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Artículo El acceso a la justicia no es solo un derecho, sino también una herramienta de capacitación y empoderamiento fundamental para que otros derechos se puedan hacer realidad sido la fundamentación jurídica del TEDH para sancionar a los estados miembros por una duración excesiva y no razonable de los procedimientos judiciales. Así la resolución nº 15766/03, 2010 o la nº 31407/07, 2010, nº 56637/10 y otros de 2014, nº 53176/99, 2002 o nº 36813/97, 2006. Por tanto, se vulneran derechos fundamentales cuando los procesos judiciales concluyen en un plazo no razonable tanto en los procesos penales como en los no penales, ¿pero cómo se decide si la duración de un procedimiento judicial es razonable según el Derecho Europeo? Los puntos clave para esta respuesta están en la protección jurídica que fijan los artículos 6 de la CEDH y el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Teniendo en cuenta los siguientes considerandos: para decidir si un proceso se concluye en un tiempo razonable se tiene en cuenta la duración total del mismo; el tiempo comienza a contar desde el momento en que se presenta la demanda ante un órgano jurisdiccional, salvo en los casos penales en el computa desde que la persona es acusada, o sustancialmente afectada; y el tiempo finaliza cuando la resolución es firme. Para calibrar si la duración de los procesos penales y no penales es razonable, se aplican cuatro criterios, a saber: (I) la complejidad del caso; (II) la conducta del demandante; (III) la conducta de las autoridades que intervienen; (IV) lo que hay en juego para el demandante Todo lo anterior, nos ha de servir para analizar y concluir, si el retraso que sufren los distintos órdenes judiciales españoles vulnera o no los derechos humanos y en su caso, si esta vulneración puede tener o no consecuencias en el ámbito de responsabilidad del Estado. Se han implantados medidas que pretendes paliar estas situaciones, como la implantación de lexnet, la implan-

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tación de jueces de refuerzo, la constitución, aunque escasas de nuevos juzgados. ¿Pero son medidas eficaces? A todas luces no. Fíjense en la jurisdicción social en Sevilla (a buen seguro algunas otras), que trata materias “sensibles” como prestaciones públicas, muchas de ellas promovidas por personas con discapacidad que deben gozar de mayor protección en su derecho al acceso a la justicia; que también ampara situaciones que afectan al bienestar social de las empresas y trabajadores. ¿Cómo es posible simplemente, que la duración que media entre el tiempo de interposición de la demanda y la incoación de la misma se pueda demorar casi un año? ¿cómo es posible que se dicten señalamientos de juicios para más de tres años? ¿Cómo es posible que el acceso al recurso suponga que el trámite de elevar a la sala desde el juzgado de instancia al superior sea de más de un año? ¿cómo es posible que un recurso, dependiendo de la sección correspondiente, pueda demorarse tres años en el TSJ de Andalucía? Y ya es de nota, si se eleva al Tribunal Supremo. ¿Acaso lo descrito no supone una violación del derecho humano fundamental del acceso a la justicia? Con independencia del resultado del derecho individual que se pretenda tutelar. Tomen nota responsables del Estado vs Junta de Andalucía en materia de justicia, para que se pongan manos a la obra, para mejorar procesos, ampliar la oficina judicial con la creación de nuevos juzgados de lo social, porque teniendo una administración de justicia a tiempo, se obtiene justicia, a destiempo se obtiene inseguridad, desconfianza y alteración del orden democrático de una sociedad y no estamos para tirar cohetes precisamente ahora.

Se vulneran derechos fundamentales cuando los procesos judiciales concluyen en un plazo no razonable tanto en los procesos penales como en los no penales, ¿pero como se decide si la duración de un procedimiento judicial es razonable según el Derecho Europeo? Graduados Sociales n.º 89 • 2017

Revista Justicia Social nº 89  
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