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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 92 | Abril - Junio 2018 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

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Junta General de Colegiados Entrevista a Eugenio Suárez, magistrado, fiscal, abogado y colegiado de Honor categoría ORO del COGSS Entrevista a Aurora León, abogada laborista

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Artículo de José María Contreras

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Artículo de Manuel Jesús Tenorio

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Artículo de José Antonio Ortiz

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Artículo de IBERMUTUAMUR


Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización. Documento publicitario. Fecha de emisión: Julio 2018

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Editorial

Nuestra Junta General de Colegiados El pasado día 21 de junio celebramos en nuestra Sede Colegial, la Junta General de Colegiados correspondiente al ejercicio 2017, donde se dio cuenta al máximo órgano colegial y soberano como es la asamblea de colegiados. En ella, se informó, entre otros, por parte de nuestro secretario de las actividades colegiales y movimientos colegiales, nuestro tesorero de la ejecución del presupuesto 2017 y las cuentas para el año 2018, quedando aprobado todo por unanimidad.

aprobación de la Junta General es un espaldarazo a los proyectos que se presentan. En esta Junta General de colegiados se aprobó por unanimidad varias propuestas de las que cabe destacar la creación de becas a los mejores expedientes para el próximo curso de iniciación a la profesión que comenzó este año, con la idea de captar a los “jóvenes talentos” para nuestra profesión y meterlos en la dinámica colegial y profesional, al igual que la edición de trabajos de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; de ambos asuntos aprobados ya se dará cuenta a los colegiados/as por parte de la Junta de Gobierno.

En esta Junta General de colegiados se aprobó por unanimidad varias propuestas de las que cabe destacar la creación de becas a los mejores expedientes para el próximo curso de iniciación a la profesión que comenzó este año.

Nuestro Presidente explicó el desenvolvimiento y las materias trabajadas por nuestro colegio a través de su Junta de Gobierno, cabiendo destacar las gestiones realizadas ante la AEAT, TGSS, INSS, Jurisdicción Social, JPT o Ayuntamiento de Sevilla; el reconocimiento a los colegiados/as que se viene haciendo habitualmente en los últimos años en el Real Alcázar de Sevilla para luego celebrar nuestra cena anual de hermandad, a la que dicho sea de paso invitamos a los lectores a pasar una estupenda velada entre compañeros/as en la próxima que celebremos.

El canal de comunicación entre colegiados/as y Junta de Gobierno es permanente, a través de los distintos emails y llamadas que se reciben, incluso en persona somos preguntados por temas y asuntos de la profesión y se nos informa o pone en aviso de materias y asuntos que van a llegar. Agradeciendo a los colegiados dicha labor y encantados de resolver dudas que tengan sobre el funcionamiento o gestiones realizadas por estos canales. Nunca está de más recordar que el sitio perfecto para ello es la junta general de colegiados, pues cuando los temas son sometidos a votación y consiguen la

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Así llegamos a julio del 2018 y finalizamos el curso 2017/2018, tras el habitual calendario fiscal que tenemos: nóminas, seguros sociales, etc. Cogeremos unos días para recargar pilas y el próximo curso vendrá cargado de proyectos e iniciativas como nuestras II Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la que esperamos repetir, e incluso superar, el éxito de la primera edición; la nueva convocatoria del Curso de Procedimiento Laboral impartido por Magistrados del Orden Social; la reedición de actividades formativas que en los más noveles han tenido mucho calado; así como en los meses de mayo/junio del próximo año culminaremos el final del curso con un proceso electoral y un nuevo presidente, ya que nuestro actual presidente, Rafael Hidalgo, que por cumplimiento de mandato y el límite establecido estatutariamente no puede presentarse. Por tanto, desde estas líneas, pedimos el apoyo y participación de los colegiados en nuestra corporación, pues será un factor fundamental; si siempre lo es, en este caso aún más. Ahora toca descansar, que el próximo curso vendrá cargado de cambios para nuestra profesión y nuestra corporación.

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Justicia S cial

Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Margarita Guerrero Ramos María Paez Pachón Gonzalo Soto Cano Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona José Antonio Ortiz Márquez

Editorial 03 Consejo General de Graduados Sociales de España 05 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 08 Colegios de Graduados Sociales 09 Cursos y Jornadas 13

Director: Rafael Hidalgo Romero.

Universidad 16

Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate

Vida Colegial 18

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Jorge Antonio Rico Vidal

Artículo 26 José María Contreras

Entrevista 34 Eugenio Suárez Palomares

Administración: Antonia Lavado Rivera María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla.com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Artículo 38 Manuel Jesús Tenorio

Entrevista 45 Aurora León

Artículo 49 José Antonio Ortiz

Número 92 Abril - Junio 2018

Movimiento Colegial 51 Artículo 52 IBERMUTUAMUR

Jurisprudencia 56 Ocio 62 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

Jornadas "Igualdad: Derecho irrenunciable en el siglo XXI" Los días 14 y 15 de junio tuvieron lugar en el edificio del Ateneo de Madrid las jornadas tituladas "Igualdad: Derecho irrenunciable en el siglo XXI" con un gran éxito de asistencia de público y donde participó una amplia representación de nuestro Colegio. A lo largo de dos días se tuvo ocasión de disfrutar de conferencias que hicieron reflexionar a todos los asistentes sobre temas como la implantación de los protocolos de acoso en las PYMES que estuvo a cargo de la Graduada Social y Abogada experta en Igualdad, María Ángeles García Pérez. Juzgar con perspectiva de género como metodología de impartición de justicia equitativa, fue el título de la ponencia impartida por Gloria Poyatos Matas, Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, una conferencia que expuso ejemplos de sentencias donde se manifestaba claramente una forma de hacer justicia basada en una visión de género. El día 15 comenzó la mañana con la ponencia de Rosa María Viroles Piñol, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo que habló sobre el principio de igualdad y no discriminación - la brecha salarial, una conferencia distendida que posteriormente abrió un interesante debate entre el público. Otra de las ponencias que despertó curiosidad fue la titulada "La igualdad de oportunidades en la agenda política" impartida por la Graduada Social y Consellera de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca, Carmen Palomino Sánchez, que expuso de primera mano los inconvenientes que una actividad política puede tener para la conciliación de una vida familiar, cuestiones todas ellas, que han marcado hasta el momento una tendencia más masculina que femenina en la política. "40 años por la igualdad" fue el título elegido por Carmen Quintanilla Barba, Graduada Social, Diputada y Presidenta de la Comisión Mixta para el estudio

del problema de las Drogas del Congreso de los Diputados. Estas Jornadas finalizaron con la mesa de debate "Graduadas Sociales en el siglo XXI", donde participaron las Presidentas de A Coruña y Ourense, Susana Soneira Lema, la de Araba, Susana Jodra Ayala, la de Valencia, Carmen Pleite Broseta y la Presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez Hernández, todas ellas moderadas por Maria Isabel González Benítez, coordinadora de las Jornadas y Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Huelva. El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín en sus palabras de clausura del acto indicó que desde el Consejo General de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social se quiere apoyar esta iniciativa que sin lugar a duda, continuará cada año, pues resaltó la importancia del papel que desarrollan las mujeres en la sociedad, en los hogares, y en el funcionamiento de la economía y por ello, "desde aquí aplaudimos todas las acciones que se desarrollen a nivel educativo y legislativo para que esa igualdad sea cada día más evidente y realista, pues habremos ganado todos y todas". La presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva y coordinadora del acto, Isabel González Benítez, quiso agradecer a cada una de las presidentas de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Alicante, Almería, Araba, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Illes Balears, Lanzarote, Madrid, Palencia, Tarragona y Valencia por su colaboración e implicación en estos meses de preparación de estas Jornadas.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

Presentación del memento de la profesión de graduado social El pasado 14 de junio, en la sede del Ateneo de Madrid, tuvo lugar el acto de presentación del memento de la Profesión de Graduado Social con la presencia de los autores. Los directores de la obra Jesús Gullón, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Javier San Martín, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España en sus respectivas intervenciones agradecieron la participación, seriedad y calidad de los trabajos realizados por la totalidad de los autores para la elaboración de un libro que posiciona a la profesión de Graduado Social. Ángel Blasco Pellicer y Sebastián Móralo Gallego, Magistrados de la sala de lo Social del Tribunal Supremo, Juan José Fernández Domínguez y Jesús Mercader Uguina, Catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de las Universidades de

León y Carlos III de Madrid respectivamente y Rafael Alcázar Crevillen, Abogado del Estado excedente y Letrado-Asesor del Consejo General de Graduados Sociales, todos ellos han realizado un magnífico trabajo cumpliendo con los plazos estipulados y aportando su experiencia en un proyecto que desde el comienzo del mismo ilusionó al Consejo General. La mesa presidencial estuvo formada por los anteriormente mencionados directores que estuvieron acompañados por Juan Pujol, Consejero Delegado de la editorial Lefebvre-El Derecho y por Gregorio García Torres, Director de la Unidad de Negocio de Justicia del Banco Santander, piezas claves para la consecución de este libro. Esta presentación coincidió con la puesta en venta del Memento a través de los canales tradicionales de distribución de Francis Lefebvre, entre los que se encuentran librerías especializadas e internet.

Jornada sobre protección de datos En la sede del Consejo General de Graduados Sociales de España se desarrolló el pasado 21 de mayo una conferencia sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, aplicable para corporaciones de derecho público, entre otras entidades y organismos que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018. José Luis Piñar fue el encargado de impartir la conferencia. Piñar es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos y actualmente titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación es, por tanto, uno de los mayores expertos en dicha materia. Este excelente profesional será el responsable de la adaptación del Consejo General al nuevo Reglamento Europeo, realizando las labores necesarias para que esta normativa se cumpla en nuestra Corporación. Esta conferencia estuvo dirigida a los presidentes, miembros de Juntas de Gobierno y personal de los Colegios Provinciales para aclarar las dudas que esta nueva normativa genera entre los responsables de las corporaciones colegiales. Por parte del Colegio de Sevilla estuvieron presentes Rafael Hidalgo y Nieves Cabezas, presidente y gerente respectivamente.

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Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales participó en el Foro de Justicia Andaluza

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández, fue invitado a participar en el Foro de Justicia Andaluza “Coloquio Fiscal Portero”, en homenaje al jurista asesinado por ETA. Acompañaron a José Blas Fernández, para aportar la opinión de los graduados sociales sobre la situación de la Justicia en Andalucía, Juan Carlos Cabrera, vicepresidente segundo del Colegio de Cádiz y Ceuta, junto a una nutrida representación de estamentos y operadores jurídicos: Antonio Dorado, secretario general del Ministerio de Justicia; Ángeles Carmona, letrada de la Administración de Justicia y presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género del CGPJ; José María Páez, magistrado, juez decano de Málaga; Juan Carlos López Caballero, fiscal de Málaga; Francisco José Domínguez, juez de Almería; Isabel Escartín, presidenta del Consejo de Colegios de Procuradores de Andalucía; Luis Romero, doctor en Derecho y abogado; María Teresa Nieto Leiva, letrada de la Administración Justicia; Antonio Repullo, abogado; Julia Bautista, abogada de Familia y José Cristian Callejón Villalobos, abogado. El presidente intervino en uno de los puntos del orden del día para hablar de las necesidades de la Jurisdicción Social en Andalucía, en representación de los Graduados Sociales de Andalucía. Los participantes en este foro debatieron sobre la Justicia desde el prisma de las competencias de la Junta de Andalucía y de los trabajos desarrollados en el Parlamento de Andalucía: inclusión

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de asuntos y mejora retributiva del turno de oficio, actividad legislativa de la consejería, etc. Del mismo modo, se abordó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la situación y retos del Poder Judicial en la España del siglo XXI. Los organizadores de este foro se comprometieron a realizar las actuaciones parlamentarias necesarias para corregir las demandas de los participantes.

Los participantes en este foro debatieron sobre la Justicia desde el prisma de las competencias de la Junta de Andalucía y de los trabajos desarrollados en el Parlamento de Andalucía: inclusión de asuntos y mejora retributiva del turno de oficio, actividad legislativa de la consejería, etc. Graduados Sociales n.º 92 • 2018


Colegios de Graduados Sociales

Graduados Sociales de Cádiz debaten en Los Barrios sobre sus responsabilidades ante las notificaciones telemáticas El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reunió a más de 50 profesionales, operadores jurídicos y responsables públicos con motivo de la jornada celebrada el pasado 12 de junio en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Los Barrios. Bajo el título “Responsabilidades del graduado social ante las notificaciones telemáticas y el cómputo de la jornada de trabajo”, el encuentro profesional contó con la participación de dos ponentes de reconocido prestigio: Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo, y David Fernández López, inspector de Trabajo y Seguridad Social.

responsabilidades que la Administración vuelca en nosotros mientras se vacía de personal y de los mecanismos legales que tenían. Ahora, como profesionales estamos adquiriendo falsas competencias y necesitamos aclarar con estos expertos las inquietudes que en los despachos estamos todos teniendo como consecuencia de los sistemas de gestión telemática como Lexnet, RED, Agencia Tributaria, etc.”.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández, señaló en la inauguración del encuentro que “el objeto primordial de estas actividades de nuestro colegio es formar a nuestros operadores jurídicos y mantenernos actualizados frente a las inquietudes que afectan a nuestros despachos”. Una de las inquietudes de este colectivo profesional y jurídico viene como consecuencia “de las

El Colegio de Graduados Sociales de Granada celebró una intensa jornada de trabajo en facultad de Ciencias del Trabajo El pasado 9 de mayo, en la sala de reuniones del vicerrectorado de la Facultad de Ciencias del Trabajo, se procedió por parte de J. Esteban Sánchez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Granada; Juan Lara, vicedecano de Estudiantes y relaciones con Empresas de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Carlos Simón Díaz, Director Provincial de Ibermutuamur, a la firma de la adenda al convenio de cooperación educativa, vigente entre la Universidad de Granada e Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274, por la que se incorpora al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, según convenio de colaboración suscrito el 20 de octubre de 2017 al amparo del acuerdo nacional de fecha 8 de Junio de 2017, para la realización de prácticas académicas curriculares de los estudiantes de la titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, fruto del intenso trabajo que se lleva desarrollando por los intervinientes.

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Posteriormente se llevaron a cabo unas sesiones informativas a los alumnos de la Facultad, acerca del Colegio, sus actividades, formación, servicios, etc., unas sesiones que están teniendo una gran aceptación por parte de los alumnos, que encuentran en la figura del precolegiado, una forma de acercase a la profesión y sus múltiples ocupaciones.

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Colegios de Graduados Sociales

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Colegios de Graduados Sociales

Acto de Jura de nuevos colegiados y Entrega de medallas del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva La Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Huelva acogió el pasado 25 de mayo, el Acto de Jura o Promesa de acatamiento a la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de los deberes de la profesión de Graduado Social, de los nuevos Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva.

El vicepresidente del Colegio, Juan Antonio Montes estuvo presente en ambos actos en representación de nuestra Corporación.

Asimismo, tuvo lugar la Imposición de Medallas a la Adscripción Colegial y al Mérito Profesional de Bronce, Plata y Oro de nuestro Colegio, a los colegiados que han cumplido 15, 25 y 35 años respectivamente de colegiación, según lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Recompensas del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva, aprobado por la Junta de Gobierno celebrada en febrero de 2003 y ratificado en Asamblea General en marzo del mismo año.

Jornada Laboralista en Jaén La Fundación Justicia Social y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén organizaron la II Edición de las Jornadas Laboralistas donde se ha podido escuchar interesantes conferencias impartidas por prestigiosos profesionales de diferentes campos de actuación en la jurisdicción social. Un congreso donde se analizaron todas las perspectivas del acoso laboral y cuyo público estaba compuesto por graduados sociales, procuradores y abogados que aprovecharon para actualizar sus conocimientos en un tema de plena actualidad. El cartel de ponentes estuvo compuesto por dos magistrados de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo, tres de los cuatro magistrados de los Juzgados de lo Social de Jaén y uno de los mayores especialistas nacionales en salud laboral que abordaron varios aspectos de esta materia de manera brillante.

Colegial del Consejo General de Graduados Sociales y las Medallas y Distinciones del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén y Diplomas a los jurantes. El alcalde del Ayuntamiento, Javier Márquez Sánchez estuvo en acto de inauguración de las jornadas y el presidentede la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez en la clausura. El presidente del Consejo General de Graduados Sociales se desplazó hasta la ciudad jienense para acompañar a Francisco A. Rodriguez Novez, presidente del citado Colegio y a todos los Graduados Sociales de dicha ciudad en esta cita tan importante para los laboralistas.

Así mismo y coincidiendo con la celebración de esta jornada se realizó el acto de jura o promesa en la sede de la Audiencia Provincial de los nuevos colegiados. Además de estos actos el Colegio de Graduados Sociales de Jaén también celebró su 35 Aniversario 1983/2018 con la organización de una cena de Gala donde se entregaron las Medallas de Oro y Plata al Mérito

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Colegios de Graduados Sociales

El COGS de Málaga y Melilla celebró sus III Jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos Unos 315 profesionales del Derecho del Trabajo la Seguridad Social y los Recursos Humanos participaron en las III Jornadas sobre este tema que organiza el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Celebrada en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y abierta a alumnos y a todas las carreras jurídicas y docentes del campo laboral se repasó la normativa y jurisprudencia más actual de la mano de prestigiosos juristas del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, entre otros. Las Jornadas fueron inauguradas por el presidente del colegio de Málaga, Juan Fernández; la decana de la facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Ana Rosa del Águila; y el responsable de la cátedra de empleo de la UMA y director de las jornadas, Juan Carlos Álvarez. El encuentro contó con ponentes de gran nivel que ofrecieron a los asistentes conferencias como la inaugural sobre Jurisprudencia reciente de la Sala IV del TS a cargo del Magistrado Sala IV del TS, Antonio Vicente

Sempere;, la de la Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Yolanda Galán Cano explicando dudas sobre enfermedad y discapacidad; El jefe de la Unidad de Inspección de la Agencia Tributaria Andaluza, Diego Domínguez Porras sobre el impuesto de sucesiones; otra sobre los aspectos laborales del Compliance de la mano del Magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Además, el jefe de la Oficina de Extranjería en Málaga, Manuel Llano Espinosa, traía toda la actualidad del Régimen Jurídico de los Trabajadores Extranjeros Comunitarios y Extracomunitarios; la Consultora de Recursos Humanos, Gloria de la Torre Muñoz con su ponencia sobre la inteligencia emocional en los Recursos Humanos; y la del jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social, Alfonso Conejo Heredia, que clausuraba las jornadas con el ProcedimientoAdministrativo Sancionador ante esta administración.

Javier San Martín recibe en Málaga la Medalla al Mérito Profesional El pasado 8 de junio, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Javier San Martín asistió en Málaga a un acto colegial en sede judicial que tenía por finalidad la Jura o Promesa de los nuevos colegiados, los reconocimientos a los Graduados Sociales que llevan 35, 25 y 15 años en el ejercicio de la profesión, así como la imposición de la Medalla al Mérito Profesional a su persona. Rafael Hidalgo y Juan Antonio Montes, presidente y vicepresidente, estuvieron presentes en estos actos.

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Cursos y Jornadas

El COGSS y MC Mutual celebran una jornada sobre la compatibilidad de las pensiones con el trabajo y contrato de familiares a partir de las últimas reformas con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, incidiendo en el análisis práctico de estas modalidades. A lo largo de la jornada, también se analizó la problemática de la contratación laboral de familiares tras la regulación contenida en la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reforma urgente del trabajo autónomo, y sus consecuencias en materia de cotización y prestaciones de la Seguridad Social. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y MC Mutual celebraron el 5 de abril una Jornada en la que se analizó, por parte de Antonio Benavides Vico, la normativa más reciente en la compatibilidad entre las prestaciones de la Seguridad Social y el trabajo, haciendo especial referencia a la pensión de incapacidad permanente y jubilación. En la sesión se revisaron las distintas modalidades que permiten compatibilizar total o parcialmente la pensión

Las jornadas, que pudieron disfrutar más de 140 colegiados y mutualistas tanto en la modalidad presencial como en streaming, contó en la inauguración con Vanesa García, vocal de Formación, Relaciones con las Universidades y Título de Grado en RRHH y RRLL del Colegio; Joaquín Viondi, director territorial de MC MUTUAL en Andalucía y Margarita Campos, directora de MC MUTUAL en Sevilla.

CESMA y el Colegio celebraron una jornada sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos vincial de la Mutua de Andalucía y de Ceuta-CESMA, Francisco Rincón, contó con las brillantes ponencias de César Rodriguez Escribano y Borja Pereletegui Uriarte que acercó a todos los asistentes todas las claves de este nuevo reglamento que entró en vigor el pasado 25 de mayo.

Con el objetivo de acercar a los Graduados Sociales, colaboradores y empresas asociadas mutualistas las novedades que repercuten significativamente en su actividad laboral, CESMA y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla organizaron una jornada sobre el nuevo reglamento de protección de datos. El acto, que fue inaugurado por el presidente del Colegio, Rafael Hidalgo y clausurado por el Director Pro-

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Esta nueva regulación supone un cambio total con respecto a la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal-LOPD. Este nuevo Reglamento Europeo (RGPD) implica que todas las empresas y profesionales que traten datos personales deberán acometer profundos cambios para cumplir con la nueva normativa. Con esta jornada, se cumplió el objetivo de ofrecer a los asistentes información acerca de la nueva normativa (RGPD), así como exponer las medidas necesarias que deben ser observadas para su correcto cumplimiento.

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Cursos y Jornadas

Termina la duodécima edición del Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas

El pasado 25 de abril se clausuró la duodécima edición del Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas impartido por Federico Martínez-James en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

Esta convocatoria ha contado con más de 50 alumnos y alumnas inscritos, que a lo largo de trece sesiones, durante los meses de febrero, marzo y abril, han podido tratar, entre otros temas: el recibo de salarios; la importancia del Convenio Colectivo; el pago del salario, la firma del documento y sus efectos; el cálculo de Bases de Cotización y su cálculo para contingencias comunes y para contingencias profesionales; devengos excluidos y sujetos a cotización; el límite del SMI; el cálculo del IRPF según condiciones económicas y personales; las obligaciones del trabajador y del empresario, el salario en especie, los descuentos por anticipos o el embargo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y su aplicación práctica.

