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La Propiedad del Agua

Contiene:

María Alejandra Arboleda, asistente de investigaciones, ICP mariaalejandra.arboleda@icpcolombia.org María Jose Ramírez, directora de investigaciones, ICP mariajose.ramirez@icpcolombia.org

Resumen ejecutivo Introducción Situación del agua y sus alternativas La privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile Conclusión

Resumen ejecutivo El acceso al agua se entiende como un derecho pero también como una obligación. En la medida que la propiedad del agua corresponda al Estado, este debe asegurar el máximo de eficiencia y cobertura. Por lo tanto, buscar garantizar un derecho por encima de las capacidades reales del Estado, al tiempo que se le quitan herramientas de desarrollo fundamentales como la privatización – una de las pretensiones del referendo−, implica generar tensiones tan grandes que podrían terminan con el colapso del Estado mismo. Esto no sólo nos muestra la magnitud que iniciativas aparentemente inocuas pueden tener para un Estado, sino también nos invitan a reflexionar sobre las características que deben tener. La cuestión no radica en impedir las iniciativas ciudadanas, ellas se configuran como un elemento vital en el ordenamiento social. Lo que debería existir en cambio, es un mínimo de información que permita a los ciudadanos tomar decisiones comprendiendo las consecuencias de las mismas. En últimas, el proceso sobre el cual se basa un referendo, aparte de aspectos procedimentales, debería también exigir a aquellos que impulsan la iniciativa informar al ciudadano sobre las consecuencias que tiene su firma. Tal vez de esa manera comencemos a actuar con un poco más de sensatez. El referendo sobre el agua nos muestra que la discusión está lejos de acabarse en la medida que ni el Estado, ni el sector privado, han logrado comunicar estos logros a la sociedad. Si bien, tanto las privatizaciones de empresas de servicios públicos, como las de aseo y energía, ha traído buenos resultados. Aún se duda sobre la capacidad del sector privado para proveer servicios públicos manteniendo óptimos niveles de cobertura, calidad y precios.

“Es indiscutible para mí que el convencimiento de respetar la propiedad individual y los determinantes de los precios en un mercado competitivo fueron la única forma en que el hombre pudo ser capaz de explotar intensamente los recursos naturales descubiertos y aumentarlos” Friedrich A. Von Hayek


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La recolección de firmas para el referendo del agua ha estado acompañada de una movilización ciudadana y de una campaña nacional que se ha denominado “El agua un bien público”. Un grupo de organizaciones ambientales y sociales agrupadas en el Comité nacional en defensa del agua y la vida promueve la campaña del agua con el fin de recolectar firmas para lograr la convocatoria al referendo del agua. Esta movilización tiene como objetivo consagrar en la Constitución Política los siguientes puntos:

1) En el Título I el referido a los principios fundamentales, se añadiría un artículo nuevo en el cual se estipule que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, garantizando a todos los ciudadanos un mínimo vital de agua gratuito. Por tanto, el Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones al ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua sería entonces considerado como un bien común y público. Además en el Título II. Capítulo II, se incluiría un artículo nuevo respecto al acceso al agua potable, considerándolo como un derecho humano fundamental que el Estado debe suministrar a todas las personas, sin discriminación alguna y con equidad de género. 2) El referendo también contemplaría incluir en el Título XII referido al Régimen Económico y de la Hacienda Pública, un parágrafo nuevo para el artículo 365 refiriéndose a la no privatización de los servicios de acueducto y alcantarillado. De ésta forma, el servicio sería prestado necesariamente por los operadores públicos y comunitarios, lo cual implica que el servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas, considerando además que las entidades estatales o comunitarias que se organicen para dicha presentación, no tendrán ánimo de lucro y garantizarán la participación ciudadana, el control social y la transparencia en el manejo de los recursos. 3) El referendo exige al Estado y a los ciudadanos conservar los recursos hídricos, incluyendo en el Título II. Capítulo III referente a los derechos colectivos y del ambiente, un parágrafo nuevo para el artículo 80 de la Constitución, en el cual se estipule que los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y serán destinados prioritariamente a 2|Página


