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gratuito

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Número

87

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Enero

-

Marzo

2017

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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Entrevista a José Blas Fernández, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

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Entrevista a Jesús González, Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía

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Artículos de José Ramón Barrera, Antonio Ojeda, Luis Revilla, Vicente Aparicio y MC MUTUAL.


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Editorial

La tormenta perfecta y el cambio de rumbo En pleno debate y trabajo de la comisión del Pacto de Toledo, estamos viendo propuestas de toda índole para garantizar el sistema de pensiones a corto plazo y evitar el déficit de más de 15 mil millones de euros anuales que hasta ahora se están tomando de la “hucha”, pero ¿qué va a pasar cuando en dos años la hucha esté vacía? De momento, todos los grupos a priori están de acuerdo en financiar las pensiones vía emisión de deuda, lo cual rompe el principio de solidaridad intergeneracional. Esta decisión dejará hipotecada a la siguiente generación para abonar las pensiones de hoy, cuando lo que todo el mundo sabemos realmente es llegar a los 20 millones de cotizantes en el sistema, por lo que es mucho más una cuestión de políticas económicas que de legislación de seguridad social. Otra cuestión que vemos en estos momentos y cuando resuelvan estos asuntos que no son baladí y es que en la próxima década se empieza a incorporar la generación del baby boom y padres de la generación Millenial. Cuantitativamente serán muchos más pensionistas y sus hijos son los que tendrán que sostener el sistema. Las relaciones laborales sabemos que en la generación de los 80-90 son las que son, salarios generalmente bajos y contratos precarios. A su vez, la generación Millenial está teniendo una de las menores tasas de natalidad del mundo, ni siquiera se llega a cubrir la tasa de reposición, es decir al menos dos hijos por pareja. Por lo que en España nuestro sistema de pensiones está entrando en una “tormenta perfecta”, un sistema de pensiones público deficitario y una inversión de la pirámide poblacional. De momento las pensiones estarán garantizadas y nuestra legislación así lo hace como “derecho perfecto e inalienable” por lo que habrá pensiones del sistema público para quien cumpla con los requisitos legales. El quid de la cuestión será un hipotético endurecimiento del acceso a las pensiones y un nuevo sistema de cálculo, evidentemente el resultado será unas pensiones menores. De-

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En definitiva, sin cotizantes, sin renovación generacional y sin una economía fuerte, será materialmente imposible mantener un sistema público de pensiones de calidad, del que todos estamos de acuerdo. bemos ir mentalizándonos de que la generación nacida en los 70-80-90 deberá ahorrar también para su futura pensión, por lo que pueda ocurrir, ya que viendo las últimas reformas y el nuevo cariz de las relaciones laborales, llegar a la jubilación dependiendo del sistema público al 100 % puede ser un riesgo que pueda dejarlos próximos al umbral de la pobreza. En la otra vertiente, ¿cómo luchar contra la caída en picado de la natalidad? Pues con políticas de conciliación prácticas, ¿Cuántas veces nos han dicho en el despacho si se puede cobrar el paro tras acabar la maternidad y luego incorporarse a su puesto de trabajo sin problemas? ¿existe algún tipo de ayudas por ser madre trabajadora? ¿y guarderías? Pues esa es la línea a seguir: que la maternidad jamás sea un peso en la vida laboral de las mujeres, un sistema de guarderías asequible o gratuito, alargar prestaciones para el cuidado de hijos con reservas de puesto de trabajo. Todo esto evitaría que las madres (que son quienes generalmente lo hacen) salgan del mercado laboral o reduzcan sus jornadas, penalizando su nivel de rentas y su hipotética futura pensión. En definitiva, sin cotizantes, sin renovación generacional y sin una economía fuerte, será materialmente imposible mantener un sistema público de pensiones de calidad, del que todos estamos de acuerdo.

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Justicia S cial Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona José Antonio Ortiz Márquez

Editorial 03 Consejo General de Graduados Sociales de España 05 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 08 Colegios de Graduados Sociales 09

Director: Rafael Hidalgo Romero.

Vida Colegial 12 Semblanzas 17

Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate

Cursos y Jornadas 19 Artículo 22

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Jorge Antonio Rico Vidal

José Ramón Barrera Hurtado

Entrevista 25

José Blas Fermández

Artículo 29

Antonio Ojeda Avilés

Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla. com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Movimiento Colegial 36 Entrevista 39 Jesús González Márquez

Artículo 43

Luis Revilla Pérez

Artículo 47

Vicente Aparicio Mulet

Número 87 Enero-Marzo 2017

Artículo 49

DR. Juan Manuel González Alcayna

Jurisprudencia 52 Ocio 54

LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

III Encuentro Universidad- Consejo General

En la sede del Consejo General de Graduados Sociales tuvo lugar, el pasado mes de enero, un encuentro con los decanos de las Facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos/Directores de Escuelas de Relaciones Laborales de las Universidades Españolas para informar de las gestiones llevadas a cabo por la Corporación acerca del Máster de Acceso a la Profesión. Javier San Martín, Presidente del Consejo General expuso los últimos encuentros realizados a nivel institucional con el Ministerio de Justicia para la incorporación del Graduado Social en la Jurisdicción Voluntaria y de las propuestas ministeriales para la consecución de esta acción, solicitando que estos estudios tengan un Máster de Acceso a la Profesión y un examen de Estado, al igual que la Abogacía y Procuradores. Con dicho tema comenzaron las intervenciones de los decanos manifestando cada uno de ellos, sus opiniones sobre cómo debía diseñarse dicho curso, el número de horas teóricas y prácticas, analizando los pros y contras del proyecto. Esta reunión tuvo un completo éxito de convocatoria donde asistieron unos cincuenta profesionales de la Universidad, asimismo acudieron numerosos Presidentes de Colegios que quisieron participar en este III En-

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cuentro Universidad-Profesional, imprescindible para una estrecha relación y colaboración que siempre debe existir, pues de dicha unión se pueden alcanzar conclusiones muy importantes y que sin lugar a dudas tendrán una repercusión directa sobre los futuros profesionales y el propio futuro del colectivo.

Después de un interesante debate se alcanzaron los puntos necesarios que permitirán al Consejo General establecer con holgura la posición tanto académica como profesional de los requisitos formativos necesarios para acceder a la profesión 5


Consejo General de Graduados Sociales de España

Reunión con la cúpula del Ministerio de Justicia En la sede del Ministerio de Justicia tuvo lugar una reunión con el Ministro Rafael Catalá a la que asistieron varios miembros del Pleno encabezados por su Presidente Javier San Martín. Un encuentro en el que estuvo Carmen Sánchez-Cortes, Secretaria de Estado de Justicia, Antonio Dorado Picón, Secretario General con la Administración de Justicia, Joaquin Delgado, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Pilar Ponce, Directora del Gabinete y Loreto Bacariza, Asesora. Con un orden del dia completo en materias a tratar, se tuvo la oportunidad de hacer un repaso de acciones como son la Justicia Digital (Lexnet) y la Mediación, pero también se presentaron las principales líneas de actuación que se desarrollarán dentro

de las reformas que se quieren acometer en la Estrategia Nacional de Justicia. El Ministro comunicó a los representantes de este Consejo General que serán convocados a comparecer ante la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia que ya ha empezado a trabajar en el Congreso de los Diputados. Asimismo se retomaron temas de interés para el Colectivo como la participación de los Graduados Sociales en la Asistencia Jurídica Gratuita y el diseño de la Prueba de acceso a la Profesión, asuntos todos ellos, de mucha importancia para los profesionales, comprometiéndose el Ministro a colaborar con un diálogo y consenso para la consecución de estas cuestiones que mejorarán la Administración de Justicia.

El Consejo General de Graduados Sociales comparece ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Javier San Martín compareció en el Congreso de los Diputados ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde expuso aquellas medidas que el colectivo de Graduados Sociales considera que deben tenerse en cuenta para un sostenible sistema de la Seguridad Social y por tanto garantizar las pensiones

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Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

José Blas Fernández toma posesión como presidente del Consejo Andaluz de Colegios oficiales de Graduados Sociales judiciales actuales, reiterando su agradecimiento al TSJA por trabajar en la mejora de las deficiencias. A su vez recomendó a la Junta de Andalucía y al Parlamento que integren a los graduados sociales en sus órganos de consulta y asesoramiento para solucionar el problema del desempleo. “El 90% del empleo lo están creando las pymes y micro-pymes que son, precisamente, nuestro caldo de cultivo en el mundo laboral, a los que asesoramos en el día a día”. Por último, se refirió a “dos asignaturas que esperamos resolver pronto, la del Turno de Oficio y el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acogió la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, en una ceremonia solemne presidida por Lorenzo Jesús del Río Fernández, máximo responsable del Alto Tribunal Andaluz.

En el acto tomaron también posesión de sus cargos la nueva vicepresidenta, María del Mar Ayala; el secretario general, José Ramón Barrera, y al tesorero, Eduardo Ruiz Vegas.

El nuevo presidente aseguró en su discurso de toma de posesión, ante una destacada representación jurídica, socio-laboral, profesional e institucional, que el eje central de su mandato será la defensa de la profesión de graduado social y su condición de operador jurídico. “Hemos superado la barrera de los 10.000 colegiados en Andalucía, el 40% de los profesionales en España, y nos hemos hecho acreedores de una excelente reputación como defensores de la Justicia Social”, señaló José Blas Fernández. En el salón de plenos del edificio de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA, el nuevo presidente tuvo palabras de especial agradecimiento para los magistrados que, en todos los niveles de la jurisdicción del Orden Social y el Orden Civil y Mercantil, se esfuerzan día a día para mejorar los retrasos en los señalamientos de nuestra Comunidad, la tardanza en las sentencias que se dictan y “lo que más nos preocupa: la falta de especialización que hay en muchos juzgados”, recordó. En este sentido, “aun cuando nos consta que en la primera instancia hay excelentes miembros de la judicatura que se duplican en esfuerzos y en estar al día, también hay otros que por falta de especialización trastornan los procesos y aumentan sin querer la litigiosidad”, aseguró Fernández. El presidente del Consejo mencionó también la necesidad de ampliar en número y dotación las sedes

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Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

Pleno del Consejo andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales El pasado 3 de marzo se celebró el pleno del Consejo Andaluz, en el que además del orden previsto en la convocatoria, J.Esteban Sánchez se despidió de su etapa como Presidente, calificándola como intensa, pero muy satisfactoria gracias a los logros conseguidos en todas las Administraciones Públicas, consolidando relaciones de presente y futuro, dejando la impronta en jornadas tan importantes como han sido las celebradas con el CARL y la Inspección de Trabajo, así como las protagonizadas por diferentes ponentes en todas las sedes colegiales, así como otras iniciativas y actividades desarrolladas durante estos cuatro años.

siguiera colaborando en la nueva etapa que se inicia y agradeció su magnífica labor durante estos cuatro años al timón del Consejo .Igualmente tomó juramento de su cargo como Vicepresidenta Mª del Mar Ayala.

José Blas Fernández, tomó juramento de su cargo como nuevo Presidente del Consejo y le manifestó palabras de agradecimiento a J. Esteban Sánchez, al que solicitó que

Colegios de Graduados Sociales

XV Jornadas jurídicas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Almería Los pasados días 23 y 24 de Marzo se celebraron las XV Jornadas Jurídicas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería en donde Magistrados – Jueces y Catedráticos de Universidad trataron temas técnicos – jurídicos de interés como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el control empresarial sobre las comunicaciones electrónicas del trabajador, la sucesión de contratas, la reclamación administrativa previa, los factores de discriminación en los despidos objetivos colectivos o la prueba, entre otros. Este encuentro jurídico, inaugurado por Gracia Fernández Moya, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha convertido en referente nacional tras sus quince años de vida, configurándose en un encuentro anual de expertos en la materia de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos para perfeccionar y mejorar la capacitación profesional de los profesionales del Derecho Laboral, mediante el conocimiento actualizado del marco jurídico y doctrinal.

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Estas Jornadas contaron con la presencia de autoridades administrativas de diversos Centros Directivos de la Administración Pública en sus diversas vertientes territoriales, TGSS, Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, INSS, Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, FOGASA, SERCLA, con las que Graduados Sociales, pertenecientes a una Corporación de Derecho Público, mantienen una relación profesional de máxima sociabilidad en aras a cooperar y colaborar con estas Oficinas Públicas en el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias de aplicación. También estuvieron presentes el Rectorado y Facultad de Derecho de la UAL, Magistrados – Jueces del Orden Social, Ministerio Fiscal, Secretarios Judiciales, y representantes de otros Colegios profesionales: Abogados, Procuradores, Titulados Mercantiles y Economistas de Almería.

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Colegios de Graduados Sociales

Jornada en Cádiz sobre el nuevo sistema de gestión del IVA El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz celebró el pasado día 20 de marzo la Jornada sobre “EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL IVA BASADO EN EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN (S.I.I.)”. Intervinieron como ponentes los delegados de la Agencia Tributaria de Cádiz y Jerez de la Frontera, respectivamente, Ignacio J. Martínez Casas y Ramón Castillo Alcalá, quienes fueron presentados por el Presidente de la Corporación, José Blas Fernández Sánchez. Martínez Casas habló de la web que posee la Agencia Tributaria para todas las consultas más frecuentes que se han llevado a cabo sobre este nuevo sistema que entra en vigor el próximo 1 de Julio del presente año, desglosando las dos fases importantes de incorporación de los obligados al pago, que se llevarán a cabo en vía voluntaria desde el 01 de enero al 30 de Junio de este año y la fase obligatoria desde el 01 de Julio del presente año. Resaltó las entidades obligadas en base al art. 71.3 del Reglamento del IVA, entre las que se encuentran las grandes empresas y las acogidas al sistema de devolución mensual del IVA, entre

otras, especificando que quienes quieran entrar en el nuevo sistema voluntariamente lo pueden hacer mediante el Modelo 036 hasta el mes de noviembre para el ejercicio próximo, no siendo obligatorio el mismo, por ahora, para los autónomos y pymes. Ambos ponentes relataron los plazos de presentación en el sistema y plazos para envíos de facturas, con unos señalamientos muy estrictos, como son 4 días desde que se registre dicha factura en la contabilidad del contribuyente para las facturas recibidas y para las facturas emitidas, igual plazo de 4 días, pero desde la fecha de expedición, existiendo un periodo transitorio en el que este plazo de comunicación se ha ampliado a 8 días.

XI años celebrando desayunos de trabajo con los Graduados Sociales de la Provincia de Málaga Los “Desayunos de Colegiados” es una fórmula de trabajo que surgió en 2006 cuando la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla decidió acercarse a los colegiados que trabajan fuera de la capital con el deseo de conocer y atender sus necesidades. De este modo, y de forma periódica, miembros de la Junta de Gobierno acompañados por responsables de las Administraciones Públicas (INSS, SAE, ITSS, TGSS, Extranjería, etc.) se desplazan a los pueblos de Málaga para realizar estos encuentros comarcales con los colegiados de la zona.

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El último se realizó en Benalmádena con el director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Alfonso Conejo, quién ha ofrecido, en la primera parte del encuentro, datos relevantes sobre la nueva normativa del Plan Anual de la Inspección relativo a la vigilancia y control del cumplimiento legal de las condiciones. En la segunda, los asistentes abordaron cuestiones concretas sobre su día a día con las Administraciones, el Colegio o sus clientes. Dudas, peticiones y sugerencias de las que la Junta de Gobierno toma buena nota con el ánimo de darles pronta respuesta.

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Vida Colegial

El CGS acompañó al Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla en su cena anual El presidente de CAF Sevilla, José Feria, agradeció la presencia de todos los asistentes, tanto a los colegiados como a los compañeros de otros colegios profesionales, entre los que se encontraban representantes del Colegio de Procuradores, Graduados Sociales, Arquitectos, Ingenieros Industriales, entre otros.

Villa Luisa Sevilla acogió la cena anual del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, un encuentro que, en esta edición, reunió a más de 300 colegiados, así como a autoridades, a presidentes de otros colegios profesionales y proveedores y colaboradores del Colegio. Durante el acto, se hizo entrega de la Medalla de Plata a los compañeros que llevan 25 años en la profesión.

Reunión de bienvenida a los nuevos colegiados Con motivo de la incorporación de los nuevos colegiados a nuestra Corporación, el 21 de febrero se dio la bienvenida en la Sede Colegial a los compañeros. Durante el encuentro fueron informados de los actuales servicios del Colegio, además de resolverles las distintas dudas que plantearon. En esta ocasión, estuvieron presentes el presidente, Rafael Hidalgo; el secretario, Juan Antonio Montes; el tesorero, Juan Carlos Castro, los vocales José Antonio Ortiz, Ana Ruiz y Vanesa García, así como el compañero Juan Manuel Martínez. Los nuevos compañeros que acudieron fueron Ángel de la Cruz, Carmen Martínez y Clara Isabel Prior.

