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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 99 | Enero - Septiembre 2020 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Especial COVID-19 19 34 42 47 57 63 68 72

Artículos de: Antonio Ojeda Santiago González Francisco J. Cabezón Israel Gómez Alejandro Nisa José Antonio Galiani Ángela Martínez Dr. Antonio Bauzano

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Entrevistas a: Miguel Rus Presidente de la CES Alfonso Vidán Secretario General de CCOO Sevilla Juan Bautista Ginés Secretario General UGT Sevilla


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Editorial

Número Especial COVID-19

Si a principios del presente año 2020, nos hubieran contado cómo iba a desarrollarse nuestro año profesional, ni por asomo imaginamos lo que entraría por nuestros despachos, y menos aún que íbamos a vivir momentos tan complicados como los que estamos pasando. Durante la historia de la profesión, ha habido muchas situaciones difíciles que afrontar como colectivo, aunque evidentemente nunca a los graduados sociales se nos habría pasado por la mente enfrentarnos al asesoramiento de las empresas y los trabajadores en tiempos de una pandemia, de lo que está siendo una situación insólita y sobre todo que nos acarrea muchísima inseguridad jurídica y que nos está creando indefensión, a nuestros clientes y a nosotros mismos como profesionales de prestigio. De momento, los graduados sociales debemos ser conscientes que tenemos un papel fundamental en la sociedad actual y que se ha visto reforzado, aún más si cabe, por nuestro trabajo durante estos últimos meses. Hemos visto cómo, aparte de nuestro trabajo diario que no es “moco de pavo”, nos hemos tenido que hacer expertos a marchas forzadas en la tramitación de prestaciones por desempleo individuales y colectivas con archivos Excel o XML, a leer y releer boletines de noticias RED que se van modificando, interpretar normativa apresurada y mal redactada y que continuamente se modificaba, tramitar una avalancha de ERTEs, intermediar entre empresas y trabajadores afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, así como, por ejemplo, intermediar actualizaciones de rentas entre propietarios de locales y comerciantes y hosteleros, etc. Es decir, nos situamos en el eje de la gestión integral y el rol que desempeñamos es vital para las personas. A colación de lo que nos acontece y venimos comentando, es de recibo poner de manifiesto la necesidad

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urgente de actualizar y reforzar nuestras Administraciones Públicas en las circunstancias que vivimos, para el correcto desarrollo de sus respectivas funciones, sobre todo para dar un servicio óptimo al administrado. Igualmente, volvemos a incidir en la necesidad de que el Orden Jurisdiccional Social necesita de una descongestión muy importante, si anteriormente veníamos sufriendo un colapso en la Jurisdicción, con los tiempos venideros se nos antoja esencial que la Jurisdicción Social sea tenida ya en cuenta a la hora de reforzarla para que pueda solventar problemas de la manera más ágil y eficaz posible. Incidiendo en este asunto que comentamos con todas las Administraciones Públicas, el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, en contacto continuo con todas las Administraciones, sigue con la línea de trabajo que venía manteniendo, es decir, poniendo en conocimiento de las Administraciones todos los problemas y casuística de los Colegiados a fin de obtener una respuesta resolutoria que respondan a estas cuestiones que se plantean. Esta situación extraordinaria que nos ha tocado vivir, que, entre otras cosas, nos llevó a no poder publicar los dos últimos números de la revista, hizo que el Consejo Editorial decidiera publicar este número especial a modo de monográfico de la COVID-19 y como ha afectado a nuestro campo de trabajo desde los diferentes prismas que nos afectan. Así hemos querido potenciar los artículos técnicos con firmas de primer nivel en su materia y realizar una recopilación más extensa de jurisprudencia relacionada con la pandemia que ayude a nuestros colegiados y colegiadas en su labor diaria. Esperamos que os guste el resultado.

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Justicia S cial

Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Venancio A. Castellano Ramírez, Laura Gil Cantos, Juan José Guijarro Baco, Rafael Hidalgo Romero, Alejandro Nisa Ávila y Gonzalo Soto Cano Director: José Ramón Barrera Hurtado Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Jorge Antonio Rico Vidal Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Verónica Guillén Giles Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla.com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Sumario

Editorial 03 Carta del Presidente 05 Consejo General de Graduados Sociales de España 07 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 09 Reportaje 11 Vida Colegial antes de la COVID-19

Reportaje 14

2020, el año que se coló el coronavirus en nuestro 50 Aniversario

Reportaje 16

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla recibe la Medalla de la Ciudad por su 50 aniversario

Reportaje 17

La labor del COGSS durante la COVID-19

Artículo 19

Antonio Ojeda Avilés

Entrevista 25

Miguel Rus Palacios, Alfonso Vidán Martínez y Juan Bautista Ginés Viera

Artículo 34

Santiago González Ortega

Artículo 42

Francisco Javier Cabezón

Artículo 47

Israel Gómez Pérez

Artículo 57

Alejandro Nisa Ávila

Artículo 63

Número 99 Enero - Septiembre 2020

José Antonio Galliani Domínguez

Artículo 68

Ángela Martínez Labrador

Artículo 72

Dr. Antonio Bauzano Poley

Movimiento Colegial 77 Jurisprudencia 82 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Carta del Presidente

50 años trabajando en la defensa de la Justicia Social

José Ramón Barrera Hurtado Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sean mis primeras líneas para trasladaros mi más cordial felicitación por estas Bodas de Oro, estos 50 años transcurridos desde la Orden de 1 de junio de 1970, por la que se acordaba la creación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla; también mi más entrañable recuerdo y consideración para todos sin excepción. Aquellas compañeras y compañeros pioneros y ejemplares en el cometido de sus funciones y responsabilidades que hicieron posible la creación de nuestro Colegio y a todos aquellos que con su abnegado espíritu de sacrificio y trabajo han seguido haciendo posible que hoy estemos saboreando no sin cierta inquietud, por la situación que de todos es conocida, este cincuenta aniversario. Hablar de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es hablar también de “Justicia Social “como filosofía de vida y Graduado Social como sinónimo de garantía, eficiencia, profesionalidad y prudencia actualmente es difícil separar el Derecho del Trabajo de nuestra profesión, pues su discurrir y su proceso de consolidación y desarrollo han transcurrido en paralelo.

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Desde aquí, pido igualmente a todas las administraciones corresponsabilidad con estos profesionales que día a día hacen en el cometido de sus quehaceres una encomiable labor en pro de la seguridad jurídica que debe ser sin duda mejor correspondida Muchas han sido las dificultades que ya desde los albores de nuestra creación se vislumbraban, muchas han sido las dificultades que hemos superado y a buen seguro muchas más se presentarán y superaremos con creces, como así lo hemos demostrado en estos últimos acontecimientos en los que seguimos trabajando sin

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Consejo General Carta de Graduados del Presidente Sociales de España descanso, para dar respuesta a la sociedad que nos reclama. Todo ello a pesar de la sensación real de la falta de tutela y desprotección de la administración, que ha frustrado a tantas personas y profesionales. Es cierto que el carácter multifuncional de nuestra profesión nos ha abierto muchos campos de actuación coincidiendo con múltiples actividades que se consideran pilares esenciales de cualquier economía moderna, tales como asesoramiento, gestión administrativa, organización de empresas, recursos humanos, administración de personal, representación procesal, auditoría, docencia, investigación social, riesgos laborales, peritaciones, etc. Por ello, ese carácter de profesión experta y multifuncional nos ha permitido estar presentes en la mayor parte de requerimientos que nuestros clientes, la sociedad en su conjunto y la administración nos ha demandado, todo ello pese a la inseguridad jurídica con la que seguimos trabajando. Por ello me siento inmensamente orgulloso de pertenecer a este colectivo. La necesidad de crear y potenciar un colegio fuerte es cada día más necesaria y que por él se canalicen las distintas reivindicaciones de la profesión, no en vano fuimos considerados como profesión esencial. Desde aquí, pido igualmente a todas las administraciones corresponsabilidad con estos profesionales que día a día hacen en el cometido de sus quehaceres una encomiable labor en pro de la seguridad jurídica que debe ser sin duda mejor correspondida. Todo este inmenso trabajo llevado a cabo por los compañeros que nos han precedido y los que como todos vosotros seguís con perseverancia cumpliendo con el cometido encomendado ha dado sus frutos y hoy en día los Graduados Sociales, a pesar de su juventud, ha conseguido retos impensables, considerándose una profesión comprometida, ágil, dinámica y además necesaria. Es preciso recordar que fruto de nuestro quehacer diario es, hoy en día, una realidad el sistema RED, que se implantó con la ayuda exclusiva de los Graduados Sociales, siendo además el Colegio de Sevilla uno de los pioneros en la experiencia piloto que se ha materializado y que permite una interacción fluida y directa entre empresas, ciudadanos y administración; interacción que no se ve correspondida con nuestra labor de funcionarios externos sin remuneración. Siempre lo hemos dicho y seguiremos insistiendo, solo queremos que nos permitan realizar nuestro trabajo con profesionalidad y con la dignidad que requiere cualquier cometido , habilitando líneas y canales de comunicación directa con las distintas administraciones que nos permitan una real y efectiva comunicación que solucione los problemas con la agilidad necesaria y que no entorpezcan y saturen las líneas de solución que proponemos, a pesar de que tenemos un 99 por ciento de fiabilidad en nuestras transmisiones. Esta situación es a todas luces cuanto menos injusta, y por la que seguiremos luchando para defender nuestros justos intereses.

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Como noticia de última hora me es grato comunicaros que ya hemos iniciado un proyecto piloto con la Dirección Provincial de Tráfico, fruto del acuerdo que a nivel nacional hemos alcanzado con su Dirección General y que nos permitirá gestionar las actividades que con tanta insistencia venimos solicitando para poder trabajar en igualdad de condiciones con otros colectivos y en la que este Colegio ha participado activamente. Por otro lado, también tenemos que celebrar la concesión a nuestro Colegio de la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, os felicito a todos por ello, por los que estáis y los que desgraciadamente no están pero que sin duda desde algún lugar ciertamente privilegiado nos estarán viendo. Agradezco al Ayuntamiento de Sevilla y acepto en nombre de la corporación con sinceridad y humildad este reconocimiento del que hemos sido objeto y cuyo acto de entrega tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, reconocimiento este que llevaremos con dignidad, poniendo quizás aún más empeño en las tareas que el porvenir nos depare. Sabremos honrar dicha distinción, como personas, como sevillanos y como partes activas del colegio hispalense de Graduados Sociales. Mención especial merece todo el personal del Colegio, con Nieves al frente, para él y ellas mi profundo y respetuoso reconocimiento por la magnífica labor realizada, parte de esta medalla y reconocimiento también es vuestra y os debéis sentir participes de ella. Quiero recordar, llegado este momento, palabras y consejos que me transmitían hace ya muchos años, indicándome que en la vida hay que ser modesto y prudente, hay que guardarse contra la arrogancia y se debe estar siempre imbuido en el espíritu de la autocrítica, debiendo tener el coraje de corregir los errores y los defectos de nuestro trabajo. Nunca se deben camuflar estos errores, reclamando los éxitos para uno mismo y adjudicando los errores para los demás. Por último, quiero decir, que hoy ya, dedicado plenamente a los menesteres que siempre me prepare, me siento satisfecho por el trabajo realizado, orgulloso de todos vosotros, pero como no, lleno también de inquietudes y preocupaciones para aunar fuerzas entre todos y contribuir a implantar cada vez más un colegio fuerte, ágil, solidario, moderno y consolidado. Esta labor es de todos, pero desde la responsabilidad que asumimos en Junta de Gobierno no cesaremos en esta línea. Algunos nos decían locos cuando planteábamos las reivindicaciones que hoy son una realidad conseguida, por ello y tras reiterar mi felicitación a todos termino con palabras de Goethe, “La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma.”

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Consejo General de Graduados Sociales de España

La esencial labor de los Graduados Sociales durante la pandemia plicados que no nos correspondían y que en muchos casos nos han llevado a cierto desconcierto debido a la inseguridad jurídica manifestada. Lo hemos hecho por el compromiso con nuestro emblema y divisa: “JUSTICIA SOCIAL”, y conscientes de que con nuestro trabajo ayudamos a la supervivencia de muchos autónomos, empresas y el presente vital de muchos trabajadores. Esta crisis sanitaria ha servido para demostrar la necesidad de tener una cultura colegial y profesional a nivel provincial y nacional, ha puesto en valor la singularidad de las profesiones organizadas y su potencial durante la crisis sanitaria derivada del COVID 19.

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Presidente Consejo General Graduados Sociales de España En primer lugar, quiero agradecer al presidente y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Sevilla, la oportunidad que me han brindado para escribir este artículo y a través de él, poderme dirigir a todos los colegiados de este extraordinario Colegio de Graduados Sociales. Este año 2020 estaba previsto que fuera un año de celebraciones en muchos colegios de Graduados Sociales, uno de ellos es el Colegio de Sevilla, que cumple y celebra 50 años, así lo habían previsto su presidente y miembros de Junta elaborando un calendario de acontecimientos que culminaría con la celebración de un pleno del Consejo General en Sevilla el día 23 de octubre, propuesta que fue aprobada por unanimidad por todos los integrantes de éste. Pero el destino es caprichoso y nos ha jugado una mala pasada, el día 14 de marzo de este mismo año se declaró el Estado de Alarma, fecha que quedará grabada en nuestra memoria durante muchos años, y desde ese mismo momento nos hemos tenido que dedicar a trabajar sin descanso para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, tramitando un gran número de ERTEs y solicitudes de prestaciones por cese de actividad de autónomos, haciéndolo sin descanso ni tregua, con interminables y agotadoras jornadas en nuestros despachos. Hemos estado en primera fila, intentando paliar con nuestra actividad y experiencia la incertidumbre generada a la pequeña y mediana empresa debido a la numerosa legislación laboral publicada y los continuos cambios de criterio. Nuestro colectivo se ha visto de repente inmerso en una situación excepcional, extraordinaria y desconocida a la que se ha hecho frente desde nuestra vocación y responsabilidad profesional, en unas condiciones extremadamente complicadas y donde se nos han trasferido trámites com-

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Durante estos largos y duros meses de confinamiento y restricciones hemos contribuido como los que más al interés general, nuestra actividad de Graduado Social ha sido reconocida y señalada doblemente “esencial”, como asesores y como juristas, gracias al compromiso de los magníficos profesionales que forman parte de nuestro colectivo y que han realizado esas tareas esenciales. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo que nos corresponde, hemos trabajado día y noche para asesorar y dar cumplida satisfacción a nuestros clientes, hemos pasado veladas nocturnas intentando descifrar los Reales Decretos Leyes, muchas veces en fines de semana para asesorar puntualmente a nuestros clientes, nos hemos dejado la piel en nuestro cometido y ahora insistimos, como desde el inicio de esta crisis, en poner a disposición del Gobierno nuestra colaboración y la posibilidad de aportar nuestra experiencia y saber hacer en el mundo de las relaciones laborales. Desde el Consejo General de Graduados Sociales se ha remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la Secretaria de Estado de Empleo y a las direcciones Generales del SEPE, INSS y TGSS una serie de propuestas y medidas que creemos necesarias que se tengan en cuenta, pues de lo contrario se volverán a cometer los mismos errores con el consiguiente colapso de la Administración y sobre todo, con una sobrecarga de trabajo que no nos compete ni corresponde a nosotros. Ha llegado el momento de exigir que esa colaboración sea más efectiva en beneficio no solo de nuestra profesión, si no en beneficio de todos los ciudadanos, esa colaboración tiene que ser en dos direcciones, en aras a conseguir una mayor simplicidad y viabilidad de todas nuestras actuaciones profesionales, y también en beneficio de todos los ciudadanos cumpliendo así con la obligación que tiene toda Administración Pública. Por ello desde estas líneas, quiero trasmitir que el Consejo General no parará de insistir en ellas desde nuestro espíritu

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Consejo General de Graduados Sociales de España de colaboración que en todo momento hemos mantenido y que será necesario para afrontar el futuro inmediato. Durante estos más de seis meses, al igual que lo hemos hecho todos los colegiados, el Consejo General y los Colegios de Graduados Sociales tampoco han descansado ni un solo día, informando puntualmente de todas las novedades, manteniendo contacto directo y reuniones con la Administración, organizando webinars formativas para clarificar las dudas surgidas por la intensa normativa, remitiendo criterios, informes, colaborando en la redacción de documentos y, en definitiva, acompañando a todos los profesionales en este duro y difícil camino por el que transitamos y que todavía no ha finalizado.

Para finalizar, como reconocimiento a todo el trabajo realizado y consciente del que todavía nos queda por hacer, me despido con un poema atribuido a Mario Benedetti que es un canto de ánimo y esperanza en el que podemos y debemos reflejarnos todos los GRADUADOS SOCIALES. No te rindas, aún estás a tiempo De alcanzar y comenzar de nuevo, Aceptar tus sombras, Enterrar tus miedos, Liberar el lastre, Retomar el vuelo.

Desde el Consejo General se han remitido centenares de escritos, a modo resumen, y entre otros, se han remitido 151 escritos a Ministerios y organismos, así mismo se han enviado un total de 471 comunicaciones dirigidas a Colegiados, presidentes y miembros de Juntas de Gobierno y se han subido a la página web del Consejo 185 documentos con información relevante sobre el Covid-19.

No te rindas que la vida es eso, Continuar el viaje, Perseguir tus sueños, Destrabar el tiempo, Correr los escombros, Y destapar el cielo.

Todas estas comunicaciones han tenido un doble objetivo, mantener contacto permanente con los Graduados Sociales para ayudar e informar en todo lo que estaba a nuestro alcance y también exigir propuestas de mejora a la Administración del Estado de un colectivo profesional sobrepasado de trabajo pero que aporta ideas para ayudar a gestionar esta crisis, esperemos que las pongan en práctica.

No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se esconda, Y se calle el viento, Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños.

Por eso no quiero terminar este artículo sin agradecer a todos los presidentes, a los miembros de sus Juntas de Gobierno y al personal laboral de dichos Colegios y Consejo, el esfuerzo y trabajo realizado durante estos meses de arduo trabajo, realizando una brillante labor corporativa y estando a la altura de las circunstancias.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo Porque lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Pero mi mayor AGRADECIMIENTO va dirigido a cada uno de los Colegiados que integran el colectivo de Graduados Sociales, y en este caso a los Graduados Sociales del Colegio de Sevilla, que habéis demostrado con vuestro trabajo y actitud que la realidad que estamos viviendo debe abordarse como una cuestión de responsabilidad individual y también colectiva basada en el interés general. Sin lugar a duda, sois fiel reflejo de que las profesiones donde reside el conocimiento deben ponerse a disposición de la sociedad, pues dichas habilidades ayudarán a mitigar los efectos de esta pandemia.

Abrir las puertas, Quitar los cerrojos, Abandonar las murallas que te protegieron, Vivir la vida y aceptar el reto, Recuperar la risa, Ensayar un canto, Bajar la guardia y extender las manos, Desplegar las alas E intentar de nuevo, Celebrar la vida y retomar los cielos.

No debemos olvidar nunca que trabajar UNIDOS es el único camino posible para salir de esta triste situación. GRACIAS por tu trabajo y profesionalidad, que ha hecho que nuestra profesión se visibilice y reconozca su labor y nos sintamos todos ORGULLOSOS de ser Graduado Social. No me rindo, no pierdo la esperanza de poder estar con todos vosotros y conmemorar de alguna manera este aniversario, de poder disfrutar este año más que ningún otro de la alegría de Sevilla, de su gente, sus tradiciones, y de visitar el Alcázar, la Catedral o la Giralda.

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No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se ponga y se calle el viento, Aún hay fuego en tu alma, Aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un comienzo nuevo, Porque ésta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero.

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Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

50 años de oro, profesionalidad y valores inimitables Cuando algo comienza, el calor y cariño de sus componentes se hace más fuerte y duradero y, por tanto, la unión de sus miembros se hace modélica y ejemplar, pues como andaluz que soy y pertenecer a la provincia limítrofe he conocido la superación que día a día, con luces y también con sombras, han llevado a cabo los colegas sevillanos, pues no he sido un testigo aislado, ya que mis conocimientos y verificación de dicho Colegio hermano lo he vivido y lo avalo, pues compartí con todos ellos, como así lo sigo haciendo, unas exquisitas relaciones y principalmente con todos los Presidentes que han pasado por la responsabilidad de guiar a buen puerto dicho Colegio. No puedo dejar de mencionar a cada uno con los que compartí mesa en el Consejo Superior y luego General y Andaluz, porque a todos ellos les debo su amistad y a todos ellos les agradezco su colaboración, pues de ninguno puedo decir que no tuviera entrega y trabajo en su papel desarrollado y que hoy, en esta efemérides coge el testigo mi querido amigo y compañero José Ramón Barrera Hurtado, el cual sigue haciendo trabajar el mismo motor de los que le precedieron y seguro estoy que superará cualquier obstáculo que se le presente en su mandato.

José Blas Fernández Sánchez

Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Al dedicarle una cariñosa y profunda reflexión a los años que cumple el Colegio sevillano de Graduados Sociales, recopilo en mi mente un video exprés de estos 50 años y de las Bodas de Oro de la vida diaria de una Corporación profesional llena de esfuerzos y repleta de éxitos, todos llevados a cabo durante su largo caminar y donde todos sus componentes han sido protagonistas de sus cuantiosos logros bien llevados. Aún recuerdo aquél viejo Boletín Oficial del Estado del 2 de Julio de 1970, donde el entonces Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, firmaba la Orden de 1 de Junio de 1970, por la que se creaba el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, segregándose así del entonces Colegio de Andalucía para hacer su propio camino y emprender una andadura inimitable para dejar constancia en la sociedad civil sevillana de que los Graduados Sociales ya habían constituido una Corporación de Derecho Público. Era el segundo Colegio andaluz, tras el de Málaga, que empezaba con fuerzas a implantar su protagonismo en toda su demarcación y, curiosamente, lo hacía con su homónimo de León, es decir, andaluces y castellanos emprendían su ruta con un rumbo y destino común y también lo hacía a los pocos meses del Colegio Alicantino.

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Tengo memoria para contar y describir, pero de todos tengo el gran recuerdo; unos nos dejaron y otros continúan ahí, pero quiero dejar mi mención a cada uno de forma expresa, pues tanto Joaquín Pérez como Javier Montoya, en los comienzos del Colegio supieron defender y trabajar por la profesión, pues a ellos les tocaron los años más controvertidos, como es el iniciar algo. Mi cariño hacia Rafael Salvador, que siempre, con buen gesto, aglutinó a todos los profesionales de entonces y no digamos a José Mª Dominguez, con el que tuve una relación especial de amistad y compañerismo y siempre supo acompañarme en todas las iniciativas y visitas a políticos de la época para conseguir nuestros logros, pues siempre estuvo a disposición del trabajo bien hecho, sin olvidarme de Pepe Rangel, el cual en mi etapa de Presidente del Consejo General supo ser incisivo en sus reivindicaciones y la constancia de su defensa por las competencias profesionales era su caballo de batalla, al cual le dedico mi recuerdo pues no hace mucho falleció. De Pepe Ruiz, qué puedo decir; un hombre serio, honesto, trabajador y en lo mejor de la vida y de su mandato también se nos fue, pero supo renovar actuaciones colegiales y hoy, precisamente, su hija Ana Mª forma parte de la Junta del Colegio y del Consejo Andaluz y con la que comparto horas y días de trabajo. Tras este lujo de presidentes, en el año 2006 aparece un hombre también especial, serio, conquistador de logros profesionales. Es mi gran amigo Rafael Hidalgo, el que se honra de que yo sea su padrino al otorgársele la Cruz de

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Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales San Raimundo de Peñafort y el cual es colegiado emérito del Colegio de Cádiz, porque ha sabido enjugar y trabajar para los Graduados Sociales de Andalucía y supo engranar a los Colegios de Huelva y Cádiz, dejando el pasado año el timón del Colegio, pero también una estela y raíces que serán imborrables para las próximas generaciones. Sevilla, siempre fue un Colegio ejemplar; de hecho lo avala el que ahora en el 2020 cumpla sus Bodas de Oro y las cumple bajo el mandato de otro hombre con valores y con experiencia; me estoy refiriendo a José Ramón Barrera, el cual profesa una lealtad especial a la profesión y está sintiendo con dolor que este 50 aniversario coincida con esta pandemia tan dañina, pero estoy convencido que no tendrá obstáculo alguno para que los proyectos programados se hagan realidad cuando todo esto pase y ya sea una pesadilla. Querido José Ramón, no te aflijas en estos duros momentos, estoy convencido de que con tu Junta de Gobierno sabrás no sólo recordar a todos los colegiados que han hecho posible este Colegio, sino a todos los que hoy forman parte de esa querida Corporación y tú como hombre que conoce la mar, sabes que “a golpe de mar, pecho sereno”. La profesión ha pasado por muchos avatares. Ha tenido momentos difíciles y complejos, pero el colegio sevillano y me consta como persona que he vivido esta historia, ha colaborado en tantos y tantos logros en los que siempre creyeron, trataron con políticos de primera fila para llevar

a cabo lo que hoy tenemos y todos sin excepción siempre ganaron esa carrera de fondo que los Graduados Sociales hemos sabido llevar; llámese toga, Ley Orgánica del Poder Judicial, Recurso de Suplicación, relaciones institucionales, implantación en la sociedad civil sevillana con prestigio y solera y tantas y tantas cosas que en estas Bodas de Oro tenemos que recordar y, en especial, revivirlas, pues Sevilla como capital de Andalucía, tiene un lugar privilegiado para ayudar a la profesión y elevarla a donde le corresponde y de hecho, la autoridades regionales y provinciales saben que el Colegio sevillano es un ejemplo del buen hacer y posee una escuela de formación para sus colegiados que es de las que dejan huella en las personas que se forman. Me consta que su colaboración con la Universidad, con la Judicatura, con las Administraciones de toda índole y, no digamos, especialmente con la Inspección de Trabajo, TGSS e INSS donde su implantación profesional ha hecho que el reconocimiento y el saber estar sea para todos los Graduados Sociales de España la tarjeta de visita que siempre llevó este Colegio. Felicidades en vuestras Bodas de Oro que a la vez son tan gratificantes que a cualquier compañero/a de profesión nos hace pensar que acudimos a esta efeméride a heredar un trabajo del que nunca debemos apartarnos y que ha sido el esfuerzo de los que han precedido, con su ejemplo, a la profesión.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Psicología y Psiquiatría Clínica Adulta Desarrollo Evolutivo Infanto-Juvenil Gerontología Neuropsicología Adulta Trastornos Alimentarios Nutrición y Dietética

Fisioterapia Psicología Vincular Psicología de la Salud Diversidad Sexual y Género Psicología Adicciones Psicología Perinatal   

Av. República Argentina 31 B, 1° 41011 Sevilla Tf fijo 954 281 259

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Psicojurídica y Pericial Psicología Empresas  Psicología Deportiva  Psicología del Artista  Psicología Crisis y Emergencias Formación 

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Reportaje

Vida colegial antes de la COVID-19

Celebración del taller sobre ejecución dineraria en la jurisdicción social con la colaboración de la editorial Sepín.

El 5 de marzo tuvo lugar nuestra Junta General de Colegiados

El 14 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía al país para comunicar que se decretaba el Estado de Alarma. Aunque el avance de la pandemia empezaba a presagiar esta decisión y a hacer mella en los actos que se celebraban, esta noticia, que en principio fue por 15 días, pero que se iría prorrogando sucesivamente, cambió el día a día del país y con ellos cambió también nuestra vida colegial. Se suspendieron todos los actos, las clases en las universidades, las actividades institucionales programadas, se aplazaron las jornadas formativas presenciales, aunque aparecieron con fuerza los webinares como puerta formativa en estos tiempos tan convulsos. Pero antes del confinamiento, el Colegio empezó 2020 con su habitual vida colegial, celebrando cursos y jornadas, tanto en nuestra sede como en la Universidad. Acudiendo a actos institucionales a los que fuimos invitados y trabajando muy duro en todos los preparativos para celebrar nuestro 50 aniversario. Dos meses y catorce días antes de la proclamación del Estado de Alarma que contamos a continuación: Preparativos para el 50 aniversario y una apuesta siempre firme por la formación El comienzo del año ha estado unido a ultimar los flecos para lo que iba a ser el gran hito del año: la celebración de nuestro 50 aniversario. De este modo, la comisión encargada de la celebración de los actos conmemorativos del 50 aniversario mantuvo diversas reuniones para perfilar tanto todo el programa de actividades como el material conmemorativo preparado para la ocasión. De este modo, se procedió a la grabación de un video que repasa la historia de nuestra

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Participación en los Actos conmemorativos del 50 Aniversario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.

entidad de la mano de los tres presidentes vivos del Colegio: José María Domínguez, Rafael Hidalgo y José Ramón Barrera. Éste se estrenará cuando las condiciones sanitarias nos permitan organizar un acto donde podamos disfrutar todos los compañeros y compañeras. También se está elaborando un libro que narra los acontecimientos más importantes del medio siglo de vida. Los preparativos para las acciones formativas que llevaríamos a cabo durante 2020 también centraron nuestra actividad. Así tanto la vocalía de formación como la comisión organizadora de las IV Jornadas sobre Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Fiscalidad (novedad esto último en el afán de mejorar edición tras edición), celebraron reuniones para seguir perfilando todo. Así, la vocalía y el presidente se reunieron

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Reportaje del año pasado y el presupuesto para este 2020. Además se aprobó por unanimidad nombrar presidente de honor de nuestra Corporación a Rafael Hidalgo Romero. Así como el nombramiento de Colegiado de Honor, en su categoría de Oro, a José Blas Fernández Sánchez, Presidente de Honor del Consejo General, Presidente del Consejo Andaluz y Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz. Además se les entregaron los diplomas correspondientes a la ‘Medalla al Mérito Colectiva en el Trabajo’ a los compañeros Alejandro Nisa Ávila, José Luis Torres Moreno, Francisco Javier Carbonero Martínez y Raúl Amián Cordero. Reunión con la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez

con los magistrados de lo Social colaboradores en el Curso de Procedimiento Laboral para afinar el programa de la nueva convocatoria del mismo. El 5 de febrero celebramos en el salón de actos de nuestra sede colegial un Taller sobre Ejecución Dineraria en la Jurisdicción Social con el Ilmo. Sr. Magistrado Juez titular del Juzgado Social núm. 30 de Barcelona, especial de ejecuciones, y Profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume González Calvet. Dicha actividad formativa fue gratuita para nuestros colegiados gracias a la inestimable colaboración de Jesús Abad de la Editorial Jurídica SEPIN, colaboración que también hizo posible que facilitáramos un ejemplar gratuito del libro publicado por dicha editorial y donde su autor, el Sr. González Calvet, realiza un enfoque de una materia tan compleja como la “Ejecución dineraria en la Jurisdicción Social” de una manera magistral y sistemática, que estructura con una visión ciertamente llena de didáctica y practicidad a la que acompaña con un profuso estudio jurisprudencial y que la diferencia del resto de publicaciones. El acto fue presentado por nuestro presidente José Ramón Barrera, que además prologó el citado libro.

A su vez desde comienzos del año asistimos a diferentes actos y reuniones como la inauguración de la exposición “Círculos de Pasión” organizado por el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y que este año ha sido protagonizado por la Macarena. Nuestra vocal Vanessa Molina acudió en representación de Colegio. El 24 de enero nuestro presidente José Ramón Barrera estuvo presente en el acto de celebración del Día de la Universidad Pablo de Olavide, que se ha celebrado por primera vez este año. Un acto conmemorativo presidido por el rector de la institución, Vicente Guzmán Fluja, y en el que se rindió homenaje a miembros que forman parte de los distintos sectores de la UPO. Vicente Guzmán estuvo acompañado, entre otras autoridades, por el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez y por la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología, Rosa María Ríos Sánchez.

También el pasado 19 de febrero dio comienzo la decimosexta edición del Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas, en colaboración con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Este curso, impartido por nuestro colegiado Federico Martínez James, se encuentra aplazado por la Covid-19 a expensas de que la Facultad de Ciencias del Trabajo nos indique que es posible retomarlo cumpliendo todas las normas sanitarias. Junta General de Colegiados y actos institucionales El 5 de marzo celebramos nuestra Junta General de Colegiados donde se aprobaron la memoria, las cuentas

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Visita institucional para presentar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

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Reportaje Ya en febrero, nuestro vocal José Antonio Ortiz representó al Colegio en la Función Principal de la Hermandad de las Siete Palabras y Margarita Guerrero fue en nombre del Colegio al Congreso Internacional de Mediación, Vivienda, Familia y Herencia organizado por la Universidad de Sevilla y el Colegio de Registradores de Andalucía Occidental, donde se dieron cita expertos de distintos países, que abordaron temas como la mediación en el ámbito de los conflictos de familia y la herencia, o los aspectos económicos de las crisis matrimoniales. Durante el mes de febrero también acudimos al Concierto Benéfico “Miradas del Dulce Nombre” organizado por la citada Hermandad en Fibes; a la Entrega de los Premios Universitarios de Fin de Carrera y Trofeos Taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, presididos por el Rey Felipe VI; y los Actos Institucionales del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante por su 50 Aniversario, donde también tuvo lugar el Pleno del Consejo General con motivo de tal efeméride. En todos estos actos estuvo presente nuestro presidente, José Ramón Barrera Hurtado, quien el 27 de febrero también estuvo en Madrid en la reunión que mantuvo nuestro Consejo General con la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para trasladarle las necesidades de nuestra profesión, no sabiendo por aquel entonces lo que venía. El día 21 de febrero, nuestro vicepresidente, Juan Antonio Montes asistió a la visita organizada por la Con-

sejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para presentar in situ el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en los Bermejales. Por su parte ese mismo día, nuestra vicepresidenta Ana Ruiz representó al Colegio en el acto de entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia que estuvo presidido por los consejeros de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo Fernández, y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez. Antes de que se declarara el Estado de Alarma, nos dio tiempo para darle la bienvenida a los nuevos colegiados en la sede colegial. Durante el encuentro fueron informados de los actuales servicios del Colegio, hablaron de temas referentes a la profesión y les resolvieron las distintas dudas que plantearon. En esta ocasión, estuvieron presentes el presidente, José Ramón Barrera; el vicepresidente Juan Antonio Montes; el tesorero, Juan Carlos Castro; el secretario, Juan José Guijarro y los vocales, Laura Gil y Anastasio León. Los nuevos compañeros que acudieron al encuentro fueron Adrián Campanario Carretero, Yolanda Pérez Valera, Antonio Jesús Almazán Ponce, Esperanza García Morera, María del Carmen Castejón Madueño, Pedro Miguel Rico Villalón y José Avilés Muñoz.

