los mecanismos represivos y reparatorios del daño al medio ambiente y, más adelante, el principio de cooperación entre Administración y ciudadano. Hacia fines de 2001 obtiene la beca posdoctoral entregada por la Fundación Alexander von Humboldt, realizando durante todo el año 2002 una estancia de investigación en la Universidad de Giessen (centro de Alemania). En la actualidad imparte los cursos de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Ambiental en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

1-Dentro del escenario ambiental y de las medidas preventivas que se han erigido para evitar el daño hacia el medio ambiente tenemos “La evaluación de impacto ambiental”. ¿Donde radica la importancia de esta medida? ¿Como evalúa “La Evaluación de impacto ambiental” en las legislaciones del Derecho comparado, especialmente en Latinoamérica? JB: Al menos en el caso chileno, la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha significado un cambio trascendental en la forma en que deben enfrentarse los grandes proyectos (mineros, forestales, acuicultura, energía, etc.). Dado que la resolución con que culmina el procedimiento administrativo de evaluación ambiental, los proyectos han debido incorporar seriamente los efectos ambientales que producen. 2-De acuerdo con numerosos estudios nos encontramos con estadísticas alarmantes y esto lo reafirmamos cuando se establece que “Actualmente más de 30,000 especies de plantas y 5,000 animales se enfrentan a la extinción”4. América Latina es una de las regiones con un importante potencial respecto a la diversidad biológica, en ese sentido: ¿Cuales propuestas están emergiendo para la protección de la diversidad biológica? JB: Me parece que aun quedan instrumentos jurídicos por desarrollar que ayudarían a la protección de la diversidad biológica, me refiero a un régimen de acceso a los recursos genéticos y a la regulación de la biotecnología, por ejemplo por la vía de la incorporación de un sistema de análisis de riesgos.

4

Cifras establecidas en el estudio sobre “Evaluación De Impacto Ambiental y Diversidad Biológica, Eduardo Jorquera y Alejandro Iza.

9


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

¿Dentro del marco jurídico-ambiental, qué se esta dejando de hacer para incrementar esa protección? JB: Fuera de lo ya dicho, es decir de desarrollar la regulación, es imprescindible fortalecer los mecanismos de aplicación de la misma y fiscalización. Para eso no se debe pensar solamente en los mecanismos tradicionales de comando y control, sino en la incorporación de instrumentos privados, tales como la certificación y la auditoría. 3- Hemos podido apreciar como importantes juristas especializados en el Derecho Ambiental han establecido que existe una concepción errónea al plantearse; que “es difícil o muy difícil la reparación de los daños ambientales”. ¿Podríamos establecer que existe un mito respecto a la irreparabilidad del medio ambiente? (esto en cuanto a las indemnizaciones y demás sanciones). JB: Si de lo que se trata es de poner un valor en dinero respecto del daño o pérdida a un bien ambiental, ello al menos jurídica y económicamente siempre será posible. El problema no radica ahí sino en la aplicación de dicha indemnización a una finalidad ambiental. Ello normalmente es muy difícil. 4-En varios países latinoamericanos y del caribe se ha dado un gran paso de avance al implantarse políticas ambientales enlazadas a un cuerpo normativo, por ejemplo en Argentina fue la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente en el 2002, en Bolivia fue a partir del 1992, en Chile a partir de 1998 aprobándose un documento denominado “Una Política Ambiental para el desarrollo sostenible” y en RD fue con la ley 64-00. No obstante, vemos marcadas debilidades en las instituciones e instrumentos jurídicos al momento de regular y establecer medidas tendentes a la preservación del medio ambiente, en ese sentido le preguntamos: ¿Por qué a pesar de estos instrumentos, así como las distintas convenciones ambientales todavía se percibe una marcada apatía hacia la coherencia y la coordinación en la confección de instrumentos normativos capaces de enfrentar de manera eficaz la problemática ambiental? ¿No hay claridad en las políticas ambientales? O estas problemáticas ¿se han abordado de manera equivocada en la normativa jurídica? JB: Creo que en muchas ocasiones el legislador o el regulador van más allá de lo que efectivamente es posible de alcanzar bajo unas determinadas condiciones ambientales, económicas y sociales. Y evidentemente ahí está parte de la causa de esa sensación de que queda mucho por hacer. Otro problema radica en nuestras sociedades, las que aun creen que el medio ambiente y sus elementos son inagotables y por tanto que podemos seguir explotándolos sin incorporar variables de sostenibilidad y de protección ambiental. A partir de las exigencias de los mercados internacionales es posible que esta verdadera “indiferencia ambiental” vaya retrocediendo, pero aun queda mucho trecho por recorrer.

10


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

5-Entendemos que la tecnología y el medio ambiente no necesariamente tienen que estar divorciados, respecto a esto el Dr. Ernst Ulrich Von Weizsäcker, en una conferencia denominada “ Desafíos del Medio Ambiente y Respuestas Políticas” planteo que la respuesta debe ser buscada en la “Revolución de la Eficiencia” para el Dr. Ernst Ulrich Von Weizsäcker, esa revolución “supone adoptar un conjunto de medidas que permita reducir los requerimientos de consumos a la mitad, establecer sistemas de auditoría ambiental e introducir reformas tributarias ecológicas”5, en ese sentido: ¿Desde su perspectiva cuales son sus consideraciones respecto a la revolución de la eficiencia planteada por el Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker? JB: Como sociedad somos muy ineficientes en la utilización de los recursos que el medio ambiente nos provee, y creemos que siempre han estado, están y seguirán estando a nuestra disposición. Yo creo que más que un problema ambiental hoy día tenemos un problema ético, o se toma en cuenta el medio ambiente o no hay futuro posible. 6- La implementación de empresas multinacionales ha generado escenarios de debates, un caso actual es el de la empresa Barrick Gold, una multinacional dedicada a la extracción de oro y con presencia en países como; Canadá, Chile, Perú, Argentina, República Dominicana entre otros países. Lejos de entrar en consideraciones exiguas quisiéramos saber desde su rol como: Ciudadano, profesional de las Ciencias Jurídicas y Catedrático en materia ambiental: ¿Cual es su percepción en cuanto a los contratos que se han suscrito entre la multinacional Barrick Gold y los países antes mencionados, en donde dicha empresa tiene presencia? JB: Creo que el caso de Barrick Gold es paradigmático de esta especie de hipocresía ambiental norte-sur. Esta y muchas empresas aparecen como grandes paladines de la protección ambiental en sus países de origen, pero no trasladan ni aplican sus estándares en los países en que ellas realizan sus inversiones. Sin embargo, no me parece que la culpable sea la empresa, sino la propia sociedad que la tolera. ¿Cuales medidas prioritarias deben adoptar los países latinoamericanos para emplear de manera más eficiente mecanismos represivos y reparatorios respecto a daños causados al medio ambiente? JB: Este aspecto es clave para alcanzar algún grado de protección ambiental. Creo que sin posibilidades ciertas de fiscalización y sanción no hay ningún incentivo a cumplir con el ordenamiento jurídico ambiental. ¿De qué forma se logra? La respuesta pasa por la decisión política, la necesidad de hacerlo y en definitiva la conciencia de que si no protegemos hoy, mañana nuestras opciones de progreso y supervivencia como especie estarán en serias dudas.

5

Conferencia “Desafíos Del Medio Ambiente y Respuestas Políticas por el Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker.