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Vida Colegial

Presentación de la II encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, presentó los resultados de la II Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas, desarrollada sobre más de 4.225 empresas andaluzas. Las conclusiones de la misma, elaborada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ponen de manifiesto que en los últimos 5 años las empresas andaluzas desarrollan una mayor actividad preventiva y, al mismo tiempo, es mayor el grado de motivación que muestran los responsables empresariales respecto a la gestión de la prevención de riesgos laborales. Así lo expresó Sánchez Maldonado, durante la presentación de los datos de este estudio que se ha llevado a cabo en 4.225 empresas, a través de entrevistas personales a gerentes o empresarios en las ocho provincias andaluzas. Entre los principales resultados, han aumentado con respecto al período de realización de la I Encuesta, las evaluaciones de riesgos realizadas en los centros de trabajo (en el 50,5% de las empresas frente a 49,4% anterior), ha mejorado la formación en prevención de los trabajadores (49,9% frente a 34,8%), así como la investigación de accidentes (28,4% actual, frente al 22,6%). También es destacable el avance en la elaboración de un plan de pre-

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vención (presente en el 48,1% de los centros de trabajo frente al 31,7% de la primera encuesta), o la definición de las medidas de emergencia (que crece del 23,8% al 45,8%). En términos generales, son los sectores productivos de la industria y la construcción los que destacan por haber implantado en mayor medida las actividades preventivas estudiadas, que aumenta también conforme lo hace la plantilla de los centros de trabajo y de manera paralela a la existencia del delegado de prevención en la empresa.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales pone de manifiesto que en los últimos 5 años las empresas andaluzas desarrollan una mayor actividad preventiva 13


Vida Colegial

Solemne sesión necrológica In Memoriam de José Ignacio Ugalde Con motivo del aniversario del fallecimiento del Prof. Dr. D. José Ignacio Ugalde González, compañero Colegiado de Honor en su categoría Oro de este Colegio Oficial, a propuesta del que fuera su Maestro y amigo el Ilmo. Sr. Catedrático de Derecho Procesal, D. Manuel M. Gómez del Castillo, celebramos, el pasado 8 de febrero en el salón de actos de nuestra sede colegial, una “Solemne Sesión Necrológica In Memoriam” en su honor. Amigos, alumnos, familia y compañeros quisieron estar presentes en este emotivo homenaje a un hombre que dejó honda huella en todo aquel que tuvo la suerte de encontrarse con él a lo largo de su vida. La apertura del acto fue realizada por nuestro presidente, Rafael Hidalgo, seguido por unas palabras iniciales del Doctor en Derecho, Rafael Caballero. Después su amigo José Antonio Moreno hizo una semblanza de José Ignacio basada en todas las vivencias que compartieron desde que se conocieron de pequeños en el colegio Portaceli.

Seguidamente la abogada María del Carmen Osete leyó una añoranza de quien fuera su maestro y dio paso al que fuera maestro de ambos, Manuel Gómez del Castillo que nos regaló una bella y emotiva honra poética de su querido discípulo. El acto fue clausurado por Rafael Hidalgo que quiso destacar la relación tan profunda y estrecha que tuvo José Ignacio con el Colegio que nos permitió a los Graduados Sociales poder disfrutar de su calidad profesional y humana.

Reunión de evaluación de la oficina de Orientación Socio-Laboral gratuita Con motivo del cuarto aniversario de la puesta en marcha del servicio de nuestra Oficina Gratuita de Orientación Socio-Laboral, en febrero celebramos una reunión, en sede colegial, para evaluar con los compañeros el estado del servicio y hacer una puesta en común aportando ideas para mejorar aún más esta iniciativa, que hasta la fecha tiene un resultado más que satisfactorio. De hecho, hemos recibido el reconocimiento del Ayuntamiento de Sevilla mediante la firma de un acuerdo para acercar el servicio a los barrios de nuestra ciudad. Esta oficina tiene como finalidad llevar a los sevillanos de manera gratuita una orientación de calidad ofrecida por profesionales en materia laboral y de Seguridad Social, tanto en la sede colegial de los juzgados de lo social, donde viene desarrollándose desde hace cuatro años con notable éxito, como en los centros cívicos de la ciudad. Los diferentes temas sobre los que los ciudadanos podrán consultar sus dudas son: prestaciones de la seguridad social (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad,

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prestaciones familiares o solicitud de cita previa C.A.I.S.S.), extranjería, trabajadores (despidos, reclamaciones salariales, prestaciones Seguridad Social, desempleo o derechos y deberes en la relación laboral) y empresas (altas y bajas de empresas, contratación de trabajadores, conflictos laborales, fiscalidad, convenios colectivos, recursos humanos, prevención de riesgos laborales o inspección de trabajo).

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Vida Colegial

Reunión con el delegado de Planificación y Control de la AEAT Ceuta y Melilla de la AEAT, Enrique Rodríguez Varo. Además de ponerse a su entera disposición en la nueva andadura que comienza como Delegado de la AEAT, le trasladaron asuntos de interés para nuestro colectivo, así como las sugerencias que hemos recibido de los compañeros.

El pasado 7 de marzo, nuestro presidente y tesorero, Rafael Hidalgo y Juan Carlos Castro, se reunieron con el nuevo Delegado de Planificación y Control de Andalucía,

En la reunión, en la que también estuvo presente el Vocal Adscrito Francisco Pastor Romero, se sugirió una serie de cuestiones que ayudarán a estrechar más los lazos de colaboración con los Graduados Sociales y se comentó una propuesta de ampliación del convenio suscrito entre ambas entidades con asuntos cuya implementación entendemos que es necesaria para poder desarrollar nuestra actividad profesional.

Homenaje a Francisco Pérez Morón, Presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla rón con motivo de su jubilación. Pérez Morón, con 34 años de colegiación, lleva perteneciendo a la Junta de Gobierno desde 1996, ocupando distintos cargos. Primero fue vocal, después contador y desde 2006 presidente de la corporación.

Nuestro Colegio, representado por nuestro presidente y vicepresidente, quiso estar presente el pasado 28 de marzo en el homenaje al presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla, Francisco Pérez Mo-

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Durante su mandato siempre sentimos el cariño y agradecimos la estrecha colaboración que ofreció de manera desinteresada a nuestro colegio, estando siempre que lo necesitamos. Gracias a su gran labor al frente del Colegio ambas corporaciones mantienen una fuerte vinculación que se traduce en un gran aprecio y respeto a su figura y a la gran labor que ha llevado a cabo al frente de los agentes comerciales de Sevilla.

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Vida Colegial

Homenaje a Ana Beato Sody, Jefa de la Unidad del Fogasa

El pasado 30 de marzo se celebró un bonito homenaje con motivo de la jubilación de Ana María Beato Sody, en reconocimiento a la labor realizada como Jefa de la Unidad del Fondo de Garantía Salarial, órgano del que forma parte prácticamente desde su creación en 1985. Amigos y compañeros quisieron despedir de su vida profesional a esta mujer que dedicó toda su vida a la

función pública realizando una gran labor al frente del FOGASA. En palabras de compañeros y profesionales, Ana siempre se caracterizó por ser una gran profesional y excelente persona y compañera, sentimiento que compartimos desde el Colegio. Al acto acudieron José Ramón Barrera y Juan Antonio Montes, vicepresidente y secretario, respectivamente de nuestra Corporación.

Hasta siempre compañeros Este trimestre nos dejaron dos queridos compañeros, Joaquín Pérez Espinar, primer presidente, colegiado de honor categoría plata y colegiado número 5 y Juan Respaldiza, colegiado número 39, perteneciendo, con distintos cargos, a las Juntas de Gobierno que, presidieron, Javier Montoya Cuellar, Rafael Salvador Talavera y José María Domínguez Ruiz, medalla de oro del Consejo General de

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Graduados Sociales, plata como colegiado de honor de nuestro Colegio, así como bronce, plata y oro. Desde esta Corporación, lamentamos profundamente las pérdidas de nuestros queridos compañeros y damos nuestro apoyo y cariño en estos duros momentos a sus familiares y amigos.

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Semblanzas

Garante de la Justicia Social

Joaquín Pérez Espinar

Fue un hombre de férreos valores, apasionado en todo lo que hacía, enamorado de su profesión y su familia, perpetuamente curioso y caballero hasta sus últimas consecuencias.

Mi abuelo siempre inculcó a su familia los valores de la justicia social y la virtud de defender los derechos del más débil, añadiendo a todo lo que hacía ese plus de elegancia y caballerosidad con el que trataba a todo el mundo. No mucha gente sabe que fue él quien, en su eterno empeño por el progreso de la ciudad a la que amaba como si hubiera nacido en ella y en que la profesión fuera reconocida como se merece, comenzó a contactar con todos los compañeros que había en Sevilla, hasta poder, entre todos, fundar el Colegio, cuya primera sede, hasta que vinieron tiempos económicamente mejores, se constituyó en su propia casa, en la calle Uruguay nº 1, lo que llevó a cabo con la suficiente humildad como para que fueran sus compañeros sevillanos los que ocuparan los primeros números de colegiación. Confesado por mi abuela, y aunque no hiciera falta preguntárselo, como marido fue perfecto. Todavía recuerdo llegar a su casa, entrar sin que me vieran, y tener la suerte de observar cómo, tras tantos años de matrimonio, bailaba con mi abuela como si la acabara de conocer, y brindaba con ella teniendo aún deseos por cumplir.

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Como padre, cuatro hijos, con los que tuvo la suerte de compartir casa y oficina, trabajando codo a codo en aquella Gestoría que fundó en calle Pajaritos (y que sigue funcionando hoy en día en la calle Rafael González Abreu) y a los que se preocupó de educar y formar en los valores necesarios para ser felices y disfrutar de la vida sin mayor preocupación que transmitir alegría, y a los que transmitió su herencia más preciada, su ilusión por la familia y por poner el alma en todo lo que hacía. Como abuelo, inmejorable, capaz de jugar con todos a la vez sin perder los nervios y siempre con una sonrisa en la cara, brillante y radiante. Lástima que como bisabuelo ya su mente no le permitiera continuar transmitiendo esos valores que, quienes le conocimos, intentamos llevar a cabo. Desde estas líneas y en nombre de mi familia, queremos agradecer al Colegio el cariño con el que siempre fue tratado, así como su presencia y su apoyo en momentos tan duros. Joaquín López Pérez Abogado y nieto de Joaquín Pérez Espinar.

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Semblanzas

No siempre fue así . . .

Juan Respaldiza

Su mayor orgullo fue la labor hecha con sus compañeros de profesión, para llevar ésta desde el desconocimiento, hasta el total y merecido reconocimiento social alcanzado. Mi padre se colegió en la Delegación de Sevilla, del Colegio de Graduados Sociales de Granada, el 21-7-1969, (el Colegio de Sevilla no se crea hasta el año 1970, siendo él uno de sus fundadores), teniendo como número de colegiado el 39, perteneciendo, con distintos cargos, a las Juntas de Gobierno que, presidieron, Javier Montoya Cuellar, Rafael Salvador Talavera y José María Domínguez Ruiz, por un periodo superior a veinte años, habiendo sido condecorado con las medallas de oro del Consejo General de Graduados Sociales, plata como colegiado de honor del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, así como bronce, plata y oro de dicho Colegio, siendo colegiado emérito hasta su fallecimiento el 23-2-2017. Su mayor orgullo no era lo hasta aquí contado, sino la labor hecha con sus compañeros de profesión, para llevar ésta desde el desconocimiento, hasta el total y merecido reconocimiento social alcanzado. La situación actual de la Profesión no siempre fue así, pues no hace tantos años, se nos confundía con los Graduados Escolares, la dignidad de estar togados en las actuaciones profesionales que, así lo requieran, no viene caída del cielo, sino por ser incluidos en la Ley

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Orgánica del Poder Judicial, inclusión que, requirió de un gran trabajo, realizado, esencialmente por el Colegio de Sevilla, ante los Ministerios de Justicia y Trabajo, así como en el Parlamento y Senado. Estos y otros hitos se consiguieron con la íntima colaboración entre las distintas Juntas de Gobiernos y los colegiados, siendo presididas sus actuaciones por la humildad y el esfuerzo, lo que requería de una dedicación amplia, en detrimento del tiempo que, podían dedicar a su familia. La repercusión en el ámbito personal que, conllevó la larga pertenencia a las distintas Juntas de Gobiernos, así como a su despacho profesional, fue el escaso tiempo dedicado a su familia, pero el poco que tuvo lo dedicó a ella. En sus últimos días de vida, estando ya ingresado grave, sin localización espacio-temporal, su mayor preocupación era pedir sus ropas, para irse al despacho, pues “tenía muchas nóminas por hacer”. Juan Pedro Respaldiza Galisteo Hijo y Graduado Social emérito 240

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Cursos y Jornadas

III Jornada de Salidas Profesionales del Máster de Consultoría y Auditoría Laboral de la UPO ra como Graduado Social. De una manera amena y cercana, Domínguez quiso hacer un recorrido por todas las etapas que vivirán los futuros profesionales advirtiéndoles y aconsejándoles sobre los diferentes procesos por los que pasarán. De esta manera aportó su visión como profesional tan importante de cara a enfrentarse a la realidad que les espera fuera.

El pasado 27 de enero estuvimos presentes en las III Jornada de Salidas Profesionales del Máster en Consultoría y Auditoría Laboral de la Universidad Pablo de Olavide. Nuestro compañero, José María Domínguez acercó a los alumnos sus vivencias a la hora de emprender su carre-

El acto fue presidido por el director del Máster, el profesor doctor Santiago González Ortega, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPO, y además de nuestro compañero, contó con la presencia de otros profesionales de distintos ámbitos de las Relaciones Laborales como Rosario Tenés, Inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social; Manuel González del Águila, Secretario Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y Vicente Alarcón, Director Corporativo de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Grupo Azvi.

Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas El pasado 22 de febrero comenzó la décima edición de nuestro Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas que realizamos en colaboración con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla y está impartido por el graduado social y abogado, Federico Martínez-James. 59 alumnos se han matriculado en este curso que año tras años acerca a los estudiantes de la mano de un profesional todo lo relativo a esta materia tan importante para el día a día de un Graduado Social.

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Cursos y Jornadas

Curso sobre cuestiones contables, fiscales y mercantiles de las sociedades

El 8 de marzo se celebró la sesión inaugural del Curso sobre Cuestiones Contables, Fiscales y Mercantiles de las Sociedades que organiza el Colegio de Graduados

Sociales de Sevilla y estamos celebrando en el Salón de Actos de la sede central. Este curso se ha llevado a cabo en cuatro sesiones durante los días 8, 15, 21 y 23 de marzo. Así, en la primera sesión del día 8 de marzo se trató el contenido del programa de manera general y los restantes días se desarroló cada bloque con mayor profundidad (Ámbitos Tributario, Contable y Mercantil). Nuestra Vocal de Formación y Relaciones con las Universidades, Vanesa García, presentó al ponente, José Manuel Martín Santonja, quien a través de estas cuatro sesiones acercó a los colegiados todas las claves en materia contable, fiscal y mercantil de las sociedades. Como novedad, hemos introducido la opción de asistir al curso vía streaming para facilitar el acceso al mayor número de colegiados.

El CGS e Ibermutuamur celebran una sesión informativa sobre cómo actuar ante una inspección de trabajo El Colegio Oficial de Graduados Sociales y la mutua Ibermutuamur celebraron el 16 de marzo una sesión informativa sobre cómo actuar ante una inspección de trabajo. En este encuentro que fue inaugurado por el Secretario de nuestro Colegio, Juan Antonio Montes, se le acercó a los colegiados todas las claves necesarias para saber cómo afrontar este procedimiento. Los ponentes de la misma fueron Juan Casal, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, además de profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide, cuya ponencia versó sobre las competencias y facultades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sobre la programación de objetivos para la acción inspectora en Seguridad Social; y Francisco Luis García Cantos, técnico de prevención de Ibermutuamur, que habló sobre la obli-

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gaciones empresariales en esta materia y presentó la herramienta “Prevención10.es” como acción protectora de la Seguridad Social. Las jornadas fueron clausuradas por la Directora de la mutua en Sevilla, Lydia Álvarez Vivas.

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Cursos y Jornadas

Más de 200 profesionales asisten a la jornada sobre Seguridad Social organizada por el CGS y MC Mutual Seguridad Social para este año 2017, de la mano del Inspector de Trabajo y de Seguridad Social, Antonio Benavides Vico.

El Hotel Ayre Sevilla acogió la Jornada ‘ACTUALIZACIÓN NORMATIVA SEGURIDAD SOCIAL 2017’ organizada por MC Mutual y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Más de 200 profesionales se reunieron para escuchar todas las novedades normativas en materia de

A lo largo de la sesión se revisaron las normas de cotización a la Seguridad Social, establecidas para este año 2017, y la regulación del SMI. También se analizaron las obligaciones legales de registro de jornada y sus efectos laborales y de Seguridad Social. Unos aspectos que generan dudas y distintas interpretaciones, tanto sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones legales, como del alcance de las mismas, para los trabajadores a tiempo completo. Además, se expusieron los aspectos básicos de la distribución irregular de la jornada, que constituye una de las medidas de flexibilidad interna más relevante en la empresa.

El CGS imparte un curso práctico sobre las novedades tributarias para 2017 Con motivo del inicio de la campaña de la Renta, nuestra Escuela de Práctica Profesional llevo a cabo un curso que, bajo el título, JORNADA SOBRE NOVEDADES IRPF, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: CIERRE CONTABLE Y FISCAL Y OTRAS NOVEDADES FISCALES acercó todas las claves y novedades de la Renta de 2016 a los 160 colegiados que, vía presencial o vía streaming, pudieron asistir a la Jornada. La formación, que tuvo lugar en el salón de actos de nuestro Colegio, fue impartida por el abogado y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Jaime Camacho Rubio, que cuenta con más de quince años de experiencia profesional, es especialista en derecho administrativo, tributario y mercantil. Tiene una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico a entidades y en la dirección Letrada de procedimientos judiciales ante los Tribunales de Justicia.

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Los colegiados recibieron información práctica y novedosa en diferentes impuestos como el IRPF, Sociedades, sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el IVA.