El COGSS y umivale celebraron una jornada sobre riesgos psicosociales: gestión eficaz del conflicto laboral El encuentro ha contado con la intervención de Rafael Ruiz Calatrava, director de Programas y Planes Corporativos de umivale, y Fermín Yébenes Saelices, Responsable de la Unidad Mobbing de la Inspección de Trabajo de Sevilla.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y la mutua umivale han organizado, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una jornada para analizar qué es y cómo actuar ante un caso de acoso laboral. El encuentro, que ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio de Graduados Sociales, ha sido inaugurado por el presidente de este Colegio, Rafael Hidalgo; la vocal de Formación, Ana Ruiz y el Director Territorial de Sevilla de umivale, Israel Orenes.

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Ruiz Calatrava ha centrado su intervención en explicar qué es el acoso laboral, definir las características tanto del acosador como del acosado y cuáles han de ser los planes de acción dentro de una empresa para combatirlo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Calatrava ha hecho especial énfasis en el ciberacoso dentro de los tipos de acoso y sus fases, su inclusión como riesgo psicosocial y la legislación existente. Por su parte Yébenes ha analizado diferentes casos prácticos de acoso laboral en las empresas y los mecanismos de denuncia y actuación existentes desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Cursos y Jornadas

El COGSS y Fraternidad-Muprespa celebran una jornada sobre incapacidad temporal y despido por absentismo Con motivo del acuerdo de colaboración suscrito en materia de formación con FRATERNIDAD-MUPRESPA, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y la citada mutua celebraron en el salón de actos de la sede colegial una jornada gratuita, para nuestros colegiados y colaboradores de dicha mutua, sobre Incapacidad Temporal y Despido por Absentismo. Los asistentes al acto, que fue inaugurado por nuestra vocal de Formación y Relaciones con las Universidades, Vanesa García, pudieron disfrutar de las ponencias de Fernando Mena Babiano, Director adjunto del Centro de Coordinación Asistencial y Control de IT de Fraternidad-Muprespa, titulada "El absentismo: control y gestión desde una perspectiva digital" y la ponencia de Juan Casal Cansino, Abogado-Consejero de Cuatrecasas, Profesor Asociado de la Universidad

Pablo de Olavide y Jefe de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla hasta septiembre de 2017, que versó sobre el despido por absentismo. El encuentro fue clausurado por la directora provincial de Sevilla de Fraternidad-Muprespa, Lola Jariego.

El COGSS, ASNALA y Wolters Kluwer ofrecen una jornada sobre el nuevo RGPD presentación e introducción de Ana Ruiz, vocal de Formación y Relaciones con las Universidades del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla; Ana Gómez, presidenta de ASNALA; y Federico Martínez Martín, director de zona sur de Wolters Kluwer.

El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, ASNALA y Wolters Kluwer ofrecieron una jornada formativa en el salón de actos de este colegio en la que se analizó el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). La jornada comenzó con la

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Seguidamente, Eva Blázquez Agudo, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III, fue la encargada de repasar la nueva normativa revisando su impacto en las empresas y organizaciones, y las posibles consecuencias en cuanto a sanciones y reputación que puede acarrear su no cumplimiento.

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Universidad

El Colegio participa en una jornada sobre Salidas Profesionales organizadas con la Facultad de Ciencias del Trabajo El pasado 15 de mayo celebramos con la Facultad de Ciencias del Trabajo, como es habitual los últimos años, una Jornada sobre Salidas Profesionales para su alumnado, cuyo objetivo era el de acercar las diferentes alternativas profesionales con las que cuentan una vez que concluyan su etapa universitaria y accedan al mercado laboral. Con un auditorio repleto de estudiantes, este encuentro, que organiza la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla con nuestro Colegio, dentro de la fluida línea de colaboración entre ambas instituciones, contó con diversos perfiles que acercaron a los asistentes todas las claves referentes a sus áreas de actuación, para facilitar así la elección de los egresados. De este modo, los asistentes conocieron los diferentes caminos que puede tomar un Graduado Social como son, entre otros: el ejercicio libre, el trabajo por cuenta ajena tanto en la empresa pública como en la privada, el área jurídica de los sindicatos, la docencia o la Inspección de Trabajo. Concretamente, participaron José Castro, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla; Miguel Rodríguez Piñero, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Lidia Lacruz, graduada social en la Fundación Socio- Laboral de UGT; Auxiliadora Sanz

Amores, graduada social del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe; Juan José Colomé, graduado social en la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora y Juan Antonio Montes, graduado social en ejercicio y vicepresidente de este Colegio. El acto estuvo presidido por el decano de la Facultad, Alejandro Díaz, la profesora y colegiada de honor de nuestra corporación, Milagro Martín y nuestro presidente, Rafael Hidalgo.

Toma de posesión de Alfonso Castro como decano de la Facultad de Derecho del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, representado por su vocal de Formación y Relaciones con las Universidades, Vanesa García.

El pasado 8 de junio, el catedrático de Derecho romano Alfonso Castro Sáenz tomó posesión como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en lo que será su segundo mandato al frente del centro. El acto celebrado en el Paraninfo contó con la presencia

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El decano de la Facultad de Derecho, Doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Geografía e Historia, es Doctor Honoris Causa en 2014 por la Universidad de Huánuco (Perú). Es investigador asociado de FONDECYT (Chile) y miembro del Colegio de Docentes del Doctorado DIES en Nápoles (Italia). Asimismo, pertenece a la Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, con sede en Bruselas. El día 28 tomaron posesión los vicedecanos y la secretaria de la Facultad y nuestro Colegio también quiso estar con ellos en este acto.

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Universidad

El Colegio acompañó a los egresados del doble grado y másteres de Ciencias del Trabajo en su acto de graduación estudios. De este modo, la vocal de Formación, Relaciones con Universidades y Título de Grado en RRLL y RRHH, Vanesa García Crespo presidió el acto junto al decano de la Facultad, Alejandro Díaz; el secretario de la Facultad de Turismo y Finanzas, José Ángel Pérez; el vicedecano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato y el profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Félix Salvador. En su intervención, Vanesa García quiso felicitar a todos los egresados y les abrió de par en par las puertas de la que será su casa durante su ejercicio profesional, invitándoles a seguir formándose para ser los mejores profesionales. El pasado 25 de mayo tuvo lugar el Acto de Graduación del Doble Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Finanzas y Contabilidad y de los másteres en Ciencias del Trabajo, Consultoría Laboral y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Como es habitual, nuestro Colegio quiso estar presente acompañando a los egresados en este día tan especial para ellos, donde ponen el broche de oro simbólico a sus

Después del acto de imposición de becas, se proyectó un vídeo con momentos personales de los alumnos y les dedicaron unas palabras a todos los asistentes los alumnos del Doble Grado Esther Benaim Moyano y Pilar Incierte Cremor en representación de todos sus compañeros. Después de unas palabras del decano a modo de clausura el acto se cerró con la interpretación del himno universitario Gaudeamus Igitur.

Visita de los alumnos de la Clínica Legal Penal de la Universidad de Sevilla El alumnado, que vino acompañado del profesor Luis Romero, abogado penalista, doctor en Derecho y socio director de Luis Romero Abogados, pudo informarse de mano de nuestro presidente, Rafael Hidalgo de todo lo referente a la profesión de Graduado Social, al Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la labor que se desarrolla en la Jurisdicción Social.

El pasado 11 de mayo recibimos la visita de los alumnos de cuarto curso de los grados de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla que participan en la Clínica Legal Penal perteneciente a la asignatura de prácticas externas.

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La visita se enmarca en las clases prácticas del curso “10 Lecciones para Abogados Altamente Efectivos” que dirige e imparte Luis Romero dentro de la citada Clínica y donde se tratan temas tales como la profesión de abogado, deontología profesional, organización y gestión del bufete, relaciones con los clientes, marketing jurídico y comunicación, cómo cobrar los honorarios, oratoria para abogados, la técnica del interrogatorio, estrategias de defensa o la mediación.

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Vida Colegial

Entrega de la Medalla de Oro del Ateneo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla El presidente de nuestro Colegio, Rafael Hidalgo, acudió en representación del mismo al acto de entrega de la Medalla de Oro del Ateneo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que tuvo lugar el pasado 2 de abril en el salón de actos de la corporación ateneista. El acto contó en la presidencia con la presencia del Presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero; el Delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera y el Secretario General del Ateneo, Ángel Moliní Estrada. Justificó la distinción Julio Cuesta Domínguez, Presidente de Honor de la Fundación Cruzcampo.

Acto académico en homenaje a la abogada laboralista Aurora León

El Centro de Estudios Andaluces, la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación, y el Instituto Europeo de Relaciones Industriales, en colaboración con la Fundación Derecho y Democracia, organizaron el pasado 5 de abril en la Facultad de Derecho de Sevilla un acto académico de homenaje a la abogada laboralista Aurora León. El encuentro reunió, junto a Aurora León, a destacadas personalidades, amigos y compañeros de profesión como la alcaldesa de Madrid y abogada laboralista, Manuela Carmena; la abogada laboralista Cristina Almeida; el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha, Antonio Baylos Grau; el aboga-

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do Santiago Fernández-Viagas; el catedrático de Derecho del Trabajo y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Gorelli Hernández; y el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, Antonio Ojeda Avilés. El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, en la figura de nuestro presidente, Rafael Hidalgo, también quiso acompañar a Aurora León en este emotivo día donde se recordaron temas como su militancia activa por las libertades y la democracia, el Movimiento Obrero, el papel de los primeros bufetes laboralistas o del poder legislativo durante la Transición democrática.

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El COGSS estuvo presente en el II Foro “Sabadell Professional Andalucía” celebrado en Málaga

Nuestro tesorero, Juan Carlos Castro y nuestra vocal de Relaciones con las Universidades, Ana Ruiz representaron a nuestro Colegio en el II Foro Sabadell Professional Andalucía celebrado en Málaga el pasado 9 de abril. Este encuentro organizado por el Banco Sabadell reunió en esta ocasión a los 150 colegios profesionales mas relevantes de la comunidad y tiene como objetivo fomentar el diálogo, recoger sugerencias y analizar las necesidades financieras de los profesionales en el contexto económico actual.

En el desarrollo del Foro, el Subdirector General de la entidad y Director Territorial Sur, Juan Krauel, y la Subdirectora General y Directora de Negocios Institucionales, Blanca Montero, acompañados de otros directivos de la entidad, subrayaron el compromiso del banco de continuar apoyando a los colegios profesionales. El Foro contó además con un ponente muy especial, Lancy Dodem, primer apadrinado de la Fundación Vicente Ferrer, que explicó su libro “Mi viaje al Norte”, donde narra sus experiencias y anécdotas de su viaje desde la India a Barcelona.

Recepción con el Alcalde en la Caseta Municipal de la Feria de Abril 2018 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla fue invitado el pasado 15 de abril a la Recepción Oficial que celebra en la Caseta Municipal el Alcalde de la ciudad, Juan Espadas, para dar la bienvenida a las diferentes autoridades e instituciones a la Feria de Abril de 2018. Por parte de nuestro Colegio acudió nuestro vocal de Relaciones con las Corporaciones Locales, José Antonio Ortiz. La Feria de Abril de Sevilla se celebró este 2018 del sábado 14 de abril al sábado 21 de abril. Como el año pasado, la Feria de Sevilla abarcó dos fines de semana. Así, la fiesta sevillana arrancó el sábado 14 de abril a las 12 de la noche con el alumbrado, cuando se encendieron miles de bombillas que iluminaron la portada y las calles del recinto, y finalizó justo una semana más tarde, el sábado 21 de abril a las 24:00 horas con el lanzamiento de los fuegos artificiales. La portada de este año ha rendido homenaje al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla por el 150 aniversario de su fundación.

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La Delegación del Gobierno en Andalucía acogió la Entrega de Condecoraciones de San Raimundo de Peñafort por los entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil Toresano. A su vez acudieron muchos representantes del estamento judicial, autoridades y corporaciones como nuestro Colegio Oficial, que fue representando por el presidente, Rafael Hidalgo y el vicepesidente, José Ramón Barrera. En esta ocasión, los condecorados que recibieron su distinción de manos del entonces ministro de Justicia fueron Enrique Henares Ortega, Francisco José Ciudad Martín y Leonor Bernárdez Jiménez, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía. El pasado 3 de mayo el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, entregó en la sede en Sevilla de la Delegación del Gobierno en Andalucía tres condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort durante un acto en el que estuvo acompañado

Las Cruces se otorgan para premiar los servicios prestados y la contribución al desarrollo y perfeccionamiento del Derecho y la Jurisprudencia. Las Medallas premian los años de servicio prestados en las profesiones jurídicas y administrativas dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia.

Bienvenida a los nuevos colegiados

Con motivo de la incorporación de los nuevos colegiados a nuestra Corporación, el pasado 4 de mayo, se celebró su acto de bienvenida en la Sede Colegial. Durante el encuentro fueron informados de los actuales servicios del Colegio, hablaron de temas referentes a la profesión y les resolvieron las distintas dudas que plantearon. En esta ocasión, estuvieron presentes el presidente, Rafael Hidalgo; el vicepresidente Juan Antonio Mon-

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tes; el tesorero, Juan Carlos Castro; el secretario, Juan José Guijarro y el vocal ,José Antonio Ortiz. Los nuevos compañeros que acudieron al encuentro fueron Vicente Amador Vizuete, Juan José Blanco Arcauce, Álvaro Calatayud Vega, Francisco Delgado Domínguez, Pedro Feria Fernández, Lucía Fernández Gómez, David Moro Sánchez, Alejandro Navarro García, Beatriz Ramírez García y Begoña Recio Guzmán.

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El Colegio fue invitado al Concierto del Día de Sevilla organizado por el Ateneo y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla fue invitado el pasado 28 de mayo al tradicional Concierto del Día de Sevilla, organizado por el Excmo. Ateneo de Sevilla y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en colaboración con el Teatro Lope de Vega, lugar donde se celebró. Desde su creación la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha llevado lo mejor de la música clásica a las solemnidades importantes de Sevilla: Día de Sevilla, vísperas del Corpus y Virgen de los Reyes, etc. Ese espíritu es el que marcó el contenido del programa del concierto dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan y que contó con piezas de Rossini y Albéniz que deleitaron a los presentes.

Corpus Christi 2018 ca con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi presididas por el Arzobispo de Sevilla Monseñor Juan José Asenjo en la Catedral de Sevilla. Nuestro vicepresidente, José Ramón Barrera y el vocal, Gonzalo Soto, representaron al Colegio en uno de los días grandes de la ciudad de Sevilla.

Como es tradicional, nuestra Corporación estuvo presente en la celebración de la Misa y Procesión Eucarísti-

El cortejo salió por la Puerta de San Miguel de la Catedral a las 08:15 horas. Casi a la misma hora, a las 08:30, el arzobispo Juan José Asenjo presidía en el Altar del Jubileo una Misa Estacional en la que tuvo lugar el tradicional Baile de los Seises y, un cuarto de hora más tarde salía la Sagrada Custodia que volvió a entrar en el templo catedralicio por la Puerta de Palos al filo de las 12:15 horas tras recibir los honores de la tropa militar en desfile.

Junta General de Colegiados De acuerdo con lo preceptuado en nuestros estatutos, el pasado 21 de junio, celebramos nuestra Junta General de Colegiados de carácter ordinario en el Salón de Actos de nuestra Sede Colegio donde se trataron los puntos indicados en el orden del día establecido.

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El escritor y periodista Francisco Robles gana el Premio de Novela Ateneo de Sevilla en su Cincuenta Aniversario

El Colegio Oficial de Graduados Sociales estuvo presente el pasado 23 de junio, en el acto donde se dio a conocer el fallo de los Premios Ateneo de Sevilla de este año. La convocatoria de los Premios de Novela en su edición de 2018, ha registrado un número de originales de 258 obras que optaban a la 50 edición del Premio de Novela y 33 obras optaban a la 23 edición del Premio de Novela Joven de acuerdo con las bases publicadas por el Excelentísimo Ateneo de Sevilla, destacando cada vez más la

procedencia internacional de las obras presentadas. Así, el escritor y periodista Francisco Robles ganó el Premio de Novela Ateneo de Sevilla en su Cincuenta Aniversario con la obra 'El último señorito'. Francisco Robles destacó que esta obra es un homenaje a la obra 'Epitafio para un señorito', del escritor y Premio de Novela Ateneo de Sevilla Manuel Barrios. Alba Ballesta resultó ganadora del XXIII Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla con la obra 'Distinta Clara'

Reunión con la Fundación Dolores Sopeña Sopeña con el objeto de analizar las diferentes líneas de colaboración entre ambas organizaciones que desemboquen en la firma de un convenio que articule esas posibles actuaciones conjuntas en materia de prácticas regladas. Por parte de la Fundación acudieron a la reunión el compañero y profesor de FOL (Formación Orientación Laboral) y EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora) Mauricio E. Carmona y los responsables de Formación Profesional DUAL y Formación en Centros de Trabajo, Iván López y Alicia Romero.

El pasado 7 de junio nuestra vocalía de Formación y Relaciones con las Universidades, formada por Ana Ruiz y Vanesa García, mantuvo una reunión a petición del Graduado Social Mauricio E. Carmona con la Fundación Dolores

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La Fundación Dolores Sopeña es una Institución privada internacional sin ánimo de lucro con una clara finalidad social: favorecer el crecimiento integral y mejorar las condiciones de vida de las personas. En la actualidad la Fundación Dolores Sopeña se encuentra en 8 países: España, Italia, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y México.

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El COGSS participa en el I Encuentro y I Feria Economía Social e Innovación Social de la ciudad de Sevilla Este encuentro tenía como objetivo la promoción, difusión y desarrollo de la Economía Social y el aumento del conocimiento e intercambio de experiencias sobre Innovación Social para el Empleo, en la ciudad de Sevilla. La primera edición de este foro, que se celebró en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes de la ciudad de Sevilla, los días 6, 7 y 8 de junio de 2018, contó con la participación de más de 100 expositores y de los principales Agentes de la Economía Social.

José Antonio Ortiz, vocal de Relaciones con las Corporaciones Locales participó en nombre de nuestra Corporación en el I Encuentro y I Feria Economía Social e Innovación Social organizado por la Delegación de Bienestar y Empleo a través de la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla.

Durante esos tres días se desarrolló un amplio e intenso programa de actividades que contó con la intervención de representantes del sector a nivel nacional e internacional y de las principales instituciones que lo representan. En paralelo, tuvieron lugar dinámicas de networking que propiciaron el intercambio de experiencias para poner en valor las principales iniciativas y actuaciones de la Economía Social y la innovación social.

Toma de posesión del Delegado del Gobierno en Andalucía Nuestro Colegio ha estado presente en representación del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España en la toma de posesión de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como nuevo Delegado del Gobierno en Andalucía. Además, el acto contó con la presencia de numerosas autoridades, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez de Salazar Mínguez; el almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat; el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Manuel Contreras; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio Pérez Martínez, y Oriental, Jesús Redondo Sanz, además de otros representantes institucionales.

reunión del Consejo de Ministros del día 15 de junio de 2018.

Su nombramiento como delegado del Gobierno se publicó en el Boletín BOE del pasado 19 de junio (Real Decreto 457/2018, de 18 de junio) y fue aprobado en la

Desde estas líneas le felicitamos en su nuevo cargo y le deseamos toda clase de éxitos en esta nueva andadura profesional.

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Artículo

El uso del velo islámico en los lugares de trabajo José Mª Contreras Mazarío Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Universidad Pablo de Olavide

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Los casos Achbita y Bougnaoui: los hechos. 3.- Libertad religiosa y sociedades abiertas. 4.- El derecho de libertad religiosa y la Unión Europea. 5.- Los límites de la libertad religiosa en el ámbito de las relaciones laborales. 6.- El uso del velo islámico en Europa. 7.- Consideraciones finales.

1.- Introducción En el presente trabajo se abordan dos sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con el uso del pañuelo islámico en los lugares de trabajo. Estas dos sentencias son de fecha 14 de marzo de 2017, y hacen referencia a los asuntos Achbita y Bougnaoui1. A través de las reseñadas sentencias, el TJUE abordaba por primera vez la temática de los símbolos religiosos personales en general, y del pañuelo islámico (o hiyab) en particular; aunque no es la primera vez que el Alto Tribunal se ocupa del derecho de libertad religiosa2. Antes de abordar el contenido, tanto de los hechos como de los fundamentos jurídicos, de las dos sentencias, resulta necesario hacer referencia, de manera muy breve, a los distintos tipos de velos islámicos, con el fin de aclarar algunos elementos de confusión que al respecto existen. A este respecto, lo primero que debe señalarse es que, en los países musulmanes, la gran mayoría de las mujeres llevan el velo islámico como parte de un sentimiento identitario o de pertenencia. Ahora bien, no en todos los países musulmanes existen los mismos velos islámicos para todas las mujeres. Según la región que se visite se llevará el pañuelo de una manera o de otra y se cubrirá una zona determinada de la cara o toda la parte facial. También, según el país en el que se esté, se llevará el velo de un color o de otro. Existen cuatro tipos de pañuelos que las mujeres musulmanas usan como culto a sus costumbres, a saber:

I) El hiyab, en sentido más restringido, se emplea para designar al conocido en Occidente como velo islámico, siendo el más común. Se trata de un pañuelo que cubre completamente la cabeza y el cuello, al tiempo que deja al descubierto el rostro. Su uso tiene un sentido cultural. Una versión “suavizada” es la shayla, que deja al descubierto el cuello de la mujer3. II) Un velo distinto es el chador, que es la prenda tradicional tanto Irán como en Iraq. Esta indumentaria consiste en una única pieza de tela, sencilla, generalmente negra, que se coloca sobre la cabeza cubriendo todo el cuerpo salvo la cara. Una prenda similar es la Khimar, la cual tiene forma de capa y se extiende desde el pelo hasta la cintura, cubriendo completamente el pelo, el cuello y los hombros, pero dejando el rostro al descubierto. III) El  niqab  es un  chador  llevado a su extremo y lo llevan las musulmanas suníes. Consta de dos partes: un velo que cubre el rostro de la mujer y solo deja libre los ojos, y una túnica que puede llegar a la rodilla o a los pies. Este tipo de velo se aproxima al burka y es usado, principalmente, en Arabia Saudí. IV) Una versión más rigurosa de este último es el burka. Existen varias versiones de esta prenda, pero todas comparten la peculiaridad de cubrir completamente la cara, el cuerpo y los cabellos.  Normalmente tienen una pequeña abertura a la altura de los ojos

1 TJUE, sentencias de 14 de marzo de 2017, Samira Achbita y Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV, C-157/15, EU:C:2017:203, y Asma Bougnaoui y Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, C-188/15, EU:C:2017:204. 2 Véanse, a este respecto, José María CONTRERAS MAZARIO, “Algunas consideraciones sobre el derecho a la libertad de conciencia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: conceptualización, aplicación y límites”, en Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, vol. 14, 2000, pp. 101-124; Mercedes MURILLO MUÑUZ, “Tratamiento jurídico-comunitario de algunas cuestiones de Derecho eclesiástico. Derecho laboral”, en La armonización legislativa de la Unión Europea, C.E.S.S.J. Ramón Carande, Madrid 1999, pp. 147-164. 3 HIYAB: Las mujeres se visten con el “hiyab” en el extranjero para permanecerse fieles a sus orígenes. Tienen un sentido de pertenencia en el uso de este pañuelo islámico. Las mujeres musulmanas usan el “hiyab” en el día a día, para trabajar, para relacionarse, etc. Sienten que el uso de este pañuelo sirve para preservar su integridad. Su uso no es tanto una cuestión de obligación, sino de preferencia.