11


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Autonomía del Banco Central, ¿efectiva o legal? Por Manuel A. Acosta Castellanos. El otorgamiento de independencia al Banco Central es un criterio tan ampliamente aceptado, que incluso estuvo consagrado en el párrafo I del artículo 111 de la Constitución anterior proclamada en el año 2002. Lo está, y de manera más clara, en el artículo 225 de la actual Constitución, proclamada el 26 de enero del presente año 2010, y a su vez se encuentra legalmente establecido en el literal a) del artículo 5 de ley Monetaria y Financiera número 183-02. La independencia del Banco Central, se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el banco no deba obedecer instrucciones del Poder Ejecutivo, ni de ningún otro poder u órgano del Estado. El fundamento es claro, evitar que el objetivo único de la política monetaria, que es mantener la estabilidad de precios (que dicho sea de paso, es un interés colectivo y supremo), sea desvirtuado o suplantado por intereses políticos ajenos al mismo; y a su vez depositar el manejo de estas funciones en manos expertas. No obstante, cabría preguntarse: ¿Qué nivel de independencia podría tener un organismo cuyas autoridades son designadas unilateralmente por el Presidente de la República? ¿Qué nivel de independencia podrían tener esas autoridades, si son designadas por el ínfimo término de dos años, pero renovables infinitamente?... 6

La decadencia de un medio ambiente lacerado. Por Felicia Tavárez Suárez.6 “Es triste pensar que tanta belleza esté enterrada bajo el silencio del pasado, que todas estas cosas que tan intensamente deleitaron a nuestros antepasados se hayan convertido en cosas pasadas”. Donald Grout, fragmento del último párrafo de su History Of Opera (1965).

Hoy más que nunca el escenario ambiental nos plantea retos ineludibles. A pesar de los innumerables tratados como el de Estocolmo en 1972, la Conferencia De Río Sobre el Ambiente y el Desarrollo Humano en junio de 1992, así como trascendentales convenciones, a pesar de estos compromisos internacionales, todavía se mantiene un marcado desdén hacia los desafíos básicos en los cuales se enfocó la Cumbre de Rió como son: El desarrollo sostenible, el clima y la biodiversidad. El objetivo de este análisis es cimentar nuestras cuestionantes y propuestas en una introspectiva hacia las distintas problemáticas emanadas de los daños causados al medio ambiente, sustentado en un estudio cuantitativo y cualitativo de los efectos que se

Estudiante de derecho de la PUCMM-RSTA. Correo electrónico: felicia_tavarez@hotmail.com

12


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

evidencian en nuestra realidad ambiental y que acarrea de manera acelerada la decadencia de nuestros recursos naturales. Consideramos esencial partir de los desafíos planteados por la cumbre de Río, incluyendo otros matices que en la actualidad representan una asignatura pendiente para la humanidad, como son; la falta de una estructura normativa ambiental responsable y el antropocentrismo cotidiano.

La problemática mundial es escalofriante. De acuerdo a los datos establecidos, la excesiva expansión en la utilización de la tierra está provocando que estemos perdiendo 50 especies de plantas y animales por día, siendo las principales causantes de esta destrucción el uso de la tierra para fines mineros, agrícolas, de monocultivos, de bosques y de asentamiento humano7. En el caso específico de la República Dominicana estos desafíos son perceptibles a través de diversos conflictos, ya que el trabajo de la tierra, es decir, la producción agrícola, el trabajo del campesinado, ha sido desplazado por lo que podríamos llamar “La implementación de áreas mineras multinacionales”8. Así también la apatía institucional por parte de los organismos encargados de regular este tipo de acciones, hacen que sin lugar a dudas el escenario ambiental dominicano y latinoamericano esté sumergido en una profunda crisis, no sólo en cuanto a la preservación, también en aquéllos valores que son la base para elevar con efervescencia los cuestionamientos hacia las acciones lesivas contra el medio ambiente.

Los recursos naturales no son inagotables. El informe de Desarrollo Humano para América Latina nos plantea que el mayor problema para nuestra región no es el agotamiento de los recursos renovables: Una de las mayores complicaciones es “la destrucción de los recursos renovables y los niveles de contaminación”9. La lucha hacia un desarrollo sostenible debe ser imperecedera. El desarrollo sostenible debe entenderse como el cambio en nuestro estilo de vida, que en esencia está enfocado en el consumismo descontrolado sin alternativas eficientes. Al establecerse que “mil alemanes consumen 10 veces más recursos de la naturaleza que mil personas de países en vía de desarrollo”; que “en América Latina y el Caribe cada año se pierden 495 millones de hectáreas de bosques”10… Esto indudablemente nos debe hacer pensar que debemos “cambiar el rumbo”, como lo plantea el Business Council for Sustainable Development (BCSD) en su libro Changing Course (1).

7

El Profesor Ernst Ulrich Von Weizsäcker también plantea que la región de Papúa- Nueva Guinea, está vendiendo gran parte de su tierra para ponerla al servicio de las exportaciones y no para consumo interno. Más del 98% de sus ingresos por concepto de exportaciones se relacionan directa o indirectamente con la destrucción de su hábitat natural, producto del cambio en el uso de la tierra. 8

Recientemente en la República Dominicana se vive uno de los conflictos ambientales más transcendentales de los últimos tiempos, al establecerse la multinacional Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro y acusada de implementar métodos lesivos para el medio ambiente, a través de mecanismos legalmente sancionados. 9

El Informe de Desarrollo Humano elaborado cada año por la Organización de las Naciones Unidas también establece como inminente punto cambiar los patrones de consumos de hoy. El desafío es lograr un consumo que sea compartido, sostenible, con responsabilidad social y que fortalezca las capacidades humanas. 10

En la problemática ambiental se suscita una paradoja inquietante. De acuerdo al informe de Desarrollo Humano para América Latina, el consumo se concentra en la población de altos ingresos, globalmente, pero el impacto de los daños ambientales afecta principalmente a las poblaciones más pobres.

13


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

En los últimos tiempos hemos podido percibir un notable desequilibrio climático, habiendo sido azotados por innumerables tormentas tropicales causantes de daños materiales y la pérdida de vidas humanas. ¿Por qué es imperioso que en la agenda político-ambiental el clima se incluya como una prioridad? De acuerdo a estudios realizados, un creciente número de tormentas ha conllevado a que el gasto anual de los daños causados por este tipo de fenómenos atmosféricos esté alrededor de los cincuenta billones de dólares, siendo los países de escaso desarrollo los más afectados, por ejemplo, en el 2009 en Centroamérica los vestigios de la tormenta IKE cobraron la vida de 192 víctimas, de acuerdo al Dr. Garry Bell, experto en estudios oceánicos y Atmosféricos; ese mismo año unas 1000 personas perdieron la vida a causa de inundaciones en los países del Caribe, incluidos Cuba, Haití y República Dominicana.

