Manacés y Gómez Calleja no suscribieron este Informe Final por “carecer de objetividad y rigor” y formularon serias críticas al mismo. Comunicaron que presentarían un “informe en minoría” lo cual fue formalizado posteriormente por el Ministro de Agricultura, Presidente del Grupo Nacional. Este es el origen del Informe en Minoría que presentamos en esta oportunidad. Este informe ha sido elaborado con la metodología acordada y la documentación recabada por la Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua. La documentación figura en el anexo “Índice de documentos de la Comisión encargada de investigar y analizar los sucesos de Bagua”. Las causas del conflicto El Informe en Minoría señala que las causas mediatas del conflicto hay que buscarlas en el momento traumático que vivían –y viven aún– los pueblos indígenas del Perú, con problemas estructurales por resolver en su relación con el Estado. Principalmente, la adecuación de la Constitución, su normativa y sus instituciones a los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye los derechos indígenas. La causa inmediata de la protesta tiene su origen en la emisión de un conjunto de proyectos normativos y la posterior promulgación de decretos que afectaban significativamente los derechos territoriales indígenas, medidas que debieron ser consultadas en conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1995. La insistencia para eludir el correcto tratamiento a estos decretos es la causa inmediata de la protesta y las tensiones entre las organizaciones indígenas y los poderes del Estado. La persistente decisión de mantener inalterables los decretos para evitar poner en riesgo el TLC, riesgo posteriormente desmentido, y la renuencia del Congreso a iniciar el debate sobre estos decretos “impusieron apremios inconvenientes y, a posteriori, nefastos a las decisiones políticas”. La Constitución de 1993 y el “Perro del hortelano” La protesta de los pueblos indígenas amazónicos durante los años 2008-2009 tuvo sus orígenes en el progresivo deterioro de la seguridad jurídica de sus territorios, que tuvo un hito importante en las modificaciones introducidas en la Constitución de 1993 al régimen de propiedad especial de las comunidades nativas; especialmente la supresión de las garantías constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad de sus territorios. Posteriormente, a medida que se pretendía modernizar el régimen de propiedad, afectando los derechos colectivos de las poblaciones originarias, no hubo una pareja modernización de las
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LA VERDAD DE BAGUA. INFORME EN MINORÍA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y ANALIZAR LOS SUCESOS DE BAGUA