Bienvenida a los nuevos Colegiados

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Reportaje

2020, el año que se coló el coronavirus en nuestro 50 Aniversario a disfrutar en exclusiva del estreno del Concierto Sinfónico Expedición Magallanes/Elcano creado por el compositor Juan Manual Mantecón con motivo de los 500 años de este acontecimiento. Una obra donde se mezclaban distintas disciplinas y artistas como el Coro de la Universidad de Sevilla, dirigido por José Carlos Carmona; la Orquesta Hispalense; el ballet de Mirko Vullo, los músicos Juan Manuel Mantecón, Marco González, Reyes Pérez y Andrea Villalba y la colaboración especial de artistas consagrados a nivel internacional como la mezzosoprano Ayrin, Gonzalo Ramírez y Nuria Morkuy. Un concierto que serviría para conmemorar a través de la música y la danza el 50 Aniversario del Colegio y los 500 años de la Expedición Magallanes/Elcano. Pero el devenir de acontecimientos y la progresión del coronavirus que desembocaría en la declaración del Estado de Alarma el fin de semana siguiente, hizo por responsabilidad institucional y cívica suspender los actos tal como recomendaban las autoridades sanitarias.

2020 estaba marcado con letras de oro en nuestro calendario colegial. No es para menos, todos los años no se cumple medio siglo de existencia trabajando por la Justicia Social. Un hecho de esta importancia merecía una celebración a su altura por lo que la comisión creada para la celebración de los actos presidida por Rafael Hidalgo y compuesta por José Ramón Barrera, José María Domínguez, Ana María Mendoza, Eusebio Pérez, Manuel Castro y Milagro Martín había preparado un programa de actividades que nos permitiera celebrar por todo lo grande nuestros 50 años de vida como Colegio. Muchas horas de trabajo entre los miembros de la comisión, Junta y personal del Colegio que iba a tener como punto de partida el pasado 12 de marzo con el Acto de Inauguración donde presentaríamos todo lo preparado para tan especial efemérides en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Todo estaba preparado para este emotivo encuentro, donde además del cartel y programa de actos, íbamos

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Así, el Colegio tenía preparados una serie de actos y actividades a lo largo de todo el año como una Exposición sobre los 50 años de historia de esta entidad, donde a través de paneles explicativos, fotografías, documentos y objetos históricos realizaba un retrato de la existencia del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Esta muestra iba a ser inaugurada el 27 de marzo, en vísperas de la Semana Santa, y con motivo de la misma se iba a ofrecer una Conferencia-Recital sobre el cante de la Saeta que correría a cargo del Graduado Social, Roberto Narváez, bajo el título “Origen y Evolución de la Saeta”. El mes de mayo tenía previsto acoger nuestro tradicional Acto Anual de Imposición de Medallas y Condecoraciones en el Real Alcázar de Sevilla reconociendo la trayectoria profesional y la adscripción a esta corporación durante 15, 25 y 35 años. Este año han sido galardonados 51 colegiados, de los que 11 recibirán la medalla de oro, 13 la medalla de plata y 25 la de bronce. José Antonio Ariza Aguilera, Luis Carlos Carnerero Miranda, Antonio Menéndez Fernández, María del Pilar Navarro Jiménez, José Luis Oviedo Magro, Eduardo Reina Rodríguez y María Teresa Sánchez GonzálezSancho han sido galardonados con la medalla de oro al mérito profesional. Juan Manuel Amarillo Sánchez, Juan Miguel Colomer Niessen, Francisco Delgado Mu-

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Reportaje ñoz y José Julio Haro Martos y concedido la medalla de oro al reconocimiento de la adscripción colegial. La medalla de plata al mérito profesional le ha sido concedida a Consolación Cárdenas Cabello, Eva María García Cerrato, Manuel Hernández Cabrera, Faustino Jiménez Bermejo, Montserrat Luna Martín, Ana María Marín González, Rocío Montelongo Díaz, Fátima Muñoz Maldonado, Diego Postigo Parrilla, Manuela Regalado Calderón y Juan Seisdedos García. La medalla de plata al reconocimiento de la adscripción colegial ha sido para Miguel Ballesteros Marín y Francisco Farfán García. Por último, María Caridad Álvarez Madariaga, Eusebio Antonio Araujo Carrasco, Natividad Bello Gálvez, Manuel Enrique Blanco Ramírez, Sergio Cot Salvador, Carlos de la Osa Crespo, José Arturo de los Santos Arenas, Anselmo Delgado Muñoz, Ana Duque Gordo, Francisco Eloy García Rivero, Zenaida González-Caballos Martínez, Daniel Jaén Arenas, José Daniel Lavado Prieto, Jesús Naranjo Rioja, María Ángeles Nevado Sánchez, Ana María Porras Chacón, María del Carmen Prada Cornejo, Miguel Prados Hidalgo, Luisa Ramos Armario, Álvaro Rodríguez Díaz, María Jesús Romero Ledesma, Jesús Roncero Rodríguez, Ana María Ruiz Girona y Juan Antonio Suárez López han sido condecorados con la medalla de bronce al mérito profesional. Mientras que Gracia María Chaves Rivero, Patricia Santos Roldán y Manuel José Valderrama Millán lo han sido con la medalla de bronce a la adscripción colegial. Para octubre teníamos previsto celebrar un Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, que se trasladaría a Sevilla de manera extraordinaria para compartir este aniversario, pero finalmente ha tenido que ser aplazado debido a las nuevas restricciones sanitarias con motivo de la segunda ola de la COVID-19.

guridad Social y Fiscalidad, que este año incluía como novedad la incorporación de temas de naturaleza fiscal (desde la comisión organizadora de las Jornadas se están estudiando diversas fórmulas para poder celebrarlas en otros formatos). Además de este calendario de eventos, se iba a convocar un Concurso de fotografía y pintura, un Premio para el mejor trabajo de fin de máster de las universidades sevillanas, un vídeo y un libro conmemorativos de esta efemérides. Un ramillete de actos para celebrar nuestro cumpleaños, que se vio interrumpido un día antes por el avance inexorable del coronavirus que paralizó todo un país y en el que los Graduados Sociales tuvimos que cambiar nuestro traje de fiesta por el de trabajo y convertirnos en una de las profesiones esenciales de esta crisis, trabajando día y noche por intentar salvar el tejido laboral y empresarial de España. Nos tocó soplar las velas trabajando más que nunca, velando por el cumplimiento de la Justicia Social como venimos haciendo en nuestros 50 años de historia. Y a modo de premonición el bello cartel que nos creó el ilustrador Saúl García Abril donde se ve a la Justicia caminando firme por una Sevilla solitaria, así estuvimos todos los Graduados Sociales durante el confinamiento, trabajando por y para nuestra ciudad. No obstante, os prometemos que, cuando las condiciones sanitarias lo recomienden, brindaremos todos y todas por este medio siglo de vida y por lo que significa ser Graduado Social.

Este mes también sería el de celebración de la Jura Anual de Colegiados y en noviembre se celebraría el Encuentro de Acercamiento de los Valores de la Justicia a las Aulas para alumnos de primaria y secundaria y la cuarta edición de las Jornadas sobre Derecho del Trabajo, Se-

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Reportaje El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla recibe la Medalla de la Ciudad por su 50 aniversario El pasado 23 de septiembre, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entregó a nuestro presidente, José Ramón Barrera, la Medalla de la ciudad por la labor realizada durante los 50 años de vida de este Colegio Oficial. Dentro de los méritos para el citado galardón, el Ayuntamiento nos reconoció como una entidad comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las líneas de derecho al trabajo, seguridad social, seguridad y salud y que desde 2013 cuenta con la Oficina Gratuita de Orientación Socio-Laboral atendiendo a más de 3.300 casos de forma altruista. Tras finalizar el acto, José Ramón Barrera quiso celebrar esta concesión felicitando a todo el colectivo por ello, “por los que estáis y los que desgraciadamente no es-

tán, pero que sin duda desde algún lugar ciertamente privilegiado nos estarán viendo”. Barrera también agradeció esta distinción al Ayuntamiento de Sevilla: “Acepto en nombre de la corporación con sinceridad y humildad este reconocimiento del que hemos sido objeto, que llevaremos con dignidad, poniendo quizás aún más empeño en las tareas que el porvenir nos depare. Sabremos honrar dicha distinción, como personas, como sevillanos y como partes activas del colegio hispalense de Graduados Sociales”. Igualmente, quiso felicitar a todas las personas e instituciones condecoradas, con las que tuvo la oportunidad de compartir este emotivo acto: “Todos los galardonados hoy, cada uno desde el ámbito que le corresponde, han contribuido con su labor al desarrollo de nuestra ciudad siendo justos merecedores de esta importante distinción”, finalizó Barrera.

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Esta gala se celebró en el auditorio de Fibes, debido a que la crisis sanitaria originada por la COVID 19 impidió la celebración del tradicional acto institucional que se celebra todos los años el 30 de mayo en el Teatro Lope de Vega con motivo del Día de San Fernando, patrón de la ciudad. El resto de condecorados con las medallas de la ciudad fueron Alberto Máximo Calero, presidente del Ateneo; el Acuartelamiento Aéreo de Tablada; el Colegio de Médicos de Sevilla; Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina; el Centro Asturiano; El Rinconcillo; el periodista Rafael Rodríguez Guerrero, actual presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; el Club Tenis Betis; la cantante y compositora Isabel Fayos Manzano; el grupo de música SFDK; el economista y empresario,

José Moya Sanabria; Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, presidente de la Fundación Adecco; el doctor José Andrés Moreno Nogueira; la ingeniera Carmen Baena Sánchez; la modelo y empresaria Raquel Revuelta Armengou, el Director Deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi; el doctor Jaime Rodríguez Sacristán; la doctora Salud Borrego López; la científica Rocío López Igual; el Colegio Mayor San Juan Bosco; el Colegio La Salle La Purísima; el IES Luca de Tena; el Colegio Santa Isabel Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa; el Colegio Sagrada Familia Carmelitas de la Caridad del barrio de San Gil; y, a título póstumo, se le concede al escultor e imaginero, Luis Álvarez Duarte; el imaginero, pintor y diseñador Antonio Dubé de Luque; y artista, cantante y compositor, Manuel Pareja-Obregón. A su vez, la corporación local nombró como hijos predilectos de la ciudad al político Alfonso Guerra González y a la saetera Angelita Yruela y como hijo adoptivo al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo.

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Reportaje La labor del COGSS durante la COVID-19 Desde que se decretó el Estado de Alarma en todo el país el pasado 14 de marzo, este Colegio Oficial tuvo claro que debía redoblar sus esfuerzos para servir, en la medida de sus posibilidades, de soporte y fuente de información para sus colegiados, pues, tal como después ha pasado, se preveían tiempos difíciles para nuestra profesión, una de las consideradas esenciales para el mantenimiento del tejido empresarial y laboral de España. De este modo, desde el minuto uno esta corporación decidió no cerrar, sino todo lo contrario. Toda la Junta de Gobierno y el personal multiplicó su trabajo para intentar mantener informados de la avalancha de nor-

Durante el Estado de Alarma hemos celebrado dos webinares con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

una serie de medidas para salvar la economía de la ciudad, alzamos la voz pidiendo que se tomaran en cuenta a los Graduados Sociales como profesionales esenciales expertos en la materia y pedimos unión de todos los actores políticos y sociales para poder salir a flote durante el proceso de desescalada, aportando medidas concretas tanto en materia laboral como soluciones para intentar evitar el colapso de la Jurisdicción Social. Todo ello siempre de la mano y siguiendo unas directrices conjuntas con nuestro Consejo General y Consejo Andaluz. Tuvimos claro desde el principio, que, en este caos legislativo, era vital mantener a nuestros colegiados infor-

Más de 200 Graduados Sociales participaron en la webinar sobre los últimos boletines de noticias red organizado por el COGSS y la TGSS

mativa que iba apareciendo día a día unido al colapso y caos de la administración pública.

mados de todas las novedades que iban apareciendo, tanto de la documentación oficial que se ha ido generando, así como de las gesAsí este Colegio fue uno de tiones realizadas por este los primeros en aparecer en Colegio con las administramedios de comunicación ciones para la implementa(el mismo sábado en que ción de los nuevos procese declaró el Estado de Alardimientos y las peticiones ma) informando, a través de de nuestros compañeros y nuestro presidente José Racompañeras. De esta forma, món Barrera, de las nefastas hemos mandado multitud consecuencias a nivel labo- El COGSS, UPO y CEAL celebraron una jornada sobre “igualdad de género y audito- de circulares a nuestros coral y judicial que iba a prolegiados, 95 en total hasta ría laboral tras el real decreto-ley 6/2019” vocar esta situación. Algo el momento, las cuales heque volvimos a recalcar en mos recopilado en un aparCanal Sur. A lo largo del confinamiento y el posterior tado especial de nuestra web www.cgssevilla.com, que proceso de desescalada hemos seguido apareciendo en se accede desde la página principal y se va actualizando medios de comunicación dando claves como especialiscronológicamente. tas en derecho del trabajo y de la Seguridad Social y defendiendo a nuestra profesión de los abusos que hemos Por otro lado, hemos complementado todo esto con sufrido los Graduados Sociales. De esta manera, junto al noticias de interés relacionadas con la COVID-19 que Colegio de Economistas de Sevilla, también propusimos hemos compartido en nuestras redes sociales.

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Reportaje Respecto a la relación con las Administraciones, estamos manteniendo contacto directo con los Directores Provinciales del TGSS, SEPE, DGT, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y la Delegada Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, así como con el Juez Decano y secretaria de los Juzgados de Sevilla y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Por último, y no por ello menos importante, hemos querido seguir manteniendo unos de los pilares de nuestra Corporación: la formación. Aunque ya solo en el formato de streaming que veníamos utilizando debido a las medidas sanitarias impuestas. Hemos celebrado hasta el momento varios webinars con el Jefe Adjunto de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Cristian Pérez Sánchez, para tratar las novedades que se han ido produciendo en el ámbito laboral con referencia al COVID-19 y aclarar las consultas que han ido surgiendo.

Además, le hemos dado difusión a todas las actividades formativas celebradas por el Consejo General y el Consejo Andaluz y hemos participado en el Webinar sobre Jornadas Profesionales: Promoción del Modelo Cooperativo, organizado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) en colaboración con la Junta de Andalucía y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, donde intervino nuestra vicepresidenta Ana Ruiz. Una vez que se empezaron a levantar las restricciones sanitarias, hemos comenzado a introducir formación presencial (aunque siempre manteniendo la opción en streaming) respetando todas las medidas sanitarias articulada por el Gobierno. De este modo, el 24 de septiembre celebramos la Jornada “Igualdad de Género y Auditoría Laboral tras el Real Decreto-ley 6/2019: a propósito de los nuevos Reglamentos sobre planes de igualdad e igualdad salarial” organizada por el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales.

También celebramos otro webinar con la TGSS, en el que participaron más de 200 Graduados Sociales. Esta acción formativa que fue presentada por el presidente del Colegio Oficial En el acto intervinieron de Graduados Sociales de María José Gómez-Millán Sevilla, José Ramón BaHerencia, Co-Directora del rrera, contó con la partiTítulo de Experto de Audicipación de la Directora toría Laboral de la UniversiProvincial de la Tesorería dad Pablo de Olavide, Juan General de la Seguridad Pañella Martí, presidente Entrevista a José Ramón Barrera publicada el día de la declaración del Estado de Alarma. Social, Teresa Caipa Pérez; de la Asociación Española el Subdirector Provincial de Auditores Socio-Labode Gestión Recaudatoria y Coordinación de Adminisrales CEAL y José Ramón Barrera Hurtado, presidente traciones, Santiago Amo Pérez; y el Jefe de Sección del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. del Sistema RED-UAU, Carlos Pelayo Benavente. En el webinar también participaron el vicepresidente del Además, nos hemos unido a la iniciativa puesta en marColegio, Juan Antonio Montes y la vocal de Relaciocha por la empresa AUDIOLIS en colaboración con nuesnes con la TGSS, Vanessa Molina. tro Consejo General y nuestro Consejo Andaluz para la creación del Día del Graduado Social, porque consideDurante el transcurso de la misma se resolvieron toran que merecemos ahora más que nunca que exista das las dudas relativas al Real Decreto Ley 8/2020 y una fecha señalada en el calendario para conmemorar el Real Decreto Ley 18/2020 aclarando la información y celebrar la gran labor que realizamos, siendo la intenaparecida en los Boletines de Noticias RED 6, 8, 9, 11, ción convertir el 27 de octubre en el Día del Graduado 12, 13 y 14 relativa a este tema. De este modo, se haSocial y de ahí en adelante celebrarlo puntualmente bló de los ERTES por fuerza mayor (totales y parciacada año en esa fecha. les), Expedientes de Regulación de Empleo (ETOP), exoneraciones y declaración responsable, causas de Información, formación, apoyo y defensa de la profepeculiaridad de cotización, inactividad exoneración sión ante las administraciones han sido los cuatros punde ERTES, exenciones de ERTES por fuerza mayor totales que han guiado y siguen guiando las actuaciones tal y parcial y salvaguarda del empleo. Todo ello exdurante esta pandemia y todo ello con nuestro objetivo plicado con casos prácticos que ayudaron mucho a prioritario de trabajar por y para nuestros colegiados y su comprensión. colegiadas.

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Artículo

Antonio Ojeda Avilés

Catedrático de Derecho del Trabajo

Cambios en el mercado laboral español por la COVID-19

En sí misma la pandemia del coronavirus ha significado para España, y también para el mundo, unos cambios trascendentales en el modo de vida cuya repercusión en el empleo aún está por ver, pero cuyos signos más evidentes han consistido en el vaciado de los centros de trabajo y de las calles mismas, y un nuevo estilo de vida basado en la digitalización y la no presencialidad. El primero de esos cambios estriba en que no se trata solo de que una proporción nunca vista de empleados trabaje desde sus casas a través de su ordenador personal, una situación que plantea los problemas que veremos luego, sino que internet se convierte en el núcleo central del trabajo en el sector servicios y entra torrencialmente en la industria y la agricultura contra todo pronóstico. Los clásicos debates sobre el teletrabajo y sobre el trabajo en plataformas, donde el tema de la calificación jurídica de los trabajadores -subordinados, autónomos o TRADE- aún está por determinar, pasan a un segundo plano cuando todas las empresas hacen frente a la pandemia bajo una drástica caída de los pedidos y colocan las respuestas al límite de lo aceptable, en tanto que los sindicatos quedan debilitados por la no presencialidad de los militantes. Junto a la mediación telemática generalizada, un segundo cambio se ha producido merced a una concentración de la toma de decisiones por el conducto de las cadenas internacionales de suministro, en las que todos los países se encuentran implicados de una forma o de otra: las grandes multinacionales que las dirigen han ajustado plantillas en las fábricas situadas en otros países, lo que ha provocado un enorme caos en varios continentes. Pues si vimos cómo durante la crisis financiera internacional de 2008-2012 la “maquila” que tanta prosperidad había dado a Méjico y Centroamérica cayó en la postración en favor de las fábricas asiáticas, ahora la miseria

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se ha enseñoreado incluso de esos países asiáticos sin producción propia, aunque también veamos el estremecimiento en países como España, donde cierran o anuncian su cierre fábricas de automóviles y de otro tipo en varios puntos de nuestra geografía. Uno de los países más dramáticamente afectados por este huracán ha sido Bangladesh, hasta este año gran fabricante de ropas de marca por cuenta de una multitud de grandes firmas occidentales y en la actualidad con la amenaza por parte de varias de ellas de no atender ni siquiera a los pagos de lo ya producido antes del coronavirus, como ha indicado un informe del Centro para los Derechos Globales de los Trabajadores (CGWR) de la Universidad de Pennsylvania, que desvela el “devastador impacto que las órdenes de cancelación han tenido sobre las empresas y sus trabajadores”. En tan dramática situación los sindicatos nacionales tienen poco que hacer frente a una decisión que les llega de fuera, como en España vimos en el cierre de la General Motors en Cádiz y también ahora en el anunciado cierre total o parcial de Nissan, Siemens, Renault, Airbus, etc., aunque los tiempos han cambiado bastante, y los tribunales comienzan a reaccionar con fórmulas como las aplicadas a Ryanair. Entre las multinacionales españolas en Bangladesh, Inditex ha reconsiderado su decisión inicial y cumplirá sus compromisos, tras una fuerte campaña de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que vigilan la actuación de estas cadenas internacionales. Por último, un tercer cambio venía ya anunciado desde hace tiempo en el ámbito de la intervención equilibradora del Estado para paliar los efectos del mercado, y ahora toma cuerpo en la expansión de medidas asistenciales en una proporción nunca vista en nuestro país, expansión que se produce al socaire de la Seguridad Social y provoca en ella el hundimiento de su capacidad financiera e incluso el replanteamiento de sus bases filosóficas:

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Artículo en ese plano, Tortuero ha planteado provocativamente el riesgo de que la Seguridad Social se convierta en un fraude piramidal que perjudique a los más jóvenes en beneficio de los más viejos al transferir a los primeros las deudas contraídas por éstos. La capacidad de enmascaramiento de las nuevas medidas dentro del Sistema de Seguridad Social queda de manifiesto por ejemplo en el reciente comentario de la profesora Ramos Quintana que lleva por título “Nace un nuevo derecho social en España”. Acerquemos ya el objetivo a las medidas jurídicolaborales. Desde las simples cifras del mercado laboral en España, algo más de un millón de empleos se han perdido durante el confinamiento, según datos de la EPA. El dato es terrible, y coloca a España a la cabeza de los países europeos con mayor pérdida de puestos de trabajo, pero es un dato que debe ser interpretado, porque en su plena estructura resulta mucho peor. Quiero decir con ello que no podemos tener en cuenta únicamente el empleo perdido, porque ha habido mucho más, y para nosotros esta crisis nos plantea importantes desafíos y al mismo tiempo soluciones que están para quedarse a pesar de su coste. De ahí que hayamos de intentar un calibrado o pleno ajuste de las medidas adoptadas en toda su magnitud, y no solo en la pérdida de puestos de trabajo. Hay al menos seis vectores por analizar, como sigue: ingreso mínimo vital, formación profesional, teletrabajo, regulaciones temporales de empleo, colapso judicial y reforma de la seguridad social. 1) El Ingreso Mínimo Vital (IMV). La compleja normativa del RDL 20/2020 va dirigida principalmente a las “unidades de convivencia”, o parejas con hijos -aunque también a determinados beneficiarios individuales-, en situación de vulnerabilidad económica, que se encuentren en edades comprendidas entre los 23 y los 65 años. El importe tiene hasta 14 variantes a tenor de otras tantas categorías de beneficiarios, pero el central consiste en 600 euros mensuales, por tanto, de cuantía inferior al salario mínimo pero superior al IPREM, situado en los 538 euros. En el mínimo está el beneficiario individual, que percibe 461 euros, y en el máximo la unidad de convivencia de dos adultos con tres o más menores, cuya ayuda consiste en 1.015 euros mensuales. La complejidad de los detalles y la multiplicidad de beneficiarios obliga a un sobreesfuerzo del INSS en la supervisión de los requisitos exigidos y en la cuantía de la prestación, por lo que todos los testimonios recogidos por la prensa apuntan a un enorme retraso en los pagos. En este sentido, el sindicato UGT alertaba en agosto de que “nadie cobra todavía el ingreso mínimo vital”, pues de las 714.000 solicitudes presentadas, 75.000 se habían reconocido de oficio a los perceptores de la prestación familiar, y 32.500 se habían resuelto, casi todas (28.500) negativamente, pero lo cierto es que ya en junio la Seguridad Social afirmaba haber transferido el primer pago a 74.000 hogares, con una media de percepción de 430 euros y un desembolso financiero de 32 millones de euros.

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En un comentario tan breve como el presente no podemos entrar en los detalles, sino en la arquitectura. El legislador ha diseñado un instrumento de aplicación subordinada o condicionada, en el sentido de que la cuantía dependerá de los otros ingresos percibidos por el desempleado, que deben ser como máximo diez euros por debajo de la cuantía del IMV, lo cual indica que ad limina habrá necesitados que percibirán una ayuda de10 euros. En resumidas cuentas, hay una notable dispersión de sujetos y cuantías que no pretende sustituir a las rentas básicas autonómicas ni a las prestaciones por dependencia

u otras similares, sino complementarlas en medio de una vorágine de casos particulares y especiales donde tienen cabida una excesiva gama de contingencias, e incluso las dudas sobre su inclusión o no como vulnerabilidad computable. Aun siendo conscientes del efecto sedante y tranquilizador de estos ingresos para la población en general, varias han sido las objeciones principales al diseño, que a pesar de su nombre incrementa el número de las ayudas parciales a la población vulnerable en un revoltijo desmesurado. Su coincidencia con las diversas rentas básicas autonómicas quizá sea la principal, al añadir sobre prácticamente el mismo concepto de vulnerabilidad

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Artículo dos percepciones necesitadas de una gran burocracia y de un gran esfuerzo cooperador por parte del administrado, que en muchos casos carece de los medios para desplazarse y presentar solicitudes y acreditaciones de los diversos organismos. La dificultad para emparejar, digámoslo así, las prestaciones autonómicas con la gran prestación universal del INSS, radica en las diferentes cuantías y requisitos de cada renta autonómica, desde la Garantizada navarra de 623 euros para la unidad de un solo miembro, hasta la Mínima andaluza de 419 euros para el mismo supuesto, que además ha sido reducida

tan pronto entró en vigor la IMV (Instrucción del Director General de Servicios Sociales de Andalucía de 12 de mayo de 2020). La unificación de todas en una sola ayuda es una tarea compleja necesitada de la cooperación de todas las autonomías, que tiene no obstante a su favor la simplificación de trámites y la descarga en una sola Administración, la estatal del INSS/TGSS, de tan abrumador peso burocrático. 2) Formación y reconversión profesional. El enorme paro se topa con una nueva sociedad tras la pandemia, por lo que hemos de mirar a la reconversión de nuestra obsole-

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ta Formación Profesional -el pintoresco, por no decir histriónico, título FP de cortador de jamones lo dice todo, y es un título en activo en 2020, por no hablar de la Escuela Internacional de Cortadores de Jamón- para centrar todo el esfuerzo en la formación básica de una sociedad digital como la emergente. Y vincular el IMV a este esfuerzo formativo de una manera más moderna a como ahora se hace con los parados, teniendo en cuenta el alto déficit en conocimientos informáticos de una buena parte de la población madura. De ahí que sea necesario aprovechar el impasse para llevar a la población humilde los conocimientos de informática y de economía más avanzados posibles, y para ello la inactividad forzosa y el cobro condicionado del IMV podrían llevarla a frecuentar las aulas de los institutos de formación profesional, en colaboración con los talleres socio-culturales de los ayuntamientos, si se vincula la citada percepción al cumplimiento de las ayudas. En tal sentido ya existe el compromiso de actividad por los perceptores de la prestación de desempleo, aunque su contenido es demasiado impreciso y sobre todo poco utilizado hasta el presente en sus aspectos de “participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional”, voluntarias durante el primer mes de la prestación. En una dirección parecida, Molina Navarrete ha vuelto a recordar la lenta evolución desde el Welfare al Workfare, desde las prestaciones incondicionadas a las sometidas al requisito de participar en actividades de todo tipo para el Estado. Sin llegar tan lejos, cabe plantearse si no hay que aprovechar la situación ociosa -muy a su pesar- de los vulnerables para sacarlos de su condición de analfabetos digitales, allí donde lo sean, y de orientarlos en los meandros de la política de empleo. Con su sentido pragmático, las oficinas de empleo de Gran Bretaña disponen de sala de ordenadores donde los desempleados pueden buscar por sí mismos los empleos que les convengan, bajo la premisa de que al hallarlos también satisfacen los objetivos del servicio que les ayuda. 3) Trabajo a distancia. El teletrabajo se ha convertido en una pauta universal en el país, generando abusos y desviaciones. Las normas, incluso reformadas no hace mucho, sobre el trabajo a domicilio y trabajo a distancia contenidas en el Estatuto de los Trabajadores deben venir modernizadas en una nueva ley que regule ciertos aspectos de la jornada, la intimidad y la seguridad y salud en el trabajo. Ya se ha avanzado por algunos operadores jurídicos esta posibilidad, especialmente por cuanto respecta a la jornada de trabajo, pues la desaparición de la oficina o -en menor medida- la fábrica del horizonte habitual del trabajador ha significado también la de sus pautas de comportamiento laboral, aquellas jornadas con horarios fijos que ahora se han desvanecido en favor del trabajo a destajo o por tarea, donde es difícil respetar los descansos periódicos. El hogar del trabajador se torna al mismo tiempo lugar de trabajo, donde el empleador

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Artículo tiene unos derechos de uso y correlativamente unos deberes de atención al entorno y a las personas. Pero lo más importante es el respeto a los derechos fundamentales de la persona del trabajador, y en primer término el de la intimidad: a través de los medios telemáticos la empresa tiene una notable capacidad de entrar en la vida de sus empleados, un fenómeno ya surgido respecto al uso de ordenadores y videocámaras en los centros de trabajo y solventado por la jurisprudencia con notable rapidez y eficiencia. Ahora el problema cobra importancia en el trabajo a distancia, en los controles de asistencia o en la capacidad para entrar en el ordenador doméstico y en la correspondencia y demás material del trabajador almacenado en él. Si ya Däubler hablaba hace años del “personal transparente”, alarmado por la potenciación del control de empleador más allá de los derechos de los trabajadores, de poco van a servir las sucesivas reformas en las leyes de protección de datos española y europea (esta última entró en vigor el 25 de mayo de 2018) si no tienen en cuenta lo que para ese autor son los puntos calientes de la garantía de la intimidad, dignidad y libertad del trabajador, a saber, cuándo comienza la supervisión ilícita en estos casos, qué papel tiene la “nube” en el almacenamiento de datos domésticos, o si los representantes laborales pueden supervisar y controlar el “big data” o información no expresa de esas jornadas laborales en el entorno de las familias que pueden recaudar los ordenadores facilitados por el empresario. 4) ERTEs. Los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) por la pandemia, sucesivamente prorrogados desde su inicial mención en el Real Decreto-Ley 8/2020, están planteando problemas de funcionalidad, sobre todo en la rapidez de su gestión, pero también dudas sobre el propio instrumento, expuesto a una diversidad de lacras. Sin duda el efecto principal de la pandemia es el del paro producido, con la respuesta por parte del legislador mediante esta figura de elevada complejidad que solo suspende la relación laboral o una parte de ella, pero no la extingue. Su definición inicial en el RDL 8/2020, artículo 22, nos lo presenta como una parte de la respuesta del Estado: las suspensiones de contrato y reducciones de jornada -dice- que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

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Su funcionamiento como suspensión del contrato descansa sobre la exoneración de cuotas total o parcial al empleador por parte de la Seguridad Social, mientras que el trabajador pasa a percibir por parte del SEPES la prestación contributiva de desempleo con contador a cero (art. 25, RDL 8/2020). El procedimiento de declaración pasa por un expediente administrativo como el de cualquier regulación de empleo en donde la crisis alegada hace referencia a la fuerza mayor, en especial de la declaración del estado de alarma, una referencia a los “actos del príncipe” que en otros Ordenamientos se diferencian de los “actos de Dios” o fuerza mayor. Los ERTEs han sido la estrella de las medidas del Gobierno para contener la crisis social. Otros países, significativamente Reino Unido y Francia, han puesto en marcha medidas similares, que han recibido un fuerte apoyo no solo de los sindicatos, sino también de los empresarios, hasta el punto de que se negocia una continuación de tales ayudas más allá de septiembre e incluso del presente año. Pero autores especializados en el tema, como Guy Standing, de la Universidad de Londres, han criticado el método seguido tachándolo de perverso. En definitivas cuentas se trataría de que habría un elevado fraude en el comportamiento de empresas y trabajadores, pues

Los ERTEs han sido la estrella de las medidas del Gobierno para contener la crisis social muchos de ellos continúan trabajando bajo cuerda con salarios reducidos y, además, no buscan otros empleos. Y, desde el lado de la oferta (empresas), éstas no intentan salir del atolladero y buscar nuevos horizontes si tienen a mano la hucha del Estado. En mi opinión personal, hay mucho que matizar en tan rotunda afirmación, pues nos hallamos frente a una crisis de efectos decrecientes en donde lo difícil consiste en ubicar el punto final de las ayudas, que no puede ser desde luego el de la desaparición de todos los síntomas y la vuelta a la plenitud. En tal sentido ya hay una planificación de un “período transitorio de bonificaciones decrecientes”, y de hecho los beneficiarios han pasado de ser 3,7 millones de trabajadores al principio de la crisis, a unos dos millones en la actualidad. Por contra los empresarios defienden que el sistema se extienda a todos los sectores, y ya se ha conseguido la extensión de los beneficios a las crisis por causas objetivas -más allá, por tanto, de la fuerza mayor- en la primera prórroga del mecanismo. Quizá por la vía de eliminación de las duras condiciones a las ayudas, de mantenimiento de empleo y no contratación de nuevo personal ni reparto de dividendos, actualmente en vigor para las empresas acogidas a las medidas de protección, pueda paulatinamente desinflarse la escoriación, que va a alcanzar los

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Artículo 25.000 millones de coste para el Estado. Pero tengámoslo claro: no se trataría de suprimir tales límites, sino de su carácter disuasorio para las empresas y de incentivación para que cumplan su función sin “apalancamientos” gratuitos. De cualquier modo, la apuesta de Standing es mucho más ambiciosa, propugnando la implantación de la renta básica universal como la existente en los países nórdicos, una renta que podría absorber no solo a las prestaciones por los ERTEs, sino también al ingreso mínimo vital examinado más arriba y a las ayudas paralelas del nivel autonómico. 5) Colapso judicial. La enormidad del número de litigios planteados por las situaciones del coronavirus ha bloqueado a la Administración de Justicia, y fácilmente se está citando por los juzgados sociales para vistas en materia de despidos para dentro de cuatro años, por ejemplo. La justicia es uno de los servicios públicos esenciales, pues un conflicto no puede demorar en su solución demasiado tiempo, so pena de impulsar a los actores hacia las soluciones asociales. Y como según el brocardo jurídico de que “justicia demorada es justicia denegada”, las dilaciones no deberían tener cabida en la jurisdicción social porque solventa problemas que no admiten dilaciones. Hay que plantear soluciones inmediatas en un momento en que la financiación está ya comprometida en otros objetivos básicos. Las soluciones más citadas remiten a un aumento de efectivos personales y económicos en la Administración de Justicia, y dentro de ella en los juzgados sociales, pero es poco probable que la actual situación permita un aumento de gasto presupuestario suficiente para colmar el vacío. Hay otra posible respuesta, empero, que ya se está produciendo espontáneamente en el mundo jurídico, y que tiene que ver con la llamada solución alternativa de conflictos, o extrajudicial, cuando los abogados de las partes se están reuniendo privadamente y exploran salidas satisfactorias para ambas, a veces con la ayuda de un tercero imparcial -quizá otro colega- para superar los impasses. Parece inaceptable que el gran esfuerzo legislativo y financiero realizado desde los años noventa de fomentar en casi todas las esquinas de la normativa laboral la intervención de árbitros y mediadores extrajudiciales y de sufragar sus gastos no haya tenido éxito, a la vista de los exiguos resultados del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y de los análogos institutos de las Comunidades Autónomas. Pero probablemente deban verse en tal distanciamiento los problemas que está generando en los tribunales la vía procesal adecuada para ejecutar los laudos, más allá de los autos de homologación de los más evidentes. No creo que en esta fractura haya que buscar el viejo recelo de los jueces hacia las soluciones extrajudiciales, en la idea defendida por Loy de que pueden ser la puerta a renuncias y transacciones sobre derechos inderogables de los trabajadores. En los últimos años una opinión menos “militante” y más centrada en los beneficios de la agilización judicial

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con el auxilio de esos medios alternativos ha dado paso a posturas mucho más favorables en el propio ámbito de la magistratura, como es el caso de la creación de una asociación de jueces europeos que postula por la mediación como fórmula a utilizar por los propios jueces cuando ven, por ejemplo, que el proceso se alarga, o que las garantías procesales están enredando en, o se están utilizando para, minar la solución adecuada. Me refiero al GEME, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, cuya rama española desde 2007 se denomina significativamente Mediación es Justicia y agrupa a unos 260 jueces, magistrados y otros profesionales del ámbito de la mediación, postulando por la concesión de puntos en la carrera profesional de los jueces que se esfuercen en alcanzar mediaciones para los casos complejos. Un buen modelo respecto a este cambio de actitud lo proporciona el acuerdo de mediación de mayo pasado a que se ha llegado en el caso del envenenamiento por el herbicida Roundup de la multinacional alemana Bayer, cuyo componente glifosato se relaciona con el cáncer del linfoma no Hodkins. Ante los miles de demandas de indemnización presentadas ante un juzgado federal del San Francisco, en Estados Unidos, el juez Chhabria requirió a los demandantes, representados por veinticinco despachos de abogados, que buscaran un mediador en quince días, y ante la incapacidad para ponerse de acuerdo, él mismo designó a uno, el muy reconocido abogado Feinberg que había logrado los acuerdos en el “dieselgate” de Volkswagen y en otros conflictos internacionales igualmente importantes, y éste logró después de un año de incesante actividad el pacto para el abono de 11.000 millones de euros por parte de Bayer a los miles de demandantes en ese juzgado. A la vista de cuanto viene sucediendo en España y otros países con el fracaso relativo de la legislación sobre medios alternativos, es probable que el legislador ha volcado excesivamente su interés sobre el arbitraje, que le aporta una solución clara y rápida pero no entra en los cálculos de las partes la mayoría de las veces, reacias a una solución externa, de un tercero, con resultados impredecibles. Por cuanto hace a los jueces, el arbitraje podría significar para ellos incluso una renuncia al derecho a la jurisdicción del artículo 24 de la Constitución, si vemos otros ejemplos como el italiano y el debate en torno al mismo artículo en ese país. La mediación, en cambio, no interfiere en el poder judicial de dictar sentencia, pues el acuerdo de mediación intrajudicial se mantiene dentro de su poder de control en todo caso al tratarse de una fase del proceso que culmina con el fallo. 6) La gravísima crisis financiera de la Seguridad Social en su conjunto, y sobre todo en materia de pensiones, mantiene en vilo el debate sobre la sostenibilidad, si bien las reformas nacidas en 2013 en torno a la sostenibilidad de sistema se encuentran en revisión.