Actualmente los(as) ciudadanos(as) de los países latinoamericanos y el Caribe han cuestionado, a través de diversas manifestaciones, la implementación de empresas mineras que se dedican a la extracción de oro, como es el caso de la multinacional Barrick Gold. Con presencia en países latinoamericanos como: Perú, Chile y República Dominicana, esta empresa, además de ser ampliamente cuestionada por los métodos lesivos que emplea para operar, ha generado un escenario donde se demuestra la benevolencia por parte de las autoridades hacia las multinacionales, evidenciándose la falta de una estructura normativa responsable, permitiéndose que en el contrato suscrito con la Barrick Gold el Estado dominicano sólo reciba el 3.2% del retorno neto de fundición, además de no haberse establecido un saneamiento de las zonas mineras y de las innumerables denuncias realizadas por habitantes de las zonas que fueron despojados de sus tierras11. Indudablemente que rechazamos la forma y el fondo de los métodos empleados por las multinacionales, las cuales, en gran medida sin la supervisión adecuada, contribuyen a la decadencia de nuestro medio ambiente. Sin embargo, con esa misma vigorosidad cuestionamos lo que llamamos el creciente antropocentrismo cotidiano, el cual hace que nos coloquemos como el centro de lo creado; teoría que reafirmamos en el día a día con una marcada indiferencia y maltrato hacia los demás recursos naturales, a través del principio “el centro y el fin absoluto”, o en palabras más simples, como diría el profesor Ángel Pichardo, sin importarnos el otro, la otra, el ambiente… En definitiva, la naturaleza. Concluyendo: * La economía y el medio ambiente no tienen que estar divorciados. La implementación de técnicas e instrumentos tecnológicos siempre debe procurar la preservación ambiental, ya que valorando los recursos naturales se incrementan nuestros recursos económicos, especialmente en los escenarios rurales. * Necesitamos respuestas públicas coherentes y dinámicas. Consideramos que la creatividad en una sociedad con innumerables luchas de intereses es una de las claves para que en la problemática del medio ambiente puedan generarse técnicas, mecanismos y reformas ambientales eficientes. * La educación desde los primeros años de vida, el amor hacia la naturaleza, nos harán comprender de manera indeleble que la superioridad y el maltrato de una especie hacia otra es lo que suscita la decadencia de 11

Un acontecimiento transcendental que de alguna manera mantiene la casi exigua esperanza en las decisiones jurisprudenciales ambientales, fue la sentencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenando a la Barrick Gold Corporation a la devolución de más de 200 tareas de tierras ocupadas ilegalmente, y al pago de 500 mil pesos diarios por la tardanza en la devolución de los terrenos. Proceso judicial No. 351-2009-00086.

14


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

nuestros recursos naturales, y, que a pesar de los adelantos tecnológicos, “somos igualmente diferentes”, porque nuestra preexistencia coexiste de manera indisoluble con la vida en todas sus manifestaciones. Notas: *Jacques Barzun, From Dawn to Decadence. 500 years of western Cultural Life. 2001 *Convención sobre Diversidad Biológica http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. (1)

en

textos,

Junio

de

1992.

Ver

en

línea

*Von Weizsäcker Ernst Ulrich, Desafíos Del Medio Ambiente y Respuestas Políticas. Conferencia, ver en línea www.cepchile.cl/dms/archivo_1658_374/rev68_weizsacker.pdf. *Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando Barreras: Movilidad y Desarrollo Humanos. *Informe Sobre Desarrollo Humano. República Dominicana 2008. Desarrollo Humano una Cuestión De Poder.

Estadísticas sobre Derecho Ambiental (Parte III). ¿Quienes entiendes que son los principales responsables de los problemas del medio ambiente en R.D.? 3% 11%

La población. 39%

Las autoridades. Las industrias. No sabe.

47%

15


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Entrevista Nacional en exclusiva al Prof. Prof. Gustavo MENA. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Licenciado en Derecho y Magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica, 1996 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Programas de Maestrías, Santo Domingo, República Dominicana. Ha realizado otros estudios de Diplomados de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), 2001 en Legislación y Política Ambiental; de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Derecho Procesal Penal y Diplomado (2004); del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD) en Derecho y Gestión Ambiental (2005) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Pedagogía Universitaria (2007). Es miembro del Colegio Dominicano de Abogados (CARD) desde el 1992, de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), desde el 1993, del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, Capítulo Rep. Dom. (COLADIC) desde el 2004 y Prestador de Servicios Ambientales certificado ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana desde el 2004.

1- Dentro del escenario ambiental y de las medidas preventivas que se han erigido para evitar el daño hacia el Medio Ambiente, tenemos la Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Dónde radica la importancia de esta medida? GM: El Principio de Prevención es fundamental en el Derecho Ambiental. Es necesario tomar precauciones para no dañar nuestro Medio Ambiente. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conlleva un cúmulo de pasos y procesos administrativos previos a la obtención de un permiso con respecto a la puesta en marcha de un proyecto cualquiera. El Estado es responsable del resguardo del patrimonio nacional, en virtud de la Constitución vigente. Dicho resguardo puede concesionarse, pero no cederse. A través del Ministerio de Estado de Medio Ambiente, el Estado tiene la obligación de velar por la protección ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental es aplicable sin importar de quién se trate aquel que pretenda obtener la autorización para iniciar un proyecto. La Ley no se aplica a medias. 2- ¿Considera usted que la Evaluación de Impacto Ambiental ha sido eficiente como elemento preventivo en la República Dominicana? GM: Ha transcurrido una década desde la implementación de la primera legislación ambiental, en fecha 5 de junio del año 2000. Ésta trajo consigo muchas expectativas, y el surgimiento de figuras nuevas en materia ambiental. Cada dos años, esta legislación debe ser revisada nuevamente y aprobada. En el año 2006, fue aprobada, y en el año 2008 también. Tenemos la normativa, pero hay que ver cómo se aplica. Mal manejada, la legislación puede frenar el desarrollo de la Nación. El caso de la Cementera en Los Haitises ayudó a que comprobáramos que el Estado también tiene que cumplir el proceso, y eso es importante.

16


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

3- El Derecho Ambiental se ha caracterizado por implementar medidas preventivas que tienden a la conservación del Medio Ambiente. Dentro de estas medidas nos encontramos con las denominadas Medidas de Compensación. ¿En qué consisten estas Medidas de Compensación? GM: Honestamente, la aplicación de esas medidas no ha evolucionado en nuestro país. Se ha quedado en la inercia. Es lo más muerto del Derecho Ambiental, pues tiene menos dinamismo. Nosotros sabemos que tenemos que hacer algo… pero no lo hacemos. Puede haber compensación en muchos casos. Pongamos el de la Barrick Gold. Todo representó un cúmulo de gastos, se dividió el país, no hubo compensación ni se hizo una evaluación correcta, tomando en cuenta los tres aspectos fundamentales para que se dé la compensación: aspecto económico (desarrollo sostenible), aspecto ambiental (prevención), y aspecto jurídico (conformidad con la norma). Si uno de estos tres aspectos no es positivo, el proyecto no debe ser autorizado. ¿Qué se logró de positivo con esto de la Barrick Gold? Demostramos que hay conciencia ambiental. La juventud intervino contra esa actuación del Estado. 4- ¿Cómo evalúa usted la evolución de estas medidas en cuanto a su implementación en el escenario dominicano? GM: Estas medidas son muy necesarias. Los recursos naturales se agotan. La reforestación cuesta dinero. Es preciso tomar en cuenta una correcta valorización y compensación. En vez de hablar de campaña, deberían ocuparse de este asunto. 5- El 2010 ha sido un año trascendental para la materia constitucional, ya que, en medio de debates y opiniones encontradas, se materializó una nueva Constitución que introduce cambios en diversos aspectos. ¿Considera usted que se hace un reconocimiento coherente e integrador de la variable ambiental? En caso contrario, ¿qué debilidades presenta la política nacional ambiental en la nueva Carta Magna dominicana? GM: Ambientalmente hablando, yo considero que esta es mi Constitución. ¿Por qué? Bueno, depende del contexto en que se dé. Las reformas constitucionales tienen un contexto político de acuerdo a la situación existente en el momento en que se elaboran. En este caso, el contexto fue la política ambiental, propuesta que recibió apoyo de todos, ¡TODOS! los sectores. Efectivamente, debe haber coherencia, y la hay. El Estado ejerce su dominio sobre un territorio, y este territorio está compuesto por el ambiente (tierra, agua…). La mejor manera de proteger el ambiente es conociéndolo. Yo considero que hay cohesión dentro de ese contexto, existe ahora un espectro jurídico de protección ambiental (la Constitución regula sobre varios elementos ambientales: la flora, la fauna, el mismo ser humano, la atmósfera, los recursos energéticos, las áreas protegidas…). Hubo una evolución con esto. Como dice mi estimado amigo, Eduardo Jorge Prats, ¿cómo saber si una legislación es buena o mala? ¡APLICÁNDOLA! Poniéndola en práctica. Es así que sabremos si es efectiva o no. Yo quisiera un casito como el de la Cementera ahora. Si logramos lo que logramos con una protección ambiental implícita, ¡qué será ahora que está expresa! Ahí está, en los Tribunales yo sabré. Y eso que dicen de “choques”, ¡qué va! Las disposiciones ambientales de la Constitución vigente no chocan para nada con la Ley de Medio Ambiente, hay una absoluta cohesión entre ambas. Tenemos normas suficientes. Tenemos garantías. Ahora bien, no puedo decir que es eficaz, eso se determina al momento de ejercer nuestros derechos constitucionales.