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Artículo para facilitar la visión de la mujer, pero en el caso de Afganistán, la prenda cubre la cara por completo, llevando una rejilla tupida que le permite respirar y ver, pero con dificultad. Las mujeres con burka y algunas con niqab también cubren sus manos. Su uso en Europa es escaso4. En los dos casos que nos ocupan se trata en todo momento del uso del hiyab o velo islámico, y no del porte o uso de otras prendas o vestimentas islámicas.

2.- Los casos Achbita y Bougnaoui: los hechos Por lo que a las dos sentencias analizadas se refiere, señalar que en las mismas se aborda el despido de dos trabajadoras por la negativa de éstas a quitarse el velo islámico, sobre la base del principio de neutralidad de la empresa. Los hechos que están en el origen se pueden concretar y sintetizar de la manera siguiente: I) La primera sentencia hace referencia a un caso que refirió la justicia belga. Samira Achbita trabajaba como recepcionista para la empresa de seguridad G4S y después de 3 años, en abril de 2006, comunicó a la empresa su intención de usar el velo islámico, lo que empezó a portar en mayo de ese mismo año. La empresa, ante su negativa a quitárselo y tras alegar que rompía sus reglas de neutralidad religiosa y filosófica, la despidió en julio de 2006. II) En el segundo de los casos se trata de una ingeniera de diseño, Asma Bougnaoui, que trabajaba para la empresa Micropole, una compañía francesa de consultoría informática, primero como becaria y, más tarde, mediante contrato de trabajo. Antes de firmar el contrato de trabajo, en julio de 2008, Bougnaoui fue avisada de que portar el pañuelo islámico podía generar problemas entre los clientes de la compañía. En uno de los asesoramientos, la empresa para la que realiza la consultoría se queja de que Asma porte el hiyab en su reunión con los empleados. Micropole, entonces, pidió a la trabajadora que no portara el velo en sus próximas visitas a los clientes y, ante la negativa de ésta, la despidió en junio de 2009.

Enunciados los hechos, se debe señalar, seguidamente, que ambas trabajadoras denunciaron sus respectivos despidos como una causa de discriminación por motivos de religión o convicción contraria a la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, sobre el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación5. Aunque los hechos reseñados resultan aparentemente similares no son iguales, lo que está en el origen de los diferentes petitums de los tribunales nacionales belga y francés, así como de las diferentes conclusiones de las Abogadas Generales y de las sentencias del Tribunal de Justicia. Amén del distinto fundamento jurídico que sirve de base a cada una de las causas en cuestión; en concreto, para el asunto Achbita, la norma que sirve de fundamento es el apartado 2 (letra a), del artículo 2, de la citada Directiva, mientras que -en el caso Bougnaouiel precepto de referencia es el apartado 1, del artículo 4, de esa misma Directiva. Así, en cuanto a los petitums, señalar que, en el caso Achbita, el tribunal belga se pregunta por la discriminación directa y si ésta no se produce cuando la norma de la empresa prohíbe a todos los trabajadores llevar, en el lugar de trabajo, signos externos relacionados con las ideas y convicciones políticas, filosóficas o religiosas6; mientras que el tribunal francés lo que pregunta es si la petición de un cliente para que la trabajadora no lleve el pañuelo islámico constituye un requisito profesional esencial y determinante teniendo en cuenta el contexto en el que el trabajo se llevó a cabo7. Por su parte, y en relación con las conclusiones de las dos Abogadas Generales, cabe precisar que para a AG Kokott (AG del caso Achbita) no existe ni discriminación directa ni indirecta8, ya que éstas pueden justificarse con el fin de imponer una política de neutralidad religiosa y de creencias, lo que resulta racional y proporcional9, mientras que para la AG Sharspton (AG del asunto Bougnaoui) si se habría producido una discriminación directa, no justificada en el requisito de profesionalidad10. Y, por último, y respecto a las sentencias del TJUE, ambas de 14 de marzo de 2017, señalar que, en el caso Achbita, el Tribunal falla que no existe discriminación di-

4 BURKA: Usado en Afganistán y también en el sur de Pakistán. Es el velo menos usado en el mundo islámico, pero, a la vez, el que más confrontamiento provoca en Occidente, debido a la obligatoriedad de que las mujeres no lleven ninguna parten de su cuerpo sin descubrir. 5 DOUE nº L 303, de 2 de diciembre de 2000. 6 Vid. STJUE caso Achbita/G4S, párr. 21. 7 Vid. STJUE caso Bougnauoi/Micropole, párr. 19. 8 La primera vez que se aborda la cuestión de la discriminación indirecta es en el caso Greggs c. Duke Power Co. abordado por el Tribunal Supremo de los EE.UU., en 1971 —401 US 424 (1971)—. 9 Conclusiones de la Abogada General Sra. Juliane Kokott, de 31 de mayo de 2016, párr. 141. 10 Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston, de 13 de julio de 2016, párr. 135.

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Artículo recta ni tampoco indirecta, salvo que en este segundo caso la cláusula de neutralidad suponga una desventaja particular cuya finalidad no se pueda justificar objetiva y proporcionalmente, cuestión ésta que deja en manos del tribunal nacional11. Mientras que respecto al caso Bougnaoui, el Tribunal sentencia que la voluntad de un empresario de tener en cuenta los deseos de un cliente para que los servicios no sigan siendo prestados por una trabajadora con velo islámico puede suponer una discriminación indirecta al no poder ser considerado como un requisito profesional esencial y determinante12. Llegados a este punto, y a efectos de encuadrar la presente temática de una manera más global, cabe realizar dos preguntas básicas: 1) ¿cuál es el papel que corresponde a “lo religioso” en el ámbito de la empresa?; y 2) ¿si el ejercicio de la libertad religiosa en el lugar de trabajo por parte de un trabajador puede suponer su despido? Y en caso afirmativo, ¿en qué supuestos y condiciones?

3.- Libertad religiosa y sociedades abiertas Los hechos expuestos, pero sobre todo la disparidad en las conclusiones y las distintas soluciones propuestas, ponen sobre la mesa las distintas visiones que hoy existen y se dan en Europa sobre esta materia. En consecuencia, nos sitúan ante la primera parte del título de esta reunión, esto es, “integración y libertad religiosa”, y desde una primera aproximación se podría afirmar que determinados grupos religiosos no terminan de integrarse o que encuentran dificultades para integrarse en Europa. Lo que podría sintetizarse en el binomio “integración” vs “libertad religiosa”. Pero, ¿qué significa “integrar la libertad religiosa? Y, lo que es más importante, ¿la libertad religiosa se debe o se puede integrar? Todo ello nos pone ante la evidencia de una realidad heterogénea y plural, tanto desde el plano religioso como cultural, característica de las sociedades abiertas como las europeas. Esta visualización del pluralismo religioso está suponiendo que, en muchos casos, nuestras calles y ciudades hayan cambiado, como están cambiando los rostros de nuestros vecinos. Y también han cambiado o están cambiando los lugares de trabajo, así como su organización, desde los días festivos a los días de descanso13, pasando por las prácticas de uso alimentarias o

los símbolos o vestimentas que portan o usan los trabajadores y trabajadoras. El problema de la gestión, tanto pública como privada, del hecho religioso se encuentra en que, en muchas ocasiones, la práctica no resulta concordante con la realidad social. Esta discordancia crea un vacío a partir del cual no se sabe dar respuesta a las crecientes demandas provenientes del ejercicio de la libertad religiosa por parte de personas pertenecientes a minorías religiosas y cuando se hace, en muchas ocasiones, se realiza partiendo de un paradigma no adecuado. Así, por ejemplo, cuando las administraciones públicas españolas han tenido que dar respuesta a algunas de estas demandas se traduce en la adopción de dos aptitudes: I) La primera consiste en mantener el sistema heredado –gestionar “lo católico” como hasta ahora- y responder a las nuevas demandas desde el ámbito de la inmigración. II) Mientras que la segunda se caracteriza por adoptar una solución desde la perspectiva de considerar el hecho religioso como algo estrictamente privado y -por tanto, bajo un mal entendido principio de laicidad- ignorando o desconociendo las demandas realizadas en este sentido. Ambas respuestas responden –a mi juicio- más a la tradición histórica que a una adecuada respuesta partiendo de la tutela y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, desde la normalización del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, entendido éste en tanto que integrante del componente de la ciudadanía.

4.- El derecho de libertad religiosa y la Unión Europea Es este derecho (a la libertad de conciencia y religiosa) el que también sirve de fundamento material a los dos casos planteados. Respecto a los mismos, cabe señalar que la reseñada Directiva comunitaria no define el concepto “religión”, lo que no es óbice para que el legislador de la UE si haya regulado y tutelado, dentro de los derechos fundamentales, a la libertad de conciencia y religiosa (Art. 10 CDFUE); al tiempo que -a través del artículo 6.3 del TUE- ha considerado los derechos contenidos en el CEDH en general, y entre ellos el derecho a la libertad religiosa en particular (Art. 9 del CEDH), como principios generales del Derecho de la Unión. Partiendo de ambos preceptos, esto es, Artículos 10 de la Carta y 9 del Convenio europeo, el Tribunal distingue entre un forum internum, esto es, el derecho a tener

11 Vid. STJUE caso Achbita/G4S, párr. 45. 12 Vid. STJUE caso Bougnaoui/Micropole, párr. 42. 13 STJUE de 12 de noviembre de 1996, asunto Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte contra Consejo de la Unión Europea.

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Artículo convicciones14, y un forum externum, concretado en la manifestación pública de la fe religiosa15. Pues bien, es dentro de ese foro externo donde se encuadra el uso de símbolos religiosos y donde su ejercicio queda protegido, tanto frente a los poderes públicos como respecto de los particulares. En ninguno de los dos casos se cuestiona este elemento, ni se pone en duda alguna sobre que el mismo forme parte del contenido del derecho a la libertad de conciencia y religión, en tanto que su uso es entendido como una “obligación” de un precepto religioso, con independencia de su práctica real por parte de las mujeres musulmanas. Lo importante en estos casos debe ser –como ha manifestado el TEDH- la “sinceridad” en las convicciones profesadas16, lo que supone -como acertadamente puso de manifiesto la AG Sharpston- que “los requisitos impuestos por la fe (…) no son elementos que [sólo] deban aplicarse cuando uno no está trabajando (…), ni que puedan dejarse discrecionalmente de lado en horas de trabajo” (párr. 118). Cabe entender, por tanto, que se ha producido una injerencia en el derecho de libertad religiosa de las trabajadoras, toda vez que el uso del llamado “velo islámico” es entendido como una “obligación” de un precepto religioso. Ahora bien, dicha injerencia no supone automáticamente una violación del mencionado derecho, ni -por ende- del principio de no discriminación por motivos religiosos o de convicción (Arts. 10 y 19 TFUE; 20 y 21 CDFUE, y 14 CEDH)17, y no lo es en la medida en que se den elementos objetivos de justificación.

5.- Los límites de la libertad religiosa en el ámbito de las relaciones laborales Este último factor nos introduce en la temática de los límites a los derechos fundamentales en general, y de la libertad de conciencia y religiosa en particular. Y es aquí donde aparecen claras diferencias entre un asunto y otro, y donde los tribunales nacionales tendrán un amplio margen de apreciación en la aplicación de las respectivas sentencias del TJUE.

A este respecto se debe traer a colación no sólo el artículo 2, apartado 2 (letra b), de la mencionada Directiva, sino también los artículos 52.1 de la CDFUE y 9.2 del CEDH, lo que permite precisar que las limitaciones al ejercicio o manifestaciones de la libertad religiosa deben cumplir una serie de condiciones, que se concretan en las siguientes: I) las medidas limitadoras deben ser necesarias para conseguir el fin legítimo perseguido; II) deben atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en una sociedad democrática; III) debe de respetarse su contenido esencial, y IV) deben estar establecidas en la ley. La traslación de los reseñados requisitos a los dos asuntos analizados permite realizar un amplio conjunto de consideraciones. No obstante, por motivos de tiempo voy a referirme únicamente al primero de los requisitos reseñados, esto es, la necesidad de las medidas adoptadas para el cumplimiento del fin legítimo perseguido. a) Pues bien, por lo que al fin legítimo se refiere, el Tribunal se muestra a favor de considerar que el mantenimiento por parte de la empresa de una neutralidad en la vestimenta frente a los clientes si puede ser reconocido como un fin legítimo, adecuado y necesario. Y ello por considerar, por un lado, que “el deseo de un empresario de ofrecer una imagen neutra ante sus clientes está vinculada a la libertad de empresa”18, y, por otro, que sólo resulta aplicable respecto de aquellos trabajadores que están o vayan a estar en contacto con los clientes, produciendo únicamente una diferencia de trato entre los trabajadores que desean expresar sus creencias o convicciones y los que no, lo que puede suponer una injerencia en la libertad religiosa, pero no un trato desfavorable directo y vinculado con la religión. Desde un punto de vista formal, la presente argumentación resulta irreprochable, ya que afecta a todos los trabajadores por igual y a priori cabría entender que se aplicaría a todos los trabajadores de igual manera con

14 En su dimensión interna, la libertad religiosa garantiza la existencia de un claustro interno de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual (STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 15 Desde su ámbito externo, la libertad religiosa comprende una dimensión de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias ideas o convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10; 137/1990, de 19 de julio, FJ 8; 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, y 101/2004, de 21 de junio, FJ 3). 16 Cfr. SSTEDH de 12 de octubre de 1978, asunto Arrowsmith c. Reino Unido; de 25 de febrero de 1982, asunto Campbell y Cosans c. Reino Unido; de 25 de mayo de 1993, asunto Kokkinakis c. Turquía; y de 18 de marzo de 2011, asunto Lautsi c. Italia. 17 En desarrollo del citado Art. 13 del Tratado se han promulgado dos directivas que afectan a los motivos religiosos en el ámbito laboral: 1) la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DOUE nº L 180/22, de 19 de julio de 2000) y 2) la segunda Directiva es la norma de referencia y el marco normativo de las dos sentencias, y a la que ya hemos hecho mención anteriormente. 18 El TJUE en el caso Achbita/G4S considera que “no habrá discriminación directa, a los efectos del artículo 2, apdo. 2, de la Directiva 2000/78, cuando la norma o medida que aplicar trate por igual a todos los trabajadores de la empresa” y ello sucede, en los presentes casos, porque, “de forma general e indiferenciada, [las respectivas empresas han impuesto] una neutralidad indumentaria que se opone al uso de [todo] signo” religioso, filosófico o político de carácter personal (párr. 30).

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Artículo independencia del símbolo religioso, político o filosófico que llevaran o llevasen puesto19. Sin embargo, no cabe decir lo mismo desde el plano material, ya que se trata de la colisión de dos derechos; y con la solución adoptada se estaría sacrificando en su totalidad el ejercicio de un derecho, en los presentes casos el de libertad religiosa, por la garantía de la libertad de empresa, toda vez que se obliga a las trabajadoras a elegir entre el mantenimiento de su puesto de trabajo o el cumplimiento de sus deberes religiosos, dando por supuesto que las creencias o convicciones son una cuestión de “quita y pon”, y que -por tanto- no siguen o no deben seguir vigentes dentro del ámbito de la empresa. Con la presente posición cabe diferenciar entre requisitos o motivos de discriminación que siempre siguen a la persona (como pueden ser el sexo o la raza) y requisitos o motivos que no (como, en estos casos, la religión o las convicciones)20. Se trata, además, de una cláusula que en realidad oculta una toma de posición frente a aquellos símbolos religiosos o filosóficos que suponen su visibilidad pública, y –por lo tanto- sólo afectaría u operaría frente a aquellos trabajadores o trabajadoras pertenecientes a grupos religiosos o filosóficos que impongan este tipo de símbolos21. En definitiva, desde el plano religioso, dicha medida afectará mayoritariamente a los trabajadores judíos y sijs, a los primeros en relación con la kipá y a los segundos por el uso del turbante, y a las trabajadoras musulmanas en relación con el pañuelo islámico, ya que

sólo en estos tres supuestos el uso del símbolo religioso tiene carácter obligatorio y resulta visible22. Tal vez por ello, la Conferencia de Rabinos Europeos ha declarado que “con estos veredictos, Europa está mandando un claro mensaje: las comunidades de fe ya no son bienvenidas”. Amén de que “esa” neutralidad empresarial no tiene ni puede implicar que deba o que tenga que existir una “neutralización” de las convicciones o creencias personales o éticas de los trabajadores23. De esta forma, lo que habría que preguntarse es si las trabajadoras habrían recibido el mismo trato o resultado si no respondieran al presente criterio o motivo. Junto a ello, precisar que para el Tribunal, en el caso Bougnaoui/Micropole- no puede entenderse como un fin legítimo cuando dicho requisito se establece como elemento para determinar la profesionalidad del trabajador o trabajadora. En concreto, el Tribunal manifiesta que la reseñada disposición no puede cobijar consideraciones subjetivas, como “la voluntad del empresario de tener en cuenta los deseos particulares de clientes” (párr. 40)24, y menos aún que se pueda “sugerir que, porque [la Sra. Bougnaoui] llevaba el velo islámico, era de alguna manera incapaz de cumplir con sus deberes como ingeniera de diseño” (párr. 41)25. Se opta, así, por un elemento claro de la neutralidad empresarial como es que la capacidad profesional nada tiene que ver con la apariencia externa del trabajador y, por tanto, que “el hábito no hace al monje”26.

19 De existir una cierta tolerancia hacia otros símbolos, signos o prendas la solución debería haber sido la contraria, tal y como lo resuelve el TEDH en el asunto Eweida, de 15 de enero de 2013. 20 En contra, la AG Sharpston, quien manifiesta que “sería totalmente incorrecto suponer que, mientras que el sexo y el color de la piel siempre acompañan a las personas, de alguna manera no sucede así con la religión” (párr. 118). 21 Cabe señalar que la cláusula de neutralidad impuesta por las empresas en cuestión, o al menos eso cabe deducirse de las dos sentencias analizadas, no han demostrado el porqué de su establecimiento o inclusión en la organización de la empresa, ni de su puesta en funcionamiento: ¿con dicha medida se estaría demostrando que la neutralidad en la vestimenta favorece la convivencia en la empresa? O bien ¿qué la diversidad en la vestimenta perjudica las ventas o los negocios de la empresa en cuestión? ¿O simplemente se da por supuesto que dicha cláusula es buena y que, por tanto, la diversidad es mala o negativa?, ¿se trata de una realidad constatable o de un prejuicio? 22 O lo que es lo mismo, ¿se puede ser neutral respecto de cualquier otra causa de discriminación? ¿respecto de otras causas objetivas (raza, orientación sexual, discapacidad, edad, sexo, etc.) se daría la misma respuesta? ¿Qué pensaríamos si una empresa estableciera que por ser neutral no admite el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental de los trabajadores: libertad de expresión, libertad de información o, incluso, libertad de sindicación? ¿Y si la cuestión se planteara en el momento del acceso a un puesto de trabajo y la empresa excluyera a todas aquellas personas que llevaran o portaran en ese momento un símbolo religioso, filosófico o político? 23 A este respecto, debe llamarse la atención sobre el hecho de que la libertad de empresa, en la que se fundamenta y legitima las presentes actuaciones, tampoco es ilimitada, y que la misma encuentra su límite en la protección de los derechos y libertades de terceros, debiéndose adoptar -como el propio Tribunal de Justicia ha manifestado- un criterio de ponderación con el fin de lograr un equilibrio entre las libertades en juego. 24 La AG Sharpston, con la que nos mostramos de acuerdo, señala que “el requisito profesional no sólo debe ser “esencial”, sino también “determinante”, lo que significa que la excepción debe limitarse a las cuestiones estrictamente necesarias para desempeñar la actividad profesional en cuestión” (párr. 102). 25 En este sentido, se podría señalar que pedir que una mujer no lleve específicamente una prenda (en este caso de vestir) responde o puede responder a un prejuicio, pero, además, si esa prenda es —como en los casos que nos ocupan— un hiyab, responde claramente a un estereotipo. ¿Se protestaría por parte de esos mismos clientes o por parte de la empresa en el caso de que esa misma mujer llevara peluca (que hace la misma función que el hiyab) o si llevara minifalda o pendientes sobre la base de la dignidad de la mujer (hasta hace poco era una costumbre que solo se practicaba sobre las mujeres y en la actualidad sigue solo practicándose en ellas en el momento de nacer)? 26 A este respecto, cabe traer a colación la cuestión suscitada en el Reino Unido en la que una trabajadora cuestionó la necesidad del uso de zapatos con tacones como necesarios para desempeñar su actividad profesional.