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garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los habita procurando modelos de uso sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los seres vivos. Los artículos que se pretenden incluir en a la Constitución, amplían de manera significativa el papel del Estado en la asignación del recurso y además, lo considera como un bien público, de tal forma que el agua sería considerada como bien público o común. Para ello se añadiría al Título II. Capítulo III. De los derechos colectivos y del ambiente un nuevo parágrafo para el artículo 63 en donde se estipula que todas las aguas, en todas sus formas y estados, son bienes de la nación de uso público. Las aguas que discurren o se encuentran en territorios indígenas o en territorios colectivos de las comunidades negras, son parte integrante de los mismos, para ello se garantizará el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos. En resumen, los aspectos más importantes de esta propuesta son: 1) Evitar la privatización del agua. 2) Hacer del agua un bien público o común. En ambos casos la propuesta se muestra contradictoria y vacía, pues ni en la actualidad ni con el proyecto de Ley de Agua, Proyecto de ley 350/051, que permite que empresas privadas puedan obtener concesiones de agua, se ha privatizado el agua. Este es de por sí un bien público,2 propiedad es del Estado. Lo que se busca por medio de las concesiones, es autorizar a privados a procesar y distribuir dicho bien y no traspasar derechos de propiedad sobre el mismo. Es decir, lo que se privatiza no es el agua, es el derecho a procesarla, hacerla potable y transportarla. Hacer del agua un bien público y común es también una contradicción pues ni en la Constitución ni en el Código Civil existe la figura de “bien común”, lo que generaría un vacío legal, que ante la falta de definiciones legales, puede terminar equiparando el término común con público, llevando

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 Para ampliar la información del proyecto de ley ver: Observatorio Legislativo. Boletín Número 43.  Ley  del Agua. Abril de 2006.  Ver en Línea: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_43.pdf   2   En  el  artículo  407  del  Código  Civil  se  considera  que  son  de  dominio  público  los  ríos  y  sus  cauces  naturales,  las  aguas  continuas  o  discontinuas  de  manantiales  y  arroyos  que  corran  por  sus  cauces  naturales, las aguas que nazcan continua o discontinuamente en terrenos del mismo dominio público, los  lagos  y  lagunas  formados  por  la  naturaleza  en  terrenos  públicos  y  sus  álveos,  las  aguas  pluviales  que  discurren por barrancos o ramblas cuyo cause sea de dominio público, las aguas subterráneas que existan  en  terrenos públicos,  las  aguas  halladas  en  la  zona  de  trabajos  de  obras  públicas,  las  aguas que nazcan 


La Propiedad del Agua a que la propiedad del bien siga en manos del Estado y, como tal, que éste mantenga la potestad para administrarle. En este sentido, cabría también la posibilidad de implantar una nueva categoría en el sistema legal, la cual abriría una discusión sobre su significado y alcances. El problema radica en que más que una definición legal, “bien común” se refiere a una situación socio-política, en la que se asume que dicho bien pertenece a toda la sociedad y como tal, la propiedad y manejo de este no corresponde a ninguna de sus partes en particular, por lo que, ni el Estado ni ninguno de los componentes sociales pueden asumir el derecho de administrar el bien. Las implicaciones de incorporar el término “bien común” en la Constitución, no sólo son peligrosas sino irresponsables. Por un lado puede desdibujar la labor del Estado como propietario de los bienes públicos, y por otro acaba con toda la jurisprudencia y pone en peligro el papel del mismo como garante del ordenamiento social, lo que en última instancia acabaría con el objetivo mismo del referendo. Un bien no puede ser público y común. Ambas categorías son excluyentes, o se es público y la propiedad es del Estado o se es común y la propiedad es de la sociedad. Si lo que se pretende con este referendo es evitar la privatización, lo que se debería discutir es la prestación del servicio, no la naturaleza del mismo. Por otro lado, si lo que se quiere, es garantizar un mínimo gratuito para todos los ciudadanos, incorporar la categoría “bien común” a la discusión cumpliría con su objetivo, pero no porque el Estado se encargue de este bien y los costos que este genera, sino porque generaría dudas sobre la propiedad del agua, lo que a su vez hará imposible la prestación del servicio, impidiendo que se cobre por él. Más que el referendo como tal, lo que se debe resaltar es la discusión que éste implica, refiriéndose directamente a la conveniencia de privatizar la prestación del servicio.

