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políticas

ISSN: 1688-8715

u n p a ís e n co n s tru cció n y c a m b io

| Agosto 2012 | año 2 | número 10 |

14| Una revolución

productiva en el lejano norte

La experiencia de ALUR

22| Diversidad cultural

en clave inclusiva

Fábricas y Usinas de la Dirección Nacional de Cultura

Proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual

“Tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación del Estado como sea necesaria” | pág. 6

26| Avances y desafíos

de la innovación aplicada al desarrollo Panorama de la investigación científica en Uruguay

36| Políticas públicas

de cercanía

Programa Uruguay Integra

42| La oportunidad

recuperada

Programa Jóvenes en Red 1

w ww.pres i denci a .gub.uy

| políticas es una publicación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República |


¿Qué piensas del narcotráfico?, ¿qué propones?

■ José Mujica arriba a la cumbre del Mercosur en Brasilia, donde se daría ingreso formal a Venezuela como miembro pleno del bloque y Uruguay cerraría un acuerdo histórico con Brasil.

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es una publicación mensual de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710, Montevideo, Uruguay | Teléfono: (598 2) 150 3925 revistapoliticas@presidencia.gub.uy

Fotografías:Pág. 2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2, 26,27,28,29,30,31,32,33 Secretaría de Comunicación de Presidencia | Pág. 1,6,144,45,46 J. A. Urruzola | Pág.3 6,37,38,39 Federico Estol.

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La Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República es también responsable del portal de Presidencia de la República, de las conferencias de prensa y eventos de comunicación del Poder Ejecutivo, de la realización del programa Políticas que se emite los días jueves a las 20,30 en Televisión Nacional entre otras realizaciones audiovisuales, y del ciclo Uruguay Dialoga | www.presidencia.gub.uy

Realizada en el marco de un convenio entre impo y Presidencia de la República, es impresa en Impresora Polo. Distribuye Correo Uruguayo Diseño y edición fotográfica: J. A. Urruzola

Equipo de Secretaría de Comunicación www.presidencia.gub.uy | comunicación.

La gente sabe, porque lo vivió en carne propia, o porque mira noticias y películas, o porque algo oyó, que el narcotráfico es una fuente de violencia inagotable, una máquina de generar adicciones nefastas, un vector de corrupción en altas y mínimas esferas, un productor incontenible de delitos, un corredor hacia la cárcel o hacia la muerte. En Uruguay, como en muchos países, la tercera parte de los presos están detenidos por delitos vinculados al narcotráfico. En barrios de nuestras ciudades, como en muchas otras, las personas no pueden vivir tranquilas porque la atmósfera densa del comercio de drogas, desde la transa hasta la venganza, hace tiempo que se apoderó de sus calles. Aunque todo esto sea muy conocido, no son tan claras las posturas políticas (profesionales) de los actores nacionales e internacionales. Ningún político o partido puede soslayar que la existencia y el desarrollo del narcotráfico suponen, además de problemas sociales, una cuestión seria de poder. Así como la globalización, la trasnacionalización del sistema financiero, ha menguado seriamente la soberanía de las naciones, el narcotráfico –igual de global– enajena las decisiones individuales y sociales, y sobrepasa en buena medida la capacidad de decisión de los estados-nación. Además, a diferencia de otros poderes supranacionales, expresamente desconoce los límites de la juridicidad convenida, opera al margen, cada vez con más poder que aquel que la sociedad acuerda soberanamente. La ilegalidad es el oxígeno de su negocio, vive y se reproduce exponencialmente en ese ambiente. Las drogas no reguladas no sólo generan adicción: corrompen y promueven la violencia, porque esas son sus reglas de juego. Las drogas autorizadas, como el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, siendo más consumidas, tienen efectos dañinos para la salud, pero no se pueden comparar con el espiral de violencia y corrupción que generan aquellas otras en la sociedad. Se sabe el efecto criminal que puede representar una persona alcoholizada en el tránsito, pero se la educa, se la controla y se la sanciona. Pero a los que venden alcohol no les interesa ni les rinde tener tramas clandestinas, mulas y sicarios, no pegan balazos en las rodillas o matan por deudas o vendettas. La cuestión que está planteada en el debate público de estos días no es defender el alcohol o el tabaco versus la marihuana; se trata de considerar los efectos socioculturales que provoca la comercialización de uno u otro producto, con o sin cierto nivel de participación estatal. El sistema político tiene una encrucijada de tres caminos frente al narcotráfico. Uno: se autoengaña o finge desconocimiento, y hace como si ese enorme complejo socioeconómico del mundo actual no tuviera nada que ver con los asuntos públicos de su comunidad o país. Dos: se sube al carro, y se deja financiar en todo o en parte, o se deja promover sin mucho pudor, o trata de participar de alguna manera de la torta (con paraísos fiscales de naturaleza y magnitud diversas, por ejemplo). O, tres, aun consciente de la desigualdad de fuerzas, decide enfrentarlo a como dé lugar. Lo que aquí se dice para el sistema político alcanza a todas las otras formas de intermediación social con proyecciones públicas, como los gremios, los medios o las instituciones religiosas. Alcanza, más o menos, a todos aquellos que participan de una u otra forma del poder. Si se va por la opción uno, sólo se logrará incentivar el negocio de las drogas. Con la ajenidad del Estado, el negocio del narcotráfico logra las mejores condiciones. O, mejor dicho, si el Estado se limita a prohibir y suponer que con ello desaparece el problema, lo que hace es crear la principal condición (abonar el terreno) para que el negocio prospere: la clandestinidad. Es lo que sobradamente se sabe desde la época en que Estados Unidos aplicó la “ley seca” para combatir el alcohol. No redujo ni la demanda ni la oferta, sólo cosechó gángsteres de todo pelo. La demanda no desaparece porque la comercialización se declare

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ilegal, busca la oferta, y ésta, en las sombras, será más cara por aquello de que a mayor riesgo más alta debe ser la tasa de ganancia. Y por supuesto, en ese mundo no manda el “pequeño y mediano comerciante”; allí les va mejor a los grandes empresarios, los que realmente tienen capacidad de moverse a lo largo de la intercontinental cadena productiva del sector. El tercer camino es asumir que se está ante un problema social, cultural y económico de primer orden, y que de alguna forma hay que abordarlo. Implica, en primer lugar, preguntarse qué resultados han obtenido los intentos de quienes ya se han aventurado con las mejores intenciones. Ha quedado demostrado que las políticas basadas en la represión no han sido eficaces; México y Colombia son buenos ejemplos. Por otra parte, es notorio que muchas herramientas aplicadas en nuestro país para tratar los efectos del narcotráfico han sido relativamente exitosas. El control del lavado de los narcodólares, las campañas de educación, la interceptación de las redes de corrupción, han funcionado bien. La cultura ciudadana, quizás la cercanía que otorga la escala del país, han desplegado una atenta vigilancia para que esas redes no se apropiaran del sistema de justicia y de la administración pública. Uruguay tiene los reconocimientos internacionales que tiene porque ha logrado defenderse, transparentar sus prácticas y brindar certezas jurídicas. Se mejoró mucho el combate directo al narcotráfico. Se incautaron embarques importantes. Se creó la Unidad del Crimen Organizado y se mejoró mucho el Servicio de Inteligencia, en el marco de una reestructura de los servicios policiales que ya está dando buenos resultados. La designación del uruguayo Carlos Díaz como presidente en 2013 de Gafisud –una organización intergubernamental de base regional– es indicativa de los avances del país en el combate al lavado de dinero, con correcciones en el marco jurídico y efectiva coordinación interinstitucional. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la vida y la convivencia entre los uruguayos, comparadas con su misma historia, están más que amenazadas y con serio riesgo de ser irrecuperables para importantes sectores de la población. Es lo que se denomina comúnmente inseguridad, pero es más complejo que eso. Hay un desafío cultural con muy diversos componentes. Y hay prácticas económicas, sociales y culturales, como el comercio de drogas, que deben ser encaradas, y seguir preguntándose qué más se puede hacer. El gobierno resumió en 15 medidas una nueva etapa de lucha por la vida y la convivencia. Entre ellas se incluyó la propuesta de la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana. La iniciativa, de formulación simple pero de resolución compleja, necesariamente discutible y perfectible, tiene una causa ocasional, como se viene diciendo, en la necesidad de reducir el peso del narcotráfico. Achicar sus márgenes de maniobra y extorsión. Pero a la vez tiene otros propósitos seriamente fundamentados: terminar con la estigmatización de quienes consumen marihuana con fines recreativos o medicinales; reducir los riesgos que implica involucrarse en el submundo del mercado ilegal; abrir una brecha con otras drogas más peligrosas; promover planes y acciones que brinden información amplia y seria para que los eventuales consumidores opten con libertad y responsabilidad. La propuesta está abierta, el debate tiene su espacio y el mundo sigue con atención, sin folclorismos como algunos pretenden, lo que pueda avanzar un país cuyo gobierno ha tenido la audacia de buscar una nueva alternativa, progresiva, diferente, en una región que tiene en el narcotráfico, desde hace décadas, uno de sus principales flagelos. La Dirección.| Secretaría de Comunicación. (www.presidencia.gub.uy) ■

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políticas La cumbre de Brasilia desde la óptica de Uruguay Un nuevo hito para la complementación productiva En ingreso de Venezuela al Mercosur, y su impacto favorable en las relaciones comerciales y productivas del bloque, fue el hecho político más relevante de los últimos días a escala regional. Pero Uruguay, en paralelo, cerraba un histórico acuerdo con Brasil que le permitirá potenciar, de un modo complementario, las ventajas que obtendrá con la incorporación de la nación bolivariana.

■ De la Patagonia

al Caribe: con la incorporación de Venezuela, el Mercosur se transformará en la quinta economía del mundo y comprenderá al 70% de la población sudamericana.

“Nunca a lo largo de la historia tuvimos una oportunidad como ésta: es ahora o nunca y el desafío es enorme”, resaltó el presidente José Mujica. Se trata del nacimiento de “la quinta economía del mundo”, agregó la mandataria anfitriona Dilma Rousseff. Su colega argentina, Cristina Fernández, sostuvo que el Mercosur cierra ahora definitivamente “la ecuación de lo que va a ser este siglo XXI: energía, minerales, alimentos y ciencia y tecnología”. Y el invitado especial, el presidente venezolano Hugo Chávez, calificó el nuevo espacio de integración regional como “la locomotora más grande que existe para preservar la independencia y acelerar el desarrollo integral de Latinoamérica”. Con estos conceptos los mandatarios de la región calibraban el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, celebrado el 31 de julio en Brasilia, mientras Rousseff se encargaba de “poner en valor” el acontecimiento político: a partir del ingreso de Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, el bloque contará con un PBI de 3,3 billones de dólares (algo así como el 82,3% del producto total de Sudamérica), abarcará un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y comprenderá a más de 270 millones de habitantes (es decir, a siete de cada diez sudamericanos). A escala uruguaya, y desde el punto de vista comercial, la incorporación del nuevo socio fue valorada como altamente conveniente. “Venezuela es hoy el cuarto comprador de Uruguay, pero además es un mercado como si estuviera hecho a medida para nosotros: es un natural comprador de alimentos, que nosotros tenemos, y un vendedor neto de energía, que nosotros precisamos, y además está relativamente cerca”, evaluó el presidente Mujica en conferencia de prensa luego de la cumbre. En las próximas semanas las cancillerías de ambos países trazarán un “mapeo productivo recíproco”, con el fin de explorar las mejores complementariedades y aprovechar nichos de mercado que están siendo utilizados por otros países de fuera de la región.

Un nuevo paradigma en la relación bilateral Pero para Uruguay la cumbre de Brasilia deparó otros resultados ciertamente relevantes. Tal es el caso del acuerdo bilateral alcanzado con Brasil que, a juicio de Mujica, inaugura un nuevo paradigma en la relación bilateral, con alto impacto en el Mercosur. “Se trata de una cuestión medular –agregó el presidente– en la tentativa formal de que esta relación colabore en ir más allá del intercambio de mercaderías, a los efectos de crear economías complementarias.” Si la lucha por la diversificación de mercados se ha transformado en el principal derrotero de la política exterior de Uruguay, el acuerdo con Brasil permitirá avanzar un paso más y generar, en palabras de Muji-

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ca, una diversificación no ya productiva sino metodológica para generar economías complementarias. En el encuentro de Brasilia, Mujica y Rousseff decidieron la creación de un Grupo de Alto Nivel para materializar acuerdos, en un plazo breve, en las áreas de integración productiva; ciencia, tecnología e innovación; comunicación e información; integración de la infraestructura de transportes; y libre circulación de bienes, servicios y personas. El plan de acción acordado en materia de integración productiva supone la necesidad de identificar oportunidades de complementación industrial en las cadenas productivas del petróleo y el gas, la construcción naval, la energía eólica y la biotecnología, así como la cooperación entre instituciones responsables por los patrones de calidad y certificación con vistas a armonizar reglas y procedimientos, facilitando la integración productiva y los intercambios comerciales. En el área de ciencia, tecnología e innovación se implementará la plataforma de e-learning para la formación de recursos humanos en tecnologías de la información y de la comunicación, y del Centro Binacional de Tecnologías de la Información y de la Comunicación-Uruguay. Se dispondrá, además, la interconexión de redes académicas y su uso en telemedicina, por medio de una asociación entre la Red Nacional de Pesquisa, ANTEL y Celebras. También se formalizará la integración de Uruguay al Centro Brasil-Argentina de Biotecnología, que ya se encuentra en fase operacional, y se fortalecerá la cooperación en el área de la innovación agropecuaria. En materia de comunicación e información, se acordó profundizar la cooperación en los aspectos relacionados con la implementación de la tevé digital; establecer mecanismos para el desarrollo de la radiodifusión pública en la región; desarrollar acuerdos productivos locales enfocados a la producción de contenidos digitales creativos; y profundizar la asociación entre ANTEL y Telebras para la interconexión de redes y atención de las áreas de frontera. La integración de la infraestructura de transportes implicará intensificar los esfuerzos para la concreción, en el más breve plazo posible, de los proyectos prioritarios del área de transportes, como el nuevo puente sobre el río Yaguarón, la restauración del Puente Internacional Barón de Mauá, el restablecimiento de la conexión ferroviaria Rivera-Santana do Livramento y la implementación de la Hidrovía Uruguay-Brasil. La libre circulación de bienes y servicios incluye el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y facilitación del comercio bilateral, y el acuerdo sobre procedimientos que posibiliten el reconocimiento de los sistemas de control, inspección y certificación, así como la equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias. Por otra parte, Mujica y Rousseff expresaron su satisfacción por el acuerdo sobre intercambio de información tributaria y ratificaron el compromiso de cerrar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del citado acuerdo, un tratado para evitar la doble tributación de la renta y del patrimonio. El Grupo de Alto Nivel elevará un informe en 60 días. Posteriormente, las cancillerías de ambos países contarán con 90 días para definir un documento final, que estará enmarcado en el artículo 1 del Tratado de Asunción, el texto fundador del Mercosur. ■

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Proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual

“Tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación del Estado como sea necesaria”

En las próximas semanas el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual. La iniciativa, que forma parte de un amplio abanico de medidas, busca reunir en una sola norma toda la legislación dispersa sobre radio y televisión, y establecer nuevas reglas de juego en materia de medios audiovisuales, que entre otras cosas actualicen la normativa a los tiempos de la convergencia tecnológica, eviten la concentración de la propiedad y propicien la diversidad y democratización en el acceso y uso de esos medios. Desde el inicio del actual período de gobierno este tema se convirtió en una de las prioridades del Ejecutivo, preocupado por garantizar los derechos vulnerados de las audiencias y por la incidencia de los medios en el “descaecimiento de los valores en la sociedad”, según explica a Políticas el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. El gobierno está convencido de que la forma de avanzar en este tema es a través de un acuerdo con amplia participación de todos los actores involucrados. 6

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“La política de comunicación de este gobierno es la continuación y el complemento de la que se inició en el período pasado”, explica a Políticas el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, antes de elogiar la forma en que se resolvió, en el quinquenio anterior, la política hacia los medios comunitarios. Sin embargo, añade, “en este período se agregaron desafíos nuevos, que tienen que ver con avances tecnológicos como la digitalización, o con cuestiones políticas como el descaecimiento de los valores en la sociedad”, lo que obligó a poner el tema en el centro de la atención del gobierno. En ese sentido, y en función de la “incidencia” de los medios de comunicación en el aumento de las dificultades en la convivencia social, el gobierno se fijó objetivos que tienden a proteger los valores y los derechos de las minorías, y en particular de niñas, niños y adolescentes. “No nos queremos meter en contenidos específicos –aclara Breccia–. Se ha intentado parodiar esta iniciativa comparándola con una imagen que se ha querido imponer de la ley de medios argentina, sobre la que también se ha hecho una parodia. Esta iniciativa no tiene nada que ver ni con la ley argentina ni tampoco con su parodia.” Esto forma parte de una “política global” en la materia, a la que están incorporadas cuatro medidas adoptadas por el Ejecutivo en las últimas semanas y días: la aprobación del decreto que eliminó la censura previa incluida en una norma similar de 1988, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti; la creación del Comité Técnico Consultivo, que buscará consensuar una regulación democrática de los medios para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia; los tres artículos de la rendición de cuentas a consideración del Parlamento (véase recuadro adjunto); y el decreto de televisión digital. Este y otro conjunto de iniciativas, a su vez, formarán parte de la columna vertebral del proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual, que en las próximas semanas el Ejecutivo habrá de someter a consideración parlamentaria.