17


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

6- En cuanto al escenario legislativo referente al Derecho Ambiental, tenemos tres tipos de legislaciones: 1) Leyes para regular ciertos aspectos del Medio Ambiente; 2) Leyes que inciden en el sector ambiental; y 3) Legislación propiamente ambiental. Podríamos decir que en la República Dominicana coexisten los tres tipos, sin embargo, vemos marcadas debilidades en los instrumentos jurídicos e instituciones facultadas para regular y establecer medidas tendentes a la preservación del Medio Ambiente. ¿Por qué, a pesar de estos instrumentos jurídicos y convenciones ambientales, se percibe todavía una marcada apatía hacia la coherencia y la coordinación en la confección de instrumentos normativos capaces de enfrentar de manera eficaz la problemática ambiental? ¿Hay claridad en las políticas ambientales o no? ¿Considera usted que se han abordado de manera equivocada las políticas ambientales en la normativa jurídica? GM: Hay coordinación entre las Legislaciones y la Constitución vigente. Lo de la apatía es otra cosa. Tenemos preceptos constitucionales muy firmes, pero la Ley no se aplica sola. Aquí debe hacerse una revolución institucional. La falta de institucionalidad en nuestro país no es un problema normativo, sino un problema político y cultural; un problema de estructuración social y de educación. Esto se puede resolver con un mayor hincapié en la educación moral y cívica. Esto es fundamental. Yo a mi hija, Scarlet, busco infundirle valores, porque es necesario. Se deben transmitir valores que nos identifiquen como Nación, aprender a apreciar nuestros símbolos (Bahía de las Águilas, Los Haitises, la cigua palmera, la flor de la caoba…). Todo eso nos identifica. Asimismo, los funcionarios deben rendir cuentas ante nosotros, y tenemos las herramientas para exigírselo. 7- Las Energías Renovables han alcanzado un importante desarrollo. Conforme datos estadísticos, nuestro país presenta un gran potencial para su implementación. ¿Considera usted que se requiere imperiosamente un marco legislativo que enmarque este tipo de opción energética alternativa? En caso afirmativo, ¿cuáles matices jurídicos deberían implementarse en esa legislación, tomando en cuenta la realidad ambiental dominicana? GM: Tenemos una Ley de Energía Renovable ya. El asunto no es decirlo o establecerlo legislativamente, sino en transformar la vida nacional orientada a ello, a este juego. Normativamente no tenemos la mejor estructura para esto. Falta voluntad política e institucionalidad apta para estos fines. Además, las Energías Renovables son costosas, y requieren mucha inversión inicial. Esto debe lograrse COMPENSANDO los beneficios. Asimismo, deberá darse una alternabilidad entre los diferentes tipos de energía. Pero a todo esto, lo más necesario es romper el esquema de corrupción, ya que los sectores opositores a las Energías Renovables son precisamente las multinacionales de Energías No Renovables, en las cuales el Estado es accionista. Así no podemos. Es más, las universidades deberían implementar las Energías Renovables. Tienen dinero para eso. Si vemos a nuestro alrededor, todo es fuente de energía: ¡la basura es energía, el agua es energía, el viento es energía! Fíjate, ¡el caucho es fuente de energía! Esas gomas de vehículos contienen gases, agua, y diesel. Todo, todo puede ser útil para esto. Y lo mejor de todo es que “mataríamos dos pájaros de un tiro”: al utilizar la basura, por ejemplo, podríamos limpiar esos vertederos que son una fuente alarmante de contaminación. El Metro podría utilizar Energías Renovables, pero, como ya dije, esto se logra con voluntad política. Algo curioso: ¡Costa Rica ha logrado más con menos Leyes que nosotros! No, no, tenemos que evolucionar. 8- La implementación de empresas multinacionales ha generado muchos escenarios de debates en nuestro país. Un caso reciente es el de la empresa Barrick Gold, una multinacional dedicada a la extracción de oro, y con presencia en países como: Canadá, Chile, Perú, Argentina, República Dominicana, entre otros. Desde una perspectiva ambiental y jurídica, ¿considera usted que la

18


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

República Dominicana correría el riesgo de una contaminación ambiental irreversible o de la magnitud que se plantea en la palestra pública? GM: Toda Nación corre riesgo ambiental. Todo depende de la aplicación de la normativa ambiental. Pasa esto por no querer aplicarla. 9- ¿Podría usted indicarnos a qué tipo de daños se hace común referencia en el caso de las explotaciones mineras en Pueblo Viejo, Cotuí? GM: El contrato prevé el resguardo ambiental y establece algunos mecanismos de garantía y prevención ambientales. En el caso de Pueblo Viejo, debe evaluarse el contrato según los tres aspectos de la Evaluación de Impacto Ambiental (jurídico, económico y ambiental). Los activos y los pasivos ambientales deben ser evaluados objetivamente, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Es necesario determinar quiénes tuvieron la responsabilidad antes de “dar referencias” o rumorar cosas. 10- ¿Cuáles vías legales tenemos para atacar preventivamente estos daños inminentes? GM: Si hay daños inminentes, lo primero es atacar la concesión minera por vía administrativa, luego propiciar la declaratoria de nulidad de ésta, y lograr permisos ambientales. Se puede también pedir que se dicten medidas cautelares para suspender la ejecución de dicha concesión en lo que se conoce la acción ejercida, e incluso podría incoarse una acción de amparo si se viola algún derecho fundamental (incluyendo el ambiental en virtud de la Constitución vigente). Si la sede administrativa no actúa, puede incurrir en responsabilidad. En este caso, quienes pueden ejercer una acción en justicia pueden ser el Pueblo de Cotuí, una Junta de Vecinos, entre otros. Cabe resaltar que, en caso de que la acción culminase con la declaratoria de nulidad mencionada, al Pueblo de Cotuí correspondería el 5% de los beneficios (si hay daño), independientemente de quién haya ejercido la acción. Esto se debe a la responsabilidad objetiva regulada por la Ley y la Constitución vigente. 11- ¿Existen precedentes judiciales destacados en materia de Derecho Ambiental en la República Dominicana? GM: Por supuesto. En materia constitucional, tenemos el caso Ríos-Bacuí, que consistió en una acción de amparo por unas granjas porcinas que estaban afectando los recursos hídricos. En la sentencia se declaró como fundamental el recurso hídrico. En materia contenciosa, tenemos el sonado caso del Consorcio Minero de Los Haitises, ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Culminó con la suspensión de las actividades mineras en razón de haberse violentado el Principio de Precaución, debido a que la ubicación cercana a un área protegida afectaba los recursos hídricos y naturales de la zona. Asimismo, se dio también el caso Rocas el año pasado, ante la Suprema Corte de Justicia, relativo a la protección de otros derechos fundamentales además del Derecho Ambiental. Señaló que el Derecho Ambiental va más allá de la protección de derechos de tercera generación, ya que protege derechos de primera (la vida humana, que puede peligrar en caso de enfermedades causadas por la contaminación ambiental, por ejemplo) y segunda generación también. Por último, podría citar el caso de Caribe Tours vs. cierta Junta de Vecinos. A ese respecto, para el Derecho Ambiental es importante la prevención del daño, pero luego de que éste es causado, debe restaurarse a su estado previo a la ocasión del daño, en protección a la salud del ser humano.