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Artículo Voy directamente al meollo de la cuestión: la crisis financiera de la Seguridad Social española es cierta, y probablemente estamos condenados a buscar una edad de jubilación más avanzada y algún tipo de factor de sostenibilidad quizá más suave que el del artículo 211 de la LGSS. Sin embargo, hay además factores añadidos que empeoran la crisis y dan como resultado las aportaciones del Estado a la Seguridad Social del tipo de los 500 millones para el pago del IMV. Las reformas en busca de la sostenibilidad del sistema se encuentran sin terminar desde que las leyes de presupuestos comenzaran a separar las fuentes de financiación en 1989 y los Pactos de Toledo hablaran en 1995 -hace ya la friolera de 25 añosde la clarificación de las fuentes y se dictara en 1997 la primera norma al respecto. En los últimos tiempos, el documento de la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha indicado la posibilidad de algunas actuaciones en ese sentido, como terminar de asumir el Estado las prestaciones no contributivas y asistenciales en general, asumir también los gastos de funcionamiento de los organismos aseguratorios, suprimir las ayudas al empleo consistentes en bonificaciones o reducciones de las cuotas aseguratorias, así como pasar una parte de las cuotas por desempleo al pago de pensiones, en total unos 20.000 millones de euros. Sin embargo, la propuesta de AIReF se sustenta en la clarificación de fuentes y no va más allá en la filosofía de esa clarificación. Se hace más preciso que nunca distinguir entre Seguridad Social y Asistencia Social para saber que gran parte de las “aportaciones” del Estado no son tales, pues las deudas de la Seguridad Social son en realidad de la Asistencia Social. El equívoco se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando Beveridge planteó una protección total de los ciudadanos basándose en la tradición británica, y la propuesta vino asumida por todos los países europeos entusiásticamente, sin parar mientes en la financiación del milagro. Un preludio de esa teorización se había producido antes al otro lado del Atlántico con la formulación por el presidente Roosevelt del Estado de Bienestar. Ahora bien: una cosa es la Seguridad Social, o protección de los trabajadores y sus familias de los riesgos laborales en sentido amplio -incluidos desempleo, invalidez, muerte y jubilación-, y otra las ayudas a los ciudadanos necesitados que conocemos como Asistencia Social. Mientras que la base financiera del primero son las aportaciones de empresarios y trabajadores, la de la segunda es, o debe ser, de la ciudadanía en general vía impuestos, o si se quiere, del Estado. Es ese vector del asistencialismo el que viene ampliándose a pasos agigantados en los últimos años para los más variados propósitos, pero que el Estado imputa a la Seguridad Social porque es la gran pagadora de los necesitados. Durante mucho tiempo, y en base a una enorme cotización de cerca del 40 por

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100 de los salarios (incluidos primas y conceptos de recaudación conjunta), la Seguridad Social ha respondido, pero hemos llegado a un momento en que el Estado ha ido aumentando el asistencialismo y detrayendo impunemente su pago de los fondos aseguratorios, aunque haya debido reconocer como propios lo más grueso, sanidad, prestaciones no contributivas, complementos por mínimos.

Es la sociedad en su conjunto, y no los trabajadores y empresarios, quienes deben asumir el gasto en solitario En una plena distribución de responsabilidades, sin embargo, queda aclarar si algunas prestaciones son aseguratorias o asistenciales o mixtas: por ejemplo, la económica de maternidad, o todo cuanto gira en torno a ello, como por ejemplo el cuidado del nacido y los permisos de paternidad. La misma pensión por vejez, propiamente hablando, no se debe a la actividad laboral, y algo habría de participar en su financiación el Estado, como en general puede decirse de las prestaciones contributivas por riesgos comunes, pagadas por la Seguridad Social pero causadas por los trabajadores en cuanto ciudadanos: es la sociedad en su conjunto, y no los trabajadores y empresarios, quienes deben asumir el gasto en solitario. De ahí deriva que las “aportaciones del Estado” a la Seguridad Social para el ingreso mínimo vital o incluso por los Ertes debidos al coronavirus y a la declaración del estado de alarma deban considerarse como gastos impropios del sistema laboral. Antes fue peor respecto a impunidad. Recientemente el Tribunal de Cuentas ha considerado que los gastos impropios atrasados, por conceptos cobrados a la Seguridad Social no pertenecientes a ella entre los años 1989 y 2013, ascienden a 103.000 millones de euros solo por gasto sanitario y por complementos a mínimos (Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social, 2020). Esperemos que las negociaciones dentro del Pacto de Toledo lleguen a feliz término en ese sentido, y que finalmente tengamos clara la distinción básica entre lo propio de la Seguridad Social y lo ajeno -en cuanto imputable al Estado- de la Asistencia Social. Aquel empeño anglosajón de cubrir todos los riesgos vitales del ciudadano, laborales o no, bajo el aforismo de Beveridge de que si alguien se rompe una pierna da igual que se produzca en su coche o en la fábrica, hemos de mantenerlo porque es la base del Estado del Bienestar, pero siempre teniendo claro quién debe pagar los costes.

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Entrevista

Miguel Rus Palacios Presidente de la CES

Alfonso Vidán Martínez Secretario General CCOO Sevilla

Juan Bautista Ginés Viera Secretario General de UGT Sevilla

La pandemia mundial ocasionada por la COVID-19 no solo ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, sino que ha provocado un nuevo escenario de crisis en diversos ámbitos de la sociedad. Debido a las estrictas medidas necesarias para combatir a la enfermedad el mercado de trabajo ha sufrido con fuerza sus consecuencias y ha provocado un tsunami de nuevas normativas y procedimientos originando un nuevo escenario en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que ha agitado la realidad de las empresas y trabajadores. Para saber la visión de todos los actores hemos entrevistado al presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus Palacios; al Secretario General de Comisiones Obreras de Sevilla, Alfonso Vidán Martínez; y al Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Sevilla, Juan Bautista Ginés Viera.

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Entrevista

"El objetivo de todos tiene que ser salvar empresas que es lo mismo que salvar empleos" empresarios necesitamos más tiempo para recuperar nuestra actividad y poder mantener a nuestras plantillas. Desde el comienzo de la crisis los empresarios hemos tenido que hacer grandes sacrificios. Nunca habíamos visto que, de la noche a la mañana, la actividad de un país se pare. Por eso se pusieron en marcha, como pedimos los empresarios, mecanismos de estímulo económico que han aliviado, en algunos casos, el fuerte impacto económico de la crisis, como los mencionados ERTE o las líneas de avales. Pero no nos podemos quedar con esas medidas del primer impacto. Muchos negocios no han podido volver a abrir. Los datos económicos y de empleo son desoladores. Entre abril y junio, el PIB de España ha caído un 18,5% respecto al trimestre anterior, a la cabeza de los países de Europa, según Eurostat. Lo que obliga no solo a mantener en el tiempo las medidas ya adoptadas, sino a intensificarlas para aportar adaptabilidad, seguridad jurídica y confianza a las empresas y a los inversores. Si no somos capaces de salvar a las empresas, se perderán cientos de miles de puestos de trabajo y no lograremos sostener el bienestar social.

Miguel Rus Palacios Presidente de la CES

¿Cómo valoraría los ERTES y restos de medias adoptadas durante el estado de alarma y el periodo de desescalada? Los ERTE han sido una herramienta fundamental para lograr mantener a salvo miles de puestos de trabajo y ayudar a las empresas a sobrevivir. Sin duda, ha sido la mejor medida en esta situación excepcional y no hay más remedio que seguir prorrogándolos mientras haya sectores que no recuperen su actividad. En Alemania ya se ha aprobado su ampliación hasta finales de año de 2021. Si esto no pasa, los ERTE se transformarán en ERE, lo que significa destrucción de empleo fijo. El objetivo de todos tiene que ser salvar empresas que es lo mismo que salvar empleos. No podemos seguir con esta incertidumbre y medidas cortoplacistas, los

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¿Cómo se está gestionando en el ámbito empresarial y laboral las consecuencias originadas por la pandemia de la COVID-19? ¿Qué sectores son los más afectados y cómo se les podría ayudar? Las empresas lo están pasando muy mal. Muchas están en una situación desesperada. Además, la crisis ha golpeado con más fuerza los sectores que han sido el motor económico de nuestra tierra durante los últimos años, como son la industria aeronáutica, la agroindustria o el turismo. Por ejemplo, respecto a este último, las contrataciones se desplomaron un 57% en bares y restaurantes y en los alojamientos de Sevilla han caído un 95% en el mes de agosto, en relación con el buen año turístico que fue 2019. La industria turística suponía hasta ahora un 17% de nuestro PIB. En este sentido, siempre insistimos en que hay que hacer planes por sectores y analizar caso por caso, teniendo en cuenta la situación real de las empresas. Para muchas la recuperación será mucho más lenta y habrá que tomar las medidas necesarias para que no caigan, como marcos de fiscalidad y de costes de financiación favorables para hacer frente a los compromisos de pagos y seguir aportando liquidez para que puedan sobrevivir. Además hay que tener en cuenta que el 95% de nuestro tejido productivo está

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Entrevista compuesto por pymes, micropymes y autónomos, que son más vulnerables ante el freno de la actividad y la pérdida de ingresos.

productivo, encaminándolo a las energías renovables y la I+D+I como salida de futuro y de creación de mano de obra?

¿Qué medida ha echado en falta para salvaguardar lo máximo posible el entramado empresarial y laboral? ¿Hubieran seguido la línea del Gobierno o hubieran actuado en otra línea?

Sin duda, hay que apostar por la industria. Integrar todos los procesos productivos hasta la elaboración del producto final. Los países que mejor superaron la crisis de 2008 fueron los de mayor base industrial y Sevilla tiene en este sentido muchas posibilidades que no podemos seguir desaprovechando. Por ejemplo en el ámbito de las energías renovables, donde somos punteros en el mundo. Tenemos que hacer que nuestras industrias auxiliares crezcan y salgan fuera. Para eso hay que invertir en modernización, digitalización y en la exportación de esa tecnología y conocimiento en las que somos líderes.

Desde el comienzo de esta dura crisis hemos pedido a las diferentes Administraciones que garanticen la seguridad jurídica, política y económica necesaria para poder desarrollar la actividad empresarial y evitar las interpretaciones múltiples. Muchas veces nos hemos encontrado con una maraña jurídica difícil de asimilar. Son momentos difíciles donde los empresarios tenemos que tomar decisiones complicadas y debemos de tener la certeza de que las reglas de juego no cambiaran de un día para otro. Asimismo, necesitamos mejorar la normativa, simplificando y agilizando los procedimientos, dentro de un marco jurídico estable, para atraer un mayor número de inversiones y proyectos a Sevilla. Hay que establecer medidas destinadas a la creación y protección del empleo, que son la mejor política social y la mejor receta para conservar el tejido productivo. Para ello, hay que generar en la medida de lo posible un entorno favorable para la actividad empresarial, de tal modo que se sitúe a la empresa, generadora de empleo y riqueza, como el elemento clave de la recuperación. Como han hecho otros países de nuestro entorno, la política fiscal debe ponerse al servicio de este objetivo porque sólo consiguiendo recuperar niveles de empleo se generarían ingresos sostenibles en el tiempo. Deberemos seguir conviviendo con el virus. De este modo, ante la segunda oleada, ¿qué previsiones habría que tener y como cree que afectaría volver a un nuevo estado de alarma? No nos podemos permitir otro parón de la actividad. La economía sevillana no podría soportar unas nuevas medidas de confinamiento que supongan otro parón en la producción. Debemos aprender a convivir con el virus adoptando las máximas medidas de seguridad. Hay protocolos de actuación perfectamente definidos. Por favor, insistimos, hay que cumplir de manera estricta todas las normas sanitarias. Hay que aplicar con firmeza las recomendaciones, en unos casos, y las exigencias de la normativa, en otros, si queremos relanzar la economía y recuperar el empleo. Es responsabilidad de todos. No podemos alargar más esta parálisis económica, que ya de por sí está teniendo consecuencias devastadoras sobre la economía y el empleo. Es el momento de empezar a avanzar en la reactivación. Con los acuerdos que se han tomado en Europa, ¿cómo lo utilizarían para el relanzamiento de la economía y la actividad empresarial/laboral? ¿Modificarían el tejido

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Estos Fondos Europeos deben ser una oportunidad para las inversiones estratégicas, que llevamos reclamando tantos años y que son fundamentales para ser más competitivos en el futuro. La finalización de la SE-40 es imprescindible, ya que supone la gestión de todo el tráfico de mercancías y toda nuestra industria agroalimentaria, por lo que mejoraría el tráfico, la eficiencia, las conexiones, la atracción de inversión de plataformas logísticas, la distribución, el transporte, supondría un ahorro de tiempos, de plazos y de costes, lo que nos haría mucha más competitivos. Asimismo, Sevilla necesita una red completa de Metro. En 1972 comenzó el anteproyecto y hoy en día sólo tenemos una línea. Eso es impensable en las otras grandes ciudades de España. Tampoco puede ser que no haya una conexión entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto. Hay otras muchas infraestructuras que han quedado en el olvido, pero es que nuestra provincia ha sido la gran castigada en los presupuestos en este país en los últimos veinticinco años. Sevilla ocupa el puesto 46 de las 52 provincias españolas en inversión per cápita del Estado desde 2008. Es el momento de hacer unos PGE equitativos para toda España y de una vez ser justos con Sevilla. Además, hay que elaborar un plan sólido para emplear los fondos comunitarios lo que, sin duda, nos permitirá sentar las bases de un nuevo futuro para nuestro país. No es tolerable que de los 15 barrios más pobres de España, seis estén en Sevilla. ¿Qué ha venido para quedarse en el mundo del trabajo de todo lo que se ha implementado o potenciado durante esta crisis? Sin duda, la digitalización. Si algo hemos aprendido de manera acelerada desde que se inició esta pandemia es a replantearnos cómo veníamos gestionando nuestras empresas hasta ahora y la necesidad de adaptarnos a las nuevas exigencias y a los nuevos hábitos, desde el punto de vista tecnológico. Hemos comprobado que la inversión en digitalización no era un gasto sino una inversión y desde ahora una necesidad. Las empresas que no se adapten a la transformación digital lo tienen muy difícil para superar esta crisis.

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Entrevista

"La situación generada por la Pandemia ha puesto sobre la mesa las deficiencias de un modelo de crecimiento de nuestro país basado en unos pilares muy poco sólidos."

Alfonso Vidán Martínez Secretario General CCOO Sevilla

¿Cómo valoraría los ERTEs y resto de medidas adoptadas durante el Estado de Alarma y el periodo de desescalada? Es evidente que las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación, consensuadas y negociadas con las Organizaciones Sindicales y Empresariales en su mayoría, han evitado la caída de miles de empresas y de millones de puestos de trabajo en nuestro país. a) En este sentido, en nuestra provincia por ser concretos, a fecha 31 de agosto se han negociado y aprobado hasta el momento 7.761 ERTEs, que afectan a 27.424 trabajadoras y trabajadores.

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Eso ha evitado que, en vez de asistir a unas cifras del paro en nuestra provincia, que en el mes de agosto ascienden a 226.253 personas, estaríamos hablando de 253.677 parados y paradas, lo que haría la situación absolutamente insostenible.

b) Pero no sólo los ERTEs han evitado la sangría del empleo y la ruina y el cierre de miles de empresas. La ayuda a las personas autónomas por cese de actividad, tanto la prestación económica como la exención de cuotas han evitado la desaparición en nuestra provincia de miles de Macropymes y la asfixia económica de 62.738 autónomos y autónomas en nuestra provincia.

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Entrevista c) La implantación, con todas sus deficiencias técnicas que esperamos se resuelvan lo más rápidamente posible, del Ingreso Mínimo Vital pueden evitar la exclusión social de 100.100 trabajadoras y trabajadores sevillanos que carecen de todo tipo de protección. d) La posibilidad, de que las Entidades Municipales (Diputación y Ayuntamiento) puedan, si así lo deciden, destinar sus superávits en abordar las consecuencias sociales más urgentes provocadas por crisis sanitaria, permitiría la posibilidad, entre otras en cada ámbito municipal, la creación de Planes Extraordinarios de Empleo que, sirvan para detener la caída del mismo provocada por la COVID-19. En suma, y con todas las deficiencias y problemas que llevan consigo, estas medidas están contribuyendo a evitar que la pandemia sanitaria se convierta en una pandemia Sociolaboral en nuestra Provincia y en el conjunto del Estado. ¿Cómo se está gestionando en el ámbito empresarial y laboral las consecuencias originadas por la pandemia de la COVID-19? ¿Qué sectores son los más afectados y cómo se les podría ayudar? La reacción del mundo del trabajo, en general, ha sido ejemplar en la gestión de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como sociolaboral. No solo en los servicios esenciales, reconocida por el conjunto social, sino en la responsabilidad mostrada tanto en el confinamiento como en el proceso de desescalada. En cuanto a la gestión sindical de la pandemia por parte de CCOO de Sevilla, se abordó igualmente desde la doble perspectiva: Sanitaria y Sociolaboral. Desde la primera perspectiva, nuestra principal preocupación fue la de proteger la salud de los trabajadores y de las trabajadoras y hay que decir que las distintas ramas del Sindicato –Industria, Servicios, Construcción, Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía- arbitraron sistema de atención telefónica y telemática con nuestros delegados y delegadas y con la afiliación para informarles de los protocolos asequibles para trabajar con seguridad. Desde el punto de vista sociolaboral, nuestro trabajo se ha centrado en conseguir que la protección por los ERTEs, evitara que los ERES extintivos incrementaran la sangría del paro que amenazaba a miles de trabajadoras y trabajadores sevillanos. Por otro lado, una vez superado el confinamiento de la primera fase del Estado de Alarma, la atención se centró en procurar que la paulatina recuperación de la actividad laboral en las distintas fases de la desescalada se hiciera con las mayores garantías de protección de la salud. Quiero reseñar aquí el esfuerzo realizado por nuestros sindicalistas y por los representantes de CCOO en las Empresas que han contribuido a que, tanto el periodo más duro del confinamiento como la incorporación a la actividad laboral,

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se hayan producido con las mayores condiciones posibles de normalidad. Esta apuesta por salir juntos de la crisis provocada por la pandemia ha cristalizado en el Acuerdo que el pasado 15 de Julio firmamos CCOO, UGT y la CES donde acordamos un decálogo de medidas tendientes a minimizar los estragos que la crisis económica y social había producido en el ámbito empresarial y laboral. ¿Qué medida ha echado en falta para salvaguardar lo máximo posible el entramado empresarial y laboral? ¿Hubieran seguido la línea del Gobierno o hubieran actuado en otra línea?

Es evidente que las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación, consensuadas y negociadas con las Organizaciones Sindicales y Empresariales en su mayoría, han evitado la caída de miles de empresas y de millones de puestos de trabajo en nuestro país Las medidas tomadas para salvar la actividad empresarial y el empleo siempre nos parecerán insuficientes, pero reconozco que son adecuadas para los momentos actuales. Creo que la máxima “que nadie se quede atrás” ha guiado estas políticas y, por lo tanto, las considero adecuadas para abordar esta situación. En este sentido sólo poner de manifiesto la necesidad de ampliar los ERTEs en los sectores más afectados y que IMV destinado a proteger a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de todo tipo de protección, acelere su implantación y que sirva realmente de protección para los que carecen de ella. Deberemos seguir conviviendo con el virus. De este modo, ante la segunda oleada, ¿Qué previsiones habría que tener y como cree que afectaría volver a un nuevo estado de alarma? De hecho, creo que los acontecimientos se han precipitado y con las cifras de contagio de la primera semana de septiembre podemos pensar en que ya estamos de lleno en esta segunda oleada.

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Entrevista Por tanto, las acciones que se están llevando a cabo son de nuevo más de carácter reactivo que proactivo y de prevención. Las distintas CC.AA. intentan en sus ámbitos contener la epidemia y evitar la congestión sanitaria y la saturación de los hospitales. Ahora todas las medidas que se tomen deben estar encaminadas a: • Mantener la disponibilidad hospitalaria, sobre todo las U.C.I.s • Impedir que el virus se adueñe de nuevo de las Residencias de Mayores por el alto riesgo de movilidad en este grupo de edad. • Mantener e incrementar el control sobre los focos de riesgo (mascarilla, distancia social, reuniones y ocio de riesgo) • Conseguir un comienzo del curso escolar seguro poniendo énfasis en la reducción de la ratio alumnos/aula.

El conocimiento de que la crisis sanitaria no puede caer sobre los más débiles. En este sentido el IMV debe ser el inicio de un sistema de protección generalizada que evite el aumento de la brecha social Si el volver a un estado de alarma equivale a la vuelta al confinamiento vivido por la sociedad la pasada primavera, supondría un golpe casi irreversible para la economía española, suficientemente dañada ya. Y no solo para la economía sino para el futuro de nuestro conjunto social. Esperemos no llegar a ese temido nuevo confinamiento. Con los acuerdos que se han tomado en Europa, ¿Cómo lo utilizarían para el relanzamiento de la economía y la actividad empresarial/laboral? ¿Modificarían el tejido productivo, encaminándolo a las energías renovables y la I+D+I como salida de futuro y de creación de mano de obra? Creo que la situación generada por la Pandemia ha puesto sobre la mesa las deficiencias de un modelo de crecimiento de nuestro país basado en unos pilares muy poco sólidos. Hemos crecido mal. España ha abandonado la apuesta por un sector industrial fuerte y se ha convertido en un país de servicios dejando todo en manos de la potencialidad del sector turístico.

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Año tras año, el Sindicato ha venido alertando de la debilidad de un sector que, en el momento actual ha sido el primero en caer y será el último en recuperarse. También en nuestra provincia y los datos lo demuestran. El 70% del paro provincial se encuentra en el Sector Servicios, y más concretamente en el Sector Turístico. Por eso, además de las medidas coyunturales que se están tomando para que “nadie se queda atrás” por parte de las Administraciones Públicas, es necesario, en cada ámbito concreto pararnos a pensar en cómo cambiamos nuestro modelo productivo para que genere mayor valor añadido, sea más sostenible y genere un empleo de mayor calidad. Y eso se consigue, sin abandonar el sector turístico, con un diseño industrial fuerte y diversificado que, en nuestra provincia, pasaría por proteger a la industria aeronáutica y la automoción y el desarrollo de la agroindustria sevillana que complete el ciclo productivo evitando que las fases que generan mayor valor añadido se realicen fuera de la provincia. ¿Qué ha venido para quedarse en el mundo del trabajo de todo lo que se ha implementado o potenciado durante esta crisis? Resumiría en 4 elementos que se han puesto sobre la mesa: a) La importancia de lo Público. Más allá de los planteamientos ideológicos, los servicios públicos son los únicos que pueden garantizar que el conjunto del país pueda afrontar y salir de esta u otras crisis globales.

Los 4 pilares del Estado del Bienestar: Educación, Sanidad, Pensiones y atención a las Personas Dependientes son imprescindibles, y deben crecer para garantizar el principio de igualdad entre las españolas y los españoles. Por eso, es necesario un sistema fiscal que lo garantice bajo el principio de progresividad y justicia social.

b) Nuevas formas del trabajo: El teletrabajo ha venido para quedarse y requiere un consenso entre empresarios y trabajadores que nos lleve a la regulación legal del mismo que evite la individualización de las relaciones laborales y que haga efectiva la desconexión digital durante la jornada laboral. c) El conocimiento de que la crisis sanitaria no puede caer sobre los más débiles. En este sentido el IMV debe ser el inicio de un sistema de protección generalizada que evite el aumento de la brecha social. d) La necesidad de un nuevo modelo productivo basado en la diversificación, la fortaleza de los sectores industriales, el aumento del tamaño de nuestras empresas y la apuesta inevitable por la sostenibilidad y la lucha frente al cambio climático.

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Entrevista

“Por primera vez no han sido prioritarios los bancos ni las grandes cuentas, han sido prioritarias las personas y eso es justo reconocerlo así” En Sevilla hemos tenido casi 120.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE, el número ha descendido, pero es necesario que continúen en ERTE hasta que la economía se reactive para evitar que esos trabajadores no terminen en el desempleo, algo que tenemos que evitar a toda costa en una ciudad y provincia como Sevilla con un alto índice de paro. En lo que se refiere al resto de medidas adoptadas por el Gobierno, por citar algunas de las más importantes, la limitación de los despidos nos ha parecido una medida acertada; la medida reclamada de manera continuada por UGT como es el subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar, ayudas directas para el alquiler, prestaciones extraordinarias para los autónomos, entre otras, nos han parecido muy positivas y han ayudado a millones de personas en nuestro país en una situación bastante complicada y además han mantenido en hibernación la economía.

Juan Bautista Ginés Viera

Secretario General de UGT Sevilla ¿Cómo valoraría los ERTES y restos de medias adoptadas durante el estado de alarma y el periodo de desescalada? La valoración que hacemos desde UGT es muy positiva. Estamos ante un paquete de medidas que tiene un extraordinario valor porque nos han permitido conservar los empleos, que no se hayan producido despidos y poder llevar adelante el proceso de suspensiones temporales de empleo para que cuando se acabe la crisis sanitaria, se recuperen los puestos de trabajo y la economía pueda volver a funcionar. Estamos hablando de una medida que afectaba a más de tres millones de personas. Sabemos que el desembolso económico ha sido muy importante, pero se trata tal como dijo el presidente del Gobierno de pensar en las personas, en las empresas y en la economía, por este orden; en definitiva, desde UGT entendemos que los ERTE han demostrado ser "un mecanismo útil que ha servido para salvar 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores" y por eso decía al principio que desde UGT lo valoramos de manera muy positiva.

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La valoración que hacemos desde UGT es muy positiva. Estamos ante un paquete de medidas que tiene un extraordinario valor porque nos han permitido conservar los empleos Desde UGT pedimos una renta mínima urgente, lo veníamos pidiendo desde hace más de dos años y finalmente se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, un ingreso fundamental para miles de personas que no tenían trabajo antes de la pandemia, que lo han perdido, que son fijos discontinuos, que la situación no les permite buscar trabajo, además de los desempleados de larga duración, este ingreso es imprescindible para miles de personas y sin embargo, tal como advertimos al Gobierno, podía no ser efectivo y tardar en llegar a los que realmente lo necesitan…y entonces perderían su eficacia ya que estamos hablando de personas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas, tal como advertimos desde UGT sería difícil poner en marcha y a día de hoy, no se está cobrando de manera efectiva tal como anunciamos que pasaría.

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Entrevista ¿Cómo se está gestionando en el ámbito empresarial y laboral las consecuencias originadas por la pandemia de la COVID-19? ¿Qué sectores son los más afectados y cómo se les podría ayudar? En lo que a la gestión de las medidas se refiere en el ámbito laboral, algunas medidas como los ERTES se han gestionado de manera poco efectiva, a pesar del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del SEPE, muchas personas trabajadoras no han cobrado a día de hoy, en UGT pusimos un servicio a disposición de los trabajadores que aún no habían cobrado y y reclamamos al ministerio, en tan solo 24 horas se recibieron más de 5.000 mensajes, en los dos números wasap habilitados por el sindicato, para ayudar a reclamar el cobro de los ERTE pendientes, tramitamos más de 21.000 solicitudes, 20.000 de ellas se resolvieron, en las restantes había algún tipo de error en los datos, algo que nos parece increíble que si son las empresas quienes han aportado los datos de las personas que han ido a ERTES y han enviado estos datos con errores, las consecuencias las pague la parte más débil. En lo que se refiere al IMV, lo mismo, los trámites se eternizan y las personas tienen que comer y no vale decir que se hará con carácter retroactivo porque las personas no comemos con carácter retroactivo, en definitiva, entendemos que todo ha venido encima de golpe y cuesta recomponerlo todo, pero si se han adoptado medidas tan importantes poniendo a las personas por delante de todo por primera vez y ha sido gracias a un Gobierno progresista, tiene que completarse el ciclo. En cuanto a los sectores más afectados, son los que viven gracias al turismo: Hostelería, hotelería, agencias de viajes, parques de atracciones, etc.…la construcción, entre otras…la forma de ayudar a estos sectores y a los demás es cambiando el modelo productivo por un modelo más centrado en la Industria, I+D+I, más verde y sostenible y por supuesto con más inversión en lo público para que de producirse otra crisis como la actual, podamos poner soluciones. ¿Qué medida ha echado en falta para salvaguardar lo máximo posible el entramado empresarial y laboral? ¿Hubieran seguido la línea del Gobierno o hubieran actuado en otra línea? En general el Gobierno ha puesto en marcha medidas de corte bastante social y en ese sentido nos sentimos satisfechos, por primera vez no han sido prioritarios los bancos ni las grandes cuentas, han sido prioritarias las personas y eso es justo reconocerlo así. La mayoría de las medidas nos han parecido acertadas, aunque como he comentado anteriormente, algunas se están demorando en su cumplimiento y otras como he comentado tendría que haberse hecho de otra forma para no perderse en la burocracia. ¿Qué consideramos imprescindible? La prórroga de los ERTES sin que los trabajadores tengan que aportar sus cotizaciones por desempleo, los trabajadores en ERTE tienen que continuar cobrando lo que cobran ahora, el 70% de la prestación, porque otra situación no sería aceptable, ni para los trabajadores ni para la economía. La media de lo que

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perciben está por debajo de los mil euros, y es imposible que se pueda subsistir con eso Es necesario atender la situación de "los fijos discontinuos, que cuando salgan del ERTE no tendrán desempleo" y "las personas con contrato temporal" que también padecen la reducción de sus prestaciones. Deberemos seguir conviviendo con el virus. De este modo, ante la segunda oleada, ¿qué previsiones habría que tener y como cree que afectaría volver a un nuevo estado de alarma? No sería deseable ese estado de alarma, sería un auténtico desastre y en ese sentido debemos trabajar todos con responsabilidad, de producirse deberíamos tener preparados a nuestro personal sanitario, no se trata de aplaudirles y después despedirles, se trata de estar preparados y para ello es fundamental invertir en sanidad, en educación, en tecnología, etc.…Ahora bien, de producirse esta segunda ola que ya parece que nos ha cogido en algunos territorios, no hay elección entre economía y pandemia porque si la pandemia se extiende, la economía se hunde y ha considerado prioritario luchar contra la pandemia y prorrogar los ERTE. Con los acuerdos que se han tomado en Europa, ¿cómo lo utilizarían para el relanzamiento de la economía y la actividad empresarial/laboral? ¿Modificarían el tejido productivo, encaminándolo a las energías renovables y la I+D+I como salida de futuro y de creación de mano de obra? Como he apuntado antes desde UGT apostamos por un cambio de modelo productivo que apueste decididamente por lo público, que apueste por un modelo industrial como base de un empleo de calidad, que apueste por más I+D+I, que apueste por las energías sostenibles, entre otras medidas; desde UGT entendemos que este cambio de modelo es necesario y es una apuesta clara de futuro. ¿Qué ha venido para quedarse en el mundo del trabajo de todo lo que se ha implementado o potenciado durante esta crisis? Fundamentalmente el teletrabajo, estamos casi seguros que ha venido para quedarse y por eso entendíamos desde UGT que era necesario regularlo para que no sea lo que ha estado siendo durante la pandemia, una gran ventaja para el empresario y una esclavitud para el trabajador que además de no poder desconectar, de no poder conciliar, se hace cargo de todos los gastos. La ley de regulación del teletrabajo recién aprobada, a pesar de no ser todo lo que hemos pedido desde UGT, nos parece positiva; tiene aspectos regulados muy importantes como el tema presencial, la voluntariedad, la salud laboral, la desconexión digital y abono y compensación de los gastos entre otras.