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Artículo b) En cuanto a la segunda parte de este requisito, esto es, el carácter necesario de la regla o medida, el TJUE en el caso Achbita/G4S ha precisado que las razones deben “responder a una exigencia efectiva de la empresa, ser idóneas para alcanzar el objetivo y ser necesarias a tal fin” (párr. 42), lo que se produce cuando se trata de una “verdadera necesidad” de la empresa y siempre que resulte verdaderamente acreditado (párr. 43). Ello aplicado a la prohibición de signos religiosos o filosóficos, lleva al Tribunal a vincular dicha medida o regla con los trabajadores que estén en contacto con los clientes (párr. 42). Además, -a mi juicio- resulta imprescindible que por parte del empresario se acredite que el reconocimiento del derecho de libertad religiosa del trabajador supone una merma injustificada de los propios derechos de la empresa o que incida negativamente sobre las condiciones económicas, laborales o de dirección de la explotación27; cuestiones todas ellas de difícil justificación en los dos casos que nos ocupan o, al menos, nada se ha dicho ni demostrado o justificado a lo largo de los dos procesos, ni de las sentencias cabe deducirlo. En esta misma línea, el Tribunal introduce un factor modulador como es el hecho de verificar si la empresa ha dado o no la posibilidad a las trabajadoras de realizar actividades que no estén proyectadas a terceros. En concreto, cuestiona la actuación final de las dos em-

presas, sobre la base de si éstas ofrecieron o pudieron ofrecer a las trabajadoras un puesto de trabajo que no conllevara un contacto directo con clientes (caso Achbita/G4S, párr. 43); cuestión ésta cuya valoración y comprobación el Tribunal de Justicia deja en manos de los correspondientes tribunales nacionales. Con esta sugerencia, el TJUE parece acoger en esta materia la llamada “teoría del acomodo razonable” entre la organización empresarial y las creencias y prácticas religiosas de los trabajadores (Art. 5 Directiva 2000/78), con lo que se aproximaría a las posiciones mantenidas por los tribunales estadounidenses y canadienses.

6.- El uso del velo islámico en Europa Finalmente, y antes de realizar las consideraciones finales, entiendo necesario situar el mapa de esta materia en Europa, con especial referencia al caso español. A este respecto, cabe señalar que en Europa existen dos posiciones diferenciadas: los que creen que esta prenda es un signo de identidad y de religión musulmana multicultural, la primera, y los que opinan que el velo integral (principalmente, burka y niqab) conlleva problemas de integración y de seguridad al impedir la identificación de esas personas y atenta contra la libertad porque fomenta la discriminación y denigra a las mujeres, la segunda.

27 La AG Sharpston formula una conclusión general con la que nos mostramos de acuerdo: «En la mayoría de los casos será posible, mediante una discusión sensata entre empresario y trabajador, llegar a un acuerdo que concilie adecuadamente los derechos opuestos del trabajador o de la trabajadora a manifestar su religión y del empresario a la libertad de empresa. En determinados casos, sin embargo, puede que no sea posible. En última instancia, el interés empresarial en obtener el máximo beneficio debería entones, a mi juicio, ceder ante el derecho de cada trabajador a manifestar sus convicciones religiosas. Incluso aquí en el carácter insidioso del argumento de «pero necesitamos hacer x porque de otro modo no gustará a los clientes». Cuando la propia actitud del cliente puede indicar que este tiene un prejuicio basado en uno de los «criterios prohibidos», como la religión, me parece particularmente peligroso que se dispense al empresario del deber de cumplir con la obligación de la igualdad de trato para complacer tal prejuicio. La Directiva 2000/78 pretende ofrecer protección en el ámbito del trabajo contra tratos desfavorables (estos, es discriminación) basados en alguno de los criterios prohibidos. No se trata de que alguien pierda su empleo para ayudar al empresario a incrementar sus beneficios» (párr. 133). 28 Austria: En enero de 2018, el Gobierno aprobó prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, y la medida entrará en vigor en octubre próximo. 29 Bélgica: En abril de 2010, el Parlamento belga aprobó por unanimidad un proyecto de ley que preveía la prohibición del uso en público del velo integral islámico y los atuendos con burka y niqab en todos los lugares públicos. Bélgica fue el primer país de la UE en legislar contra la utilización de prensas que cubran totalmente el rostro, si bien la ley no fue respaldada por el Tribunal Constitucional hasta 2012. Las funcionarias no pueden llevar el hiyab de cara al público en algunas ciudades. En los colegios (donde no está prohibido a las alumnas), su uso debe ajustarse a la normativa de cada centro. El tema ha despertado polémica en Flandes, especialmente en ciudades como Amberes, donde gobierna el ultraderechista partido flamenco, sospechoso de haber surgido de una formación disuelta judicialmente por racismo. 30 Dinamarca: La cuestión, centrada en las prendas que cubren el rostro, se debate en el Parlamento desde 2006. En 2018 se ha aprobado la Ley por la que se prohíbe el uso público del velo integral. Además, desde 2008, las jueces no pueden llevar pañuelo, ya que el Gobierno prohíbe a los magistrados mostrar cualquier símbolo religioso en un tribunal, incluyendo crucifijos, kipás o turbantes. 31 Francia: La separación entre Estado y religión es uno de los principales pilares de la República laica francesa, es el país de la UE con más musulmanes, unos cinco millones. Desde 2004, el uso del velo está prohibido en las escuelas por la ley que prohíbe el uso de signos religiosos “ostensibles”. La utilización de esta prenda solo se permite en las escuelas musulmanas y en las universidades donde la ley sobre símbolos religiosos no está vigente. Desde el 2011, está prohibido el uso del burka o el niqab en los espacios públicos. 32 Holanda: El Gobierno holandés prohibió en 2015 el uso del velo integral en lugares públicos. La medida, que veta el burka y el niqab, solo afecta a los medios de transporte, los centros de enseñanza y sanidad y los edificios oficiales. Las escuelas pueden dictar códigos de vestimenta para alumnas y profesoras, pero deben evitar, según un informe de la Comisión de Igualdad, actos discriminatorios sin una justificación objetiva. Se permite, por ejemplo, prohibir el niqab cuando plantea problemas de comunicación con los estudiantes. 33 Italia: Desde 1975 existe una ley antiterrorista en Italia que prohíbe llevar la cara y cabeza completamente tapadas en espacios públicos, ya sea con velos o con cascos de motos. Actualmente, Italia sigue las mismas pautas que Bélgica, Francia o Dinamarca para modificar sus leyes y no reconocer como “motivo justificado” la afiliación religiosa para llevar el velo, algo que ya se aplica en algunos municipios. En diciembre de 2015, el presidente de Lombardía anunció la prohibición de entrar con prendas de vestir que cubran el rostro, como el velo islámico, en edificios públicos y hospitales de esta región del norte de Italia. 34 Los parlamentarios noruegos han votado a favor de proscribir en guarderías, escuelas y universidades, así como durante las clases con inmigrantes, el uso de pañuelos, burkas y velos que tapen la cara..

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Artículo La vestimenta islámica (que coincide con el velo integral, esto es, con el niqap y burka) está prohibida en países como Austria28, Bélgica29, Dinamarca30, Francia31, Holanda32, Italia33 o Noruega34; mientras que, en países como Reino Unido35 o Alemania36, no existe ninguna ley al respecto. Existe, además, un tercer grupo de países donde se han elaborado proyectos dirigidos a su prohibición, pero todavía no han visto la luz como es el caso de Letonia37. En la España laica, por último, instaurada con la Constitución de 1978, cuya neutralidad religiosa del Estado no equivale, a tenor de la jurisprudencia constitucional38, a la laicidad pasiva o distante francesa, sino más bien a una neutralidad activa o positiva como la alemana, el espacio público es, en principio, un ámbito en el que las personas pueden ejercer individual o colectivamente sus derechos fundamentales, y no está presidido por ninguna obligación de neutralidad garantizada por el Estado, a salvo de las limitaciones que dichos derechos fundamentales puedan experimentar conforme a lo prescrito en la propia Constitución o en las leyes limitadoras de los derechos. En este sentido, ni la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (LOLR) vigente, ni ninguna otra disposición legal, han previsto hasta el momento explícitamente una prohibición general de llevar el velo islámico (integral o no) en los espacios públicos, probablemente porque, más allá de la polémica mediática, el uso del velo islámico integral parece claramente minoritario y casi anecdótico. No obstante, para solucionar muchos de los conflictos surgidos a raíz del incremento de la población inmigrante existente en

nuestro país y, consiguientemente, de la pluralidad religiosa y cultural, se ha echado mano del argumentario legal existente para deducir interpretativamente de diversos textos legales y reglamentarios sectoriales, sobre todo en materia educativa, prohibiciones implícitas del uso del velo islámico (integral o no) en ciertas relaciones sociales y en ciertos espacios públicos, aunque en la mayoría de los casos las normas legales aplicadas no se refiriesen explícitamente a modalidad alguna del velo islámico39.

7.- Consideraciones finales De todo lo manifestado cabe realizar cuatro consideraciones finales. La primera es que el Tribunal ha permitido la prohibición por parte del empresario del uso de cualquier símbolo religioso (kipá40, cruces41, turbantes42, etc.)- en el interior del recinto laboral, sin que dicha prohibición suponga por sí misma una discriminación43, siempre que exista un fin legítimo, necesario y proporcional. Por consiguiente, las presentes sentencias no permiten confirmar una prohibición específica general para los trabajadores o trabajadoras, ni una específica para una concreta y determinada confesión religiosa, sino que habrá que atender a las circunstancias que se den en cada caso concreto, sin poder –por tanto- generalizar en esta materia44. Una segunda consideración tiene que ver con el hecho de que el Tribunal -a nuestro juicio- ha perdido una magnífica oportunidad para haber abordado en

35 Reino Unido: No existe ninguna ley que prohíba de forma general el uso del velo ni de ningún símbolo religioso. En los bancos, las mujeres deben mostrar su rostro. Los casos de las menores que llevan esta prenda se valoran individualmente. Los casos de mujeres y niñas que llevan hiyab en escuelas, juzgados u otras dependencias públicas se evalúan de manera individual. Los tribunales tienden a proteger la libertad religiosa y el uso de símbolos confesionales. Las escuelas pueden, sin embargo, decidir su propio código de vestimenta. 36 Alemania: Ocho de los 16 Estados federados prohíben a las profesoras el uso del hijab y de cualquier otro símbolo religioso o político, para no vulnerar "la neutralidad del Estado ante los alumnos y sus padres". Las alumnas, sin embargo, pueden cubrirse la cabeza con el velo islámico. Según el Gobierno alemán, lo contrario atentaría contra la libertad religiosa. Otro asunto son las profesoras. Berlín y Hesse extienden la prohibición a todas las funcionarias públicas. Hace ahora un año, el Tribunal Constitucional alemán puso fin a la ley que imperaba en ocho los 16 estados federados que componen el país (landers) y que prohibía el uso del hiyab a las maestras de las escuelas públicas por considerar que no era compatible con la Ley Fundamental germana. La máxima instancia jurídica del país ponía así fin a una prerrogativa que daba prioridad de los calores cristianos. El Alto Tribunal dio la razón a dos profesoras musulmanas. 37 Letonia: El Gobierno letón presentó el pasado mes de abril una ley que prohibirá, previsiblemente a partir del año que viene, el uso en lugares públicos de velos que cubran la cara. Tiene como objetivo “proteger la cultura letona e impedir que los terroristas puedan ocultar armas bajo la vestimenta”. 38 Una de las últimas sentencias en recordarlo es la STC 38/2007, de 15 de febrero de 2007, FJ 5º, sobre la potestad eclesiástica de condicionar la renovación de los contratos de los profesores de religión católica de los centros públicos. Vid. también, STC 46/2001, de 15 de febrero. 39 Así ha sucedido, por ejemplo, en el ámbito judicial, donde se ha prohibido el uso del velo islámico tanto a testigos como a abogadas. Así, el 23 de septiembre de 2009 el juez Javier Gómez Bermúdez solicitó que se ausentase de su Sala de la Audiencia Nacional una testigo que se negó a atestiguar sin el Burka, con base en la imposibilidad de valorar la veracidad de su testimonio. Y el 29 de octubre de ese mismo año, la abogada Zoubida Barik Edidi, de origen marroquí y nacionalidad española, estando en los estrados de una Sala de vistas de la Audiencia Nacional revestida con toga y con un hijab, fue expulsada por el mencionado juez, al negarse a quitarse el velo islámico, con base en una polémica interpretación dada por él, en ejercicio de su policía de estrados, del Art. 37.1 del Estatuto de la Abogacía y del Art. 33 del Reglamento de Honores, Tratamiento y Protocolo en la Actos judiciales solemnes. El asunto fue recurrido administrativamente por la abogada ante el Consejo General del Poder Judicial que archivó el asunto por no observar infracción disciplinaria del juez, y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó el recurso por motivos formales, sin entrar en el fondo del asunto, al considerar que el acto del juez Bermúdez era un acto jurisdiccional (del orden penal) y no un acto administrativo, por lo que debería haberse impugnado por los cauces jurisdiccionales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (STS de 2 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso administrativo), FJ. 7º).

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Artículo profundidad las condiciones que permiten limitar las manifestaciones de la libertad religiosa, al no ofrecer ninguna explicación sustancial a cómo las medidas de restricción a) deben estar prescritas por la ley, ni en relación b) al respeto de los contenidos esenciales de los derechos y libertades fundamentales en conflicto. Respecto de este segundo elemento, y sería la tercera de las consideraciones, afirmar que la solución a los conflictos que plantea el ejercicio de la libertad religiosa de los trabajadores y trabajadoras cuando colisiona con los derechos de las empresas no debe ser afrontada como un problema exclusivamente contractual45, sino también como un conflicto entre derechos y libertades fundamentales. Aplicando este criterio, entiendo que sólo podrá justificarse la prohibición del uso de un símbolo religioso personal en general, y del velo islámico en particular, en el ámbito laboral por razones bien de la actividad que se desarrolla, bien cuando el uso del mismo contravenga normas o reglas de seguridad46, de protección de la salud47 o del orden público48, bien cuando se trate de salvaguardar los derechos y libertades de los demás49. Situaciones todas ellas que no se producen en los asuntos que nos ocupan. La cuarta y última consideración que me gustaría hacer es de carácter general y tiene que ver con el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas en las sociedades occidentales y su modo de gestión. A este respecto, cabe afirmar que cualquier intento de simplificación

hace que el problema se replantee, crezca el peligro de enfrentamientos interculturales y, por tanto, las sociedades se dividan. Cualquier respuesta superficial cerrará en falso el debate. En este sentido, plantear esta cuestión desde el plano de la inmigración o de la extranjería resulta -a mi juicio- un error de difícil solución, ya que desde este plano se potencian únicamente políticas relacionadas con la integración y con ello dinámicas socio-económicas (trabajo, vivienda, salud, educación), al tiempo que se olvidan u omiten aquellas relacionadas con dinámicas antropológico-culturales, y más aún con procesos de pertenencia identitaria y de ciudadanía. En esta situación se corre el riesgo, sobre todo con las llamadas “segundas y terceras generaciones” (aunque –a nuestro juicio- dichos términos deberían de ser superados por el carácter de continuidad con “lo extranjero” que mantienen), así como respecto de los conversos, de que estas personas, al no contar con una clara identidad vinculada a la sociedad donde viven, la puedan buscar y, lo que resulta más peligroso, encontrar en lo que podríamos llamar un “islam virtual”. Soy consciente que, con este planteamiento, se entra en un campo tan complejo y difícilmente medible como es la construcción de la identidad, y con él en el de las políticas de pertenencia; y -sin embargo- creo que son este tipo de políticas las únicas que, a medio y largo plazo, aseguran o pueden asegurar la cohesión social y la convivencia en nuestras sociedades.

En el ámbito administrativo, también se puede deducir una implícita prohibición de uso del velo integral de la obligación impuesta por el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se regulan sus características, y por el Real Decreto 196/1976, de 6 de febrero, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad, de que se utilicen fotografías del «rostro del solicitante, tamaño carné, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente, y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que impida la identificación de la persona». Donde, sin duda, ha suscitado más polémica ha sido en el ámbito municipal, donde diversos Ayuntamientos han aprobado de ordenanzas municipales que introducen de forma expresa prohibiciones parciales al uso del velo integral islámico. Tal es el caso, entre otros, de Lleida, Reus, Barcelona, Tarragona y otros. La ordenanza del Ayuntamiento de Lleida ha sido declarada nula en STS de 14 de febrero de 2011, FJ 7. 40 Vid. TSJ de Baleares, Sala Social, de 9 de septiembre de 2002, sobre la admisibilidad del uso de la kipá. 41 Vid. STEDH de 15 de enero de 2013, asunto Eweida y otros c. Reino Unido, sobre la admisibilidad del uso de una cruz en el trabajo cuando su uso no dañe la imagen ni la actividad comercial de la empresa. 42 El Pentágono de los EE.UU. ha autorizado a los sijs el empleo del turbante, pero sólo cuando lleven el traje militar de gala. La FIBA permite, desde el 1 de octubre de 2017, que los jugadores y jugadoras profesionales pueden competir con la cabeza o el cuerpo cubierto por motivos religiosos. 43 Vid. Tribunal de lo Social n. 1 de Palma de Mallorca, sentencia 31/2017, de 6 de febrero, sobre la admisibilidad del uso del velo en el trabajo. 44 Vid. STEDH caso Eweida y otros contra Reino Unido. 45 Cfr. SSTC 19/1985, de 13 de febrero, y 47/1985, de 27 de marzo; STSJ del País Vasco 1760/2013, de 15 de octubre; y SSTSJ de la Comunidad Valenciana 3421/2000, de 11 de septiembre, y 1675/1997, de 24 de junio. 46 Vid. STEDH de 12 de julio de 1978, asunto X c. Reino Unido, sobre prohibición del uso del turbante por motivos de seguridad en instituciones penitenciarias, y SAN 530/2017, de 17 de julio, sobre prohibición del velo islámico por motivos de seguridad en instituciones penitenciarias. 47 Vid. TSJ de La Rioja, sentencia 132/2017, de 22 de junio, relativa a la prohibición del uso del velo por motivos de seguridad alimentaria en el trabajo, y STEDH de 15 de enero de 2013, asunto Eweida y otros c. Reino Unido, relativo a la prohibición del uso de una cruz por motivos de seguridad en la salud en el ámbito hospitalario. 48 Vid. STEDH de 1 de julio de 2014, asunto SAS c. Francia. 49 En este ámbito y cuando se trate de funcionario o personal laboral al servicio de un establecimiento o centro público, el principio de laicidad, así como la salvaguarda de los derechos y libertades de los demás, pueden entrar a formar parte del contenido del orden público y, por tanto, su salvaguarda puede ser un fin legítimo, necesario y proporcional en una sociedad democrática. Vid. STEDH de 15 de febrero de 2001, asunto Dahlab c. Suiza.

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Entrevista

“La vocación, tenacidad y el afán de superación constante son valores que tienen los Graduados Sociales y no han variado”

Eugenio Suárez Palomares

Magistrado, Fiscal, Abogado y Colegiado de honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla Nacido en Motril, Eugenio Suárez Palomares es abogado, magistrado y fiscal en excedencia. Fue magistrado del TCT y del TSJA, así como coordinador de la Ley de Cooperativas Andaluzas de 1999. En virtud de la gran labor realizada y su estrecha colaboración con los Graduados Sociales, siendo el primer director de su Escuela de Práctica Laboral, fue condecorado como Colegiado de Honor en su Categoría Oro por parte de este Colegio Oficial. Magistrado del TSJA, fiscal, abogado… ¿Podría hacernos un recorrido por su dilatada trayectoria profesional? ¿Cuáles son los momentos que recuerda con mayor cariño u orgullo de ésta? Son muchos años. Lo primero que hice en mi trayectoria profesional fue opositar a lo que entonces se denomina-

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ba cuerpo de fiscales de distrito; las saqué y tuve varios destinos. Luego preparé oposiciones a abogado fiscal, pues por aquellos tiempos estaban separados el cuerpo de fiscales de distrito y la carrera fiscal y también las saqué antes de la integración en una única Carrera. Más tarde, en el año 82, pasé a la condición de magistrado de traba-

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Entrevista jo a solicitud y dicen que por concurso de méritos. Estuve destinado en Pamplona y más tarde ya me destinaron, con plaza en propiedad, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, también estuve en comisión de servicio en el Tribunal Central de Trabajo y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todo esto que te hablo en cuanto a mi condición de magistrado de Trabajo. Como fiscal estuve en Valencia, Córdoba, Cádiz y en Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad sigo siendo magistrado y fiscal, pero en condición de excedente voluntario en las dos carreras. Todo esto lo he compatibilizado con otras actividades profesionales. Entre ellas están el haber sido profesor en la Universidad a Distancia o en la Universidad de Sevilla dando clases de Derecho Laboral y Seguridad Social en su Facultad de Derecho. He impartido algunas conferencias sobre responsabilidad civil y patrimonial, sobre procedimiento y he preparado a licenciados en derecho a las oposiciones de las Carreras Judicial y Fiscal, a Letrados de la Seguridad Social y, como he dicho antes, he sido director de la Escuela de Práctica Laboral del Colegio de Graduados Sociales. También he sido autor de numerosos artículos de Derecho civil, laboral y penal; de un texto sobre accidentes de trabajo y uno más de Comentarios a la Ley de Cooperativas Andaluzas con la colaboración, en este último, de Alfredo Flores, entonces Fiscal Jefe de Sevilla; así como de algunos notarios, en especial Pedro Romero, y algunos abogados, entre ellos José Miguel Caballero, coordinando juntos esta obra. También fui coordinador de la Comisión Redactora de la Ley 2/1999 de Cooperativas andaluzas, Premio Arco Iris de Andalucía y durante muchos años he escrito como columnista en el Diario El País, he colaborado en algún programa de radio en Onda Cero y en algunas revistas, si bien, tengo que decir, que, en estos casos, han sido más cuestiones sociales que jurídicas. En cuanto a un momento concreto que destacar de mi carrera, no sabría decirte uno en especial. Lo que si resaltaría es que siempre he intentado dar lo mejor de mí en cada actividad que he desarrollado y en este sentido me siento satisfecho por haber dado todo lo que he podido como persona y profesional. Habré tenido mis aciertos y mis errores como todo el mundo; y cuando no he sabido hacer algo lo he preguntado, porque con humildad y tenacidad se llega donde uno se propone. Entre otras cosas, fue el primer magistrado en ponerle las togas a los Graduados Sociales ¿Cómo toma contacto y entra en relación con nuestra profesión?