19


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Calendario Actividades La Escuela Nacional de la Judicatura tiene el honor de invitarle a la conferencia: “Interés Superior del Niño y Tutelarismo. Desafíos de la Convención sobre los Derechos del Niño", a ser dictada por experto internacional Nicolás Espejo. Dicha conferencia será realiza el próximo jueves 15 de abril del 2009, a partir de las 7:00 pm, en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Gaceta Judicial organiza siguientes diplomados:

los

 “Referimiento”, será impartido por los magistrados Alexis Read, Pilar Jimenez, Segundo Monción y Manuel Herrera. Iniciando todos los jueves desde el 29 de abril al 1 de julio en el Hotel Santo Domingo. Precio personal: $20,500 y precio corporativo: $18,000.  “Derecho Monetario y Financiera”, realizado en el Hotel Santo Domingo, de 6:00 a 10:00. Precio personal $25,000. Precio corporativo.  “Derecho Societario”, todos los jueves del 16 de septiembre al 28 de octubre de 2010 en horarios de 6:00 a 10:00 pm. Precio personal: $11,500, precio corporativo: $10,000.

La Responsabilidad Civil en ocasión de la campaña política. Por Félix Ml. Santana. Es un principio jurídico universalmente admitido que toda actuación que le provoque un daño a un individuo obliga a aquél por cuyo hecho se ha producido a repararlo, salvo que concurra una causa exoneratoria de responsabilidad o que se haya actuado en el ejercicio legítimo de un derecho. En el caso que estamos tratando aquí, el proselitismo político es un derecho que se le reconoce a los candidatos a posiciones electivas en la administración de alguna de las funciones del Estado. En efecto, los candidatos tienen el derecho a promocionarse, a fortalecer su simpatía en el electorado, en ese sentido son comprensibles los medios usados a tales fines: mítines, caravanas, bandereos, mano a mano, marchas, hasta lanzar bienes porcinos y gallinas desde un helicóptero. Sin embargo, en función del recrudecimiento de la actividad política, la carrera en busca de cargos públicos ha devenido más ruda, más rápida….menos reflexiva, no obstante quien ha tenido que pagar el precio es la ciudadanía. Y es que como las actividades políticas llevan cada vez un ritmo más predador, el ruido invade sin invitación nuestros hogares durante las noches y frustra nuestro sueño, literalmente. Pero no sólo eso, durante el transcurso del día, con todo el descaro del mundo, los activistas políticos nos someten a un tapón automovilístico de HORAS, mediante la obstrucción de las vías públicas con sus bandereos y marchas improvisadas. Fijémonos que la realización de un recorrido no es ilícita, lo ilegitimo es que lo ejecuten sin tomar las precauciones de lugar, como señalar que la vía estará cerrada mediante leyendas puestas a cierta distancia del evento que le indiquen, al ciudadano que no está interesado en la actividad, que debe desviarse si desea llegar a su destino. Pero, insisto, debido a la carrera loca con que se conducen los políticos de hoy, son muchos los casos donde se sacrifica la circulación del ciudadano desinteresado.

Imaginémonos que en un caso de esos, ese ciudadano lleve un pasajero enfermo, chocado o por alumbrar y que necesite los cuidados inmediatos de un centro de medicina, no obstante como le sorprendió una marcha improvisada le resulta sencillamente imposible arribar a un centro de salud y su pasajero muera o se le complique su situación con efectos irremediables. Es evidente el comprometimiento de la responsabilidad del candidato, el partido, los organizadores y todo quien haya tenido a su cargo la organización del acto para ejercer el derecho propio menospreciando el ajeno.

20


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

COMPETENCIA JURÍDICA “MANUEL A. AMIAMA” Procedimiento ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Ira. Edición, 2010 INVITACION A PARTICIPAR Se les invita a todos los estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino (PUCMM-RSTA) a participar en la 1era Ed. de la Competencia “Manuel A. Amiama” a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo, en el año 2010. La competencia ha sido ideada con la finalidad de permitir al estudiante explotar sus cualidades como futuro litigante mediante la preparación de un caso que será presentado ante un tribunal. Sobre la base del caso hipotético que será presentado, la competencia se desarrollará en las dos fases siguientes: 1) La fase escrita, la cual versará sobre el acto introductorio de la demanda y la respectiva contestación; 2) La fase oral, la cual tendrá su base en la presentación de los argumentos ante el tribunal. Para mayor Información:

 Blog: http://cedpucmm.blogspot.com/  E-mail: competencia.manuel.amiama @cedpucmm.org.do

Sobre el mito de la reducción de costos laborales para mejorar la competitividad. Por Camila Hernández y César Martínez. Estamos todos de acuerdo en los fines y objetivos que como unidad social debemos perseguir. La disyuntiva aparece al momento de elegir los medios que debemos adoptar para llegar a estos fines. Sin embargo, en todo caso, debe entenderse que ninguna decisión es social o económicamente viable si estipula el aumento del bienestar de un sector en base al perjuicio de otro. El derecho laboral surge para establecer equidad en la relación entre el empleador y el trabajador. Se trata de procurar equilibrio en un momento en el que se entendía que el trabajador estaba en una posición en la que se hacía imposible concordar un contrato de trabajo justo. Sin embargo, el contexto socioeconómico en el que se desarrolla la ciencia laboral dista mucho de la realidad en que estas palabras son escritas, y de la realidad a la que ahora nos referimos. La legislación laboral impone a los empleadores, entre otras cosas, en circunstancias especiales, el pago de prestaciones laborales (preaviso y cesantía), y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos adquiridos de los empleados. Estos costos laborales son los gastos en los que incurren las empresas por el uso del factor de trabajo. Los dos principales componentes de los costos laborales pueden dividirse en costos salariales y los no salariales. Los costos no salariales se componen de las remuneraciones legales, obligaciones fiscales y parafiscales. Precisamente, hacia las remuneraciones legales es que se orienta la demanda del sector empresarial de flexibilización del código laboral, argumentando que tantos beneficios para los trabajadores impacta negativamente sobre