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Artículo

La derivación de responsabilidad de

deudas de la Seguridad Social a los administradores de sociedades de capital u otro tipo de sociedades José Ramón Barrera Hurtado Graduado Social Colegiado nº 575

En primer lugar y al objeto de centrar conveniente y adecuadamente la figura jurídica de la Derivación de Responsabilidad de los Administradores con carácter general, debemos necesariamente reseñar una breve síntesis de sus orígenes, así, esta figura jurídica que tanto asusta y que a veces resulta tan desconocida, pese a su real y efectiva aplicación, ha sido objeto de un profundo análisis y debate desde ya, su primera formulación legal, concretamente la llevada a cabo en el artículo 81 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que pese a las innumerables críticas y a las sucesivas reformas pasando por el texto de Sociedades Anónimas de 1989, la Ley de Transparencia o de la Ley Concursal, hasta su actual y última regulación en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, han dejado totalmente inalterada pese al tiempo transcurrido la redacción primigenia del precepto, esto es el art. 241 de la llamada en adelante Ley de Sociedades de Capital en el que literalmente reza lo siguiente: Artículo 241 Acción individual de responsabilidad Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. La responsabilidad a la que me refiero, tiene su fundamento en los artículos 362, 363, y 367 del TRLSC, en los que se establece la responsabilidad solidaria de los administradores sobre las deudas de la sociedad, cuando ésta tenga pérdidas que reduzcan su patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, sin que hayan convocado Junta General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, ni solicitado la disolución judicial o, si procede, el concurso. Asimismo, en la Ley 22/82003, de 9 de julio, Ley Concursal, en su art. 2, punto 1 y punto 4, párrafo 4º y en el artículo 5 de la misma norma. Como podemos observar, la acción de responsabilidad solidaria de los administradores del artículo 367 del TRLSC, en relación con el 363 del mismo cuerpo legal

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por no convocar en el plazo de dos meses la Junta General para adoptar el acuerdo de disolución o, en su caso el concurso, ha adquirido una evidente relevancia practica en perjuicio y detrimento de la acción individual del artículo 241 que hemos transcrito literalmente con anterioridad, permaneciendo la misma por mera inercia legislativa pero con un evidente carácter residual, quizás por las exigencias de acreditación de una y otra. Su razón fundamental, radica en que la acción de responsabilidad del artículo 367 no exige relación de causalidad ni reproche de culpa, al ser esta una responsabilidad objetiva, ex-lege y como no, de carácter sancionador, aunque en la práctica y según reiterada jurisprudencia no existiría ningún problema para que los acreedores sociales ejerciten según convenga a su derecho una u otra acción o incluso las acumulen. En el caso de deudas contraídas con la Seguridad Social, correspondería a la Tesorería General de la Seguridad Social la declaración y exigencia de responsabilidad respecto de las mismas y de las que resulte acreedora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la LGSS (actual art. 18.3 del TR de la LGSS, aprobado por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y los artículos

El régimen de responsabilidad establecido, pese a su determinación objetiva, no deja de ser un régimen preventivo ya que su finalidad es incentivar a los administradores a cumplir con su obligación y en caso de causar perjuicio repare el daño causado Graduados Sociales n.º 87 • 2017


Artículo 12.1 y 13 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. El régimen de responsabilidad establecido, pese a su determinación objetiva, no deja de ser un régimen preventivo ya que su finalidad es incentivar a los administradores a cumplir con su obligación y en caso de causar perjuicio repare el daño causado, derivándose por tanto una responsabilidad externa (ante terceros cuyos intereses hayan sido dañados y en particular ante los acreedores), y otra responsabilidad interna (ante los socios y ante la propia sociedad), aunque, como es lógico la estructura adoptada por cada una de las sociedades, condicionará indudablemente su régimen de responsabilidades, pues no es lo mismo la estructura conformada por un administrador único, administradores solidarios, mancomunados o que su estructura esté formada por un consejo de administración, pues en unos casos, su capacidad de actuar individualmente los haría responsables individualmente, pero en cambio en los mancomunados y consejos de administración, no siempre sería fácil poder individualizar la responsabilidad, aunque la ley impone una responsabilidad solidaria a todos los miembros de los consejos de administración, el RD Legislativo 1/2010 de la Ley de Sociedades de Capital , regula esta responsabilidad de los administradores en sus artículos 236 ( Presupuestos de responsabilidad ) y 237(Carácter solidario de la responsabilidad). Por su parte, el actual art. 33 de la LGSS regula lo relativo a las reclamaciones de deudas (anterior artículo 30). Por complementar el asunto que nos ocupa, breve reseña merece también la incorporación de la figura del administrador de hecho (no de derecho) a la normativa societaria que se produce tras su mención expresa en el Código Penal, concretamente en sus artículos 290, 293 y 294 y en la reguladora del Mercado de Valores (LMV, art. 95, en su redacción dada por la Ley 37/1988) y como no, más recientemente en la legislación concursal ( Ley 22/2003, arts. 48.3, 164.1 y 166) y en la normativa tributaria ( Ley 58/2003, art. 43) Estos antecedentes, han desembocado en la equiparación plena, a efectos de responsabilidad de los administradores de hecho, cuando: 1º.- Que se ejerza un poder de dirección y gestión similar al que ordinariamente ejercen los de derecho. 2º.-Dicho poder ha de llevarse a cabo de manera constante y sin subordinación (de forma independiente). 3º.-Debe existir consentimiento (siquiera implícito o tácito) de la sociedad. Merece especial tratamiento y aquí lo dejo referenciado la derivación de responsabilidad Mortis Causa, que regula el RD 1415/2004, de 11 de junio por el que se

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aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social determinando en su art. 12.1 y 15.1. y que a continuación transcribo literalmente por su claridad y fácil interpretación: Artículo 12. Responsables de pago: normas comunes. 1. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad, a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango legal que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Artículo 15. Sucesores mortis causa. 1. Los herederos del responsable del pago de la deuda a la Seguridad Social, desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, responderán solidariamente entre sí de su pago con los bienes de la herencia y con su propio patrimonio, salvo que la aceptasen a beneficio de inventario; en tal caso, solo responderán con los bienes de la herencia que les hayan sido adjudicados. En cuanto al alcance de la responsabilidad del legatario, se estará a lo dispuesto en la legislación civil. 2. Constatado el fallecimiento del deudor, los trámites de ejecución forzosa de los bienes que hubieran sido ya trabados antes de dicho fallecimiento se seguirán con quien ostente la representación o administración de la herencia yacente, o con los sucesores mortis causa. Para proceder contra bienes que no hubieran sido ya embargados, será preciso dirigir reclamación administrativa de deuda por derivación al sucesor mortis causa, siguiéndose en lo sucesivo los trámites ordinarios del procedimiento recaudatorio. Si el heredero acreditase haber hecho uso del derecho a deliberar, se estará al resultado de dicha deliberación, y se dejará sin efecto la reclamación que pudiera haberse emitido contra él si renunciase a la herencia. 3. La reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas que se hubieran devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento recaudatorio seguido contra el causante de la herencia. Desde la reclamación de deuda por derivación serán exigibles a todos los sucesores los intereses devengados desde el impago por el causante, si fueran exigibles para éste o cuando lo sean para cualquiera de los sucesores, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

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Artículo Debemos ir asumiendo otro tipo de tendencias que aseguren con verdaderas garantías una real protección de la discreccionalidad

4. Tan pronto resulte acreditado que no existen herederos conocidos o los conocidos renuncien a la herencia o no la acepten, el procedimiento para la efectividad de los débitos se proseguirá contra los bienes de la herencia, sin perjuicio de poner los hechos sin dilación en conocimiento de los órganos competentes de la Hacienda pública a los efectos legales que procedan. Concluyendo, el tema da mucho juego y es, ha sido y será objeto de amplio y profuso debate doctrinal y especializado, poniendo de manifiesto la importancia de los perjuicios de toda índole en los que se pueden ver involucrados no solo los administradores de hecho y de derecho de las distintas sociedades, sino también sus herederos legales o sucesores mortis causa por un incumplimiento de sus obligaciones mercantiles o concursales en el plazo y forma que determina la Ley, basado exclusivamente en un exarcebado poder de AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA , en mi opinión inadmisible por muchas razones, pero entre otras que considero de peso en un estado social y democrático de derecho, en el que deben primar las garantías jurídicas de todo orden, no existen en la cuestión objeto de debate ninguna regla de ponderación de la responsabilidad al ser

esta como se ha dicho una responsabilidad objetiva basada en el poder de autotutela administrativa. Debemos ir asumiendo otro tipo de tendencias que aseguren con verdaderas garantías una real protección de la discreccionalidad, pues la obligación que asumen los administradores de aceptar el cargo no es evidentemente la de asegurar el éxito económico y empresarial, sino la de ejercer el cargo cumpliendo en todo momento sus funciones junto con la Ley y la diligencia exigible. Se debe por tanto limitar la responsabilidad cuando la decisión de los administradores no resulta ser exitosas para la sociedad no pudiendo convertirse el presunto fracaso empresarial en una causa objetiva para reclamar indiscriminadamente daños a los administradores.

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Entrevista

José Blas Fernández

Presidente Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

“Con nuestro esfuerzo conseguiremos metas importantes, como próximamente el turno de oficio o el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo” Graduados Sociales n.º 87 • 2017

José Blas Fernández es el decano de la profesión en España, tras haber cumplido 46 años de ejercicio. Es presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta desde 1980. Ex-presidente y actualmente presidente de honor del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España; está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz de Honor y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, así como Medalla de Oro Colectiva al Mérito en el Trabajo. Desde el pasado mes de marzo es nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Hablamos con él de la profesión y su nueva etapa al frente de los Graduados Sociales de Andalucía.

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Entrevista En primer lugar, felicidades por el nuevo cargo ¿A nivel personal y profesional que ha significado este nombramiento? Mirar la experiencia profesional y trabajando en exclusiva para esta profesión desde 1969, me supone una gran estabilidad en mis valores profesionales, pero el que mis compañeros de Andalucía me hayan elegido para regir 4 años a este Consejo Andaluz es un alto honor y una gran responsabilidad, la cual voy a duplicarla e intentaré dejarme la piel en todo aquello que sea del interés general para esta bendita profesión de Graduado Social, como lo hice en mi etapa de Presidente del Consejo General y lo vengo haciendo desde la atalaya de Presidente del Colegio gaditano desde 1980. ¿Cuál es el estado de salud de los Graduados Sociales a nivel autonómico y a nivel estatal? La profesión desde 1980, que fuimos incluidos en la Universidad, ha ganado, sucesivamente, en prestigio y ha sabido ensamblarse en nuestra sociedad civil con un carisma que nunca tuvo precedentes, pues luego, tras estar consolidados como Universitarios, hemos ido escalonadamente ocupando el papel que nos correspondía, que no es otro que el de Operador Jurídico al servicio de la sociedad. En nuestra Comunidad Autónoma, la profesión tiene una alta cualificación porque los distintos Presidentes de Colegios, junto con sus Juntas de Gobierno, han superado el listón y nuestros colegiados andaluces, donde también se incluyen los compañeros de Ceuta y Melilla, aglutinan aproximadamente el 40% del censo nacional, lo que pone de manifiesto que tenemos muy buena salud y que en comparación con otras Comunidades somos el icono de la profesión, porque nos lo hemos ganado a pulso. No quiero con ello decir que en otras Comunidades no tengan el mismo esfuerzo y la misma ilusión que nosotros, pero decir Graduado Social en nuestra Comunidad es un referente del mundo jurídico-laboral. ¿Qué objetivos y retos se plantea el Consejo a corto, medio y largo plazo? En primer lugar, tenemos que consolidar todos los logros obtenidos. Hacernos visibles ante las administraciones en las que estamos inmersos, pues tanto la Comunidad Autónoma, el Gobierno de la Nación y el Poder Judicial son los tres pilares en los que tenemos que dejar huella permanentemente, por lo que ello nos

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dará la oportunidad de que nuestra figura a medio y largo plazo se haga imprescindible y, sobre todo, que nuestras competencias profesionales sean ampliadas por nuestra capacidad, sin olvidar, nuestra coordinación con el Consejo General para que tanto el Ministerio de Justicia como el de Empleo nos sigan reconociendo como lo que somos, es decir, como profesionales del mundo del Derecho en igualdad de condiciones que el resto de los que forman este entramado. Para ello, tenemos que contar con un espíritu de superación y creer cada día que con nuestro esfuerzo conseguiremos metas importantes, como próximamente el turno de oficio o el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que es algo que culminaría nuestra figura procesal. Por último, no descarto que en la primera instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en aquellos litigios laborales y de Seguridad Social tengamos el reconocimiento por nuestros conocimientos y, sin olvidar, que en la Ley Concursal tenemos una figura importante donde muchos no actuamos, pero que está ahí y

En nuestra Comunidad Autónoma, la profesión tiene una alta cualificación porque los distintos Presidentes de Colegios, junto con sus Juntas de Gobierno, han superado el listón y nuestros colegiados andaluces, donde también se incluyen los compañeros de Ceuta y Melilla, aglutinan aproximadamente el 40% del censo nacional, lo que pone de manifiesto que tenemos muy buena salud y que en comparación con otras Comunidades somos el icono de la profesión, porque nos lo hemos ganado a pulso. Graduados Sociales n.º 87 • 2017


Entrevista recordando que en un futuro la mediación debe ser un papel trascendental para todos los Graduados Sociales, pues en ello, ya tenemos un excelente protagonismo y debe ser una parcela que no podemos dejarla escapar. ¿Cómo quiere que sea la relación y participación de los Colegios provinciales en esta nueva etapa? Quiero una unidad absoluta de todos. Deseo que en toda la Comunidad Autónoma la voz de los Colegios deje el prestigio que como tales Corporaciones de Derecho Público tenemos y, para ello, deseo que todos los presidentes, unidos de la mano, sepan utilizar su autonomía provincial para el engrandecimiento de una sola voz en la Comunidad y ante las administraciones por el conducto del Consejo Andaluz. Es decir, ser un vehículo y herramienta para que todos los colegiados se sientan unificados en los logros y en la participación. En su discurso de toma de posesión defendió la condición de operador jurídico de nuestro colectivo ¿Qué papel jugamos como tal en la jurisdicción social? Nuestro papel es en esta Jurisdicción totalmente imprescindible. Nuestra figura procesal tiene un alto nivel y con conocimientos del Derecho de suma calidad, pues por ello, tengo que reconocer que en mi toma de posesión estuvieron muchos Jueces y Magistrados y Letrados de la Administracion de Justicia, porque trabajan a diario con nosotros y saben de nuestra formación y de nuestro permanente reciclaje y no puedo olvidar que los tres Presidentes de la Sala de lo Social de Sevilla, Málaga y Granada ocuparon un destacado papel en dicho acto, lo que pone de manifiesto quiénes somos, dónde estamos y qué jugamos en esa Jurisdicción, algo que no es de ahora, es la siembra de quienes nos han precedido y han trabajado codo a codo para que hoy los distintos textos procesales nos tengan de “primeros espadas”. ¿Cuál es el estado de la Jurisdicción Social en la actualidad? ¿Qué debe mejorar? La Jurisdicción del Orden Social atraviesa en estos momentos por las secuelas de una reforma laboral y de una profunda crisis económica que empezó allá por el 2008 y ha sido una de las más afectadas por el aumento de papel y la acumulación de demandas que pese al esfuerzo que se realiza diariamente, no se consigue poner al día, existiendo puntos negros en nuestra Comunidad, donde hay Jueces que se encuentran desbor-

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Nuestro papel es en esta Jurisdicción totalmente imprescindible. Nuestra figura procesal tiene un alto nivel y con conocimientos del Derecho de suma calidad, pues por ello, tengo que reconocer que en mi toma de posesión estuvieron muchos Jueces y Magistrados y Letrados de la Administracion de Justicia, porque trabajan a diario con nosotros y saben de nuestra formación y de nuestro permanente reciclaje y no puedo olvidar que los tres Presidentes de la Sala de lo Social de Sevilla, Málaga y Granada ocuparon un destacado papel en dicho acto dados y que las distintas reformas las están afrontando con pocos medios, pero echo de menos que siendo una Jurisdicción especializada no cuente, de verdad, con un mayor número de Jueces especialistas. El no ser un Juez “con tablas” en esta Jurisdicción conlleva un trasiego en el proceso que tienen que ser luego los Tribunales Superiores de Justicia los que tengan que “arreglar” hasta “hechos probados” de una Sentencia de instancia porque conocer el amplio campo del mundo laboral, de la Seguridad Social, de las prestaciones en su conjunto y de tantas parcelas del Derecho Laboral o se hace por especialistas o desgraciadamente, el trabajo no cunde, por lo que la primera instancia o se llena de personas con esta preparación o desgraciadamente no avanzaremos; situación que no ocurre en las Salas de lo Social donde tenemos grandes expertos y conocedores que esta parcela que saben aliviar todos

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Entrevista

los procesos, sin olvidar que dentro de esta Jurisdicción no solo se debe mejorar esa especialización que he mencionado, sino también las sedes judiciales que existen en nuestro territorio, extremo que deja mucho que desear de la manera que algunas están ubicadas y del desenvolvimiento físico de los Jueces y funcionarios, pues desgraciadamente existen muchas carencias, llamando la atención desde aquí a la Junta de Andalucía y, concretamente a la Consejería de Justicia e Interior, para que tengamos sedes dignas en toda la Comunidad. No obstante, los medios telemáticos como LexNET ya están funcionando mejor y esperemos que eso ayude a una mayor rapidez en los procesos. En resumen, una excelente especialización de sus titulares en igualdad al nivel profesional que nos obligamos a tener los laboralistas en esta Jurisdicción, como a diario hacemos los Graduados Sociales. 7) ¿Cuál es el presente y futuro de los Colegios Profesionales? Los Colegios Profesionales tienen un relevante papel en estos momentos, pues el Legislador ha reconocido que aglutinados en una colegiación son más fuertes y mejores defensores de la Justicia y, por supuesto, del administrado o justiciable. Por ello, hoy ser profesio-

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nal y colegiado tiene más prestigio que otras figuras del mundo de la política o del cargo público, ya que el prestigio corporativo ha aumentado y nuestro nivel de exigencia es oído, por lo que creo que su futuro es muy próspero, pues la Directiva Europea que está aún ahí sin resolver el Proyecto de la Ley de Servicios Profesionales, a nuestra profesión la considera como obligatoria en la colegiación, por lo que algo tenemos cuando quieren para la sociedad la garantía de un Colegio y de un colegiado. En resumen, los Colegios, al menos, para los Graduados Sociales nos sirve para reciclarnos, prepararnos, superarnos y defendernos, cosa que algunos no lo saben y solo creen en el corporativismo, extremo que no es cierto y que también aplicamos el régimen disciplinario cuando se cometen alteraciones de las conductas no afortunadas en el desempeño de nuestras funciones. Lo que quiero desde aquí agradecer por los distintos servicios que hoy tienen los Colegios andaluces y por el reciclaje permanente que hacen de sus profesionales y, más aún, de las magníficas relaciones con las distintas Facultades de Ciencias del Trabajo, para que los alumnos de éstas nos conozcan mejor y acudan con auténtica vocación a nuestras filas para su desarrollo profesional y personal.