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En realidad, yo no les puse las togas, lo que hice fue invitarles a que se plantearan la necesidad de tener una vestimenta que se acomodara a la de los demás profesionales. Y esta invitación tenía una justificación y un fundamento bastante claros. El tema no era “toga por toga”, sino que en la ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se estableció que todos los profesionales debían actuar en estrado a la misma altura. Antes del 85 el Magistrado estaba en las alturas y los demás profesionales “algo más bajitos”. A partir de esta Ley en su modificación, el legislador decidió que todos los profesionales debían estar a la misma altura. La anécdota fue que después de lo que declaró la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 187, todos los profesionales que veníamos actuando en audiencia pública lo veníamos haciendo con toga y antes de ir a la misma altura, había unas mesitas que las usaban los graduados sociales que venían vestidos con traje. Así, un día me encuentro la sorpresa que estábamos todos “vestidos de romanos”, -como yo le digo a la toga- y un graduado social se sienta en el estrado con traje. Esto parecía una cosa un poco esperpéntica; y no por el traje, sino por la situación de ir nosotros vestidos de romanos y él vestido normal de calle. Entonces le dije que esto lo teníamos que solucionar; él tenía derecho a estar ahí, pero el cómo estar ahí también era importante, de manera que fuéramos todos iguales para no establecer ninguna diferencia. Entonces él me dijo: “Me pongo una toga”; y yo le recomendé que eso tenían que hacerlo con un acuerdo interno que dijera que eso forma parte de su vestimenta oficial. El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla dictó el correspondiente acuerdo, decidieron su vestimenta y, ya, todos íbamos con la vestimenta adecuada para los actos forenses. Eso fue lo que pasó, se solucionó ese problema con realismo y con unas pequeñas normas internas, pero no fui el único. Pude ser el primero en hacerlo en Sevilla, pero hubo otras provincias como Madrid o Barcelona que también lo llevaron a cabo. En cuanto a mi primera toma de contacto con los Graduados Sociales fue como Magistrado de Trabajo a Sevilla y me llamó mucho la atención. Yo los había conocido antes en Granada cuando estudiaba Derecho, allí había una escuela donde se formaban graduados sociales y yo me planteé incluso compatibilizarlo con la carrera de derecho, pero al final no lo hice y fue una cosa que se olvidó. Ya en Sevilla volví a saber de los graduados sociales que trabajaban en el ámbito de la Seguridad Social y laboral junto a los abogados. Ese fue mi primer contacto y me

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Entrevista impresionaron porque eran muy numerosos y altamente preparados, sobre todo en materia de Seguridad Social. Luego también me llamaba la atención que como, por aquel entonces, no tenían la formación jurídica completa se esforzaban por suplirla con su fuerza de voluntad e inteligencia y estudio ante cualquier discusión jurídica que tenían con un letrado. Me cautivó el afán de superación. ¿Cómo calificaría la labor que realizan los Graduados Sociales en la Jurisdicción Social? ¿Cuál ha sido la evolución de ésta? La evolución ha sido tremenda. Aunque la labor que más me atrae es la que conocí en esos tiempos de los que hablamos y me atrae porque son los verdaderos artífices de lo que son hoy los Graduados Sociales. El esfuerzo que se hizo en aquella época, la tenacidad con la que se emplearon teniendo siempre muy claro el objetivo que querían conseguir, que no era otro que llegar donde están actualmente. La lucha, el orgullo y la vocación de servicio que han tenido hacia los demás, en pocas profesiones las he visto con carácter tan general como la tienen los Graduados Sociales. En aquellos tiempos, donde tenían algunas debilidades era en el tema procesal; conocedores de esto se plantearon la creación de una Escuela de Práctica Laboral para llegar a conocer bien el procedimiento, - no el tema de fondo que lo dominaban bien en materia laboral y de Seguridad Social, pues siempre han estado unidos a las empresas y la representación de las empresas desde los años treinta-. En lo que fallaban era en materia procesal, por eso la idea de la Escuela era profundizar en eso. ¿Qué diferencias y evolución ha habido de entonces a ahora? Pues fíjese, desde el año 83 hasta el 2018 que estamos, se ha pasado de ser una diplomatura a ser un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. No es poca cosa. Y eso se debe a aquellos, a los que no eran grado, a los que han luchado tanto para conseguir todo esto. La vocación, tenacidad y el afán de superación constante son valores que tienen los Graduados Sociales y no han variado. Luego también han tenido una confianza en sí mismos mucho mayor que otros colectivos y han logrado que el Colegio se nutra de valores que beneficien a todo el colectivo. Pienso que el Colegio de Graduados Sociales, en lo que yo los conozco, ha actuado más con vocación de generalidad, que por intereses de determinados grupos… Y ahí está su prestigio y sus resultados. La potencia que ganan cada día y el orgullo que sienten por su profesión y por lo que hacen. Por ejemplo, siempre han

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querido participar en el turno de oficio para ayudar a los ciudadanos en temas tan necesarios como en materias de seguridad social y supervivencia. Hoy en día, son un operador jurídico más, siendo grandes expertos en materia laboral y de la Seguridad Social. Ejercen como asesores de empresa a los niveles altos en los que nos encontramos y acordes con la evolución de la propia sociedad. Hemos pasado de una sociedad preconstitucional, que era prácticamente una sociedad sin apenas empresas salvo algunas muy localizadas, a una sociedad abierta a Europa y al mundo, en la que el Graduado Social se ha ido desarrollando junto a esta sociedad y ha formado parte de esa evolución. Veo el futuro de la profesión con mucha esperanza como un operador jurídico muy válido para las empresas y donde se abren nuevas puertas y vías como el compliance penal, que estoy seguro de que los Graduados Sociales van a destacar porque son expertos en todo lo relacionado con esta materia, pero también necesitan en esta materia de una especialización que seguro la van a alcanzar, como siempre. Fue director de nuestra Escuela de Práctica Laboral, ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia magnífica, donde el primero que aprendí muchísimo fui yo. El Colegio de Graduados Sociales se puso en contacto conmigo porque tenían algunas dificultades en materia laboral; aunque en aquella época los Graduados Sociales no podían realizar los recursos de suplicación, había recurso de reposición, recursos de súplica, recursos de queja, había una forma de comportarse en sala. Así, la Escuela surge con la intención de tratar de armonizar y ampliar el conocimiento de cómo se aplicaba todo esto para batirse el cobre en sala. De este modo lo plantea el Colegio y hay una serie de magistrados que participamos en este proyecto. Yo tuve la fortuna de ser el director hasta que ya consideré que no era necesario mi concurso. El tiempo que estuve poniéndolo en marcha me apoyé en otros magistrados y en otros profesionales. Principalmente mi aportación fue el refuerzo en la Ley de Procedimiento Laboral, Seguridad Social, invalidez despidos y conflictos colectivos. La gran labor realizada y la estrecha colaboración con los Graduados Sociales llevó a esta institución a condecorarle como Graduado Social de Honor en su categoría oro ¿Qué supuso esta distinción para usted?

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Entrevista Fue para mí todo un orgullo y un agradecimiento de por vida al Colegio. Siempre ocupa un lugar de privilegio junto a las medallas y placas de magistrado y fiscal, estando además a la misma altura. Desde su perspectiva de magistrado y fiscal, ¿Cómo valora la evolución y el estado actual de la Jurisdicción Social? Creo que se estudia mucho, hay unas grandes herramientas para la resolución de los procedimientos. Desde mi punto de vista, se está generando una evolución en la que prima el conocimiento jurídico, pero se están obviando hechos en profundidad. Hay un gran avance en todo el tema de tecnología y se dictan sentencias muy lucidas desde un punto de vista argumental, pasando a un segundo plano lo que es fundamental en la vida de esta profesión que son los hechos. Hay una frase en latín que dice “Da mihi factum, dabo tibi ius”, “Dame los hechos que yo te daré el derecho”. Esa es una máxima que ha existido siempre en el ámbito laboral y en la vida. Lo importante es la conducta, los actos, en suma lo que ha ocurrido y sobre ellos aplicar una doctrina. Observo en este tiempo nuevo que las sentencias son muy extensas, que todo se explica o se justifica, pero a poco que se profundiza en los hechos las justificaciones en muchas ocasiones pasan de ser brillantes a ser un barniz que tapa y oscurece la realidad. Por otro lado, me resulta francamente incomprensible que en el momento actual en el que hay un número de magistrados muy superior a los que éramos cuando yo tuve la oportunidad de ejercer como tal; haya más retrasos. Hoy con tantos medios, tanta técnica, tanto magistrado de refuerzo y con tanta historia los retrasos son hasta de dos y tres años en asuntos, como por ejemplo, la invalidez, que muchas veces cuando se resuelve desgraciadamente la persona ya no existe; al igual que ocurre con las prestaciones por viudedad, que por cierto no entiendo que en estos tiempos todavía tengas que inscribirte como pareja de hecho para poder tener derecho a esta prestación en caso de fallecimiento de tu pareja, cuando incluso se tienen hijos de la misma pareja y conviven

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juntos, esto es frente a todo y a todos una familia y viven como tal. ¿Qué soluciones cree que se pueden plantear para arreglar la situación de colapso actual? Yo no tengo una varita mágica, pero desde luego como no se soluciona es legislando, esto es utilizando la Ley para justificar fracasos o dicho sea más claro cada vez que hay un fracaso – retraso- se responsabiliza a la falta de medios y a la necesidad de cambiar la Ley. Y, por cierto, cada día hay más leyes y más retrasos, entonces no será la forma más adecuada. Quizá haya que ver los índices de productividad de los jueces y juezas y ver el número de sentencias que tienen que dictar. Muchas veces éstas son sentencias francamente sencillas y se computan como si fueran complejas. Es una cuestión de talante, vocación de servicio, entrega y esfuerzo, porque la situación actual no es comprensible. ¿Qué opinión le merece el estado del proyecto de la Ciudad de la Justicia? En realidad es que no sé si hay proyecto. En teoría, dicen que existe desde hace 15 años y yo no veo que se eso se mueva. Desde luego donde no lo quiero es en El Prado porque se colapsaría el centro de Sevilla. Considero que debería estar en el extrarradio como en otras ciudades, que permitan unas infraestructuras acordes al proyecto que no sé dónde está salvo algunas fotos de maquetas que, de vez en cuando, las sacan a luz. Pienso que el proyecto no se va a hacer nunca y es una pena porque Sevilla se merece tener un proyecto de Ciudad de la Justicia igual al que puedan tener las grandes capitales como Madrid o Málaga. Un proyecto acorde a la dimensión de la propia ciudad, su lugar en Andalucía y la competencia de su Audiencia Provincial y las Salas del TSJ de Andalucía que, junto con el elevado número de órganos judiciales, fiscalía, abogados del estado, procuradores, graduados sociales, etc. no se merecen estar desperdigados por toda la ciudad, pero, en fin, se destinará el presupuesto a otras finalidades más urgentes y convenientes.

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Artículo Manuel Jesús Tenorio Santana.

Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de Sevilla. Mejor expediente académico Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la promoción 2013/17 de la Facultad de Ciencias de Trabajo de la Universidad de Sevilla.

Emprendimiento y sector de la dependencia. Creación de una empresa de asistencia a domicilio

Las altas tasas de desempleo, así como el empleo de baja calidad originados por la pasada “crisis económica”, han traído consigo la búsqueda de nuevas alternativas frente al escaso y manifiestamente mejorable trabajo por cuenta ajena, pasando básicamente por el autoempleo y rompiendo con los tradicionales perfiles de la sociedad en nuestro país, caracterizada generalmente por el bajo espíritu emprendedor y una filosofía orientada al trabajo por cuenta ajena como vía principal. En este contexto, resulta necesario obtener ideas de negocio que sirvan como alternativa al trabajo por cuenta ajena, puedan generar nuevos puestos de trabajo y den una respuesta eficaz a las demandas sociales.

gro (2008) exponen de manera genérica una serie de características y atributos definitorios del emprendedor como el rango de edad, el conocimiento del sector, la capacidad para asumir riesgos, la creatividad y, ante todo, la persistencia.

Alejándonos del dogmatismo de la innovación como premisa para el desarrollo de una idea de negocio próspera, resulta sugerente dirigir nuestro enfoque hacia actividades tradicionales, como las enmarcadas en el sector de la Dependencia, cuya demanda ha experimentado un notable incremento debido a factores como el aumento de la esperanza de vida, la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral y un nuevo marco jurídico que favorece la intervención de la iniciativa privada en su ámbito de regulación.

Esta combinación de factores constituye el marco que permite a los emprendedores visualizar oportunidades que se convertirán en proyectos susceptibles, tarde o temprano, de llevarse a cabo.

En base a lo expuesto anteriormente, resulta oportuno analizar el fenómeno del emprendimiento, así como el sector de la dependencia, como cauce para la creación de una empresa de Asistencia a Domicilio.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR El concepto de emprendimiento se sustenta en las características del propio emprendedor. Tal y como afirma Olmos Arrayales (2007) el carácter del emprendedor se forja por la combinación de una serie de factores, tanto internos del propio individuo, como externos. En relación con los factores internos, autores como Alcaráz Rodríguez (2006) y Chamorro, Erazo y Montene-

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Respecto a los factores externos, la Guía para el emprendedor elaborada por el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (2005) enumera una serie de riesgos de diversa índole, derivados de los cambios del entorno, que pueden influir en la actuación y en los resultados de la empresa: políticos, legales, socioculturales, económicos, tecnológicos y globales.

OBSTÁCULOS A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA Resulta útil acudir a los datos recogidos en el “Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España” basados en unas encuestas relativas a la situación del emprendimiento en nuestro país (Alemany, Álvarez, Planellas y Urbano, 2011). Concretamente, en la encuesta se pregunta por qué los jóvenes no se deciden a desarrollar proyectos emprendedores. De los resultados obtenidos, lo más destacable es: A) El 77% de los jóvenes considera como obstáculo principal la falta de ayudas económicas para la financiación de los proyectos. Se afirma que en España hay pocas fuentes de financiación para emprendedores en comparación con otros países europeos. Los ahorros propios son la principal vía de financiación, seguida de los créditos bancarios (con mayor dificultad de acceso).

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Artículo

Señalar en este punto la tendencia de las empresas relacionadas con el sector de las tecnologías y de crecimiento rápido a recurrir al capital riesgo o a redes de inversores privados “business angels”. Según este estudio, Cataluña y Valencia son las comunidades autónomas españolas con mayor desarrollo de estas redes, con once y ocho redes respectivamente. A estas les siguen Madrid, Galicia y País Vasco, con cinco, tres y dos. Las demás comunidades autónomas solo tienen una red. B) Un 65% considera que los siguientes obstáculos son la inseguridad y el miedo al fracaso. De manera comparativa con los países estudiados, España es, con un 45%, el segundo país con mayores cifras de miedo al fracaso a la hora de emprender, justo después de Francia con un 47%. C) La falta de formación y educación, con un 42%. A pesar de ser considerado un obstáculo por los jóvenes encuestados, el 28% de los mismos está totalmente de acuerdo con que la educación que han recibido les ha ayudado a poner en marcha proyectos emprendedores, así como a entender mejor el papel de los emprendedores en la sociedad. A su vez, el 30% está totalmente de acuerdo en que con la educación recibida podría iniciar un negocio en el futuro. Por último, un 20% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que la formación recibida ha propiciado su interés por asumir riesgos. En vista a lo anterior, podemos afirmar que, a pesar de ser insuficiente la formación para poder emprender, el porcentaje de jóvenes que abogan por su utilidad es muy superior a los que difieren con la misma.

Con el proceso de reforma educativa, en el que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación (LOE), se persigue mejorar la empleabilidad de los jóvenes estimulando el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial en todas las etapas educativas, desde la educación primaria hasta la educación superior. En este sentido, se requiere de un profesorado capacitado para inculcar el espíritu emprendedor entre los estudiantes y proporcionarles los conocimientos necesarios para el desarrollo de la iniciativa emprendedora (Baanante Gismero, 2016).

PASOS PARA EMPRENDER Una vez conocidas las principales barreras que ha de solventar el emprendedor, analizamos de manera genérica las pautas a seguir para iniciar su negocio. A) El primer paso se basa en definir las razones para iniciar el negocio. Félix Antonio Malagón (2003) sostiene que todo emprendedor se encuentra motivado por razones para iniciar un nuevo proyecto, independientemente de su carácter social, econó-

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B)

C)

D)

E)

F)

mico, cultural o de distinta índole, provenientes de necesidades, valores o dificultades que se tengan en el ámbito personal (situación de desempleo, dificultad para trabajar bajo subordinación, oportunismo, afán de desarrollo, entre otras). Encontrar una idea de negocio. En este paso, los autores advierten de que no existen las ideas de negocio perfectas. Expertos como Emilio Duró (2015) recomiendan no centrarse en inventar un nuevo producto o servicio en la búsqueda de la idea de negocio, sino copiar los que ya existen y hayan tenido éxito. El economista define esta actuación como “copiar a la bestia”. Con esta expresión hace referencia a copiar al líder de mercado, dejando la labor de innovación en manos de “el genio”. Plantear un modelo de negocio. Se recomienda el uso de herramientas como el “Business model canvas”, creado por Alexander Osterwalder en su libro “Generación de modelos de Negocio” (2011), para definir el modelo de negocio y elegir la opción más adecuada para añadir valor al mismo. Elaboración de un plan de negocio. Según Valencia y Pinto (2013), se trata de un instrumento de gestión que servirá de guía al emprendedor a la hora de hacer operativo su negocio y, a su vez, acreditar su viabilidad para la obtención de financiación. Búsqueda de financiación. La autofinanciación, financiación bancaria, crowdlending, subvenciones, inversores privados o crowdfunding son algunas de las alternativas planteadas por la Cámara de Comercio de España (2017). Constitución de la empresa. Elección de la forma jurídica que puede adoptar la empresa para ser constituida legalmente. Dependerá del número de promotores que participan en el proyecto y la responsabilidad de estos, complejidad y coste de su constitución, fiscalidad y actividad en sí misma.

SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la más importante red mundial sobre emprendimiento, cuyo objetivo es analizar, procesar y publicar anualmente la información relativa a la iniciativa emprendedora. De su informe elaborado para el año 2016, Romero, J. A., Arias, G. G. P., Peinado, M. H., & Ariza, L. R. (2017) nos describen de manera introductoria una serie de indicadores utilizados para valorar los niveles de actividad emprendedora en un territorio, mediante la identificación de las personas involucradas en las distintas etapas del proceso emprendedor. Los indicadores utilizados son: •

Porcentaje de emprendedores potenciales: Personas de la población adulta (de 18 a 64 años) que tienen la intención de iniciar un negocio en los próximos 3 años.

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Artículo Porcentaje de emprendedores nacientes: personas adultas que están poniendo en marcha una empresa con un periodo de funcionamiento inferior a 3 meses. • Porcentaje de emprendedores nuevos: Personas adultas que poseen un negocio con un periodo de funcionamiento superior a 3 meses e inferior a 42 meses y que, por tanto, aún no se ha consolidado. • Porcentaje de empresarios consolidados: Personas adultas titulares de un negocio que ya se ha afianzado en el mercado por haber funcionado más de 42 meses. • Tasa de actividad emprendedora total (TEA): En la fase inicial del negocio, corresponde a la suma del porcentaje de emprendedores nacientes y el porcentaje de emprendedores nuevos. • Indicador de abandono de la actividad empresarial: Porcentaje de personas adultas que han cerrado o abandonado su negocio en los últimos 12 meses. De los resultados del estudio podemos extraer las siguientes conclusiones:

○ El porcentaje de emprendedores potenciales en 2016 se mantuvo en torno al 6,1%, aproximadamente, la mitad del punto más alto registrado en el periodo, correspondiente al año 2012, en el que se alcanzó un 12%. Este comportamiento sugiere que el número de personas que contemplaban el emprendimiento como alternativa ocupacional en plena crisis ha ido en decremento conforme se ha ido subsanando la economía española. ○ La Tasa de Actividad Emprendedora total (TEA) disminuyó en España en un 8%, pasando de un 5,7% en 2015 a un 5,2% en 2016. Por otra parte, el porcentaje de empresarios consolidados disminuyó de un 7,7% a un 6,2% en ese último año. Si se contrastan ambos indicadores, en dicho periodo, el porcentaje de empresarios consolidados ha sido superior al porcentaje de personas involucradas en negocios en su fase inicial reflejados en el TEA. Estos indicios evidencian que, en España, la actividad emprendedora en su fase inicial ha ido siguiendo, en general, un proceso de consolidación en dicho periodo. ○ En cuanto al indicador de abandono de la actividad empresarial, distinguiendo entre el cierre definitivo y la transmisión de la empresa, se han producido, respectivamente, un incremento del 9% y un descenso del 20% respecto al año 2015. En base a estos datos, podemos señalar que los indicadores anteriormente expuestos han evolucionado sin un patrón claramente definido a lo largo del periodo señalado. La tendencia negativa observada en la mayoría de los casos manifestaría un alto grado de incertidumbre en el futuro de la actividad emprendedora.

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EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA COMO OPORTUNIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO A continuación, analizaremos una serie de causas que justificarían la idea de negocio y posibilitarían la creación de una empresa de asistencia a domicilio, dentro del sector de la Dependencia.

Factores Sociodemográficos

La protección a las personas en situación de dependencia es uno de los pilares que sustentan el Estado de Bienestar. Dados los profundos cambios sociodemográficos que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, tales como el incremento en la esperanza de vida con el consiguiente envejecimiento de la población, unido a la inviabilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se ha configurado un escenario que propicia la actividad emprendedora en el ámbito del sector de la dependencia. Según los datos recogidos en el informe “Envejecimiento en red” (2017), España sigue un proceso de envejecimiento que se irá incrementando con el paso de los años. Según los datos extraídos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2016 hay 8.657.705 personas mayores, de 65 o más años. Esto supone un 18,4% sobre el total de una población de 46.557.008 personas. Dentro de este grupo, los mayores de 80 años representan el 6% con una tendencia alcista, por lo que se prevé que el envejecimiento poblacional se verá agudizado. En el informe elaborado por el INE sobre proyección de la población de España 2016-2066, se afirma que el descenso de la natalidad provocaría un decremento del 25,9% de niños menores de 10 años en 2031 respecto a la actualidad, suponiendo una cifra de 1.210.000 y 1,7 millones menos en 2066, suponiendo una disminución de 35,3% para entonces. Por otra parte, los grupos de edad contemplados a partir de los 64 años se incrementarán en 3 millones más en 2031, suponiendo una subida del 34,8% y elevándose la cifra a un total de 14,2 millones. Esta cifra aumentaría en 2066 a 15,8 millones, un 63,1%. Respecto a la población total, el informe del INE revela que el porcentaje de población de 65 años o más aumentaría en 2031 al 25,6% de la población total residente en España, implicando que 1 de cada 4 españoles tendría una edad igual o superior a 65 años. En 2066 ascendería al 34,6%, frente al 18,7% actual. En este punto, resulta relevante resaltar que la población de 100 años o más pasaría a 222.104 en 2064 frente a las 16.440 actuales. Dicho incremento pone de manifiesto el progresivo aumento de la esperanza de vida de la población.