Situación del agua y sus alternativas La velocidad anual de consumo del agua parece ser la cifra más alarmante y la que pone sobre el tapete el gran debate sobre el manejo de éste recurso. Además de las alarmas encendidas que existen sobre el consumo, el acceso a la misma parece ser

continua  o  discontinuamente  en  predios  particulares,  los  sobrantes  de  las  fuentes,  cloacas  y  establecimientos públicos.   4|Página


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también una preocupación muy relevante y con gran cabida en el debate. Según datos del Banco Mundial, se llegará al final de los próximos 20 años con más de 3 mil millones de seres humanos sin acceso al agua potable. Tal perspectiva más allá de lo alarmante que puede ser, genera una inminente perspectiva de conflicto global por el control de las fuentes de abastecimiento. Controlar el agua resulta entonces una prioridad, un elemento de lucha de poder que involucra tanto iniciativas estatales como de la sociedad civil organizada; quien con justa preocupación, busca alternativas y soluciones. Aparece entonces el debate sobre lo público y lo privado, una problemática que respecto al tema de agua tiene dimensiones e impactos que merecen ser tenidos en cuenta.

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural escaso y limitado, es fundamental analizar en qué medida y bajo qué modalidad los ciudadanos pueden acceder al agua potable. Al respecto, en el “Manifiesto del Agua de 1998”3,

se considera que el agua es un bien

patrimonial común de la humanidad, del cual depende la salud individual y colectiva, además de actividades como la agricultura, la industria y la vida doméstica. En este orden de ideas, para la ecologista Rosmarie Bar4 cuando se habla de agua se debe hablar de la política del agua, de la política del suelo y de la agricultura, de la política comercial y económica, y de la política del medio ambiente, social y sanitaria. Para responder a estos requerimientos, instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional consideran la privatización del servicio del agua, como una opción para garantizar la cobertura, la calidad y la protección de este recurso. Además, la Unión Europea exige que los países en desarrollo o en transición permitan la apertura de sus servicios de agua a empresas extranjeras. Fredrik Segerfeldt5, en su libro Agua a la venta: Cómo la empresa privada y el mercado pueden resolver la crisis mundial del agua, analiza la situación mundial del agua y determina, que en gran medida, los gobiernos han sido responsables de que 1.100 millones de personas en el mundo no tengan acceso a agua limpia.

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 Manifiesto realizado por un grupo de 23 personalidades de primer nivel mundial encabezado por Mario  Soares, ex mandatario de Portugal y Riccardo Petrella, euro‐diputado y presidente del Grupo de Lisboa.   4  De la Comunidad de Trabajo de las ONG Helvéticas.  


La Propiedad del Agua Al respecto, el autor considera que el problema no es la cantidad de agua disponible, sino la falta de desarrollo en los países pobres para producir y distribuir efectivamente el agua. Sostiene que la transferencia del control de la distribución en los países en vías de desarrollo del sector público al sector privado permite aumentar la cobertura y el acceso a este bien. De acuerdo con el autor, la experiencia en Camboya, Guinea, Gabón y Casablanca muestra los buenos resultados que tiene la participación privada en la distribución y venta de este recurso, en la medida que no sólo se ampliaron las coberturas sino que los precios no aumentaron.

