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COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS TRIBUNAL NACIONAL DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DE PSICOLOGÍA Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Magistrada Instructora:

FANNY MUÑOZ GONZÁLEZ

Magistrados de Sala:

PAULO DANIEL ACERO RODRÍGUEZ BLANCA LUCÍA RODRÍGUEZ BELMONTE 2016-003 Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología de Centro y Sur Oriente QQQQ Psicóloga PPPP Recurso de Apelación contra Fallo Sancionatorio de fecha 30 de octubre de 2016

Expediente No.: Procedencia: Quejoso: Investigada: Motivo de alzada:

I.

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, en uso de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en la Ley 1090 del 06 de septiembre de 2006 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 122 del Acuerdo N° 13 de 2016 versión No. 2, procede a resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el doctor JJJJ en calidad de apoderado de la Psicóloga PPPP (investigada), en contra del Fallo de Primera Instancia de fecha 30 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión, a través del cual se sanciona a la psicóloga investigada con CENSURA ESCRITA DE CARÁCTER PÚBLICO.

II.

ANTECEDENTES

1. A través de comunicación recibida por la Abogada Evaluadora de Quejas el 21 de enero de 2016, el señor QQQQ, presenta escrito de queja en contra de la Psicóloga PPPP, y aporta pruebas. (Folios 1-24)

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2. El 15 de marzo de 2016 el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión profiere Resolución de Apertura de Investigación en contra de la Psicóloga PPPP. (Folios 55-58) 3. A través de comunicación recibida el 19 de abril de 2016 por el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión, la Psicóloga PPPP presenta versión libre y espontánea, y aporta pruebas. (Folios 110-116) 4. El 13 de mayo de 2016 el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión, profiere Resolución de Cargos en contra de la Psicóloga PPPP, la cual le fue notificada a la investigada a través de comunicación fechada 23 de mayo de 2016. (Folios 118-137 y 139-140) 5. Mediante comunicación fechada 14 de junio de 2016 la Psicóloga PPPP presenta descargos aporta pruebas. (Folios 144-156) 6. El 30 de octubre de 2016 el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión declara disciplinariamente responsable a la Psicóloga PPPP y como consecuencia de ello la sanciona con CENSURA ESCRITA DE CARÁCTER PÚBLICO. 7. El Fallo Sancionatorio fue notificado personalmente al apoderado de la Psicóloga PPPP el 07 de febrero de 2017. (Folio 270) 8. Estando dentro del término legal, el 27 de febrero de 2017 el abogado JJJJ en calidad de apoderado de la Psicóloga PPPP (investigada), presentó recurso de apelación en contra del Fallo de Primera Instancia de fecha 30 de octubre de 2016. (Folios 274-284)

III.

HECHOS

Mediante comunicación recibida por la Abogada Evaluadora de Quejas el 21 de enero de 2016, el señor QQQQ presenta escrito de queja en contra de la profesional PPPP, Psicóloga adscrita al servicio de la XXXX, por suscribir dos informes de fechas 05 de junio de 2014 y 28 de julio de 2015, con afirmaciones contrarias a la realidad, que atentan contra el buen nombre y la honra del señor QQQQ.

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IV.

DEL RECURSO IMPETRADO CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Estando dentro del término legal, el 27 de febrero de 2017 el doctor JJJJ en calidad de apoderado de la Psicóloga PPPP (investigada), presentó recurso de apelación en contra del Fallo de Primera Instancia de fecha 30 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión argumentando, en resumen, que: (Folios 274-284) 

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¿Cuál ha de ser el actuar de un profesional de la psicología cuando de lo manifestado por su consultante se infiere que es víctima de maltrato psicológico, el cual se extiende a los hijos? ¿Qué credibilidad se ha de tener a lo que expresen los consultantes a los psicólogos? La investigada no actuó con dolo ni con culpa, por el contrario, buscaba evitar la concreción de un perjuicio irremediable. La intervención psicológica realizada a la señora LLLL tiene por origen una orden de la Trabajadora Social de la Comisaría --- de Familia. Con fundamento en lo manifestado por la consultante, la investigada refirió el maltrato psicológico al que ésta era sometida. No es dable pedir a los consultantes pruebas sobre lo que manifiestan en las intervenciones que se les realizan. Es deber de todos informar a las autoridades los casos que conozcan sobre maltrato a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Existían documentos que soportaban el maltrato del que era víctima la consultante. No se vulneraron los derechos del quejoso, por cuanto las certificaciones fueron emitidas con destino a la Comisaría ---- de Familia de Bogotá, D.C., en el marco de un trámite administrativo de imposición de medida correctiva por el conflicto familiar en el matrimonio BBBB – RRRR. Deben primar los derechos de los niños sobre los de los demás. No comparte la tasación de la sanción, por cuanto no es estableció con claridad por qué se impuso con CENSURA ESCRITA DE CARÁCTER PÚBLICO, y no una más benigna.