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Artículo En cuanto a la tasa de dependencia de la población, expresada como el cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años, si se mantienen las tendencias actuales, se elevaría al 62,2% en 2031 y al 87,7% en 2066, frente al 53,5% actual. En vista a este escenario, y dadas las perspectivas futuras, se muestran indicios evidentes de que se producirá un aumento progresivo de la demanda de servicios relacionados con la Ayuda a Domicilio. El inevitable incremento del gasto público destinado a esta labor social y la incapacidad del SAAD para sufragarlo, conforman un contexto más que atractivo para la intervención de la iniciativa privada en este sector. NUEVO MARCO NORMATIVO: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La Constitución Española de 1978 define en su artículo 1 a España como un Estado Social y democrático de Derecho y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la igualdad. A su vez, establece en su artículo 50 una previsión dirigida a los poderes públicos de garantizar un sistema de servicios sociales que atienda a los ciudadanos durante la tercera edad y promueva su bienestar. Como bien argumenta Vidal Fernández (2006), tras varias décadas después de la aprobación de nuestra Carta Magna, se puede afirmar que España es un país moderno en lo referente a sus estructuras políticas, económicas y sociales. Se trata de uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo gracias al desarrollo de los cuatro pilares fundamentales del Estado de Bienestar que han sustentado un sistema universal de protección social (salud, educación, rentas y pensiones y servicios sociales). Es conveniente matizar que, a pesar de tratarse de un sistema público, el cuarto pilar referente al sistema público de Servicios Sociales no ha conseguido aún su universalización. Ante este escenario, caracterizado por el progresivo incremento de las tasas de envejecimiento y de dependencia, así como por la ruptura con el modelo tradicional de familia y la incorporación de la mujer al mercado laboral (lo que genera una disminución del “apoyo informal” en esta labor), nace la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.” (LAAD en adelante). En la Exposición de Motivos de la LAAD se contempla la atención a estos colectivos como un reto ineludible para los poderes públicos. Por ello, el desarrollo del Sis-

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tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) requiere del compromiso y la actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, constituyendo un elemento fundamental la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas, así como contar con la participación de los entes locales y entidades privadas. Del concepto de Dependencia que nos proporciona la Ley 39/2006, en su artículo 2, podemos sintetizar varias notas definitorias de esta situación: • • •

Se trata de una situación de carácter permanente Conlleva una falta o pérdida de autonomía por razones de edad, enfermedad o discapacidad. Necesitan de la atención y ayuda de terceras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Se distinguen tres grados de Dependencia en el artículo 26 LAAD: Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. • Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador, o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. • Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Por otra parte, el Capítulo II de la LAAD establece el marco jurídico, comprendido entre los artículos 13 y 25 bis, sobre las “Prestaciones y Catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”. •

En primer lugar, el artículo 14 LAAD dispone que las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios, enumerados en el artículo 15, o prestaciones económicas, contempladas en los artículos 16 y 17. Si bien, también establece la prioridad de los servicios, otorgando a las prestaciones económicas un carácter subsidiario de los mismos. Estas prestaciones y servicios se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. Dicha red está formada por:

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Artículo •

Los centros públicos de las Comunidades Autónomas. • Las entidades Locales. • Los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia • Los centros privados concertados debidamente acreditados. En el ámbito de la iniciativa privada, la citada Ley establece en su artículo 16 varias modalidades de participación a través de centros y servicios privados, concertados y no concertados, así como organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector. Por último, analizando la financiación de este servicio público, la LAAD establece varias vías de financiación, en sus artículos 32 y 33, por parte de las distintas Administraciones Públicas y de los beneficiarios respectivamente:

Financiación por parte de la Administración General del Estado. • Financiación por parte de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en los correspondientes convenios de cooperación interadministrativa con la Administración General del Estado. La aportación de la Comunidad Autónoma deberá ser al menos igual a la de la Administración General del Estado. Las aportaciones por parte de una u otra Administración Pública estarán determinadas en función del nivel de protección del que se trate. Estos niveles vienen recogidos en los artículos 9, 10 y 11 LAAD: •

Nivel mínimo: financiado por la Administración General del Estado. (Artículo 9) • Nivel acordado: financiado conjuntamente por la Administración General del Estado y las distintas administraciones de las Comunidades Autónomas en virtud de los Convenios suscritos entre ambas. (Artículos 10 y 32.3) • Nivel Adicional: se trata de un nivel de protección opcional financiado por la Comunidad Autónoma. (Artículo 11.2) Además de lo anterior, se establece la participación en la financiación de los beneficiarios de las prestaciones, en función del coste del servicio y la capacidad económica personal, como sucede en determinados servicios y prestaciones en los que se establece un sistema de copago por parte de los interesados. •

Como se puede observar, el sector de la dependencia está regulado por un amplio marco jurídico que, a pesar de no escudriñar demasiado en los detalles de su contenido, no deja de ser un sistema complejo en el que han de coexistir y coordinarse las instituciones enmar-

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cadas en el sector público y las entidades surgidas de la iniciativa privada para dar respuesta a las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA A continuación, se analizará la situación actual del sector de la dependencia en España, a efectos de evaluar el grado de necesidad de estos servicios por parte de la sociedad española y la capacidad de ofrecerles cobertura por parte del SAAD. En definitiva, conocer el nivel de oferta y de demanda en este sector. Según Ramírez Navarro (2017), presidente del Observatorio de la dependencia, en el periodo comprendido desde el año 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un estancamiento en el SAAD debido al calendario de aplicación progresiva de la LAAD. Transcurrido dicho periodo, hasta el 1 de Julio de 2015, la finalización del calendario supuso el reconocimiento del derecho a atención por parte del SAAD de todas las personas dependientes en todos los Grados, incluyendo los Grado I, tras su reciente incorporación en la mencionada fecha. Este hecho supone, según el Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, de Julio de 2017, un importante aumento de la lista de espera, que debía absorberse con la mayor celeridad posible. A finales del primer semestre de 2017, se produjo un cierto incremento en el número de personas atendidas alcanzando una cifra de casi 900.000 personas. Si bien, la cifra total de personas a las que se les ha reconocido la situación de dependencia asciende a 1.217.355. Por ello, resulta evidente que el sistema actual no tiene capacidad suficiente para dar cobertura a las necesidades del total de la población en situación de dependencia conocida. Por otro lado, a pesar de haber aumentado el número de personas atendidas desde 2015, no se debe olvidar que, al tratarse de un sistema caracterizado por la asunción de competencias ejecutivas por las distintas Comunidades Autónomas, el incremento porcentual de personas atendidas varía considerablemente de una a otra comunidad autónoma, siendo Aragón la Comunidad Autónoma con mayor incremento porcentual con un 41,9% frente a Cataluña, con solo una variación del 6%. En el caso de Andalucía, el aumento del 14,13% nos sitúa como la tercera Comunidad Autónoma con menor incremento porcentual en su nivel de atención, bastante por debajo de la media española con un 21,79%. Por otra parte, como se ha dicho anteriormente, el importante aumento de la lista de espera debido a la reciente incorporación al derecho de atención de personas con dependencia reconocida de Grado I supo-

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Artículo ne que el número de personas en lista de espera con Grados II y III haya permanecido casi inalterado en este periodo. Tal y como argumenta el autor anteriormente citado, esta situación supone importantes dificultades de cara a la financiación del sistema. Además, el Nivel Mínimo, cubierto por la Administración General del Estado, proporciona unas cuantías que varían en función del Grado de dependencia y que resultan insuficientes: Grado I: 44,33 €/mes por dependiente atendido Grados II y III: 177,86 €/mes por dependiente atendido De los servicios listados en el catálogo del artículo 15 LAAD, se contemplan algunos con un menor coste para la financiación pública, como es la teleasistencia (con un coste medio de 25 euros al mes). El problema se da en que este servicio puede ser adecuado para personas que se encuentren en una situación de dependencia de Grado I, pero es insuficiente para las personas con una situación de dependencia de Grado II y III. • •

Como consecuencia de lo anterior, es evidente que resulta más costosa para las arcas autonómicas la aten-

ción a las personas con dependencia de Grado II y III, lo cual conlleva a una situación de incapacidad financiera para sufragar los servicios requeridos por parte de las Administraciones Públicas. Esta incapacidad financiera justifica que se haya utilizado en mayor medida la vía de la prestación económica vinculada al servicio o al cuidado familiar. Como se ha podido observar en estos puntos, la atención a las situaciones de dependencia se trata de un fenómeno que se va acrecentando en nuestra sociedad y cuya demanda no ha sido hasta ahora cubierta en su integridad debido a la insuficiencia de la oferta de servicios y prestaciones provenientes del SAAD. Llegados a este punto, se puede afirmar que la sociedad tiene una necesidad creciente de estos servicios, manifestada en la tendencia que está siguiendo la evolución demográfica de nuestro país. A su vez, resulta evidente la oportunidad de negocio vinculada al sector de la dependencia, gracias a un marco normativo que favorece la participación de la empresa privada en la prestación de un servicio que, como se indicó anteriormente, a pesar de ser reputado como público, no ha conseguido aún su universalización.

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Entrevista Artículo

Aurora León

Abogada Laboralista: “En la jurisdicción social estamos viviendo una denegación pura y dura de justicia” Parafraseando a Bertolt Brecht, hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles. A ese último grupo pertenece Aurora León, abogada laboralista que ha entregado toda su vida a la defensa de la Justicia Social o, como a ella le gusta llamar, la Justicia de los Pobres. De este modo desde su despacho se convirtió en pieza clave para la configuración de un marco de derechos y libertades en Andalucía. El pasado 5 de abril le hicieron un homenaje en la Facultad de Derecho para reconocer su trayectoria. Ahora, desde la perspectiva que dan los años ¿Qué balance hace de ésta? ¿Cuáles fueron los mejores y peores momentos? En la facultad de Derecho de mi época tuvimos la suerte de vivir momentos importantes como fue la movilización social y política de los años 60. Mi promoción fue la de 1963-68 y consecuentemente el último año de facultad coincidió con todas las grandes movilizaciones de ese año que se vivieron muy intensamente y que marcaron a los que participamos en ellas.

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Yo siempre digo – medio en serio, medio en broma – que fue más importante la formación política y social que recibí en la facultad, que la formación jurídica. Por una sencilla razón, las facultades están demasiado enfocadas al ámbito teórico y cuando uno se da cuenta de lo que es el derecho es cuando ve como se aplica y eso en las facultades de antes – y creo que en las de ahora igual- no se ve. Puedes hacer unas prácticas académicas, pero necesitas aplicar el derecho en la vida cotidiana, en casos concretos que una va atendiendo en su propio despacho. Por eso creo que lo más importante para mí en la época universitaria fue ese contacto con el pensamiento crítico frente a la dictadura en la que vivíamos. Este pensamiento

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Entrevista Artículo crítico fue lo que nos modeló a muchos de los que participamos, construyendo nuestra visión de la sociedad.

que existían una serie de normas y situaciones totalmente indeseadas.

En cuanto a señalar los mejores y peores momentos de forma concreta, me resulta muy difícil. Lo peor, sin duda, es cuando uno palpa de cerca la injusticia que sufre una persona débil e indefensa. Eso es lo más duro de esta profesión y desgraciadamente lo he visto muchas veces. Y lo mejor es cuando ves que una persona que vino en una situación mala, al cabo del tiempo de tú haber intervenido en su defensa, recupera su dignidad y su estima. Es muy gratificante la capacidad de incidir en la recuperación de la dignidad de una persona que sufre una injusticia.

Recuerdo como, por ejemplo, cuando yo empecé a ejercer la profesión se premiaban a las mujeres que abandonaban el trabajo al casarse y existía lo que se llamaba la dote. Muchas mujeres decían: “para que me echen o me vaya cuando tenga un hijo porque no voy a poder trabajar y no me lleve nada, prefiero irme cuando me case y que me paguen un mes de salario por año de antigüedad”, que era lo que se pagaba de dote. Se incentivaba que la mujer abandonara el mercado de trabajo.

¿Por qué decidió hacerse abogada laboralista? Hubo una parte de planteamiento sociopolítico y una parte también de planteamiento ético o religioso. Yo participaba entonces en los Movimientos Cristianos de Base y eso nos hacía tener una sensibilidad hacia la injusticia y los pobres. La verdad es que el motivo de hacerme abogada laboralista fue el contacto con otros compañeros de estos movimientos que conocimos en Madrid con despachos que ya funcionaban. Esto me llevó a ver que una manera de enfocar la profesión era dedicar nuestros conocimientos jurídicos precisamente a quienes más necesitaban nuestra defensa y en aquellos años, sin dudas, eran los trabajadores que se encontraban dejados de la mano de Dios. ¿Cuál era la situación del Derecho del Trabajo cuando usted comenzó su actividad profesional? ¿Qué avances se consiguieron? Era una situación muy dura pues no existían los instrumentos básicos de defensa de los trabajadores. Empezando por el sindicalismo, que era de corte corporativo y que de manera real no era un sindicato de trabajadores. Partiendo de ahí la negociación colectiva estaba muy mediatizada haciéndose lo que decía el Sindicato Vertical. Aunque esta situación fue cambiando con la creación de las llamadas Uniones de Trabajadores que eran las que realmente negociaban ya con la patronal los convenios. Poco a poco se fueron dando pasos con el desarrollo de la negociación colectiva, pero seguíamos teniendo grandes problemas, como, por ejemplo, la inexistencia del derecho de huelga, que estaba penada en el Código Penal. Esto nos hacía que tuviéramos que defender a los trabajadores tanto en el ámbito laboral como en el ámbito penal, porque el ejercicio de sus derechos básicos de sindicación, de huelga, de reunión, de manifestación estaban todos vedados. De este modo, se unían los temas puramente laborales, como eran las relaciones de trabajo, y los temas de trabajadores-ciudadanos que eran privados de sus derechos. En referencia a los temas puramente laborales, existía una cierta visión paternalista de las relaciones de trabajo desde el punto de vista del Régimen; pero qué duda cabe

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Todo esto lo digo para que nos hagamos una idea de la situación en aquel momento. Las leyes de trabajo tenían algunos aspectos bastante positivos, como por ejemplo que regulaban estrictamente los derechos y obligaciones de los trabajadores, pero luego estos no tenían instrumentos para hacerlos valer, como no fueran en las magistraturas de Trabajo, que, como todo en la Dictadura, estaban mediatizadas. No obstante, las magistraturas de Trabajo tenían una ventaja: sus jueces eran especialistas, porque dejaban la carrera judicial tal como se concebía globalmente y entraban a trabajar en exclusiva en las magistraturas de Trabajo, estando veinte o treinta años en el puesto con lo que lograban una gran especialización. Por cierto, algo que no estaría mal que se diera hoy. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la Jurisdicción Social desde sus inicios en los juzgados? La mujer ha evolucionado en la Jurisdicción Social como ha evolucionado en el resto de la sociedad. Que yo recuerde en los juzgados de lo social solo había una compañera que trabajaba en el Sindicato Vertical como abogada y yo. Pero es que abogadas éramos cuatro o cinco en el Colegio de Sevilla. Juezas no hubo durante muchos años, siendo un mundo totalmente masculino. Lo que si pasaba era que en el orden social había muchos litigios que afectaban a mujeres, porque había muchas mujeres trabajadoras. A veces parece que las mujeres no han trabajado hasta hace veinte años y eso no es así. Siempre lo han hecho porque lo han necesitado; sobre todo las de las capas más bajas de la sociedad. Había fábricas enteras de mujeres trabajadoras, por ejemplo, en los talleres de textil, en las fábricas de aceitunas, en la alimentación o en el comercio. En aquella época, existían una serie de sectores donde mayoritariamente eran mujeres y por lo tanto había muchos litigios. En Sevilla, por ejemplo, había fábricas importantes como Hytasa o la fábrica de Contadores donde había trabajando muchas mujeres, así cuando ibas a las magistraturas de Trabajo te encontrabas a muchas mujeres pleiteando. De este modo, a lo mejor solo había una abogada, pero con una gran cantidad de mujeres a las que defender.

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Entrevista Artículo ¿Cómo definiría el mercado laboral en España en la actualidad? ¿Ha habido un retroceso de los derechos conquistados durante estos años? Evidentemente, porque usando como pretexto la crisis económica se han modificado totalmente las bases del contrato de trabajo en elementos fundamentales y en la actualidad vivimos en un mercado de trabajo profundamente desequilibrado a favor de la parte empresarial. Si hablamos por ejemplo del fraude en la contratación, esto era algo generalizado desde la primera reforma laboral con los contratos para el fomento del empleo que permitían contratar sin causa con carácter temporal; pero esta situación se ha ido acentuando cada vez más y se ha llevado a sus últimas consecuencias con la última reforma laboral, la cual le quita a los trabajadores los instrumentos esenciales para su defensa, igual que en los tiempos que hablábamos de la dictadura. Puede haber leyes maravillosas, pero si los trabajadores no pueden defenderse no valen para nada. Al no haber empresas importantes que puedan hacer convenios de empresas, es importante que estos convenios sectoriales primen sobre los de empresa. Pues bien, llega la reforma y dice que priman los convenios de empresa sobre los del sector. Después el tema del despido se ha liberalizado hasta límites que estamos ya en una línea que se puede hablar de despido libre o despido sin causa; porque decir, por ejemplo, que un despido objetivo se puede dar con pérdidas previstas, es prácticamente lo mismo que decir que se puede despedir sin causa o libremente. Así se ha liberalizado mucho la salida del mercado y se ha permitido la contratación temporal sin causa como el famoso contrato de emprendedores. De este modo, en la medida que se le ha ido quitando a los trabajadores instrumentos para su defensa, se está volviendo a una situación de indefensión extraordinaria, hasta el punto de que hoy en día es raro encontrar una empresa donde se trabaje ocho horas. La jornada de ocho

horas, que fue un hito en la lucha del movimiento obrero mundial, en ocho o nueve años se ha terminado en este país. Hoy la jornada normal es de 10 o 12 horas, por lo menos es lo que se ve cuando la gente viene a consultar al despacho y encima no cobran esas horas extraordinarias. Cuando les preguntas que como pueden permitir eso, te dicen resignados que no pueden decir que no, porque si lo dicen ya saben lo que hay: el despido. Por culpa de este miedo al despido, al haberse facilitado tanto, se ha llegado a una situación de pérdida de derechos, jornadas extenuantes y bajada de salarios. Un trabajador de hoy gana mucho menos que lo que se ganaba hace diez años. Esta situación es gravísima y es urgente intervenir en el mercado de trabajo atacando fundamentalmente el fraude en la contratación, y eso es posible. Cualquiera sabe que existen medidas como, por ejemplo, si a un empresario le condenan a readmitir a un trabajador después de un despido improcedente por fraude en la contratación temporal, en vez de darle la opción al empresario entre readmitir o indemnizar, como sanción por haber llevado a cabo una actuación fraudulenta, esta opción debe invertirse, siendo el trabajador el que debe tener la opción a elegir y no el empresario. Hay que conseguir que, al menos, el fraude acarree consecuencias negativas a quien lo practica; porque si después, como vemos en la realidad, da igual cometer un fraude como no cometerlo, éste se generaliza. Otra medida por ejemplo sería que las cuotas de la Seguridad Social fueran más bajas si se hace un contrato de más duración. Se hace una escala y al que haga contratos semanales – o incluso diarios- que le cuesten un 35 o 40% más las cuotas de la Seguridad Social. Además, esos empresarios lo que hacen es competir ilícitamente con otros empresarios que quieren cumplir la ley, con lo cual no solo dejan los derechos de los trabaja-

Es muy gratificante la capacidad de incidir en la recuperación de la dignidad de una persona que sufre una injusticia.

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Entrevista Artículo dores mal parados, sino que además compiten ilegalmente con otros empresarios que si cumplen la ley. Hay que fomentar la estabilidad haciendo que contratar de manera fija sea más barato para el empresario que de manera eventual. Hay que atajar la tasa de rotación en España, que es la más alta de toda Europa y eso se consigue poniendo unos costos superiores al empleador que provoca esa tasa de rotación y el camino más recto para eso es establecer una cuota flexible que prime el trabajo estable frente al trabajo precario. Para que esto se cumpla solo hace falta voluntad política, porque esta medida en parte también beneficia a la Seguridad Social porque lo que se pierde por los fijos se gana por los eventuales que están más caros. Y no solo hay que acabar con todo esto porque sea intolerable desde el punto de vista de los derechos y la dignidad de los trabajadores; sino también desde el punto de vista de la racionalidad del Mercado. Esta situación desnaturaliza su propia función, porque algo tan desigual y tan desequilibrado no funciona y afecta a la economía del país. Con este tipo de mercado de trabajo, España no puede competir con otros países, porque con este modelo no tienen mano de obra cualificada y nunca la van a tener. Con esta fórmula nunca vas a tener una mano de obra fidelizada que garantice una buena producción, que es la única forma de competir. Aquí, en cambio, la idea que se tiene es que se compite con bajos salarios y precariedad en vez de con calidad de servicios y producción que es como compiten los países desarrollados, porque no olvidemos que los países que están a la cabeza son los que tienen mejor legislación laboral. Es mentira cuando nos dicen que se ha creado empleo con la reforma laboral. Lo que ha provocado es más desigualdad con la excusa de la crisis, siendo los ricos más ricos y los pobres más pobres. Ahora que hay un nuevo Gobierno, hay que pedirles que atajen de manera seria y responsable este problema que está destrozando nuestro Mercado Laboral. Es necesaria una intervención pública importante y la legislación laboral hay que reestructurarla con cambios importantes. En mi opinión, hay que derogar la Reforma Laboral y luego ya nos sentamos para ver si hay que hacer algún tipo de reformas beneficiosas. ¿Considera a España un país maduro en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social? Evidentemente, y con todo lo dicho en la pregunta anterior, la respuesta es un rotundo no. España necesita derogar la última Reforma Laboral que fue, a mi modo de ver, muy negativa y hay que recomponer de nuevo la legislación laboral, tanto a nivel de contrato individual de trabajo como a nivel de relaciones colectivas de trabajo, hay que cambiar la negociación colectiva, que es fundamental y que está en la base de la caída de los salarios. La negociación colectiva es la única vía para equilibrar unas relaciones laborales de por si desequilibradas.