Para empezar, debemos decir que las iniciativas de privatización resultan una alternativa viable y confiable para el manejo del recurso, las cuales, sumadas a impulsos paralelos podrían ofrecer un horizonte menos oscuro. Por un lado podríamos contemplar el hecho de que reduciendo el sobre consumo del norte a un nivel razonable, permitiría desacelerar la tendencia de agotamiento de las reservas y compartir mejor con los consumidores del sur. Y por otro, se puede pensar en la ampliación de nuevas fuentes de agua para su uso planificado, evitando su depredación. Ambas alternativas requieren con inminencia alguna gestión, que además de eficiente resulte sostenible, evitando, como lo sugerimos luchas de poder y eventuales surgimientos de conflictos violentos. Por lo tanto promover la privatización resulta una alternativa. Como lo propone el Banco Mundial. “el Banco Mundial, concentra un enorme capital para créditos y donaciones aportado globalmente, y que tiene un indiscutible poder sobre los gobiernos que saben las privatizaciones garantizarán buenas relaciones con la banca y las inversiones internacionales,” No se trata sólo entonces de seguir unos parámetros establecidos por el Banco Mundial como dogmas irrefutables, sino de ver, como ya lo hemos expuesto con anterioridad y argumentos que privatizar el agua resulta la alternativa más seria de gestión. Si tratamos al agua como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para animarse a invertir, estaremos frente a una gestión eficiente que garantice sostenibilidad y rentabilidad.

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 Director del programa Timbro, think tank liberal enfocado hacia el libre mercado, con base en Estocolmo  y autor de Agua a la venta: cómo pueden las empresas y el mercado resolver la crisis mundial del agua,  publicado por  CATO Institute en 2005.   6|Página


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Una condición importante para que el capital invierta en explotaciones nuevas es que no tenga obstáculos para apropiarse también de las viejas, podemos argumentar también a favor de la privatización que no sólo se haga con empresas nuevas sino con empresas de servicio de agua en operaciones. Al final, por cierto, una vez más como lo propone el Banco Mundial “este termina siendo el tema clave y no las inversiones nuevas.” Por otro lado, la privatización conduce a llevar a nivel real el precio de venta del agua a los usuarios finales. La pregunta que surge entonces es ¿cuál es el precio real? Y la respuesta no está en cuánto cuesta extraerla y distribuirla, sino en el precio que el mercado esté dispuesto y en condiciones de pagar. Pagar sin olvidar que estamos ante un escenario de creciente escasez, de incapacidad de encontrar un sustituto y de oferta monopólica. En éste orden de ideas no resulta descabellado afirmar que en el largo plazo funcionará un mercado mundial del agua, tal y cual hay con el petróleo. Así que el precio real será, todo lo anterior, pero bajo condiciones de competencia en la demanda. Sabemos que las garantías de la demanda aseguran que aquellos con más poder adquisitivo consuman más. Lo que nos lleva a concluir que en el futuro para que una empresa o una familia de Estados Unidos, Europa o Japón puedan seguir consumiendo los volúmenes de agua que hoy mantienen, van a tener que pagar por ello.

La privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile La privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile6 es un ejemplo del papel de la propiedad privada en el desarrollo de la sociedad. El informe económico de Libertad y Desarrollo No.173

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analiza el caso chileno como una alternativa para la modernización y los problemas de

 Chile es un país privilegiado en cuento a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie en el ámbito  mundial.   7   Domper,  María  de  la  Luz.  Privatización  del  agua  y  de  las  empresas  sanitarias  en  Chile.  Serie  Informe  Económico No.173 Septiembre 2006. Ver en Línea: http://www.lyd.com/lyd/centro_doc/documents/sie‐