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Artículo

Antonio Ojeda Avilés

Profesor honorífico de la Universidad Internacional de Andalucía

La evolución jurídica del conflicto de estibadores portuarios

1. Antecedentes Los medios de comunicación hace tiempo que han condenado ya a los estibadores portuarios, escandalizados por sus elevados salarios, y han puesto en alerta de que su testarudez en no aceptar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y el Decreto-Ley del Gobierno va a costar a los ciudadanos españoles una severa multa diaria. Pero empresarios de ANESCO, la patronal mayoritaria del sector, y líderes del sindicato de estibadores, insistieron al unísono el pasado día 17, en un encuentro en la Universidad de Sevilla, que las cosas no siempre son como parecen. Para empezar, señalan que el Decreto-Ley 4/2017 sobre la estiba se dictó por el Gobierno cuando ambas partes estaban a punto de llegar a un acuerdo, sin haber escuchado ni a ellos, ni a los partidos cuyos votos necesitaba, ni –a lo que parece- siquiera a la Ministra competente, la de Empleo, por mucho que afirmara lo contrario el Ministro de Fomento, autor del Decreto-Ley, rechazado por el Congreso días más tarde1.

sar el hecho de que tan elevados sueldos no solamente están pactados con los empresarios en convenios colectivos, sino que además éstos los defienden, pues prefieren disponer de un colectivo bien pagado y preparado antes que de una mano de obra cambiante, medianamente remunerada y desmotivada con los vertiginosos horarios. Son especialistas que manejan grandes grúas o sofisticados ro-ros y bobcats, y, a diferencia de otros especialistas, tienen unos horarios al albur de la llegada del barco, ya sea de noche o de día, y con urgencia para descargar y cargar. De ahí el pase de lista cada seis horas para dar turno.

Los puertos españoles están entre los cuatro más productivos de Europa, según la revista norteamericana JOC: Bremerhaven, Rotterdam, Algeciras y Barcelona. Y hay 1.200 puertos europeos.

Desde luego que los estibadores no son un colectivo de proletarios esclavizados. Pero debería darnos que pen-

El problema del Ministro de Fomento radica en que ese sistema funciona. Los estibadores españoles son más productivos que otros europeos, por ejemplo que los italianos, plenamente “liberalizados”, y los puertos españoles están entre los cuatro más productivos de Europa, según la revista norteamericana JOC: Bremerhaven, Rotterdam, Algeciras y Barcelona. Y hay 1.200 puertos europeos. No obstante, la orientación principal del RDL 4/2017 parece haber sido la falta de productividad de los puertos españoles, si nos atenemos a las palabras del propio Ministro y del mediador oficial, D. Marcos Peña, en su propuesta de mediación que luego veremos. La

1. Acuerdo del Congreso de Diputados de 16 de marzo de 2017, de derogación del RDL 4/2017 (BOE de 24 de marzo).

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Artículo aparente contradicción tiene su origen, a mi juicio, en una confusión: la productividad se mide por número de contenedores manipulados en el puerto, básicamente, mientras que lo aludido por productividad en las declaraciones ministeriales y mediadoras parece ser el rendimiento por trabajador en relación con su sueldo, o más exactamente, el coste de la manipulación de mercancías, en donde un estudio realizado por Price Waterhouse and Cooper (PW&C) por cuenta de las empresas, del que no se dispone sino la información de algún diario, indica que el coste laboral cubre el 53 por 100 del total, además de difundir unos niveles de percepción salarial cercanos a los 4.000 euros mensuales por estibador, de cuyos parámetros no cabe discutir porque no han sido divulgados. Con semejantes cifras, el Ministerio ha traducido la condena a España como una crítica a los altos salarios y a la relación laboral especial, y ha dictado un Decreto-Ley prácticamente centrado en los modos de extinción de las SAGEP y de las resoluciones de contratos especiales por voluntad del trabajador o por despidos objetivos o colectivos, con una atribución del coste indemnizatorio a las autoridades portuarias respectivas, todo ello dentro de un período transitorio de tres años. Y sin embargo otro estudio, en este caso público y realizado por la Universidad Politécnica de Barcelona, contradice los resultados del estudio de PW&C al evaluar el coste de la mano de obra entre un 14 y un 21 por 100 del coste total2. El Ministro de Fomento ha pagado cara su audacia: pretender el máximo en dos minutos, cuando debió haber escuchado a las partes negociadoras y a los demás partidos que debían apoyarle, y haber acogido la solución menos traumática. Porque la sentencia del Tribunal Europeo admite varias interpretaciones, y la más drástica es la adoptada por el Decreto-Ley. En todo caso, el Gobierno ha esperado demasiado tiempo para dictar su norma, sin buscar apoyos ni dentro ni fuera del sector. Nadie lo había llamado en unas relaciones portuarias que eran pacíficas hasta que la Comisión denunció a España en 2011, no se sabe a instancias de quién, aunque los rumores apuntan al bufete de Pérez Llorca como autor formal de la queja. Tampoco las instancias europeas quedan libres de sombras. La Comisaría de Transportes ha pretendido aplicar el mismo régimen implantado en los aeropuertos por

la Directiva 96/67, como si a los puertos marítimos fueran lo mismo, y ha fracasado en dos ocasiones, 2001 y 2004, en sus propuestas de Directiva portuaria por la oposición frontal del Parlamento Europeo, cuyo reciente Reglamento 2017/352 del pasado febrero establece el respeto a los convenios colectivos y a los derechos de los trabajadores en los puertos3. Y la misma sentencia condenatoria carece de la profundidad a la que el Tribunal Europeo nos tiene acostumbrados, quizá porque el juez ponente, el luxemburgués Biltgen, ha pasado casi toda su vida como Ministro del gobierno de su país, del partido social-cristiano. En consecuencia, el Decreto-Ley no se merecía otra cosa que su no convalidación por el Parlamento. Su texto es además confuso y en ocasiones incomprensible, con una discutible solución para el tema central de la “subrogación” en las relaciones laborales especiales que se pretendían derogar. A los más viejos del lugar lo ocurrido nos recuerda a aquellos Decretos dictados durante los últimos años del franquismo bajo el Decreto-Ley 17/1977 en su versión originaria, cuando la conflictividad laboral trataba de solventarse mediante una enérgica norma estatal que ordenaba la vuelta inmediata al trabajo, y nadie le hacía caso. De cualquier modo, la multa diaria de 134.000 € habría de esperar a una nueva sentencia, mientras que las soluciones del DecretoLey habrían costado en torno a 350 millones de euros, también del bolsillo de los contribuyentes. España es un país marítimo y no se merece una regulación que bloquee los puertos. 2. La regulación comunitaria. Así las cosas, el Ministerio de Fomento ha sido consciente de que una nueva intervención por la vía del Decreto-Ley ha quedado amortizada si no cuenta con el respaldo de los actores en el conflicto y con la mayoría del Parlamento, y ha expresado su disposición a esperar a un posible acuerdo entre las partes. Pero ¿sobre qué cuestiones se debate? Ante todo, ante la aplicación de la normativa comunitaria sobre puertos europeos, que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 576/2013, de 11 de diciembre de 2014, caso Comisión Europea contra España, entiende infringida por la existencia en nuestro país de unas

2. Los pormenores pueden verse en Centro de Innovación del Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña (CENIT), Facultad de Náutica de Barcelona, “Analysis of taxes and port services costs in Ro-Ro terminals. A proposal for a cost observatory”, Barcelona 2013. Versión española de este estudio, en Fundación de Estudios Portuarios FUNESPOR, “Estudio sobre las tasas y servicios portuarios en terminales de carga rodada. Propuesta de modelo para un observatorio de costes”, Tenerife 2014. 3. Reglamento 2017/352 de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos. Téngase en cuenta también el Reglamento (UE) 1315/2013 de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión 661/2010/ UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).

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Artículo En todo caso, el Gobierno ha esperado demasiado tiempo para dictar su norma, sin buscar apoyos ni dentro ni fuera del sector. Nadie lo había llamado en unas relaciones portuarias que eran pacíficas hasta que la Comisión denunció a España en 2011

sociedades anónimas de gestión portuaria (en adelante, SAGEP) financiadas obligatoriamente por las empresas portuarias, a las que deben pertenecer los estibadores portuarios y a las cuales deben acudir obligatoriamente las empresas antes citadas para sus necesidades temporales de mano de obra. En realidad las SAGEP actúan como empresas de trabajo temporal, suministrando a las empresas de cada puerto la mano de obra coyuntural que necesite, mientras que a los estibadores involucrados en tal rotación los mantiene en una “relación laboral especial” cuya peculiaridad consiste en permitirles una estabilidad salarial por vía de abonarles durante los días de paro –gracias a la financiación aportada a prorrata por las empresas portuarias- un “salario de inactividad” o “garantía de percepción salarial” que viene a equivaler al porcentaje del salario normal en que consistía la prestación por desempleo antes de su modificación más reciente. Nos hallamos, consiguientemente, ante una condena comunitaria de las listas de estibadores “reconocidos”, también denominados como registros, pools o bolsas de trabajo portuario, una práctica reconocida en la mayoría de los puertos europeos y a la que la decidida oposición de la Comisión Europea desde aproximadamente su sentencia sobre el puerto de Génova en 19914 ha ido mermando en apoyos. Dicha condena se traduce en la sentencia del Tribunal Europeo en un apotegma y cuatro deducciones. En el primero, la sentencia considera que la legislación española sobre puertos del Estado infringe la legislación europea, en concreto el art. 49 del Tratado de Funcionamiento, por “hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado”5; en las segundas, la parte decisoria de la sentencia desgrana los cuatro incumplimientos del Reino de España: impone a las empresas de otros Estados miembros –aunque en igualdad de condiciones con cualesquiera empresas- la obligación de inscribirse en las SAGEP de 4. 5. 6.

participar en el capital de éstas, así como la obligación de contratar prioritariamente a los trabajadores en las listas de ellas y a un mínimo de dichos trabajadores como empleados permanentes.

De manera que la sentencia europea condena a España porque su legislación hace “menos atractiva” la libertad de establecimiento en el país a las empresas de otros países europeos, con todo y estar obligadas a las mismas prestaciones a que vienen obligadas las españolas. Se trata, como vemos, de una cuestión de matiz, donde para nada juega la no discriminación, pues todo el mundo debe pertenecer y pagar a las SAGEP y no solo las tan ambiguamente denominadas como “comunitarias”. Sobre el resbaladizo principio de escasa atractividad, que podríamos traducir, si se me permite la ocurrencia, por “alegro ma non troppo”, la sentencia se remite a varias sentencias que tratan de definir lo indefinible, los límites de lo poco-tentador-pero-en-principio-válido6, así como a una Comunicación sobre política portuaria europea, la COM(2007) 616, a cuyo tenor las disposiciones sobre contratación de trabajadores portuarios no deben utilizarse para impedir que personas o empresas debidamente cualificadas presten servicios de manipulación de mercancías o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan. Tal es la normativa comunitaria que se estima infringida: una doctrina jurisprudencial que protege a la libertad de establecimiento europea incluso en los evanescentes e imprecisos límites de lo poco atractivo, y una Comunicación que, hasta donde se me alcanza, carece de valor normativo, pero que en definitivas cuentas solo podría tener relieve en lo que hace a la imposición de mano de obra innecesaria, ese porcentaje de contrataciones por tiempo indefinido que la autoridad portuaria establece para cada empresa al otorgar la licencia de explotación7. En su lucha por la liberalización empresarial de los puertos, la Comisión parece estar absolutamente sola. Ha fracasado en dos ocasiones en sus intentos por lograr la aprobación de una Directiva en ese sentido, y la

Sentencia TJUE 179/90, de 10 de enero de 1991, caso Porto di Genova. A su tenor, las operaciones de estiba y en general portuarias carecen de interés económico general y por ende quedan sometidas a las normas comunitarias sobre libre competencia y libertad de circulación. Sentencia 576/13, apartado “Sobre el recurso”, párrafo 2º. En concreto, las sentencias TJUE Kraus 19/92, Comisión c. Países Bajos 299/02, y Comisión c. Grecia 140/03, citadas en el apartado “Sobre el recurso”, párrafo 2, así como sentencias Comisión contra Francia 89/09, y SOA Nazionale Costruttori 372/12, citadas en el mismo apartado “Sobre el recurso”, párrafo 11.

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Artículo jurisprudencia sobre el particular podemos calificarla como pírrica, pues frente a las sentencias que la apoyan, básicamente la del caso Porto di Genova, encontramos otras que defienden lo contrario, a saber, que nos hallamos ante actividades de interés general y que las normas comunitarias no son de aplicación a la estiba. Es en esa jurisprudencia enfrentada donde hallamos una clave importante en el desarrollo argumentativo de la condena a España, pues estoy hablando principalmente de la sentencia Becu y otros 22/98, que resolvía la cuestión de si las listas de estibadores chocaban con la normativa comunitaria sobre libre competencia, resolviendo negativamente. De ese modo el camino para una condena –digámoslo así- normal, en torno a la posible infracción de la libre competencia, quedaba cercenado, llevando a la Comisión a intentar la mucho más compleja, por discutible, vía de infracción de la libertad de establecimiento del art. 49 TFUE. La sentencia Becu no solo explica los tortuosos derroteros de la condena a España, sino que entra en el meollo de la regulación sobre bolsas de trabajo o pools como el de las SAGEP: la ley belga de 8 de junio de 1972 prohibía y prohíbe “la ejecución de toda labor portuaria en las zonas portuarias por trabajadores distintos de los trabajadores portuarios reconocidos”, lo que una empresa estibadora del puerto de Gante dirigida por el señor Becu había eludido contratando a trabajadores externos, lo que había generado una denuncia criminal por la fiscalía de Gante y una cuestión prejudicial del tribunal ante el TJUE. Pues bien, la conclusión del TJUE rechazó la posibilidad de eludir la prohibición, dejando la puerta abierta al juez local para condenar criminalmente a Becu y los demás encausados, entendiendo que la libre competencia del Derecho Europeo no permite a las empresas portuarias oponerse a la obligación de “emplear exclusivamente a trabajadores portuarios reconocidos” y a “pagar a éstos una retribución que supera ampliamente los salarios de sus propios empleados o los que pagan a otros trabajadores”. Retorciendo los conceptos, la condena a España se inspira en la misma idea que había salido derrotada en la sentencia Becu y

la libre competencia, para hacerla prevalecer respecto al principio de libertad de establecimiento, pues en definitivas cuentas el motivo real del “menor atractivo” de establecerse era el del coste económico y más en concreto el del coste salarial, cuya diferencia con el “normal” se consideraba como una diferencia “no equitativa”8. A mayor abundamiento, el Abogado General proponente a la sala del Tribunal de Justicia era el español Ruiz Jarabo, quien tuvo la satisfacción de ver confirmadas sus tesis por la sentencia acabada de comentar. Decía en sus conclusiones que “Del análisis de los autos no se desprende elemento alguno capaz de desvirtuar el carácter exclusivamente laboral que reviste la relación jurídica en el marco de la cual los trabajadores reconocidos de la zona portuaria de Gante prestan sus servicios, ni la existencia de forma organizativa alguna susceptible de ser considerada como una empresa a los efectos de las normas comunitarias sobre la competencia”.

La lucha parece haberla perdido finalmente la Comisión, a pesar de la condena a España, por la promulgación del reciente Reglamento sobre puertos 217/352.

La lucha parece haberla perdido finalmente la Comisión, a pesar de la condena a España, por la promulgación del reciente Reglamento sobre puertos 217/352, que merece un comentario específico en estas líneas.

3. El Reglamento comunitario 217/352, de 15 de febrero, sobre prestación de servicios portuarios Dos años después de la sentencia condenatoria, el Parlamento y el Consejo Europeos promulgan un Reglamento por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, en donde una extensa e importante exposición de motivos da paso a un capítulo central, el 2º, con reglas de capital importancia sobre la estiba al versar sobre la prestación de servicios portuarios, un capítulo que sin embargo acaba con un giro inesperado.