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¿Cómo calificaría la situación de colapso que se vive en la jurisdicción social? ¿Qué medidas cree que hay que adoptar para mejorar esta situación? Me parece una situación de verdadera catástrofe. Llevamos desde hace unos 10 años en una situación, - que ya dije y lo mantengo-, de verdadera denegación de justicia. No se pueden tener a las personas dos o tres años esperando en materias laborales, que son materias vitales en la vida de las personas. Desde temas como la invalidez, donde hay personas que no le dan la absoluta hasta dentro de tres años, cuando en muchos casos desgraciadamente, ya no pueden ni percibirla. O el despido, que se va a plazos que dan vergüenza entre las fechas de juicios, recursos etc. En la jurisdicción social estamos viviendo una denegación pura y dura de justicia. Considero que todos los colectivos afectados, como pueden ser los abogados o los graduados sociales entre otros, deberíamos ponernos de acuerdo y emprender acciones legales en Europa o ante la OIT, porque esto ya empieza a ser verdaderamente insostenible. Se dice que se ponen jueces de refuerzo, pero después no se ponen juzgados de refuerzo con su cuerpo de funcionarios, por lo que el juez de refuerzo al final tiene que tirar de los funcionarios de otro juez y al final todavía se multiplica más la carga de trabajo. Lo que hay que hacer es dotar a Sevilla con varios juzgados de lo Social más, mínimo cuatro. Estamos ante un atentado frontal contra el derecho a la defensa de los trabajadores, que es un colectivo muy vulnerable por su debilidad económica. Además, este abandono por parte del Estado de la Justicia Social – o la Justicia para los pobres- es doblemente grave porque se atenta contra el derecho a esa tutela judicial efectiva y además se atenta contra el derecho de los más pobres, de los que más tutela necesitan. En definitiva, como decía antes, hace falta una acción conjunta de todos los implicados, hablar con los sindicatos y con los colegios profesionales e iniciar una acción legal ante los organismos internacionales que haga falta, pero no podemos quedarnos más tiempo esperando. A lo largo de su vida profesional ha trabajado codo con codo con muchos Graduados Sociales, ¿cómo valoraría la labor de este colectivo como defensores de la Justicia Social? Yo siempre he tenido muy buena relación con los Graduados Sociales, he coincidido mucho con ellos de manera estrecha al encontrarnos en los juzgados de lo Social; y la opinión que he tenido ha sido muy buena. Al menos de aquellos con los que me he cruzado. Siempre han sido muy buenos profesionales y muy buenos compañeros.

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Entrevista Artículo

José Antonio Ortiz Márquez

Graduado Social Colegiado nº 1566

Subida del absentismo laboral

Durante el 2017 el absentismo laboral se incrementó del 10,5% respecto al año 2016, según los últimos datos estadísticos publicados en la prensa. Llama la atención el dato, después de venir bajando sobre todo en época de crisis paulatinamente. Estos datos basado en las Bajas de IT, y aquellas bajas no justificadas por el trabajador, tiene también una lectura en el territorio patrio. Por Comunidades Autónomas las diferencias se acrecientan , por ejemplo en las bajas no justificadas las tasas de absentismo más altas se sitúan en Castilla y León (1,9%) y Euskadi (1,7%), frente a las más bajas de Canarias (1%) y Andalucía (1,1%), entre otras regiones, curiosamente pese a los tópicos, en zonas industriales la tasa es más alta, y donde hay más industria es en la zona norte. Si ya tenemos dos variables en el absentismo laboral podemos añadir más y más, pero otra importante además de la geográfica es la sectorial. Si medimos por volumen, la más alta es en el sector de servicios, si lo ponderamos volvemos a lo antes comentado, el sector industrial gana en este “ranking”. Más datos que llaman la atención, es que en contra de lo que pudiera esperarse, los procesos de bajas médicas por IT se dan con mayor incidencia entre los menores de 35 años. Mientras que, por el contrario, las bajas duran más tiempo a medida que aumenta la edad del

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trabajador. Los mayores de 49 años alcanzan el mayor índice con una media de 1.692 días de baja por cada 100 hombres y 2.237 días por cada 100 mujeres. Otra variable es el total de los procesos de baja por IT en 2017, el 86,36% se derivan de contingencia común (accidente no laboral o enfermedad común). Y el 13,64%, de las de origen profesional (accidentes de trabajo o enfermedades profesionales). El impacto económico es de 63.863 millones euros sobre el PIB, por el coste de oportunidad perdido ante la rebaja de producción de bienes y servicios. Habiendo un total 4,5 millones de procesos de incapacidad temporal, por contingencias comunes, el absentismo laboral tuvo un coste directo para las empresas de 6.273 millones de euros. No debemos dejar de abordar, las diferencias también existentes entre funcionarios y empresa privada, si a primera hora se supone debemos fichar y no lleva ni un minuto en la silla y se va; hace la compra en plena jornada laboral o cobrar sin haber ido a su lugar de trabajo son algunos malos ejemplos, no generalizar, pero que han dado a los funcionarios durante los últimos años una pésima imagen, ahora se pretende poner coto a esta práctica. El Gobierno prepara la metodología de medición del absentismo en las administraciones públicas, junto con un plan para perseguir esta

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Artículo práctica, sin que se haya dado una fecha para ponerla en vigor.

Durante el 2017 el absentismo laboral se incremento del 10,5% respecto al año 2016, según los últimos datos estadísticos publicados en la prensa. Llama la atención el dato, después de venir bajando sobre todo en época de crisis paulatinamente.

Ahora después de seis años, se toman medidas por el ejecutivo socialista para poner fin, al esquema implantado en plena era de ajustes presupuestarios por el Gobierno de Mariano Rajoy y en virtud del cual la Administración detraía la mitad del sueldo de los funcionarios desde el primer día de baja médica hasta el tercero, y un 25% entre el cuarto y el vigésimo día. Una medida que en su día se justificó como una fórmula de control del absentismo, pero cuyo objetivo real era reducir la factura de los costes de personal. Estas últimas medidas anunciadas de no penalizar con disminución del sueldo los días de baja, a los funcionarios, y a la vez las diferencias entre comunidades autónomas, el mapa de lo público y sus retribuciones y penalizaciones ante el absentismo varia, y es de agradecer que no se cometan injusticias en un sistema igualitario para todos. Tarea que la Ministra de la Función Pública debe afrontar.

Más allá que, el Estatuto de los Trabajadores recoge, en su artículo 4 de la sección 2ª, los derechos y deberes laborales básicos que tienen los trabajadores bastante generalista y difícilmente de concretar en la Ley, cada empresario o trabajador puede tener sus impresiones particulares a estos datos, muchos son los que opinan

que el absentismo laboral es anticíclico, es decir, el absentismo incrementa cuando la economía funciona de manera favorable y se reduce cuando la economía se ve en crisis. También están los que piensan que la gran mayoría de trabajadores no toman la baja médica al año y, de los que lo hacen, lo más alarmante es que muchos de ellos son reincidentes.

El problema si queremos atajarlo lleva a opiniones encontradas. Aquellos que manifiestan un mayor control de las empresas y de las Mutuas defendido la necesidad de que las mutuas puedan dar de alta a los trabajadores de baja por cualquier tipo de enfermedad y no solo por accidentes laborales, como ahora para lograr una mayor eficiencia. Y los que consideran que en los convenios colectivos añadir pluses interesantes y con verdadera trascendencia económica por la asistencia. Pero si la empresa debe tomar medidas respecto a las obligaciones de los trabajadores con su puesto de trabajo, debemos defender lo justo y el incremento en el tiempo de trabajo no pagado, también es una vía de incremento de precariedad, sobre todos en los trabajadores con contrato a tiempo parcial. ¿Cuántas horas extraordinarias sin pagar? Para exigir hay que cumplir.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Abril - Junio 2018 CAMBIOS DE MODALIDAD NO EJERCIENTE A EJERCIENTE

NO EJERCIENTE A EJERCIENTE

Nº Colegiado

1860

Nº Colegiado

1633

Nombre

Pedro González Elías

Nombre

Manuel Sánchez Moreno

Domicilio profesional

C/ Manuel Siurot, 7

Tlfno.

689 93 21 08

Localidad profesional

41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Domicilio profesional C/ Victoria Domínguez Cerrato, 2, Bloque 2-D, Piso 5º A Tlfno. 652 81 32 16 Localidad profesional 41013 Sevilla

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A EJERCIENTE DE EMPRESA

Nº Colegiado

1796

Nombre

Rocío Suárez Corrales

Nº Colegiado

1462

Nombre

Pablo José Vizcaíno Bueno EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0092

Nombre

Juan Antonio Hernández Calderón

Nº Colegiado

1134

Nombre

Fernando Luis Alonso Falcón

EJERCIENTE A EMÉRITO

EJERCIENTE A EMERITO

Nº Colegiado

0371

Nº Colegiado

0221

Nombre

Juan Manuel Pardo Falcón

Nombre

Antonio José Hurtado Vera

REINCORPORACIÓN EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1756

Nombre

Macarena Acuña Navarro

Domicilio Profesional

C/ Virgen de Begoña, 11, 2ºd

Tlfno.

618 53 72 01

Localidad Profesional

41011 Sevilla

BAJAS EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1738

Nº Colegiado

1842

Nombre

Fancisco Javier López León

Nombre

Julián Pedrayes Benjumeda

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1822

Nº Colegiado

1766

Nombre

Carlos Grau Ayala

Nombre

María José Bernabé Ruiz

NO EJERCIENTE

POR FALLECIMIENTO

Nº Colegiado

1779

Nº Colegiado

0188

Nombre

María Morillas Aguilar

Nombre

Enrique Rodríguez Lerma

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Artículo

Dr. Miguel Ángel Lorenzo Agudo

Doctor en Medicina y Cirugía Médico Especialista en Rehabilitación y Medicina Física Jefe del Departamento de IMS y Biomecánica de Ibermutuamur

Biomecánica en el control y seguimiento de la Incapacidad Temporal

Son muchas las definiciones que pueden darse a la biomecánica, pero entre ellas destacaría que, desde nuestro punto de vista, se ajusta plenamente al objetivo del título de este artículo, que no es otra que la siguiente: “La Biomecánica es la ciencia que se ocupa de la aplicación de los principios mecánicos básicos tanto al estudio como al análisis del movimiento. Las pruebas biomecánicas permiten llevar a cabo una medición del estado funcional del sistema músculo-esquelético, facilitando el diagnóstico y la valoración de sus posibles alteraciones, al mismo tiempo que proporcionan datos objetivos y precisos en cualquier momento de su evolución”. La biomecánica lleva muchos años utilizándose en la investigación y valoración de aquellas deficiencias y/o limitaciones que podrían de alguna forma ser susceptibles de corregirse, y son varios los ámbitos en los que la biomecánica juega un papel determinante a la hora de corregir dichas deficiencias, con el claro objetivo de mejorar la situación funcional de la persona que las sufre, bien hasta su normalización o bien hasta conseguir la máxima funcionalidad posible. Dentro de estos ámbitos entre los que se mueve la biomecánica podríamos destacar la ergonomía (en sus diferentes situaciones de actuación – laboral, domiciliaria, clínica, etc.), el deporte, la tecnología sanitaria, la adaptación durante el desarrollo infantil, las mejoras en seguridad vial, la readaptación laboral y la valoración clínico-funcional de los trabajadores. Gracias a la participación activa de la biomecánica en estos diferentes ámbitos de actuación, en los últimos

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años se ha venido observando una evolución continua y creciente en la utilización de esta rama de la ciencia, y uno de los espacios en los que más se ha podido observar esta marcada utilización de las técnicas biomecánicas es en el ámbito laboral y, muy especialmente, en el apartado correspondiente a la valoración clínicofuncional de aquellos trabajadores que han sufrido un accidente durante el normal desarrollo de su actividad laboral y que, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente y/o de los tratamientos realizados, presenta algún tipo de limitación en su funcionalidad que podría impedirle o dificultarle la realización, total o parcial, de las tareas fundamentales de su puesto de trabajo. En el ámbito de la medicina laboral, aunque puede observarse cualquier tipo de patología, las más frecuentes son aquellas que asientan sobre el aparato locomotor (aparato músculo-esquelético), ya que las diferentes estructuras que lo conforman – tanto las partes blandas (músculos, tendones, ligamentos) como las estructuras óseas – son especialmente susceptibles a los traumatismos directos e indirectos, a las sobrecargas funcionales y posturales que conllevan algunas actividades laborales, al trabajo repetitivo que implica gestos funcionales muy concretos, a la necesidad de adoptar posiciones forzadas o inadecuados durante periodos prolongados de tiempo, y a las exigencias que determinados trabajos conllevan, lo que al final determina una lesión que repercute desfavorablemente en la capacidad funcional de un trabajador para poder desarrollar con normalidad y seguridad las tareas propias de su puesto de trabajo.

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Artículo Son numerosas las herramientas / técnicas biomecánicas de valoración funcional que actualmente hay disponibles en el mercado para valorar la situación funcional de un trabajador y objetivar sus limitaciones / dificultades para poder llevar a cabo las tareas fundamentales de su actividad laboral. Algunas de estas técnicas biomecánicas son muy específicas y permiten analizar de una forma definida la capacidad funcional real de un trabajador para realizar un gesto concreto. Otras, en cambio, van más dirigidas a analizar el comportamiento de un grupo muscular o la movilidad de una determinada articulación.

su realización facilitará en gran medida el siguiente paso. Si la prueba se realiza muy pronto en el curso evolutivo del proceso patológico de un trabajador, corremos el riesgo de que la prueba en cuestión no se realice todo lo bien que fuera preciso y que el resultado que obtengamos no sea demostrativo de la situación clínico-funcional real del trabajador; si por el contrario la prueba se realiza demasiado tarde, corremos el riesgo de quedarnos sin tiempo material para plantear el siguiente paso (modificación terapéutica, planteamiento de nueva prueba biomecánica, viabilidad de emitir un alta laboral).

Desde nuestro punto de vista, la aplicación de la biomecánica en el ámbito de la medicina laboral debería dar respuesta a las necesidades actualmente existentes, que serían las siguientes:

Dentro del control y seguimiento de la Incapacidad Temporal, la adecuada utilización de estos 2 aspectos – finalidad clara en la solicitud del estudio y momento más acorde para llevar a cabo el mismo -, repercutirá favorablemente en la gestión evolutiva de los procesos en situación de Incapacidad Temporal y sin lugar a dudas, facilitará al médico de control del proceso la toma de decisiones en tiempo y forma.

Posibilidad de realizar un adecuado control evolutivo de los procesos en situación de Incapacidad Temporal y analizar la respuesta al tratamiento proporcionado en determinados procesos patológicos.

Poder disponer de información objetiva y cuantificable del estado funcional del trabajador en cualquier momento dentro del curso evolutivo de su proceso patológico, para poder plantear la posibilidad de un cambio en el tratamiento, la finalización de dicho tratamiento y/o la posible emisión de un alta laboral.

Contribuir de una forma activa en el proceso objetivo de definición de secuelas y/o limitaciones funcionales existentes, con objeto de determinar si la situación clínico-funcional final del trabajador es compatible o no con las exigencias y/o los requerimientos físicos que llevan implícitos su actividad laboral.

Hay 2 aspectos que consideramos fundamentales a la hora de plantear la realización de una prueba biomecánica: • Por un lado, que el médico solicitante del estudio tenga muy clara la finalidad de su solicitud y que dicha finalidad se la traslade a los responsables de llevar a cabo la prueba biomecánica, con objeto de que éstos puedan forzar más o menos durante la prueba buscando que el resultado que finalmente se obtenga resulte de utilidad al médico solicitante y le facilite la toma de decisiones. • Por otro lado y muy ligado al anterior, que el médico solicitante del estudio elija el momento más adecuado para solicitar la primera prueba biomecánica, ya que el resultado que se pueda obtener con

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Una vez realizado el primer estudio biomecánico de valoración funcional en un trabajador en situación de Incapacidad Temporal, habrá que tener en cuenta no sólo el resultado funcional final obtenido en dicho estudio, sino también otros aspectos muy importantes a la hora de plantear el siguiente paso en el control y seguimiento de la Incapacidad Temporal de ese trabajador: edad, actividad laboral, posibilidades terapéuticas, y los días de Incapacidad Temporal consumidos hasta ese momento (para saber el tiempo disponible antes de realizar las gestiones correspondientes con la Dirección Provincial del INSS al respecto de la duración máxima de su Incapacidad Temporal).

La biomecánica lleva muchos años utilizándose en la investigación y valoración de aquellas deficiencias y/o limitaciones que podrían de alguna forma ser susceptibles de corregirse, y son varios los ámbitos en los que la biomecánica juega un papel determinante a la hora de corregir dichas deficiencias. 53


Artículo Si el resultado del estudio funcional sale alterado y entendemos, tras el análisis de los diferentes aspectos considerados, que hay posibilidades de que la situación funcional del trabajador mejore con el programa terapéutico que está realizando, y por tanto pueda reincorporarse a su actividad laboral, lo ideal sería repetir el estudio funcional en 3-4 semanas, con la finalidad de disponer de información objetiva que permita al médico de control del proceso valorar si la repercusión sobre su capacidad funcional ha disminuido y por tanto la evolución clínica del proceso está siendo favorable con el tratamiento proporcionado. Este planteamiento – estudio funcional seriado cada 3-4 semanas – debería mantenerse hasta que la situación clínico-funcional del trabajador se normalice y entendamos que es compatible con su reincorporación laboral (en cuyo caso procederíamos a emitir el correspondiente alta laboral con / sin secuelas) o bien hasta que se estabilice, es decir, cuando no se aprecien cambios evolutivos favorables entre 2 estudios funcionales consecutivos. En ese caso, habría que valorar si la capacidad funcional del trabajador en ese momento es compatible o no con el desarrollo de las tareas fundamentales de su actividad laboral y/o si hay posibilidades de plantear algún otro tipo de tratamiento. De dicha valoración debería salir un planteamiento claro sobre nuestra actitud clínico-laboral: nuevo planteamiento terapéutico si hay posibilidad, alta del trabajador con / sin secuelas si puede realizar su trabajo, o propuesta de incapacidad si entendemos que su situación clínico-funcional final difícilmente podría permitirle desarrollar las tareas fundamentales de su actividad laboral. Si el resultado del estudio funcional sale compatible con la normalidad, lo lógico sería utilizarlo para plantear la finalización del proceso patológico del trabajador en situación de Incapacidad Temporal, emitiendo el correspondiente alta laboral con / sin secuelas que permita al trabajador reincorporarse a su puesto de trabajo previo. En este caso concreto, el alta laboral debería emitirse inmediatamente tras disponer del resultado funcional final, ya que nuestra pauta de actuación se basaría en gran medida en dicho resultado. Si el resultado del estudio funcional sale claramente alterado y en ese momento las posibilidades terapéuticas se consideran agotadas o finalizadas, si los requerimientos físicos del puesto de trabajo superan la capacidad funcional residual del trabajador valorado, debería plantearse la finalización del proceso proponiendo al trabajador una incapacidad permanente para su puesto de trabajo, quedando en manos de la Dirección Provincial del INSS correspondiente el reconocimiento o no del trabajador como Incapacidad Permanente en alguno de sus grados.

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En ocasiones, y dentro también del control y seguimiento clínico-evolutivo de la Incapacidad Temporal de un trabajador accidentado, se plantea la posibilidad de realizar estudios funcionales previos a la realización de un tratamiento específico con objeto de conocer la situación funcional del trabajador en ese momento, y repetir el mismo estudio funcional tras la realización del tratamiento en cuestión, con el objetivo de valorar de forma directa la respuesta a dicho tratamiento y la efectividad del mismo. Como comentábamos al inicio de este artículo, dentro del ámbito de la medicina laboral hay muchas y varias patologías que pueden producirse con mayor incidencia en determinados grupos de trabajadores y/o asociada a ciertas ocupaciones laborales. Entre ellas, hay algunas especialmente incapacitantes, tanto en lo que se refiere a la posibilidad que tienen de consumir un importante número de días de Incapacidad Temporal, como en lo que respecta a su elevada probabilidad para dejar secuelas funcionales objetivas en los trabajadores que las presenten. En este apartado cabría destacar la patología del hombro – tanto derivada de la afectación del manguito de los rotadores como consecuencia de una afectación osteo-articular -, la patología tendinosa de codo, las afectaciones osteo-articulares y tendinosas de las manos, la patología dolorosa lumbar en sus diferentes formas de presentación, la patología meniscal y articular de la rodilla y la patología osteo-articular de tobillo y pie. Como consecuencia de su elevada incidencia dentro de los problemas patológicos de origen laboral y sus elevados gastos, tanto directos (pruebas complementarias, tratamientos ortopédicos / quirúrgicos, sesiones de rehabilitación, medicación y desplazamientos) como indirectos (incapacidad temporal e incapacidad permanente), sería más que aconsejable disponer de técnicas biomecánicas de valoración funcional dentro del arsenal de servicios sanitarios de cualquier entidad dedicada al control y tratamiento de sus trabajadores, con objeto de poder utilizarlas para conocer la situación funcional del trabajador y plantear la actitud más adecuada a seguir desde un punto de vista clínicolaboral. Como conclusión, entendemos que la biomecánica juega un papel importante en el seguimiento clínicoevolutivo de la Incapacidad Temporal de los trabajadores accidentados, permitiendo obtener datos objetivos y cuantificables sobre su situación funcional y las posibilidades de que un trabajador accidentado pueda reincorporarse a su actividad laboral previa. Para ello, es preciso tener clara la finalidad del estudio funcional a realizar, elegir el momento más adecuado para llevar a cabo dicho estudio y utilizar convenientemente el resultado funcional final obtenido para plantear la conducta más adecuada a seguir desde un punto de vista clínicolaboral.