V.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PROBATORIA

Procede este Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor JJJJ en calidad de apoderado de la Psicóloga PPPP (investigada), en contra del Fallo de Primera Instancia de fecha 30 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje

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Cafetero en Descongestión, a través del cual se sanciona a la psicóloga investigada con CENSURA ESCRITA DE CARÁCTER PÚBLICO de la siguiente forma: Se parte de lo estipulado en la Ley 1090 de 2006, como el fundamento del proceso ético y deontológico centrado en establecer si el quehacer del psicólogo obedeció o no, entre otros, a los criterios de beneficencia o maleficencia, de tal manera que cada una de las actuaciones respondan por el actuar respetuoso del vivir y la dignidad humana. La profesión de psicología debe ceñirse no solo a lo señalado por la ley, sino a lo que podrían denominarse principios comunes a toda deontología profesional, entre las cuales se pueden incluir el respeto a todas las personas directa o indirectamente relacionadas con su ejercicio, la protección de los derechos humanos, un profundo sentido de responsabilidad (se debe recordar que la misma Corte Constitucional incluye a la psicología dentro de las profesiones que prestan servicios como “personalísimos”. Corte Constitucional, Sentencias C-264 de 1996 y C-538 de 1997), honestidad y prudencia, objetividad y solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Por esta razón, el abordaje ético va más allá del cumplimiento o no de una norma, hace relación a algo más importante como es la contemplación de unos presupuestos sustentados en la defensa de la dignidad humana y, por lo tanto, señalar si el conjunto de actuaciones del psicólogo ha generado un daño para aquel o aquellos involucrados en el conflicto que se ha puesto en conocimiento del Tribunal. Desde este fundamento, procede este Tribunal: Sobre el debido proceder del psicólogo ante el conocimiento del maltrato psicológico de un paciente y sus posibles consecuencias en menores de edad, es clara la Ley 1090 de 2006 en señalar en su artículo 14 que: “(…) “el profesional en psicología tiene el deber de informar a los organismos competentes que corresponda, acerca de violaciones a los derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión (…)”. En el caso concreto, quedo claro que en el fallo sancionatorio proferido por el Tribunal de primera instancia, y de acuerdo con los documentos aportados en el proceso (Reporte de actuación de fecha 28 de enero de 2014 de la Trabajadora Social del CCCC (fl 14 al 17- C1), Acta de medida correctiva de la Comisaría ---- de Familia del 3 de abril de 2014 (fl 19 al 20 C1), Respuesta de oficio N° S-2015-222-2501 de la Comisaria ---- de Familia de SSSS de carácter policivo de fecha 17 de junio de 2016 (fl 11 al 13 C1), en lo relacionado propiamente a la defensa de los derechos fundamentales de los menores KTBR y DMBR 1) que los conflictos de pareja no derivaron en ninguna forma de maltrato por parte de sus progenitores.