7. Art. 117.1, letra n), de la Ley de Puertos del Estado (RDLeg 2/2011), que vino derogada por el RDL 4/2017, a su vez derogado –no convalidadopor el Congreso, como ya sabemos. Dice así: “n) En las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, porcentaje mínimo de trabajadores que se deben tener contratados en régimen laboral común”. 8. Sentencia Becu y otros 22/98, párrafo 15: el juez de primera instancia había entendido como no equitativa la diferencia salarial entre la percepción del trabajador ordinario en la empresa SMEG, de 667 francos belgas la hora, y la de los estibadores reconocidos dentro de la misma empresa, de 1335 francos belgas la hora, más del doble, por lo que había rechazado la imputación de la fiscalía. Junto a esa diferencia salarial, probablemente jugaría a favor del sobreseimiento el carácter penal de las sanciones contempladas por la Ley de 1972. Recurrida la decisión en segunda instancia, el nuevo tribunal había planteado la cuestión prejudicial ante el TJUE antes de resolver.

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Artículo La importancia de esos artículos radica en que contemplan la posibilidad de que la prestación de servicios portuarios por parte de las empresas interesadas pueda estar sometido a requisitos mínimos de dicha prestación, a la limitación del número de prestaciones, a obligaciones de servicio público o a restricciones relacionadas con operadores internos. Dentro de los requisitos mínimos dice, además, que podrán consistir en mantener los equipos necesarios para prestar el servicio en condiciones normales y seguras, o en la capacidad para prestarlo sin interrupción durante todo el año, o en ciertas cualificaciones profesionales, requisitos mínimos que tendrán como condición indispensable el ser transparentes, objetivos, no discriminatorios y pertinentes para el servicio de que se trate9. En principio las referencias, por muy genéricas que parezcan, nos recuerdan a los problemas principales que se dilucidan en el conflicto de la estiba, a las SAGEP con su bolsa prioritaria en la contratación y al servicio de manipulación de cargas a cualquier hora durante todo el año. El art. 7 del Reglamento menciona algunas reglas del servicio público que pueda imponerse a las empresas portuarias, como puede ser la continuidad o no interrumpibilidad del servicio, la seguridad de las operaciones, la igualdad y universalidad de los usuarios del servicio –las cargadoras o navieras-, y también un precio asequible para determinadas categorías de usuarios. Alude el Reglamento en el artículo siguiente a la posibilidad de realizar tales prestaciones de servicio público a través de un operador interno, que no obstante parece consistir en una entidad autónoma aunque plenamente subordinada a la jerarquía portuaria, pues la autoridad competente ha de ejercer sobre ese organismo gestor del puerto “un grado de control … similar al que tiene sobre sus propios departamentos”, o en otros términos, si tiene una influencia decisiva tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de la entidad jurídica de que se trate”. Si recordamos que las SAGEP españolas tienen un funcionamiento muy similar a las de las ETT, compuestas, financiadas y dirigidas por las empresas portuarias, que eligen a sus órganos directivos, no parece factible considerarlas como operadores internos totalmente controlados por la autoridad portuaria. La cuestión a resolver consiste, pues, en saber si las gestoras de mano de obra controladas por las empresas portuarias tienen cabida en el marco establecido por el Reglamento comunitario. Pero esa cuestión tiene directo encaje en el sorprendente final del que he hablado antes.

El Reglamento alude también a la posibilidad de subrogación, pues indica en el art. 9 que en caso de cambio de prestador de servicios portuarios, la autoridad competente podrá exigir a la nueva empresa portuaria que se subrogue en los derechos y obligaciones laborales de la anterior. El Reglamento alude también a la posibilidad de subrogación, pues indica en el art. 9 que en caso de cambio de prestador de servicios portuarios, la autoridad competente podrá exigir a la nueva empresa portuaria que se subrogue en los derechos y obligaciones laborales de la anterior. Todo lo anterior parece proclive a admitir una situación como la de los puertos españoles –y, cabría añadir, como la de la mayoría de los puertos europeos-, con sus SAGEP de obligado recurso por las empresas portuarias y los estibadores con una relación especial que consiste en una contrato indefinido y bien remunerado. El colofón del Capítulo 2, tras lo anterior, nos lleva a un quiebro sin salida, porque viene a anular todo lo anterior por cuanto hace a los estibadores. “Lo dispuesto en el presente capítulo y en el artículo 21 –dice- no se aplicará a los servicios de manipulación de carga, a los servicios al pasaje ni al practicaje”. Probablemente por la variedad de soluciones nacionales, con predominio de los registros unitarios o bolsas internas de trabajo, que además vienen respaldados por el Convenio OIT 137, el Reglamento deja libertad a los puertos para organizar estos servicios como consideren más oportuno, dejando que convivan las sentencias contradictorias que hemos visto, de Puerto de Génova, Puerto de Gante (“Becu y otros”), y Comisión contra España.

9. Artículo 4 del Reglamento.

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Artículo 4. La propuesta de mediación y la respuesta de las partes Sorprendentemente la propuesta de mediación ofrecida el 30 de marzo de 2017 a las partes por el presidente del Consejo Económico y Social, D. Marcos Peña, omite toda referencia a los posibles cambios normativos aportados por el Reglamento UE pese a que éste había aparecido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea casi un mes antes. Menciona únicamente la necesidad de establecer “un nuevo marco regulador, derivado de la Sentencia [europea] y a los criterios de ordenación de la actividad empresarial contenidos en el ordenamiento de la UE”10. En realidad, la sentencia y los criterios de ordenación de la actividad empresarial del Derecho Social Europeo significan bien poca cosa. Ya hemos visto cómo el TJUE declara el incumplimiento de un artículo del Tratado de Funcionamiento, al no haber Reglamento o Directiva sobre el particular, y lo hace a virtud del “menor atractivo” que supone establecerse en los puertos españoles, en base a la obligación de las empresas de pertenecer a las SAGEP, participar en su financiación, tomar a sus estibadores de las listas de éstas, y contratar por tiempo indefinido a un porcentaje que le indique la autoridad portuaria asimismo dentro de la lista de la SAGEP. Por cuanto hace a los criterios de ordenación de la actividad empresarial contenidos en el Ordenamiento de la UE, el mediador señala expresamente la regulación sobre transmisión de empresas y sobre despidos colectivos11, así como el principio de equilibrio entre la libertad de empresa y los derechos sociales y de empleo. Pero además del acervo comunitario, y más allá incluso de lo establecido por el mismo, el mediador parte de dos preconceptos que influyen decisivamente en su propuesta: por una parte, que la sentencia es clara en cuanto a los términos de la condena; por otra, que se puede partir de un marco empresarial como el diseñado por el derogado RDL 4/2017 a la hora de llevar a cabo una cesión de trabajadores en similares términos en los que tal actividad de cesión era desempeñada conforme a la anterior normativa, aunque no una fórmula de continuidad en el empleo que suponga subrogación directa respecto de cada empresa12 Que la sentencia UE permite diversas interpretaciones ha sido ya

La relación especial de empleo de los estibadores con las SAGEP y su formación y seguridad laboral habría de ajustarse a lo obtenido con dichas tarifas, que tendrían un componente de servicio público para garantizar la continuidad de las tareas. Esta propuesta podría satisfacer las exigencias del Tribunal Europeo, aunque considero que puede haber otras sin necesidad de entrar en las engorrosas subrogaciones. El requisito es, como siempre, voluntad. puesto de manifiesto por autores como Villar, cuando afirma que el registro único o pool de estibadores, así como la preferencia en el empleo o la adecuación a las necesidades no requieren que las empresas portuarias deban afiliarse a las SAGEP, ni la obligación de contratar exclusivamente con ellas, ni una plantilla mínima13, o en términos más generales por Van Hooydonke cuando afirma que el Derecho de la Unión permite a los Estados miembros elegir entre el trabajo portuario libre o un sistema sostenible de pool o registro de estibadores que no venga sometido a excesos restrictivos14. Dentro de esos límites, la propuesta del mediador puede estimarse moderadamente positiva, hasta el punto de que casi ha obtenido la aprobación de ambas partes. En sustancia propone cuatro puntos principales:

10. PEÑA PINTO M., “Propuesta de mediación sobre efectos laborales de la nueva ordenación laboral del servicio portuario de manipulación de mercancías”, Madrid 30 de marzo de 2017, p. 5. 11. Ibidem, p. 6. Se refiere a la Directiva sobre transmisión de empresas 2001/23/CE, y a la Directiva sobre Despidos colectivos 98/59/CE. 12. Ibidem, pp. 6-7. 13. VILLAR ROJAS F.J.,“La l i b e r t a d e u r o p e a d e e s t a b l e c i m i e n t o : r e st r i c c i o n e s j u s t i f i c a d a s y n o j u s t i f i c a d a s . ( A p r o p ós i t o d e la ST J U E s o b r e l a e s t i b a e n l o s p u e r t o s e s p a ño l e s ) , enVV.AA., D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o e I n t e g r a c i ón E u r o p e a , Ed. Reus, Madrid, 2017, p. 14. 14. Port labour in the EU, Bruselas 2013, p. 2.

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Artículo a) La subrogación de las nuevas gestoras de empleo portuario en las relaciones laborales actuales que mantienen las respectivas SAGEP con los estibadores, conforme a lo establecido en el art. 44 del Texto Refundido ET. Las fórmulas concretas de la subrogación serían negociadas por ambas partes, y en su caso reflejadas en convenio colectivo15. Se trata de una propuesta cuya parte más compleja, la determinación de las fórmulas específicas para la transmisión del personal a las nuevas gestoras del empleo portuario –ya sean ETTs o Centros Portuarios de Empleo-, distancia radicalmente a ambas partes, por lo que la negociación y su plasmación en convenios tendría grandes posibilidades de fracasar. b) Negociación por las partes de las medidas de flexibilidad que permitieran a las empresas portuarias asumir el control de las contrataciones, abandonando los sistemas de asignación directa por las SAGEP, y que en los convenios colectivos actuales siguen por lo común la fórmula de la rotación16. c) Mantenimiento de la oferta del Gobierno de ayudas a la jubilación anticipada voluntaria para los estibadores dentro de los sesenta meses previos a la jubilación ordinaria, con prestaciones equivalentes al 70 por 100 del promedio salarial y cotizaciones mediante convenio especial. d) Reducción de salarios en un 10 por 100 para quienes tuvieran percepciones superiores al triple del salario mínimo interprofesional, medida que podría sustituirse convencionalmente por otra u otras de flexibilidad interna. La respuesta de las partes ha llegado al mediador en sendas cartas de ANESCO y de los sindicatos, ambas fechadas el 4 de abril. A las empresas les agrada la propuesta recibida, aunque condicionan su aceptación al esclarecimiento del marco jurídico, es decir, a si la futura norma mantendrá o no “todos los términos del RDL derogado, y en especial, sobre su régimen transitorio”, así como el alcance real del plan de ayudas del Gobierno a las prejubilaciones. A los sindicatos les preocupa la garantía del 100 por 100 de empleo a los estibadores actuales, y requieren conocer los planes normativos del

gobierno antes de aceptar la propuesta, así como los datos concretos de las ayudas, por puerto y por trabajador. 5. Conclusiones y propuesta Al momento de escribir estas líneas parece muy difícil alcanzar una normativa capaz de abrir una vía de solución, principalmente a causa de la actitud del Ministerio de no regular en función de los intereses en presencia, sino de su particular visión de lo que debe hacerse. La sentencia del TJUE puede interpretarse de diversas maneras, como ya hemos visto, y en mi opinión una buena respuesta a sus pedimentos podría consistir en no obligar a las empresas portuarias a pertenecer forzosamente a las SAGEP, las cuales podrían pasar a ser gestoras portuarias de empleo que percibieran una tasa de aquéllas por la cesión de mano de obra. La relación especial de empleo de los estibadores con las SAGEP y su formación y seguridad laboral habría de ajustarse a lo obtenido con dichas tarifas, que tendrían un componente de servicio público para garantizar la continuidad de las tareas. Esta propuesta podría satisfacer las exigencias del Tribunal Europeo, aunque considero que puede haber otras sin necesidad de entrar en las engorrosas subrogaciones. El requisito es, como siempre, voluntad.

Una buena respuesta a sus pedimentos podría consistir en no obligar a las empresas portuarias a pertenecer forzosamente a las SAGEP, las cuales podrían pasar a ser gestoras portuarias de empleo que percibieran una tasa de aquéllas por la cesión de mano de obra

15. Propuesta del mediador, p. 10. 16. El escrito del mediador, p. 11, alude a una práctica consolidada durante decenios denominada “pacto de manos y destino”, que vendría roto por la atribución del control a las empresas portuarias fijada en los convenios futuros. Pero si los actuales convenios establecen la rotación de efectivos –como ocurre similarmente en las bolsas de trabajo de otras actividades, por ejemplo en sanidad- y dichos pactos burlan lo pactado, mal parece que vayan a desparecer por el mero hecho de establecer los futuros convenios un sistema, no ya de rotación, sino de asignación directa al control empresarial.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Enero-Marzo 2017 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1869

Colegiado: 1871

Mª Concepción Gómez Ruiz

Nerea Martínez Puerto

Domicilio profesional:

Baltasar Gracian, 25, 2º B

Localidad profesional:

41007 Sevilla

Tlfno:

954571195

EJERCIENTE LIBRE

Domicilio profesional:

Avda. de La Paz, 4, Nucleo San Cristobal Local 10

Localidad profesional:

41013 Sevilla

Tlfno:

954627911

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1876

Colegiado: 1878

Mª Carmen Martínez Campos

Luis Manuel Verdugo Carrero

Domicilio profesional:

Americo Vespucio,4 , LOCAL 1

Domicilio profesional:

Carrera, 110

Localidad profesional:

41710 Utrera (Sevilla)

Localidad profesional:

41420 Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Tlfno:

955868149

Tlfno:

954838610

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE EMPRESA

Colegiado: 1883

Colegiado: 1873

Lorena González Gómez

Lourdes Bosch Luna

Domicilio profesional:

C/ Huerta Palacios,5, Bajo B

Domicilio profesional:

Avda. Republica Argentina, 32, 1º A

Localidad profesional:

41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Localidad profesional:

41011 Sevilla

Tlfno:

639110208

Tlfno:

954275886

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1870

Nº Colegiado

1872

Nombre

Ángel de La Cruz Alonso

Nombre

Dolores Vázquez Gómez

NO EJERCIENTE

36

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1874

Nº Colegiado

1875

Nombre

Ana María Gálvez Vázquez

Nombre

Mª del Carmen Medinilla Durán

Graduados Sociales n.º 87 • 2017


Movimiento Colegial NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1877

Nº Colegiado

1879

Nombre

Clara Isabel Prior Vázquez

Nombre

Penélope Manzano Casal

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1880

Nº Colegiado

1881

Nombre

Elisa García Gestoso

Nombre

Begoña Recio Guzmán

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1882

Nº Colegiado

1884

Nombre

Leonardo J. Borregales Chinea

Nombre

José Manuel Huesca Montilla

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1885

Nombre

Alegria del Rocío Cabello Pérez

REINCORPORACIÓN EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1331

David Herrera Lobato Domicilio profesional:

Avda. de Lepanto, 13-B

Localidad profesional:

41600 Arahal (Sevilla)

Tlfno:

955840318

CAMBIOS DE MODALIDAD EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0154

Nombre

Felipe Hernández Lázaro

BAJAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1610

Nº Colegiado

0854

Nombre

Rosa María Barrera Montoya

Nombre

Germán Álvarez-Beigbeder Garo

Graduados Sociales n.º 87 • 2017

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Movimiento Colegial BAJAS NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1659

Nº Colegiado

1772

Nombre

Margarita Gallego Bernabé

Nombre

Jaime Morugán Durán

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1637

Nº Colegiado

1555

Nombre

José Manuel Sánchez Gómez

Nombre

Pedro López Cerro

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1863

Nº Colegiado

1775

Nombre

María José Torres Rodríguez

Nombre

Cristina Álvarez Talaverón

NO EJERCIENTE

POR FALLECIMIENTO

Nº Colegiado

1110

Nº Colegiado

0039

Nombre

Jaime Granell Bailén

Nombre

Juan Respaldiza Sánchez

POR FALLECIMIENTO

38

Nº Colegiado

0005

Nombre

Joaquín Pérez Espinar

Graduados Sociales n.º 87 • 2017


Entrevista Artículo

“El Graduado Social es un actor principal para llevar la prevención de riesgos laborales y la cultura preventiva a las empresas”

Jesús González Márquez

Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía Graduados Sociales n.º 87 • 2017

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Entrevista Artículo Jesús González Márquez es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Desde el año 2000 ha ejercido como abogado con despacho propio. Anteriormente, en 1998, fue responsable de la Oficina Parlamentaria Joven del Parlamento de Andalucía. Durante los últimos quince años ha desarrollado su labor profesional como consultor de empresas y especialista en mediación

y resolución de conflictos, así como en Derecho Civil, Laboral, Penal y Contencioso Administrativo. González Márquez ha trabajado también en el turno de oficio en las especialidades de protección de víctimas de violencia sobre la mujer y de menores. Además, ha ejercido como docente en varios cursos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Pedro Gómez de Huelva.