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Artículo

Santiago González Ortega

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El impacto de la COVID-19 en el Sistema de la Seguridad Social

1. Un fenómeno colectivo tan inesperado y grave como la aparición y la vertiginosa expansión de la COVID-19, unido a la carencia de medicamentos eficaces para hacerle frente, ha generado, como de todos es sabido y sufrido, una situación de emergencia que, además de constituir el fundamento de un estado de alarma sanitario que se ha prolongado durante meses, ha sido, y aun es, la justificación de un verdadero torrente de medidas excepcionales que han afectado a todas las dimensiones de la vida social. Entre esas medidas han sido muchas las que se han adoptado relacionadas con la Seguridad Social o con repercusión más o menos directa sobre la misma, como puede fácilmente comprobarse leyendo los numerosos Reales Decretos Leyes aprobados a partir del 15 de marzo de 2020. Este hecho no debe extrañar. En efecto, el terrible impacto de la COVID-19 sobre la normalidad productiva y sobre el habitual desempeño profesional, sea como asalariado o autónomo y, en general, sobre la capacidad de generar ingresos suficientes debido al descenso del volumen de negocio de las empresas, al recorte, la suspensión o la liquidación de las actividades productivas y al crecimiento exponencial del desempleo, ha provocado un incremento de las demandas de protección de naturaleza económica dirigidas, como no podía ser de otra forma, a la institución pública creada para hacer frente a esas situaciones y que no es otra que el Sistema de Seguridad Social. Estas demandas proceden de diversos colectivos. De una parte, de los trabajadores asalariados que ven suspendidos o extinguidos sus contratos o ven frustradas sus expectativas de obtener un empleo debido a la crítica situación económica, perdiendo su fuente habitual de ingresos o encontrando muchas dificultades para constituirla; una exigencia que pone en tensión todos

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los mecanismos de protección social establecidos para hacer frente al desempleo. De otra parte, de los trabajadores autónomos que, o bien se han visto obligados a dar por finalizada su actividad, o a mantenerla a duras penas soportando cargas sociales que no pueden afrontar. Lo que genera reclamaciones de una tutela en relación con dicho cese, incidiendo también en los mecanismos de protección organizados por la Seguridad Social para hacer frente, de forma paralela al desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, a la pérdida de los ingresos de los trabajadores autónomos como consecuencia del cierre del negocio. Y, al mismo tiempo, justificando solicitudes de exoneraciones, bonificaciones o reducciones de las cuotas sociales para poder mantener su actividad, lo que afecta directamente a los ingresos del Sistema de Seguridad Social. Una reclamación esta última que también procede de los medios empresariales en relación con un aligeramiento de tales costes sociales debido a la grave situación económica por la que atraviesan muchas empresas. Lo que implica la exoneración de cotización como sucede en el caso de los expedientes temporales de reducción de empleo, o medidas de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de las cuotas debido a la concurrencia del supuesto típico previsto en las normas generales de recaudación como es la existencia de dificultades económicas. Todo ello, como se ha dicho, con repercusión directa sobre los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales que se ven frenados o reducidos precisamente en una circunstancia en la que la demanda social de protección, y el gasto subsiguiente, se ha incrementado de manera extraordinaria. No acaba aquí la presión sobre el Sistema de Seguridad Social provocada por la crisis sanitaria ya que la obligación del confinamiento, sea general como ha sucedido

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Artículo durante el estado de alarma, sea puntual pero múltiple, como sucede en el momento actual, ha obligado, por ejemplo, a forzar las costuras de la protección frente a la incapacidad temporal. Por un lado, reinterpretando el propio concepto de enfermedad del trabajo, tratada como accidente de trabajo y de forma más favorable que si se tratara de una enfermedad común, en relación con las personas que, infectadas por el virus, se ven imposibilitadas de asistir al trabajo, no solamente por motivo de su enfermedad sino también para evitar la difusión del contagio, aunque su estado de salud no esté afectado de forma significativa. Por no hablar de quienes se ven obligados a respetar un periodo de confinamiento debido exclusivamente al hecho de haber estado en contacto con un enfermo del virus y mientras no se confirme mediante los correspondientes test médicos si, a su vez, ha sido o no contagiado. Ese forzamiento de la contingencia de la incapacidad temporal también se ha producido al extender la protección hacia las situaciones en las que los afectados por el virus, o por el mero confinamiento, son los menores a cargo en edad de escolarización obligatoria cuya imposibilidad de asistir a las aulas, sea por enfermedad, sea para evitar la difusión del virus, genera una necesidad de guarda en el domicilio que solo puede ser desarrollada normalmente por sus propios padres o familiares cercanos que, por esta razón, se ven imposibilitados de acudir al trabajo y para los que la alternativa del desempeño virtual no siempre está abierta. De manera que una prestación como la incapacidad temporal, justificada por la imposibilidad física de desempeño del trabajo, se usa, obviamente de manera forzada, como cobertura de otro tipo de imposibilidad de asistencia al trabajo provocada por la enfermedad o el respeto del periodo de confinamiento obligatorio de un menor a cargo.

Como puede apreciarse, todo este conjunto de demandas afecta de manera directa a la Seguridad Social en sus distintas dimensiones y ha sido el fundamento de un abanico de medidas de diversa finalidad y naturaleza. No es este, sin embargo, el lugar para analizar con detalle esas medidas, aunque sí pueden hacerse algunas observaciones generales al respecto. 2. En primer lugar, es evidente que la pandemia ha revalorizado el papel de la Seguridad Social convirtiéndola, como a la Sanidad pública, en uno de los pilares indispensables del Estado Social y en una seña de identidad del mismo. Sin duda alguna, sin una Seguridad Social pública, eficientemente organizada y apoyada sin desmayo por los poderes públicos, el impacto social de la emergencia sanitaria habría sido no solamente grave sino sencillamente catastrófico. Ejemplos hay en países de tradición liberal en los que también, aunque de forma excepcional y mediante medidas de urgencia, se han habilitado formas e instrumentos públicos de ayuda y sostén económico que, negando el postulado de la responsabilidad individual, han asumido que solamente con instrumentos públicos potentes, desarrollados y bien gestionados es posible hacer frente a emergencias de la naturaleza de la que el mundo está soportando.

Seguridad Social

Finalmente, las demandas a la Seguridad Social también proceden del conjunto de la ciudadanía, particularmente de las personas o unidades familiares sin trabajo o ingresos y carentes igualmente de cualquier forma de protección social, que reclaman de la Seguridad Social una mínima garantía de recursos para la subsistencia. Un colectivo que ha incrementado extraordinariamente sus filas como consecuencia de la crisis económica, la destrucción del empleo y la carencia o agotamiento de las prestaciones profesionales o contributivas, esencialmente de desempleo.

Lo anterior no hace sino poner de manifiesto una de las funciones para las que la Seguridad Social ha sido creada como es la de ser un instrumento de amortiguación de las crisis sociales, evitando que éstas deriven en una tensión y en una conflictividad social insoportables que, poniendo de manifiesto y acentuando desigualdades sociales lacerantes, pongan en peligro la paz social y la propia estabilidad del sistema político. La Seguridad Social, al proporcionar recursos a los que carecen de ellos, al ayudar a quienes encuentran dificultades económicas insuperables, al atender, en fin, a quienes se encuentran en situaciones de necesidad a las que no pueden hacer frente con sus propias fuerzas debido a la anormalidad de la situación económica, refuerza, apoyándose en un mensaje de solidaridad colectiva, el consenso y la cohesión social, atenúa la conflictividad y ayuda a adoptar las medidas necesarias para la defensa y la posterior reconstrucción del tejido social y productivo. Por otra parte, la Seguridad Social, otorgando prestaciones de carácter económico que, incluso, exceden de las habituales en tiempos ordinarios, no solamente cumple


Artículo el papel social de proporcionar recursos a quienes carecen o se han visto privados de ellos, desempeñando de la mejor manera posible su función de tutela frente a las situaciones de necesidad, sino que igualmente colabora en el mantenimiento de la actividad económica, al menos en sectores esenciales, al sostener el consumo de las familias que se han visto desposeídas, total o parcialmente, de sus ingresos. Es evidente que sectores productivos basados en la adquisición de productos cotidianos, como el del transporte urbano, el de los suministros básicos de energía y agua, y sobre todo el de la alimentación, difícilmente hubiesen subsistido sin las prestaciones económicas de la Seguridad Social que han garantizado esos consumos. Por no hablar de esos otros sectores que incluso se han visto relanzados como el sanitario, por razones obvias, o el del consumo de productos informáticos o el uso de los medios telemáticos de comunicación personal debido al aislamiento o a las restricciones del contacto físico y a la implantación y desarrollo de otras formas de relación social de tipo virtual en todas las esferas de la vida, particularmente en la educativa o la laboral. 3. En segundo lugar, la crisis derivada de la Covid-19 ha puesto igualmente de manifiesto la capacidad de adaptación de la Seguridad Social a exigencias y cambios excepcionales. Es cierto que la gran dimensión del aparato institucional de la Seguridad Social, su relevancia económica, el enorme volumen de recursos que allega y gasta, su impacto en los costes empresariales y en el mercado de trabajo, su dimensión política, su repercusión en generaciones posteriores como sucede con las reformas en materia de jubilación, su trascendencia en relación con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el caso de las prestaciones que pueden adscribirse al ámbito de la conciliación de la vida personal y laboral, así como su complejidad financiera y técnica, hacen que las medidas de cambio de la Seguridad Social requieran, para ser adecuadas y prudentes, un proceso largo de reflexión y de debate. Pero ello no ha impedido a la Seguridad Social reaccionar con flexibilidad a los requerimientos derivados de la emergencia sanitaria adaptando con agilidad y rapidez sus prestaciones a la peculiaridad de la situación. Piénsese, por ejemplo, en las medidas excepcionales adoptadas respecto de los expedientes temporales de regulación de empleo, exonerando de cotizaciones a los empresarios implicados, no exigiendo la carencia ordinaria a los trabajadores afectados para poder acceder a la prestación por desempleo y ampliando la aplicación del no consumo por parte de éstos de las cotizaciones por desempleo por el hecho de recibir las prestaciones correspondientes de forma que, de perpetuarse su desempleo, ahora no temporal sino definitivo, tales cotizaciones volverán a tener efecto causando nuevas prestaciones de desempleo. Lo que se llamó, en el contexto de la crisis económica de principios de la década

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que acaba de finalizar, reposición de las cotizaciones por desempleo. Algo semejante puede decirse de la suspensión de prácticamente todos los requisitos y el debilitamiento de los subsistentes respecto de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Una prestación que se ha concedido a quienes no tenían la carencia exigida, una regla considerada esencial en la lógica de las prestaciones contributivas, o ni siquiera estaban al día en el pago de sus cotizaciones, incumplimiento que se ha podido soslayar, sin ser impeditivo del surgimiento del derecho a la prestación, mediante el ya clásico mecanismo de la invitación al pago. Y que, además, se ha concedido no solamente cuando el negocio se cierra o la actividad profesional deja de realizarse sino también cuando la disminución del volumen de actividad respecto del semestre equivalente del año anterior es igual o superior al 75 por 100, no siendo necesario causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para acceder a la prestación.

La crisis derivada de la Covid-19 ha puesto igualmente de manifiesto la capacidad de adaptación de la Seguridad Social a exigencias y cambios excepcionales Otra manifestación de la ductilidad del Sistema de Seguridad Social ha sido la creación de un subsidio excepcional de desempleo por fin de contrato si el afectado no tiene acceso a la prestación por desempleo y carece de rentas; la reforma de los requisitos y condiciones de acceso al desempleo en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, de los trabajadores eventuales agrarios, o de los socios trabajadores de cooperativas. O la previsión de una tutela novedosa en esta materia en relación con los artistas y trabajadores del sector de los espectáculos públicos o con las personas empleadas al servicio del hogar familiar a quienes se le ha reconocido el derecho a una prestación excepcional de desempleo, con muy flexibles reglas de compatibilidad con el trabajo. A lo que hay que añadir adaptaciones del propio concepto de situación legal de desempleo con la finalidad de favorecer el acceso al mismo, como sucede con la extinción del contrato durante el periodo de prueba. Junto a lo anterior también pueden citarse, con la misma característica de una respuesta flexible a los urgentes requerimientos de protección social, las correcciones

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Artículo del concepto de accidente de trabajo para lograr que las variadas bajas en el trabajo relacionadas con la Covid-19, ya sea por sufrir la propia enfermedad, por estar obligado al confinamiento o por requerir el cuidado domiciliario la enfermedad o el confinamiento de los hijos a cargo, reciban esa calificación laboral y los implicados puedan por ello acceder más fácilmente a las prestaciones correspondientes, incluso previendo el impacto de la enfermedad en años posteriores y considerando la incapacidad o el fallecimiento como derivados del mismo accidente de trabajo. Cambios que también han afectado a la enfermedad adquirida por el personal sanitario en el desempeño de su actividad laboral que se ha calificado igualmente como riesgo profesional. No pueden faltar en el repertorio de las medidas excepcionales adoptadas toda la amplísima gama de exoneraciones, reducciones y bonificaciones del pago de cuotas que han beneficiado a las empresas implicadas en un expediente de regulación temporal de empleo o en relación con los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico o con los asalariados del sector agrario, abarcando igualmente a los trabajadores autónomos de muy diverso tipo. Medidas a las que, también en el plano financiero, hay que sumar todas las previsiones en cuanto a moratorias y aplazamientos del pago de las cotizaciones respecto de los meses iniciales de la situación de emergencia y que se han ampliado posteriormente a un plazo más amplio. 4. En tercer lugar, y con una perspectiva de futuro, el impacto de la Covid-19 sobre la Seguridad Social fuerza una reflexión acerca de cuáles son las situaciones de necesidad a las que debe dar cobertura y cómo debe hacerse desde el Sistema público. Y no se trata solamente de la jubilación, en relación con la cual se ha vuelto a suscitar el viejo debate entre fomento de la jubilación anticipada como instrumento de política de empleo que favorezca la contratación de desempleados jóvenes en los que la tasa de desocupación, siendo alta en la última década, se ha incrementado a consecuencia de la pandemia. Con independencia de lo anterior, lo que sin duda se suscita es la necesidad de que la Seguridad Social adapte sus prestaciones a la indiscutible necesidad social, que no es solo consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, de tutelar las situaciones en las que se produce un conflicto entre trabajo y vida familiar. Esto es, lo que se refiere a la relación entre protección social pública y conciliación de la vida personal y familiar que es una dimensión que el Sistema de Seguridad Social español ha descuidado, como pone de manifiesto la escualidez y pobreza de las prestaciones familiares, ahora incluso más evidente debido al desmantelamiento, como consecuencia de la aprobación del ingreso mínimo vital, de la prestación ordinaria por hijo menor a cargo no discapacitado.

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La afirmación anterior se hace indiscutible si se tiene presente que, dejando al margen las indemnizaciones a tanto alzado por nacimiento de hijo, reservadas para supuestos especiales como partos múltiples, hogares monoparentales, familias numerosas o madres discapacitadas, tales prestaciones familiares se limitan hoy a las previstas en el caso de hijos discapacitados; y, ni siquiera respecto de éstos cubriendo la totalidad de las alternativas ya que, por ejemplo, la asignación por hijo a cargo discapacitado solo se prevé con carácter general si se trata de menores de edad; pero, si mayores, se reserva a los discapacitados de mayor grado o nivel, es decir, siempre igual o superior al 65 por 100. Un panorama particularmente pobre sobre el que ha planeado, sin afectarle, el cambio de las políticas natalistas que han alimentado a estas prestaciones familiares por las orientadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y personal salvo, si acaso, respecto de la muy limitada prestación económica por cuidado de hijo afectado de cáncer o enfermedad grave o, aquí sí con más intensidad, las reformas adoptadas en los últimos años en relación con las prestaciones de maternidad y paternidad, ahora llamadas por nacimiento de hijo y por corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Pero que ignoran, salvo en lo que se refiere al limitado reconocimiento del tiempo de cuidado del menor como cotizado a efectos de futuras prestaciones, la realidad de un tipo de trabajo cada vez más flexible en beneficio de la empresa en cuanto a su duración y, sobre todo, respecto de la distribución del tiempo de trabajo. Ignorante, por tanto, de las necesidades familiares de los trabajadores que, si alguno de los progenitores quiere o necesita dedicarse al cuidado del hijo menor, le obligan a renunciar total o parcialmente a su salario sin que haya ninguna prestación económica alternativa de la Seguridad Social para afrontar la pérdida o reducción de los ingresos que muchas de las personas trabajadoras no pueden soportar. Se trata de una necesidad social que la emergencia sanitaria ha colocado en primer plano, exigiendo de la Seguridad Social respuestas que, con una más amplia perspectiva temporal, vayan más allá de las excepcionales adoptadas con motivo de la Covid-19. Como también sucede con la propia calificación de las contingencias como profesionales o comunes que ha obligado a forzar el concepto de accidente de trabajo para dar una mejor y más accesible protección a los afectados, directa o indirectamente, por la Covid-19 pero que lo que pone de manifiesto es la propia discutible pervivencia de la distinción misma y el posible rescate del principio de consideración conjunta de las contingencias, en su momento reclamado, y nunca realizado, por la Ley de Bases de la Seguridad Social. En definitiva, la gran tarea de reconstrucción de un sistema público en el que la diferencia de tratamiento entre riesgos profesionales y comunes, más allá de lo que re-

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Artículo clama la propia peculiaridad de la contingencia, como puede suceder con las enfermedades profesionales, se someta a una reflexión profunda que tenga como finalidad eliminar la excepción y el privilegio, real en muchos sentidos, de la protección de los riesgos profesionales. Una protección que aún está anclada en un concepto de Seguridad Social deudor, en esta materia, de viejos principios aseguradores privados conectados a la responsabilidad objetiva empresarial frente a las secuelas del accidente de trabajo. Una pervivencia cada vez más incompatible con una Seguridad Social moderna en la que la tutela económica de las secuelas de un accidente, sea o no de trabajo, corresponde a la Seguridad Social, financiándose y gestionándose conforme a criterios públicos; dejando a la actividad sancionadora y a la responsabilidad civil la tarea de reprimir los comportamientos empresariales vulneradores tanto de las obligaciones de encuadramiento y cotización de las empresas como de las normas preventivas, así como determinar el alcance de esa responsabilidad, con la incisividad incluso que se atribuye a las indemnizaciones punitivas por daños, desconocidas en el panorama jurídico español salvo, si caso, por lo que se refiere al recargo de prestaciones. 5. En cuarto lugar, y en conexión con lo anterior, sin duda que es indispensable, siendo una exigencia previa a la pandemia pero que ésta ha hecho absolutamente actual e inevitable, reflexionar sobre la inserción y el estatus del trabajador autónomo dentro de la Seguridad Social. No son nuevas desde luego las reclamaciones de los trabajadores independientes solicitando de la Seguridad Social, sea una cobertura frente a los nuevos riesgos, como una mejora de las prestaciones que reciben del Sistema. Todo ello acompañado de una constante queja acerca de la excesiva carga que para ellos suponen las cotizaciones sociales. Aunque sea una reclamación que ignore un principio que rige rigurosamente en el ámbito de las prestaciones contributivas respecto de los trabajadores asalariados como es que la calidad de la tutela prestacional está relacionada, cuando no es proporción directa, con las contribuciones financieras previas al sistema de protección social, siendo peor mientras de menor duración y cuantía sean esas aportaciones. Lo anterior es algo que ha sido posible durante largo tiempo debido a dos elementos que han confluido en la protección social de los trabajadores autónomos: la voluntariedad de la tutela y la libertad de elección de la base por la que se cotiza. Suprimida recientemente la primera al hacerse obligatoria la cobertura frente a los riesgos profesionales, a la incapacidad temporal y al cese de actividad, subsiste anómalamente aún la libertad de elección de la base de cotización que no necesariamente refleja los ingresos reales del autónomo.

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Y valga la afirmación de esta discrepancia tanto cuando, obteniendo efectivamente muchos más ingresos, los trabajadores autónomos pueden elegir la base mínima, pudiendo derivar esos recursos, si así lo estiman conveniente, a otros consumos o a la suscripción de algunas de las fórmulas privadas de previsión social, algo que no le es posible a los trabajadores asalariados; como cuando los trabajadores autónomos con ingresos irregulares, inestables y de escasa cuantía, se ven forzados a cotizar por una base superior, aunque se trate de la base mínima. Sin duda que la puesta en práctica del principio de cotización sobre la base de los ingresos reales, lo que permitiría incluso hacer realidad la exigencia de cotización cero cuando los ingresos no existen, es un paso inevitable en esta reconstrucción del lugar de los trabajadores autónomos dentro del Sistema de Seguridad Social en lo que se refiere a las prestaciones profesionales o contributivas. Pero se trata de una tarea de mucho mayor envergadura. Es indudable que aún es válida la afirmación, propia de los primeros movimientos de expansión de los sistemas de Seguridad Social más allá de su ámbito inicial restringido a los trabajadores asalariados, de que la incorporación de los trabajadores independientes, siendo deseable desde la perspectiva de la universalidad, la dispersión del coste y el consenso social, supone igualmente la exigencia de un trato específico que proporcione a esos autónomos un lugar aceptable dentro del Sistema de Seguridad Social. Pero ese trato específico no puede significar ni uno de privilegio respecto de los asalariados, ni uno que implique la desnaturalización de los fundamentos y de las funciones propias de un sistema de protección de tipo contributivo. Así, por ejemplo, la constantes y reiteradas demandas de parte de los autónomos de exoneraciones, reducciones o bonificaciones de las cuotas, sin soportar el coste que ello implica en términos de carencia o de cuantía de las prestaciones, ataca las bases del equilibrio financiero del Sistema y afecta incluso a la propia igualdad de trato y a la justicia redistributiva como objetivo de los instrumentos públicos de protección social. Si en los niveles profesionales de tales sistemas rige el lema, salvo casos de necesidad económica real donde queda parcialmente desplazado por la idea de solidaridad, de tanto recibes cuanto aportas, el ajuste de las cotizaciones de los autónomos en términos de reducción o de eliminación de las mismas ha de tener su reflejo en la calidad y cuantía de las prestaciones que se reciben. Pudiendo ser una forma de abordar esta cuestión rescatar la promesa de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo en cuanto a la creación, también a efectos de la Seguridad Social, de la figura del autónomo a tiempo parcial. Pero tanto una cosa como la otra, la cotización por una base que refleje la realidad de los ingresos y la posibili-

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Artículo dad del autónomo a tiempo parcial, exigen mecanismos de control, muy conectados con los fiscales, que eviten la evasión de las cotizaciones como impuestos especiales, así como la simulación de un trabajo autónomo a tiempo parcial con la sola finalidad de rebajar las cotizaciones debidas. Una tentación que es más poderosa si se vuelca sobre el autónomo a tiempo parcial la regulación protectora en materia del trabajo asalariado a tiempo parcial con la justificación de que la mayoría del trabajo autónomo a tiempo parcial está igualmente caracterizado por su naturaleza femenina. En todo caso, lo que la Seguridad Social no puede ser, como así lo están reclamando, por ejemplo, los trabajadores autónomos del sector turístico, un sistema de garantía de ingresos, tratándose como es de una actividad profesional independiente que conlleva ventajas e inconvenientes. Siendo las primeras la posibilidad de ganancias materializadas en el llamado beneficio de empresa, superiores a las de los trabajadores asalariados de similar cualificación y actividad; y caracterizándose los segundos por la actualización del riesgo de empresa debido al fracaso de la iniciativa empresarial emprendida. En esta reflexión general referida al estatus del trabajador autónomo dentro de la Seguridad Social parece cada vez más claro que se trata de un colectivo muy heterogéneo que no puede ser tratado de la misma manera en relación con todas las contingencias del sistema ni respecto de las cotizaciones al mismo. Distinciones de este tipo se han ido abriendo paso poco a poco, diferenciando entre autónomos con trabajadores a su servicio, autónomos societarios y familiares frente a pequeños autónomos, sin trabajadores asalariados, que desarrollan por sí mismos y de forma exclusiva su actividad y que obtienen por la misma ingresos que no se separan mucho, o incluso son inferiores, del de los trabajadores asalariados comparables. Por no hablar de la familia, a su vez múltiple, de los nuevos trabajadores autónomos vinculados a plataformas digitales o de quienes desarrollan, de manera irregular y puntual, trabajos independientes encargados precisamente a través de esas plataformas. No se trata de recrear, volviendo al pasado, una suerte de regímenes especiales dentro del régimen, que ahora sería general, de los trabajadores autónomos, paralelo al régimen general de la seguridad social dedicado a asalariados, empleados públicos y asimilados. Pero sí de tener en cuenta esas diferencias ampliando el campo de las singularidades más allá de la categoría, que se ha visto relativamente fracasada, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Entendiendo así que la persistencia del Régimen de Autónomos se justifica, como lo acepta el Pacto de Toledo, no solamente por la diferencia frente al trabajo subordinado, sea asalariado o funcionarial, sino también por la variedad de sujetos que pueden acogerse a él y por la necesidad de proceder a una restructuración de todas sus

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dimensiones afectando desde el campo subjetivo a la dinámica de los actos de encuadramiento, a la cotización, a las prestaciones y a las consecuencias respecto del incumplimiento de las obligaciones que les competen frente al Sistema de Seguridad Social. Una relación bilateral en la que la identificación de sujeto obligado y beneficiario favorece la introducción de una lógica reforzada de responsabilidad que mecanismos, como por ejemplo la invitación al pago, niegan parcialmente. 6. No puede ponerse fin a estas reflexiones generales acerca de los cambios que, diferenciando entre transitorios y permanentes, ha introducido o puesto en marcha la Covid-19 dentro de la Seguridad Social sin hacer referencia a la sostenibilidad financiera y al equilibrio del Sistema. Se trata de exigencias, materializadas en normas como la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

o la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social cuyas previsiones, por el momento suspendidas, están recogidas, respectivamente, en los artículos 211 y 58 de la Ley General de Seguridad Social. Se trata de reglas que obedecen a la constante denuncia, muchas veces interesada, en relación con las amenazas que se ciernen sobre los compromisos prestacionales de la Seguridad Social debido al aumento de la esperanza de vida y al incremento constante del coste de las pensiones, que harían imposible que los ingresos debidos a las cotizaciones sean capaces de financiar sin déficit el gasto público en esta materia. No es que se trate de una posibilidad irreal que no requiera una mínima disciplina de gasto y la búsqueda constante de un equilibrio entre ingresos y gastos, pero que no puede abordarse exclusivamente desde el punto de vista de reducir el gasto dificultando el acceso a las prestaciones, endureciendo los requisitos para obtenerlas o rebajando su

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Artículo duración y cuantía. Es decir, operando exclusivamente en el terreno del gasto público. Este ha sido, salvo excepciones, el enfoque habitual de las reformas en materia de Seguridad Social adoptadas desde hace años. Y en esta línea se mueven las exigencias de ampliar de forma general la edad de jubilación, sin atender a las especiales condiciones de trabajo de muchos sectores productivos incompatibles con una cierta edad de los trabajadores; de incrementar los tiempos de cotización necesarios para generar el derecho a las pensiones dificultando el logro de la cuantía máxima; o de extender el tiempo de cálculo de la cuantía de la pensión hasta abarcar la totalidad de la vida profesional con un probado efecto reductor de la cuantía final de la pensión. Y también, por supuesto, la aplicación del índice de revalorización o del factor de sostenibilidad, aprobados sin duda alguna con esa misma finalidad. Un ejemplo de la constancia de ese mensaje son las noticias recurrentes acerca de lo costosas que las pensiones son para la Seguridad Social al afirmar que, frente a una lógica de seguro privado, el Sistema devuelve a los cotizantes en forma de prestaciones el doble de lo aportado, subrayando lo que puede leerse entre líneas como una excesiva generosidad que justifica igualmente el recorte. La Covid-19 ha venido a trastocar, o al menos desplazar, estas consideraciones. Exigida por la emergencia social, la Seguridad Social, justamente en unos tiempos en los que sus ingresos se han debilitado de manera extraordinaria por la suspensión y la reducción de la actividad económica con su secuela de destrucción de puestos de trabajo, de suspensiones de larga duración de los contratos, de extinciones masivas de los mismos, de cese de actividad de los trabajadores autónomos y, en definitiva, de reducción del número de afiliados y cotizantes, está abocada a gastos extraordinarios que ninguna previsión de estabilidad o equilibrio financiero hacía presumibles. Frente a ello, ni la ciudadanía ha dudado en reclamar, sin atender a su coste, a la Seguridad Social estas prestaciones extraordinarias o en condiciones especiales; ni tampoco los poderes públicos responsables en proporcionarlas, aun a costa de desbocar el presupuesto de la Seguridad Social y extraer de los Presupuestos Generales del Estado, pese a que prorrogados por dos anualidades, aportaciones en forma de financiaciones complementarias o préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente a esos gastos excepcionales. Este hecho indiscutible tiene una virtualidad y una trascendencia que excede de la excepcionalidad. Porque pone de manifiesto que el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social depende finalmente de la trascendental decisión política de asignación de recursos

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que tiene lugar mediante la aprobación anual de los correspondientes Presupuestos Generales del Estado. De manera que habrá equilibrio si, valoradas correctamente las necesidades de gasto del Sistema en función de los compromisos de protección que se haya decidido asumir, muchos de los cuales por cierto vienen constitucionalmente impuestos, se dota a la Seguridad Social de los fondos necesarios para afrontarlas. Aunque los necesarios excedan de los ingresos derivados de las cotizaciones, porque ya para ello el art. 109.2, segundo párrafo de la Ley General de Seguridad Social establece que las prestaciones contributivas se financiarán básicamente con cargo a las cotizaciones. Lo anterior no significa que la financiación de las prestaciones contributivas no deba tener un referente que funcione como límite, impuesto por la precaución y la mejor garantía de estabilidad del propio Sistema, consistente en el volumen de cotizaciones o ingresos anuales, pero sin que funcione de forma rígida, convirtiendo en todo gasto que exceda tales ingresos sea siempre inapropiado. Algo que ya se hace, aunque se haya acudido al pretexto de considerarlas como prestaciones no contributivas, con los complementos a mínimos que se financian con cargo a los Presupuestos Generales pese a que sea discutible esa naturaleza al complementar prestaciones contributivas y al unir su concesión a la existencia de éstas. Y que también ha sucedido con el ingreso mínimo vital, sin duda asistencial y no contributivo, respecto del cual puede discutirse su oportunidad, pero del que no se ha discutido el volumen de gastos que implica y que comprometen igualmente una importante cuantía del presupuesto público. 7. Como conclusión, puede decirse que la Covid-19, al forzar los mecanismos de protección pública, no solamente ha revalorizado el papel de la Seguridad Social sino que ha puesto en marcha un proceso de reflexión sobre los instrumentos de protección social, su funcionalidad y su adaptación a las exigencias sociales que debe servir para proporcionar solidez y eficacia al Sistema de Seguridad Social y para reflexionar acerca de la adecuación de su estructura, su ámbito subjetivo de tutela, la calidad de sus prestaciones y, de forma particular, sobre la forma de financiación del compromiso público de protección de las situaciones de necesidad. Y, si ello lleva a la conclusión de la necesidad de cambios o reformas, no es algo que sea extraño a un Sistema que, si por algo se ha caracterizado, y debe seguir caracterizándolo, es por su ductilidad a la hora de cumplir de la manera más eficiente posible el mandato constitucional que se deriva de la combinación de las previsiones contenidas en el art. 9 y el 41 de la Constitución. Compromisos que el impacto de la Covid-19 y sus secuelas han indudablemente hecho reforzado haciéndolos más actuales y urgentes.