La Propiedad del Agua ineficiencias operacionales y de gestión, además de la mala calidad de los servicios y el déficit de recursos para el tratamiento de aguas servidas8; problemáticas que conforme al informe, son parte del pasado. El modelo de gestión del agua se basa en criterios de asignación y transacciones de mercado y promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos por medio del mercado del agua. En donde prima la dinámica de la oferta y la demanda. Por tanto, las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso conforme a criterios de mercado. El Código de Aguas9 vigente, creó dos nuevas categorías de derechos, los derechos consuntivos que se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente por ejemplo, los derechos para riego, minería, industria y uso domestico, y los derechos no consuntivos, que hacen referencia a los que se requiere para utilizar el agua sin consumirla, como proyectos hidroeléctricos. Así mismo, el Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y como “bien económico”, permitiendo la privatización del agua por medio de la concesión de derechos de uso gratuito y a perpetuo: el derecho de uso10. Este derecho se asigna a los particulares de acuerdo a las disposiciones del código. El titular que obtiene el derecho de aguas11, debe declarar dónde y cuándo usará el agua y debería pagar por la no utilización de este derecho. Al respecto, en el artículo 5 del Código de Aguas se considera que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. En el artículo 6 se complementa con “el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código, el

173‐privatizacion%20del%20agua%20y%20de%20las%20empresas%20sanitarias‐mldomper‐ septiembre2006.pdf   8   Aguas  servidas  o  aguas  negras  son  los  desechos  líquidos  provenientes del  uso  domestico,  comercial  e  industrial. Llevan disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e inorgánicas. Provienen de la   descarga  de  sumideros,  fregaderos,  inodoros,  cocinas,  lavanderías,  residuos de  origen  industrial.  Donde  existen sistemas de alcantarillado todas confluyen a un sistema colector de aguas cloacales, que debería  terminar en una planta de tratamiento.   9   El  Código  de  Aguas  fue  promulgado  por  medio  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  No.  1122.  Uno  de  los  conceptos  básicos  que  introduce  este  dispositivo  es  la  posibilidad  de  otorgar  derechos  reales  sobre  el  agua a quienes lo soliciten.    10  En la legislación chilena, este derecho es un bien jurídico definido como un derecho que recae sobre las  aguas  y  consiste  en  el  uso  y  goce  de  ellas  por  parte  del  titular,  con  los  requisitos  y  en  conformidad  al  Código de Aguas.   11  Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del  derecho de propiedad.   8|Página


La Propiedad del Agua derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la Ley”. Al conceder los derechos de uso, el rol del Estado se limita a la verificación de su uso efectivo y la redistribución del recurso se hace por medio de transacciones en el mercado, lo cual ha permitido que las grandes empresas, y el sector exportador asuman este rol. Sumado a esto, el Estado ha tenido un papel promotor del desarrollo, materializado en la Ley No. 18450 en la cual se dictaron una serie de normas para el fomento de la inversión privada en obras de drenaje y riego. A partir de esta legislación, se ha desarrollado en Chile un mercado de derechos de agua, en el que se otorga seguridad jurídica, se estimulan las inversiones en actividades que utilizan el agua y se mejora la asignación del recurso. En este marco, es fundamental analizar los efectos de la incorporación del capital privado en las empresas de agua, los cuales se presentan principalmente en los índices de cobertura. Al respecto, en el informe económico no. 17312 de Libertad y Desarrollo, se considera que los índices de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales, al 31 de diciembre de 2005 eran de un 99.8% y 95.1% respectivamente. Esto significa que 13.3 millones de ciudadanos tienen agua potable en las zonas urbanas y 12.6% millones de habitantes tienen acceso a redes de alcantarillado público. La privatización también ha impactado el tratamiento de aguas servidas13, a tal punto que pasó de un 17% en 1999 a un 73.4% en el 2004; en este sentido en el siguiente cuadro se puede observar la cobertura sector sanitario de las zonas urbanas: Cuadro 1. Cobertura sector sanitario zonas urbanas 1999 (%) 2005 (%) 99.3 99.8 Agua Potable 92.3 95.1 Alcantarillado 16.7 73.4 Tratamiento de aguas Servidas Fuente: Informe Gestión del Sector Sanitario 2005, Superintendencia de Servicios Sanitarios. Mayo 2006