Un proyecto en elaboración consultiva Precisamente, la génesis de ese proyecto de ley se remonta al trabajo de un Comité Técnico Consultivo que funcionó de agosto a octubre de 2010 y que produjo un informe final en base al cual se elaboró un borrador de proyecto. En noviembre de 2011 el entonces director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), Gustavo Gómez, presentó ese texto a consideración del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien a su vez encomendó al nuevo titular de la Dinatel, Sergio de Cola, que le hiciera los agregados o correcciones que se consideraran necesarios. El producto de esa revisión volvió a manos del ministro Kreimerman, por lo que en las próximas semanas el borrador se enviará a la Presidencia de la República para que ésta lo estudie y, en caso de aprobarlo, lo envíe a consideración parlamentaria. Según De Cola, el proyecto tendrá más de 170 artículos y el primer capítulo se ocupará de los derechos de las audiencias, además de establecer una serie de obligaciones que deben asumir los permisarios de los servicios de radiodifusión. También se reconocen derechos de los prestadores de estos servicios audiovisuales, estableciendo garantías claras para el derecho a la libertad de expresión, con el fin de evitar cualquier tipo de censura previa o presión del poder político sobre los medios de comunicación. Algunos artículos de ese capítulo se ocuparán específicamente de garantizar los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión, y también de proteger a niños, niñas y adolescentes como espectadores de contenidos que están dirigidos a ellos de manera específica. “Se incluyen herramientas para promover la generación de contenidos orientados a esas audiencias, así como para la protección de sus derechos. También habrá un capítulo referido a la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes”, destaca De Cola.

“No nos queremos meter en contenidos específicos –aclara Breccia–. Se ha intentado parodiar esta iniciativa comparándola con una imagen que se ha querido imponer de la ley de medios argentina, sobre la que también se ha hecho una parodia. Esta iniciativa no tiene nada que ver ni con la ley argentina ni tampoco con su parodia.”

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La nueva legislación también creará un nuevo organismo –con un formato institucional similar al de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que aborda aspectos técnicos– que se encargará de la fiscalización y la regulación en materia de medios, e incluye la creación de la figura del ombusdman de las audiencias. Su rol será llevar adelante iniciativas de defensa de los derechos de los espectadores de los distintos servicios.

Otro de los capítulos estará referido a las autorizaciones para brindar servicios de comunicación audiovisual y a las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, donde se recoge y actualiza la legislación vigente, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos registrados en los últimos años. Por ejemplo, se incluirán en la ley las disposiciones del decreto que reglamentó el desarrollo de la televisión digital, que entre otras cosas estableció la reserva de canales para los sectores comercial, público y comunitario. El proyecto establecerá un plazo para estas concesiones, por lo que en este aspecto existirá una actualización de la normativa vigente, que no marca ningún límite de tiempo para el uso del espectro radioeléctrico por parte de los canales de televisión abierta. La nueva legislación también creará un nuevo organismo –con un formato institucional similar al de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que aborda aspectos técnicos– que se encargará de la fiscalización y la regulación en materia de medios, e incluye la creación de la figura del ombusdman de las audiencias. Su rol será llevar adelante iniciativas de defensa de los derechos de los espectadores de los distintos servicios. Por otro lado, De Cola explica que uno de los principales objetivos del paquete de medidas es evitar la concentración de los medios, de manera de impulsar la democratización y la pluralidad de los contenidos. Las novedades principales en esa dirección residirán en la aplicación de nuevos mecanismos que garanticen absoluta transparencia en la concesión de los permisos de explotación, de manera de evitar la concentración solapada a través del uso de testaferros por parte de los empresarios.

¿Regulación de contenidos? Uno de los cuestionamientos planteados por los empresarios de la comunicación es la “pretensión” del gobierno de regular los contenidos emitidos por las televisoras. “Regulación de los servicios de comunicación audiovisual siempre hay. No es cierto que la mejor sea la que no existe”, responde De Cola. Cuando se trata de una audiencia conformada por menores, el jerarca considera que existe un acuerdo social respecto a lo que se puede difundir en los horarios centrales. “Podemos discutir cuánto y con qué criterios regular. La propuesta en ese sentido es clara y no establece la regulación de los contenidos, sino que trata de establecer criterios para la protección de derechos, en particular de niñas, niños y adolescentes. Eso implica definir qué imágenes o qué tipo de contenidos se pueden emitir en el horario de protección al menor, lo cual incluye a la publicidad. Pensamos que tiene que quedar claro cuándo se está haciendo publicidad, y hoy existen mecanismos de publicidad no tradicional que tienden a confundir al espectador en ese aspecto.”

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El secretario de la Presidencia, por su parte, sostiene que se trabaja en procura de la corregulación, “que implica tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación [del Estado] como sea necesaria. Hablamos de una corregulación porque sabemos que muchas veces podemos tener disensos sobre el alcance de algunas recomendaciones. Y como los organismos institucionales son los responsables de velar por los derechos de la ciudadanía, serán ellos los que fijarán una regulación heterónoma”. El gobierno, a su juicio, procura “tejer una red de contención en valores y educación, para ver si podemos mejorar los mecanismos de convivencia en el país, donde los medios de comunicación masiva juegan un rol muy importante”. En este punto del debate surge la interrogante de cuánto de la agenda mediática es reflejo de lo que ocurre en la sociedad y responde efectivamente al interés público. Para Breccia, existe “algo de verdad” en lo que sostienen los empresarios de los medios en cuanto a que ellos están sujetos al rating, que eso es lo que los hace vender y subsistir, y que “la gente quiere ver lo que ellos emiten”. Sin embargo, sostiene que “el goce del derecho de usufructuar un bien con el poder tan brutal que tiene particularmente la televisión también supone un ejercicio muy importante de responsabilidad”. Y añade: “Yo puedo acordar con los dueños de los canales que ellos tienen que procurar ingresos y que para ello emiten lo que la gente quiere ver, pero de alguna manera eso también está inducido por lo que ellos emiten”. Si bien existe una “simbiosis” entre ambos aspectos, “la mayor responsabilidad corresponde a quien detenta esa capacidad tan grande de trasmitir valores, y es a quien le podemos reclamar por ello”. Breccia compara esta situación con la responsabilidad que tiene el Estado cuando establece los valores que se trasmiten a través de la educación pública: “Estos valores se establecen a través de una discusión en la que participa toda la sociedad. ¿Los canales con quién discuten? Por eso fomentamos este diálogo de manera tan insistente. Todos sabemos lo que es la discriminación, la crueldad, la pornografía. Sabemos cuáles son los límites. Después, cuando entremos en la letra chica, podremos tener alguna discrepancia. Entonces, si estamos de acuerdo en algunos límites importantes, acordemos y punto, y no tengamos ese temor casi reverencial a que se impongan contenidos desde el gobierno, porque esa voluntad no existe”.

Convocatoria para una regulación democrática Para aterrizar en hechos estas afirmaciones, la Presidencia acaba de lanzar una amplia convocatoria a distintos actores sociales, con el propósito de debatir y consensuar una regulación democrática de los medios para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.

“Digitalización cuestionada” Un mes después de su aprobación, el 11 de mayo, el decreto de televisión digital fue impugnado por la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), por considerar que “vulnera el orden jurídico” y “afecta derechos” adquiridos, entre otros argumentos. Ante esos cuestionamientos, Breccia recuerda que “toda la sociedad uruguaya es renuente al cambio”. En el sistema de medios, añade, “ese temor está mucho más justificado, porque los dueños de los medios, especialmente de las televisoras, han sido beneficiarios durante 60 años de una concesión absolutamente gratuita de un bien que es patrimonio de la humanidad, sin que nadie les pidiera nunca ninguna contraprestación. Es un estado tan importante de confort que cualquier alteración les resulta inadmisible. Son familias muy poderosas, que facturan decenas de millones de dólares todos los años, y sobre eso no pagan nada, esa es la realidad”. En este sector, insiste Breccia, ocurre además una “paradoja brutal”, porque “vemos que los empresarios que vienen a invertir al país piden que se establezcan reglas de juego claras, donde la primera es por cuánto plazo tendrán esa posibilidad. Sin embargo, los tres canales de televisión lo que quieren es la precariedad absoluta. Precariedad que en realidad no es tal, por lo que el argumento de que ellos brindan un servicio gratuito y pretendemos cobrarles por eso es insostenible”. El secretario de la Presidencia asegura que ese decreto es el producto de un “proceso de discusión muy amplio que nos satisfizo mucho porque intervinieron todos los interesados, se tomaron sus aportes y se llegó a un consenso en el que se estableció la fecha para el apagón analógico, se fijó el criterio para la asignación de las frecuencias, se establecieron los plazos para los llamados previos a la asignación, y se garantizó el acceso transparente para todos los sectores de la sociedad”. ■

Según De Cola, el proyecto tendrá más de 170 artículos y el primer capítulo se ocupará de los derechos de las audiencias, además de establecer una serie de obligaciones que deben asumir los permisarios de los servicios de radiodifusión.

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El secretario de la Presidencia, por su parte, sostiene que se trabaja en procura de la corregulación, “que implica tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación [del Estado] como sea necesaria. Hablamos de una corregulación porque sabemos que muchas veces podemos tener disensos sobre el alcance de algunas recomendaciones”.

Los tres artículos de la rendición de cuentas

Por el bien público

La propuesta tiene su origen en la “estrategia por la vida y la convivencia”, un paquete de medidas que el Ejecutivo lanzó en junio para enfrentar de manera integral los problemas de convivencia que afectan al conjunto de la sociedad (véase la edición número 9 de Políticas). “La caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etcétera. Nada de esto aparece reflejado con la importancia que tiene en los medios masivos de comunicación. No ocurre lo mismo con la crónica roja”, decía aquel documento en el apartado referido a los medios de comunicación. Esa inquietud del Ejecutivo motivó la consulta a distintos actores del sistema de medios para acordar una forma de encarar el tema, y ese diálogo terminó con la convocatoria que los primeros días de este mes de agosto el gobierno envió a dos decenas de organizaciones, con el fin de integrar un Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación. “Hacia una regulación democrática de los medios de comunicación para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos” es el nombre del documento remitido por la Secretaría de la Presidencia a la Unesco, la Unicef, el sindicato de trabajadores de los medios de comunicación (APU), la Coalición por una Comunicación Democrática, la ONG Voz y Vos, la Asociación Nacional de Broadcasters (Andebu), las Televisoras Abiertas del Interior (TAI), la Asociación de Agencias de Publicidad (AUDAP), la Central Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), el Ministerio de Educación y Cultura, las autoridades del Canal 5 y Tevé Ciudad, la Universidad de la República, las universidades privadas que dictan carreras de comunicación, la Dinatel y el INAU. Además, el CTC

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podrá invitar a expertos cuya opinión se considere relevante. La presidencia del comité estará a cargo de la Unesco y la secretaría a cargo de la Unicef. La primera etapa del trabajo se fijó en tres meses, al cabo de los cuales se deberá presentar un informe final, sin perjuicio de que se produzcan informes parciales o de avance. En principio el gobierno planteó que los temas que aborde el CTC sean los siguientes: a) adecuación y aplicación de la legislación nacional, de manera compatible con los estándares internacionales, referida a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su relación con los medios de comunicación; b) el fomento de la autorregulación de los medios de comunicación, agencias de publicidad, anunciantes y trabajadores de los medios, en el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes; c) la elaboración, de manera transparente y participativa, de una clasificación indicativa de contenidos audiovisuales; d) el desarrollo de instrumentos de estímulo a la producción, el intercambio y la difusión de programación audiovisual de calidad que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental; e) el impulso de estrategias y planes innovadores de educación para los medios; y f) el rediseño institucional y fortalecimiento de las capacidades del INAU para aplicar la legislación y políticas aprobadas, en particular el desarrollo de metodologías e instrumentos adecuados de monitoreo y evaluación. “Pensamos que un primer producto de ese trabajo no demorará más de 45 días y serán recomendaciones que el gobierno tomará en cuenta para elaborar un decreto que reglamente la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia. También aspiramos a que de allí surjan algunas recomendaciones que puedan ser adoptadas luego como una especie de código de ética periodística por los propios medios de comunicación”, explica Breccia. ■ ■

El proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2011 incluyó tres artículos que también forman parte del paquete de medidas que afectan al sistema de medios. El artículo 135 establece que los prestadores de servicios de radiodifusión deberán permitir el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales. Según De Cola, el objetivo es que los organismos del Estado puedan utilizar ese tiempo para difundir campañas que le den un servicio a la población. “Que quede claro que no es propaganda a favor del gobierno ni publicidad oficial”, aclara, y añade: “Parece razonable que el Estado no tenga que incurrir en mayores gastos que aquellos que corresponden a la producción para difundir estos mensajes que buscan el bien colectivo a través de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que son de todos los uruguayos”. Otro de los artículos, el 136, habilita al Poder Ejecutivo a fijar los precios que deberán abonar los concesionarios de servicios de radiodifusión por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas y demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones. En la actualidad estos permisarios se encuentran exonerados de ese pago. De Cola explica que “hoy las empresas que hacen uso de ese espacio pagan un monto fijo cada determinado lapso, que está determinado por la Ursec y aprobado por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora se excluía del pago de ese monto a las empresas de radiodifusión, pero con este artículo se elimina esa exclusión”. En la actualidad existe una lista de montos que incluye, entre otros, los servicios de telefonía o los radioenlaces, pero a partir de ahora también se establecerá el monto que deberán abonar los radiodifusores. El director de la Dinatel considera que posiblemente existan distintos valores que contemplen diferencias entre canales de televisión y radios, si emiten en Montevideo o el interior del país, o según la cantidad de clientes en caso de los servicios para abonados. “Incluso se podrá exonerar a alguno de ellos, pero siempre en función de criterios objetivos, no puede haber discrecionalidad en eso.” La mitad del dinero que se recaude se destinará a la Administración Nacional de Educación Pública, y la otra mitad se distribuirá entre los ministerios de Educación y de Industria, según la nueva redacción del articulado que se acordó con la bancada de gobierno durante la comparecencia parlamentaria de las autoridades del MIEM. En el caso de esta cartera, el dinero será para el fomento de la industria audiovisual. El tercer artículo en cuestión, el 176, dispone la creación del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, que se integrará por el Canal 5, las radios del SODRE y el Instituto del Cine y el Audiovisual. ■

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Breccia recuerda que “toda la sociedad uruguaya es renuente al cambio”. En el sistema de medios, añade, “ese temor está mucho más justificado, porque los dueños de los medios, especialmente de las televisoras, han sido beneficiarios durante 60 años de una concesión absolutamente gratuita de un bien que es patrimonio de la humanidad, sin que nadie les pidiera nunca ninguna contraprestación. Es un estado tan importante de confort que cualquier alteración les resulta inadmisible. Son familias muy poderosas, que facturan decenas de millones de dólares todos los años, y sobre eso no pagan nada, esa es la realidad”.

Las piezas del rompecabezas Proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual El borrador del proyecto de ley audiovisual, que tendrá más de 170 artículos, se encuentra en este momento a consideración del ministro de Industria, Roberto Kreimerman. El gobierno prevé que se presentará al Poder Legislativo para su discusión próximamente, y se espera que el debate previo a su aprobación lleve aproximadamente un año.

Decreto de televisión digital Se aprobó el 11 de mayo con el propósito de reglamentar los procedimientos de autorización para brindar servicios de radiodifusión de televisión digital, de acceso abierto y gratuito, asociada a la asignación del espectro radioeléctrico para su prestación. Menos de un mes después, el 4 de junio, el decreto fue impugnado por Andebu por considerarlo “inconstitucional y fuera de la ley”.

Cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia Después de la presentación del documento de la “estrategia por la vida y la convivencia” se inició un proceso que culminó con la conformación de un Comité Técnico Consultivo para la “regulación democrática de los medios de comunicación para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Derogación de decreto que habilitaba la censura previa El 11 de julio el presidente José Mujica aprobó un decreto mediante el cual se derogó una norma similar aprobada el 5 de julio de 1988 por el presidente Julio Sanguinetti y sus ministros Hugo Medina y Adela Reta. Esa norma consagraba la censura previa y fijaba el horario de protección al menor hasta las 21.30 horas, pero excluía a los programas deportivos, de contenido político y los informativos. ■

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L a

e x p e r i e n c i a

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A L U R

■ Director de Alur, Leonardo de León.