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Artículo

Francisco Javier Cabezón Director Técnico nacional de Antea Prevención

Protocolo actuación frente al SARS-COV-2 en las empresas

Introducción En septiembre se han cumplido 6 meses desde la llegada a nuestra vida cotidiana y laboral, de un compañero inesperado, el SARS-CoV-2 (Coronavirus), que de golpe y porrazo nos ha sacudido como sociedad a todos sus niveles; rompiendo por completo el equilibrio en las relaciones sociales y laborales. Seis meses dan para mucho y las cifras sanitarias y laborales conocidas por todos, son abrumadoras. Esta situación mundial que no solo afecta a nuestro país conlleva mucha incertidumbre y advierten de una segunda ola de contagios. Detrás de esta situación, existe el mundo laboral que todos los días levanta la persiana y se enfrenta a una nueva jornada, que nada conserva de lo vivido con anterioridad a marzo de 2020. Por menester, la exposición al Coronavirus en el ámbito laboral se ha regulado, fraguando un compendio de normativas de obligado cumplimiento por parte de las empresas, una normativa que se renueva continuamente y que en muchos casos se hace complicada de concebir o aplicar. El objetivo del artículo es poder aclarar, en qué consiste el Protocolo de Actuación frente al Coronavirus y qué normativa lo regula: cómo proceder ante las diferentes situaciones que pueden generarse cuando existen casos positivos de COVID-19 dentro de una plantilla y el procedimiento de sus Contactos Estrechos, así como qué medidas organizativas, sanitarias y personales deben existir en el centro de trabajo. Nos apoyaremos por un aparte, en el papel protagonista que los SERVICIOS DE PREVENCIÓN han asumido, desde una visión técnica y médica, con sus empresas clientes y sus trabajadores; y por otro lado la transformación tanto organizativa, estructural y técnica llevada a cabo por las EMPRESAS.

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EL Papel de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales Desde la declaración del estado de alerta sanitaria por el SARS COV 2, el Ministerio de Sanidad, llamó a cooperar a los servicios de prevención de riesgos laborales con el objetivo primordial de evitar los contagios, a través del “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS COV 2” (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf ) Derivado de este papel protagonista, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en los aspectos claves que nos han sido encomendados; la evaluación de los riesgos de exposición al SARS COV 2 de la población trabajadora

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Artículo en cada una de las actividades y el establecimiento de medidas preventivas de carácter organizativo, de protección colectiva y de protección individual; la formación e información de los trabajadores en las pautas de actuación y medidas para prevenir los contagios, el estudio y valoración de los niveles de riesgo de los trabajadores más vulnerables al Covid 19; la articulación de mecanismos de estudio y manejo de los trabajadores contagiados y de sus contactos; así como la colaboración en la gestión de la incapacidad temporal de estos. Desde entonces hemos realizado con total satisfacción un gran trabajo de adaptación con el único objetivo de asesorar ágilmente a nuestras empresas clientes en las pautas de actuación frente al Covid-19, en un marco de cambio normativo continuo, derivado de las distintas etapas de la alerta sanitaria como son la declaración del estado de alarma, fases de la desescalada, vuelta a la normalidad, así como la aparición de rebrotes en la actualidad. La adaptación de las empresas al Covid 19 Debemos destacar que la intervención de las empresas ha sido y es crucial en la batalla frente al Covid 19. Desde primera fila hemos visto como las empresas han realizado una transformación en su estructura dotándose de medios humanos y materiales; todo ello en una situación de incertidumbre y continuidad de sus negocios. A pesar de esto se han volcado con la adaptación de sus instalaciones mediante la implementación de medidas organizativas dando prioridad al teletrabajo, implementando controles y limitaciones de aforo, readaptación de espacios y mobiliario para asegurar el distanciamiento, escalonando la entrada y salida de los centros, cambios en los sistemas de control de acceso o fichado; con medidas de protección colectiva como instalación de mamparas, señalizando y reorganizando los flujos de circulación, colocando cartelería de seguridad en el interior y exterior de las instalaciones; reforzando las medidas de higiene personal (jabón, papeleras, geles hidroalcohólicos, etc.), incrementando considerablemente la limpieza y desinfección de sus instalaciones así como la ventilación, y dotando a sus trabajadores de equipos de protección individual y productos sanitarios. Del mismo modo esta nueva situación ha llevado a las empresas a realizar cambios en sus procedimientos de trabajo con el único fin de evitar los contactos, implementando medidas técnicas de aperturas de puertas, entregas sin contacto, higienización de ropa, y un largo etcétera; y han centrado sus esfuerzos en un aspecto fundamental como es la formación y la información de sus trabajadores en las medidas preventivas y la impartición de instrucciones e informar de las normas de seguridad a sus usuarios.

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Una gran inversión con el único fin de detener la transmisión de la enfermedad y asegurar las mejores condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores y clientes. La normativa frente al Covid 19 Como en toda nueva situación que nunca habíamos vivido, la normativa y recomendaciones sanitarias ha ido cambiando constantemente y adaptándose las mismas en función al avance en los conocimientos de esta nueva enfermedad, y su forma de transmisión. Hemos vivido como empresas nos decían frases como “pero si la semana pasada me dijiste otra cosa…” En este artículo nos centraremos en aclarar cuáles son las actuaciones que tienen que desarrollar las empresas y que protocolo de actuación han de seguir para asegurar la seguridad y salud frente al Covid 19 en las mismas, sin pormenorizar en los detalles de la misma en lo referente cada comunidad autónoma dado que a esto podríamos dedicar otro artículo. El protocolo de actuación que las empresas deben seguir frente al Covid 19 lo estructuraremos en tres ejes; Evaluación de los riesgos y establecimiento de medidas preventivas frente a la Covid 19, la formación e información de los trabajadores, y el establecimiento de protocolos de actuación. La evaluación del Riesgo Todas las empresas a través de sus servicios de prevención de riesgos laborales deben realizar la evaluación del riesgo de exposición al SARS COV 2, para ello hemos de distinguir en un primer lugar desde un punto de vista laboral tal y como define el criterio operativo 102/2020 de la Dirección Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Exposición Profesional de la Exposición NO profesional http://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html Por Exposición Profesional se entiende aquellas empresas que por la naturaleza de sus actividades la exposición al SARS COV 2 puede existir una exposición profesional. Fundamentalmente, servicios de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios; y que por tanto es de aplicación el R.D. 664/97 de Agentes Biológicos en el trabajo, y las disposiciones contenidas en el mismo. Por Exposición No profesional aquellas en las que solo excepcionalmente se podría producir un contagio de los trabajadores, no siendo de aplicación el R.D. 664/97 de Agentes Biológicos en el trabajo, pero debiendo el empresario adoptar obligatoriamente todas aquellas

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Artículo medidas preventivas acordadas y recomendadas por las Autoridades Sanitarias.

de los trabajadores, y más en una situación nueva y particular como la que nos encontramos.

Una vez hecha esta distinción y a los efectos de la evaluación de los riesgos el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19”, elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha establecido tres escenarios de riesgo en los que se puede encontrar la población trabajadora indicándose para cada uno de ellos los equipos de protección a utilizar.

Es por ello por lo que el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19”, establece que: “Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten”.

Estos tres escenarios de riesgo de exposición al SARS COV 2 en el entorno laboral están íntimamente ligados a los contactos que se pueden mantener con personas sintomáticas de la enfermedad. De menor a mayor riesgo; en un primer nivel de “BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN”, nos encontramos trabajadores sin contacto con personas, o con contacto a más de 2 metros o con disposición de barreras colectivas; en un Segundo Nivel de “EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO”, nos encontramos

Cabe destacar que un mismo trabajador o puesto de trabajo puede estar en distintos niveles de riesgo en función a las actividades por él desarrolladas trabajadores que no mantienen contacto estrecho con sintomáticos, pero si con asintomático, fómites, o bien personal de laboratorio de diagnóstico virológico. Finalmente, en un tercer nivel de “EXPOSICIÓN DE RIESGO”, nos encontramos los trabajadores que mantienen contacto estrecho o físico con personal sintomático. Cabe destacar que un mismo trabajador o puesto de trabajo puede estar en distintos niveles de riesgo en función a las actividades por él desarrolladas. La empresa tras esta evaluación de la exposición de los trabajadores habrá de implantar primero a nivel coyuntural designando los recursos humanos necesarios, y en segundo lugar a nivel estructural todas aquellas medidas preventivas de carácter organizativo o procedimental, de protección colectiva e individual, de higiene y desinfección y de formación e información de sus trabajadores que se establezca por el Servicio de Prevención. La formación y la Información Como no podría ser de otra manera y derivado del punto anterior la implantación y puesta en práctica de estas medidas preventivas a adoptar en la empresa deben pasar necesariamente por la formación e información

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Constituye un pilar fundamental, resultando evidente que no basta con solo planificar las medidas preventivas, sino que también es necesario implantarlas de forma eficaz, para ello necesitamos que los trabajadores a través de la información y la formación conozcan las medidas que se van a adoptar y cómo van a ser implantadas (de nada sirve dotar de mascarilla a un trabajador si luego este no saber usarla adecuadamente, cómo se produce un contagio, o cómo evitamos su propagación) entre otros. Los Procedimientos de Actuación Paralelamente a la realización de la evaluación de riesgos y posterior formación e información de los trabajos, se hace necesario definir en la empresa una serie de protocolos o procedimientos tanto de prevención como de actuación tanto para controlar el riesgo de transmisión, como las pautas de actuación una vez se produzca un contagio. Por un lado hablamos de procedimientos o protocolos preventivos frente a la Covid; como por ejemplo un Protocolo de Limpieza y Desinfección mediante el establecimiento de una rutina clara y específica en la empresa donde se definan en identifiquen aspectos como un listado detallado de zonas y equipos a limpiar y desinfectar, con qué frecuencia vamos a limpiar cada área o zona, o equipos, que productos y útiles vamos a emplear para ello, las personas que la van a realizar, así como formación y equipos de protección personal a utilizar. Por otro lado, hablamos de Protocolos de Actuación ante Casos y Contactos en la empresa, para una vez producido el contagio saber cómo actuar y cómo controlar y detener la cadena de contagios, constituyendo un protocolo fundamental y necesario en todas las empresas. Debido a este carácter fundamental de la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 como punto clave para controlar la transmisión, el Ministerio de Sanidad edito y mantiene constantemente actualizado el documento técnico “ESTRATEGÍA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID 19”. En el mismo se definen las pautas de actuación ante contagios y contactos estrechos derivados de los mis-

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Artículo mos, pautas que han ido cambiando en la evolución de la pandemia. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf En dicha Estrategia, se realiza una clasificación de los casos en sospechoso, probable, confirmado con infección activa, confirmado con infección resuelta y descartado

Será el facultativo del sistema público de salud el que tras la realización de la PCR o correspondiente serología clasifique el caso Nos centraremos en primer lugar en el caso sospechoso que sería el que activaría en la empresa el protocolo de actuación, pues bien, cualquier persona con sintomatología de infección respiratoria aguda (tos, fiebre, dificultad para respirar) así como otros síntomas tales como pérdida del olfato, el gusto, diarreas, cefaleas, etc., entraría en esta definición Ante esta situación es decir la aparición de sintomatología compatible antes de ir, en el trabajo o durante el trabajo, debemos concienciar a la población trabajadora de que, ante la mínima sospecha, no acudir al trabajo o abandonar el mismo dependiendo de los casos expuestos, y comunicarlo a la empresa y servicio de prevención, así como al sistema público de salud. Derivada de dicha sospecha y tal y como establece la Estrategia al trabajador se le realizará una PCR por el servicio público de salud en el plazo de 24 horas de cuyo resultado dependerá la posterior clasificación. Hasta obtener el resultado el trabajador deberá permanecer en aislamiento domiciliario observando las medidas establecidas en cuanto a las condiciones de la habitación en el domicilio. Del mismo modo se ha de identificar a todos los convivientes con el trabajador contagiado siendo recomendable que eviten las salidas del domicilio. Hemos de detenernos al final de este apartado y destacar como aspecto fundamental que paralelamente a la activación del protocolo de actuación e inmediatamente a este se debe proceder a la limpieza y desinfectar las zonas, áreas, equipos y herramientas con las que haya estado en contacto el trabajador, para limitar la transmisión por superficies. Una vez obtenida el resultado de la PCR nos podemos encontrar en varias situaciones:

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Caso Probable: persona con infección respiratoria aguda grave y cuadro clínico compatible con Covid pero PCR Negativa o no concluyente. Caso Confirmado con Infección Activa: aquí podemos encontrar varias situaciones: presencia de cuadro compatible de caso con PCR positiva o PCR negativa y resultado serológico con IgM positiva; o persona asintomática con PCR positiva. Caso confirmado con Infección Resuelta: persona asintomática con IgG positiva. Caso Descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM negativa. Será el facultativo del sistema público de salud el que tras la realización de la PCR o correspondiente serología clasifique el caso. ¿Pero cómo actuar ante un confirmado con infección activa, popularmente denominado caso positivo? • Ante un caso confirmado con infección activa se debe mantener el asilamiento un mínimo de 14 días, la empresa deberá notificar el caso al servicio de prevención de riesgos laborales y este emitirá informe para el servicio público de salud para la emisión del parte de baja asimilada a accidente de trabajo. • La empresa de forma inmediata y ágil deberá iniciar la búsqueda de contactos estrechos de origen laboral, Y aquí es donde nos urgen más preguntas: ¿Qué es un contacto estrecho? Son contactos estrechos todos aquellos trabajadores que hayan estado con el trabajador positivo a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso ¿Desde cuándo? Desde los 2 días antes a la aparición de síntomas hasta el aislamiento ¿Cómo actuamos una vez identificados los contactos estrechos? Todos los trabajadores identificados como contactos estrechos deben abandonar su puesto de trabajo, notificar al servicio de prevención de riesgos laborales y al servicio público de salud y se le realizará PCR en 48 horas, debiendo guardar asilamiento durante 14 días aún con PCR negativa con vigilancia pasiva de aparición de síntomas (salvo sector educación, sanitarios y sociosanitarios que ante PCR negativa se reincorporarían a su puesto) Es derivado de este hecho, el papel importantísimo que existe en las empresas para limitar los contagios, han de hacer especial hincapié en concienciar a los trabajado-

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Artículo res en mantener los distanciamientos, y evitar concentrarse sobre todo en momentos que se desarrollan fuera de la empresa, pero en horario de trabajo como son los desayunos y las pausas, dado que ante un contagio si se mantiene el distanciamiento el número de contactos estrechos será mínimo o nulo. Incumplimiento de las medidas preventivas y recomendaciones sanitarias frente al Covid 19 en la empresa Toda esta nueva situación, genera una preocupación en la dirección de las empresas, una preocupación a la que sumar a las muchas que conlleva la propia gestión interna de su negocio.

“El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto”. Todo lo expuesto anteriormente regula las obligaciones a cumplir por parte de la empresa, el medio de supervisión por parte de las autoridades y la regulación del incumplimiento de las obligaciones.

En el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se estipula una serie de medidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII, de aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la desescalada, medidas que son de obligado cumplimiento, como establece en su artículo 7, dentro del capítulo II que lleva por título Medidas de prevención e higiene, y que obliga al cumplimiento de las mismas: • Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación. Por su parte, el artículo 31 del propio Real Decreto-ley 21/2020, regula las infracciones y sanciones de los sujetos obligados al cumplimiento de las medidas contenidas en el mismo, y este ha sido modificado por el RD-Ley 26/2020, de 7 de julio, en el que habilita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para: “Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspector es de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspector es Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras”. Aclarando que:

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Situación Actual Toda situación nueva conlleva un desequilibrio, un proceso de cambio y aprendizaje y una vuelta a la normalidad, en este momento nos encontramos en mitad del camino, existe la sensación de incertidumbre continúa, la falta de información y el miedo al cambio. La nueva situación nos llevará ineludiblemente a un mayor control de nuestras relaciones sociales y laborales. La preocupación por la higiene inmediata, la localización de los puestos de trabajo, la sensibilización de síntomas compatibles con una posible enfermedad, el teletrabajo, las reuniones presenciales…; y tantas otras medidas que empezamos a implantar, formará parte de nuestro día a día. Es por ello que debemos empezar cuanto antes y entender que la seguridad laboral es tan IMPORTANTE como cualquier otra.

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Artículo

Israel Gómez Pérez Responsable del Área de Protección de Datos A2sur-Actividades Auxiliares del Sur S.L.

Protección de datos y COVID-19, límites legales

La aparición a finales de 2019 de este virus Coronavirus-Sars2, que deriva en la enfermedad denominada Covid-19 ha puesto a prueba las estructuras sanitarias y sociales y ha sido un verdadero test de estrés al respecto de la respuesta de un campo tan olvidado a veces, pero de latente importancia como la protección de datos. Muchas han sido las cuestiones y problemáticas a las que se ha enfrentado la privacidad en el nacimiento y desarrollo de la pandemia, empezando por la falsa creencia durante el estado de alarma de que su instauración suspendía la aplicación del reglamento General de Protección de Datos y por ende toda la regulación contenida. El mensaje claro de la Agencia Española de Protección de Datos ante este primer desafío fue muy contundente, la protección de datos no quedaba suspendida pero no iba a ser un obstáculo en una situación tan excepcional como esta, lanzaba un serio aviso a quienes en el principio de la pandemia pretendían someter los derechos vinculados a la privacidad al arbitrio de la necesidad sin ningún tipo de control.

Conviene precisar que el derecho a la protección de datos, es un derecho fundamental recogido en la Constitución Europea, con reflejo en el Consejo de Europa que se diferencia del derecho a la intimidad porque obtiene la información sobre la configuración del individuo en sí mismo, todo el contexto de alcance, contenido, uso y finalidad que difiere claramente del derecho a la intimidad. Cabe recordar que el reglamento de ámbito europeo, prevalece en todo caso sobre la legislación nacional y que es un derecho que no puede suspenderse, a pesar de haber tenido un caso entre los países miembros de la Unión Europea, en concreto Hungría, que suspendió su aplicación y tuvo que rectificar dicha decisión. A pesar de lo expuesto, siguen existiendo voces entre los eurodiputados que, por medio de preguntas en el

Es importante hacer una contextualización previa, que invocaré en momentos posteriores, para entender cuestiones que ahora parecen resueltas pero que en los meses de marzo y abril generaban mucha controversia y discusión.

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Artículo parlamento europeo, solicitan dicha suspensión alegando que la protección de datos se convierte en una rémora para las medidas de avance contra el Covid-19 y que tuvo respuesta por parte del Comité Europeo de Protección de Datos, sujeto a control parlamentario. En particular algunas de las preguntas de parlamentarios, han generado en su respuesta un importante contenido doctrinal al respecto, que sin llegar al nivel de una declaración o directriz, si deben tenerse en cuenta por su calado, la postura de las autoridades europeas al respecto ha sido tajante, la protección de datos no se puede suspender y refuerzan la importancia del Comité, órgano de reciente creación (mayo de 2018) y que se ha tenido que enfrentar a un desafío de enormes magnitudes con tan poco tiempo de desarrollo como organismo, logrando intensificar su actividad en el contexto de la crisis. En esa línea, el 19 de marzo ya el Comité adoptó una primera declaración sobre el derecho a la protección de datos, los tratamientos de datos y las acciones frente al Coronavirus, incorporando el informe jurídico de 12 de marzo de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta declaración dejaba dos mensajes diáfanos, que como ya refería anteriormente, la protección de datos no puede ser un obstáculo insalvable para la lucha contra la pandemia y que el reglamento contiene medidas suficientes, como para permitir la flexibilidad oportuna en aplicación de las determinaciones necesarias en la lucha contra la pandemia respetando unas garantías que salvaguarden los derechos de los interesados. En aquel momento surgía la duda de hasta qué punto se podían tratar datos de salud, de especial protección, relacionados con la pandemia y el Comité deja muy claro que el reglamento contiene bases jurídicas suficientes y herramientas suficientes como para poder legitimar estos tratamientos, tanto en su artículo 6 sobre bases de legitimación al que me referiré posteriormente así como el artículo 9 (9.2) que concita las limitaciones en el tratamiento de datos sensibles con excepciones aplicables en un contexto de crisis sanitaria como la generada por el Coronavirus. En esta declaración también se invocaba la directiva 2002/58 para permitir el tratamiento de datos de localización por parte de los estados miembros, siempre y cuando se tratasen de forma anonimizada. Según el Comité, la propia directiva, prevé situaciones en las que esté en juego la seguridad nacional, riesgos para la salud pública se podrán datos no anonimizados y sin contar con el consentimiento del afectado. Si se dan estos dos supuestos, tratamiento de datos anonimizados o alguna ley nacional que bajo la directiva invocada recoja la posibilidad de uso de datos no

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anonimizados por los motivos comentados, se podrían realizar sin el consentimiento del afectado, teniendo presente que estos datos solo podrían ser destinados, en este caso, para la lucha contra el virus, esta cuestión del consentimiento generó interpretaciones viciosas del término, provocando que algunas autoridades europeas, quisieran directamente suprimir el consentimiento como base jurídica legitimadora. De la estrecha colaboración entre instituciones europeas, surge la petición de la Comisión al Comité, de un documento básico en una comunicación de orientaciones sobre las aplicaciones móviles en apoyo a la lucha contra la pandemia Covid-19 en lo concerniente a protección de datos.

Debido a la crisis sanitaria sin precedentes, que supone un extraordinario riesgos para la salud, pero también para los derechos de los ciudadanos, surge la dicotomía entre libertad y seguridad, que a priori parecen tener un equilibrio complicado Esta petición se plasmó en una carta de respuesta del Comité el 14 de abril, que desarrolló dos directrices muy concretas, una sobre aplicaciones móviles y tratamiento de datos de localización o movilidad en el contexto de la epidemia y otra sobre el uso de datos de salud en el contexto de la epidemia, teniendo muy presente que todos estos planteamientos que en la fecha actual podrían resultar obvios, en el momento en el que se suscitaron, sentaron las bases de los desarrollos posteriores que tenemos actualmente en estos aspectos. En el mes de junio, concretamente el 2, El Comité adoptó una declaración sobre las restricciones de los derechos de los interesados en relación con el estado de emergencia en los Estados Miembro, interpretando el artículo 23 del reglamento, que prevé que en determinadas circunstancias cuando haya que servir a intereses de un valor superior, como intereses públicos importantes, la seguridad nacional, intereses de la defensa, etc podría limitarse parcial o totalmente derechos que el propio reglamento establece como habría de hacerse bajo una ley especial desarrollada al efecto y con una serie de características especiales, todo esto en el marco

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Artículo de la declaración interpretando alguno de los elementos de este artículo en relación a la situación de Hungría, Estado Miembro, que había declarado el Estado de Emergencia y sobre la base del mismo se ejecutaba una restricción de derechos contenidos en el reglamento, posteriormente el 16 de junio, El Comité adoptó dos declaraciones, una referida al impacto de la protección de datos en la interoperabilidad de las apps de rastreo de contactos y otra sobre el tratamiento de datos personales en el contexto de la reapertura de fronteras tras la epidemia. Bases jurídicas legitimadoras del tratamiento durante la pandemia Debido a la crisis sanitaria sin precedentes, que supone un extraordinario riesgos para la salud, pero también para los derechos de los ciudadanos, surge la dicotomía entre libertad y seguridad, que a priori parecen tener un equilibrio complicado.

Agencia pidiendo prudencia y medidas menos lesivas para la protección de datos, adoptar medidas movidos por las urgencias no plantea soluciones efectivas, además hay una cuestión a tener muy en cuenta, la excepcionalidad del tratamiento debe ser limitada, puede existir la tentación de generalizar medidas que solo habían sido concebidas en este singular contexto, como por ejemplo las cámaras termo gráficas o los mecanismos de reconocimiento facial. Conviene recordar lo que dicta el artículo 5 del reglamento acerca del tratamiento: lealtad, licitud y transparencia en el tratamiento, minimización de datos, exactitud, limitación del pazo de conservación, integridad, confidencialidad y responsabilidad proactiva. Para realizar un tratamiento lícito, debemos buscar la base jurídica del tratamiento que lo legitima, puesto que por muchas garantías que se adopten, como no exista esa base que legitime, el tratamiento será ilícito.

Cierto es que en circunstancias excepcionales se requiere de la adopción de medidas excepcionales, pero no se puede perder el horizonte que marcan los derechos fundamentales y, por tanto, lo adecuado en este contexto es buscar la concurrencia de los mismos, no una superposición.

Un factor a tener en cuenta en esta búsqueda de la base jurídica adecuada, es que esa búsqueda la debe acometer el responsable del tratamiento, localizando y documentando dicha base y si es posible por la existencia de esta figura en la organización, con ayuda del Delegado de Protección de Datos.

Como derecho fundamental recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Europea y buscando esa concurrencia con otros derechos fundamentales, solo se podrían plantear restricciones que afectasen a su ejercicio, modo o lugar, en el marco de una ley que lo justificase como anteriormente he comentado, sin obviar las garantías que deben existir en esa ley que establece las limitaciones.

El artículo 6 del reglamento dice que cualquier base debe estar en posición de igualdad, inclusive con el consentimiento, que como he señalado en este contexto, no será tenido en cuenta como base de licitud.

Esas medidas deben ser proporcionales y superar el denominado triple juicio de proporcionalidad, juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad del tratamiento al no existir otro cauce o camino para adoptarlo. Necesidad de tratamiento, la exigencia de seguir esa vía ante la inexistencia de otras opciones viables. Proporcionalidad, limitando el tratamiento a lo estrictamente necesario al fin perseguido. El hecho de que el reglamento deje cierta libertad nacional en ciertos ámbitos para aplicar ciertos aspectos ha tenido un desarrollo singular durante este período en el que nos enmarcamos actualmente. Buen ejemplo de ello fue la petición de informe de Rectores de Universidades Españolas a la Agencia, al respecto de los exámenes online con reconocimiento facial, respondiendo desde su Gabinete Jurídico la

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En este contexto de pandemia y de bases jurídicas de licitud, ateniéndonos a lo contenido en el citado artículo 6, se debe hablar de interés público e interés vital como bases jurídicas lícitas durante la pandemia. La finalidad perseguida, se enmarca en el control de la epidemia y su propagación, como he comentado, el consentimiento quedaría excluido, puesto que debe ser voluntario, libre, informado, explícito y específico. Que sea libre es complicado en una tesitura de pandemia, donde muchos tratamientos se imponen y no dependen de la voluntad del interesado, de ahí la no licitud del consentimiento. Pero en este punto, es determinante distinguir el carácter voluntario de la base jurídica del tratamiento basado en la lucha con la pandemia, porque una cosa es la legitimación para que ese tratamiento se dé y otra bien distinta es la voluntariedad que pueda devenir en el contexto, como ocurre con las aplicaciones de rastreo. También conviene precisar, que los tratamientos de datos en el contexto de la pandemia se hacen con independencia de la edad, aunque se atiende a los 16 años como establece la regulación sanitaria, si es que tiene que establecerse alguna pauta al respecto.

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Artículo Algunos ejemplos de esta pandemia son muy aleccionadores sobre los límites legales que a veces son transgredidos so pretexto de la situación. Por ejemplo, las tomas de temperatura en los accesos a centros comerciales o comercios, por no existir una normativa que obligue y por el hecho fundamental de no existir una libertad en este tratamiento, no se podría invocar el interés legítimo porque no es aplicable durante la pandemia esta base jurídica de tratamiento y ante una ponderación entre responsable y afectados, siempre prevalecería sobre afectados con el consiguiente desajuste. El afectado podría negarse, pero si aún así, se procede a la toma de temperatura, esta sería ilegal e ilícita y dicho acto sancionable por la Agencia, pero si además se le deniega la entrada a ese afectado, entraría en cuestión el derecho de admisión tutelado por cada comunidad autónoma. La Agencia tiene al respecto un criterio muy restrictivo, aboga por ceñirse a las medidas sanitarias, recordando que tiene que existir mecanismos que obliguen por parte de la autoridad competente en este caso Sanidad ( establecida la obligación, tendría que existir un protocolo de actuación para los servicios sanitarios, etc) y no siendo así es una grave intromisión de derechos, en adición a esto estarían los problemas que plantearía el calibrado de los medios empleados y estos mismos medios en sí. El establecimiento de registros a clientes en alojamientos hoteleros o similares, pidiendo consentimiento del afectado vinculando su salud al acceso a una habitación ya abonada, tampoco sería libre ni válido, puesto que tener fiebre, siendo un síntoma aislado que sin una trazabilidad y contextualización, de por sí no aporta nada, no puede impedirnos el acceso a nuestra habitación, máxime cuando debe haber una obligación legal, inexistente en este caso y una obligatoriedad dictada para ese procedimiento por la autoridad sanitaria que es quien tiene conferida durante la pandemia el gobierno y establecimiento de las medidas necesarias y caso de ser obligatorio, generaría una grave intromisión en la esfera personal. Por otra parte, y en esa misma línea, la Agencia tuvo que sacar un comunicado al respecto de las ofertas de trabajo en las que solicitaba la inclusión de datos respecto al Covid-19 en el currículo, puesto que se trataba de datos que no coincidían con la finalidad y la base legítima para ese tratamiento, en el mismo sentido para aquella persona que de manera voluntaria aportase datos al respecto, no sería válido ese currículo, en ningún caso hay relación laboral todavía y no hay protocolo alguno que lo exija ni licitud en el tratamiento.

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Otro ejemplo interesante es, si sería legal la grabación de una reunión en situación de teletrabajo, la base jurídica es clara para poder cumplir con el contexto del teletrabajo y que se organicen reuniones telemáticas, pero ¿es necesaria la grabación?, si la reunión presencial no se graba, la de video sería por tanto excesiva y no podría haber finalidad ni base jurídica que legitimase dicho tratamiento. Otra situación, es la que veremos en estos días con la vuelta de los escolares a sus centros y que, tras un acuerdo entre administraciones, (Educación y Sanidad), y en base al interés público para luchar contra la pandemia se harán controles de temperatura para identificar posibles contagios y necesariamente seguido por protocolos adicionales, dado que por sí sola, la toma de temperatura, no aporta nada y como he comentado con la obligación establecida por Sanidad. Por tanto, para que se pueda hablar de tratamientos sobre la base del interés público, tiene que haber una normativa específica que regule ese interés público, en el caso de España, contenido en el artículo 8.2 de la LOPDGDD, destacando que las Autoridades Públicas quedan vinculadas por el principio de legalidad a moverse en los términos que la ley les autoriza bajo una norma con rango de ley como es el caso de España y el Reglamente exige en su artículo 6.3 que la base jurídica esté amparada en el derecho de la unión identificando finalidad, responsable, etc, teniendo presente que no todo tratamiento legitimado por el reglamento, es lícito en el contexto de la pandemia y tendría que ser necesario puesto que de otra manera iría contra el principio de minimización, remarcando que esa legislación específica nacional debe establecer garantías diáfanas como exige el artículo 23 del reglamento. Durante el estado de alarma, el Real Decreto, 463/2020, estableció una serie de limitaciones y estableciendo la competencia en el Ministerio de Sanidad, pero la declaración del estado de alarma no supone la suspensión de derechos fundamentales, desplazó la normalidad ordinaria desde el ámbito jurídico y por tanto tiene valor de ley. En cuanto al interés vital, el reglamento en el considerando 46 y el artículo 6.1B, no lo limita al interesado, puede hablarse de personas físicas no identificables y la base jurídica no tendría que ser de ámbito nacional y trascender de dicho ámbito. También hay supuestos específicos, que se han dado en este tiempo, como el de comunicación de información basada en la obligación legal del artículo 6.1C del reglamento invocada esta base jurídica por la Agencia Española de Protección de Datos para los empleadores en prevención de riesgos laborales.

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Artículo Existe el deber por parte del empresario de proteger la salud de sus trabajadores, como marca la ley de prevención de riesgos laborales 30/95 y se pueden realizar tratamientos de datos sin consentimiento del afectado en los casos que sea imprescindible, como peligros de seguridad, para sí mismo, etc.

pecífica y como he referido anteriormente, con la ayuda del delegado de protección de datos, figura muy importante para responsables públicos y privados para que cuenten con él, se asesoren y analicen con él antes del tratamiento, porque además la responsabilidad no puede excepcionarse vía contrato o convenio.

Asimismo el artículo 29, de la citada ley de prevención, establece la obligación de informar a un superior jerárquico o al servicio de prevención y extrapolado al contexto de la pandemia, existe igualmente la obligación de informar si se presentan síntomas, pero no es menos reseñable destacar que aunque el reglamento de una mayor libertad en caso de necesidad en la pandemia dentro de las medidas de cada estado miembro, cada

Dejando muy claro que el responsable en el estado de alarma fue el Ministerio de Sanidad, aunque las comunidades eran responsables de la gestión ordinaria, pero el mando único era responsabilidad central y pasado dicho período, los responsables son cada una de las Comunidades o Ciudades Autónomas, todos los demás actores o intervinientes necesarios, serían encargados de tratamiento.

Durante el estado de alarma, el Real Decreto, 463/2020, estableció una serie de limitaciones y estableciendo la competencia en el Ministerio de Sanidad, pero la declaración del estado de alarma no supone la suspensión de derechos fundamentales, desplazó la normalidad ordinaria desde el ámbito jurídico y por tanto tiene valor de ley responsable en su contexto particular y concreto, no puede hacer los tratamientos que le parezca, tiene que seguir el dictado de las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, si bien es cierto que las instrucciones al respecto, han ido mutando en función del desarrollo de la pandemia, afectando a las relaciones empleador/empleado en cambios sobre los tratamientos, pero no estableciendo esa correlación de cambios si hablamos de los clientes de esas empresas, cuyas medidas serían más genéricas pero también más eficaces en la protección de la pandemia. Por tanto, la responsabilidad, debe ser del responsable y no se puede trasladar esa carga a la Agencia, es él quien debe analizar sus tratamientos y su licitud general o es-

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Desarrollos tecnológicos en el contexto de la pandemia Los tratamientos de datos que se están realizando en este contexto, están enfocados a salvar vidas respetando libertades, no se pueden obviar que las soluciones que se implementan, conllevan riesgos y problemas paralelos a estos. El papel de la tecnología es muy importante para dar servicio a todos los tratamientos, pero no conviene elevar la tecnología a los altares, es decir hablar de “solucionismo tecnológico”, puesto que en los primeros momentos de la pandemia se buscaban soluciones “mágicas” basadas en la tecnología, olvidándose de un aspecto fundamental, que debe estar respaldada por medidas técnicas y personales. La tecnología en sí misma no es buena ni mala, pero sí se puede aplicar de forma incorrecta usándola como recurso de huída hacia delante y por tanto tampoco se puede desdeñar el conjunto de medidas no tecnológicas. Lo más adecuado, es poner estas tecnologías en el contexto del tratamiento en que se encuentra, que en la pandemia no es otro que dar respuesta a la misma y por tanto no se pueden sacar de contexto estos tratamientos. Estos tratamientos deben observar una serie de principios: -Minimización de datos, utilizar los datos necesarios para el tratamiento, no más, nos enfrentamos a tecnologías maduras de más de 20 años que permiten recogida masiva y hace que este principio cobre más importancia en la pandemia. Esto requiere un análisis racional y objetivo de los datos necesarios, hacer la recogida de manera tan exhaustiva que comprometa el tratamiento no es adecuado, no debe quedarse en nada, pero tampoco pueden excederse en lo innecesario.