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Ahora bien, en lo que atañe a la credibilidad en los relatos de los pacientes es importante aclarar lo que se entiende por “credibilidad” en la relación paciente-terapeuta. Para Vattimo (1991, p.160), “lo más propio de la existencia humana, es comprender, y comprender es interpretar. En efecto, el hombre nace en un mundo, que no es más que un conjunto de interpretaciones heredadas de los padres, de su cultura, de la tradición, del pasado, y a su vez el mundo presente, no es otra cosa que una interpretación que hacemos del pasado”2. En la relación terapéutica, y desde este contexto, el psicólogo trabaja con el discurso del paciente y lo asume como cierto. Esa certeza atribuida al discurso, no quiere decir que sea verdad, es la interpretación de su historia, de cómo la percibe, de cómo la vive. El psicólogo no asume el relato de los hechos desde lo real sino desde su historia; y donde se interviene es en la historia. Se interviene la percepción que tiene el paciente de sus vivencias. En el caso que nos ocupa, no está en juego el concepto o el grado propiamente de credibilidad o verdad de lo manifestado por la paciente en las entrevistas, lo que se está evaluando es el proceder ético de la psicóloga PPPP, frente al contenido de los informes realizados, donde no da cuenta del proceso psicológico de la señora LLLL de acuerdo a las pautas y medidas correctivas a trabajar descritas en el acta de remisión de la trabajadora social TTTTT de la Comisaria ---- de Familia de SSSS, en fecha 3 de abril de 2014 (fl 19- Reverso C1). En este contexto, el contenido de los informes y propósito no se cumplen. Lo que hace la psicóloga, son unas certificaciones con apreciaciones puntuales e inferencias sin fundamentos suficientes, sobre el comportamiento posible de un tercero que no conoce, ni ha sido su paciente, en este caso, el señor QQQQ y sus hijos menores KTBR y DMBR3, desconociendo además el impacto o consecuencias del contenido de dichos informes en la vida personal, familiar y social de los mismos. Queda clara la falta constituida a la violación de los principios generales de los que habla el artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, referidos a la Responsabilidad Profesional y Competencia del psicólogo, fundamentados en el compromiso ético frente a sus pacientes o usuarios. Con relación al cuestionamiento sobre la mención que hace el Tribunal de primera instancia del informe de valoración psicológica realizada por la EPS MMMM al señor BBBB, este Tribunal de Alzada no encuentra méritos para el debate, pues este informe es el resultado de un trabajo psicológico realizado directamente al quejoso por su entidad prestadora de salud KKKK (fl. 92 al 109- 1) y no por la psicóloga PPPP, y en el caso que nos convoca, hace parte de los argumentos aportados por el quejoso frente al supuesto peligro que correría el entorno familiar por parte de sus actuaciones y cuyo diagnóstico evidencia que su comportamiento no representa un peligro para su familia ni para sí mismo. Se reitera entonces que los conceptos emitidos por la psicóloga investigada frente al comportamiento del señor QQQQ, no representan su conducta, ya que no son determinantes y suficientes para establecer y atribuir al quejoso características personales inherentes a su vida personal y familiar. Frente al planteamiento de que la actuación de la psicóloga investigada se realizó sin dolo o culpa, esta Sala Probatoria reitera a los apoderados que estamos frente a un Tribunal de Ética y que dentro del proceso ético – disciplinario que se lleva a cabo en estos Cuerpos Colegiados no se sanciona al profesional 2 3

Vattimo, G. (1991). Ética de la interpretación. España: Paidós. Se omite el nombre completo para salvaguardar el derecho constitucional a la intimidad Auto resuelve recurso de Apelación – Expediente No. 2016-003 Tribunal Centro y Sur Oriente Página 5 de 9


de la psicología con responsabilidad subjetiva sobre los supuestos de dolo o culpa, propios del derecho penal, y adicionalmente la Ley 1090 de 2006 no los contempla en un proceso ético disciplinario, el cual tiene un carácter distinto y especial. Es decir, la decisión se circunscribe a determinar la responsabilidad del psicólogo con base en la gravedad del tipo de faltas cometidas o severidad de las mismas y el impacto individual o social generado con dichas faltas, aunado ello a los atenuantes a su favor y/o agravantes en su contra. Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos en los descargos por la psicóloga PPPP, este Tribunal de alzada hace las siguientes claridades: los informes realizados por la psicóloga el 05 de junio de 2014, y el 28 de julio de 2015,(fl 8 y 9 C1) carecen de un cuidadoso análisis, no enuncian que se está emitiendo un concepto sobre un tercero que no forma parte directa de la intervención, se emiten solo a partir de las verbalizaciones en consulta de la señora LLLL, generando así la posibilidad de etiquetar, de rotular a un tercero a través de dichos conceptos psicológicos sin el suficiente análisis y entre otros, de los dobles efectos que podrían generar el contenido de estas certificaciones en la vida del tercero y más aún en el caso, dirigidos a ambientes judiciales. Al respecto este Tribunal reitera lo planteado en la Ley 1090 de 2006 en su artículo 39: “… del mismo modo se abstendrá de emitir conceptos profesionales sobre dominios respecto de los cuales no tiene conocimiento fundamentado”. Se reitera que dentro del proceso ético disciplinario no se trata de analizar la credibilidad o de corroborar la información suministrada por la paciente, pues en el caso, ésta ya se ha aclarado durante todo el proceso, teniendo en cuenta todos los elementos probatorios necesarios con respecto al posible maltrato psicológico que podría causar el señor QQQQ a la señora RRRR y a sus hijos menores KTBR y DMBR4. Quedó claro, además que el informe solicitado de acuerdo a la remisión de la trabajadora social, exigía coherencia y pertinencia frente a las pautas establecidas en el acta de medida correctiva emitida por la Comisaria ---- de Familia de SSSS en fecha 3 de abril de 2014. (Fl 19- Reverso C1), el cual, de acuerdo al análisis realizado en este proceso ético disciplinario, no fue el tipo de informe emitido por la psicóloga. Se ha conocido y valorado la actuación de la psicóloga PPPP en el ejercicio de su función, se ha indagado si su actuar respondió a los parámetros del campo aplicado al que corresponde (si hay evidencia de soporte para aseveraciones y sustento del actuar de terceros) y finalmente se valoró la conducta desde los parámetros deontológicos (sobre el cumplimiento de los deberes para con el usuario), a partir de las actuaciones de la psicóloga, dada la naturaleza y contenido de la actuación, al referirse sobre quien no ha sido su usuario. Para el caso que nos compete, tal responsabilidad en torno a la verdad de las aseveraciones, ha de ser el resultado de un rigor en lo técnico y una claridad en lo ético, desde actuaciones de honestidad, legitimidad