21


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

la competitividad de las empresas, y, adicionalmente, que son la causa de los salarios tan bajos que perciben los dominicanos y dominicanas. Es cierto que reduciendo las remuneraciones legales, reducimos los gastos de las empresas, ahora bien, cabe preguntarse por qué hay que considerar en reducir precisamente estos gastos y no otros. Una empresa puede ser competitiva en base a costos laborales muy bajos (lo que se conoce como la vía baja hacia la competitividad). Sin embargo, esta es una estrategia que es útil en situaciones muy especiales y sólo en el corto plazo. Tomemos el caso de Perú12, país que posee uno de los costos laborales más bajos de la región (y del mundo, si se considera solamente la industria textil). En el Perú la mano de obra es, efectivamente, barata. Y es barata como consecuencia de tres factores principales: - Bajos estándares de calidad. - Flexibilidad de la legislación laboral. - Poco interés de los productores y empresarios por utilizar los adelantos de la ciencia y tecnología, por invertir en desarrollo tecnológico y modernización permanente de sus cadenas de producción y por capacitar y educar a su personal para trabajar dentro de estándares internacionales. No está de más añadir que uno de los grandes problemas que enfrenta Perú son los altos niveles de desempleo. El supuesto aumento en la competitividad proveniente de los bajos salarios no ha logrado ni incrementar en nivel de empleo ni producir un desarrollo social y económico en el país. En este punto, una de las principales conclusiones a las que podemos llegar es que un país puede, a pesar de tener bajos costos laborales, tener bajos niveles de competitividad. Esto sucede porque la competitividad no es un asunto de bajos costos, sino de innovación tecnológica, capacitación, calidad y eficiencia productiva. Destaca Porter13: “Las empresas de una nación deben pasar de competir sobre ventajas comparativas (bajo costo de mano de obra o recursos naturales) a competir sobre ventajas competitivas que surjan a partir de productos y procesos únicos”. Dado que a las empresas les interesa la sostenibilidad en el largo plazo (porque quieren mantenerse en el mercado más allá de un breve lapso temporal) la estrategia no debe basarse en reducciones de costos laborales, sino en el aumento de la productividad. Y esto se puede lograr incluso pagando altos salarios, pero con mano de obra de calidad (que se consigue promoviendo la educación y capacitación de los trabajadores), desarrollando y mejorando las cadenas de producción y fomentando la innovación y la inversión en tecnologías y nuevas formas de producción. La lección aquí es que la competitividad y la preservación de los derechos del trabajador no son dos realidades mutuamente excluyentes. Si bien la garantía de los derechos laborales tiene un costo que es 12 Instituto Peruano de Energía Nuclear, Planeamiento Estratégico Institucional, 2004. http://www.ipen.gob.pe/site/publicaciones/pei/PDF/capitulo%2003.pdf. [Consulta:10 de Agosto del 2009] Capitulo 3: Análisis Externo, p.4. 13 M. Porter, “Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index”, The Global Competitiveness Report: 2002-2003, World Economic Forum, Oxford University Press, Nueva York, 2003, p. 25.

22


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

considerado por los empleadores a la hora de tomar la decisión de contratar, este no es un costo perdido. Estos derechos, en la medida en que les aseguren a los trabajadores un nivel de vida que les permita desenvolverse adecuadamente en la empresa, resultan siempre para la empresa un riesgo que vale la pena asumir, ya que una población empresarial con capacidades básicas cubiertas, con mayor capacidad de acumular capital humano y físico, será más productiva, tendrá acceso a cada vez mejores empleos y promoverá mayor actividad económica14.

Actualización Normativa Jurisprudencia  Liquor Store cerrado en San Cristóbal por producir contaminación ambiental: El Primer Tribunal

Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, condenó a seis días de prisión y un millón de pesos de multa el pasado primero de marzo del año en curso a dos comerciantes acusados por varias organizaciones sociales de esa ciudad de violar la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente con el estridente sonido que provocan aparatos instalados en sus establecimientos. La procuradora de Medio Ambiente, Dra. Francia Calderón, fue quien sometió a los propietarios de los establecimientos comerciales, Julio Justo Rivera y William de la Rosa, ambos propietarios del liquor store “Furgón de la Frías”, ubicado en la avenida Constitución. La misma fue apelada, por lo que no ha adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero indudablemente presenta un precedente en la jurisprudencia dominicana, siendo la primera sentencia que versa sobre contaminación sonora.  Parquímetros Santiago: Sentencia No. 017/2010 de fecha 23 de febrero del 2010. Cuarta Sala de la

Cámara Penal del Juzgado de Primer Instancia del Distrito Judicial de Santiago, presidida por la magistrada Cecilia Badía. Acogió como bueno y válido el recurso de amparo elevado por José Alfredo Calderón, a quien la compañía Blue Parking primero le inmovilizó su vehículo y se lo incautó, por el supuesto de que había vencido el plazo de estacionamiento.  Rock Ash Manzanillo Vs. Samaná: En principio, el debate nunca fue ambiental. Lo que se discutió fue si

el material entró regularmente o legalmente al país. Se supone que no podía autorizarse la importación de ese material, por ser tóxico, pero Subsecretario de Gestión Ambiental (René Ledesma) autorizó su importación a dos compañías. “SEGUNDO: Revoca la sentencia recurrida y declara a Héctor René Ledesma Hernández, culpable de violar las disposiciones de los artículos 8, 16.20, 38, 40, 41, numerales 1, 14, 17 y 18; 42, 43, 44, 46, 47, 48, 152.3, 153, 174, 175.1.8, 183, 184 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Reglamento del Sistemas de Permisos y Licencias Ambientales; el Reglamento para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; artículo 1ro. de la Ley núm. 218 del 13 de marzo de 1984 y el artículo 9 del convenido de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación, en consecuencia se condena a una pena de prisión correccional de seis (6) meses y una multa de diez mil (10,000.00) salarios mínimos

14

Hernández Licona, Gonzalo, 2005, “El Desarrollo Económico y Social en México”, Cuaderno de Desarrollo Humano 24, Secretaría de Desarrollo Social, México D.F.

23


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

vigentes en el sector público;” (Fragmento de la sentencia recurrida Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 5 de diciembre de 2008.) (…) Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Héctor René Ledesma Hernández, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de diciembre de 2008, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.  Club Deportivo Naco (CDN) Vs. Hernani Salazar: Sentencia del 18 de marzo del 2010, de la Segunda

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo. Declara que el CDN es responsable de violación al derecho de propiedad de la parcela 479-E-1 Ref B-1 del Distrito Catastral No. 32 amparada por el certificado de título Número 82-8812, expedido a favor del Club Deportivo Naco, el 27 de agosto del 2008 (aun siendo el CDN el propietario de la misma).  Bernardo Santana Páez Vs. JCE: La sentencia fue emitida por Pedro Reynaldo Vásquez Lora, Segunda

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Sentencia acogió la instancia en amparo elevada por el ex jefe de la Policía, Bernardo Santana Páez y ordenó a la Junta Central Electoral la inmediata inscripción de su candidatura a diputado por la provincia El Seibo. Para rechazar su inscripción, la JCE argumentó que cuando fue puesto en retiro de su cargo de general de la Policía el pasado 2 de marzo, ya estaba cerrado el padrón o listado de electores, y por ende, carecía de cédula de civil aunque había recobrado su derecho a elegir y ser elegido. A fin de cuentas, Santana Páez nunca fue inscrito, y fue sustituido por Soraya Chaín.

Resoluciones  Resolución No. 116-2010 / Suprema Corte de Justicia: que reglamenta el Procedimiento para obtener las

declaraciones de las personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos en los Centros de Entrevistas. Modifica el artículo 3 y agrega párrafo al artículo 21 de la Resolución No. 3687-2007. Dada el 18 de febrero del 2010.  Resolución No. 135-09 / Suprema Corte de Justicia: que aprueba la norma complementaria a la ley sobre

comercio electrónico, documentos y firmas digitales, No. 126-02, para la integración de la Jurisdicción Inmobiliaria en la infraestructura de firma digital nacional.