ALUR inició sus actividades en 2006. Es propiedad del grupo ANCAP en un 90% y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el restante 10%. La empresa produce actualmente azúcar, pero también etanol, biodiesel, energía eléctrica y alimento animal. Y se encuentra en plena expansión: proyecta inversiones en Montevideo, Paysandú y el noreste del país que impactarán además positivamente en la matriz energética, en la agricultura, en la lechería y en la cadena cárnica de Uruguay. La planta de que dispone en Bella Unión, Artigas, ha transformado radicalmente la zona, que ha dejado de ser un pueblo remoto hundido en la pobreza. Políticas entrevistó al director de ALUR, Leonardo de León, y registró la experiencia de Bella Unión con algunos de sus protagonistas.

La experiencia de ALUR

Una revolución productiva en el lejano norte 14

Hasta hace pocos años, dice De León, se discutía la viabilidad económica de ALUR, pero los cambios introducidos en los procesos productivos terminaron con ese debate. Entre 2006 y 2009 la facturación anual de la empresa se ubicó en el entorno de los 25 millones de dólares. La expansión y diversificación de la producción hizo que en 2010 ascendiera a 83 millones y un año después alcanzara los 116 millones. El incremento en la facturación del último ejercicio fue acompañado por utilidades positivas cercanas a los 700 mil dólares. Del total de la facturación de 2011, un 29% correspondió a azúcar, 29% a biodiesel, 27% a etanol, 13% a las harinas proteicas, 1,5% al etanol potable y 0,5% a la energía eléctrica. Al 31 de diciembre pasado existía una relación de 2 a 1 entre activo y pasivo, que es lo mismo que decir una relación 1 a 1 pasivo-patrimonio. De León afirma que ALUR ya no se caracteriza por producir caña para industrializarla y obtener azúcar. “Ahora se trata de producir caña para etanol, alimento animal, energía y también azúcar.” En el inicio de la zafra 2012, en abril, la caña utilizada como materia prima en el Complejo de Bella Unión se destinó exclusivamente a la producción de etanol. Además se incorporó al proceso productivo una nueva materia prima: el sorgo dulce. Por otra parte, ALUR concretará este año dos proyectos de inversión relevantes: la planta de biodiesel en el barrio de Capurro, Montevideo, y la de etanol, en Paysandú, que ampliarán significativamente la producción de biocombustibles.

Menos importaciones, más producción agrícola En Uruguay todas las naftas tienen etanol y todo el gasoil tiene biodiesel. La idea con las nuevas inversiones de ALUR es sustituir el 10% del consumo de combustibles de origen fósil. Ello permitirá disminuir las importaciones de petróleo. Además, los volúmenes de alimento animal producidos permitirán sustituir a partir de 2014 las 150 mil toneladas de alimento animal que se importan de Argentina y Paraguay. “Uruguay sustituirá importaciones de petróleo y harinas proteicas por 210 millones de dólares”, señala De León. Las obras en Capurro y Paysandú impactarán en la agricultura. ALUR demandará soja, girasol, canola, sorgo en grano, maíz, cebada y trigo. De León señala que ello generará un nuevo destino para estos productos, el mercado interno, y alentará la rotación de cultivos, generando alternativas viables a la soja y favoreciendo el cuidado del recurso tierra. Finalmente, aparece una nueva oportunidad en el horizonte de ALUR: la construcción de una planta de etanol en el noreste del país, que incrementaría aun más la demanda de productos agrícolas nacionales y destinaría su producción al mercado externo. La idea es que la proteína producida sea exportada a granel hacia Oriente Medio a través del puerto de aguas profundas que se instalaría en Rocha.

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La experiencia de Bella Unión

Capurro: biodiesel, glicerina y alimento animal A 150 metros de la ruta 1, en un predio de ANCAP en Capurro, se ubicará la nueva planta de biodiesel de ALUR. Con una inversión de 15 millones de dólares, producirá anualmente 60 mil metros cúbicos de biodiesel, 120 mil toneladas de alimento animal y 5.500 metros cúbicos de glicerina cruda. Con esta planta, ANCAP podrá incorporar en 2013 entre 5 y 8% de biodiesel en el gasoil. Las obras se iniciaron en mayo y culminarán en febrero de 2013. Políticas visitó el lugar y constató el avance de los trabajos: ya se aprecian las siluetas de los tanques que almacenarán metanol y metilato de sodio, sustancias utilizadas para la obtención del biodiesel. También otros tres tanques de 750 metros cúbicos, destinados al almacenamiento de aceite vegetal –principal materia prima–, están casi listos. Aproximadamente 100 trabajadores ejecutan la obra, aunque la cifra oscila entre 30 y 120 según las distintas etapas de construcción. Si bien el proceso industrial demandará pocos trabajadores, en el entorno de 30, la planta generará nuevas oportunidades de empleo en la agricultura. La usina utilizará como materia prima aceite de soja, canola y girasol, a los que se añadirá un 10% de metanol y pequeñas cantidades de metilato de sodio, un catalizador. Demandará anualmente 200 mil toneladas de granos oleaginosos y utilizará 6 mil toneladas anuales de sebo vacuno para producir biodiesel. Tres son los productos que resultarán del proceso productivo: biodiesel, harinas proteicas para alimento animal y glicerina cruda. Por cada tonelada de aceite que ingrese a la planta se producirá la misma

cantidad de biodiesel y un 10% de glicerina cruda, que será empleada en la producción de harinas proteicas para alimento animal, combustible para hornos de cemento y sustancias exportables para la industria farmacéutica de China y Alemania. Por otra parte, la planta de Capurro estará conectada con la refinería de La Teja mediante un ducto que llevará el biodiesel que se incorporará al gasoil, reduciendo los costos de transporte. Una de sus características es que no generará efluentes y por lo tanto no causará perjuicios ambientales. ALUR ya cuenta con una planta de biodiesel instalada en Montevideo, en Paso de la Arena, con una capacidad de producción de 18 millones de litros anuales. Allí se invirtieron 6 millones de dólares.

Paysandú: etanol a partir de sorgo La planta de etanol de Paysandú producirá a partir de sorgo en grano, a diferencia de la de Bella Unión, que lo hace usando sorgo dulce y caña de azúcar. Además, utilizará como materia prima maíz, cebada y trigo. Tendrá una capacidad de producción de 70 millones de litros de etanol al año. Si se le suman los 20 millones de litros producidos en Bella Unión, se cubriría un 17% del consumo actual de las gasolinas del país. La planta comienza sus obras de montaje en los próximos meses y estaría en funcionamiento a fines de 2013. Tendrá una capacidad de producción de 70 millones de litros de etanol al año y también de 50 mil toneladas de alimento animal. Por otra parte, aportará ocho megavatios/hora a la red eléctrica de UTE. ■

La experiencia de Bella Unión

De pueblo olvidado a polo de desarrollo Las condiciones climáticas del departamento de Artigas, con características subtropicales, posibilitan que las cosechas de los distintos productos sean más tempranas que en el resto del país y que existan productos propios de la zona. La caña de azúcar emerge en este contexto como uno de los cultivos más emblemáticos de la agricultura artiguense. Casi al finalizar la ruta 3, en las proximidades de la ciudad de Bella Unión, se desarrolla desde 2006 un nuevo polo agroindustrial. Cerca de 600 trabajadores de la industria, 200 productores de caña de azúcar y más de mil trabajadores rurales participan en esta cadena de valor. La planta industrial de Bella Unión se montó sobre los cimientos del viejo ingenio azucarero de la cooperativa CALNU. Al finalizar la zafra 2012 producirá etanol, azúcar, energía eléctrica y alimento animal. Para poder materializar el proyecto, ALUR invirtió 71 millones de dólares: instaló una nueva caldera, un turbogenerador de electricidad y montó una destilería para la producción de etanol. Asimismo perfeccionó la logística aplicada a la cosecha e instaló nuevos sistemas de riego.

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Los resultados son contundentes: la superficie de caña de azúcar trepó en 2012 a 6.800 hectáreas, cifra que contrasta con las 2.800 hectáreas destinadas a este cultivo en 2006. Se incorporó también una nueva materia prima al proceso productivo, destinada exclusivamente a la producción de etanol: el sorgo dulce. El objetivo para 2013 es extender la zona de caña a 8.300 hectáreas.

Sorgo dulce, camiones y máquinas cosechadoras La zafra del Complejo Agroindustrial de Bella Unión se inició a fines de abril y se extenderá hasta octubre. A mitad del período de zafra Políticas visitó el complejo industrial.

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La experiencia de Bella Unión Cifras Bella Unión 2012 En la zafra 2012 se muelen diariamente 3.600 toneladas de caña. Las autoridades de ALUR estiman que al finalizar la zafra se habrán procesado 380 mil toneladas de caña, cifra similar a 2011. La producción de etanol alcanzará los 21 mil metros cúbicos. La producción de azúcar alcanzará 23 mil toneladas, 8 mil de las cuales serán producidas con base en materia prima importada desde Brasil. La planta industrial genera 12 megavatios de electricidad por hora; dos terceras partes son vendidos a UTE, al no ser utilizados en el proceso industrial. La producción de alimento animal alcanzará aproximadamente las 20 mil toneladas.

La primera nota distintiva de la zafra 2012 radica en la extensión del período industrial: la incorporación del sorgo dulce al proceso productivo aumentó el lapso de producción en casi 20 días, llegando a casi seis meses. En el primer mes de zafra sucedió un hecho inédito en la historia de ALUR: la materia prima se utilizó exclusivamente para producir etanol. El gerente de la Unidad de Negocio Caña de Azúcar, Sorgo y Derivados, Humberto Graña, explica a Políticas que esta innovación fue posible porque ALUR dispone de 400 hectáreas de sorgo dulce y 1.000 de caña, lo que posibilitó cosecharla de forma anticipada. “Si bien el rendimiento de la caña fue inicialmente menor (estaba más verde), el aumento en los días de producción incrementará los volúmenes de etanol”, precisa. Otra de las novedades consistió en la adquisición de cuatro camiones especialmente diseñados para descargar caña a granel. Cada camión carga 15 mil toneladas y duplica su capacidad al incorporar una zorra. El objetivo es que al menos 50% de la carga llegue a granel, a diferencia de la zafra de 2011, cuando llegó en esta modalidad tan sólo el 20%. Este procedimiento evita que se apilen los fardos en el patio y que la caña pase a la molienda con una mayor cantidad de azúcar. Por otra parte, ALUR adquirió una cosechadora, que se suma a las tres con que contaba en la zafra 2011. Las máquinas de cosecha cortan la caña, ya sea verde o quemada, con un largo de 20 centímetros. La caña picada se vuelca sobre un vehículo de trasbordo que la coloca posteriormente en el camión. Este sistema permite que a los 40 minutos de ser cortada la caña inicie su fase industrial. El uso de caña verde como materia prima genera beneficios en el suelo, aumenta los niveles de azúcar obtenidos y deja materia orgánica en la tierra.

Proceso industrial “El proceso de producción de azúcar refinado y etanol arranca con la entrada de los camiones que traen la caña. Hacemos un calado para sacar una muestra para control de calidad de la caña”, explica Lucía Bulanti, jefa de la División Producción de Azúcar y Etanol. Y agrega: “La calidad se mide por la cantidad de azúcar que tiene la caña, y se le paga a los productores por kilo de azúcar que entra”.

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El 50% de la caña llega a granel, ya sea cortada por las máquinas cosechadoras o por las distintas cuadrillas de “peludos”. La caña a granel es colocada directamente en la mesa que alimenta la conductora. El 50% restante es cortada exclusivamente por los “peludos”, llega en fardos, y es depositada en el patio para luego ser colocada en la mesa que alimenta la conductora. La caña avanza por la conductora para luego ser cortada con una cuchilla. Luego se muele para separar el jugo de la caña de la fibra (bagazo). Mientras el bagazo es utilizado como combustible para la producción de vapor, el jugo sigue su proceso industrial para obtener etanol y azúcar. La caldera funciona desde 2009. Procesa 120 toneladas/hora de bagazo y produce todo el vapor para el proceso. Una turbina genera toda la energía que consume la planta, más un excedente que se vende a UTE. El jugo de la caña es clarificado para sacarle las sustancias coloreadas y otras impurezas, y una parte se utiliza para producir azúcar. Ese jugo se concentra mediante evaporación y luego se cuece para la fabricación de la masa, de donde se extraen los cristales de azúcar y la miel (melaza). El azúcar pasa por un proceso de secado, mientras la miel es recirculada y luego se manda el sobrante para la destilería. “El destino del azúcar es básicamente doméstico, y todo sale refinado. También elaboramos azúcar rubio, que lleva otros componentes; el cristal queda rodeado por miel, que le da el color medio amarronado”, explica Bulanti. La otra parte del jugo de caña pasa a la destilería, que usa como sustrato para la destilación jugo de caña más melaza. Con eso se hace un mosto, que se prepara con una concentración de aproximadamente 20% de sólido. El azúcar que tiene esa mezcla es transformado por las levaduras en etanol mediante un proceso de fermentación. Así se obtiene un vino que se destila en las columnas, pasando de un grado alcohólico de 9% a otro de 96%: el alcohol hidratado. Tras un proceso de deshidratación, el alcohol sale a 99,6% grados, que es la especificación. El producto final se almacena en los tanques, que son analizados, aprobados y se carga en camiones cisternas de ANCAP hacia Paysandú o La Tablada, donde se mezcla con las naftas. ■

■ Miembros de la Colonia Raúl Sendic del Instituto de Colonización (INC) junto al presidente.

Entrevista al colono Alejandro Moreira

“Si no estuviese ALUR esto sería un pueblo fantasma” La Colonia Raúl Sendic Antonaccio se ubica en el Paraje Lenguazo, en el kilómetro 601 de la ruta 3, tiene una extensión de 2.033 hectáreas y en ella viven 52 familias. El Instituto Nacional de Colonización (INC) priorizó en la adjudicación de tierras a los asalariados rurales y a pequeños productores cañeros, muchos de los cuales reclamaban el acceso a la tierra desde hacía años. Uno de los adjudicatarios, Alejandro Moreira, de 39 años, habló con Políticas sobre la marcha del emprendimiento y los cambios producidos en la región. Moreira trabaja en una de las seis fracciones en que fue dividida la colonia, cada una de ellas ocupada por un grupo de productores. La suya, la sexta, Peludos del NorteUTAA, está dedicada al desarrollo de un proyecto de diversificación productiva sustentable que incluye horticultura y cría de cerdos, un proyecto respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

—¿Usted vive con su familia en la colonia? —No, porque como no hay vivienda no hay condiciones para estar con la familia. Estamos a 40 kilómetros de Bella Unión y todavía no tenemos vivienda para vivir con la gente nuestra. Además precisaríamos una policlínica. La idea de la mayoría de los colonos es vivir aquí, pero se tienen que dar las condiciones. Ahora nos trasladamos todos los días en un camioncito que hemos comprado o en un transporte ligero.

—¿Cuántas familias trabajan en la fracción 6? —En el grupo nuestro, cinco. La fracción tiene también otro grupo de seis.

—¿Cómo está compuesta su familia? —Mi señora y yo, tres nenes varones, una gurisa de 18 años y una nieta.

“Si no estuviese este gobierno esto sería un pueblo fantasma. Hasta un ciego ve las realidades que tenemos acá. Esto estaba a punto de desaparecer, se veían niños pidiendo en la calle y otros morían por falta de alimentación y abrigo. A mí me tocó vivir en el barrio Las Láminas, un horror. Gracias a Dios salimos adelante.” 19


La experiencia de Bella Unión

—¿Qué implicó pasar de ser changador a productor? —La situación cambió muchísimo. Antes de entrar a la colonia hacía trabajos varios, como albañilería y corte de caña. Ahora tengo un trabajo durante todo el año. Muchas veces, cuando cortaba caña, llegaba a casa con la columna desecha. Y al otro día sabía que tenía que estar temprano. Otras veces, de noche mismo me largaba a cortar, según el clima. Si hacía mucho calor aprovechaba la oscuridad para trabajar. Nos poníamos una linterna en la cabeza. Era un trabajo bastante duro. —¿Y cuál es su responsabilidad en la colonia? —A mí me toca llevar la administración económica del grupo, aparte de otras tareas. Si hay que salir a cultivar, se sale. Si hay que estar de responsable de la gente de corte, se hace. —¿Los colonos también cortan caña? —No. Nosotros organizamos el conjunto del trabajo. Si nos ponemos a cortar caña es como mirarse la nariz. Si uno se dedica a hacer el trabajo físico no le dan los horarios y no se atiende el área para diversificar. Así como estamos es impresionante el tiempo que nos ocupa el trabajo en general. —¿El cortado de la caña lo hacen en forma manual o mediante máquinas? —Manualmente. Pero es el tiempo el que decide: cuando viene una lluvia las tierras no son muy aptas para

colocar máquinas en la fecha que queramos. Hoy por hoy no se han podido colocar máquinas para dar una mano, porque no hay suelo para poder entrar.