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y moralidad, al tener el privilegio de poseer los conocimientos y habilidades propias de una profesión como la psicología. La exigencia ética para la presentación de un informe psicológico no puede exhibirse como causa que indique atribuciones basadas solo en las verbalizaciones emitidas en las entrevistas al paciente o consultante, ya que no alcanzan a cumplir con el rigor científico para hacer apreciaciones sobre el comportamiento de un tercero como las que la psicóloga PPPP señala en sus informes sobre el señor QQQQ. Este tipo de conclusiones no se obtiene solo con las verbalizaciones sobre el comportamiento de una persona realizada por fuera del contexto; realizar este tipo de certificaciones exige un estudio y valoración con un alto grado de exigencia que la psicóloga sancionada no llevó a cabo, por ende, sus conclusiones se constituyen en meras apreciaciones con carácter de conjetura con alto contenido de subjetividad. Ahora bien, frente a la “Buena Fe”: “De acuerdo con el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1090 de 2006, “en relación a su propia conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por los valores que forman parte de la comunidad en donde viven, teniendo en cuenta el posible impacto que la conformidad o desviación de estos valores pueda tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos”. Según esta ley son faltas que quebrantan este mandato: Prestar sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados legal o moralmente en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones o las comunidades (artículo 21). Servirse de la información recibida en beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interesado (artículo 28). Las faltas éticas cometidas por la psicóloga PPPP, específicamente las referidas a la violación del deber de la prudencia al emitir informes con apreciaciones predictivas del comportamiento de una persona que no ha sido evaluada por la profesional, es una falta grave, por las consecuencias que conlleva en el caso a nivel social, familiar y personal, además de la responsabilidad ante la sociedad y los estándares morales y profesionales que conllevan el ostentar el título de psicólogo. Vale la pena recoger también para el presente caso, la inevitable reflexión sobre el proceder del profesional de la psicología cuando en su desempeño se halle ante posibles intereses personales o institucionales contrapuestos, pues bien, puede suceder que fácilmente tome partido a favor de quien lo solicitó o acude a sus servicios, desligándose, por las razones que sea (afectivas, económicas o legales) de su obligado apego a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. El sentido ético profesional nos debe llevar a no olvidar en todo momento que aunque nos debamos a quienes acuden a nuestros servicios, esa actitud de lealtad no es eximente de la consideración, respeto y atención a las personas que pueden entrar en conflicto con nuestros consultantes o usuarios, por lo cual, toda información acerca del comportamiento de los demás, debe, antes de acogerse, ser contrastada o triangulada con otras fuentes de información que permitan determinar la concurrencias de datos o la certeza de las inferencias Auto resuelve recurso de Apelación – Expediente No. 2016-003 Tribunal Centro y Sur Oriente Página 7 de 9


realizadas, más aún, como en el caso que nos ocupa, cuando estas son aparentemente influyentes en lo que se refieren al desarrollo y bienestar de menores. Desde ahí que se cuestiona la objetividad del proceso que realizó la psicóloga al emitir sus apreciaciones. Conforme lo expuesto, para esta Sala Probatoria no son de recibo los argumentos planteados por la defensa, resaltando que, revisada la sanción impuesta a la Psicóloga PPPP, se concluye que esta se encuentra ajustada a lo establecido en la Ley 1090 de 2006 (agravantes y atenuantes), motivo por el cual se confirmará. En mérito de lo expuesto, la Sala Probatoria del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología,

RESUELVE PRIMERO:

CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo de Primera Instancia de fecha 30 de octubre de 2016, proferido por Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Eje Cafetero en Descongestión, a través del cual se sanciona a la Psicóloga PPPP con CENSURA ESCRITA DE CARÁCTER PÚBLICO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO:

COMUNICAR la presente decisión a la Psicóloga PPPP identificada con cédula de ciudadanía No. ---------, y Registro Profesional No. ---------, o a su apoderado, y al señor QQQQ.

TERCERO:

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CUARTO:

ORDENAR remitir el proceso al Tribunal Departamental Deontológico de origen.

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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FANNY MUÑOZ GONZÁLEZ Magistrada Instructora

PAULO DANIEL ACERO RODRÍGUEZ Magistrado de Sala

BLANCA LUCÍA RODRÍGUEZ BELMONTE Magistrada de Sala

**** Los nombres han sido cambiados para preservar la identidad de las partes.

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