24


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Imágenes de Contraste Río Nigua, San Cristóbal, R.D. Antes:

Después:

Los Bienes Jurídicos protegidos por el Derecho Penal económico. Por María Ligia Rivas.15

Antes:

Después:

A pesar de que muchos dominicanos vinieron a percatarse de la existencia del Derecho Penal Económico con la eclosión de los fraudes bancarios a principios de esta década, la verdad es que esta rama del Derecho se ha venido configurando desde mucho antes. Lo que sí podría ser nuevo o reciente es el reconocimiento factual y expreso que se ha hecho de éste en estos últimos años, o al menos que se intenta hacer, en países como la República Dominicana, contrario a los casos de Alemania o Francia, donde ya se había empezado dicho proceso con sus leyes de post-guerra o el de Estados Unidos y sus disposiciones anti-trust. A la inversa de lo que podría tratar otro escrito sobre el tema, donde se plantearía la evolución histórica, la noción y la clase de sanciones aplicadas por esta rama del Derecho, el tratamiento se limitará a la razón de ser de esta rama en específico, acudiendo a todo aquello que el Derecho Penal Económico ha considerado susceptible de protección legal, es decir, a sus bienes jurídicos. La complejidad que han alcanzado las relaciones económicas con el capitalismo, así como el papel preponderante que juega la economía en los Estados, han obligado al ius puniendi estatal a romper los esquemas que habían sido anteriormente establecidos, y a castigar una serie de infracciones, que hoy en día se consideran delitos económicos. Debido a la diversidad de fuentes que caracteriza al Derecho Penal Económico y tal como afirma Pedrazzi debido a que

15

Estudiante de Derecho de la PUCMM – STI. Correo electrónico: mary05_21@hotmail.com

25


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

éste es “uno de los sectores de la parte especial en que la utilización del concepto de bien jurídico es más ardua y problemática: en el que los objetos merecedores de tutela son más difíciles de aislar y recortar”16 , se tomará el criterio desarrollado por la doctrina alemana sobre el tema, en un intento de poder identificar cuáles son dichos delitos y consecuentemente los bienes que vulneran. Para ello, se desarrollará en un primer plano el criterio colectivista o supra-individual (I) para pasar luego, al criterio individualista (II). I.

EL CRITERIO COLECTIVISTA O SUPRA-INDIVIDUAL.

En la teoría clásica del Derecho Penal el bien jurídico por excelencia es el de carácter individual, sin embargo el Derecho Penal Económico supone la introducción de bienes jurídicos que trascienden al individuo, es decir, pertenecen a más de una persona. Estos bienes jurídicos son conocidos como bienes jurídicos supraindividuales y se dividen en institucionales, colectivos o difusos, dependiendo de si la tutela le pertenece al Estado, al conjunto de individuos o a un sector particular de individuos. Para doctrinarios alemanes, como Klaus Tiedemann, resulta clara la existencia de intereses jurídicos supra individuales, que pertenecen a la colectividad, y que en ocasiones, aunque no siempre, se encuentran por encima de los intereses patrimoniales individuales de los sujetos, y que por ende, se podrían encontrar más equiparados al Estado como órgano protector de la colectividad. Para este autor se podría considerar como objeto del delito económico “el orden de la economía instituido y dirigido por el Estado, vale decir, la economía nacional en su totalidad y en sus sectores parciales”17. Por lo que, se podría interpretar como delito económico todo aquello que, salvo excepciones, atente contra el orden económico que el Estado ha querido asegurar, por entender que vulnera la seguridad que le ha sido garantizada a la colectividad o a un sector de la misma, es decir, que rompe con el orden social y económico establecido. Dicha postura es lo que explica el porqué se integran las disposiciones de diversas leyes sectoriales dentro del bloque de fuentes del Derecho Penal Económico, por entender que las mismas inciden de una manera u otra dentro de la esfera económica y protegen, a su vez, intereses colectivos o difusos, o mejor dicho, pretenden proteger a los actores que intervienen en la vida económica del Estado. Tal es el caso, en República Dominicana, del Código Tributario y el Código Laboral, ambos promulgados en el 1992 fruto del Consenso de Washington*, así como de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, La Ley de 16

PEDRAZZI, C., “El bien jurídico en los delitos económicos”, citado por BARBERO SANTOS, M., La reforma penal: delitos socio-económicos, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad de Madrid, Madrid, 1985, P.282. 17

TIEDEMANN, KLAUS, “El concepto de Derecho Económico, de Derecho Penal Económico y de Delito Penal Económico”, Revista Chilena de Derecho, 1983, Vol. 10, P. 64. *Decálogo de políticas económicas consideradas por los organismos financieros internacionales con sede en Washington, D. C. para ser aplicadas en América Latina durante los años de 1990. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disciplina fiscal. Reordenamiento de las prioridades del gasto público. Reforma Impositiva. Liberalización de las tasas de interés. Una tasa de cambio competitiva. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization). Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas.

26


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial, las tres del año 2000, el Código Monetario y Financiero del 2002, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y del Usuario del 2005 y más recientemente, la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada del 2008. Cabe destacar que los bienes jurídicos que se intentan proteger bajo la adarga del Derecho Penal Económico hay que considerarlos en virtud del sistema económico que se trata, pues estos variarán de acuerdo al sistema elegido por el Estado. Así lo indica el Dr. Manuel Abanto Vásquez cuando establece el siguiente ejemplo: “En una economía planificada se protegerá la “planificación”, el “abastecimiento”, los “precios regulados”, etc.; en una economía de mercado, se protegerán más bien los mecanismos de funcionamiento de la libre competencia que, según la teoría económica, indirectamente apuntan a incrementar el bienestar general: la libertad de competencia, la lealtad de competencia, el sistema crediticio, el sistema de subvenciones, el funcionamiento de la bolsa, etc. Junto a estos mecanismos también se protegerán las pocas pero necesarias áreas de intervención estatal, tales como el sistema tributario, el sistema de subvenciones y otras formas de regulación excepcional de la economía.”18 Se establecen así, una serie de bienes jurídicos colectivos, que forman parte del núcleo legislativo del Derecho Penal Económico dominicano, así como de muchas otras legislaciones, tales como los derechos del consumidor, la libre competencia, disposiciones ambientales, regulaciones monetarias y financieras, relaciones laborales, entre otras, reconociéndose además, la responsabilidad penal en la que pueden incurrir las sociedades comerciales si violan las disposiciones contenidas en las leyes antes mencionadas. La importancia de la protección y reconocimiento de tales bienes supra individuales reside, tal como lo expresa Máximo Alfredo Ugarte, en que “la complejidad de la actividad económica produce un conjunto de conductas que buscan beneficiarse a expensas de los demás, afectando a la actividad económica y a la planificación estatal de la economía, buscando pasar por alto las normas estatales que organizan y protegen la vida económica, por lo que la delimitación jurídica de estos delitos es trascendental.”19 Es en virtud de esta afirmación, donde resulta comprensible la razón de ser del criterio supra individual en la determinación de los bienes jurídicos a ser protegidos por el Derecho Penal Económico. Pues tal como afirma Tiedmann, “al bien jurídico supraindividual [le] corresponde la dogmática de delito de peligro abstracto, haciéndose constituir el daño en la lesión de la confianza social, no en la confianza individual o en un daño material.”20 Ya establecido el criterio supra-individual en la determinación de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal Económico, es hora de pasar a las consideraciones establecidas por el criterio individualista. 8. Privatización. 9. Desregulación. 10. Derechos de propiedad.

18 ABANTO VASQUEZ, MANUEL A., “El Derecho Penal en una Economía de Mercado, Influencia de la Integración Económica y la Globalización”, Revista Jurídica Online de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, (http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=27) Fecha de Consulta: 15 de mayo de 2009. 19

UGARTE VEGA CENTENO, MÁXIMO A., “El Derecho Penal Económico como alternativa en los llamados delitos económicos empresariales”, Gestión en el Tercer Milenio, Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM, Lima, 2003, Año 6, No. 12, P. 37. 20

TIEDEMANN, KLAUS, Op. Cit., P. 61

27


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

II.

EL CRITERIO INDIVIDUALISTA.