—¿Se está complementando adecuadamente el corte tradicional y la cosecha con máquinas? —Sí, porque a lo que hay trabajo en otras cosas la gente de corte (la gente de antes, como se dice) entró a desaparecer. En realidad el corte manual y la máquina tienen que ir de la mano para hacer una mejor cosecha. En las épocas de calor, cuando empiezan a desaparecer los cortadores, porque es un trabajo muy bravo, se podría utilizar la máquina. Acá con el tema de los freeshops y otras cosas se da trabajo a esa gurisada nueva que va saliendo, y se van extinguiendo un poco los cortadores que empezaban una zafra y la terminaban. La máquina va a tener que ir acompañando la nueva situación. —¿De dónde provienen los trabajadores cortadores: de una empresa, de una bolsa de trabajo, del sindicato…? —Cuando arrancó la organización de la colonia se recurrió a una bolsa de trabajo tomada del sindicato, de UTAA. Luego se hace la entrega de las tierras. De la bolsa inicial salieron los grupos de corte. Cada grupo mantiene la gente que ingresó por bolsa de trabajo. —¿Cómo se fija el salario de los cortadores? —En función del convenio laboral, que rige para toda la zona. Se dice que el promedio de un cortador por jornal es

■ Colonos firmando acuerdo con el Instituto de Colonización.

de 2,5 toneladas, pero en realidad es un poco más. El jornal queda más o menos en 600 o 700 pesos.

—¿Cuáles son los productos alternativos a la caña de azúcar? —Nosotros producimos la caña y tenemos invernáculos donde producimos morrones y tomates. Pero lo que le vendemos a ALUR es caña. Además estamos diversificando para consumo propio y también para vender: tenemos morrones, criadero de chanchos y gallinas, quintas grandes. En el caso de los animales, pensamos que para fin de año vamos a estar vendiendo algo. —¿Hay alguna institución que apoye el proyecto? —El apoyo lo tuvimos desde un arranque y fue de Colonización, que nos permitió acceder a tierras. Nuestra organización –UTAA– fue la que nos injertó acá. Después contamos con el apoyo de ALUR para la producción de caña de azúcar y con los compañeros cubanos, que están trabajando con nosotros, tanto por el tema de caña como de la diversificación. —¿Cómo trabajan con ALUR en la gestión de la caña? —Contamos con apoyo técnico del área de producción de caña. Cuando ingresamos al campo lo hicimos a través de ALUR, a través de nuestras organizaciones, pero como empleados de ALUR. Cuando nos entregaron las tierras pasamos a ser productores, con el diferencial de que somos colonia. ALUR nos asiste en el mantenimiento de la caña, en el riego. —¿Qué sería de Bella Unión si no estuviera el Complejo Agroindustrial? —Si no estuviese este gobierno esto sería un pueblo fantasma. Hasta un ciego ve las realidades que tenemos acá. Esto estaba a punto de desaparecer, se veían niños pidiendo en la calle y otros morían por falta de alimentación y abrigo. A mí me tocó vivir en el barrio Las Láminas, un horror. Gracias a Dios salimos adelante. —¿Vivió en Las Láminas en el período difícil? —Sí. Incluso perdimos un hijo, un bebé de tres meses. Nos tocó pasar momentos duros. Hoy por hoy uno valora lo que tiene. Las cinco familias que estamos acá venimos de la misma lucha. Por eso nuestro grupo se ha encaminado bastante bien. ■

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Políticas y programas de la Dirección Nacional de Cultura

Fábricas y Usinas de la Dirección Nacional de Cultura

Diversidad cultural en clave inclusiva ■ Hugo Achugar, director nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La cultura debe ser, ante todo, un factor de inclusión social, piensa Hugo Achugar, director nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El jerarca, que ocupa su cargo desde 2008, repasa en esta cobertura las políticas llevadas a cabo desde su dependencia, con sentido de inclusión social. Entre ellas cita la creación del Área de Ciudadanía Cultural y múltiples iniciativas de formación y difusión entre sectores desfavorecidos, desde niños internados en el Pereira Rossell hasta presos. Y fundamentalmente la experiencia de las usinas y las fábricas de cultura. El informe se completa con entrevistas a los coordinadores de estas dos áreas.

■ Sala de ensayo en la Usina Cultural del Cerro.

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Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno nacional, en 2005, el presupuesto de la Dirección Nacional de Cultura no superaba los 2,5 millones de pesos. Hoy ronda los 130 millones. “Los pasos que se han dado a lo largo de estos ocho años han sido enormes”, dice Hugo Achugar a Políticas. Entre las primeras acciones que tomó la Dirección de Cultura en esta administración de gobierno figuró la atención a la demanda de sectores que no tenían acceso a la producción cultural. “Grabar un disco, filmar una película o sacar fotografías implica una inversión de dinero muy grande. Fue así que comenzamos a instalar ‘usinas culturales’, con el criterio de que accedan a ellas todos los que no tienen posibilidades de alquilar o pagar esos instrumentos.” A las usinas se les sumaron las “fábricas de cultura’”, que apuntan a la preservación de saberes y oficios tradicionales en todo el país. “Allí se trabaja mermelada de butiá, guasquería, lana, madera, títeres, mimbre, cardo, saberes e instrumentos que tienen ciertos sectores de la sociedad a los cuales les faltaban los medios para poder expresarse”, dice Achugar. Las usinas y las fábricas, instaladas en los barrios carenciados, son las iniciativas de inclusión social en el plano cultural “más fuertes”, a juicio de Achugar.

Desarrollo cultural para todos En paralelo, la Dirección dio vida al Museo Figari, al Espacio de Arte Contemporáneo, al Instituto Nacional de Artes Escénicas, y promovió iniciativas como el Festival Internacional de Teatro. “La clave es no desatender ningún sector, no dejar de trabajar en el sentido de la producción de espectáculos más sofisticados –resalta el jerarca–. Incluir significa incluir a todos, que no quede nadie afuera. Por eso existen los premios de arte, los sistemas de becas, los Fondos Concursables y el fondo con destino a la formación y creación artística, una especie de beca para la formación de jóvenes artistas pero también para aquellos creadores que llevan años trabajando. Se les apoya con una mensualidad que les permita desde comprar materiales hasta dejar un segundo trabajo y dedicarse plenamente a su obra creativa.” En esa misma línea de acción, junto a los Centros MEC y al teatro Solís, se desarrolla anualmente el evento “Un pueblo al Solís”. “La gente llega en ómnibus o en ferrocarril desde pequeños pueblitos a ver en el Solís funciones de todo tipo: espectáculos de la Comedia Nacional, ópera, conciertos.” A todas esas ofertas se suman otras, más tradicionales, como la participación en las bienales de Venecia, los premios de los salones Nacional, de Literatura, de Música, las exhibi-

“Democratizar y descentralizar la cultura quiere decir fundamentalmente abrir los espacios culturales y los instrumentos –todos los espacios y todos los instrumentos– para la producción cultural y el disfrute del conjunto de la gente”, concluye Achugar. 23


Políticas y programas de la Dirección Nacional de Cultura ■ Gabriel Grau,coordinador de Usinas de Cultura.

■ Julia Silva, coordinadora de Fábricas de Cultura.

Fábricas de Cultura Aprender oficios, rescatar tradiciones Las Fábricas de Cultura suman 23, y están diseminadas por todo el país, especialmente por el Interior. Aunque en sus inicios (2007) se trataba de una iniciativa reservada a jóvenes y adolescentes, en la actualidad participa en ellas gente de todas las edades, a partir de los 14. Allí los usuarios reciben una capacitación mínima de dos años destinada a prepararlos para una salida laboral basada en la preservación de oficios, sobre todo aquellos con raíz identitaria. “Fábricas de Cultura comenzó con un piloto de una fábrica de muñecas elaboradas con materiales reciclados, en Toledo, Canelones, con un grupo de mujeres y en un lugar donde había mucha violencia doméstica, en la cercanía de cuarteles”, comienza explicando su coordinadora, Julia Silva. El objetivo central de las Fábricas de Cultura es posibilitar a la población vulnerable el acceso a los bienes y servicios culturales. “Vulnerable en el más amplio sentido de la palabra. No solamente económico, sino también por vivir en un pueblito en el medio de la nada y no tener acceso a nada, aunque se tenga educación. Trabajamos con gente analfabeta, con jefas de hogar, con gente con capacidades diferentes, con personas que sufren violencia doméstica, en cárceles.” En cada lugar los grupos varían. En Rivera, por ejemplo, hay ladrilleros, “una población bastante marginada y explotada a la que le aportamos otras herramientas, tanto que hoy estamos haciendo ladrillos vidriados para murales, pisos, revestimientos para la construcción, es decir que revalorizamos el producto”, explica Silva. Y añade: “También tratamos de rescatar oficios y saberes que tienden a desaparecer, como la guasquería o el tejido de cardo. Son oficios que conocen poquitas personas y que ya a los jóvenes no les interesan o no saben dónde aprenderlos. En el Centro Nacional de Rehabilitación tenemos fábricas en orfebrería, cerámica y textiles con las mujeres recluidas allí. Nuestra idea es seguir expandiéndonos en las cárceles, con un máximo de 15 personas por taller”. Hay también jóvenes que no estudian ni trabajan entre quienes asisten a las Fábricas de Cultura. “Tuvimos una experiencia con población de ese tipo, jóvenes de 14 a 18 años, durante un par de años en el CECAP* Montevideo y en el CECAP Colonia”, relata Silva. Fábricas de Cultura opera con docentes específicos que enseñan oficios desde cero y que luego se complementan con diseñadores. “El diseñador (textil, industrial) por lo general les abre la cabeza –ejemplifica la coordinadora–, los inicia a la creatividad, es un buen medio para que en el momento en que estén solos sepan cómo manejarse.” El programa procura que en lo posible los participantes terminen asociándose en cooperativas, generando conciencia e identidad en cada lugar. Se trata también de que los docentes (hoy suman 18) estén afincados en cada localidad y que demuestren una alta vocación de servicio social. “Podés ser el mejor docente del mundo, con el mejor currículum, pero si no te adaptás a este tipo de población –que suele ser difícil– no vas a poder trabajar. Por eso cuando hacemos los llamados exigimos que los docentes tengan un mínimo de dos años de experiencia en trabajo social”, explica la coordinadora. Con respecto al perfil y las exigencias hacia los usuarios, desde el inicio se les dice que no se trata de un divertimento sino de un programa destinado a aprender un oficio con miras a un emprendimiento productivo. “Ya cuando hacemos la primera reunión les explicamos que aquí no se viene a hacerle una artesanía a la mamá, que no es un simple taller para venir a pasar el rato –aclara Silva–. Cuando terminás toda esa exposición ya la mitad de la gente se fue. Nosotros les damos todo, los materiales, los docentes, la maquinaria, pero ellos también tienen obligaciones, obligaciones morales de cumplir con lo que se está haciendo.” A diferencia de las usinas, las fábricas tienen una finalidad formativa con un fin laboral “que a veces funciona y a veces no. Hay éxitos cuantitativos y cualitativos, como el caso de una señora que terminó primaria y egresó de UTU, o el de otra que sufría violencia doméstica y gracias a la contención del grupo pudo zafar”. Fábricas de Cultura invierte anualmente unos 120 mil dólares. Están ubicadas en Picada de Mora (Rivera), Bella Unión (Artigas), Melo (Cerro Largo), Tacuarembó, Guichón (Paysandú), Castillos (Rocha), Piriápolis (Maldonado), Belén (Salto), Libertad (San José), Nueva Palmira, Colonia del Sacramento (Colonia), Cerro Colorado (Florida), Sarandí del Yi (Durazno), Pando, Toledo (Canelones) y en Montevideo, donde hay ocho. ■

* Los Centros de Capacitación y Producción, dependientes del MEC y enmarcados en el Programa Nacional de Educación y Trabajo, están dirigidos a adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, y operan bajo la modalidad de talleres experimentales en la formación de distintos oficios.

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ciones en Punto de Encuentro (la sala céntrica del MEC, en la calle San José), las lecturas de poesía, o la más novedosa del Centro Urbano, desarrollada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y dirigida a gente en situación de calle, que incluye talleres de alfabetización digital, de literatura, de plástica, y permite el acceso al cine, al teatro y a exposiciones de fotografía de manera absolutamente gratuita. “Estamos también realizando otras actividades con los conglomerados de música de nuestro país, promoviendo la participación en ferias de libros o de espectáculos”, señala el director nacional de Cultura. Y agrega otra novedad: el lanzamiento, en noviembre, de un mercado de artes escénicas y de música en el que participarán productores de más de veinte países. “Llegarán a ver la oferta artística en Uruguay, para facilitar negocios”, anuncia Achugar. La Dirección de Cultura también ha destinado fondos para la recuperación de infraestructura cultural en el interior del país: en Carmelo se va a mejorar el equipamiento sonoro y luminotécnico del teatro Uamá; en Paysandú se concedió un millón de pesos al teatro Florencio Sánchez; en San José se colaborará con el centenario del teatro Macció con premios para el salón de pintura. “Democratizar y descentralizar la cultura quiere decir fundamentalmente abrir los espacios culturales y los instrumentos –todos los espacios y todos los instrumentos– para la producción cultural y el disfrute del conjunto de la gente”, concluye Achugar.

Construyendo a largo plazo También se llevaron a cabo inversiones que redundan en mejores condiciones de trabajo para los deportistas. “La Dirección Nacional de Deportes logró comprar un piso para la Federación Uruguaya de Gimnasia, un bote para que los remeros entrenen en el exterior y otros para usufructo de la Federación Uruguaya de Remo”, destaca Irurueta. En otro orden de cosas, la Fundación Deporte Uruguay realizó llamados para la contratación de tres técnicos (un psicólogo deportivo, un metodólogo y un evaluador deportivo) que colaborarán en la planificación del entrenamiento de las federaciones. “Pretendemos implementar un sistema integral para que cada deportista y federación se sientan con una cobertura mayor para entrenar, cosa que Uruguay jamás ha tenido. No es algo pensado para Londres 2012 sino a largo plazo, para tener mejor perspectiva y apuntar a Rio 2016 o a los siguientes Juegos Olímpicos. Queremos dejar instalado un sistema deportivo que no caiga con el tiempo”, apunta Irurueta. Finalmente, destaca la aprobación, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Ley de Promoción del Deporte, que involucra al sector privado en el desarrollo de las distintas disciplinas y cuyos efectos se verán a mediano y largo plazo. “Es un instrumento que el sistema deportivo tendrá para que sea más fácil captar inversión de empresas privadas, porque tiene beneficios tributarios muy importantes. Es un esfuerzo fiscal que el gobierno está haciendo en procura de contribuir al desarrollo de proyectos deportivos.” ■

Usinas de cultura El arte en acción Las usinas culturales nacen a finales de 2008. Actualmente existen 11 diseminadas por todo el país, que atienden a poblaciones vulnerables en barrios carenciados, cárceles, hospitales psiquiátricos. La usina de Durazno tiene la particularidad de estar destinada a la cobertura de la población militar carenciada, pero la gran mayoría de ellas son utilizadas por todo tipo de gente, aunque el motor principal sigue siendo el de acercar gente privada de recursos. Cada usina cuenta con un técnico de sonido, otro de video y un coordinador general que hace las conexiones y difunde las actividades de la unidad en el Centro Comunal Zonal, en los liceos, en las escuelas. “Es el tipo que anda en la calle metiendo mano en el barro para que la gente se acerque a la usina, que la utilice”, remarca el coordinador del programa Gabriel Grau. La primera usina se inauguró a comienzos de 2009 en Salto, donde trabajan actualmente 31 personas. “Nos llaman desde muchos sitios del Interior, y también de Montevideo, para instalar una usina. Lo hacen instituciones, personas, colectivos. Existe una demanda fuerte que se está intentando atender.” Para comenzar a actuar, cada usina hace un convenio con una institución que le proporciona el lugar físico. “Algunas tienen auspicio departamental; la de Paysandú funciona en convenio con el Ministerio del Interior porque está en una cárcel; la de Durazno con el Ministerio de Defensa porque la pusimos en la Brigada Aérea Nº 2; y en Montevideo dos trabajan con la Intendencia, la del Cerro con APEX-UDELAR y la del COMCAR con el Ministerio del Interior”, señala Grau. Respecto de la tarea de apoyo y seguimiento de los usuarios, el coordinador explica que la Dirección de Cultura colabora en dar difusión a las producciones realizadas en las usinas. “Para eso tenemos hoy un canal de Usinas Culturales en Youtube, bastante visitado, y otro formato, Sound Cloud, en el que se cuelga música. Además, tratamos de ayudar a las personas a escribir a algún festival para que las inviten, les damos piques para esas cosas, y hemos tenido una instancia en convenio con Canal 5, donde se emitieron cuatro programas de Usinas. Pero yo sueño con que podamos contar con un sello editorial bajo el cual poder editar y dar difusión a estos artistas.”