¿Cómo definiría el estado actual de las Relaciones Laborales de Andalucía? ¿Qué logros se han conseguido para su mejora y en qué aspectos se debe todavía trabajar?

afectan a las relaciones laborales, en concreto en los expedientes de regulación de empleo se ha suprimido la anterior autorización administrativa, por lo que la empresa con independencia de llegar o no a acuerdo con los trabajadores puede proceder a la extinción de las relaciones laborales. Desde la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, se llevan a cabo advertencias y apercibimientos a las empresas cuando se observan actuaciones indebidas, pero ello no impide la continuación del expediente y, en su caso, la extinción de los contratos de trabajo. Igualmente, en materia de negociación colectiva la actual regulación ha introducido importantes modificaciones que hacen especialmente compleja la valoración de los acuerdos adoptados.

En primer lugar, conviene reflexionar sobre el contenido de los términos “Relaciones Laborales”. Cuando hablamos de Relaciones Laborales nos estamos refiriendo entre otros supuestos a: La ordenación y desarrollo de las relaciones individuales y colectivas entre empresa y trabajadores, a las condiciones de trabajo, a la negociación colectiva, a la regulación de empleo, a la elaboración e interpretación de normas reguladoras en este ámbito y a la ejecución reglamentaria de normas estatales, a los conflictos colectivos, al establecimiento de servicios mínimos en servicios esenciales para la comunidad, a la paz social, a la acreditación de la representatividad sindical de los representantes de los trabajadores, a la coordinación de actuaciones en materia de empleo entre las distintas instancias administrativas (Administración Autonómica, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Administración de Justicia, Servicio Público de Empleo (SEPE), Inspección de Trabajo y Seguridad Social), al desplazamiento transnacional de trabajadores, al enderezamiento de incumplimientos de las empresas mediante la imposición de sanciones laborales, etc. La anterior lista es meramente enunciativa, porque es difícil elaborar una relación taxativa completa y cerrada de los contenidos a incluir en el concepto de las Relaciones Laborales. En definitiva, nos estamos refiriendo al conjunto de actuaciones que lleva a cabo la autoridad laboral en el ejercicio de sus competencias. En cuanto a la valoración de la situación actual, es importante destacar que, desde la aprobación de la reforma laboral de 2012, ha habido importantes cambios que

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En todo caso, en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, también se lleva a cabo una importante labor con la participación de los agentes sociales, para hacer posible que las Relaciones Laborales consigan un equilibrio entre las partes y contribuyan a la paz social. Un aspecto importante en materia de negociación colectiva, es el relativo al cambio de enfoque por parte de la empresa y de los trabajadores. Por parte del empresario se debería continuar concibiendo al trabajador no sólo como coste salarial, sino como activo de la misma porque los recursos humanos de una empresa son su activo fundamental. Por parte de los trabajadores se debería igualmente continuar con la implicación e iniciativa en los proyectos empresariales.

¿Qué papel juegan los Graduados Sociales en todo lo dicho anteriormente? Para nosotros la labor que tiene el Graduado Social en el ámbito laboral es vital en las relaciones laborales y fundamentalmente por su directa cercanía con la empresa

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Entrevista y, por tanto, se manifiesta como un instrumento principal para conseguir el acercamiento de las políticas de la administración a la empresa y especialmente a las Pymes que son mayoritarias en Andalucía. Además, sabemos que por esa cercanía el Graduado Social es un actor principal para llevar la prevención de riesgos laborales y la cultura preventiva a las empresas. ¿Cuáles son las claves de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo? Durante los seis años de vigencia de la pasada Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014, prorrogada al año 2015, se pusieron en marcha 363 acciones para desarrollar las 91 líneas de actuación previstas en los 9 objetivos específicos que consideraba este instrumento. Todas estas actuaciones se acometieron con el objetivo de alcanzar las dos metas finales de la Estrategia, consistentes en la reducción sostenida y significativa de la siniestralidad laboral en Andalucía y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Aunque se redujeron sensiblemente las cifras de siniestralidad laboral, es obvio que quedaron muchos y variados retos para seguir avanzando en la prevención de riesgos laborales ya que siguen produciéndose accidentes en el trabajo. Por ello la anterior Estrategia se cerraba con el convencimiento de que todavía no estaba todo hecho en este ámbito. Por ello actualmente estamos elaborando un nuevo marco de planificación, una nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, que está fundamentada en la colaboración de la administración andaluza con los agentes económicos y sociales más representativos en Andalucía a través del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. En esta nueva Estrategia se van a definir cuatro ámbitos de actuación: • • • •

La seguridad y salud laboral de las personas trabajadores en Andalucía. La gestión de la prevención en las empresas andaluzas. El sistema de seguridad y salud en el trabajo en Andalucía. La cultura preventiva en la sociedad andaluza.

Los retos propuestos a abordar en esta nueva Estrategia son los accidentes de trabajo, la seguridad vial laboral, los

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trastornos músculo-esqueléticos, la salud psicosocial, las enfermedades profesionales, los hábitos saludables, la cultura preventiva, el asesoramiento técnico tanto de los servicios de prevención como por las diversas administraciones con competencia en la materia, la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, la adaptación normativa, el compromiso empresarial más allá de los niveles mínimos que marca la legislación, la investigación en materia de prevención de riesgos laborales, los sistemas de información, I+D+i y el tratamiento de la seguridad y salud laboral en todos los niveles educativos. Por ello confío que tengamos próximamente la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 20172022 que tendrá como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral de la población trabajadora de nuestro territorio, promoviendo el entorno laboral como una plataforma para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y persiguiendo, tanto en cifras globales como por sectores, la reducción de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. La negociación colectiva son algunas de las herramientas que contribuyen a impulsar la Seguridad y la Salud Laboral. En la actual situación, ¿qué medidas se llevan a cabo desde su dirección general? En la nueva Estrategia, que ya he mencionado anteriormente, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Andalucía se quiere fortalecer y potenciar la participación de los interlocutores sociales y por ello se va a potenciar, a través de la negociación colectiva, la implicación y el compromiso de personas trabajadoras y empresas en la prevención efectiva de los riesgos laborales. ¿Cómo definiría la cultura preventiva en nuestra región? Para el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, del cual soy Director Gerente, la cultura preventiva es “una forma sostenida y estable de ejercer la gestión y supervisión de la empresa, acorde con los valores de la salud y seguridad, que genera un clima favorecedor del comportamiento preventivo de todos los individuos de la organización, reconociendo los éxitos y aprendiendo de los errores” y sabemos que las empresas que desarrollen actividades relacionadas con el compromiso, la dinamización y el aprendizaje son empresas con dinámicas positivas en el ámbito de la cultura preventiva, y que sus experiencias pueden constituir un referente indicativo de buenas prácticas para el conjunto de las empresas andaluzas.

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Entrevista Artículo Las Encuestas sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas ofrecen algunos datos de interés para caracterizar la cultura preventiva en Andalucía, y por ello podríamos situar al tejido empresarial andaluz entre un nivel reactivo (la empresa se preocupa por la seguridad cuando ocurre algo) y el nivel calculador (la empresa formaliza un sistema de gestión de la prevención). ¿Implementan bien todos los instrumentos para la Prevención en Riesgos Laborales las empresas andaluzas? En los 20 años desde la aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se han reducido en términos de índice de incidencia en Andalucía un 33% la accidentalidad total y en un 56% la accidentalidad mortal. Pero aunque se han reducido las cifras de siniestralidad laboral, todavía queda mucho camino para avanzar en la prevención de riesgos laborales, ya que sigue habiendo trabajadores que sufren accidentes laborales; y eso es síntoma de que todavía no se está aplicando de manera eficaz la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La aplicación práctica de la Ley de prevención tiene todavía mucho margen de mejora. La ausencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales ayuda a la sociedad andaluza tanto del punto de vista económico como social. Y aunque sabemos que en las grandes empresas ya se están consiguiendo grandes éxitos en materia de prevención de riesgos laborales, también sabemos que en las empresas medianas y pequeñas (las mayoritarias en Andalucía) todavía no ha calado eficazmente la integración de la prevención de riesgos laborales. No solamente con mejora de las condiciones de seguridad y con excelentes procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales se consigue reducir los accidentes, también hay que tener CULTURA PREVENTIVA en la empresa. ¿Y el Compliance? ¿Qué criterios, experiencias y herramientas para su implantación maneja su Dirección General? Como todos sabemos el compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable.

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Debido a la mayor complejidad regulatoria han surgido personas que se especializan en esta función, ya sea desde dentro de la empresa como asesores o bien como parte de empresas especializadas en compliance. Esta Dirección General considera el compliance como un elemento generador de valor en la empresa evitando riesgo y contribuyendo a una mejor cultura empresarial, y no únicamente como un gasto. También somos conscientes de los empleos directos que se crearán cuando esta figura se incorpore en las grandes empresas en las que aún no lo haya hecho, y que también deberá llegar a la pequeña y mediana empresa que, aunque por su estructura no cuente con el compliance en plantilla, lo podrá hacer a través de empresas de asesoramiento, donde se generará nuevos puestos de trabajo. Por ello desde la Junta de Andalucía estamos apoyando cualquier acción que ayude a los andaluces y andaluzas en situación de desempleo a encontrar un puesto de trabajo y por ello hemos participado en diversos eventos donde especialistas en este tema nos han dado una visión sobre el compliance como necesidad en la empresa y nueva salida profesional.

Aunque se han reducido las cifras de siniestralidad laboral, todavía queda mucho camino para avanzar en la prevención de riesgos laborales, ya que sigue habiendo trabajadores que sufren accidentes laborales; y eso es síntoma de que todavía no se está aplicando de manera eficaz la normativa en materia de prevención de riesgos laborales

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Artículo

Luis Revilla Pérez

Letrado de la Administración de Justicia

Veinte años de jurado en España: pros y contras (parte 2)

IV.- Composición del Tribunal del Jurado y funciones de cada sección. En la composición del Tribunal, se diferencia entre la denominada “sección de hechos”, integrada por los ciudadanos jurados, y la “sección de Derecho”, representada por el Magistrado Presidente. En cuanto al Magistrado Presidente (artículo 4 L.O.T.J.), perteneciente a la Carrera Judicial, y destinado en una Sección Penal de la Audiencia de la Provincia de comisión del delito (salvo aforamiento de la persona acusada), su labor resulta ciertamente compleja porque se verá obligado a cambiar su forma habitual de actuación, pasando de gozar de facultad de decisión autónoma e independiente a ponerse a disposición de los ciudadanos, ajenos al engranaje ordinario de la maquinaria forense, principalmente a partir de la fase de constitución del Tribunal. Por ello, considero necesaria o al menos conveniente su especialización en esta materia, máxime cuando suelen transcurrir importantes lapsos temporales entre que presiden un Juicio con Jurado y el siguiente, obligando a los Magistrados a realizar periódicos esfuerzos de estudio y adaptación en cada ocasión. Respecto de los ciudadanos jurados (art. 3 L. O. T.J.), se les atribuyen las funciones de emitir... veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, … y…proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación…

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Precisamente, de la lectura de este precepto y de mi ex periencia práctica, cabe extraer los siguientes argumentos en defensa de esta figura frente a sus detractores: En primer lugar, quienes argumentan que los ciudadanos jurados carecen de conocimientos jurídicos o legales, la L.O.T.J. encomienda a los ciudadanos legos la constitución de la “ Sección de hechos”, encargada de pronunciarse acerca de si, tras presenciar, bajo su inmediación , y valorar los medios de prueba puestos a su disposición a lo largo de la celebración del juicio oral e incluso en la propia fase de deliberación, consideran probados o no determinados y concretos hechos sometidos a su consideración, y, correlativamente, proclaman la culpabilidad o “ inculpabilidad” del acusado. Para esta labor no precisan de conocimientos técnicos del Derecho sino, principalmente, sentido común, del que, a menudo se afirma que “es el menos común de los sentidos”. Se trata de un sentido que no se puede predicar en exclusividad, ni mucho menos, de los profesionales del Derecho; que no se adquiere en la Carrera, Licenciatura o Grado, el Doctorado ni, en su caso, con la superación de las pruebas selectivas de acceso a la Carrera Judicial, Fiscal o del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, o tras el alta en el ejercicio de la Abogacía, y del que, a menudo, nuestros conciudadanos anónimos, nos pueden dar lecciones pese a carecer de estudios relacionados con el Derecho. Estoy en condiciones de poder afirmar, que en la infinita mayoría de los juicios en los que intervine, los ciudadanos dieron sobrado ejemplo de sentido común y de ló-

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Artículo gica, realizando la labor encomendada con un ejercicio de responsabilidad modélica, representando su papel de forma absolutamente “profesional”, conscientes de la trascendencia de su decisión sobre la vida de la persona enjuiciada y sabedores de que el Magistrado Presidente quedará absolutamente vinculado a su decisión, materializada en el “acta de votación” ( coloquial y erróneamente denominado “ veredicto”) a la hora de redactar la sentencia, que no supondrá más que darle forma de resolución judicial a la decisión del Jurado.

renses, “Oficiales, Auxiliares y Agentes” y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, …. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.

V.- Estatuto jurídico de los ciudadanos Jurados

Como consecuencia del carácter obligatorio de la función, se contempla la Retribución y efectos laborales y funcionariales del desempeño de la función de jurado Artículo 7. º 1. El desempeño de las funciones de jurado será retribuido e indemnizado en la forma y cuantía que reglamentariamente se determine.

Por si no pareciera suficiente argumento a favor, el legislador refuerza las garantías de la actuación de los Jurados, estableciendo como principios de actuación: 3. Los … de independencia, responsabilidad y sumisión a la Ley, a los que se refiere el artículo 117 de la Constitución para los miembros del Poder Judicial, consagrando una garantía de independencia: 4. Los jurados que en el ejercicio de su función se consideren inquietados o perturbados en su independencia en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán dirigirse al Magistrado-Presidente para que les ampare en el desempeño de su cargo. En relación a este punto, debo añadir que no he conocido ni un solo caso en el que ningún miembro de Tribunal del Jurado haya puesto en conocimiento inquietación, coacción o amenaza alguna ni durante el desempeño de su función ni con posterioridad. En cuanto al carácter de la función: Derecho y deber de jurado el Artículo 6 dispone: “La función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley. La L.O.T.J. (Artículos 8 a 12) regula con todo lujo de detalle requisitos y excusas voluntarias para ser jurado y, principalmente, como refuerzo de esa garantía de independencia, los supuestos de causa de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones para ser jurado (aunque alguno de ellos debiera ser objeto de modificación). Curiosamente el Artículo 10 referido a los supuestos de incompatibilidad para ser jurado dispone, con total olvido de la figura profesional de los Graduados Sociales, que: Serán incompatibles para el desempeño de la función de jurado: 7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de “Secretarios Judiciales”, Médicos Fo-

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9. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal.

VI.- Aspectos económicos de los juicios ante el Tribunal del Jurado R.D. 385/1996, 1 marzo («B.O.E.» 14 marzo, modificado por BOE 26 de Julio de 2.006), por el que se establece el régimen retributivo e indemnizatorio del desempeño de las funciones del jurado: Los Jurados titulares y los suplentes, así como los candidatos no seleccionados tienen derecho a retribuciones: Los Jurados y suplentes (mientras actúen) tienen percibirán una retribución diaria de 67 € y los candidatos (de los 36 extraídos por sorteo para cada causa que asistan al acto de selección) no seleccionados como jurado percibirán 33,50€. Además de esa retribución, tienen derecho a indemnización por gastos de: Viaje: Desde su residencia hasta la sede de la Audiencia Provincial; si se trasladan en líneas regulares de transporte colectivo, se pagará la tarifa de 2ª categoría o clase turista y si lo hacen en vehículo particular, si fuera en moto se pagará 0,07 €/ km y si fuera en turismo 0,17 €/ km. Gastos: a los Jurados titulares y suplentes que no sean vecinos del lugar de celebración del juicio y a todos los titulares durante la fase de deliberación). • Alojamiento, incluido el desayuno, 65,97 € • Manutención, por comida y cena, 18,70 €/ cada una de ellas 2. El desempeño de la función de jurado tendrá, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la con-

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Artículo sideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Seguramente, uno de los argumentos contrarios a la figura del Jurado más recurrentes ha sido el de carácter económico, el de su elevado coste pecuniario derivado del obligado desembolso en conceptos de indemnizaciones y gastos satisfechos a jurados y candidatos por alojamiento y manutención…); lo que se ha dado en llamar por algún sector doctrinal “coste del jurado” y que a menudo ha servido a sus detractores para justificar su desaparición en base al elevado presupuesto de cada juicio de este tipo.

tiones previas, de orden probatorio o dimanantes de la especial “exhaustividad” o celo de los profesionales intervinientes, al tratarse del mismo delito y con iguales intervinientes, ante Tribunal del Jurado esa duración se convertiría en varias jornadas de trabajo, a saber: Un primer día para selección de integrantes de Tribunal del Jurado, previo sorteo de entre los candidatos asistentes en el día y hora señalados, y entrevista reservada por la partes intervinientes, con posteriores recusaciones sin causa, en su caso (hasta cuatro por cada parte personada), y juramento o promesa. Ello supone una garantía añadida en la configuración del Tribunal, conocimiento de los candidatos y la elección de los perfiles que las partes prefieren como más adecuados al caso concreto de que se trate. Una segunda sesión dedicada a lectura de escritos de calificación por el “Secretario” (sic), (hoy denominado “Letrado de la Administración de Justicia”) planteamiento, en su caso, de cuestiones previas y su resolución, alegaciones previas y práctica de pruebas, con intervención de partes, jurados y, en su caso, Magistrado Presidente (interrogatorio de acusado, de escasos testigos y documental), con modificación o elevación a definitivas de calificaciones provisionales. Tercera sesión dedicada a los informes de las partes y al derecho a la última palabra del acusado. Cuarta jornada en la que el Magistrado Presidente, tras tomarse generalmente un día para redacción, dará traslado a las partes y al Jurado del objeto del veredicto, las instrucciones de funcionamiento, a saber: designación de portavoz definitivo, deliberación y votación de los Jurados -comunes a todos los juicios de Jurado- y particulares -referidas exclusivamente a la causa concreta que se enjuicia-.