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Artículo Un análisis objetivo, con un caso concreto como el estudio estadístico permite ver que no se debe llevar este principio tan lejos que llegue a comprometer la lealtad del tratamiento y debe cumplir sin engaños. -Garantizar la calidad del dato, vinculado a la tecnología que se puede estar utilizando. En el marco de un tratamiento, una tecnología puede tener un rendimiento muy distinto que, en otro tratamiento, hay que analizar por el principio de calidad del dato para que esta no se comprometa, tecnología en el contexto del tratamiento y viceversa. -Principio de seguridad en la relación a la protección de datos personales. Las tecnologías fallan y hay que ser conscientes de ello, no son malas o inútiles, pero hay que tener en cuenta que pueden fallar y ponerlas en ese marco, tienen limitaciones, es lo que se denomina el principio de fallo seguro, debo diseñar mi tratamiento pensando que incorporo una tecnología que en algún momento puede fallar.

reflexión profunda y esta crisis de confianza se ha mantenido en el contexto de la pandemia ante las soluciones tecnológicas aportadas. Las aplicaciones de rastreo de contacto se han encontrado un entorno poco transparente y no se trata de una cuestión comercial, esta merma de la confianza afecta al propósito del tratamiento. No es cuestión de buscar bandos ni posturas ni que se exija a ciudadanos o autoridades, actos de fe, hacen falta mecanismos de transparencia, control y auditoría a varios niveles, es decir, responsables hacia ciudadanos, hacia encargados, auditando que las soluciones se están ejecutando adecuadamente y observar las actuaciones de las autoridades de control. Por lo expuesto, es necesario para la implementación de estas aplicaciones, el uso de herramientas de responsabilidad proactiva, principios de gestión de riesgos y evaluación de impacto debido al nivel de criticidad. La responsabilidad de los responsables, que en este tipo de aplicaciones solo puede ser el gobierno central de cada estado miembro, va mucho más allá de una mera declaración a la hora de incluir las novedades técnicas en sus tratamientos, incorporando una política de privacidad desde el diseño que incluya principios para proteger, es decir protección de datos por defecto. Después de haber pasado más de 6 meses de la pandemia, ya no se puede hablar de corto plazo, tenemos un contexto de tecnologías con uso a largo plazo y hay acciones que utilizan tecnologías muy intrusivas y hay que estar vigilantes.

Cuando se sufre un ataque o problema de seguridad interno, hay que ser capaz de tener resiliencia, sobre todo en aquellos tratamientos con alto nivel de criticidad. La aplicación de nuevas tecnologías en los tratamientos, deben ser sostenibles a corto y largo plazo y dentro de esta sostenibilidad, se puede invocar el principio de transparencia y responsabilidad proactiva. Aplicaciones tecnológicas, apps de rastreo Lo primero que demanda la Agencia ante este tipo de aplicaciones, es la confianza, que debe tener el usuario en la implementación y uso seguro de las mismas. Poco antes de la pandemia, ya existía un desgaste de la confianza en la tecnología motivado por Facebook, whatsapp, 5G y otras cuestiones que debe llevar a una

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-Principales medidas tecnológicas: Lo realmente disruptivo, es el enfoque de los tratamientos, clasificar los tratamientos orientados al control de la expansión de la pandemia, chat, bots, apps de autodiagnóstico, aplicaciones de rastreo, otras que no eran eficaces como el pasaporte inmunitario que finalmente fue desdeñado. En este punto me detendré por su importancia actual en las aplicaciones de rastreo, que en el mundo hay muchas y no son todas iguales. Algunas contaban con una geolocalización muy precisa, como la de Lituania, que fue suspendida por su autoridad de protección de datos. La mayoría de las aplicaciones de Europa, usan el protocolo 3DPT, desarrollado por la Universidad de Lausana,

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Artículo Suiza, que se caracteriza por ser muy respetuoso con la botas privacidad, a diferencia del protocolo PPP aplicado en Francia. El sistema empleado en España y la mayoría de Europa, utiliza protocolos descentralizados cuya técnica es leer las señales de los dispositivos y que ya existía para hacer mapas de calor de cómo se desplazaba la gente en zonas comerciales mediante wifi o bluetooth. Esta lectura de señales de las personas de nuestro alrededor, guarda un pseudoidentificador de los individuos colindantes, se pretende que esos identificadores no tengan relación con otros identificadores del teléfono, cambiando también periódicamente de manera que un tercero que tenga acceso a dicho identificador nunca pueda ver el mismo. El sistema francés, recoge toda la información de las personas del entorno y lo sube a un servidor central, en cambio el sistema de España, solo sube el de cada identificador y no vincula a nadie del entorno ni al emisor, ¿cómo se puede saber entonces que se ha estado con una persona infectada? El sistema reenvía una información a los teléfonos de pseudoinfectadores de personas que han sido infectadas, no se le comunica al servidor las personas, sino que se le comunica que yo estoy infectado. El sistema, baja la lista de personas que han dicho estar infectadas y compara con lo que se tiene alrededor, por tanto, la referida confianza es fundamental para que este tipo de soluciones sean viables. La pseudoidentificación, es un nivel adicional de seguridad, por la anonimización que llevan intrínseca y aunque en principio es un nivel de seguridad bastante elevado, existe la posibilidad de reidentificación, aunque en teoría, la probabilidad es baja, pero teniendo en cuenta los avances continuos en materia de cifrado y hash, esa vulnerabilidad podría aumentar súbitamente. Para la eficacia del sistema, además de la confianza, hace falta enmarcar dichas aplicaciones en un contexto muchísimo más amplio, con protocolos de actuación (métodos de rastreo tradicionales y más procedimientos organizados) para proceder si estoy infectado y también hay que garantizar que nadie pueda declarar estar infectado sin ser cierto. Se podrían haber desarrollado para pulseras electrónicas, pero se optó por los teléfonos móviles, con sus correspondientes efectos colaterales, problemas técnicos con el bluetooth, con las librerías y la falta de eficacia de la proximidad. Cuestiones de implementación, que, si no se tienen en cuenta de forma conjunta, no van a cumplir con el prin-

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cipio del tratamiento e inutilizará este tratamiento en la pandemia. Teletrabajo, pandemia y futuro El teletrabajo que se adoptó durante el estado de alarma, fue una forma impropia del mismo, motivado por la urgencia de las circunstancias y que, en una mayoría de casos, se realizó de manera improvisada y sin adoptar todas las medidas de seguridad oportunas. Si bien es cierto, que este “ensayo forzado”, presenta una figura que ha llegado para quedarse definitivamente en nuestro entorno laboral. Desde el punto de vista de la Agencia, se resalta que la experiencia, a pesar de las limitaciones, ha demostrado la utilidad de esta forma de trabajo a distancia, con aproximadamente 3 millones de teletrabajadores en pandemia y que cuenta con una serie de beneficios para todos los actores intervinientes: -Beneficios para la empresa; Aumento de productividad, baja el absentismo laboral, se consigue una mejor captación de talento y es más adecuado para la integración y racionalización del trabajo. -Beneficios para el trabajador; Conciliación de la vida familiar, mejora de la productividad, ahorro de costes y una menor siniestralidad. -Beneficios para la sociedad; Disminución del tráfico y ahorro de consumo energético. Si es tan adecuado a nuestro sistema actual ¿por qué no se implanta entonces? Hay varios factores que influyen para contestar a esta pregunta: Muchos trabajos no son teletrabajables, como por ejemplo un operario de una cadena de montaje, aunque según la Agencia, el teletrabajo se puede instalar en cualquier tipo de empresa o trabajo, pero lógicamente habrá entornos de imposible realización por la configuración del puesto laboral. Otro factor que sostiene la Agencia es, que el confinamiento ha demostrado que se pueden superar las cifras, puesto que antes del mismo el porcentaje no llegaba al 4,8% de la población laboral y en pandemia se ha llegado al 33%, a pesar de ser sin planificación y de manera improvisada, no obstante, habrá que estar a la vuelta a una auténtica normalidad, para poder evaluar si realmente el impacto que provocó en la pandemia fue un pico coyuntural o el inicio de algo más. Según las estimaciones de la Agencia, la ley del teletrabajo saldrá vía real decreto en muy breve plazo, y habiendo tenido acceso al borrador, plantea la necesidad de incorporar un punto más sobre protección de datos al acuerdo de teletrabajo por escrito con contenido mí-

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Artículo nimo que tendrán que suscribir empleadores y empleados. La Agencia, es consciente de la poca confianza que el teletrabajo suscita en el empresario, aduciendo baja productividad, pero según datos del INE, ésta aumentó en pandemia del 5 al 25% y también existe una reticencia del empresariado por la pérdida de control sobre el trabajador aparente que supone esta modalidad de trabajo a distancia. Por ello, el teletrabajo necesita tiempo para su correcta implementación, transformar un puesto tradicional a digital tiene su proceso, solo un 14 % según CEPYME de las empresas han comenzado la digitalización. Hay que tener en cuenta, lo que la Agencia denomina tres dimensiones en este campo; -Espacio de trabajo, con condiciones y medios técnicos adecuados. -Colaboración en la distancia por parte de los trabajadores. -Cambio de cultura empresarial orientando tareas a objetivos y resultados. Desde el punto de vista de la tecnología, los riesgos en el teletrabajo aumentan (fishing, inseguridades, brechas de seguridad) y hay soluciones tecnológicas como los altavoces inteligentes que suponen un grave riesgo a la privacidad (son capaces de escuchar 19 veces al día conversaciones sin ser invocados). Por ello la implantación del teletrabajo, requiere un análisis de viabilidad, qué puestos son teletrabajables, qué herramientas TIC se necesitan, etc. Si el análisis es positivo, se comienza la fase de diseño, analizando el objetivo que se pretende alcanzar, la reconversión de puestos, etc. Otro aspecto fundamental, es la formación, formar al empleado en herramientas específicas y sobre los riesgos en los que incurren, puesto que, si se produce una violación de seguridad, debe actuar conforme a un procedimiento que culmine en la comunicación a la Agencia de dicha situación por parte de la empresa. Se hace necesaria, por tanto, la elaboración de un plan documental con las medidas a adoptar, dando traslado al personal de la empresa y el acuerdo marco entre empleador y empleado que he referido antes de contenido mínimo donde se recoja el compromiso de los trabajadores a cumplir esas pautas que garantice la seguridad de los datos. Crear una política de teletrabajo, similar a la política de protección de datos, contemplando las distintas posibilidades de acceso remoto, dispositivos válidos, qué

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tipo de accesos se permiten, responsabilidades y obligaciones que asumen los trabajadores, procedimientos y normas vinculadas a esa política, los teletrabajadores deben estar informados de qué hacer y de las posibles amenazas y sus consecuencias, conocer las amenazas nos ayuda a valorarlas mejor. Las soluciones tecnológicas que se adopten y los prestadores, deben ser de confianza, que ofrezcan garantías y muy importante, deben mostrar esas garantías, bajo la firma del contrato con terceros (art.28 RGPD). Debe existir un límite en el acceso a la información, no todo se puede hacer, hay que definir perfiles, niveles de acceso de una forma más restrictiva y aplicar adicionalmente en función del dispositivo. Tiene que haber un mantenimiento de la infraestructura, con un sistema operativo actualizado, configuración de mínimo privilegio, aplicaciones autorizadas, antivi-

La gestión de la protección de datos, se torna decisiva en este contexto, analizando y evaluando los riesgos, planteando la privacidad desde el diseño y por defecto rus, cortafuegos, mecanismos de cifrado, etc., en este punto cabe señalar que los dispositivos personales, son la última opción, que se habilitarían con mínimo acceso y lo más limitado posible. La monitorización continua, es fundamental para evitar que no existan accesos no autorizados y se debe notificar al personal estos mecanismos de monitorización con carácter previo, de manera clara y concisa y en caso de haber representante sindical, también a él, y esta monitorización debe ser proporcional, respetando lo establecido en el artículo 87 de la LOPDGDD relativo a la desconexión digital de los trabajadores, además esta conexión debe ser revisada periódicamente. La gestión de la protección de datos, se torna decisiva en este contexto, analizando y evaluando los riesgos, planteando la privacidad desde el diseño y por defecto. Todo lo expuesto en los diferentes campos, que afectan a la protección de datos en la pandemia plantean un escenario de continuo cambio y adaptación a esas mutaciones, aunque los riesgos a la privacidad estarán ahí, las respuestas de las autoridades responsables de esta materia, como la Agencia española, contendrán las amenazas que vayan surgiendo.

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Artículo

Alejandro Nisa Ávila Graduado Social Colegiado Auditor Socio-Laboral

Incidencia de la COVID-19 en cuestiones procesales (Actualizado a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia – BOE del 19/09/2020)

A todos, y en todos los órdenes de la vida, la pandemia mundial del coronavirus nos ha pillado a contrapié y nos ha obligado a tener que encontrar soluciones sobre la marcha para tratar de paliar el impacto en nuestra cotidianeidad y en nuestras obligaciones personales y profesionales. La Justicia, como una más, ha sido también víctima de este virus y ha tenido que afrontar y tratar de minimizar de la mejor manera posible no sólo los efectos del parón repentino del funcionamiento general de su Administración y lo que ello supuso, de un día para otro, sobre millares de expedientes judiciales, sino, además, un segundo gran reto, como está siendo a fecha de publicación de este artículo, el día a día de la “nueva normalidad” en un ámbito en que “parar las máquinas” de forma prolongada puede llevar a un efecto devastador para toda la sociedad. El nuevo escenario en el que hay que enfocarse, después del confinamiento general en el estado de alarma decretado en el mes de marzo, exige soluciones y protocolos que han de ser pensados y diseñados, además de para continuar con todas las precauciones para evitar nuevos contagios a los que acuden cada día a trabajar o a visitar puntualmente las sedes judiciales, garantizando el día a día de los juzgados y de la tramitación de los procedimientos judiciales. Una tarea, todo un reto y una alta responsabilidad, que no resulta nada fácil, que ha exigido respuestas sobre la marcha y que puede poner en jaque a toda la Administración de Justicia si ésta no sabe reaccionar debidamente. Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario de la Administración de Justicia y profesionales formamos parte activa de las fórmulas que se han puesto en marcha para tratar, por un lado, de paliar los efectos que el estado de alarma han producido en los asuntos directamente afectados

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en ese inusual e inesperado paréntesis en el día a día de los Juzgados, Tribunales y Administración en general que nos ha tocado vivir entre mediados de marzo y principios de junio del 2020 y, por otro, para abordar el nuevo día a día que nos toca vivir hasta que demos por superada esta pandemia tan sorpresiva como injusta y cansina para todos. Durante el estado de alarma se comenzaron ya a dictar normas en ese sentido, enfocadas no sólo en cuestiones estrictamente procesales o sobre cómo afectarían a los procedimientos la situación de estado de alarma, sino también, pensadas para minimizar los riesgos de contagio en los edificios judiciales y en cómo instaurar recursos y tecnología a favor de una gestión lo más ágil posible en esta casi prueba de fuego que está suponiendo para toda esta crisis de la COVID-19. Por tanto, el Coronavirus ha tenido incidencia en varios ámbitos procesales que nos sitúan en un entramado de normas que regulan esta situación tan excepcional llevándonos a escenarios exclusivos respecto tanto al tiempo en que se ha prolongado el estado de alarma, como a un largo periodo transitorio posterior al momento en que se ha ido reanudando la actividad judicial con el resultado de un entramado de normas que dejarán a su paso ríos de tinta por las múltiples dudas que se suscitarán en su aplicación y que tendrán que ir resolviéndose seguramente, a pesar de todo, con los años posteriores al momento en que definitivamente superemos esta peste del siglo XXI. RELACIÓN DE NORMATIVA PROMULGADA EN MATERIA PROCESAL DESDE EL ESTALLIDO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS: Lo primero, por una cuestión práctica y, especialmente, porque la promulgación de legislación en estos últimos meses ha sido ingente y de influencia directa de uno sobre otro nuevo texto legal tanto se trate de Reales Decretos-leyes, Órdenes Ministeriales, Leyes o Acuerdos

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Artículo y Criterios Técnicos dictados tanto desde el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En este sentido, han tenido incidencia en materia procesal los siguientes textos que han visto la luz como consecuencia de la pandemia de coronavirus: - Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: Disposición Adicional 2ª - Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: Artículo 6 -Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Conocido por todos los operadores jurídicos es que la declaración del estado de alarma por lo que supuso la inmediata suspensión de términos y la suspensión e interrupción de plazos procesales de actuaciones consideradas no esenciales desde el 14-3-2020 (RD 463/2020 hasta que se levantó tal suspensión el 4-6-2020 (RD 537/2020 y RD-ley 16/2020). Ahora bien, esta suspensión, en lo que al orden jurisdiccional social se refiere, no afectó a los procedimientos, considerados como esenciales, de conflicto colectivo y de tutela de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, permitiéndose, en todo caso, en todos los órdenes jurisdiccionales, que jueces y tribunales pudieran acordar durante la suspensión general de plazos judiciales la práctica de aquellas actuaciones que fueran

- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: Artículo 8 y Disposición Derogatoria Única. - Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. - Acuerdo de 16 de marzo de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. - Acuerdo de 19 de marzo de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. - Acuerdo de 13 de abril de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y Resolución del Ministerio de Justicia también del 13 de abril de 2020 - Acuerdo de 25 de mayo de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. - Acuerdo de 16 de marzo de 2020 del Pleno del Tribunal Constitucional LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA Y LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES: Uno de los efectos inmediatos, irremediable y de importancia capital en lo que nos ocupa es este análisis ha sido el de la suspensión de los plazos procesales, administrativos y además de los sustantivos sobre la caducidad y la prescripción para reclamar derechos, con el inconveniente, como seguidamente veremos, de que no en todos los casos los textos son claros y generan algunas dudas más que considerables.

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necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso (RD 463/2020 disp.adic.2ª.4) . En este contexto de suspensión general de los plazos judiciales, el CGPJ, el 16 de marzo de 2020, se pronunció expresamente en el sentido en que en ese orden jurisdiccional social la suspensión tampoco afectó a los procedimientos de despidos colectivos, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), medidas cautelares y procesos de ejecución que dimanen de la aplicación del estado de alarma, al tiempo que también se pronunció en el sentido de declarar que no se producía el cierre de ningún órgano judicial, sea cual fuere su naturaleza, salvo disposición de la autoridad sanitaria competente. También el CGPJ se pronunció en su Acuerdo de 25 de mayo de 2020 en el sentido en que la suspensión de los plazos no comportaba la inhabilidad de los días para el dictado de las resoluciones, ni afectaba al normal funcionamiento de la Administración de Justicia en la for-

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Artículo ma y en el modo en que se determinó por los órganos de gobierno del Poder Judicial. Todo esto se tradujo, a su vez, en que durante el periodo de suspensión de los plazos procesales no procedía en ningún caso la presentación de escritos procesales de manera presencial, limitándose la forma telemática a aquellos que tuvieran por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las Instrucciones y Acuerdos dictados al efecto por la Comisión Permanente del CGPJ. Pero, aun así, y a pesar del estado excepcional de alarma y de las primeras decisiones del órgano de Gobierno Judicial, con fecha 15 de abril del 2020, en consenso con el Ministerio de Justicia, levantó las limitaciones a la presentación de escritos telemáticos (LexNET o siste-

Uno de los efectos inmediatos, irremediable y de importancia capital en lo que nos ocupa es este análisis ha sido el de la suspensión de los plazos procesales, administrativos y además de los sustantivos sobre la caducidad y la prescripción para reclamar derechos, con el inconveniente de que no en todos los casos los textos son claros y generan algunas dudas más que considerables mas equivalentes habilitados en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco) sobre asuntos no esenciales, aunque dicha tramitación quedase suspendida en el momento en que abriera un plazo suspendido, lo cual, en la práctica supuso que se permitió, tanto en la instancia como en trámite de recursos, la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las

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normas procesales aplicables, hasta el momento en que diese lugar a una actuación procesal que abriera un plazo procesal que debía quedar suspendido conforme a lo establecido en el Real Decreto del estado de alarma, así como, con los mismos efectos, la presentación de los escritos de trámite, no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, y hasta que diese lugar a actuaciones procesales que abriesen plazos procesales que deban quedar suspendidos por el estado de alarma. Asimismo, en lo que se refiere a incidencias sobre los plazos procesales, es destacable la habilitación excepcional que se realizó de parte del mes de agosto de 2020, de tal manera que, en virtud del artículo 183 de la LOPJ, se declararon urgentes todas las actuaciones procesales entre los días 11 a 31 (ambos inclusive), sin que tal excepcionalidad afectara a los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días ya se consideraran hábiles en la normativa procesal aplicable ( RD-ley 16/2020 art.1.1 ), y todo ello sin entrar en contradicción con lo ya previsto en el artículo 43 de la LRJS que establece qué procedimientos, en todo caso, son considerados como urgentes a los efectos de considerarse hábil todo el mes de agosto. Respecto a los plazos para recurrir, a la vista del artículo 2 del RD-ley 16/2020, también se ampliaron los plazos para preparación, formalización e interposición de recursos (no los de impugnación de los mismos) por un plazo idéntico al previsto para esas mismas actuaciones con el objetivo de conseguir una presentación más escalonada en un plazo más prolongado de tiempo cuando se cumplan los requisitos de, por un lado, que se trate de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento conforme a la normativa procesal aplicable, o bien, cuando las sentencias o resoluciones impugnadas hayan sido notificadas durante la suspensión de plazos procesales establecida por el estado de alarma ( RD 463/2020 disp.adic.2ª ) o dentro de los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos suspendidos, quedando exceptuados de esta “ampliación” del plazo en aquellos de procedimientos que por su carácter esencial no fueron suspendidos durante el estado de alarma. LA NORMA EXPRESA DEL REINICIO DEL CÓMPUTO EN LOS PLAZOS PROCESALES: En contraposición con los plazos de caducidad y prescripción de los plazos sustantivos, encontramos, con la publicación oficial de la penúltima prórroga del estado de alarma (RD 537/2020) en la que se promulgó la derogación de la suspensión de los plazos procesales para actuaciones no esenciales, quedó establecido que desde el 04 de junio de 2020 se reiniciaba el cómputo de dichos plazos.

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Artículo Es, por tanto, a partir del día 05 de junio cuando se reinicia el cómputo con la expresa mención de que, levantada dicha suspensión, los plazos y términos vuelven a computarse desde su inicio, esto es, se reinician sin computarse el tiempo que hubiera podido transcurrir antes de la suspensión (Real Decreto-ley 16/2020), norma esta que no es baladí y que ha permitido poder plantear muchas reclamaciones en plazo procesal. LA DIFERENCIA EXPRESA RESPECTO AL CÓMPUTO Y FORMA DEL REINICIO DEL CÓMPUTO EN LOS PLAZOS SUSTANTIVOS: Siendo un plazo sustantivo de prescripción o caducidad (a diferencia del plazo judicial) aquel en que se pueden ejercitar los derechos jurídico-materiales, ha sido muy diferente la fórmula por la que el legislador ha optado respecto al reinicio de su cómputo tras la finalización de la suspensión de estos plazos en el estado de alarma. A pesar de haberse legislado el asunto en la misma norma que para los plazos procesales (la que promulgó la que fue la 5ª prórroga del estado de alarma), no se ha aclarado de forma oficial la forma en que ha de realizarse el reinicio del cómputo de este tipo de plazos (los sustantivos), siendo que, a la vista del texto de la norma (Real Decreto 537/2020) debe entenderse que también desde el día 5 de junio de 2020 se reanudó su cómputo pero sin mención expresa (a diferencia de lo que sí ocurre, como hemos visto, con los plazos procesales) sobre si estos plazos (los sustantivos) vuelven o no a computarse desde su inicio. La interpretación por esta falta de detalle a diferencia de para los plazos procesales, lleva a concluir que, a la vista del literal de la norma, respecto de la caducidad de la acción el tiempo del estado de alarma desde el 14 de marzo de 2020 al 04 de junio de 2020 ha actuado como mera suspensión de los plazos de caducidad, y la duda más compleja es tratar de determinar si, respecto a la prescripción de derechos sustantivos, se ha producido una verdadera interrupción, de tal manera que el efecto sería que el plazo prescriptivo se ha renovado en su totalidad a partir del 05 de junio de 2020. Asimismo, una segunda “incógnita procesal” va a ser determinar cómo afecta, respecto tanto a la caducidad como a la prescripción, el hecho de que se trate de un plazo sustantivo fijado por días o por meses o años, ya que, para los primeros (plazos por días) el cómputo de la reanudación coincide con cada día hábil o natural que corresponda, pero, en contraposición, si se trata de plazos que computan de fecha a fecha las dudas nos asaltan porque las fechas del periodo de suspensión de plazos durante el estado de alarma puede no coincidir (como sucederá en una infinidad de casos) con el ordinal de las fechas de plazos a los que les afecte las

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normas del artículo 5 del Código Civil del ya citado cómputo de fecha a fecha. Al respecto, con todas estas dudas sobre la mesa, las distintas posibilidades a barajar en cada caso, podría coincidir con la siguiente combinatoria: Primera posibilidad: Si el plazo comenzó a computarse antes del estado de alarma y venció durante el mismo, podría entenderse que hay que computar los días de suspensión y añadirlos tras el levantamiento de la misma, es decir a partir del 05 de junio de 2020 como primer día de reanudación. Segunda posibilidad: Si el plazo comenzó a correr antes del estado de alarma, pero expira después del levantamiento de la suspensión de los plazos, deberán añadirse los días de suspensión al momento de finalización del plazo en fecha posterior al 05 de junio de 2020. Tercera posibilidad: Si los hechos que dieran lugar a reclamación se han producido durante el estado de alarma el día inicial (o «dies a quo») para el cómputo de los plazos año será el 05 de junio de 2020, es decir, justo al día siguiente a la derogación de la suspensión de sustantivos. ¿Y RESPECTO A LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS?: También los diez plazos administrativos quedaron suspendidos con la declaración del estado de alarma, pero, en este caso, sólo hasta el 01-junio-2020, fecha en la que el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudó, o se reinició, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma. Esta suspensión sobre los plazos administrativos se aplicó a la tramitación de los procedimientos de todas las entidades del sector público, aunque con las salvedades previstas en los casos en los que el órgano administrativo competente acordó en el expediente administrativo la toma de medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifestara su conformidad, o cuando el interesado manifestara su conformidad con que no se suspendiera el plazo; así como en los casos en que las entidades del sector público acordaron motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En lo que se refiere expresamente al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbi-

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Artículo traje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, han de computarse los plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma, aunque sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. En cualquiera de los casos, y en referencia a materia social, la suspensión no se aplicó a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social a diferencia de la expresa suspensión que sí afectó a los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social (RDL 15/2020 disp. adic.2ª.2)

Siendo un plazo sustantivo de prescripción o caducidad (a diferencia del plazo judicial) aquel en que se pueden ejercitar los derechos jurídicomateriales, ha sido muy diferente la fórmula por la que el legislador ha optado respecto al reinicio de su cómputo tras la finalización de la suspensión de estos plazos en el estado de alarma En referencia a los plazos tributarios tampoco afectó la suspensión procedimientos sujetos a normativa especial, ni a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. MEDIDAS ADOPTADAS PARA PALIAR EL IMPACTO DEL CORONOVIRUS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA:

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Tras el parón por el impacto del confinamiento y del estado de alarma, el legislador, ha tenido necesariamente que tomar cartas en el asunto perentorio de las soluciones que se precisan tanto en dinamizar y recuperar la actividad judicial sin perder de vista, por su importancia vital, sobre las medidas necesarias para evitar contagios por coronavirus. En este sentido se ha promulgado la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que incide en lo que aquí nos interesa en tres ámbitos: el de establecer prioridades en los procedimientos, la adopción de medidas tecnológicas y organizativas en el ámbito de la Justicia. El artículo 2 de la citada Ley 3/2020, en referencia al orden jurisdiccional social, ha establecido que hasta el 31 de diciembre de 2020, tendrán carácter urgente y preferente los procesos en materia de despido o extinción de contrato en cualquiera de sus modalidades, considerando por tanto, también los relativos a despido objetivo como colectivo, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido establecido durante el estado de alarma, los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, los procedimientos sobre denegaciones de prestaciones extraordinarias por cese de actividad del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los ERTE por fuerza mayor o ETOP derivados del COVID-19, los procedimientos de impugnación de las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 7/2018; las reclamaciones sobre condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral de las AAPP. Estos procedimientos preferentes, se entienden como tales sin perjuicio del carácter preferente que ya tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo con la normativa procesal. En lo que se refiere a la adopción de medidas tecnológicas para poder hacer frente a los procedimientos suspendidos durante el estado de alarma, desde el 20 de junio de 2020 y hasta 20 de junio de 2021, cualquiera que sea la fecha de inicio del procedimiento, son de aplicación las siguientes medidas: - Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, se permite ordenar el acceso del público

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Artículo a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas pudiéndose acordar la emisión telemática de las vistas cuando se disponga de los medios materiales para ello. - Siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios para ello, todos los actos procesales deben realizarse preferentemente mediante presencia telemática, al igual que las deliberaciones de los tribunales. En la realización telemática de los actos procesales deben adoptarse las medidas necesarias para asegurar que se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. Además, el juez o letrado de la Administración de justicia ante quien se celebren puede decidir la asistencia presencial al juzgado o tribunal de los comparecientes que estime necesarios.

Sin duda, por la multitud de factores en juego, nos queda una larga travesía hasta que, de alguna manera podamos alcanzar cierta normalidad en el día a día en la actividad judicial tras esta inesperada desgracia que está siendo la pandemia de la COVID-19 - La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por videoconferencia, vía telefónica o a través un correo electrónico habilitado al efecto. En caso de que fuese imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita previa. - Se dispensa a las partes que asistan a actuaciones orales del uso de togas en las audiencias públicas. - Las exploraciones de los médicos forenses pueden basarse únicamente en documentación médica, pudiendo ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por medios telemáticos. En lo que respecta a las medidas organizativas, encontramos que: - Hasta el 20-6-2020 inclusive pueden establecerse jornadas de trabajo de mañana y tarde para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales y respetando en todo caso las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.

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- Se permite que los órganos judiciales que estén pendientes de entrar en funcionamiento se transformen en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19. También se posibilita anticipar el funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse con carácter exclusivo a los procedimientos asociados al COVID-19. - Hasta el 20-6-2020 se posibilita que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad. Esta asignación se realizará preferentemente de manera voluntaria y no implicará variación de las retribuciones; se adoptará de forma motivada y solo podrá realizarse entre unidades del mismo municipio y orden jurisdiccional. - Se permite que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los procedimientos asociados al COVID-19. - Hasta el 31-12-2020 se habilita a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo. Sin duda, por la multitud de factores en juego, nos queda una larga travesía hasta que, de alguna manera podamos alcanzar cierta normalidad en el día a día en la actividad judicial tras esta inesperada desgracia que está siendo la pandemia de la COVID-19. Todos estamos sufriendo lo improvisado de muchas medidas adoptadas en esta etapa que nos ha tocado vivir y los retos personales y profesionales son muchos. Tal vez algunas de las medidas que se han puesto en marcha hayan llegado para quedarse y las soluciones que nos están ofreciendo las nuevas tecnologías puedan ser el camino para una verdadera agilización del funcionamiento de la Justicia. En todo caso, la implicación y el buen hacer de todos es el presupuesto para que de este momento histórico podamos, tal vez, asentar los verdaderos cimientos de una Justicia moderna y con capacidad de respuesta. Lo importante es saber y estar convencido que, una vez más, el colectivo profesional de los Graduados Sociales Colegiados, junto al resto de operadores jurídicos, estaremos a la altura y, de nuevo, volveremos a superar con nota todo lo que comporta, a nivel técnico y personal, esta injusta pandemia que tantas pruebas nos está poniendo en una batalla del día a día. Ánimo y salud para todos.

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Artículo

José Antonio Galiani Domínguez

Psicólogo, Director del Centro Psicosanitario Galiani

COVID-19 y riesgos psicosociales

INTRODUCCIÓN La Agencia Europea por la Seguridad y la Salud en el Trabajo (allá por el año 2015) dio a conocer los principales resultados de la encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes. Los resultados evidenciaban que la prevención y gestión de los riesgos psicosociales en el entorno laboral habían experimentado un escaso desarrollo durante el siglo XXI, sobre todo en comparación con el importante papel que ocupan estos riesgos en la salud de los trabajadores y el impacto que suponen en términos de malestar psicológico, empeoramiento del clima laboral, pérdida de productividad para la empresa y número de días laborales perdidos por discapacidad. Si durante todos estos años hemos evitado gestionar los riesgos psicosociales de forma adecuada, ahora ya no tenemos escapatoria. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL COVID-19 El COVID-19 no es solamente una pandemia física sino también psicológica. Es por ello, que a pesar de la emergencia sanitaria que vivimos, no debemos ignorar la salud mental de nuestros trabajadores, ya que el COVID-19 está generando un malestar psicológico en muchas personas que es necesario empezar a gestionar también de forma eficaz desde el ámbito de la propia empresa. La encuesta ESENER-2 ya nos confirmaba que la principal barrera que impide que las empresas y COVID-19 Y RIESGOS PSICOSOCIALES puedan hacer frente a los riesgos psicosociales era la negación por parte de la empresa a hablar directamente sobre estos temas, ya que los gerentes y directivos de las empresas han tenido pánico a esta palabra durante mucho tiempo.