Costos/inversión

El equipamiento de una usina cuesta como mínimo unos 50 mil dólares, a los que habría que sumar los gastos por eventuales intervenciones edilicias. “Sólo el aislamiento acústico puede oscilar entre 100 mil y 200 mil pesos. Los técnicos cobran a su vez 11 mil pesos líquidos por mes por treinta horas semanales, y un coordinador general gana 13 mil pesos”, explica Grau. No existen límites de edad para hacer uso de estas usinas culturales, pero la franja más habitual de los usuarios se sitúa entre 13 y 30 años. Las 11 usinas que funcionan actualmente están instaladas en Artigas, Castillos (Rocha), Durazno, Melo, Paysandú, Salto, Treinta y Tres, y dentro de Montevideo en Carrasco Norte, Casavalle, Cerro y el COMCAR. ■

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Panorama de la investigación científica en Uruguay

Pa n o ra m a d e l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a e n U r u g u a y

Avances y desafíos de la innovación aplicada al desarrollo ■ El Instituto Pasteur en Montevideo.

■ Judith Sutz, coordinadora académica de la Udelar.

Entre un 90 y un 95% de la investigación científica en Uruguay está concentrada en el sector público, lo cual plantea una gran diferencia respecto a los países desarrollados, donde cerca de 60% de los investigadores trabajan en empresas privadas. Esto también conlleva disparidades importantes en los montos de la inversión que se destinan a la investigación, por lo que generar conocimiento en Uruguay muchas veces resulta un complejo desafío. No obstante, la investigación científica presenta notorios avances en los últimos años, y los esfuerzos para consolidar una política de innovación ya muestran sus frutos, como por ejemplo ocurre en los campos de la medicina, la biología, la producción y las tecnologías de la comunicación. Si bien a fines de 2006 se creó por iniciativa del Poder Ejecutivo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que se encarga de coordinar las políticas de las diferentes instituciones dedicadas a la investigación, las actividades están distribuidas en un gran número de organismos. Actualmente en el área biológica de neurociencias trabaja el Instituto Clemente Estable; en el área agropecuaria el INIA; y en áreas asociadas con biología, medicina e investigación clínica básica el Instituto Pasteur y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Además, hay espacios de investigación en otras reparticiones del MGAP (como la División de Laboratorios Veterinarios y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos), en el MVOTMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente), y en el MSP. También hay “nichos” de investigación en el Laboratorio de Análisis Tecnológico del Uruguay (LATU), que aun cuando es una organización de servicios técnicos destinados a la producción, tiene espacios para la indagación.

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Pero, tanto por volumen como por diversidad, la institución que reúne la mayor cantidad de investigadores científicos en el país es la Universidad de la República (Udelar). La coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar, Judith Sutz, considera que la concentración de investigadores en el sector público es una “anomalía” respecto al patrón que se registra en el mundo desarrollado, donde cerca de 60% de todos los investigadores trabaja en empresas sobre todo del sector privado. La particularidad uruguaya, según Sutz, “tiene que ver con la estructura del sector productivo, que está muy poco basada en la producción local de conocimiento o en absorción de gente capacitada, y prefiere contrataciones puntuales”. En este sentido, según un estudio realizado en conjunto por la Dirección de Industria del MIEM y la CSIC, para el cual se entrevistó a representantes de 83 empresas locales, los empresarios uruguayos registran una enorme dificultad para identificar los problemas tecnológicos que tienen.

“El conocimiento del empresario es fundamental, pero ahí no se termina todo. Démosles a las empresas las herramientas para explorar un poco más allá. Si hay alguien que no sabe nada de biotecnología, no va a poder imaginar lo que le puede ofrecer a su empresa. Eso no se lee en un manual, o en Internet.”

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Seguridad

[...] entre los progresos registrados en los últimos años destaca la Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria de Bibliografía Online (Timbó), que permite el acceso a la bibliografía científicotecnológica internacional y a los bancos de patentes mediante un portal en Internet, y acerca materiales académicos imprescindibles a científicos radicados fuera de Montevideo.”

La ANNI

Instrumento de impulso a la ciencia y la innovación

“Lo que dicen es que necesitan máquinas nuevas y piden préstamos blandos para importarlas. Si todos los problemas tecnológicos del sistema productivo uruguayo son préstamos blandos para comprar máquinas nuevas estamos fritos”, considera Sutz. Para superar esta dificultad, la docente se mostró partidaria de políticas gubernamentales como la que lleva adelante Dinamarca, donde “la comprensión de que el sector empresarial no tenía la suficiente capacidad para mirarse a sí mismo llevó a una política de subsidio para la contratación del primer graduado universitario”. Ese profesional tiene una mirada hacia adentro de la empresa que hace que afloren potencialidades no vistas, porque nadie puede hacerse preguntas si no sabe cómo hacérselas, reflexiona Sutz. Y destaca: “El conocimiento del empresario es fundamental, pero ahí no se termina todo. Démosles a las empresas las herramientas para explorar un poco más allá. Si hay alguien que no sabe nada de biotecnología, no va a poder imaginar lo que le puede ofrecer a su empresa. Eso no se lee en un manual, o en Internet”. La docente señala que la lógica de la investigación académica no se puede mirar en el vacío, y entiende que “los límites para lo que la academia puede hacer cuando no hay quien le pida son muy grandes. Somos capaces de hacer muchísimo más de lo que realmente hacemos, pero para bailar hacen falta dos”. Respecto a las necesidades de los investigadores uruguayos, este año se presentará el resultado de un relevamiento realizado por la ANII y la CSIC, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conocer las necesidades de equipamiento que identifican los científicos. Por un lado se registró el equipamiento existente, y por otro se preguntó qué necesitan los investigadores, por qué y para qué. “El resultado es extraordinario –afirma la coordinadora académica–, porque ahora el que quiera puede hacer un programa de equipamiento basado en evidencia. El 67% de las cosas que se quieren comprar es para abrir nuevas líneas de investigación sobre cosas que ya se tienen. Es decir que se podrá elegir en función de prioridades.”

La inversión imprescindible Hay una medida estándar para calcular la cantidad de la riqueza generada por el país y qué parte de ella se destina a actividades de investigación y desarrollo. Si bien no está claro cómo se hace la medición, de todos modos permite comparar la inversión de los distintos estados. El mundo desarrollado destina un promedio de 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) a tareas de investigación, pero existen

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Panorama de la investigación científica en Uruguay

casos donde la inversión es todavía superior (Suecia está en 3,7%, Israel en 4,5%, Japón y Corea en poco más de 3% y Estados Unidos en 2,6%). En función de esa medición, ¿cuál es la inversión de Uruguay en la materia? Según Sutz, el número que arroja la medición en la actualidad “es tramposo, porque Uruguay creció mucho en investigación en los últimos años, y también en PBI”. Sin embargo, la relación en la actualidad está entre 0,4 y 0,5% del producto, lo que en comparación con los países desarrollados “es bajísimo”. La docente señala que hay niveles de inversión que “son imprescindibles para tener un nivel basal de actividad científica. Eso es una apuesta que vale la pena hacer. Pero también hay que dar tiempo a que las cosas maduren. Yo no hablo de dar un cheque en blanco por los próximos 20 años, pero si trabajás en el área forestal, por ejemplo, para tener resultados sólidos vas a necesitar diez años. De lo contrario, tenés la pequeña monografía que seguramente la publicarás en alguna parte, pero eso no hace la diferencia”. Sin embargo considera que hoy en el país “hay mucha más inversión en investigación, y sin duda alguna se nota. Ha habido cosas como la construcción del CUDIM y el Pasteur, por citar ejemplos emblemáticos”. En ese contexto, entre los progresos registrados en los últimos años destaca la Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria de Bibliografía On-line (Timbó), que permite el acceso a la bibliografía científico-tecnológica internacional y a los bancos de patentes mediante un portal en Internet, y acerca materiales académicos imprescindibles a científicos radicados fuera de Montevideo. “Los investigadores se radican en el Interior si tienen una buena conexión a Internet, videoconferencias, Timbó. Ahora se trata de mejorar la red académica; si no se invierte en potenciar eso será un freno a la expansión. El problema es que esto crece, y si en determinado momento parás, generás una situación de vuelta atrás.” El otro aspecto relevante para potenciar la capacidad de producir conocimiento reside en la posibilidad de generar “una demanda muy exigente”, que puede provenir de diferentes vertientes. En esa línea, Sutz resalta el trabajo que realiza el MIEM para promover una nueva legislación sobre compra pública para pequeñas y medianas empresas, aunque considera que el país podría dar un paso más y avanzar en compra pública tecnológica. Una política estatal en ese sentido fue la que permitió el desarrollo en Suecia de la empresa de telecomunicaciones Erikson. “Para eso le dieron plazos un poco mayores y una ventaja de precios; se apostó a un proceso de aprendizaje porque existía una razón estratégica: tener un proveedor nacional.” ■

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) fue creada por ley en diciembre de 2006 y se encarga del diseño, organización y administración de planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación. Es también un objetivo estratégico de la ANII fomentar la articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en la creación y utilización de conocimientos, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. La ANII actúa de acuerdo con los lineamientos político-estratégicos y las prioridades del Poder Ejecutivo, resueltas a través del Gabinete Ministerial de la Innovación. Creado en 2005, este gabinete elabora el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) y está integrado por los ministros de Educación y Cultura, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ■

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Panorama de la investigación científica en Uruguay

Actualmente en el área biológica de neurociencias trabaja el Instituto Clemente Estable; en el área agropecuaria el INIA; y en áreas asociadas con biología, medicina e investigación clínica básica el Instituto Pasteur y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Además, hay espacios de investigación en otras reparticiones del MGAP (como la División de Laboratorios Veterinarios y la Dirección Nacional No obstante el señalamiento de Sutz acerca de la re- da a degradar la molécula de bilirrubina que su organismo de Recursos lativamente baja inversión en investigación respecto de los no puede desechar. En los hospitales existía un dispositivo para este traAcuáticos), en países desarrollados, Uruguay registra de manera creciente tamiento, pero con lámparas halógenas, que tienen poca vida múltiples esfuerzos en este plano. Y con valiosos resultados. el MVOTMA Políticas recoge algunos ejemplos de investigaciones re- útil y un costo elevado. La solución a eso es poner lámparas (Dirección cientes a cargo de científicos uruguayos. tipo LED, pero como tienen muy baja intensidad hacen falta unas dos mil lámparas, lo cual también eleva mucho su costo. Nacional de Medio Software para tratar la epilepsia resiliente Para eso se creó un dispositivo de concentración óptica de Ambiente), y en luz, que permitió construir el BiliLed con 200 lámparas en el MSP. También Un proyecto conjunto de profesionales del Hospital lugar de dos mil. El dispositivo óptico permite obtener altas intensidahay “nichos” de de Clínicas y la Facultad de Ingeniería permitió desarrollar un des de tratamiento con un número mínimo de LED en una software de alta calidad para tratar la epilepsia resiliente, sin investigación en enfrentar el altísimo costo que implicaba adquirirlo fuera del fuente muy compacta y de bajo costo. La óptica hace que el Laboratorio de país. Este tipo de epilepsia no puede ser tratada con medi- cada LED ilumine toda la superficie de tratamiento, logrando Análisis Tecnológico camentos y requiere de una intervención quirúrgica, durante una confiabilidad de uso superior a los equipos que tienen del Uruguay la cual es necesario tener un panorama en tiempo real de los una sola lámpara. focos de actividad del cerebro. (LATU), que aun Técnicas moleculares en detección de virus cuando es una Tratamiento contra la hiperbilirrubinemia neonatal En el interior del país también se avanzó en investiorganización de Otro proyecto que vinculó a las facultades de Medici- gación científica en los últimos años. Esta nueva situación servicios técnicos na e Ingeniería fue la creación de un instrumento de fototera- se concretó, por ejemplo, con la instalación del Laboratorio destinados a la pia de bajo costo para tratar la hiperbilirrubinemia neonatal, de Virología Molecular, en la Regional Norte de la Udelar, producción, tiene denominado BiliLed. Para el tratamiento de esta enfermedad a cargo del biólogo Rodney Colina. Después de años de formación académica en Canade los recién nacidos existen dos estrategias: una, muy riesespacios para la gosa, que es cambiarles toda la sangre, y otra que es some- dá, Colina se instaló en el litoral luego de la aprobación indagación. terlos a una luz azul de una determinada frecuencia que ayu- de una propuesta en el marco del llamado a Proyectos de

Investigaciones

con resultados

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Implantación de Grupos Docentes de alta Dedicación en el Polo de Desarrollo Universitario del Litoral Norte, en 2008. El laboratorio desarrolló técnicas moleculares para detectar dengue, fiebre amarilla, o virus del Nilo occidental, entre otros causantes de diarreas en niños y adultos.

un valor único y universal”, explicó Veroslavsky al portal de la Udelar. “Pasa a ser la referencia de la vida animal que hoy tenemos en la Tierra. Mientras sea así, habrá muchísimos investigadores que querrán analizar y estudiar estos materiales desde diferentes ópticas”, estimó el científico.

Vida prehistórica en Cerro Largo

Políticas sociales premiadas

Gracias al rastro dejado por una especie de diminutas lombrices que se desplazaban por el fondo marino, científicos uruguayos lograron descubrir evidencia de “animales bilaterales –que tienen una cara frontal, otra trasera, una región superior y otra inferior– datados en más de 585 millones de años”. Los fósiles muestran los surcos que alguna vez dejaron al moverse sobre la arena de un océano que, se estima, cubría la zona de lo que hoy son los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Este inédito descubrimiento antropológico fue revelado a fines de junio por la prestigiosa revista científica Science , y llevó a la fama a un equipo de científicos uruguayos integrado por los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Udelar Ernesto Pecoits, Natalie Aubet y Gerardo Veroslavsky. Ellos trabajaron junto a geólogos, paleontólogos y especialistas en geocronología e isotopía de la Universidad de Alberta (Canadá). Luego de este descubrimiento, el lugar del hallazgo “pasa a tener –desde el punto de vista científico y cultural–

El Premio a la Mejor Práctica, de la Conferencia 2009 de la Red para el Crecimiento, la Equidad y la Reducción de la Pobreza, realizada en La Haya, fue ganado por un informe presentado por las investigadoras Verónica Amarante y Andrea Vigorito, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar. El informe premiado da cuenta de la cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Udelar para afrontar las consecuencias de la crisis económica que sufrió el país en 2002, y que tuvo su forma concreta en el diseño y aplicación del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (Panes). La labor realizada en conjunto por equipos de ambas instituciones es considerada como un ejemplo de interacción efectiva entre la investigación y la práctica, que modificó las perspectivas tanto de los investigadores académicos como de los “prácticos” del ministerio. El equipo académico contribuyó principalmente a identificar quiénes

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Panorama de la investigación científica en Uruguay

debían ser apoyados por los programas que formaban parte del Panes y a definir los mecanismos para llegar a ellos, así como la evaluación de las transferencias condicionadas de dinero. Según las autoras del informe, el principal resultado de la colaboración fue la exitosa implementación del Panes, que contribuyó a reducir la indigencia a la mitad. Un estudio del Banco Mundial afirma que la implementación del plan fue extremadamente exitosa con relación a la mayoría de las experiencias latinoamericanas comparables.

Antropología y pasado reciente El trabajo realizado por un equipo de la Facultad de Humanidades de la Udelar, liderado por el antropólogo José Luis López Mazz, permitió el hallazgo de los cuerpos de ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos durante la dictadura que habían sido enterrados de manera clandestina en unidades militares. Este equipo de investigadores utilizó técnicas desarrolladas para el estudio del pasado antiguo en actividades asociadas al pasado reciente. La investigación comenzó en 2005, a partir de un acuerdo de cooperación entre la Presidencia de la República y la Udelar sobre el tema “Derechos humanos y detenidosdesaparecidos”. Así se constituyó el Grupo de Investigación en Antropología Forense (mayo de 2005) y el Equipo de Historia (setiembre de 2005), radicados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Durante estos seis años transcurridos hasta el presente, ambos equipos han desarrollado sus investigaciones para la Presidencia de la República en tres etapas de trabajo, la última de las cuales se extiende hasta el presente.