Bastará con que cinco jurados se pronuncien a favor del acusado para lograr su declaración de no culpabilidad o la declaración de probado de circunstancias que eximan o atenúen su responsabilidad criminal.

Reconozco que el coste de un Juicio de Jurado resulta muy elevado dado que, a los gastos generados por la celebración de cualquier juicio ante un Tribunal profesional en concepto de medios materiales y personales (Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, Procuradores, Médicos Forenses y restantes funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobretodo Policía Nacional), se añaden esas partidas por retribución e indemnización a candidatos a jurado- en el día de la selección- y jurados titulares y suplentes efectivamente elegidos- a partir de su selección-. A lo anterior se añade el hecho de la propia L.O.T.J. resulta muy compleja, llena de recovecos procesales innecesarios; ello conduce a que, unido a razones derivadas de la ingente cantidad de personas intervinientes que exigen una complicada labor de intendencia logística y, sobretodo en una habitualmente exasperante lentitud en la celebración del juicio oral que supone una labor ciertamente agotadora en la que, con frecuencia, se han de adoptar soluciones artesanales que colmen los múltiples vacíos legales que presenta la norma para lograr que el juicio y la fase final del proceso acaben sin problemas. La complejidad es tal que provoca que, por ejemplo, un juicio por delito de allanamiento de morada en el que intervengan acusado, acusaciones pública y particular y apenas algunos testigos, vista que con anterioridad a la entrada en vigor de la L.O.T.J. podría celebrar un Juzgado de lo Penal en una hora aproximadamente, salvo las posibles complicaciones derivadas de cues-

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Consiste en la que, para la mayoría de los Magistrados Presidentes constituye la labor más difícil: la redacción del cuestionario que constituye el objeto del veredicto y ha de contener los extremos sobre los que el Jurado ha de deliberar y pronunciarse en su acta de votación (erróneamente conocido como “veredicto”), que servirá de base vinculante al Magistrado Presidente para la posterior redacción de la sentencia. Seguidamente el Jurado (sus nueve titulares) se retirará a deliberar de forma aislada e incomunicada. Generalmente precisan de un día para tomar su decisión, por lo que deberán pernoctar en hotel al menos una noche. Quinta jornada: Redacción de acta de votación, con eventual auxilio del

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Artículo Letrado de la Administración de Justicia y, tras lectura final de la misma por el portavoz definitivo, inmediata disolución posterior del Jurado. Bastará con multiplicar y sacar conclusiones… Esta es una de las razones por las que abogo por modificar el ámbito objetivo de actuación del Tribunal del Jurado. Es cuestión de sentido común y, en este caso, de falta de proporcionalidad entre el esfuerzo, la complejidad y los costes derivados en relación con la gravedad del delito enjuiciado, por más que, en el ejemplo citado, se pretenda proteger el fundamental derecho a la inviolabilidad de domicilio. VII.- Garantías de la actuación Algunos detractores invocan la posible contaminación mediática de la que pueden ser objeto los jurados. Pues bien, los jueces tampoco están exentos de ese riesgo, aunque, bien es verdad, pueden suplir esa posible presión social con su profesionalidad. Aun cuando así fuera, si se tratara de enjuiciar algún caso de los llamados “mediáticos” o de repercusión social, dicha eventual contaminación sería atemperada por los siguientes mecanismos: En primer lugar, por el sistema de mayorías cualificadas exigidas para declarar la culpabilidad del acusado; solo quedará desvirtuada la presunción de inocencia cuando, tras ordenada y reflexiva deliberación, concurran al menos siete de los nueve votos de los jurados. La misma mayoría se exige para declarar probados hechos que se consideren perjudiciales al acusado o las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal… Bastará, por el contrario, con que cinco jurados se pronuncien a favor del acusado para lograr su declaración de no culpabilidad o la declaración de probado de circunstancias que eximan o atenúen su responsabilidad criminal. Al anterior argumento favorable ha de añadirse el de la exigencia de motivación. La decisión de Jurado, lejos de resultar caprichosa, ha de estar fundada en medios probatorios. No basta, como cabría suponer, con declarar probados o no los hechos o declarar la culpabilidad o inculpabilidad, sino que se exige que tal decisión, contenida en el acta de votación, sea motivada, razonada y fundada en concretos medios de prueba. Esta exigencia aumenta principalmente cuando se trata de decisiones contrarias a los intereses del acusado. Se han de argumentar expresamente los medios de prueba en los que se basa la convicción de los Jurados, medios concretos que, personal y directamente, han presenciado en el acto del juicio o documentos manejados durante su deliberación, en respuesta congruente y exhaustiva al

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cuestionario planteado por el Magistrado Presidente en el objeto del veredicto. Este requisito resulta de importancia vital, so pena de riesgo de ser declarada la tan temida nulidad. En este sentido y momento, cobra especial protagonismo el papel del Magistrado Presidente que, de apreciar defectos en el acta de votación por no haberse pronunciado sobre la totalidad de los hechos, sobre la culpabilidad de todos los acusados, no haber obtenido las mayorías necesarias, contener pronunciamientos contradictorios, advertir defectos relevantes en el procedimiento de deliberación y votación o insuficiencia en la motivación, deberá devolverlo al Jurado a fin de que resuelva correctamente ( sin que la independencia de los Jurados haya de verse afectada por esas instrucciones adicionales o complementarias). La falta de motivación es una de las principales causas de declaración de nulidad de actuaciones y, en gran medida, buena parte de las declaradas se han debido a negligencia o ignorancia del Magistrado Presidente. Pese a la repercusión que la declaración de nulidad de algunas decisiones del Tribunal del Jurado en casos mediáticos ha tenido, la estadística resulta favorable a la actuación de este Tribunal hasta el punto de que, a nivel nacional, en todo el tiempo de aplicación de la L.O.T.J. la cifra de nulidades no llega al 4% del total; notablemente inferior a las declaradas en relación a resoluciones dictadas por los propios profesionales de la Carrera Judicial. En la concreta experiencia de quien escribe, si tan siguiera ha llegado al 0,5% toda vez que solo recuerdo una única declaración de nulidad de los más de 200 juicios y se debió a que los Jurados se vieron sometidos a instrucciones y objeto de veredicto excesivamente largos y, agotados por la excesiva duración del juicio, deseosos de salir e instigados y manipulados por uno de los miembros, decidieron “ liarse la manta a la cabeza” y optar por una decisión absolutamente carente de sentido, pese a ser devuelta en varias ocasiones por el Magistrado Presidente, con absoluta falta de responsabilidad por parte de aquellos ciudadanos. Ha de considerarse excepción única que confirma la regla general de lo contrario, de su responsabilidad contrastada y de su normal funcionamiento en la práctica de la totalidad de los casos. Finalmente, en materia de recursos, el acierto de los ciudadanos es tan elevado a la hora de su decisión, generalmente coincidente con la propia opinión del Magistrado Presidente, que los Tribunales Superiores de Justicia han confirmado el 72% de sus decisiones en vía de apelación; incluso, el propio Tribunal Supremo, resolviendo recursos de casación, en idéntico porcentaje, ha confirmado tales decisiones emitidas por los Tribunales del Jurado.

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Artículo

Vicente Aparicio Mulet Director Gerente de ASEPEYO

Mutuas y graduados sociales: una relación siempre vigente

La historia del Graduado Social y su vinculación con las mutuas, hoy denominadas colaboradoras con la Seguridad Social, tiene sus raíces casi en el mismo momento que se pone en marcha la Ley General de la Seguridad Social. En aquel entonces, las nacientes mutuas -entonces llamadas patronales- carecían de muchos recursos para llevar adelante todo lo que, dentro de sus competencias, era propio de su gestión. Y, muy especialmente, la gestión administrativa vinculada al accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. Porque como es bien sabido, las mutuas realizan una actividad tanto sanitaria como económica de esas prestaciones y, lógicamente, ese advenimiento a la colaboración exigía dotarse de red asistencial, equipamiento, recursos humanos, etc. Se nacía casi de la nada, y eso exigía ser muy proactivo en la búsqueda de soluciones para desempeñar sus cometidos. Se ha avanzado mucho, desde entonces. Ahora, afortunadamente, puede afirmarse que las mutuas son entidades arraigadas en la sociedad, con un poso importante de conocimiento y de especialización. ¡Cómo han cambiado las cosas en este período! Esas carencias de nacimiento de las mutuas, que no disponían de delegaciones en muchas capitales y otras ciudades, así como de personal, demandaban ser cubiertas con otros agentes imprescindibles y valiosos. En paralelo se produce el nacimiento y expansión de la actividad del Graduado Social, que como se ha demostrado a lo largo de estos años, de forma progresiva, con su buen hacer y sus importantes conocimientos en materia de Seguridad Social, ha pasado a asumir una

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amplia gama de servicios para con las empresas que conforman el tejido empresarial del país. La profesión de Graduado Social se ha convertido en imprescindible y la mayor parte de las empresas cuentan con los servicios profesionales de estos adelantados expertos, entre otras cosas en materia de contratación y Seguridad Social. En ese aspecto diría que ambas partes, mutuas y graduados sociales, han seguido derroteros muy parecidos, a pesar de las diferencias. Llevo la mirada al pasado, a los inicios. Las carencias de las mutuas, lógicas por otra parte, demandaron de otros profesionales. Ahí entronca el inicio de la colaboración del Graduado Social con las mutuas. Estos profesionales, implantados en sus respectivos ámbitos geográficos, estaban en condiciones de asumir una parte de la gestión de las mutuas: pagar subsidios a los accidentados por cuenta de la mutua, gestionar partes de accidente de trabajo, partes de enfermedad profesional, las bajas médicas, las altas, etc. Verdaderamente se convirtieron en un complemento necesario, sin cuya colaboración, las dificultades en la gestión de las mutuas hubiesen sido importantes. Las mutuas crecieron en número, en delegaciones y, por este motivo, empezaron a asumir funciones que hasta ese momento venían desempeñando profesionales externos a las mutuas. ¿Ha desaparecido su colaboración porque ahora las mutuas dispongan de sus propias redes de centros asistenciales? De ninguna manera. En todo caso lo que sí ha sucedido es que esa inicial relación se ha adaptado

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Artículo a la nueva realidad, a las nuevas exigencias de la normativa laboral y de Seguridad Social. Porque desde esos inicios, los Graduados Sociales también han avanzado en competencias, en mayor y mejor formación, si cabe y, actualmente, son de una necesidad irremplazable en muchas empresas. El recordado Vicenç Cardellach, que fuera presidente del Colegio de los Graduados Sociales de Barcelona, con quien traté de estos temas, fue un adelantado en la idea de dar el máximo de cobertura y presencia a esta profesión. Y es, sin duda, un referente para todos los que nos dedicamos a esto. La cotización a la Seguridad Social, las variadas clases de contratos de trabajo, la alambicada normativa de Seguridad Social y contractual, ha impregnado el hacer del Graduado Social, que además ha visto ampliadas sus funciones. Es el resultado de ese trabajo constante que se ha venido haciendo en pos de dignificar más si cabe la profesión. Pensemos por un momento en la siguiente pregunta: ¿Qué son las mutuas? La misma Ley General de la Seguridad Social dice que las mutuas son asociaciones de empresarios...; vamos a retener esa definición: asociaciones de empresarios. En efecto, las mutuas asumen las prestaciones de Seguridad Social derivadas de un accidente de trabajo sucedido en el ámbito de una empresa, o de la enfermedad profesional. Y, en muchas de esas empresas, ¿quién gestiona las relaciones laborales, la cotización, los partes de accidente, el Convenio de Asociación, el Certificado Patronal de Salarios y otra variada documentación que incide en estas prestaciones? La respuesta es de libro: el Graduado Social, experto en la materia, que conoce la normativa y que aporta ese plus de especialización que hace falta en muchas empresas porque son temas que les resulta complicado de llevar, salvo que cuenten con uno o varios de ellos en nómina. De ahí que solo puedo esperar, que la vinculación que siempre ha existido entre Graduado Social y mutua, siga existiendo por mucho tiempo en el futuro. No podemos olvidar que, en muchos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que deba gestionar la mutua, ésta necesariamente ha de contactar con los Graduados Sociales, que actúan por delegación de la empresa, ante su solvencia y capacidad de hacer. Lógicamente a las mutuas nos interesa mantener dicha colaboración. Las mutuas valoramos los importantes conocimientos de este sector y sabemos que las incidencias que pueden surgir en cualquier trámite administrativo e, incluso, jurídico se resuelven más rápidamente. Dicha colaboración también beneficia al propio trabajador afectado por el accidente y esa es la princi-

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pal premisa. También hay que tener en cuenta que en el expediente de un accidente de trabajo se generan una serie de documentos y, una parte de ellos, provienen de la empresa, que sería como decir del Graduado Social. Es él quien los redacta, prepara y hace llegar a la mutua, siempre que sea necesario. Esa colaboración entre mutua y Graduados Sociales siempre acaba aportando a todo proyecto conjunto un plus de calidad y seguridad. Diría que, si no existiese esta profesión, debería crearse. Son un colectivo de primer orden en las relaciones laborales y en la gestión de la Seguridad Social. Se me hace difícil imaginar la gestión de colaboración de la mutua sin su participación. Son imprescindibles para que la empresa encuentre respuesta a sus obligaciones y la mutua vea facilitada su labor gracias a estos extraordinarios profesionales. No en balde y con el transcurso de los años, el amplio colectivo de los Graduados Sociales, cada vez más numeroso, es quien aglutina en sus despachos la gestión administrativa de Seguridad Social y contractual de muchas de las empresas del país. Estoy convencido de que, en los próximos años, aparecerán nuevas responsabilidades para el colectivo de Graduados Sociales. Y será el resultado del buen hacer, del trabajo minucioso y de la excelencia en la profesionalidad.

La cotización a la Seguridad Social, las variadas clases de contratos de trabajo, la alambicada normativa de Seguridad Social y contractual, ha impregnado el hacer del Graduado Social, que además ha visto ampliadas sus funciones. Es el resultado de ese trabajo constante que se ha venido haciendo en pos de dignificar más si cabe la profesión.

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Artículo

Dr. Juan Manuel González Alcayna

MC MUTUAL

Consideraciones Médico – Periciales de las enfermedades y trastornos emergentes en la jurisdicción social

Existen una serie de enfermedades y trastornos emergentes cuya sintomatología clínica sirve como base médica para reclamaciones judiciales en el ámbito de la Jurisdicción Social, en especial en materia de Seguridad Social. En muchas ocasiones, la ausencia de una etiología conocida, de su fisiopatología o simplemente de no constar en el listado del código CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), conduce a profundas discrepancias entre la medicina asistencial y la medicina pericial, poniendo en evidencia una manifiesta ausencia en la unificación de criterios que no se da en el resto de enfermedades. Estos trastornos emergentes quieren equipararse a las llamadas “enfermedades laborales o del trabajo”, es decir, aquellas que tienen su origen en el ámbito laboral y que no tienen el concepto de enfermedad profesional por no cumplir los requisitos del artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social - o sea, no aparecen en el cuadro actual la enfermedad y/o la actividad y/o los agentes que la puedan causar-. Las demandas se fundamentan en los siguientes argumentos: - Que existen agentes químicos y exposición continuada a los mismos en el centro de trabajo. -

Que el paciente ha estado expuesto en su puesto de trabajo a contaminantes químicos.

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Que, a pesar de lo anterior, no se han realizado mediciones de contaminantes químicos por parte de la empresa.

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Que se cumplen los criterios médicos de imputabilidad necesarios para colegir una indubitada relación trabajo-enfermedad

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Y que no existían manifestaciones clínicas previas a la exposición en su centro de trabajo.

Ante esto, algunos jueces sentencian en el sentido de que, aun considerando por imposibilidad de acreditarse que fue un tóxico el que causó la enfermedad y que la enfermedad era preexistente, o que tenía cierta predisposición a padecerla, ésta empeora y se agrava o altera el proceso de curación por la exposición a los productos que debe manejar el trabajador en su puesto de trabajo. En este artículo valoraremos el grupo de afecciones emergentes que con mayor frecuencia se presentan en nuestra práctica pericial diaria y que se engloban con el nombre genérico de Síndrome de Sensibilización Central o SSC, que comprende la Sensibilidad Química Múltiple (SQM), la fibromialgia (FM) y el síndrome de fatiga crónica (SFC). No pertenece a este grupo la llamada Hipersensibilidad electromagnética o electro hipersensibilidad de la que haremos una somera mención al final del presente artículo.

