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Entrevista ¿Cómo se debe abordar la precariedad laboral que sufren nuestros jóvenes? Es imprescindible una Carta Social que constitucionalice los derechos laborales. El Estatuto de los Trabajadores, norma central del sistema de relaciones laborales en nuestro país, ha sufrido un delirante número de reformas desde su aprobación en 1980, tanto por parte del PP como por el PSOE en un único sentido: reforzar los poderes de los empleadores en detrimento de los derechos y garantías reconocidos a los trabajadores asalariados y a las organizaciones que las representan. Las reformas laborales del Gobierno Rajoy han intentado ir más allá, lograr objetivos de naturaleza estructural con el propósito de generar un efecto global sobre la totalidad de las dimensiones que conforman el sistema de relaciones laborales: 1) transformando el marco regulador de los derechos y obligaciones que se desprenden del contrato de trabajo para afectar a todo su

Tenemos un elevado volumen de paro estructural de parados de larga duración que debe afrontarse desde otra perspectiva; tenemos un problema derivado de un modelo productivo, crecientemente basado en el low cost, que está expulsando del mercado laboral español a miles de trabajadores cualificados que solo encuentran fuera de nuestra fronteras un empleo que recompense salarialmente su esfuerzo formativo; y también tenemos un problema de demanda. Graduados Sociales n.º 89 • 2017

ciclo de vida: condiciones de contratación, vicisitudes del contrato y extinción del contrato; y 2) afectando a la dimensión colectiva de las relaciones de trabajo, mediante la modificación del régimen jurídico de la negociación colectiva, con efectos sobre la duración de los convenios colectivos, la eficacia de las condiciones acordadas y la estructura de la negociación colectiva. Las últimas reformas, de igual manera que las precedentes, han servido para dar continuidad al proceso de precarización de las condiciones de trabajo. Como resultado de las reformas tenemos un mercado de trabajo cada vez más desigual y, por tanto, una sociedad cada vez desigual. Mientras tanto, utilizaremos los mecanismos que nos ofrece la negociación colectiva para defender los intereses y derechos de los trabajadores. Como ejemplo, el Convenio de Hostelería firmado el pasado 28 de septiembre; el convenio colectivo más importante de las Illes Balears que va a afectar a 137.000 trabajadoras y trabajadores, a más de diez mil empresas. En este convenio, además de lograrse un incremento salarial del 17% en cuatro años, se regulan parte de las condiciones salariales y de trabajo de las empresas externalizadas. En el texto del convenio se especifica que aquellas empresas que subcontraten servicios tendrán que garantizar, como mínimo, los mismos salarios y la misma jornada de trabajo que el convenio sectorial. Esto pone de manifiesto que los procesos de descentralización y la externalización productiva que se observan en el mundo empresarial desde hace décadas no vienen determinados por una lógica empresarial inapelable, sino por la ausencia de una adecuada regulación; y también lo absurdo del discurso neoliberal sobre las supuestas contradicciones entre los trabajadores insiders, los que están en las grandes empresas, y los outsiders, los de empresas externalizadas, los autónomos, los precarios. ¿Por qué no están mostrando la eficacia que debería las políticas activas de empleo? Las políticas activas de empleo están diseñadas para hacer frente al paro fraccional, el que se produce debido a desajustes coyunturales entre la demanda y oferta trabajo, principalmente las que tienen que ver con los desajustes entre la formación de los trabajadores y las necesidades de cualificación de las empresas. Los problemas de desempleo en nuestro país son mucho más complejos y requieren muchos más recursos y políticas más inteligentes: 1) tenemos un elevado volumen de paro estructural de parados de larga duración que debe afrontarse desde otra perspectiva; 2) tenemos un

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Revista Justicia Social nº 89  
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