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Leones marinos en peligro La población uruguaya del león marino sudamericano, Otaria flavescens, presenta una tasa de disminución anual de 1,7% en los últimos años. Esta población interactúa frecuentemente de forma directa e indirecta con la pesca artesanal y comercial en Uruguay. La interacción con la pesca y la ausencia de estrategias y planes de conservación, junto a otros factores, podrían estar contribuyendo a la disminución poblacional de esta especie en nuestro país. Para comprender la competencia indirecta entre leones marinos y la pesca es necesario obtener información sobre la ecología de forrajeo. El proyecto realizado entre 2009 y 2010 usó telemetría satelital, de buceo y VHF, modelos matemáticos de solapamiento, sistema de información geográfica, firmas isotópicas de leones y presas, así como métodos tradicionales para determinar la dieta, utilización del hábitat y el comportamiento de forrajeo del león marino sudamericano. Esta investigación contribuirá a un mejor control y conservación de esta especie mediante la evaluación del alcance de los efectos indirectos de la pesca sobre la población de leones marinos, y la definición de Hot spot, o zonas de interacción y solapamiento, entre las áreas de forrajeo de las hembras del león marino y la pesca. Consecuentemente, esta información podrá ser utilizada para la definición de hábitats críticos del león marino y para la identificación de áreas marinas protegidas. El proyecto fue encabezado por los biólogos uruguayos Federico Riet Sapriza y Valentina Franco-Trecu, y cuenta con participación de investigadores asociados de las facultades de Ciencias y de Veterinaria de la Udelar, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y de especialistas de Estados Unidos. ■

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| el BLOG 1

De la educación postergada a la educación interpelada

La larga marcha hacia el Acuerdo Nacional en Educación R i c a r d o

La formación de los nuevos docentes es la piedra angular de los cambios en el sistema educativo. En la transición hacia el IUDE es importante destacar la creación en 2010 del Consejo de Formación en Educación, que está avanzando en los cambios organizativos y de las propuestas curriculares necesarias para la creación de la nueva institución, que jugará un rol de singular importancia en un área clave para la educación, como la formación de los docentes. 34

Todavía presidente electo, José Mujica convocó a todos los partidos políticos a la búsqueda de acuerdos que permitieran definir políticas de Estado en cuatro áreas, entre las que se encontraba la educación. En el verano de 2010 se trabajó en esa dirección y se establecieron grandes definiciones y objetivos precisos. El acuerdo alcanzado, firmado en mayo de 2010, fue asumido con carácter vinculante por el Ministerio de Educación y Cultura, y marcó su hoja de ruta. Las grandes definiciones precedieron la designación y asunción de las autoridades de la educación, que se instalaron recién en el mes de junio. Cuando se estaba aprobando la ley del presupuesto quinquenal, en diciembre de 2010, se comunicaron los resultados de la evaluación PISA, efectuada a mediados de 2009. Ello desencadenó una crítica muy fuerte al sistema educativo y una gran alarma, tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación, que impactó en la opinión pública. En febrero de 2011 la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (CCSNEP), que incluye a las autoridades de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), de la Universidad de la República (Udelar) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se reunió con el presidente de la República en el Consejo de Ministros para evaluar la situación de la educación y explicitar las grandes líneas de acción. Con el mismo objetivo, en marzo de 2011 las autoridades del MEC solicitaron ser recibidas por las comisiones de Educación de las cámaras de Senadores y de Diputados. En los meses subsiguientes se escucharon numerosísimas voces, en muy diversos ámbitos, señalando críticas y haciendo propuestas de cambio, que frecuentemente constituían alternativas parciales o correspondían a propuestas programadas o en proceso de implementación. En octubre de 2011 el MEC y la ANEP comparecieron en régimen de comisión general ante el Senado, donde se acordó un camino para la construcción del Acuerdo Nacional en Educación, buscando la confluencia de los actores políticos, sociales e institucionales. Como primera instancia se propuso que el sistema educativo público presentara una propuesta de agenda. A partir de la presentación en diciembre de 2011 de la agenda educativa propuesta por la ANEP, la Udelar y el MEC, el presidente convocó a actores políticos, sociales e institucionales. A fines de febrero de 2012

E h r l i c h *

los actores políticos firmaron un acuerdo que reafirmaba los entendimientos interpartidarios de mayo de 2010 y respaldaba de manera general la agenda presentada, con énfasis en algunos puntos (fortalecimiento de los centros educativos, fortalecimiento de la enseñanza técnico-tecnológica y creación de la Universidad Tecnológica, apoyo a la instalación del Instituto Nacional de Educación). En los meses de marzo y abril, la ANEP y el MEC fueron nuevamente convocados a la Cámara de Diputados y a una nueva comisión general en el Senado para brindar información sobre la marcha de los acuerdos. Ese fue el camino recorrido en el espacio político partidario, pero entendemos que el acuerdo nacional que puede posibilitar cambios profundos y en los plazos más cortos es un acuerdo de todos los actores, y no sólo entre los actores políticos. La construcción de esa confluencia se inscribe en la realización del Congreso Nacional de Educación que se iniciará en el segundo semestre de 2012.

Educación, territorio y participación La historia del sistema educativo es la historia de la sociedad. Un país que mira con desconfianza al futuro poco espera de su educación. La educación refleja largos períodos de postergaciones, en los que la sociedad miraba con pesimismo su futuro y las nuevas generaciones sentían que el país les cerraba las puertas. Al mismo tiempo, a lo largo de muchos años se fue profundizando una brecha social que se expresa en la educación, con fuertes inequidades sociales y territoriales. Una sociedad que mira al futuro con optimismo vuelve su mirada hacia la educación. Hemos asumido, como país y como sociedad, un camino de cambios. En el período anterior se realizaron importantes esfuerzos en materia presupuestal, con particular énfasis en la recuperación salarial que se verificó a partir de 2008. Se desarrolló un proceso de discusión amplia que culminó en el Congreso de Educación Julio Castro. La ley de educación (Nº 18.437) recogió aportes de ese proceso ubicándose en un lugar equidistante, frente al cual numerosos y diversos actores y sectores se sienten igualmente lejanos en distintos aspectos. Sin embargo, la ley marca un camino de cambios conceptuales, institucionales y estructurales. La ley y los acuerdos políticos men-

cionados, en el contexto del programa de gobierno definido para esta etapa, constituyen las guías para este período. El camino de los cambios refiere a diversos aspectos. Incluye cambios de naturaleza estructural que hacen a la arquitectura y diseño de instituciones; incluye la creación de nuevas instituciones como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Instituto Terciario Superior –hoy transformado en Universidad Tecnológica–, y el Instituto Universitario de Educación; incluye también cambios que refieren a aspectos de diseño y contenido curricular; aspectos vinculados a la educación y el trabajo; aspectos relacionados con la necesidad de llevar a la práctica la concepción de educación para todos durante toda la vida; y finalmente cambios en la propia gestión del sistema educativo. En este camino de cambios, un punto central es el que refiere a la vinculación entre educación y territorio. La clara y urgente necesidad de descentralizar no requiere demostración, pero es necesario ir más allá. Se trata de construir un sistema educativo que se afirme, se proyecte y crezca fuertemente vinculado a los proyectos de desarrollo territorial, integrado a un proyecto de país, a un proyecto demográfico y de arraigo. Seguramente en ese compromiso de la educación con el territorio tengamos una de las claves centrales para los cambios en profundidad. La otra clave es la participación. Participación de los docentes, de los alumnos, de las familias; participación de la sociedad en la construcción de un entramado educativo, que es una forma de llamar al país de aprendizajes.

Los primeros pasos están en marcha Avanzar hacia cambios profundos requiere considerar largos y medianos plazos. El largo plazo no nos puede hacer olvidar las urgencias; es preciso al mismo tiempo controlar sobre la marcha si estamos en el rumbo correcto. Atender las urgencias implica asumir los problemas de rezago, la asistencia insuficiente, la desvinculación y las dificultades para la continuidad y la culminación de ciclos educativos, la brecha social que atraviesa la educación, la vinculación entre educación y trabajo, y las oportunidades de acceso a la enseñanza terciaria en todo el territorio nacional. En esa dirección se han instrumentado numerosos programas y herramientas. Entre los avances registrados cabe mencionar que se han alcanzado los niveles históricamente más bajos en rezago y ausentismo en Primaria, en un esfuerzo que debe profundizarse aun más. Ha aumentado la cobertura en Educación Media, donde en 2011 se verificó un posible punto de inflexión con un marcado crecimiento en la culminación de ciclos educativos a nivel medio, indicando igualmente una reducción de la brecha social. Algunos ejemplos nos permiten ilustrar los pasos que se vienen dando para avanzar hacia los cambios estructurales. Desde la Udelar se ha profundizado un proceso de cambios que involucra nuevas propuestas curriculares, ciclos generales y una apuesta a la creación de conocimientos e investigación en todas las áreas, que fortalece de manera significativa el componente central de la capacidad de conocimiento que tiene el país. En los últimos años, y en este período con particular destaque, se han destinado importantes esfuerzos a la instalación de centros universitarios en el Interior. En la actualidad se están estructurando en las regiones este, noreste y noroeste, y se estudian las propuestas para la región centro-suroeste. Se han creado a partir de ellos nuevas carreras y orientaciones, en muchos casos únicas en el país, que han implicado la radicación de numerosos docentes de muy alto nivel en distintos puntos del territorio y un aumento significativo

de la matrícula. En el presente año se inscribieron 2 mil estudiantes en el Interior, totalizando una matrícula de 10 mil estudiantes. En el camino de los cambios estructurales deben mencionarse los proyectos de ley a consideración del Parlamento sobre la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) y de la Universidad Tecnológica, esta última asentada en el interior del país. Junto a la Udelar, el IUDE y la Universidad Tecnológica están llamados a constituir un sistema terciario público, que debería ser enteramente navegable para los jóvenes de todo el país. La formación de los nuevos docentes es la piedra angular de los cambios en el sistema educativo. En la transición hacia el IUDE es importante destacar la creación en 2010 del Consejo de Formación en Educación, que está avanzando en los cambios organizativos y de las propuestas curriculares necesarias para la creación de la nueva institución, que jugará un rol de singular importancia en un área clave para la educación, como la formación de los docentes. En abril de 2012, con el nombramiento de sus autoridades, se instaló el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que jugará un rol clave para acompañar el proceso de cambios en el sistema educativo. Dicho instituto había sido creado por la ley de educación, pero su instalación se vio demorada porque el acuerdo interpartidario de mayo de 2010 resolvió cambiar la integración de su dirección, aspecto laudado por el Parlamento en diciembre de 2011. En relación con los avances en la extensión de los tiempos pedagógicos en Enseñanza Primaria, en 2012 se ha alcanzado el número de 170 escuelas de tiempo completo, además de 24 escuelas y dos jardines de infantes de tiempo extendido. Se prevé que al finalizar el período de gobierno las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido superen las 300, y que en 2016 sólo las de tiempo completo alcancen la cifra de 300. La profesionalización docente es un camino que debe profundizarse aún, y en el caso de Enseñanza Media debe conducir a la vinculación y compromiso de los docentes con un centro educativo. Formación en servicio, carrera docente y concentración horaria son puntos centrales. Finalmente, y más allá de las manifestaciones de preocupación y alarma generadas sobre la infraestructura edilicia del sistema educativo, es preciso señalar que en este período se ha realizado el esfuerzo presupuestal más importante en mucho tiempo para el desarrollo de la infraestructura edilicia. Este esfuerzo se traducirá a lo largo del quinquenio en obras muy diversas, que abarcan desde la creación de más centros para la primera infancia hasta los planes de obras de mediano y largo plazo de la Udelar.

La batalla por la educación pública La batalla se está librando en cada centro educativo, en cada rincón del país, con cada docente al lado de sus alumnos. Este esfuerzo es el que contribuye a que se empiecen a ver los cambios generales. Esperamos que esa mirada local, positiva, que hasta ahora no ha logrado ser amplificada, pueda incorporarse a la mirada de conjunto y contribuya a cambiar la percepción que la población tiene sobre la educación pública. Se suman a este esfuerzo contribuciones de la propia sociedad bajo múltiples formas, de gobiernos locales, departamentales y municipales, así como acciones coordinadas desde distintos sectores del gobierno nacional. Las urgencias de la hora son muchas. El camino a recorrer para los cambios estructurales y en profundidad es largo. Ese camino presentará seguramente polémicas y tormentas diversas. El rumbo sólo puede asegurarse por la confluencia de todos los actores, avanzando con todos. De la confianza en ellos depende la firmeza en el timón. ■

En este camino de cambios, un punto central es el que refiere a la vinculación entre educación y territorio. La clara y urgente necesidad de descentralizar no requiere demostración, pero es necesario ir más allá. Se trata de construir un sistema educativo que se afirme, se proyecte y crezca fuertemente vinculado a los proyectos de desarrollo territorial, integrado a un proyecto de país, a un proyecto demográfico y de arraigo. Seguramente en ese compromiso de la educación con el territorio tengamos una de las claves centrales para los cambios en profundidad.

* Ministro de Educación y Cultura.

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P r o g r a m a

P r o g r a m a

U r u g u a y

I n t e g r a

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Políticas públicas de cercanía En 2008 la Unión Europea y el gobierno uruguayo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), acordaron la puesta en funcionamiento de Uruguay Integra, destinado a producir mayor cohesión social y territorial en todo el país. En concreto, el programa apunta a llevar las políticas públicas a los rincones más alejados, apoyar soluciones a los problemas identificados localmente, generar mayor interinstitucionalidad, desarrollar acciones de participación ciudadana y trabajar en coordinación con ministerios, intendencias y municipios. Políticas habló al respecto con varios responsables del programa y recabó testimonios de sus beneficiarios.

Cumplida su primera fase de ejecución (período 20082012), Uruguay Integra ha trabajado en proyectos con los 19 gobiernos departamentales y beneficiado a casi 60 mil personas. El plan, ha dicho el director de la OPP, Gabriel Frugoni, se fijó como objetivo central “promover la aproximación del Estado al ciudadano, la descentralización territorial con participación ciudadana y la valoración creciente de los gobiernos departamentales para la ejecución conjunta de políticas públicas con el gobierno nacional, los ministerios y otros actores locales en el territorio”. Una de sus herramientas más innovadoras y potentes fue el Fondo Concursable, creado con el fin de fomentar la participación de las intendencias, asociadas a ministerios y servicios descentralizados o empresas públicas, en iniciativas de escala departamental, regional y microrregional. El 75% de los fondos manejados globalmente por el programa (unos 15,5 millones de euros) se ejecutó a través de esta herramienta, generando un total de 20 proyectos enfocados en políticas territoriales de salud, ambiente, desarrollo local, tecnología o emprendedurismo. “Se apoyaron iniciativas que muchas veces no son las tradicionales en las intendencias, como la salud, la cultura, la educación”, destaca Carlos Fagetti, coordinador del programa. Algunos de estos proyectos inspiraron al gobierno nacional. Tal es el caso de Canelones Crece Contigo, dedicado a la atención de la primera infancia, que derivó en el actual programa nacional Uruguay Crece Contigo. Otros han asegurado su continuidad gracias a acuerdos con las intendencias. Algunos ejemplos: la atención rural a través de los nodos de salud en Tacuarembó; el Polo Paysandú Innova, destinado a nuevos emprendedores; el centro de tratamiento integral y rehabilitación para personas con uso abusivo de drogas Casabierta, en Artigas. Esta primera fase de aplicación del programa alcanzó a más de 150 localidades de todo el país. A su vez, 152 organizaciones intervinieron en los proyectos del Fondo Concursable.

Participación e inclusión

■ Inauguración de dos plantas de reciclaje en Flores y Salto.

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U r u g u a y

“Uruguay Integra ha tenido una concepción participativa. Todos los proyectos fueron definidos por las intendencias en consulta con la sociedad civil. De esta forma, las acciones fueron diseñadas para beneficiar directamente a aquellos segmentos más vulnerables o más necesitados de la población”, destaca el jefe de la delegación de la Unión Europea, Geoffrey Barrett. Como parte del Área de Políticas Territoriales de la OPP, Uruguay Integra se ha encargado de pensar el territorio articuladamente, tomando como aliados estratégicos a las intendencias. Su trabajo se refleja en zonas como Cuchilla de Haedo, donde los ministerios de Desarrollo Social, Ganadería, Agricultura y Pesca y Salud Pública llevan adelante acciones

■ Más de trecientos técnicos asesoraron a emprendedores para fortalecer su desarrollo local.

enmarcadas en una planificación estratégica y capacitan recursos humanos locales, o la región este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja), donde los equipos municipales impulsaron un plan de desarrollo regional. “Incorporar la mirada territorial significa un aporte diferencial para gestionar los beneficios y recursos del crecimiento y mejorar las oportunidades. Esto implica que las instituciones, los actores públicos, privados y sociales presentes en el territorio jueguen un rol central”, subraya Frugoni.