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Con la colaboración institucional de:

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Jurisprudencia

PROCEDIMIENTO LABORAL: TS unif.doctrina 19-6-18 LexNet en la jurisdicción social: ¿cómo se computa el plazo para formalizar Recurso de Suplicación? El TS declara que la notificación de la puesta a disposición de autos al recurrente se entiende realizada el día hábil siguiente al del acceso a LexNet, y el plazo para interponer el recurso comienza a contarse desde el día inmediato hábil subsiguiente al mismo. La remisión de la diligencia de ordenación por la que

4-2-2015), de modo que el siguiente día hábil se cerró la posibilidad de formalizar el recurso dentro de plazo, por lo que su presentación era extemporánea. Por el contrario, la parte recurrente entiende que la diligencia de ordenación fue remitida vía LexNet el miércoles 21-1-2015 y recepcionada al día siguiente por lo que la notificación debe entenderse realizada el viernes 23, y el plazo de 10 días debe contarse a partir del lunes 26, por lo que en esas circunstancias el recurso debe considerarse interpuesto en plazo.

el órgano de instancia tuvo por anunciado el recurso

La cuestión que debatir consiste en determinar cuál es

de suplicación y puso los autos a disposición del Le-

el día inicial (dies a quo) para el cómputo del plazo para

trado de la Seguridad Social, se efectuó a través de

la interposición del recurso de suplicación cuando la

LexNet, el lunes 19-1-2015, accediendo la parte recu-

diligencia de puesta a disposición de los autos se no-

rrente el miércoles 21-1-2015.

tifica por el sistema LexNet al letrado designado, que

En cuando que el escrito de formalización del recurso

accede a su contenido dentro de los tres días hábiles

tuvo entrada el 6-2-2015, el TSJ entendió que este había

posteriores, si el siguiente día hábil a aquél en que tiene

sido interpuesto cuando ya había transcurrido el plazo

lugar el mencionado acceso, o el día hábil posterior al

de 10 días previsto (del jueves 22-1-2015 al miércoles

indicado.

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Jurisprudencia El TS resuelve la cuestión y establece que el plazo para interponer el recurso de suplicación debe contarse desde el día siguiente al de la notificación de la diligencia por la que el Letrado de la Administración de Justicia tiene por anunciado el recurso y acuerda poner los autos a disposición del Letrado designado por la parte recurrente. Aplicando el acuerdo del TS se distingue entre: a) Cuando no haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido: se entiende que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales y el plazo para la interposición del recurso comienza a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles. b) Si se accede al contenido el día de su remisión o durante los tres días hábiles posteriores: la notificación se entiende realizada al día siguiente de dicho acceso; por lo que, si se accede el día tercero, la notificación se entiende realizada el cuarto día hábil y los plazos comienzan a computar desde el quinto. En el supuesto enjuiciado, el acceso al contenido de la diligencia de puesta a disposición de los autos se produjo el segundo día hábil concedido para recepcionar la notificación, por lo que debe entenderse notificada el día siguiente hábil (22-1-2015), siendo el posterior, esto es, 23-1-2015, el primero del cómputo del plazo de 10 días hábiles establecido para formalizar el recurso de suplicación. Por ello, el plazo expiraba el 5-2-2015 y no el 4-2-15, por lo que habiéndose presentado el escrito antes de las 15 horas del día siguiente a su vencimiento el recurso se interpuso en tiempo legal.

ACCIDENTE DE TRABAJO: TS unif doctrina 21-6-18 Desprendimiento de retina estando en el centro de trabajo. La trabajadora, que presta servicios como administrativa, se encontraba delante del ordenador en su puesto de trabajo cuando comenzó a sentir molestias en los ojos y alteraciones visuales, por ello acudió a urgencias donde se le diagnosticó un desprendimiento de retina.

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El INSS declaró que el proceso de IT derivaba de enfermedad común, por lo que la trabajadora inició un procedimiento en el que solicitaba que se declarase que la IT derivaba de AT. Al considerar que no existía relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, pues la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de ordenador como causa de desprendimiento de retina, el TSJ desestimó la pretensión de la trabajadora y esta interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. La cuestión que decidir consiste en determinar si la Incapacidad Temporal de la actora debe ser considerada derivada de contingencia profesional o de contingencia común. La LGSS art. 156.3 establece que, salvo prueba en contrario, se presumen constitutivas de AT las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo; y para destruir esta presunción es necesario que la falta de relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de patologías que por su propia naturaleza excluyen la etiología laboral, bien porque se aleguen hechos que desvirtúen dicho nexo causal. En el supuesto enjuiciado el desprendimiento de retina es una lesión súbita que ha aparecido en tiempo y lugar de trabajo por lo que se presume que se está en presencia de un AT, y aunque estadísticamente existan otras causas productoras más frecuentes, no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de esta patología ocular. Por ello, se concluye que, establecida la presunción, corresponde destruirla a quien pretenda acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión ya que no puede admitirse el argumento de que no existen casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina por las siguientes razones: - aunque la tarea, cuando el desprendimiento de retina se produjo, se realiza ante una pantalla, la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos del mismos; - la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión que en este caso no se ha producido.

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Jurisprudencia CUIDADO DE MENORES AFECTADOS DE CÁNCER: TS unif doctrina 12-6-18 Requisitos de acceso en el supuesto de ruptura de vínculo matrimonial de los progenitores. En 2010, la trabajadora se divorció de mutuo acuerdo siéndole atribuida la guarda y custodia de su hija que padece una enfermedad grave. En diciembre de 2013, se reconoce a su favor la prestación económica de cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. No obstante, mediante resolución de 31-5-2015, la mutua responsable del abono acuerda a extinción del derecho a percibir el subsidio como consecuencia de que el progenitor divorciado causa baja en la Seguridad Social. La trabajadora presenta demanda contra esta resolución, que el juzgado de lo Social de nº 4 de Gijón desestima. El TSJ Asturias revoca esta sentencia en suplicación al entender que el requisito establecido para el reconocimiento de la prestación de que los dos progenitores trabajen está concebido para el supuesto de que ambos formen parte de la misma unidad familiar, no siendo exigible cuando estén separados o divorciados o por quedar anulado el matrimonio. Entiende el TSJ que, en este caso, la condición solo se impone a quien cuida y atiende al menor.

La mutua recurre en casación para la unificación de doctrina considerando vulnerado el art.135 quater de la LGSS y los art. 2 y 4 del RD 1148/2011 que exigen para el reconocimiento de la prestación que ambos progenitores estén trabajando y de alta en la Seguridad Social, sin establecer excepciones debido a su estado civil. El TS, no comparte la conclusión del TSJ Asturias de que en los casos de separación o divorcio el derecho a la prestación no esté condicionada a que los dos progenitores trabajen, y ello en base a los siguientes razonamientos: a) La propia definición de la contingencia protegida, recogida en los artículos 135 quater LGSS y 2 del RD 1148/2011, configura como requisito ineludible para percibir la prestación que ambos progenitores trabajen. Esta exigencia responde a la función del subsidio que viene a compensar la pérdida de ingresos que sufren las personas interesadas al tener que

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reducir su jornada, con la consiguiente disminución de salarios, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos menores a su cargo. La construcción normativa presupone que de no trabajar uno de los progenitores, este dispone del tiempo preciso para cuidar y atender directa y personalmente al menor, siendo innecesario que el progenitor ocupado reduzca su jornada a ese mismo fin. b) El art.7.3. b del RD 1148/2011 establece como causa de extinción de la prestación el cese en su actividad de uno de los progenitores sin establecer ninguna salvedad. Por otro lado, no considera equiparable esta situación a la de las familias monoparentales en cuyo caso resultaría necesario acomodar las previsiones normativas. c) Cuando la norma reglamentaria ha querido abordar de manera específica la incidencia de las situaciones de crisis matrimonial en las prestaciones, así lo hecho. d) El sentido lógico, pues la tesis de la sentencia recurrida conduciría al absurdo de que el progenitor separado o divorciado que no tiene la guarda y custodia del menor y trabaja podría causar la prestación si el otro no trabaja. e) La solución dada por la sentencia recurrida no parece compatible con una interpretación basada en el interés del menor pues no fomenta su integración con el progenitor no custodio que es quien, además, al no trabajar está en mejores condiciones de prestarle toda la atención que precisa, sin tener que compatibilizarla con la actividad laboral. En base a estos razonamientos, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina.

DESPIDO DISCIPLINARIO: TSJ Navarra 17-4-18 Vacaciones disfrutadas sin consensuar con el empresario. Es procedente el despido de una trabajadora, a la que la empresa le notificó la imposibilidad de disfrutar de las vacaciones en el período que inicialmente habían acordado, y que, a pesar de ello, disfrutó las vacaciones en dicho período. Enero de 2017: la trabajadora solicita a la encargada del establecimiento en el que prestaba servicios disfrutar de vacaciones y permisos desde el 18 de abril hasta el

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Jurisprudencia 14 de mayo con el objeto de viajar a su país de origen, Colombia, por razones familiares. La encargada, tras estudiar la solicitud, le concede las vacaciones en las fechas solicitadas: No obstante, en marzo de 2017, el dueño del establecimiento comunica a la trabajadora que, por razones organizativas, las vacaciones tienen que ser disfrutadas durante los meses de julio y junio y revoca las inicialmente acordadas. A pesar de la comunicación de la empresa, la trabajadora viaja a Colombia en las fechas indicadas y la empresa le notifica su despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave de desobediencia y transgresión de la buena fe contractual. La trabajadora presenta demanda contra el despido que es desestimada y plantea recurso de suplicación ante el TSJ. El TSJ entiende que, aunque inicialmente la trabajadora pactó el disfrute de sus vacaciones en unas fechas concretas, esa concesión inicial fue posteriormente revocada, indicándose expresamente a la trabajadora que el disfrute vacacional solo podría llevarse a efecto en los meses de verano. Es decir, en cuanto que la trabajadora sí conocía la decisión empresarial sobre las fechas de disfrute de vacaciones y las razones aportadas para señalar unas fechas diferentes, su decisión de desoír la orden empresarial no fue debida a error alguno sino a una voluntad incumplidora de extrema gravedad. Además, la empresa no ha privado a la trabajadora del derecho a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas, únicamente ha establecido un calendario de disfrute distinto al pretendido que pudo y debió haber sido impugnado judicialmente por la trabajadora, que lejos de acudir la vía judicial, decidió disfrutar de sus vacaciones en las fechas expresamente negadas por el empleador, lo que es un comportamiento sancionable con el despido. Por ello, se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia, declarando la procedencia del despido.

VACACIONES: AN 30-5-18 Retribución en periodo de vacaciones cuando ha existido modificación de jornada.

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La representación sindical presenta demanda de conflicto colectivo frente a la práctica de la empresa de contact center de retribuir las vacaciones de los trabajadores a tiempo parcial que amplían la jornada en determinados períodos del año por necesidades del servicio, de la siguiente manera: - si el período de vacaciones coincide con períodos de jornada ampliada: la retribución se computa con arreglo a dicha ampliación de jornada; - si el período de vacaciones coincide con periodos en los que no existe ampliación de jornada, la retribución de las vacaciones se computa en función de las horas contratadas en el contrato de trabajo sin tener en cuenta las ampliaciones de jornada que se hubieran desarrollado a lo largo del año. La pretensión de la representación sindical es que se reconozca el derecho de los trabajadores a que se incluya en todo caso, en la retribución de las vacaciones, las ampliaciones de jornada que se realizan durante todo el año. Para la resolución del conflicto se ha de determinar cuál es el módulo temporal que ha de determinar la retribución normal que, conforme a la doctrina jurisprudencial, ha de integrar la retribución de vacaciones. Para la AN, la finalidad del concepto "retribución normal o media" es garantizar que el trabajador pueda ejercer su derecho al descanso durante el período de vacaciones de forma que la posibilidad de renunciar total o parcialmente al período de descanso no le resulte atractiva económicamente. Esto implica que la retribución durante el período en que se disfruta de vacaciones ha de ser similar a la que se percibiría si se prestasen servicios efectivos. Partiendo de este razonamiento, la AN considera que no resulta contraria a derecho la práctica empresarial según la cual durante el período de vacaciones la retribución se computa en función de la jornada vigente en el momento del disfrute pues el trabajador tiene garantizado durante sus vacaciones el salario que hubiera percibido si estuviera trabajando. Además, la AN no aprecia en la empresa, un uso fraudulento de las ampliaciones de jornada para minorar la retribución del período vacaciones. En virtud de estas consideraciones, la AN desestima la demanda.

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Jurisprudencia DERECHO A LA HUELGA: VULNERACIÓN TSJ Galicia 24-4-18 No es posible sustituir a una mujer trabajadora en la huelga del 8 de marzo Diversas organizaciones sindicales convocaron para el día 8-3-2018 una huelga general, -bien de paros parciales o bien de 24 horas-, que tuvo como principal demandada alcanzar la igualdad real de las mujeres en el ámbito laboral. De entre los sindicatos la CUT es el único que a nivel Galicia convoca la huelga general de 24 horas. La TV de Galicia, en la que el sindicato CUT tiene un total de 5 representantes, remite a la autoridad laboral la relación de servicios mínimos y de los trabajadores designados para su realización (hombres y mujeres). En esta relación no se considera como servicio mínimo esencial el programa Galicia Noticias Mediodía. La presentadora del citado programa decide acogerse a su derecho de huelga, y la empresa procede a su sustitución por el trabajador normalmente presentaba el programa durante las ausencias de la trabajadora. El sindicato CUT presenta demanda de tutela derechos fundamentales, siendo la cuestión que debatir si la sustitución por parte de la empresa de la presentadora habitual en huelga por el trabajador que normalmente le sustituye puede ser calificado o no como un esquirolaje interno, y en consecuencia suponer una vulneración del derecho fundamental a la huelga. Para su resolución se recuerda que la doctrina cons-

El TSJ considera que el hecho de sustituir a una trabajadora -mujer- huelguista por un trabajador -hombre- en una huelga cuya principal reivindicación es la igualdad real de las mujeres en el mundo laboral es un indicio más que suficiente de la existencia de una vulneración del derecho de huelga. Alterada la carga de la prueba se concluye que la empresa no ha justificado su sustitución de la trabajadora de se haya producido por motivos totalmente ajenos al ejercicio de su derecho a la huelga por las siguientes razones: a) No concurren las excepciones legales que habilitan a la empresa para la sustitución realizada ya que ni el programa ni la trabajadora están dentro de la relación de servicios mínimos. b) Aunque el sustituto realizaba las sustituciones de forma habitual estas eran por motivos de normalidad (bajas, vacaciones, permisos…), lo que no es extensible ni asimilable una ausencia consecuencia del ejercicio de derecho de huelga y por lo tanto de "no normalidad". c) Es indiferente que la empresa haya o no actuado de forma deliberada o intencionada con la finalidad de mermar la eficacia de la convocatoria de huelga. Respecto de la cuantía de la indemnización se admite como válido e idóneo la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS. Por lo que aplicando este parámetro entiende ajustada a derecho establecer la cuantía de 15.625 euros. Por ello, el TSJ estima la demanda en cuanto que se declara vulnerado el derecho a la huelga del sindicato demandante al haber minorizado la empresa el efecto de la huelga mediante la sustitución de una trabajadora huelguista.

titucional ha establecido que la sustitución de trabajadores en huelga por otros de la misma empresa (esquirolaje interno) vulnera el derecho de huelga si se prueba que las funciones de los huelguistas se desarrollan por quienes tenían asignadas otras diferentes en la misma empresa, de forma que esta sustitución produce un vaciamiento del contenido del derecho de huelga al aminorar la presión asociada a su ejercicio. En el supuesto enjuiciado se entiende que sí se ha producido la vulneración del derecho de huelga alegada ya que la conducta de la empresa, al sustituir a la trabajadora es encuadrable dentro del esquirolaje interno.

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FOGASA: TJUE 28-6-18, Sala Séptima, Asunto Checa Honrado Responsabilidad del FOGASA en indemnización por traslado. La Sra. Checa Honrado prestaba servicios como limpiadora en un parque temático situado en Benidorm (Alicante) mediante un contrato de trabajo a tiempo completo. La empresa le informa de su intención de trasladar a ella y a otras cinco trabajadoras a otro par-

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Jurisprudencia que temático situado en la provincia de Madrid. Este traslado suponía para la trabajadora un cambio de domicilio, ya que la distancia entre ambos lugares de trabajo era de más de 450 km. Por ello, en aplicación del ET art.40, opta por la extinción indemnizada de su contrato. La empresa, que es declarada insolvente mediante auto, no le abona la totalidad indemnización, por lo que se solicita al FOGASA que se haga cargo de la parte de la parte impagada por la empresa. El FOGASA deniega la solicitud alegando que indemnización tiene su origen en una extinción contractual por voluntad del trabajador no garantizada por el (ET art.33.2). Al resolver el recurso de suplicación, el TSJ C. Valenciana, en cuanto alberga dudas sobre la compatibilidad del ET art.33.2 con el derecho comunitario, plantea una cuestión prejudicial. En ella, el TSJ plantea al TJUE si la mención a «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral» que realiza la Directiva sobre la protección de los trabajadores asalariados (DIR 2008/94 art.3.1) debe interpretarse en el sentido de que comprende las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario. El TJUE considera que los trabajadores que optan por la extinción del contrato de trabajo de conformidad con ET art.40 están en una situación comparable a la de los que optan por la extinción con arreglo al ET art.50 (extinción por voluntad del trabajador), en la medida en que ambos se decantan por la extinción debido a que el empresario lleva a cabo modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo que el legislador español

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ha considerado que no se les pueden imponer. Además, entiende que su situación también es comparable a la de los trabajadores cuyo contrato se ha extinguido por una de las causas objetivas (ET 50 a 52), ya que se considera una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Por ello, El TJUE concluye que la exclusión de la cobertura del FOGASA de estos trabajadores no está objetivamente justificada, y no se justifica por la exclusión por el derecho comunitario de la cobertura a las indemnizaciones resultantes de una extinción de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad del trabajador; ya que esta extinción es una consecuencia de la imposición por el empresario de una cabo una modificación tan sustancial de su contrato de trabajo como es el traslado del lugar de trabajo a una distancia que obliga al trabajador a cambiar de lugar de residencia, y que la Ley contempla el pago de una indemnización. Además, otra interpretación sería contraria a la finalidad de la Directiva que es garantizar a todos los trabajadores asalariados un mínimo de protección en caso de insolvencia del empresario, mediante el pago de los créditos impagados que resulten de contratos o de relaciones laborales. En consecuencia, la respuesta a la cuestión prejudicial planteada es que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral» comprende también las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencial.

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Ocio LIBROS SEVILLA INGRÁVIDA Autor: Juan Miguel Vega Tapa dura: Junio 2018 Editorial: Niebla Sinopsis: Con una realidad tergiversada por los tópicos, Sevilla es posiblemente una ciudad inexplicable. Partiendo de esta premisa y siguiendo un recorrido guiado por su propia experiencia, el autor indaga en los misterios de una ciudad singular y carismática. La propuesta es un viaje literario de un año a través de una Sevilla de la que el autor ofrece una visión que no pretende ser definitiva; simplemente, es la suya.

DANZA

ARTE

MES DE DANZA 25. DEL 28 DE OCTUBRE AL 11 DE DE NOVIEMBRE DE 2018. SEVILLA

EXPOSICIÓN CONSTRUYENDO NUEVOS MUNDOS. LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 1914-1945

Fotografía: Luis Castilla

La 25 edición del MES DE DANZA, festival Internacional de danza contemporánea que lleva celebrándose en Sevilla desde 1994 tendrá lugar del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2018. Los espacios de programación, como viene siendo habitual, se desplegarán por toda la ciudad tanto en espacios teatrales como en espacios públicos y singulares de Sevilla. Este último bloque concentrará su programación del 1 al 4 de noviembre coincidiendo con el puente de todos los santos. Caben destacar en esta edición programas enfocados a colectivos específicos como son los niños con el programa MI COLE BAILA bajo la tutela de la coreógrafa y bailarina sevillana Elisa del Pozo, los adolescentes con el proyecto TIME TEEN GONE del coreógrafo catalán Miquel G. Font o los mayores de 65 años con el espectáculo LAS MUCHAS que viene de las Islas Baleares de la mano de la creadora Mariantonia Oliver. Con motivo de los 25 años, MES DE DANZA ha sido homenajeado en la recién celebrada edición de la Feria de Artes Escénicas de Palma del Rio poniendo de relieve lo esencial que ha sido esta iniciativa para el sector de la danza en Andalucía. La periodista Marta Carrasco en este homenaje hablaba en estos términos de este festival: “El Mes de Danza ha conseguido introducir en la educación sentimental de varias generaciones, lo que es la pasión por la danza, o mejor aún, tomar la danza como algo natural en nuestro devenir cotidiano, y no como algo excepcional. Naturalizar la creación y el arte, es hacerlo nuestro y sobre todo, conseguir así que nadie nos lo arrebate, eso es parte de nuestra libertad.”

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Lugar: CaixaForum Sevilla Fechas: Del 20 de julio al 4 de noviembre de 2018 Una mirada renovada a uno de los periodos más ricos y bulliciosos de la historia del arte, las vanguardias del siglo XX, a través de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno, una de las más completas del mundo dedicadas a estas corrientes artísticas. Reunida alrededor del legado del escultor Julio González (1876-1942), la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno posee uno de los acervos más singulares de España del periodo histórico de las vanguardias (1914-1945). Cuenta con un número muy importante de piezas vinculadas a los diferentes movimientos artísticos de esos años, realizadas por los artistas más influyentes de su tiempo. El vasto conjunto se centra en tres núcleos principales, que responden a planteamientos divergentes pero imbuidos de un mismo espíritu innovador. Por un lado, las creaciones poéticas y oníricas relacionadas con el dadaísmo y el surrealismo, que exploran el mundo del inconsciente, el sueño y la fantasía. Por otro lado, las prácticas artísticas de orden analítico, que se adentran en el campo de la abstracción y buscan integrar las artes en un proyecto global. Y, por último, el arte de propaganda, de crítica social y de compromiso político.

Graduados Sociales n.º 92 • 2018


TENDRÁ CÁNCER ¡NO TE QUEMES CON EL SOL! ¡PROTÉGETE! El sol desempeña un papel importante en la salud de las personas, pero una exposición inadecuada puede causar alteraciones en la piel y ocasionarán graves enfermedades. Por eso es tan importante protegerse de las radiaciones solares, no solo en playas y piscinas ni solo durante el verano, también en el campo o en otras actividades al aire libre y durante todo el año.


Revista Justicia Social nº 92  
Revista Justicia Social nº 92  
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