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Ahora ya no podemos mirar para otro lado, los cambios laborales producidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma, del confinamiento y de la vuelta a la “nueva normalidad” han supuesto un aumento de los riesgos psicosociales, lo que no nos deja más alternativa que gestionar esta situación si queremos tener empresas sostenibles y saludables en el tiempo. Todos los departamentos de prevención deben asumir que las organizaciones van a vivir esta temporada una situación anómala en la que se implantarán medidas excepcionales, adaptándonos a situaciones nuevas y que hasta hace poco ni siquiera habíamos contemplado. Esto puede asustar a nivel empresarial, pero hay un dato que conviene recordar: casi el 60% de las bajas de contigencias que se cursaron en España en 2019 ya eran provocadas, directa o indirectamente, por motivos de salud mental. Por ello es muy importante entender que en este contexto, más que nunca, habrá personas que, por su forma de ser, se vean desbordadas y no sean capaces de afrontar esta situación. Es una temporada excepcional y debemos todos de hacer un ejercicio de empatía para entender que ciertas personas necesitarán apoyo psicológico y emocional. Recordemos que realizar una evaluación de riesgos psicosociales no se ciñe a administrar un cuestionario, sino a identificar qué factores se encuentran en situación adecuada que nos permita hablar de una empresa saludable en todos los aspectos, e identificar aquellos factores que requieren medidas de actuación para prevenir y evitar daños en la salud de los trabajadores (y por ende en el funcionamiento de la empresa).

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Artículo ÁREAS DE ACCIÓN EN LAS EMPRESAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Por todo lo anterior, resulta fundamental analizar y comentar con detenimiento la guía “Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic” publicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo propósito es ofrecer algunas ideas claves a tener en cuenta para evaluar los riesgos psicosociales e implementar medidas preventivas para proteger la salud y la pandemia de COVID-19.

En este apartado, se proponen medidas relacionadas con la reducción de la exposición al contagio, la necesidad de disponer de equipos de trabajo y de protección adecuadas y saber cómo usarlos, etc. 2.- Carga de trabajo, ritmo de trabajo y horario de trabajo

La guía considera diez áreas de acción a destacar como relevantes para la prevención de los riesgos psicosociales, tanto sobre el estrés relacionado con el trabajo, como sobre la promoción de la salud y el bienestar, tanto en las fases de posible confinamiento como para el regreso al trabajo. Si bien la guía pretende ayudarnos a trabajar de forma eficaz sobre los factores psicosociales asociados a la situación actual de pandemia, no debemos olvidar que cada sector de actividad, cada puesto, cada región, etc, tiene sus particularidades, por lo que no debemos tomarlo como una receta a aplicar sin pensar, sino que tenemos que adaptar las medidas a la casuística de cada uno, sin olvidar que el objetivo principal es la prevención. Estas áreas son las siguientes: 1.

Medio ambiente y equipamiento (entorno e instalaciones). 2. Carga de trabajo, ritmo de trabajo y horario de trabajo. 3. Violencia y acoso. 4. Equilibrio personal-profesional (conciliación personal-laboral). 5. Seguridad laboral. 6. Liderazgo gerencial (liderazgo de los mandos, liderazgo de la dirección). 7. Comunicación, información y formación. 8. Promoción de la salud y prevención de comportamientos negativos de afrontamiento. 9. Apoyo social. 10. Apoyo psicológico y emocional. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN DESCRITAS 1.- Medio ambiente y equipamiento (entorno e instalaciones) Algunos aspectos que pueden favorecer la aparición de ansiedad y estrés están relacionados con la falta de materiales adecuados o tener que trabajar en un entorno físico inadecuado.

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Aquí se expresan las medidas relacionadas con la evaluación de la carga y reparto de trabajo, como, por ejemplo, reconocer que hace falta un periodo de tiempo de adaptación a la nueva situación, por lo que los niveles de productividad pueden estar por debajo de lo habitual; revisar procedimientos, tareas y asignación de descanso adecuado; las mismas; revisar horarios y turnos que permitan un poner en común con los trabajadores mejoras e incidencias en las que ellos puedan aportar propuestas; fomentar en los trabajadores un estilo de vida saludable con ejercicios de relajación, estiramientos, actividades recreativas, etc. 3.-

Violencia y acoso

Aunque algunas personas pudieran pensar que durante el confinamiento y trabajando desde casa, la violencia en el puesto de trabajo se pueda ver reducida, así como los conflictos, en esta guía nos llaman la atención sobre lo contrario, poniendo en el foco cómo en deter-

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Artículo minados casos se ve potenciada la violencia laboral. Por ejemplo: la inseguridad y el miedo que se vive con la crisis sanitaria hace que las personas estén más irascibles y emocionalmente inestables, pudiendo agredir más fácilmente a aquellos trabajadores que tienen que cumplir con obligaciones, tales como el personal sanitario, dependientes de comercio, policías, conductores de transporte público, etc.

se muestra más difícil, si cabe, debido a que muchos trabajadores han tenido que trabajar desde casa, compartir espacios con familiares o compañeros de piso, teniendo que asumiendo en muchos casos, la sobrecarga derivada del cierre de las escuelas, los servicios infantiles, los servicios de atención domiciliaria, los trabajadores domésticos, etc. Todo ello está suponiendo una fuente de estrés con consecuencias muy negativas en la salud de los trabajadores. En este apartado, se proponen medidas eficaces, tales como aumentar la flexibilidad en los horarios de trabajo; informar sobre las medidas de apoyo que se hayan adoptado y las posteriores que vayan surgiendo; reconocer que las demandas de la vida personal y laboral impactan sobre la productividad y hacer ajustes teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores, por ejemplo, en el trabajo desde casa enseñar a los trabajadores cómo establecer límites y tiempos de trabajo sin interrupción o bien tiempos de descanso y desconexión, etc. 5.- Seguridad laboral La crisis sanitaria no ha llegado sola, sino que ha provocado un profundo impacto en la economía global. Muchas empresas han tenido que cerrar, otras, reducir su tamaño, hacer reestructuraciones, etc. Todo ello con consecuencias significativas en el empleo. En las poblaciones más vulnerables, el miedo a perder el empleo puede llevar a que los trabajad res acudan al trabajo incluso enfermos con tal de no perder el puesto a riesgo de contagiar al resto de compañeros.

También, la falta de comunicación entre compañeros puede generar mayor número de malentendidos y conflictos. Por otro lado, con el aumento en el uso de las TICs se ha producido un aumento del acoso cibernético, o la violencia doméstica al estar la familia confinada. Se da una situación de círculo vicioso donde la violencia produce estrés, pero también las situaciones que nos producen estrés pueden desencadenar actos violentos. En este apartado, se proponen medidas como disponer de procedimientos y políticas de actuación contra la violencia, el acoso y la discriminación, proporcionando a los trabajadores instrucciones claras de cómo actuar en cada caso y sensibilizar acerca de los efectos de la violencia doméstica, entre otras. 4.- Equilibrio personal-profesional (conciliación personal-laboral) Separar y conciliar la vida personal y laboral es un reto que teníamos sobre la mesa, pero en estos momentos

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Además, muchas empresas tienen que cambiar las prácticas y procedimientos de trabajo para adaptarse a los nuevos requisitos para proteger a los trabajadores, proveedores y clientes del contagio. El miedo a la pérdida de empleo, los recortes salariales, los despidos y la reducción de los beneficios están asociados con un mayor estrés, ansiedad, depresión y agotamiento. En este apartado, se proponen medidas para informar a los trabajadores acerca de los derechos que tienen por enfermedad o el cuidado a las personas dependientes, etc, manteniéndoles informados sobre los cambios para reducir rumores e incertidumbre, fomentando el desarrollo y su formación para asumir cambios y nuevas actividades, entre otras. 6.- Liderazgo gerencial (liderazgo de los mandos/ liderazgo de la dirección) Si siempre han sido una figura clave, en momentos de crisis, los líderes los son aún más y así nos lo indican en esta guía. Son los que, en condiciones ideales, generan un impacto positivo en la salud mental y bienestar de los trabajadores, pero que, en la situación actual, tienen

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Artículo por delante muchos frentes abiertos: los trabajadores, clientes, proveedores, socios, administraciones, sistemas financieros, legislaciones cambiantes, familiares, ellos mismos y sus circunstancias, y toda la incertidumbre que estamos viviendo. Están bajo una fuente de presión y estrés altísimos, y además con la obligación de proteger a sus trabajadores de los riesgos físicos y mentales producidos por esta pandemia. En este apartado, se proponen medidas que permitan desarrollar un liderazgo inteligente, demostrando compromiso en la protección de la salud física y mental de los trabajadores, dando prioridad a la seguridad, contando con la participación de los trabajadores a la hora de identificar acciones de mejora, aprovechando los cambios y la innovación con una visión más a mediolargo plazo, y siendo un modelo a seguir sobre la importancia y seriedad con la que deben tomarse la salud y la seguridad, incluso en relación con el estrés y la salud mental. 7.- Comunicación, información y formación La comunicación clara y abierta en colaboración con los trabajadores permite evitar rumores, potencia la implicación de los trabajadores en la implementación de acciones y decisiones importantes, y en la resolución efectiva de problemas. De lo contrario, con informaciones falsas o escasas, se pueden potenciar los miedos a contagios, sentimientos de amenaza, aprensión, preocupaciones, ansiedad, etc. En este apartado, se proponen medidas que permitan potenciar la comunicación digital con distanciamiento físico, dada la necesidad de respetar las dando información clara y teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores para generar un entorno de confianza. Comunicaciones claras respecto a los riesgos y las medidas preventivas, los derechos y las obligaciones en el cumplimiento de las medidas de protección, a quién dirigirse en caso de dudas, capacitar a los mandos en promoción de comportamientos saludables, de seguridad y apoyo, que puedan reconocer signos de depresión o estrés, violencia laboral o doméstica, disponer de técnicas de gestión del estrés, informar de programas de apoyo psicológico, etc. 8.- Promoción de la salud y prevención de comportamientos negativos de afrontamiento La situación de crisis sanitaria, el confinamiento, la incertidumbre, los cambios en los hábitos de vida con dificultades para dormir, mala alimentación, ausencia de actividad física, aumento del consumo de alcohol, tabaco, drogas, etc, están provocando en muchas personas problemas de salud física y mental.

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Precisamente por la situación de crisis sanitaria, es cuando más necesario se hace que las personas potencien un estilo de vida saludable, ya que repercutirá positivamente en el sistema inmunológico, reducirá el estrés, la ansiedad, etc. Por ello, las medidas que se proponen van en la línea de informar, formar y capacitar a los trabajadores en el desarrollo de hábitos de vida saludable y gestión del estrés. 9.- Apoyo social El apoyo social no se refiere sólo a la ayuda práctica para realizar una tarea o actividad, sino también incluye la necesidad de aprecio, de información o consejos, de resolución de problemas, etc. Es por tanto muy importante para afrontar el estrés. Las fuentes de apoyo social son compañeros de trabajo, supervisores, gerentes, familiares y amigos. Sin embargo, situaciones como el distanciamiento social, el confinamiento, el teletrabajo, etc, están generando en muchas personas la sensación de aislamiento, que prolongado en el tiempo puede suponerles riesgos para su salud mental. En esta línea, las acciones tienen que ir dirigidas a potenciar el encuentro social, por ejemplo, a través de reuniones virtuales, facilitando canales de comunicación a los trabajadores donde puedan pedir apoyo, compartir inquietudes, etc, así como valorar y reconocer el buen desempeño laboral y la contribución de los trabajadores. 10.- Apoyo psicológico y emocional Está comprobado que esta situación de crisis sanitaria, económica y social está afectando psicológica y emocionalmente a un altísimo volumen de personas. Poder disponer de un apoyo psicológico y emocional adecuado se presenta como una herramienta clave para favorecer una recuperación más rápida y un retorno al trabajo más sostenible. Para ello, podemos facilitar a los trabajadores la posibilidad de un asesoramiento especializado (externo o interno) para que realicen consultas en relación a las cuestiones que les surjan concernientes a su salud emocional y bienestar mental, garantizando la confidencialidad del servicio prestado. El apoyo psicológico y emocional adecuado a los trabajadores en todos los niveles jerárquicos, facilita la gestión de los riesgos psicosociales, dotándolos de potentes herramientas para afrontar la situación actual de pandemia, los cambios, la incertidumbre, etc, compren-

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Artículo diendo el efecto positivo que causa en la salud física una adecuada salud mental.

to mayor, abuso de sustancias, separación y duelos, conciliación laboral, etc.

PROGRAMAS DE BIENESTAR EMOCIONAL PARA REDUCIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LAS EMPRESAS

Los resultados demuestran que los programas de bienestar emocional para empresas han demostrado ser una potente herramienta a nivel preventivo, ayudando a detectar de forma precoz comportamientos de riesgo, conflictividad laboral incipiente y elevados niveles de estrés en las empresas.

Los programas de bienestar emocional para empresas son un conjunto de servicios diseñados para ayudar, orientar y apoyar a sus trabajadores y familiares directos ante circunstancias de tipo laboral, personal o familiar, que pueden causar dificultades psicológicas y emocionales significativas e influir negativamente en su desempeño, productividad, salud emocional y bienestar mental. El objetivo es brindar herramientas e información que

Vivimos un momento sin precedentes, la pandemia del COVID-19 hace que mantener el ánimo y ser optimistas ante esta situación se vuelva todo un reto, es más, es probable que los estados de ánimo de los trabajadores se acerquen más al enfado, irritación, ansiedad, miedo, etc, que al bienestar

Beneficios para la empresa de la implantación de un programa de bienestar emocional · Reduce el índice de absentismo y bajas laborales, con el consiguiente ahorro de costes económicos · Mejora el clima organizacional y las relaciones interpersonales · Incrementa la percepción positiva de la empresa como facilitadora de bienestar emocional y laboral · Estimula la detección precoz de problemas o dificultades · Aumenta la confianza del trabajador en la empresa · Optimiza la retención del talento en la organización · Ayuda a la empresa a ser socialmente responsable, mejorando la reputación de tu marca y fortaleciendo la confianza de tus clientes. Beneficios para el trabajador · Mejora en el afrontamiento de dificultades de la vida laboral, personal y familiar · Canalización de reacciones emocionales a corto plazo · Favorece una buena gestión del estrés de ciertas situaciones por parte del trabajador · Aumento de la motivación por el trabajo y el rendimiento óptimo dentro de la organización · Facilita el desempeño profesional dentro de la organización · Incrementa la satisfacción con su trabajo RESUMEN FINAL

permita generar un impacto positivo en su calidad de vida, ayudando a que cada persona pueda desplegar lo mejor de sí para pasar por sus experiencias vitales con el menor daño posible y, a ser posible, generando resiliencia a nivel personal, familiar y social.

Vivimos un momento sin precedentes, la pandemia del COVID-19 hace que mantener el ánimo y ser optimistas ante esta situación se vuelva todo un reto, es más, es probable que los estados de ánimo de los trabajadores se acerquen más al enfado, irritación, ansiedad, miedo, etc, que al bienestar.

La garantía de confidencialidad es uno de los pilares básicos del programa, ya que es la única manera que tienen los trabajadores y sus familiares para sentirse seguros y animados a utilizarlo.

Los nuevos riesgos psicosociales han venido para quedarse, por lo que necesitamos programas de prevención de riesgos psicosociales, herramientas de evaluación y estrategias de intervención que sean eficaces, eficientes y que sirvan verdaderamente para gestionar nuestra salud física y emocional de forma adecuada, y, de este modo, poder superar con el menor impacto posible esta nueva etapa.

La temática de las consultas puede girar alrededor de temas personales, estrés laboral, relaciones familiares y sentimentales, educación de los hijos, cuidados del adul-

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Artículo

Ángela Martínez Labrador Responsable de Comunicación y Marketing GRUPO 2000

Webinar, el nuevo modelo de formación que ha venido para quedarse

El confinamiento y las medidas restrictivas del Covid-19 han transformado nuestros hábitos y abierto la mente hacia nuevas formas de consumo centradas en el ámbito online. Tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto Ley 463/2020, España vivió un momento inédito: el confinamiento. Muchas entidades se vieron obligadas a implementar a marchas forzadas medios digitales para seguir trabajando y comunicándose con sus clientes. En ese contexto, las herramientas de formación online se convirtieron en la mejor vía para aprovechar el tiempo durante el parón obligatorio. Según Statista, las plataformas educativas llegaron a incrementar hasta en un 12% sus usuarios durante el estado de alarma. La palabra Webinar, hasta entonces desconocida por la población, se convirtió en un término tremendamente utilizado y la opción predilecta para formarse, por su breve duración y accesibilidad. Pero, ¿qué es exactamente un Webinar? El término Webinar surge de la fusión de los vocablos anglosajones “web” y “seminar” (seminario). Un Webinar es una conferencia, seminario o taller sobre un tema específico que se realiza a través de internet y normalmente se comparte en tiempo real, aunque también puede ser grabado previamente. Permite que el ponente se dirija a multitud de personas, en lugares diferentes, de forma cómoda y sencilla. Esta herramienta sirve, no sólo para impartir formación, también como una vía para mantener la comunicación

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con clientes, trabajadores o captar la atención de nuevos usuarios en las redes sociales. El Webinar es una vía excelente para generar interacción en torno a las marcas y mantener el contacto con sus clientes. Muchos negocios y pequeños empresarios lo descubrieron durante esta crisis. La avalancha de Webinar durante el confinamiento generó a su vez un sentimiento de “infoxicación”. Había tal volumen de sesiones online y conferencias, tal cantidad de información en la red, que era difícil de procesar para los usuarios. No obstante, fue un descubrimiento para muchas personas, que todavía tenían reticencias a formarse online o comunicarse a través de plataformas de streaming. Y ahora incluso lo prefieren frente a la formación presencial por sus múltiples ventajas. Datos interesantes para cualquier negocio sobre los Webinar El estudio realizado por GotoWebinar, nos ofrece un dato revelador: el 76% de compradores ha asistido a algún Webinar en los últimos 12 meses antes de tomar su decisión de compra. Por tanto, es un elemento a tener en cuenta en el plan de Marketing de cualquier entidad. Más del 57% de las inscripciones a Webinar se realizaron a través de email, siendo el canal más efectivo para promover este tipo de eventos, junto a las redes sociales. En torno a un 59% de los usuarios se suelen registrar a lo largo de la misma semana en que tenga lugar el evento, por ello los recordatorios suelen ser efectivos. ¿Cómo es el funcionamiento de un Webinar? Normalmente se fija una fecha para el evento online, que se comunica a los posibles participantes.

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CON LA GARANTÍA DE GRUPO 2000


Artículo La participación puede ser abierta o privada, según el criterio del organizador.

ción en un entorno donde no se está siendo observado, es mayor.

Las personas interesadas reciben la información sobre el Webinar y pueden suscribirse a través de las redes sociales, una página web o un correo electrónico.

Las herramientas para impartir Webinar más utilizadas

En el día del evento, se suelen enviar recordatorios para que el suscriptor recuerde la hora de la sesión y las claves o enlace de acceso, en su caso. En ocasiones, existe un tiempo limitado para establecer conexión con el Webinar y pasados unos minutos se bloquea el acceso. Una vez se ha establecido conexión con la sesión, se podrá visualizar al ponente, sus diapositivas u otro material de apoyo. Es habitual que los Webinar cuenten con un chat para poder interactuar con el presentador o docente y plantear consultas. Se recomienda que la duración de la sesión sea breve, entre 1 y 2 horas es lo habitual. Ventajas e inconvenientes de los Webinars Los Webinar aportan grandes ventajas, estas son algunas de ellas:

Algunas aplicaciones para realizar reuniones online y Webinar han llegado a multiplicar sus usuarios hasta un 200%. Quizá el caso más conocido es el de Zoom, se vieron altamente desbordados al inicio del confinamiento, siendo noticia por fallos en la seguridad de la aplicación. A pesar de ello, lograron sobreponerse e implementar una importante actualización para garantizar mayor seguridad. Sin lugar a dudas ha sido la herramienta más utilizada, tanto a nivel profesional, como personal, por su usabilidad y acceso gratuito. GotoWebinar o Adobe Connect son herramientas también bastante potentes para realizar este tipo de eventos. Siendo esta última especialmente fiable y segura. Las redes sociales también han destacado durante estos meses por sus herramientas para crear sesiones en directo, entre ellas, Youtube, Instagram y Facebook, que permitían realizar sesiones en directo.

• Permiten llegar a un público más amplio.

El uso de las redes es fundamental para dar visibilidad al evento y facilita que puedan ser vistos por más usuarios.

• No existen barreras geográficas.

Tendencias en el sector de la formación

• Suponen un menor coste para la entidad que los organiza, ya que utiliza fundamentalmente herramientas online.

En el ámbito formativo, el Webinar ya era una tendencia en auge, que se ha consolidado durante los últimos meses.

• Permite potenciar la red de contactos de la empresa. • Es posible medir el alcance del evento y personas que lo han visualizado.

La distancia social y las medidas de seguridad frente al Covid-19 han favorecido que la formación online se convierta en la modalidad predilecta durante 2020.

• Es un material audiovisual de alto valor para el ponente o empresa, que puede utilizar posteriormente.

En 2019, la formación online representó apenas un 22,8% del total de cursos que se impartieron en el entorno empresarial, según datos de FUNDAE.

Igualmente habría que destacar uno de los principales inconvenientes de este tipo de eventos online, está totalmente en manos de la tecnología. Si la conexión a internet falla o se producen problemas técnicos, pueden obligar a cancelar o posponer el evento.

Si analizamos los datos de los últimos meses, estos porcentajes casi se han triplicado. Actualmente, la formación online supone un 62,7% sobre el total de acciones formativas que se están contratando de forma bonificada.

Otra desventaja que suelen lamentar los docentes es la dificultad para percibir el impacto de su ponencia en la audiencia y las limitaciones para la interacción, en comparación con la formación presencial.

El giro inesperado que ha dado el mercado formativo ha obligado a adaptarse. La mayoría de centros de formación, universidades e incluso acciones formativas para desempleados del SEPE, que habitualmente impartían formación presencial, durante este nuevo curso impartirán clases online o de forma mixta, combinando ambas modalidades.

El factor de las distracción es otro elemento a tener en cuenta. Estadísticamente la tendencia a realizar otra ac-

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Artículo Una variante que está cobrando fuerza es la formación en streaming, con clases en directo, que permite una mayor cercanía e interacción entre docente y alumno. El inglés es la temática más demandada por las empresas durante 2020. Seguida de otra especialidad que ha cobrado especial protagonismo, la prevención de riesgos laborales, consecuencia directa de las medidas de seguridad que deben implementar las empresas en el centro de trabajo. Las habilidades directivas y desarrollo personal, junto con el aprendizaje de herramientas para afrontar el teletrabajo, son otras formaciones especialmente valoradas. La asimilación del Aula Virtual a la formación presencial Durante el estado de alarma ocurrió un hecho sin precedentes en la formación para el empleo, con el fin de que los cursos iniciados pudieran continuar en modalidad online, la Resolución del 15 de abril de 2020 del SEPE equiparó la utilización de las clases en streaming a la formación presencial. Esta normativa, aún vigente, permite que los cursos de formación bonificada y formación para desempleados se desarrollen a tiempo real, donde el formador y el alumno interactúen sean equiparables a la formación presencial. Para ello, se exige que se lleve un registro identificando la formación, sus participantes, fechas y tiempos de conexión. Y, que además, sea un sistema que facilite que los órganos de control del SEPE accedan durante la acción formativa. No toda la formación online es bonificable. Precauciones a tener con los Webinar La proliferación de entidades formativas y Webinar durante estos meses conlleva un riesgo para las empresas, que deben saber que no todos los cursos o conferencias son bonificables.

No podrán excederse las 8 horas diarias de formación, salvo que se imparta en una sola jornada.

• El número de participantes no debe ser superior a 80 alumnos por tutor. • La formación debe guardar relación con la actividad de la empresa. • Y por supuesto, deberá garantizarse la gratuidad de la formación para el trabajador. La plataforma educativa que se utilice deberá reunir los requisitos establecidos por FUNDAE y permitir el control sobre su realización. El centro que imparta la formación tendrá que cumplir la normativa vigente sobre la formación programada por las empresas y estar inscrito en el Registro Estatal de Entidades de Formación. De no cumplirse los anteriores requisitos, Seguridad Social podría solicitar posteriormente la devolución de las cantidades bonificadas. Grupo2000 es un centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal para impartir formación bonificada para empresas y contratos de formación en modalidad online y presencial. Nos ponemos a disposición de todos los colegiados para brindarles nuestra ayuda más que nunca y asesorarles en todo lo que necesiten en el ámbito de la formación para el empleo. Desde aquí aprovechar también para felicitar al equipo del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla por su labor informativa durante estos meses. Y destacar especialmente el admirable trabajo que está realizando todo el colectivo de Graduados Sociales para ayudar a empresas y trabajadores a afrontar esta difícil situación en la que nos encontramos. Muchas gracias por vuestro esfuerzo.

Las acciones de índole informativo o divulgativo como jornadas, congresos o seminarios no se pueden bonificar según la normativa de FUNDAE. Además, para que una acción formativa online sea bonificada en los seguros sociales, deberá cumplir los siguientes requisitos: • La duración mínima del curso será de 2 horas.

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71


Artículo

Dr. Antonio Bauzano Poley

Médico de Contingencias Profesionales de la Mutua Cesma en Sevilla

La Covid-19 desde el enfoque de enfermedad profesional

Los coronavirus son una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus descubierto recientemente se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). ¿Dicho contagio podría contemplarse como una enfermedad profesional? Enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o por cuenta propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales (artículo 157 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). Según esto podría encuadrarse en el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro) como tal enfermedad profesional causada por agentes biológicos y recogida en el grupo 3, agente A Subagente 01. El contagio se ha considerado como accidente de trabajo para determinados profesionales. El sindicato CSIF fue el primer sindicato que el pasado 5 de marzo solicitó que el contagio por Covid-19 se debería considerar enfermedad profesional, y solicitó que el reconocimiento como accidente de trabajo se extienda a otros colectivos que por su actividad profesional hayan estado expuestos al coronavirus, tales como personal de laboratorio, trabajos funerarios, personal de auxilio y de orden público, centros penitenciarios, odontólogos, etc.

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De hecho, La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 ó Covid-19, sea una enfermedad profesional que afecta a los profesionales sanitarios. Por otra parte, la misma OMS, el 19 marzo 2020, establecía que se debe considerar el derecho a compensación, rehabilitación y servicios curativos para trabajadores de la salud infectados con COVID-19 después de la exposición en el lugar de trabajo “considerada como una enfermedad profesional derivada de exposición ocupacional”. Durante el transcurso de la pandemia se colapsó el sistema sanitario y se comenzaron a emitir partes de baja en todos los casos de afectación por coronavirus como enfermedad común, y a todos los trabajadores sea personal sanitario o no, siendo además la prestación económica equiparable a la de accidente de trabajo y sin periodo de carencia. Fuera del campo jurídico, las diferencias entre la Enfermedad Profesional y el Accidente de Trabajo resultan más intuitivas. El accidente se define como un suceso sorpresivo y súbito, del que se deriva una lesión instantánea. Como hemos visto, las consecuencias o secuelas de esta lesión pueden dilatarse en el tiempo. Pero la causa cesa en el acto. Sin embargo, la enfermedad supone un proceso de desmejora, un empeoramiento progresivo del estado de salud. En este caso el daño sigue en aumento, pudiendo ser persistente su causa. Hay quien define esta diferencia por el período de latencia, entendido como el que dista entre la exposición al agente y la manifestación del daño. Pero también podría ser considerado como accidente de trabajo, según artículo 156 de la LGSS. Así, la legislación determina que un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuen-

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Artículo ta ajena (art. 156.1 LGSS). Con las consideraciones de que: el trabajador sufra una lesión corporal (entendiendo por lesión todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad), que ejecute una labor por cuenta ajena, y que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo (exista una relación de causalidad directa entre trabajo – lesión). Hay también otros supuestos que podrían considerarse como accidente de trabajo, como son los accidentes sufridos en lugar y tiempo de trabajo (Art. 156.3 LGSS), accidentes “in itinere” (Art. 156.2 a) LGSS), los accidentes relacionados con elección de cargos de carácter sindical (Art. 156.2 b) LGSS), son los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las

Existen sindicatos como CSIF que piden que sea considerada como tal enfermedad profesional, además de por su existencia en el cuadro de enfermedades, puesto que reúne los requisitos legales (art. 157 LGSS), porque las secuelas de una enfermedad profesional se pueden tener en cuenta incluso tras la jubilación, no como en el resto de contingencias tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. (Art. 156.2 c) LGSS), los actos de salvamento (Art. 156.2 d) LGSS), las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente (Art. 115.2 f ) LGSS), las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente

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para su curación (Art. 115.2 g) LGSS) y los debidos a imprudencias profesionales (Art. 156.5 a) LGSS). Es importante señalar el art. 156.2 e) de la LGSS, que establece que tendrán consideración de accidente de trabajo las enfermedades comunes que contraiga el trabajador/a con motivo de la realización de su trabajo, no necesariamente incluidas en la lista de enfermedades profesionales. Todo ello hace posible el tener en cuenta enfermedades no incluidas como enfermedades profesionales que contagien al trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Según lo anterior todo parece indicar que las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 se consideran accidente de trabajo y no enfermedad profesional, concretando que el contagio se acreditará mediante la tramitación del correspondiente parte de accidente de trabajo. El periodo de aislamiento sería el tiempo de observación de enfermedad profesional. Pues bien, los periodos de aislamiento preventivo hoy día se consideran como incapacidad temporal por enfermedad común, con independencia de su tratamiento de cara a la prestación económica como asimilación excepcional a la contingencia de accidente de trabajo. Correspondiendo la emisión de los partes de baja, confirmación y alta al Servicio Público de Salud. Existen sindicatos como CSIF que piden que sea

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Artículo considerada como tal enfermedad profesional, además de por su existencia en el cuadro de enfermedades, puesto que reúne los requisitos legales (art. 157 LGSS), porque las secuelas de una enfermedad profesional se pueden tener en cuenta incluso tras la jubilación, no como en el resto de contingencias. Llegados a este punto, habría que preguntarse, que, si la infección por Covid es una enfermedad y se pretende considerar como profesional, ¿por qué no se podría considerar igualmente una enfermedad como la gripe (por ejemplo) como enfermedad profesional? No hay que olvidar que la gripe es la causante de muchas muertes al cabo del año, es decir, es una enfermedad que puede complicarse de forma muy seria, que es igualmente contagiosa (sino más), que puede provocar neumonías, que es más grave en personas con patologías previas y/o edad avanzada; es decir, carac terísticas que la hacen muy similar a la COVID-19. De hecho, la gripe tiene el triste record de ser la enfermedad que más seres humanos ha matado; la mal llamada gripe española (pues no empezó en España) fue una pandemia que mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. De igual forma ¿por qué no contemplarla siempre como un accidente de trabajo? Si un sanitario se pinchase con una aguja de un paciente con hepatitis, se activaría el protocolo biológico existente, y de ser positivo se consideraría un accidente de trabajo. Si un paciente de COVID tose cerca de la cara de un sanitario sin tener medios de protección en ese momento y

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se contagia, ¿sería igualmente considerado un accidente? ¿Por qué una enfermedad si y otra no, y por qué un hecho fortuito (accidente) sí y otro no? Se ha querido reforzar la protección de las personas trabajadoras que prestan servicios en centros sanitarios y sociosanitarios mediante el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos de la Covid-19. En el artículo 9 de este Real Decreto se establecía: "1. Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre". Y en relación a la duración de esta presunción, el apartado segundo del precepto disponía: "2. Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARSCoV2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedida dentro del mismo periodo de referencia". Por tanto, una vez finalizada la situación del Estado de Alarma y ultrapasado el periodo de un mes desde su finalización, la consideración como derivados de accidente de trabajo, vía artículo 156.2.e) de la LGSS, decayó el pasado día 21/07/2020 y esto ha generado una situación de incertidumbre jurídica para amplios colectivos de trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares de geriatría, limpiadoras de centros sanitarios, etc...) que no tienen clara la contingencia de los procesos de baja fruto de la exposición laboral al Covid-19. La Disposición Adicional 8ª del RDLey 27/2020, de 4 de agosto, establece que la “consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará, a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las

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Artículo medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia”. En la actual situación entendemos que se debe aplicar el Cuadro de Enfermedades Profesionales, establecido por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, en el que se establecen los criterios para su notificación y registro, y donde se determina: «GRUPO 3, AGENTE A, SUBAGENTE 01 3 enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección: - Personal sanitario. - Personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas. - Personal de laboratorio. - Personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio. - Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos. - Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados. - Odontólogos. - Personal de auxilio - Trabajadores de centros penitenciarios.» Y concretamente, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se determina el «Coronaviridae», como agente biológico de clasificación 2 ( «b; Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz»). En el mismo sentido, cabe hacer referencia a la normativa comunitaria existente en relación a la exposición laboral a la Covid-19, como agente de carácter biológico. Así, podemos observar como la muy reciente Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de

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Las prestaciones de Seguridad Social de los trabajadores de centro sanitarios y sociosanitarios derivadas de la exposición laboral a la Covid-19 se podrían considerar como derivadas de enfermedad profesional 3 de junio de 2020 ha procedido a la inclusión del SARS-Cov-2 en la lista de los agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, modificando la Directiva 2000/54 / CE del Parlamento Europeo sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Por lo tanto, se puede observar como existe un marco normativo extenso que determina que la exposición laboral al Covid-19 y las prestaciones de Seguridad Social que se pueden derivar pueden tener la consideración de enfermedad profesional. Consideramos que en los procesos de baja de los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios fruto de la exposición al coronavirus encontramos los tres elementos necesarios para que opere la presunción legal establecida en el art. 157de la LGSS, ya que se da: 1.- La actividad, es decir, la prestación de servicios en centros sanitarios y sociosanitarios (hospitales, residencias etc.) 2.- El agente, exposición laboral a uno de los agentes, concretamente el "Coronaviridae", clasificado como agente biológico en el Real Decreto 664/1997 así como en la Directiva 2020/739. 3.- La enfermedad, en este caso la Covid-19. Por lo tanto y, en definitiva, desde nuestro punto de vista, las prestaciones de Seguridad Social de los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios derivadas de la exposición laboral a la Covid-19 se podrían considerar como derivadas de enfermedad profesional, siempre salvo mejor criterio del lector del presente artículo.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Enero - Septiembre 2020 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2005

Colegiado: 2007

José Manuel Rivero Gómez

Pedro Miguel Rico Villalón

Domicilio profesional:

Estacadillas, 45

Domicilio profesional:

Avda. República Argentina, 26 1ºB Oficina Manhattan

Localidad profesional:

41540 La Puebla de Cazalla (SEVILLA)

Localidad profesional:

41011 SEVILLA

Tlfno:

954 020 050

Tlfno:

625 380 726

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2013

Julián Mateos Quintanilla

Colegiado: 2015

Rocío González Zamorano

Domicilio profesional:

C/ Pablo Ruiz Picasso, 3-A

Domicilio profesional:

c/ Minarete, 2

Localidad profesional:

41910 Salteras (Sevilla)

Localidad profesional:

41110 Bollullos de la Mitación

Tlfno:

610 331 594

Tlfno:

600 300 523

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2024

Colegiado: 2021

Pablo Gastalver Gómez

David Herrera Lobato

Domicilio profesional:

Avda. de Lepanto, 13 B

Domicilio profesional:

C/ Pintor Rosales 3, 2ºD

Localidad profesional:

41600 Arahal (Sevilla)

Localidad profesional:

41005 Sevilla

Tlfno:

692 106 476

Tlfno:

620 765 716

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2028

Colegiado: 2025

Miguel Ángel De la Rosa García

Rosa María Burgos Romero

Domicilio profesional:

Avda. Roberto Osborne, 16

Domicilio profesional:

Ronda de San Agustín, 11-A

Localidad profesional:

41007 Sevilla

Localidad profesional:

41400 ECIJA (SEVILLA)

Tlfno:

677 594 497

Tlfno:

670 318 923

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2029

Rosimari Pinto Carvalho

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Domicilio profesional:

C/ Relator, 23

Localidad profesional:

41003 Sevilla

Tlfno:

625 413 949

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Movimiento Colegial EJERCIENTE DE EMPRESA

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2008

Nº Colegiado

2006

Nombre

José Avilés Muñoz

Nombre

María del Cármen Castejón Madueño NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2009

Nº Colegiado

2010

Nombre

Guadalupe Rodríguez Quirós

Nombre

Khadija Hamdoun Hamdoun

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2012

Nº Colegiado

2011

Nombre

María de Fátima de Thena-Herrera Blanco

Nombre

Evelyn Claudia Díaz Clavijo

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2014

Nº Colegiado

2016

Nombre

Marta Ruiz González

Nombre

Laura Marín Iglesia

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2017

Nº Colegiado

2018

Nombre

María del Cármen Rodríguez Pérez

Nombre

Antonio Manuel Moyano Romero

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2019

Nº Colegiado

2020

Nombre

Irene Fernández Blanco

Nombre

Manuel Ángel Boixo Aragón

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2022

Nº Colegiado

2023

Nombre

José Rodríguez Álvarez

Nombre

Marcos Gordón Hornillos

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2026

Nº Colegiado

2027

Nombre

Adolfo del Toro Pacheco

Nombre

Jesús Ríos Núñez

CAMBIOS DE MODALIDAD NO EJERCIENTE A EJERCIENTE

NO EJERCIENTE A EJERCIENTE

Nº Colegiado

1891

Nº Colegiado

1936

Nombre

Clara Cruz Valle

Nombre

Alicia Labrado Caro

Domicilio profesional Hacienda los Olivos, 83

Domicilio profesional Jauregui, 4-6 Bloq. A Plta Pta 5

Tlfno.