Sensibilidad Química Múltiple (SQM) La Sensibilidad Química Múltiple (SQM), también conocida como Intolerancia Múltiple Ambiental, es un trastorno cuyo inicio hay que buscarlo a mediados de los años 50 cuando un alergólogo estadounidense, el Dr. Theron Randolph, promovió una medicina naturista basada en el hecho de que vivíamos rodeados de pro-

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Artículo ductos químicos artificiales para los que no estábamos preparados, y que esta exposición daba lugar a enfermedades hasta ahora desconocidas, impulsando así el concepto de Medicina Natural y de médicos ecólogos. Con el desastre de Bhopal (1984), la 1ª Guerra del Golfo (2/08/1990 a 28/02/1991) y el atentado de las torres gemelas del 11-S (2011) muchas personas se vieron expuestas a una amplia variedad de sustancias químicas: desde uranio empobrecido, gases por incendios en pozos petrolíferos a residuos de armas químicas de composición incierta en muchos casos. Como consecuencia, muchos empezaron a experimentar una amplia variedad de problemas físicos y cognitivos semejantes a los que los médicos promotores de la Medicina Natural describían como SQM denominando a este complejo sintomático Síndrome del Golfo y Síndrome del 11 S. Los primeros casos de los que se tiene constancia en España datan del año 1994, cuando varias profesionales de enfermería de un complejo hospitalario en Barcelona se expusieron a productos de desinsectación. Al poco tiempo, empezaron a presentar una sintomatología de astenia o cansancio precoz, dolores musculares, alteraciones de la sensibilidad y trastornos cognitivos que afectaban a la memoria y a la concentración. Poco tiempo después se produjo la exposición a productos órgano fosforados de varias limpiadoras de una cadena hotelera reproduciéndose la sintomatología. Esta repetición sintomática dio lugar a que se interesaran diferentes colectivos médicos y bufetes de abogados, dando lugar a la creación de una unidad específica de estudio toxicológico en Barnaclinic -entidad privada del hospital Clinic i Provincial (HCP) de Barcelona- y otra en el servicio de neurología del hospital de Bellvitge de L’Hospitalet, y la presentación de reclamaciones judiciales ante las diferentes jurisdicciones (Social, Civil). En el año 2014, una diputada presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL), que le hizo llegar el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (Fodesam) y el Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental (SISS), para que se asignara a la Sensibilidad Química Múltiple un código CIE. El código CIE es una herramienta que elabora la OMS y el acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), siendo la herramienta de “diagnóstico estándar para la epidemiología, la gestión de la salud y fines clínicos permitiéndole el registro, el análisis y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad entre diferentes países”.

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Como consecuencia de la PNL, la Sensibilidad Química Múltiple fue incluida en el listado, asignándole el código 995.3 “Alergia, no especificada”, debiéndose aclarar que su inclusión en el índice alfabético del CIE 9 MC perseguía darle un número extraoficial (extra CIE) para registrar los casos de esa posible dolencia, no significando su reconocimiento -eso depende de la OMS- sino una herramienta para facilitar su posible incidencia en España aun cuando no fuera una enfermedad reconocida. No reconocen la SQM como enfermedad la Asociación Médica Americana (AMA), la Academia Americana de Alergias e Inmunología, el Colegio Americano de Medicina y la Sociedad Internacional Reguladora de Toxicología y Farmacología. La OMS no contempla la SQM como una entidad nosológica o enfermedad reconocida debido a los problemas que surgen en cuanto a su definición, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la SQM. - Definición. En el año 2011, el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad confeccionó y dio a conocer un documento de consenso sobre la SQM que recogía las conclusiones del Consenso Internacional (Múltiple chemical sensitivity: a 1.999 consensus. Arch Environ Helth) definiendo a la SQM como (en resumen): Una enfermedad de carácter crónico, que se adquiere por una exposición demostrable, dando lugar a una sintomatología que afecta a múltiples sistemas orgánicos y que mejora cuando desaparecen los estímulos. Una nueva exposición a sustancias no relacionadas con la original reproduce la sintomatología, no existiendo prueba alguna que demuestre o explique los síntomas. - Etiología • Factores genéticos. Deficiencias inmunológicas. • Psíquica. Algunos autores han concluido que todos los síntomas de la SQM son consecuencias de enfermedades psiquiátricas específicas. • Neurológica. Una de las teorías más difundidas sería que debido a una sensibilización neurológica previa, una sustancia química sería capaz de ocasionar una respuesta desproporcionada al grado de su exposición. Así también existirían teorías sobre disfunciones neurológicas de las áreas de procesado de olores del cerebro • Teorías psiconeurológicas. Se baraja la posibilidad que exista un condicionamiento en la conducta: un estímulo biológico, por ejemplo, un estímulo químico, puede originar una respuesta no condicionada,

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Artículo pero también una posterior habilidad a responder de la misma manera a estímulos que inicialmente no hubieran producido aquella respuesta. - Clínica La SQM no presenta signos - datos objetivos- solo síntomas o manifestaciones subjetivas del paciente siendo el principal la cacosmia (percepción distorsionada y aumentada a los olores) a los productos químicos. - Diagnóstico

Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) Reconocida por la OMS, encuadrándola en el código CIE 10 G 93.3, y que se define por ocasionar una gran fatiga y síntomas relacionados con ésta, provocando dolor y cansancio extremos con el esfuerzo físico. - Etiología La etiología es desconocida, aunque se relaciona un origen genético – sistema inmune predispuesto – asociado a infecciones víricas.

No hay un patrón sintomático específico que permita hacer el diagnóstico de esta entidad. Se han desarrollado cuestionarios (QSSI o Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory) para valorar de manera cuantitativa la presencia y la intensidad de la intolerancia olfativa y de la SQM. Sin embargo, ninguno de estos cuestionarios permite capturar en su totalidad los criterios de cualquiera de las definiciones de MCS ni, por tanto, hacer el diagnóstico en un paciente determinado.

- Clínica Depende del grado (1 a 4 de intensidad sintomática progresiva e invalidante). El grado 3 supone una importante y marcada repercusión sobre las actividades de la vida cotidiana que los afecta en más del 50%, mientras que el grado 4 supone que precisa ayuda para las actividades básicas diarias.

En la actualidad, no existe ningún dato de laboratorio o exploración complementaria que permita realizar de una manera objetiva el diagnóstico de SQM.

En ningún caso se ha determinado un patrón serológico específico ni tan solo sugestivo de SQM.

Para el diagnóstico del SFC se utilizan como base los denominados Criterios Internacionales establecidos por el Centers for Disease Control (CDC) en Atlanta 1988. En este punto hay que recordar que el diagnóstico del SFC, hoy por hoy, es absolutamente clínico y que se basan en escalas que evalúan la posibilidad de efectuar determinada actividad física.

Fibromialgia Enfermedad reconocida por la OMS, encuadrándola en el CIE – 10 G 93.3, que se define como un trastorno que se expresa con dolor generalizado y evidencia de hipersensibilidad local y externa al que se asocia frecuentemente fatiga y alteración en el descanso nocturno. - Etiología La etiología es desconocida (Documento de consenso de la Sociedad Española de Reumatología sobre la fibromialgia -2006- ) - Clínica El dolor y la fatiga son los síntomas que centran la vida del paciente siendo las alteraciones del sueño el 3er síntoma más frecuente. - Diagnóstico Para el diagnóstico de la fibromialgia se utilizan los criterios diagnósticos establecidos por el American College of Rheumatology (ACR) en 1990.

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- Diagnóstico

Hipersensibilidad electromagnética Las nuevas tecnologías inalámbricas producen una contaminación electromagnética que en sujetos sensibles da lugar a un cuadro clínico inespecífico semejante al de la SQM. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia en la que se le reconocía una incapacidad permanente total de causa profesional a un ingeniero de telecomunicaciones por padecer una hipersensibilidad electromagnética. Conclusiones Los avances tecnológicos aplicados a gran escala en la industria, el desarrollo de la biotecnología, la epigenética y la biología molecular, la robotización masiva, la introducción de la realidad virtual en nuestras empresas y hogares, los nuevos medios de diagnóstico médico abrirán las puertas a nuevas enfermedades que supondrán un reto para la medicina asistencial y, concomitantemente, para la medicina pericial y los juzgadores.

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Jurisprudencia

TS unif doctrina 28-3-17, EDJ 36917 El EBEP recoge la figura del personal laboral indefinido no fijo, diferenciándolo del temporal, sin establecer la regulación de sus elementos esenciales. No siendo equiparables a los trabajadores temporales, la indemnización asociada a la extinción de su contrato por provisión de la plaza ocupada, es equiparable a los supuestos de extinción contractual por causas objetivas (ET art.52) a los que se anuda una indemnización de 20 días de salario, con el límite de 12 mensualidades (ET art.53.1.b)

TS 23-3-17, EDJ 30702 El TS exime a las empresas de la obligación de llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados. Considera que el ET solo obliga, salvo pacto, a llevar el registro de las horas extras realizadas y a comunicar a final de mes al trabajador y a la representación legal de los trabajadores su número, caso de haberse efectuado.

TS unif doctrina 14-2-17, EDJ 15517 AT in itinere. ¿Es relevante una desviación de más de 1 hora? ¿Cuál es el límite de kilómetros que, desviándose el trabajador de su itinerario habitual, puede considerarse accidente laboral? El TS considera accidente laboral “in itinere” el sufrido por un trabajador al regresar a su domicilio, conduciendo un vehículo de su propiedad, tras un desvío e intervalo de tiempo para dejar a 2 compañeros de trabajo en su domicilio, al entender que el retraso no es relevante

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al no tener en cuenta circunstancias como el tiempo invertido en las despedidas, atascos, etc.

TS unif doctrina 15-2-17, EDJ 12036 Subsidio para mayores de 55 años ¿Es posible reanudar el cobro si el trabajador dimite en el periodo de prueba? Se pierde el derecho a reanudar la percepción del subsidio por desempleo suspendido cuando el contrato finaliza por la libre dimisión del trabajador aunque la extinción se produzca durante el periodo de prueba. El subsidio para mayores de 55 años no es una prestación equiparada a la de jubilación ya que el legislador desea que el beneficiario siga conectado al mercado de trabajo.

TS unif. doctrina 16-3-17, EDJ 37162 La trabajadora tiene reconocidos 33 años de cotización todos ellos a tiempo completo a excepción del un periodo de 23 meses durante los cuales estuvo trabajando a tiempo parcial. Tras finalizar este último periodo, permaneció durante un periodo de 10 años y 4 meses sin cotizar hasta que se volvió a dar de alta en el RETA. Solicita una pensión de jubilación que es calculada por el INSS que, aplicando la regulación vigente, integra los periodos en los que no había obligación de cotizar con las bases mínimas de cotización aplicables en función del número de horas contratadas en la fecha en que se extinguió la obligación de cotizar. La trabajadora consi-

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Jurisprudencia dera que la aplicación de las normas a tiempo parcial para el cálculo de esta pensión supone una discriminación respecto de los trabajadores a tiempo completo, por lo que interpone demanda de seguridad social en reconocimiento de una base reguladora de la pensión superior. La demanda se estima por el TSJ en suplicación y el INSS interpone recurso de casación para la unificación de doctrina. Para resolver la cuestión, el TS aplica lo establecido tanto por el TCo como por el TJUE. El TJUE 14-4-15, asunto C-527/13 ha establecido que no se opone al derecho europeo y no es discriminatoria por razón de sexo la norma nacional que establece que en el cálculo de una pensión, si existen lagunas de cotización, y son posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubran con las bases mínimas de cotización reducidas por el coeficiente de parcialidad; y que sin embargo, si las lagunas son posteriores a un empleo a tiempo completo, no se aplique esta reducción. Además, considera que estas reglas no entran dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial. Por su parte, el TCo nº 156/2014 ha declarado en cuestión de inconstitucionalidad que esta norma tampoco es discriminatoria o contraria a la Constitución. Por ello aplicando esta doctrina el TS concluye que esta regulación no resulta discriminatoria ya que únicamente traslada a los trabajadores a tiempo parcial la regla que rige para los trabajadores contratados a jornada completa, según la cual las lagunas de cotización se integran con la base mínima, con diferencia de que la base mínima de cotización es distinta en cada caso y que el legislador ha decidido cubrir la laguna con la base mínima de cotización correspondiente al contrato anterior al inicio de la misma. Por ello, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS.

TS unif doctrina 15-2-17, EDJ 24774 Mediante carta de despido se comunica a las trabajadoras la extinción de sus contratos de trabajo por causas económicas, así como la situación de falta de liquidez de la empresa lo que le impide abonar simultáneamente la indemnización, aplazando su pago a la fecha de efectos del despido, 15 días más tarde. Para acreditar la situación, la empresa presenta los saldos bancarios que reflejan un saldo positivo de 128 € en una cuenta corriente y unos saldos negativos de 1.608 € en otra cuenta corriente y de 49.999 € en una cuenta de crédito con un límite de -50.000 €.

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Las trabajadoras presentan demanda de despido que el juzgado de primera instancia estima declarando la improcedencia del despido por falta de abono simultáneo de la indemnización. El TSJ Madrid confirma la sentencia al considerar que la falta de liquidez no se acredita con la presentación de extractos bancarios referidos exclusivamente al mismo día de la extinción porque se puede burlar la norma sacando todo el dinero unos días antes o eligiendo el día del mes que menos dinero hay. Considera que lo que la empresa debió probar, y no hizo, es su falta de capacidad para obtener líquido. La empresa recurre en casación para la unificación de doctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ Málaga 5-12-13, EDJ 284760, que entendió que conforme al ET art.53.1.b) el empresario puede lícitamente decidir no poner a disposición del trabajador el importe de la indemnización si al tiempo de hacerle entrega de su comunicación extintiva carece de la liquidez precisa para llevarlo a cabo, por causas económicas. La cuestión que se plantea se contrae a determinar en qué medida la empresa se ampara en su decisión por la situación de falta de efectivo acreditada con los saldos bancarios de la fecha de la comunicación del despido. El TS advierte que, para la aplicación de esta posibilidad empresarial, es necesario que concurran dos circunstancias: que exista una causa económica y que exista un nexo causal entre tal situación y la incapacidad para poner a disposición la indemnización, rechazándose la simple equiparación entre ambas circunstancias. Conforme a sentada doctrina del TS, la carga de la prueba de la incapacidad para poner a disposición la indemnización, corresponde a la empresa pues es quien tiene a su alcance la pertinente documentación de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez. Esta situación no siempre puede acreditarse a través de una prueba plena, pero sí es posible introducir en el proceso determinados indicios acerca de su realidad. En tal caso, la neutralización de esos indicios corresponde al trabajador. En el caso analizado, la empresa acredita la falta de liquidez mostrando extractos de cuentas y el endeudamiento derivado de una póliza de crédito lo que refleja la ausencia de disponibilidad en efectivo de una cantidad suficiente para cubrir el montante de las dos indemnizaciones (11.529,60€ y 10.916,92 €). Las trabajadoras no prueban, por el contrario, la circunstancia insinuada por la sentencia recurrida, de que la empresa hubiera actuado fraudulentamente para hacer coincidir el despido con un momento en que las cuentas de la empresa reflejaran una situación económica de iliquidez. Por ello, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina absolviendo a la empresa.

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Ocio LIBROS ANDALUCÍA, LA IMAGEN CARTOGRÁFICA. DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS (CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, 2009)

La publicación reproduce una selección de las principales piezas cartográficas sobre el territorio andaluz desde una óptica cronológica para ofrecer una visión global sobre cómo ha evolucionado Andalucía a lo largo de los siglos El Centro de Estudios Andaluces y el Instituto de Cartografía editan Andalucía, la imagen cartográfica. De la Antigüedad a nuestros días, un volumen de 83 páginas que proporciona una visión general y esencial de la cartografía antigua en Andalucía, con especial atención a aquellos elementos que han sido determinantes en la formación de la imagen del territorio de la Comunidad Autónoma. A través de cuatro bloques, se ofrece un recorrido por las principales piezas cartográficas, reproducciones de los mapas originales depositados en fondos de museos y colecciones internacionales, desde las representaciones más arcaicas que se conservan de la región, como el mapa de la ‘Bética romana’ de Ptolomeo, hasta las últimas publicaciones del Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA), como el mapa más reciente, de 2008, a escala 1:400.000. Andalucía, la imagen cartográfica (catálogo de la exposición) Centro de Estudios Andaluces e Instituto de Cartografía de Andalucía Páginas: 88 ISBN: 978-84-613-4033-0 Año: 2009

TEATRO 'LA MENTIRA', DE FLORIAN ZELLER

Fecha: Del 01/06/2017 al 03/06/2017 Espacio: Teatro Lope de Vega Horario: Días 1 y 2, a las 20:30h; Día 3, a las 19:30h y 22:00h Entradas: De 4€ a 21€ Estrenada esta temporada en el Teatro Edouard VII de París, se convierte en una de las obras de referencia de la cartelera parisina. La obra es un auténtico tratado sobre la vida conyugal. ¿Dónde nos lleva la verdad y la mentira dentro del matrimonio? Cada mentira que se cuenta tiene una consecuencia dentro de la relación que no tendrá vuelta atrás y solo se podrán arreglar con otra nueva o, lo que puede ser peor, con una verdad que resulte más convincente… La obra ha sido alabada por ser considerada una maquinaria perfecta. No falta ni sobra una palabra para que estas situaciones desemboquen en un final sorprendente que se ha ido tejiendo con una habilidad inmejorable.

ARTE PASEO DEL ARTE:

Todos los sábados y domingos de 9:00 a 14:30, en el Paseo de Nuestra Señora de la O, un museo al aire libre florece junto al río Guadalquivir, desde los pies del Puente de Triana a las inmediaciones del Callejón de la Inquisición. Este evento se llama Paseo de Arte, un mercado artesanal donde se reúnen artistas y artesanos de todo gremio para exponer y vender sus obras. Pintura, cerámica y todo tipo de artesanía será lo que encuentre el visitante.

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Revista Justicia Social 87  
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