Formación en territorio Otra línea de acción distintiva ha sido el enfoque hacia la capacitación de recursos humanos a través del Proyecto Formación en Territorio (Forte). Esta iniciativa parte de dos constataciones: las asimetrías existentes en el país entre los distintos territorios en cuanto al capital social y técnico instalado, y el convencimiento de que un factor clave en la construcción de políticas públicas que incorporen las particularidades de cada territorio es el fortalecimiento de las capacidades personales e institucionales de los actores territoriales nacionales, departamentales y locales. El objetivo general de Forte fue aportar a la formación y actualización de los responsables políticos y funcionarios de territorio del gobierno nacional, las intendencias, los municipios y otros actores locales, de cara al diseño, articulación y gestión de las políticas públicas de descentralización territorial y cohesión social acordadas en cada nivel. Entre marzo y diciembre de 2011 se implementaron, a través de las ocho entidades contratadas, 81 cursos y seminarios en 28 sedes diferentes, alcanzando a 2.438 personas. Gracias al impulso de una metodología de cercanía en pequeñas localidades del Interior, Uruguay Integra fomentó la participación activa de los habitantes en procesos de desarrollo local. El proyecto Cosas de Pueblo trabajó así en el fortalecimiento de las identidades locales y promoción de la autoestima de la gente a través de acciones de recuperación del capital social, capital humano, tradiciones, saberes y competencias. Lo hizo en Zapicán, Plácido Rosas, Isla Patrulla, Valentines, Villa del Carmen, Sa-

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P r o g r a m a

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I n t e g r a

Las cifras de la primera fase

randí Grande, Villa Ansina y Minas de Corrales, entre otros pequeños pueblos. La metodología de Cosas de Pueblo, además, fue tomada por las intendencias de Cerro Largo y Durazno para ampliar la experiencia a otras ocho localidades. “Se relevaron con los habitantes de pequeñas localidades los rasgos de su identidad, potenciándolos como elementos constitutivos del arraigo de los pobladores a sus terruños. En este proceso, se movilizaron activos materiales y subjetivos de las comunidades que generaron estrategias para un presente y un futuro más dignos”, destaca Frugoni. Por otra parte, entre 2011 y 2012 Uruguay Integra puso en marcha la experiencia piloto +Local, que se propone el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y el fomento de la participación ciudadana a nivel local. Unos 36 municipios (con poblaciones menores a 8 mil habitantes) participaron de +Local y fueron capacitados en diseño y gestión de proyectos, y 11 de ellos (Colonia Lavalleja, San Gregorio de Polanco, Cerrillos, Nuevo Berlín, Villa Constitución, Quebracho, Lascano, Tarariras, Cardona, San Bautista y Guichón) recibieron financiación y asistencia técnica. Los responsables del programa destacan finalmente los esfuerzos de Uruguay Integra por impulsar la investigación en torno a temas que hacen a la información de base territorial, gestión ambiental, planificación territorial, que derivaron en un catálogo de más de 50 estudios que puede encontrarse en la página www.uruguayintegra.gub.uy

• Inversión promedio por beneficiario directo de los proyectos de Fondo Concursable: 261 euros. • 13 ministerios y direcciones del Estado fueron asociados a los proyectos. • Acciones en 150 localidades. • 47 escuelas equipadas. • 87 centros de salud y policlínicas equipados. • Dos centros de salud móviles. • 1.870 productores involucrados en los proyectos de Fondo Concursable. • Seis circuitos limpios implementados. • Cuatro centros de reciclado construidos y equipados.

Segundo ciclo Una vez finalizada su primera etapa de ejecución, Uruguay Integra se apresta a encarar un segundo ciclo, que irá hasta fines de 2015 y que propone la continuidad de ciertas líneas de trabajo y la incorporación de otras. Por un lado, se apunta a consolidar un sistema de apoyo a experiencias de políticas y programas, buscando articular políticas nacionales con iniciativas de base territorial, y se lanzarán convocatorias para apoyos que serán canalizados hacia una cartera de iniciativas de desarrollo de base territorial inclusivo. Se contempla la instauración de al menos tres fondos diferenciados, que podrán aprobar proyectos según su tamaño, complejidad y plazo, sobre la base de criterios diferenciados y en función de tres requisitos básicos: tendrán objetivos de desarrollo humano, implicarán a más de un nivel de gobierno y tendrán adscripción territorial definida. Por otro lado, se formalizará el sistema +Local para el financiamiento de proyectos experimentales desarrollados en pequeñas localidades, con la finalidad de crear progresivamente habilidades de planificación y capacidad de gestión en esas localidades y en los municipios creados recientemente. A su vez, en esta segunda fase se profundizará el proyecto Forte como una herramienta del Área de Políticas Territoriales de la OPP, con el objetivo de incrementar las capacidades de los recursos humanos de los gobiernos subnacionales, así como de los funcionarios del primer nivel de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con perspectiva territorial.■

Testimonios Cohesión Eje Ruta 7, Cerro Largo “Logró unirnos como comunidad” Blanca Ibáñez vive hace 39 años en Bañados de Medina, una pequeña localidad de Cerro Largo, a 18 kilómetros de Melo. “Soy promotora de salud, contratada por el médico de familia, y también trabajo para una mutualista privada”, dice Blanca, quien vive allí con su esposo y sus dos hijos. Y explica: “La tarea de la promotora de salud es hacer prevención. Como en Bañados de Medina no hay enfermeros ni médico residente, más bien lo que una hace es asistencialismo. O sea, el médico manda el tratamiento y una sigue esas indicaciones. Hacemos controles de presión, inyectables, pedidos de medicamentos, coordinación de estudios con Melo, se entrega folletería, se hacen charlas en las escuelas. Tiene una parte educativa muy importante”, señala Blanca. Bañados de Medina forma parte de la microrregión donde trabajó el proyecto Cohesión Eje Ruta 7, tratando de reducir las brechas sociales existentes. La microrregión se completa con las localidades de Fraile Muerto, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Quebracho, Ramón Trigo, Tupambaé, Arévalo, Paso Pereira, y también Santa Clara del Olimar, ubicada en Treinta y Tres. En total, se estimó en unos 13.500 habitantes los principales beneficiarios de acciones orientadas a dejar capacidad instalada, tratando de construir una visión local y una gestión propia del territorio. El trabajo de Cohesión Eje Ruta 7 en Bañados de Medina comenzó en 2009, convocando a los habitantes del pueblo a participar en las mesas locales. Éstas forman parte del componente 2 del proyecto (Fortalecimiento Organizacional) y plantean una dinámica de trabajo con las comisiones y grupos de vecinos existentes en las diez localidades de la microrregión. Blanca formó parte de una comisión odontológica, pero poco a poco su motivación y ganas la llevaron a poner sobre la mesa problemáticas vinculadas al día a día del pueblo. “Para mí lo mejor que hizo Cohesión Eje Ruta 7 fue que logró unirnos como comunidad. Pudimos formar una comisión y tener personería jurídica, lo que nos dio la posibilidad de presentarnos a proyectos y ya no depender del gobernante de turno. Pasa en todas partes y más en los pueblos chicos: necesitás que alguien de afuera te venga a dar el empujón. Nosotros aprendimos a hacer las cosas solos, a saber dónde teníamos que golpear, porque ellos nos enseñaron”, concluye Blanca.

Casabierta, Artigas Un espacio de contención y rehabilitación

■ Promoviendo la descentralización.

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Desde 2010 funciona en Artigas, y con proyección regional (abarca también a los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Salto y Paysandú), el centro Casabierta, un proyecto que apunta a brindar un tratamiento integral y rehabilitación para personas con uso abusivo de drogas y sus familias. Ubicado en el kilómetro 126 de la ruta 30, a ocho de la ciudad de Artigas, el centro funciona en una vieja casona remodelada. Se trata de un ex hogar de varones del INAU, que además de las habitaciones y otras disposiciones edilicias, dispone de 32 hectáreas que conforman una chacra. Dentro del esquema de trabajo se incluye un

equipo multidisciplinario, con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, especialistas en drogas y también ex adictos. En este último grupo se encuentra Paola Barceló, quien a sus 27 años y tras vivir experiencias traumáticas y complejas con el uso de drogas, trabaja en Casabierta en pos de la rehabilitación de los internados. Paola se fue de su casa siendo muy joven. Vivió en Argentina, en Montevideo y en Maldonado, lugares donde tuvo que luchar contra una adicción que duró nueve años. “La droga me llevó a venderme, a robar, a pegarle a mi madre. Vivir en la calle fue lo peor. Dormir en un cartón, comer de una volqueta. No era yo. Empecé con los grupos de autoayuda y pude salir”, relata. Desde hace unos años tiene pareja y vive con su sobrina en Artigas. Hizo un curso de operador terapéutico en la ONG Ser Libre, dedicada a la prevención y tratamiento de la adicción, y luego de participar en un llamado pudo ingresar a trabajar en Casabierta. “Lo primero es darle un abrazo, darle contención, el adicto llega muy golpeado emocionalmente. Muchos chicos que pasaron por Casabierta hoy están trabajando o estudiando, y siguen concurriendo a los grupos de autoayuda. El deporte es fundamental, es una forma de que tengan actividades que los hagan motivarse”, dice.

Rivera Produce Integrando, Rivera Una salida económica con enseñanzas El barrio Manduví de la ciudad de Rivera es un asentamiento de varias familias provenientes de diversos puntos del norte del país. La familia Palacios, de Tacuarembó, se afincó hace 20 años en el lugar, atraídos por la posibilidad de mejorar la situación laboral de todos sus integrantes. Luis Eduardo Palacios trabajó de ladrillero por varios años pero luego decidió pasar a la clasificación de residuos en el vertedero municipal. “Yo trabajaba temprano, a las seis daban la autorización para entrar al vertedero y cada uno juntaba residuos. Éramos 60 personas juntando plástico y se hacía difícil. Es bravo levantarse de madrugada por 15 años a buscar cosas para vender”, recuerda. El objetivo general del proyecto Rivera Produce Integrando es contribuir al desarrollo socioproductivo y ambientalmente amigable del departamento. Para ello se implementó una estrategia de gestión integral con énfasis en la recuperación de residuos orgánicos, el desarrollo de la producción y comercialización hortifrutícola, la concientización ambiental de la población y la integración y formalización de los clasificadores de residuos en el marco de una nueva planta de compostaje. La ONG Senderos de Vida fue la que realizó el trabajo inicial con Luis y sus compañeros, primero captando y luego capacitando a los clasificadores del vertedero municipal. “Además de la salida económica agradecemos las enseñanzas que nos dio este proyecto. ¿Qué futuro podía esperar yo con 50 años? Esto para mí es todo, ya cumplí con la vida. Este trabajo nos dio dignidad y mejoramos nuestra alimentación. Antes no comíamos verdura y sólo le metíamos al chicharrón con papas, ahora comemos lechuga, acelga, zanahoria y tomate. Un disparate. Otra cosa importante fue el uniforme. Éramos los pichis del barrio y ahora nos preguntan en qué fábrica trabajamos. Para nuestra familia es una cuestión de orgullo”, dice Luis. ■

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| el BLOG 2

El proceso de desarrollo del puerto de aguas profundas

Mitigar los riesgos, potenciar los beneficios L u i s

Numerosos temas se relacionan con el desarrollo de un puerto de aguas profundas (en adelante PAP) en el este del país. Sintéticamente se podría decir que los puntos más importantes refieren a las consecuencias que el PAP pueda tener sobre el desarrollo sustentable de la región y del país, en el sentido más amplio del concepto “desarrollo sustentable”. El impacto será multidimensional y también se deberán enfrentar múltiples riesgos multidimensionales. Ante múltiples riesgos, se debe entonces proceder de forma tal de mitigarlos, potenciando los impactos beneficiosos que el proyecto tiene. Tomando esto en consideración, la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Puerto de Aguas Profundas (en adelante CIPAP) se planteó trabajar con un enfoque de análisis multicriterio, como sustento a las recomendaciones a adoptar en materia de la localización del PAP. De la misma manera, a la hora de analizar diferentes procedimientos y vías institucionales para llevar adelante el proyecto, la CIPAP optó por considerar los riesgos asociados al mismo, de forma que la vía institucional permitiera reducirlos. Para llevar adelante el emprendimiento del PAP, Uruguay cuenta con tres modalidades posibles: mediante la inversión pública; a través de un contrato de concesión (siendo éste uno de los más utilizados a nivel internacional para el desarrollo de proyectos de infraestructuras en general, y portuarios en particular); y utilizando la modalidad de contratos de participación público-privada (ley 18.786), diferente a los contratos de concesión, pero que permite incluir dentro de esta categoría prácticamente las mismas operaciones y actividades que se pueden realizar bajo un contrato de concesión.

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P o r t o *

En primer lugar, la posibilidad de que el desarrollo del PAP se realice con participación de privados tiene varias ventajas, entre las que cabría destacar las siguientes: • Se sustenta en el principio de equidad intergeneracional, pues los costos y beneficios de la inversión se distribuyen en las cuentas públicas a lo largo del tiempo, de forma que su peso recae sobre las generaciones que recibirá los beneficios. • Permite una mejor distribución de riesgos. • Hace posible alinear los objetivos sociales con los incentivos relacionados a la gestión. • Reduce el costo de la espera pública, o sea, se puede desarrollar antes de que el Estado tenga espacio fiscal para realizarlo. Es importante destacar que estas ventajas también podrían existir en caso de utilizarse otras alternativas, por ejemplo la de un acuerdo de cooperación internacional con otro Estado que contemple estos aspectos. No es inútil remarcar que la República Popular de China ha manifestado su disposición a colaborar en el proceso, y que se podría eventualmente trabajar en un acuerdo de cooperación entre ambos países que contemple las ventajas señaladas ante el caso de participación de privados. Cabe agregar que esta alternativa, a su vez, podría reducir los costos financieros relacionados con la inversión. La CIPAP en principio ha sugerido recorrer un camino que involucre la participación de privados, pero no se debe despreciar la posibilidad de explorar en forma concomitante otra alternativa. En segundo lugar, se trata de un proyecto sin “historia”, es decir, no hay datos de tráfico cierto, su viabilidad técnica y económica

depende de estudios adicionales, y siempre existirán los riesgos asociados a la concreción o no de lo que los estudios identifiquen como demanda “potencial”. En un proceso de búsqueda y selección de un desarrollador para el PAP, estos riesgos incrementan los costos imprevistos del proyecto y, por tanto, reducen las posibilidades de que la oferta técnica y económica que se seleccione sea la más beneficiosa para el país. El proceso, por lo tanto, debe buscar reducir los riesgos asociados a los costos imprevistos del proyecto. Una forma de hacerlo es mediante la realización de estudios previos que den más certezas. Otra forma complementaria de hacerlo es mediante la inclusión de algún operador en el proyecto, que oficie como “ancla” cierta del mismo. La CIPAP ha entendido que es importante que exista algún sector “ancla” desde el comienzo del proceso, a la vez que propone concentrar en el PAP las diferentes iniciativas existentes, con especial atención a la minería, granos, combustibles líquidos, etcétera. En tercer lugar, se trata de un proyecto complejo en el cual los potenciales interesados pueden realizar valiosos aportes a las definiciones del mismo. En función de los elementos señalados, la CIPAP ha entendido oportuno sugerir al Poder Ejecutivo avanzar –en principio y sin descartar otra alternativa– a través del artículo 12 de la ley 18.786, encomendando al MTOP que acuerde con la CND el denominado “diálogo competitivo” como procedimiento a emplear para que un privado desarrolle el PAP. Este camino permite las siguientes ventajas: • Establecer en el contrato de PPP o en documentos conexos (como el Reglamento de Operaciones Portuarias) la posibilidad de establecer contratos especiales con clientes en base a tráficos asegurados o servicios regulares o especiales, admitidos normalmente en cualquier contrato de concesión portuaria. Sobre estas reglas, en un contrato de PPP entre el MTOP y la CND se puede incluir que esta

última establezca acuerdos comerciales con operadores de terminales especializadas, que puedan negociar condiciones especiales de obras de infraestructura, superestructura y equipamientos necesarios para su operativa y servicios. Dentro de este régimen se podría llevar adelante la negociación para la realización de obras vinculadas a proyectos de minería de gran porte, de granos, u otros. • Recoger opiniones de los interesados en el PAP acerca de dos aspectos relevantes: respecto a las condiciones para el desarrollo en tierra del eventual operador de una terminal especializada (véase el punto anterior), y sobre las características de diseño y técnicas del proyecto. • Sistematizar los estudios existentes, los complementarios a desarrollar, los que puedan aportar los participantes del proceso, y las opiniones vertidas en el Plan Maestro del PAP que la CIPAP ya está elaborando. Finalmente, se ha definido que el proceso tenga una instancia previa –a partir de agosto de 2012– de interacción con potenciales interesados, en régimen de “sala de datos” (traducción literal de la expresión Data Room). En forma paralela a la interacción inicial con privados, se desarrollarán estudios complementarios a los ya realizados y se preparará el llamado público internacional para participar del procedimiento de diálogo competitivo, que se realizaría a fines de 2012 o principios de 2013. Se prevé que el proceso competitivo insuma seis meses, plazo a partir del cual se haría el llamado a presentación de ofertas, evaluación, adjudicación y contrato, el que podría suscribirse en el primer semestre de 2014. En resumen, el camino sugerido permite compatibilizar los objetivos y tiempos del gobierno con los objetivos y tiempos de los eventuales interesados, de forma de reducir los riesgos e incrementar los beneficios potenciales del desarrollo del puerto de aguas profundas.. ■

* Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Programa

Jóvenes

en

Red

Programa Jóvenes en Red

La oportunidad recuperada ■ Mariana

Drago, directora de la Unidad Coordinadora de Programas del MIDES.