Como ya se había establecido anteriormente y como resulta común en materia de Derecho Penal, el bien jurídico queda configurado en virtud del criterio individualista, donde se protegen los derechos individuales patrimoniales. Este criterio se aplica de manera distinta en el marco del Derecho Penal Económico, en un principio se seguía la hoy muy conocida tesis de Sutherland* acerca de los delitos económicos de cuello blanco, donde se tomaba en cuenta la condición social del autor del delito en el marco de su profesión. De acuerdo con Tiedemann dicho criterio ha evolucionado y en la actualidad se considera el problema desde otra perspectiva: “importa señalar como hechos económicos delictivos aquellos estilos de conducta que contradicen el comportamiento acorde con la imagen de un correcto comerciante, y que por la ejecución y efectos del hecho pueden poner en peligro, además de intereses individuales, la vida económica o el orden correspondiente a ésta”21. Se puede observar entonces, como en esta definición, no sólo se habla de la vulneración de intereses individuales, sino que se abre a la posibilidad de intereses supra individuales, tal como se exponía precedentemente. El criterio individualista como aquí se expone no debe entenderse como el tratamiento clásico que se le da en el Derecho Penal, sino como una herramienta para explicar fenómenos que ocurren dentro del Derecho Penal Económico y que necesitan del criterio individualista para ser comprendidos conjuntamente con el criterio supra individual. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos patrimoniales clásicos consagrados en el Código de Derecho Penal dominicano de 1882, como el cohecho, la prevaricación, la estafa, la extorsión, el fraude, entre otros, los cuales se convierten en delitos económicos cuando los mismos afectan patrimonios supra individuales o cuando constituyen “abuso de medidas o instrumentos de la vida económica”, como el cheque falso, ya que, como se mencionaba más arriba, provocan una desconfianza social. Sin embargo, bien se puede remontar la existencia del Derecho Penal Económico a la protección en última instancia de los intereses de los individuos, razón por la cual existe el Estado. Este criterio ha quedado confirmado por jurisprudencia de la Corte Suprema alemana cuando expresa que el permiso otorgado por una autoridad administrativa no puede ser invocado como causa de justificación si la actividad causa daños a terceros, por lo que en ese caso no se puede invocar el criterio de mantenimiento y conservación de puestos de trabajo (criterio colectivo) en detrimento de la salud de los vecinos (intereses individuales) pues constituiría un abuso de derecho22. Si seguimos a Tiedmann, y es aquí donde se debe prestar especial atención, lo característico del Derecho Penal Económico desde el punto de vista de este criterio es el de los delitos especiales23. En los cuales el legislador eleva a la categoría de autor, no ha cualquiera, sino a ciertas personas específicas, aquellas calificadas de manera especial, algo así como un regreso moderno a la tesis de Sutherland, de la cual se hablaba al inicio. Estos delitos especiales se encuentran principalmente, en el ámbito del Derecho Penal de las sociedades comerciales. La calidad de delito económico viene a darse en estos casos, por la expresa elección

*

Edwin H. Sutherland (1883-1950) Sociólogo estadounidense. Define en su monografía de 1949 a los delitos de cuello blanco como un crimen cometido por una persona de respetabilidad y de alto estatus social en el curso de su ocupación

21

Ibid, P. 60

22

Ibid, P. 63

23

Ibidem

28


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

que ha hecho el legislador de los mismos, por su calidad de gerentes, administradores, presidentes, fiscalizadores, contables, etc, de una sociedad comercial. Anterior a la entrada de la Ley de Sociedades Comerciales de 2008, dicha modalidad consagrada hace tiempo en otras legislaciones, no se encontraba así configurada en el país. Aunque, claro, siempre ha existido el criterio doctrinal de los pocos que anterior a los fraudes bancarios manejaban los elementos vitales del Derecho Penal Económico. Se consagran así, por vez primera, disposiciones penales en contra de los actores de las sociedades comerciales en virtud de los cargos y calidades que ostentan por disposición expresa de la Ley 479-08 a partir de los Arts. 467 y siguientes. A los fines de proteger no sólo los intereses individuales que puedan resultar afectados directamente, sino también el orden económico establecido por el Estado que podría eventualmente también verse perjudicado, tal como sucedió con la experiencia bancaria de principios del año 2000 en República Dominicana. CONCLUSIONES. En definitiva, la determinación de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal Económico es una tarea que, dado el complejo grado de interacción en el que se encuentran los diferentes agentes económicos, resulta difícil de definir. De lo que sí no puede haber duda es que al final, lo que se pretende proteger, es el orden económico que el Estado ha logrado alcanzar, para no perder así la confianza social de la colectividad o de sectores de la misma, incluso en el caso de infracciones que, a primera vistan, parezcan que atentan contra los intereses individuales. La especialización y desarrollo de esta rama seguirá creciendo y unificándose a medida que el mercado económico así lo exija. Mientras, se seguirán recogiendo en leyes sectoriales dispersas las disposiciones penales que tiendan a proteger todos aquellos bienes que posean valor en el mercado económico del Estado o que respondan a intereses tan importantes de la colectividad, que eventualmente incidan también en la vida económica escogida.

Estadísticas sobre Derecho Ambiental (Parte IV). ¿Qué tanto conoces sobre el cambio climático global? Nada 1%

Algo Algo 43%

Bastante Nada

Bastante 56%

29


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Estadísticas sobre Derecho Ambiental (Parte V). ¿Crees que la explotación minera en Pueblo Viejo (Coutí) por la multinacional Barrick Gold ocasionará daños ambientales significativos?

No. 5% No sabe. 11%

Sí. 84%

Sí. No. No sabe.

¿Cómo valoras la labor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a la prevención y conservación del medio ambiente?

4 4%

29 29% Aceptable. Me es indiferente. Pésima.

62 62%

5 5%

Muy buena.

Sobre las encuestas. encuestas. Las encuestas fueron realizadas en más de un 90% a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Los resultados muestras los datos objetivos y sin manipulación alguna. Para más información contactarnos.

30


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Auspiciadores del Boletín Communis Opinio:

www.cedpucmm.org.do

Agradecemos a los auspiciadores. Contacto: b.c.o@cedpucmm.org.do

Departamento de Derecho y Decanato de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

www.pucmm.edu.do

www.culturabierta.com

www.enj.org

www.cecompucmm.blogspot.com

www.encuentrojuridico.com

www.gredunibe.com

31


Communis Opinio Boletín Oficial del Comité de Estudiantes de Derecho (CED).

Año 2, Edición Regular No. 24, del 31 de Marzo del 2010.

Cláusula sobre Derecho de Autor. Las opiniones expresadas en los ensayos, entrevistas, artículos y columnas de opinión son exclusivas de sus respectivos autores, los cuales no son necesariamente compartidos por el Comité de Estudiantes de Derecho (CED) ni la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). © Boletín Communis Opinio, 2010. Edición No. 24 del 31 de marzo del 2010. El Consejo Editorial del Communis Opinio se reserva todos los derechos sobre el presente material.

Sobre las imágenes Página No. 1. Imagen Río. Obtenida de www.comederoarriba.com Página No. 3 Imagen Haití. Obtenida de www.tomorrowmuseum.com Página No. 6 Imagen Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Obtenida de spanish.argentina.usembassy.gov Página No. 12 Imagen del “Río Nigua”. Tomada por Ernesto Guzmán Alberto. Página No. 21 Imagen de trabajadora. Obtenida de http://wiki.infoshop.org/ Página No. 25 Imagen Tribunal Colegiado de la Cámara Penal. Obtenida de www.diariolibre.com Imágenes del “Río Nigua”. Tomadas por Ernesto Guzmán Alberto.

© Boletín Communis Opinio, 2010. Consejo Editorial 2010. Comité de Estudiantes de Derecho (CED). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). E – Mail: b.c.o@cedpucmm.org.do Ediciones: http://cedpucmm.org.do/communisopinio/ Web: www.cedpucmm.org.do Blog: cedpucmm.blogspot.com

32


Communis Opinio No.24