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  Domper,  María  de  la  Luz.  Privatización  del  agua  y  de  las  empresas  sanitarias  en  Chile.  Serie  Informe  Económico  No.173  Septiembre  2006.  Ver  en  línea:  http://www.lyd.com/lyd/centro_doc/documents/sie‐ 173‐privatizacion%20del%20agua%20y%20de%20las%20empresas%20sanitarias‐mldomper‐ septiembre2006.pdf   13   También  se  les  conoce  como  aguas  residuales,  aguas  negras  o  aguas  cloacales.  Son  residuales  pues  habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras  por el color que normalmente tienen, y cloacales porque son transportadas por medio de cloacas.  


La Propiedad del Agua Los índices de rentabilidad también se han visto modificados. Antes de la incorporación del capital privado las empresas tenían rentabilidades negativas. ESSAT un -4.1% y EMSSA -3.2%. En el siguiente cuadro se puede observar la rentabilidad operacional de las empresas: Cuadro 2. Rentabilidad operacional 1998 (%) 3.5 10.2 4.0 11.9 4.9

2005 (%) 5.7 ESVAL 11.7 AGUAS ANDINAS 9.3 ESSAL ESSBIO ESSEL 8.7 ESSBIO+ESSEL 6.1 3.3 ESSAM 3.2 12.2 EMSSA 10.3 14.3 ESSAN 7.2 12.3 ESSCO 2.4 13.9 EMSSAT 10.6 10.9 ESSAR 3.0 13.1 ESSAR 4.1 13.3 ESMAG Fuente: Informe Gestión del Sector Sanitario 2005, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Mayo 2006 Por su parte, el nivel de pérdidas ha disminuido. En 1995 el promedio de pérdidas de las empresas privadas era de un 14.4% y el de las empresas públicas de 38%. Después de la inyección de capital privado, el nivel de pérdidas disminuyo aproximadamente a un 35%. Además los gastos de administración y ventas por número de clientes han disminuido y las inversiones han aumentado. Entre 1995 y 2005 se han invertido US$2.789 millones, de los cuales el 63% lo han invertido las empresas privadas y 37% las empresas públicas. En cuanto a las proyecciones 2006-2016 se requiere una inversión adicional de US$1.339 millones, de lo cual 43.3% estaría destinado a financiar las inversiones de tratamiento de aguas servidas, el 33.2% a inversiones en obras de agua potable y el 22.7% a obras de alcantarillado. El 100% de estos requerimientos estarían dados por el sector privado. Así mismo, la privatización del agua ha impactado las utilidades para el fisco el cual obtuvo US$2.083 millones producto de las privatizaciones de empresas sanitarias como ESVAL14, Aguas Andinas, ESSAL, ESSEL, y ESSBIO. En cuanto a los privados que se adjudicaron los contratos de concesión de las otras empresas sanitarias pagaron 849 millones de dólares. El total del fisco fue de US$2.932 millones.

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 ESVAL fue la primera empresa sanitaria de Chile en incorporar capitales privados desde 1999, a partir  de  este  momento  la  compañía  ha  invertido  más  de  US$370  millones,  de  los  cuales  US$200  millones  se  destinaron al tratamiento de aguas servidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

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La Propiedad del Agua En lo que se refiere a las tarifas, estas subieron debido a la incorporación de un nuevo servicio llamado “tratamiento de aguas servidas” más por el proceso de privatización. Este nuevo servicio consiste en la descontaminación de aguas negras procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. En virtud de este nuevo proceso, las tarifas aumentaron un promedio de 80% en las empresas privatizadas y alrededor de un 53% en las empresas que se dieron en concesión. La diferencia radica en que en las empresas concesionadas no se ha materializado completamente las obras necesarias para el tratamiento de las aguas servidas.