El desarrollo individual, la revinculación social, la apropiación de la convivencia y la circulación ciudadana son los motores que mueven al programa Jóvenes en Red, al que el gobierno considera un componente de la matriz de protección social del país y parte integral de su estrategia hacia los jóvenes. La directora de la Unidad Coordinadora de Programas del Ministerio de Desarrollo Social, Mariana Drago, y el coordinador general de Jóvenes en Red, Diego Olivera, relataron a Políticas los alcances de una iniciativa que apunta directo al territorio y a los adolescentes, en particular a los jóvenes más excluidos socialmente: aquellos que no estudian ni trabajan. Jóvenes en Red se aplica en una franja etaria comprendida entre los 14 y los 24 años, por considerarse que en esa etapa –adolescencia y juventud– se consolida el principal caudal educativo que se pone en juego en el resto de la vida. Quienes son abarcados por el proyecto tienen la particularidad de que vieron interrumpidas sus trayectorias educativas y laborales. Si bien la población objetivo del programa supera los 36 mil, la meta para 2014 es llegar a unos 7 mil jóvenes. En una primera etapa, cuyo inicio está previsto para este mes de agosto, se hará foco en 2.200 adolescentes y jóvenes residentes en el área metropolitana (Montevideo, Canelones, San José) y en la frontera con Brasil (Artigas y Cerro Largo), identificados como los de situación más crítica.

Cara a cara La forma de llegar a los beneficiarios es directa, persona a persona, característica que este instrumento comparte con otros que el gobierno impulsa. “Pretendemos construir un programa para jóvenes de carne y hueso, conocerlos en la particularidad de su situación, en la singularidad de su forma de estar en el mundo y de vivir la juventud, para llegar con las acciones necesarias según cada caso”, asegura Diego Olivera, coordinador del programa. La directora de la Unidad Coordinadora de Programas del MIDES, Mariana Drago, explica que los recursos para alcanzar la inclusión de la población objetivo son, en parte, los servicios y prestaciones universales existentes,

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que se reforzarán de ser necesario, pero con la posibilidad de aplicarlos de acuerdo a cada situación concreta. El trabajo se centrará en lo educativo, pero también atenderá la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, “ya que la urgencia de su situación sociofamiliar así lo impone. La apuesta es a generar un vínculo desde el deseo de participar”, dice Drago. Este año Jóvenes en Red ejecutará fondos por más de 60 millones de pesos, y en 2013 dispondrá de 140 millones, ya que prevé ampliar su alcance. Una parte importante del presupuesto se destinará a fortalecer servicios que se alojan en otras unidades del Estado.

Acompañar desde el territorio El programa acompaña al joven para que llegue a destino. Esto tiene que ver con cuestiones materiales, como colaborar en el transporte y la vestimenta adecuada, pero también con la situación psicosocial, con enseñarle a organizar una cotidianidad. Los muchachos llegan a Jóvenes en Red por dos vías: por voluntad propia –al acercarse a los distintos servicios: mesas de entrada del MIDES, oficinas territoriales, servicios del INAU, centros educativos–, o por “la acción proactiva” de los servicios estatales que van en su búsqueda, según dice Drago. Esto último es posible gracias a que existe una base de datos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, donde se identifica, dentro de los hogares más crí-

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Programa

Acuerdo socioeducativo

Jóvenes

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Red

Un elemento diferente vinculado a la metodología de Jóvenes en Red es el acuerdo socioeducativo. Una vez integrado al proyecto, el propio joven debe firmar un “contrato” con el programa que contiene las metas individuales trazadas, es decir aquellos logros que procurará alcanzar en el proceso. De esta forma se compromete personalmente a cumplirlo. “Es importante que esté la firma de los jóvenes, que no sea una imposición sino una invitación, y que él o ella explicite su voluntad de formar parte y alcanzar ciertos objetivos. Luego nuestro trabajo supone facilitar las condiciones para que eso se pueda plasmar”, dice Diego Olivera. ■

ticos, a aquellos en los que hay jóvenes que no estudian ni trabajan. También juegan un rol importante lo que se denominan “informantes calificados”, es decir las distintas organizaciones presentes en el territorio. En la primera fase de aplicación del programa se conformarán 36 grupos de 60 personas. Entre sus responsables habrá maestros, profesores, educadores sociales, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, para atender los dos perfiles que se le pretende dar al proyecto: el educativo y el psicosocial. En agosto, 120 profesionales firmarán los respectivos contratos para comenzar a trabajar. Entre ellos se incluyen técnicos especializados en situaciones de consumo problemático de sustancias y dificultades de aprendizaje, aspectos específicos que muchas veces “obturan los procesos” y refuerzan la exclusión social. Estas personas fueron previamente capacitadas en la línea del proyecto y la modalidad de implementación. “Se puso el problema en discusión para trabajar el abordaje desde el punto de vista de los procesos e iniciar la tarea con todas las particularidades que ello requiere en cuanto a tiempo, necesidades y posibles respuestas”, explica Drago. “No vamos a martillar un tipo de respuesta; la idea es ir construyendo y generar una demanda, en caso de que ésta no exista. En los casos que ya exista esa demanda, que-

remos trabajar en la adhesión a una propuesta educativa o capacitación laboral”, sostiene Drago.

Educación y trabajo Olivera explica a su vez que “la idea es trabajar en procesos educativos que no se eternicen, que tengan una acción intensiva con los jóvenes en su inclusión con los servicios y la posibilidad de hacer un seguimiento una vez que la persona esté inserta. Pero queremos que después esa persona pueda egresar”. La apuesta es a fortalecer todas las capacidades personales de los jóvenes para que logren las mejores condiciones para su futuro. La otra parte del proceso inclusivo es multiplicar las oportunidades para emprender procesos de capacitación y preparación para el trabajo. El programa coordina esfuerzos con la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer los procesos de intermediación laboral, el diálogo con las empresas y la inserción en el mundo del trabajo. Se trata de seguir al joven no sólo hasta que consigue un empleo y empieza a trabajar, sino también con posterioridad, monitoreando su evolución. Drago considera fundamental en ese sentido contar con el apoyo de empresas privadas y públicas “para comenzar a diseñar los procesos de salida”.

Los primeros contactos con el mundo empresarial ya han tenido resultados positivos. Como el restablecimiento del vínculo educativo es un aspecto relevante del programa, uno de los objetivos es que el joven tenga un adulto/educador a quien recurrir y que sea accesible, que sepa dónde y cuándo encontrarlo, por ejemplo en una situación de crisis, dice Drago, para quien es importante generar una oferta educativa atractiva para los intereses juveniles.

Generar nuevas conductas En paralelo, se entiende que el componente recreativo, deportivo, cultural, de disfrute y uso positivo del tiempo libre es esencial para lograr que el joven se acerque. Drago considera que llegar al interés de los jóvenes es un gran desafío y que para ello se valdrán de diversas herramientas, como la instrumentación de diferentes tipos de talleres. “No se puede hablar de ausencia de interés de los jóvenes. Ellos se ajustan a la oferta y a los tiempos que las instituciones manejan”, asegura. En ese plano, las instituciones tienen la responsabilidad de saber llegar a los jóvenes para motivarlos, agrega. Otro elemento que se procura estimular es la circulación ciudadana y la apropiación positiva de la ciudad, apuntando a la meta mayor de mejorar la convivencia. Los responsables del programa parten de la base de que los jóvenes que atienden tienen establecidos circuitos de vínculos sociales y actividades comunitarias muy restringidos, cuando no inexistentes. De ahí la necesidad de incentivar la participación en espectáculos públicos y la concurrencia a espacios culturales. “Esto también hace a la inclusión ciudadana. Son conductas que se aprenden. Lo que queremos es generar conocimiento y apropiación para desarrollar el disfrute de nuevos horizontes”, explica por su parte Olivera. Drago subraya el concepto de integralidad aplicado a esta temática. “Las salidas se generan a partir de una forma integral de abordarlas –sintetiza–. Eso supone un trabajo conjunto entre distintas instituciones públicas* y una comunicación activa con otros programas que atienden a la misma población.” ■ * Además del MIDES, que será el encargado de conducirlo, entre los organismos que aportarán en distinta medida al desarrollo del programa se encuentran la ANEP y los ministerios de Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Defensa Nacional, y Turismo y Deporte.

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Daniel Olesker

Un programa con “valor agregado” El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, entiende que la desvinculación del sistema educativo tiene dos componentes: uno socioeconómico y otro “de valores”. Asegura que la mayoría de los jóvenes que hoy aparecen desligados del sistema nacieron en la década del 90, época de fuerte fragmentación y exclusión social por la aplicación de políticas de signo neoliberal, y que muchos otros nacieron después de la crisis de 2002. “Esos hogares se fueron segregando, yendo a la periferia de las ciudades y entrando en la informalidad permanente del trabajo. De alguna manera fueron generando la exclusión de sus hijos del sistema educativo”, evalúa en diálogo con Políticas. “El propio modelo neoliberal, pero también el proceso que se inició antes con la dictadura, fue haciendo perder un valor histórico en la sociedad uruguaya, donde la educación era una ganancia para la vida futura en sociedad, donde se pensaba que educarse daba ventajas a las personas para su inserción laboral, social y barrial, así como para su amistad y vida en pareja. Eso se perdió”, sostiene Olesker. La pérdida de esa centralidad de la educación en la conformación del imaginario uruguayo tiene que ver con otra pérdida: la de los ámbitos de socialización tradicionales del país. “Además de los aspectos educativos y laborales, Jóvenes en Red tiene una función fuertemente social, de recuperación de esos valores”, explica el ministro, quien asegura que se trata de un programa con “valor agregado” respecto a muchos otros en los que se trabaja pensando en la revinculación, ya que se dirige al sector más crítico de los muchachos y muchachas que no estudian ni trabajan. ■

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Marco y Norma Una selección de proyectos, leyes y decretos

Marco y Norma

Decretos Personales y familiares

Derechos del trabajador rural El gobierno reglamentó por decreto el estatuto del trabajador rural –vigente desde 1978–, implantando derechos específicos y facilitando la relación laboral a través de las normas legales incluidas. Se considera trabajador rural a todo aquel que bajo la dirección de otra persona ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de salario y prestaciones sociales. El texto incluye el derecho a percibir una retribución mínima para asegurar la satisfacción de las necesidades personales y familiares de los trabajadores rurales. El sueldo será establecido en los consejos de salarios o por el Poder Ejecutivo, y se pagará exclusivamente en dinero en efectivo. Además, el empleador estará obligado a suministrar a su empleado habitación, agua y alimentación suficiente, así como los elementos necesarios para iluminación, aseo y preparación de comidas. El trabajador debe mantener y conservar los elementos puestos a su disposición. La asistencia médica para el trabajador y su familia, el horario de trabajo –ocho horas diarias y 48 semanales–, la licencia anual remunerada de 20 días como mínimo, la seguridad personal en el trabajo, el conocimiento de las maquinarias con que realice su tarea y el derecho al despido, son otras obligaciones incluidas en la presente normativa.

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/decretos/2012/06/mtss_351.pdf)

Proyectos de ley Uruguay-Argentina

Acuerdo de intercambio de información tributaria El Poder Ejecutivo envió a consideración del Poder Legislativo el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el acuerdo entre Uruguay y Argentina para el intercambio de información tributaria y el método para evitar la doble imposición. El mismo fue firmado por el presidente José Mujica, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro y el ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, el 24 de julio. El acuerdo, establecido bajo estándares internacionales de la OCDE, tiene el objetivo de promover la cooperación internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información y, por otro lado, elimina los efectos de la doble imposición tributaria, con la finalidad de promover y proteger las relaciones económicas y comerciales. Las autoridades competentes se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, implementación, control y recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. El convenio se aplicará en Uruguay a los impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA); a las Rentas de Personas Físicas (IRPF); a las Rentas de los No Residentes (IRNR); de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y al Patrimonio (IP). En tanto, en Argentina, también comprende a los impuestos a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales.

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El texto indica que cuando un residente de Uruguay obtenga rentas sometidas a imposición en Argentina, aquí se le deducirá un importe legal equivalente al impuesto a las ganancias pagado en el país vecino. Y viceversa. El acuerdo entrará en vigor 30 días después de recibida por la vía diplomática la última notificación mediante la cual las partes se comuniquen haber cumplido los procedimientos previstos en sus legislaciones.

Leyes

(Para acceder a este proyecto: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/proyectos/2012/07/mrree_1923.pdf)

Se promulgó la ley 18.923, referente al convenio firmado entre Uruguay y Francia para la cobertura de trabajadores ante diferentes riesgos de seguridad social, como enfermedad, maternidad, paternidad, invalidez, vejez, pensiones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prestaciones relativas a la familia. El convenio abarca a uruguayos que están en Francia y a franceses que están en Uruguay, e incluso a personas que no son ni uruguayos ni franceses pero que se desempeñen en empresas que tengan vínculos con ambos países. Un trabajador uruguayo que haya desarrollado parte de su carrera laboral en Francia y ahora resida en nuestro país puede computar ese período para su jubilación en su lugar de residencia, y viceversa. El convenio fue suscrito en 2010, pero fue ratificado recientemente por el Parlamento uruguayo. Está vigente desde el 4 de julio.

ASSE

Doble voto para el presidente del directorio El Poder Ejecutivo puso a consideración del Parlamento el proyecto de ley por el cual se le atribuye doble voto al presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en caso de resoluciones litigiosas. La exposición de motivos del proyecto indica que la ley 18.161 que creó a ASSE constituyó un paso importante en el establecimiento y desarrollo de un sistema de salud igualitario, ágil y eficiente. No obstante, y a efectos de dotar al sistema de una mayor eficiencia y celeridad, estima necesario modificar lo dispuesto en el artículo 6 de la ley y otorgar un peso diferencial al presidente de ASSE en la toma de decisiones. En caso de empate en la definición de alguna medida a adoptar, la opción por la que el presidente haya emitido su voto será la que prevalezca.

(Para acceder a este proyecto: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/proyectos/2012/07/msp_372.pdf)

Fuerza Aérea y Aviación Naval

Solución para evitar fuga de pilotos El Ejecutivo puso a consideración del Parlamento un proyecto de ley que declara de interés general tratar de detener la fuga de capital humano altamente especializado en la Fuerza Aérea y la Aviación Naval de la Armada, en especial los pilotos, mediante el pago de una compensación por la realización de actividad en vuelo, tanto para pilotos como para navegantes y personal aéreo. El proyecto facultará al gobierno a disponer de esa compensación según las posibilidades del erario. La exposición de motivos recuerda que en cinco meses las Fuerzas Armadas perdieron 17 pilotos.  Los aumentos salariales decretados por el Poder Ejecutivo no amortiguaron la fuga de pilotos y personal especializado. Otros países donde se había detectado un problema similar recurrieron al pago de compensaciones monetarias, selectivas y diferenciales, para paliar los efectos negativos de la demanda por parte del sector privado de personal que las instituciones educativas militares capacitan y entrenan. El Ejecutivo solicitó que el proyecto se trate con urgente consideración, pues la pérdida de personal podría impedir la concreción de las distintas misiones militares, tanto de la Fuerza Aérea como de la Aviación Naval.

(Para acceder a este proyecto: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/proyectos/2012/07/cons_min_524.pdf)

Uruguay-Francia

Reciprocidad social para trabajadores

(Para acceder a esta ley: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/leyes/2012/07/mrree_1882.pdf)

Normas para encontrar soluciones a Pluna SA

Preservar la conectividad, contemplar a los trabajadores

El gobierno promulgó la ley 18.931, relativa a la situación de Pluna SA. La misma tiene el objetivo de preservar la conectividad aérea del país, defender los recursos del Estado, contemplar la problemática de los trabajadores y atender a la masa de acreedores de la empresa. La solución implica la autorización al Poder Ejecutivo para constituir un fideicomiso con el fin de adquirir y preservar determinados activos de Pluna SA, para su posterior subasta pública y extrajudicial. Tanto en el caso de que los bienes sean adquiridos por terceros como ante un fracaso de la subasta pública se habilita al Ejecutivo a negociar directamente la autorización de las frecuencias de vuelo, condicionadas a la incorporación de empleados de la empresa. La ley crea un Fondo de Adelantos de Créditos Laborales a efectos de atender, a título de complemento, la diferencia entre lo percibido por los empleados de la empresa a través del seguro de desempleo y el 100% de lo considerado para el cálculo porcentual respectivo, todo a cuenta de la indemnización por despido que correspondiese, debiendo el trabajador ceder el crédito laboral correspondiente al Fondo.

(Para acceder a esta ley: http://archivo.presidencia.gub.uy/ sci/leyes/2012/07/cons_min_520.pdf)

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REVISTA POLITICAS Nº10