Conclusión El acceso al agua se entiende como un derecho pero también como una obligación. En la medida que la propiedad del agua corresponda al Estado, éste debe asegurar el máximo de eficiencia y cobertura. Por lo tanto, buscar garantizar un derecho por encima de las capacidades reales del Estado, al tiempo que se le quitan herramientas de desarrollo fundamentales como la privatización –como lo pretende el referendo sobre este tema−, implica generar tensiones tan grandes que pueden terminan en el colapso del mismo Estado. Esto no sólo nos muestra la magnitud que iniciativas aparentemente inocuas pueden tener para un Estado, sino también nos invitan a reflexionar sobre las características que deben tener. El referendo sobre el agua por ejemplo, nos muestra que la discusión está lejos de acabarse en la medida que ni el Estado ni el sector privado han logrado comunicar estos logros a la sociedad. Si bien, las privatizaciones de empresas de servicios públicos, como las de aseo y energía, ha traído buenos resultados, aún se duda sobre la capacidad del sector privado para proveer servicios públicos manteniendo óptimos niveles de cobertura, calidad y precios. En términos comparativos, la privatización de los servicios públicos, en este caso de agua y alcantarillado ha sido una experiencia positiva. En el caso Chileno la inversión aumentó, permitiendo mejorar la cobertura de los servicios, aumentar la calidad y la variedad de los servicios, lo que a su vez, contribuyó a que la calidad y los costos de los servicios sean similares a los de los países desarrollados. Concluimos así que, el debate sobre la privatización y la comercialización del recurso, es fundamental mirar la problemática de 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable tema que se relaciona relación con las fallas de las empresas estatales viciadas por corrupción y oportunismo político. Por lo tanto, asumir que por ser un derecho el agua debe ser únicamente responsabilidad del Estado, significa perpetuar los problemas de cobertura y calidad,


La Propiedad del Agua especialmente en municipios que no cuentan ni con los recursos ni con el conocimiento para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos. En un país en vía de desarrollo como el nuestro, privatizar más que una opción es una necesidad, porque cuando no existen los recursos, la experiencia y la madurez política es importante garantizar que el Estado y los bienes que provee no terminarán en manos de unos pocos. Desde esta perspectiva, el referendo por el agua no sólo se muestra como una iniciativa cortoplacista sino también incoherente con el fin que persigue. Es claro que todos los colombianos deben tener la posibilidad de acceder con calidad a este bien. Sin embargo, hacerlo a través del Estado y organizaciones comunitarias como únicos actores del proceso, muestra, en el mejor de los casos, una ingenuidad tal que los argumentos se caen por su propio peso. Los recursos del Estado y de los municipios son limitados, por tanto, obligarlos a que sean los garantes de la prestación del servicio, el cual además podría ser gratuito de acuerdo a la lectura juiciosa de la propuesta que circula en estos momentos, es en sí una propuesta irresponsable que podría terminar con las finanzas tanto del Estado como de los municipios. El caso de Bogotá puede ser ilustrativo: en el 2007, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tuvo ingresos operacionales de más de $1 billón, de los cuales sólo tuvo un excedente de $155 mil millones. Es decir, lo que cuesta mantenerla, es alrededor de $950 mil millones. ¿Qué pasaría si en virtud de lo que se busca con el Referendo, el municipio tuviera que asumir dicho costo? Siendo el distrito de Bogotá su único dueño, tendría que dejar de invertir dos veces la totalidad del valor del Plan de desarrollo económico, social ambiental y de obras públicas, 2008-2012 aprobado mediante el Acuerdo 308 de 2008, el cual suma, sólo para el 2008 $439.754 millones, es decir la mitad de la inversión que habría que asumir para cubrir el déficit que dejaría la Empresa de Acueducto durante ese año. Es factible contra argumentar diciendo que lo que se asume como “gratuito” es el mínimo vital y no el excedente, sin embargo, la manera en que está estructurada la propuesta y la ambigüedad del término “mínimo vital”, implican vacios jurídicos de tal magnitud que podrían terminar en esta cifra.

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