657 678 986

Tlfno.

662 100 064

Localidad prosional

41003 Mairena del Aljarafe

Localidad prosional

41003 Sevilla

NO EJERCIENTE A EJERCIENTE

NO EJERCIENTE A EJERCIENTE DE EMPRESA

Nº Colegiado

1988

Nº Colegiado

1354

Nombre

Mercedes Morillo Toucedo

Nombre

Daniel Jaén Arenas

Domicilio profesional C/ Profesor Manuel Clavero Arévalo, 2 Blq B - 3ºF

Domicilio profesional Plaza de Roma, Blq 17 - 4ºA

Tlfno.

607 367 718

Tlfno.

954 120 256

Localidad prosional

41020 Sevilla

Localidad prosional

41089 Montequinto - Dos Hermanas

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Graduados Sociales n.º 99 • 2020


Movimiento Colegial EJERCIENTE A EMÉRITO

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0506

Nº Colegiado

0412

Nombre

Jesús Manuel Velasco

Nombre

Ildelfonso Mancera Vergara

EJERCIENTE A EMÉRITO

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0378

Nº Colegiado

1051

Nombre

Cármen Falcón Moro

Nombre

Encarnación Parejo Ruiz

EJERCIENTE A EMÉRITO

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0521

Nº Colegiado

0289

Nombre

Celia Díaz Cabeza

Nombre

Juan Daniel Cruz López

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

0964

Nº Colegiado

1883

Nombre

Gonzalo Duque Oporto

Nombre

Lorena González Gómez

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

0568

Nº Colegiado

1703

Nombre

Rafael Moreno Alonso

Nombre

Araceli Raya Guiado

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

PRECOLEGIADO A EJERCIENTE

Nº Colegiado

1952

Nº Colegiado

1991

Nombre

María Dolores Padilla Moyano

Nombre

Adrián Campanario Carretero

BAJAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1403

Nº Colegiado

1746

Nombre

Alejandro Manuel Fernández de Córdoba Cantizano

Nombre

Trinidad Real Escobar

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1093

Nº Colegiado

2015

Nombre

María del Rosario Camacho Fernández

Nombre

Rocío González Zamorano

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1837

Nº Colegiado

1401

Nombre

Pastora María Fernández Pino

Nombre

Manuel Jesús Copete Bellido

EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1750

Nº Colegiado

1861

Nombre

Ismael Jimenez Guillén

Nombre

Emilio Zambrano Jiménez

EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1645

Nº Colegiado

1578

Nombre

Valme Baquero García

Nombre

Antonio Serrano Hermosín

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1619

Nº Colegiado

1879

Nombre

María Luz Morejón López

Nombre

Penélope Manzano Casal

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1848

Nombre

María Barrera Moreno

Graduados Sociales n.º 99 • 2020

79


Movimiento Colegial NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1720

Nº Colegiado

2009

Nombre

Vicente López Vázuez

Nombre

Guadalupe Rodríguez Quirós

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1909

Nº Colegiado

459

Nombre

Raúl Vela Falcón

Nombre

José Antonio Cubero Cascajosa

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2014

Nº Colegiado

1998

Nombre

Marta Ruiz González

Nombre

María Mercedes Sanz Cañate

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1633

Nº Colegiado

1693

Nombre

Manuel Sánchez Moreno

Nombre

Nuria Mir Centero

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1426

Nº Colegiado

1930

Nombre

Antonio J. Gómez Miranda

Nombre

María Cármen Gutiérrez Rivero

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1929

Nº Colegiado

1938

Nombre

David Moro Sánchez

Nombre

Ángela Rodríguez Jimenez

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1446

Nº Colegiado

1412

Nombre

María del Cármen Aguilera Romero

Nombre

David Vargas Caro

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1914

Nº Colegiado

1964

Nombre

Fernando Rodríguez Peña

Nombre

Diego Jesús Marín Escalante

BAJA POR FALLECIMIENTO EJERCIENTE

80

Nº Colegiado

0408

Nombre

Rafael López Álvarez

Graduados Sociales n.º 99 • 2020


Jurisprudencia

PROHIBICIÓN DE EXTINGUIR CONTRATOS POR CAUSAS OBJETIVAS EN COVID-19 Jdo Social nº 3 Sabadell 6-7-20, nº 93/2020 Declarado nulo el despido de una trabajadora con un contrato temporal por obra y servicio que se extinguió un día antes de la publicación del RDL 9/2020 que declaraba que la fuerza mayor y las causas ETOP consecuencia del COVID-19 no pueden justificar la extinción de un contrato por calificar que el contrato era indefinido por fraudulento. Condena a la empresa a readmitir a la trabajadora y al abono de los salarios de tramitación. La trabajadora, que encadenaba contratos temporales desde 2019, el último por obra o servicio determinado, es despedida un día antes de la entrada en vigor del RDL 9/2020, que prohibía el despido por causas objetivas asociadas al COVID-19. La trabajadora demanda a la empresa y solicita la nulidad de su despido, entre otras razonas, por vulneración del RDL 9/2020, pues si bien no había sido publicado en la fecha de la notificación de la

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extinción del contrato, su contenido había sido anunciado días antes en diversos medios de comunicación. El JS comienza analizando la temporalidad del contrato extinguido y concluye declarando su carácter indefinido y no temporal ya que carecía de causa legal y, por tanto, había sido suscrito en fraude de ley. Dispone que en nuestro ordenamiento jurídico el contrato indefinido constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y específicamente diseñados por el legislador. Con relación a la vulneración del RDL 9/2020, el JS recuerda que esta norma establecía que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que tuvieran su origen en el COVID-19, no se podrían entender como justificativas de la extinción de un contrato de trabajo ni de un despido (RDL 9/2020 art.2). El Juzgado considera que, en realidad, la extinción del contrato de la trabajadora se ha producido como consecuencia de la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma y que, además, existían las circunstancias que habilitaban a la empresa para adoptar las medidas incluidas en el RDL 8/2020 (ERTEs por causas ETOP o por fuerza mayor. Por ello, al extinguir la relación laboral, la empresa no solo aduce una causa que no jus-

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Jurisprudencia tifica la extinción, sino que también incumple las disposiciones legales adoptadas por el legislador para evitar la destrucción de empleo, y es esa finalidad la que debe predominar en la interpretación de la normativa que regula el despido en el ámbito excepcional del COVID-19. Por otra parte, el JS considera inverosímil que la empresa desconociera los términos de la norma en el momento de notificar la extinción, dado que su contenido se había comunicado previamente en diversos medios de comunicación. Respecto de la calificación del despido, el JS desecha que el despido sea tanto procedente como improcedente, y considera que la extinción del contrato constituye un fraude de Ley, pues la empresa se ampara en una causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico -la extinción de una relación laboral por causas derivadas del COVID-19, por lo que entiende que lo que procede es la anulación del despido. En consecuencia, se estima la demanda y se declara la nulidad del despido de la trabajadora, condenando a la empresa a la readmisión de la trabajadora y al abono de los salarios de tramitación.

ALCANCE DE LA POSIBLE OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA A MANTENER EL TELETRABAJO PARA HACER FRENTE A LA COVID-19 Jdo. de lo Social 6 de Vigo, 22-072020, nº 407/2020 Establecimiento del derecho de un trabajador al que se ordenó regresar al trabajo presencial en mayo de 2020, a permanecer en situación de teletrabajo por conciliación familiar. Considera que la empresa incumplió su obligación al denegar la solicitud sin abrir un proceso de negociación ni valorar alternativa alguna. La empresa comunica a sus trabajadores el retorno al trabajo presencial tras haber permanecido en situación de teletrabajo implantado desde el 16-3-2020 con el objeto de mantener la actividad empresarial durante el confinamiento impuesto para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Uno de los trabajadores, padre de 2 hijos menores de edad, solicita mantenerse en situación de trabajo a distancia por conciliación familiar. La empresa rechaza la solicitud alegando que la actividad de la empresa obliga a una atención directa de los asociados y que en caso de concederla se produciría una discriminación en relación con otros compañeros.

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Entendiendo vulnerado su derecho de conciliación de la vida laboral y familiar, el trabajador presenta demanda solicitando que se declare su derecho a realizar trabajo a distancia, así como una indemnización de 3.125 € por daños y perjuicios. El JS nº 6 Vigo analiza el trabajo a distancia y se reconoce como un derecho de los trabajadores. Por un lado, el art.34.8 del ET regula el derecho de los trabajadores a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación del trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. El artículo recoge, además, el procedimiento de negociación de la solicitud de 30 días de duración, aplicable en defecto de otro procedimiento pactado mediante negociación colectiva. Las discrepancias que surjan entre la dirección de la empresa y el trabajador se resuelven por la jurisdicción social. Por otro lado, el art.5 del RDL 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto del Covid-19, recoge la necesidad de que las empresas establezcan sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, que serán prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. En el caso analizado la empresa acordó denegar la solicitud del trabajador sin abrir ningún proceso de negociación o valoración de alternativas. Para el JS Vigo esto supone un incumplimiento de su obligación de valorar la solicitud de la trabajadora y de tratar en su caso de plantear alternativas. Sobre todo, teniendo en cuenta que el RDL 8/2020 prioriza el teletrabajo sobre otras opciones como la reducción de jornada. Considera que la empresa no puede escudarse en la discriminación de otros trabajadores pues no ha quedado probado que ningún otro trabajador solicitara el teletrabajo. El JS Vigo estima la demanda y reconoce el derecho del trabajador a permanecer en situación de teletrabajo hasta el fin de la vigencia de las medidas establecidas en el RDL 8/2020 art.5 (20-9-2020) así como el derecho a una indemnización por daños y perjuicios que rebaja a 600 € por estar el trabajador en situación de IT.

CALIFICACIÓN COMO DESPIDO IMPROCEDENTE LA EXTINCIÓN POR COVID-19: INTERPRETACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE DESPEDIR DEL RDL 9/2020 83


Jurisprudencia Juzgado de lo Social 26 de Barcelona, 10-07-2020, Sentencia 348/2020 Se califica como improcedente y no como nulo el despido disciplinario de un trabajador que se produce como consecuencia del COVID-19 (RDL 9/2020 art.2). Aunque se acredita que la causa del despido no es la conducta del trabajador sino el contexto socioeconómico del COVID-19, se declara la improcedencia del despido porque las causas de nulidad están tasadas. El trabajador, que prestaba servicios para una empresa dedicada al comercio del mueble como chófer, es despedido disciplinariamente alegando falta de rendimiento el 14-4-2020 (durante el estado de alarma). Presenta demanda de despido solicitando su nulidad alegando fraude de ley y abuso derecho, pues entiende que la causa esgrimida en la comunicación empresarial era simplemente aparente. Considera que el despido vulnera el derecho a fundamental a la tutela judicial efectiva y, además, la prohibición legal de efectuar despidos por las causas derivadas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19. El juzgado de lo social considera que, aunque se le haya dado apariencia de despido disciplinario, se trata de un despido sin causa. La empresa ni siquiera ha tratado de acreditar la supuesta infracción del trabajador, no desplegando medio de prueba alguno con este objetivo, reconociendo en el juicio su la improcedencia. Respecto de la calificación de los despidos sin causa, el juzgado recuerda que la doctrina jurisprudencial establece que debe ser la improcedencia y no la nulidad, que queda reservada para los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, o relacionados con situaciones susceptibles de especial protección. No obstante, en el supuesto enjuiciado, el despido se produce en plena crisis sanitaria y económica del Covid 19 y estando ya vigente el RDL 9/2020 art.2 que estableció que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el RDL 9/2020 art. 22 y 23 no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Se considera que esta disposición se también resulta aplicable a supuestos como este en los que, aunque el despido es formalmente disciplinario, la falta de respaldo probatorio permite presumir que la decisión empresarial no atiende a la conducta del trabajador, sino a la situación provocada por el COVID-19. Respecto de la calificación del despido efectuado desconociendo esta previsión legal, a falta de doctrina jurisprudencial unificada, el juzgado de lo social entiende

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que debe ser declarado como improcedente y no como nulo por las siguientes razones: 1) No existe obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada sobre los despidos sin causa. 2) La declaración de nulidad debe reservarse para los casos más graves, expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales. 3) El RDL 9/2020 no introduce una prohibición, únicamente se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid 19, que podrían justificar un ERTE no pueden justificar la extinción del contrato no el despido calificando el despido sin causa como improcedente en lugar de nulo. El juzgado declara la improcedencia del despido condenando a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir o el abono de la correspondiente indemnización.

PROCEDENCIA DE LOS ERTE DE FUERZA MAYOR POR COVID-19: VALOR DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Audiencia Nacional, 15-06-2020, nº 113/2020, rec.38/2020 En unos de los primeros pronunciamientos judiciales durante la pandemia, la AN analizó la procedencia de la fuerza mayor consecuencia del COVID-19. La AN declara la existencia de fuerza mayor en la suspensión de la actividad de guarderías infantiles y, además, considera válida la autorización concedida mediante silencio administrativo. La empresa, cuya actividad es la de centros de educación infantil solicita a la autoridad laboral, la tramitación de un ERTE por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19 (RDL 8/2020 art.22). Alega que a partir del 12-3-2020 la actividad docente quedó suspendida en la mayoría de las CCAA y que, como consecuencia del estado de alarma, se produjo la suspensión automática de los contratos públicos de servicios vigentes. Asimismo, alega que la totalidad de los ingresos de la empresa provienen de la explotación de guarderías de titularidad pública a través de estos contratos públicos, que ni se han podido cobrar ni se pueden facturar los servicios al estar suspendidos. En principio el ERTE se aprueba por silencio administrativo, si bien con posterioridad recae resolución expresa constatando la existencia de la fuer-

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Jurisprudencia za mayor alegada por la empresa como causa justificativa de la suspensión de la totalidad d los contratos de trabajo (187 personas). Por parte de una de las representaciones sindicales, se plantea demanda de conflicto ante la sala de social de la AN en la que se solicita que se declare nula o, en todo caso, injustificada la medida empresarial adoptada de la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16-3-20 y vigente en cuanto permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma. Considera no acreditadas las justificaciones alegadas por la empresa y, además, entienden no existe una resolución presunta estimatoria de la solicitud de la empresa y por lo no existe la constatación administrativa de la causa de fuerza mayor. Se plantean dos excepciones de inadecuación de procedimiento. Una de ellas por entender que si lo que se está impugnando es una resolución administrativa, el procedimiento adecuado sería el de impugnación de actos administrativos en materia laboral (LRJS art.151). La AN resuelve que lo que se impugna es la constatación de la fuerza mayor, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar la resolución, por lo que el procedimiento de conflicto colectivo sí es el adecuado. Otra excepción, falta de agotamiento de la vía previa administrativa, también es desestimada ya que tras la LPAC esto solo se requiere cuando se impugnan actos administrativos realizados por la Administración en el ejercicio de las potestades en materia laboral y no en los procedimientos de conflicto colectivo. Respecto de la validez de la inexistencia de resolución presunta estimatoria de la solicitud de la empresa, la AN recuerda que la LPAC (art.24) regula que, con carácter general, el silencio se entiende en sentido positivo y ni el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (RD 1483/2012) ni en las medias urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020) se fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que, debe aplicar la regla general. Esto implica que solicitud deba entenderse aprobada por silencio administrativo positivo, aunque en el supuesto enjuiciado posteriormente haya recaído resolución expresa autorizando el ERTE por fuerza mayor. Respecto de la concurrencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, la AN la considera acreditada, al encontrarse en uno de los supuestos de hecho descritos en el RDL 8/2020 art.22, lo que determina pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 y es causa justificativa de la suspensión de los 187 contratos de trabajo de los trabajadores de su plantilla. Los efectos se producen desde la entrada en vigor del estado de alarma y que, manteniéndose durante el tiempo que permanezca

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vigente en estado de alarma declarado por el gobierno y sus prórrogas. Por ello, se debe respetar el contenido de la resolución administrativa autorizatoria en tanto en cuanto la misma no ha sido impugnada, anulada o se ha dictado resolución suspendiendo su ejecutividad. Por ello, se desestima la demanda, declarando que la decisión empresarial se ajusta a los términos autorizados por la Administración y establece que, en caso de desacuerdo con esta resolución, el procedimiento adecuado sería el de impugnar la resolución administrativa.

CONDENA A UNA ADMINISTRACIÓN POR OMISIÓN EN FACILITAR LOS EPI`s Juzgado de lo Social Único de Teruel 3-6-20, Sentencia 60/2020 Se considera que las Administraciones condenadas han vulnerado el derecho a la salud y a la integridad física de los trabajadores/empleados públicos afectados al no haberlos provisto de equipos de protección para hacer frente al peligro de contagio ante la pandemia del COVID-19. Considera que la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable por lo que entiende que la Administración debió actuar. Por parte de representación de un sindicato se plantea ante el juzgado de lo social demanda de conflicto colectivo y de tutela de derechos fundamentales por objeto determinar si la actuación llevada a cabo por determinadas Administraciones Públicas (Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud e Instituto Aragonés de Servicios Sociales), en cuanto empleadoras del personal afectado, en materia de aportación de EPIS para el desarrollo de trabajo, ha conllevado la infracción de la normativa en materia de PRL, y asimismo, si ello ha supuesto, la vulneración de los derechos fundamentales del derecho a la vida e integridad física del art. 15 y el derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución Española. El juzgado de lo social estima la demanda planteada y declarando que las Administraciones demandadas han vulnerado los derechos de los trabajadores/empleados públicos en materia de PRL condenándolas a proporcionarles los equipos de protección individual adecuados en el momento que disponga de ellos y, a reponerlos cuando sea necesario, previa evaluación individual del riesgo de los empleados públicos.

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Jurisprudencia Par ello, basa su fallo en las siguientes consideraciones: a). La de parte demandada alega que la salud no es un derecho fundamental, por lo que no puede alegarse que exista la vulneración pretendida por la parte demandante. El JS considera que sí debe entenderse comprendido por las siguientes razones: a) porque también se alega la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, que sí que son derechos fundamentales, cuya tutela respecto de los trabajadores se desarrolla en la LPRL y b) porque según la jurisprudencia constitucional, existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, por lo que podría existir una vulneración de la Const art. 15 cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador. b). Las partes demandadas, ponen en duda que sea de aplicación la normativa de PRL, por estar dentro de las actividades excluidas del ámbito de aplicación (servicios operativos de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública). El juzgado considera que la LPRL incluye dentro de su ámbito de aplicación tanto a trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las AAPP. Por otra parte, en el supuesto enjuiciado, considera que no puede entenderse que el personal sanitario desarrolle ese tipo de servicios operativos de protección civil. En efecto, la activación del estado de alarma no se ha decretado por ese motivo, sino por encontrarse ante una crisis sanitaria. Aunque se excluyese esta actividad del ámbito de aplicación de la LPRL, esto no puede suponer negar a los trabajadores los derechos de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, sino que tal protección se determine en su normativa específica. La declaración del estado de alarma en ningún cado conlleva suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone de los derechos a la protección y PRL. c). Respecto de la alegación de fuerza mayor imprevisible e inevitable. El JS considera la pandemia es una situación excepcional y grave, que ha llevado a la declaración del estado de alarma. No obstante, esto no puede significar eliminar los derechos fundamentales de los ciudadanos, o eximir de responsabilidad a los empleadores por incumplir la obligación de proteger a los trabajadores. Por tanto, considera que la necesidad de realizar acopio de EPIs para los sanitarios era previsible, desde el momento en que también lo era que la pandemia alcanzaría en mayor o menor medida nuestro país ya fuera antes o después. Para llegar a esta conclusión, el JS hace una recopilación de los avisos y recomendaciones tanto de las OMS como del Gobierno desde enero de 2020. Considera que las Administraciones debían haber previsto

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la situación que alertaba la OMS, y comenzar el acopio antes, ya que cuando se percató de la insuficiencia de EPI para los sanitarios, la compra ya resultaba difícil por la escasez de los mismos en el mercado nacional. Debió actuar con precaución y previsión, y haberse provisto con antelación de EPI suficientes para hacer frente a la situación que estaba por llegar. No solo por previsión sino por su deber como empleadora, pero además con más razón, por ser Administración pública, en cuanto que está sujeta según la LGS al principio de precaución. En todo caso, añade que, aun considerándose la existencia de fuerza mayor, está en ningún momento puede suponer la suspensión de la aplicación de la normativa de PRL y menos los derechos fundamentales de vida, integridad física/salud. d) Se alega también a la centralización de las compras de EPIS por el Ministerio de Sanidad a partir del 15-3-2020. El juzgado considera que hasta el 12-3-2020, no existía ninguna prohibición para las CCAA, para adquirir productos sanitarios. Además, la centralización del suministro tampoco ha supuesto un impedimento insalvable a la DGA, al margen del deber de proporcionar información al respecto. Considera acreditado que la escasez ya existía el 11-3-2020 y cuando debía haberse provisto de EPIS, era con anterioridad, cuando no había tal centralización, sin que ésta pueda servir de excusa. e) El JS también considera acreditada la insuficiencia de EPIS, ya que este hecho ha sido reconocido por las propias autoridades autonómicas, constando en todos los medios de comunicación las condiciones en que estaban desarrollando su trabajo los profesionales sanitarios ante la falta de aportación de EPIS adecuados y suficientes. Por ello, considera acreditado que las AAPP no aportaron para sus empleados y trabajadores EPIS adecuados ni suficientes para desarrollar su trabajo sin riesgo. f). Respecto d la existencia de riesgo en el trabajo, el JS considera dentro de toda lógica, que a mayor contacto con el Covid-19 mayor posibilidad de contagio y de más medidas de protección en los contactos estrechos, como en el caso de los sanitarios. Por tanto, concluye que existía por tanto riesgo de contagio en el trabajo y este riesgo, del todo previsible debía de evitarse o minimizarse por el empresario, en aplicación de la normativa de PRL, a través de medidas de protección imprescindible que en supuesto que se enjuicia no se adoptaron. g) Respecto a la infracción de la normativa de PRL, que establece el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Aunque las empleadoras alegan que la situación de pandemia ha generado unos riesgos que resultan inevitables, el JS

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Jurisprudencia considera que esto solo viene a confirmar la necesidad de utilizar EPIS, ya que cuando lo riesgos no se pueden evitar o limitar suficientemente, por medios de protección colectiva ni por otros medios de organización de trabajo es precisamente cuando deben de usarse los EPIS. Concluye que las AAPP infringieron la normativa aplicable al no proveer a los trabajadores y empleados, de los EPIS adecuados y suficientes para desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad, sin riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores. Tampoco consta limpieza de los EPIS que permitiera la reutilización de los mismos, ni se ha demostrado la sustitución periódica de éstos. h) El juzgado considera probada la puesta en peligro grave de la salud, integridad física, e incluso la vida, del personal empleado por las demandadas y la lesión de su derecho a la protección a la salud e integridad física (en el caso de los hospitalizados y sintomáticos) y por ello considera también vulnerado el derecho fundamental a la integridad física del Const. art.15 por lo que cabe estimar la demanda y acoger las pretensiones de la parte demandante, tal y como const en el fallo de la sentencia.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UNA RESIDENCIA AFECTADA POR COVID-19 Juzgado de lo Social Guipúzcoa, n.º 2, Sentencia 104/2020, de 8 de mayo Se analiza, por un lado, el concepto de cuándo estamos realmente ante una subcontratación de obras o servicios para atender necesidades personales y familiares de los residentes que se derivan de la discapacidad y la dependencia, así como si existe vulneración del Derecho fundamental a la integridad física en relación al cumplimiento con la normativa de prevención de riesgos en atención a las circunstancias concreta de la Pandemia cuando se produjo el desabastecimiento general de algunos materiales de protección específicos. La propia actividad es un concepto jurídico indeterminado y complejo que tradicionalmente ha dado lugar a abundantes pronunciamientos judiciales, interpretaciones e incluso a cierta inseguridad jurídica. El debate ha sido resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en unificación de doctrina a favor de la segunda de las interpretaciones. Así, en su Sentencia de

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29 de octubre de 2013 CRJ 2013, 7271 ) , la Sala recuerda, con cita de sus sentencias de 15 de noviembre de 2011 (RJ 2013, 181) y 7 de diciembre de 201 2 (RJ 2013 , 1093) , lo siguiente: «Para delimitar este concepto de 'propia actividad", la doctrina mayoritaria entiende que son las "obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa", y que "nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concretado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial El concepto de propia actividad en las Administraciones Públicas, en este caso, Diputación foral de Guipúzcoa conforme la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2013 (RJ 2013, 7271) sobre el concepto de propia actividad en el ámbito de las Administraciones Públicas establece: «La 'propia actividad" (...) referida a una actividad pública se corresponde con aquellas prestaciones que se hallan necesariamente integradas en la función que tiene encomendada y sin cuya actuación no se entendería cumplida esa función (STS 23101108 (RJ 2008. 2775))"“. Se considera en este caso que el transporte sanitario, tanto de urgencia - sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2008 (RJ 2008, 2775) y de 3 de octubre de 2008 CRJ 2009. 7366) - como el ordinario no urgente, pertenece a la propia actividad porque es «indispensable para prestar una correcta atención sanitaria (STS 2410612008 [Rf 2008. 42337)». Con base en este argumento se condenó al Servicio Canario de Salud como responsable solidario por los impagos de una empresa contratista que gestionaba -el - trarispo1te -sanitario. - En -términos -muy- similares- se ha pronunciado muy recientemente la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 2014 (JUR 2014, 84022), que declara responsable a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por las deudas salariales de la empresa adjudicataria del servicio de atención a las personas mayores en un centro de día. El razonamiento utilizado la existencia de una subcontratación de la propia actividad porque el servicio externalizado pertenecía a «a las competencias que le son propias [a esa Ad ministración]»: «( ...) utilizando los mismos argumentos de la citada STS [se refiere a la STS 29-10-13 antes citada], es claro que estamos ante una actividad propia de la Consejería, ya que se trata de unos servicios que están dentro de las competencias que son propias de la CAM y cuya gestión se ha encomendado a un tercero, por lo que ha lugar, por tanto, a declarar responsabilidad solidaria de todos los intervinientes en su prestación, conforme a lo dispuesto en el art. 42 ET"" . La subcontratación conlleva también la observancia de determinadas obligaciones en materia de prevención de

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Jurisprudencia riesgos laborales, tal y como disponen los artículos 24 y 41 de la LPRL (RCL 1995, 3053), así como el RD 171/2004 (RCL 2004. 261) . Determinar cuáles son esas obligaciones en materia de coordinación y en qué supuestos resultan aplicables no es tarea sencilla. Si simplificamos al máximo la normativa antes citada podríamos concluir que, en esencia, se trata de cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos (24.1 LPRL); informar acerca de los riesgos existentes en el centro de trabajo y acerca de los medios de protección y prevención correspondientes (24.2 LPRL); dar instrucciones acerca de lo anterior (24.2 LPRL); y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas acerca de la normativa de prevención de riesgos (24.3 LPRL). La aplicación de la doctrina anterior conlleva que la Diputación foral de Guipúzcoa pudiera ser responsable por la infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales al tratarse en definitiva de una subcontrata de servicios para atender necesidades personales y familiares derivadas de la dependencia y discapacidad concertando la prestación del servicio a través, en este caso, de la Residencia Berra que gestiona el servicio a través de un contrato con Quavitae Bizi Kalite, SLU, un convenio de colaboración para concertar plazas en Villa Sacramento y en Berra en San Sebastián para la prestación de servicios a personas mayores de 60 años valoradas como dependientes y personas con discapacidad. En lo que se refiere a una posible vulneración del Derecho Fundamental a la integridad física, "... Las demandadas han cumplido la normativa de prevención desde el primer momento Con fecha 0510312019 la D.F de Guipúzcoa remite a las residencias las recomendaciones del Servicio Público de Salud Osakidetza frente al Covid-19 para centros de día y residencias de Guipúzcoa, el día 09/03/2020 se restringe las visitas, el día 10/03 a una hora y lo mismo respecto de los centros de día, se recomienda que dejen de acudir a los centros de día para evitar el riesgo. El 14/03/2020 de la Consejería de Salud se acuerda el cierre de los centros de día y la supresión de las visitas a las residencias públicas o privadas como medida preventiva. Ese m ismo día se remiten nuevas recomendaciones siempre siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. A través del procedimiento administrativo de emergencia se solicitaron ofertas de aprovisionamiento de material de protección frente al Covid a ocho empresas suministradoras como fecha tope para la presentación de ofertas el día 02/04/2020. El 03/04/2020 se pone en marcha el servicio Telezaintza de apoyo psicosocial a residentes, familias y profesionales de las residencias. Con fecha 24/03/2020 se puso en marcha el sistema de desinfección a través del sistema de limpieza integral con frecuencia semanal a través de una empresa especial izada, realizando estas limpiezas

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cada cuatro días y las zonas comunes y los exteriores se desinfectan por los equipos de bomberos. Ante la situación de desabastecimiento general viendo que el departamento de Salud tenía dificultades y a pesar de no ser su competencia realiza compras urgentes de material para los trabajadores de las residencias, se crea un servicio de higienización de las mascarillas. Se acordaron I 00 plazas con camas para trasladar a residentes con Covid con dificultad para ser atendidas en las residencias, la primera residente ingresa en Cruz roja fue del 23/03/2020. Con fecha 08/04/2020 se acuerdan aprobar los criterios para contratar estudiantes del grado de enfermería del último año para prestar servicios de auxilio sanitario en las residencias de Guipúzcoa. Con fecha 27/03/2020 fallece un residente realizándose la prueba de Covid y siendo esta negativo. Ese mismo día se desplaza un supervisor de enfermería al iniciar el facultativo de la residencia síntomas de Covid por lo que se sitúa en aislamiento y asumen la asistencia sanitaria de la residencia desde el centro de salud de Altza. El día 30/03/20250 acude un supervisor de enfermería, constata la ausencia de casos y la necesidad de aislamiento de los residentes que inicien síntomas, lo que se traslada a 1 facultativo que se reincorpora el 31/03/20 tras el resultado de la prueba negativo. Se ha procedido a clasificar a los residentes conforme las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad a partir del 04/04/2020, en primer lugar, a los positivos, en segundo lugar, los que han tenido contacto con los positivos, en tercer lugar, a los que tenían síntomas y el cuarto grupo los que no tenían síntomas, la sectorialización se había realizado ya el 11/04/2020. El nuevo informe de inspección concluye que el centro se encuentra sectorializado de manera correcta, existen diferentes ascensores, uno exclusivo para la zona afectada por covid, el nº de auxiliares el mismo que en una situación normal siendo en nº de usuarios menor. Por otro lado, en relación a los trabajadores de la Residencia se manifiesta que se obtuvieron 15 PCR positivos. Constan los protocolos de actuación frente a la pandemia y la guía de buenas prácticas y los correos electrónicos de comunicación y remisión de información a los departamentos sanitarios de la residencia y al Comité de Seguridad y Salud, y al resto de departamentos. Dichas comunicaciones se comienzan a realizar desde el 03/02/2020 hasta el 21/04/2020. Las normas de Prevención de riesgos laborales son la vía de protección ordinaria de la salud de los trabajadores en sus empresas y trabajos ordinarios. Para ello se establecen unas obligaciones ordinarias de planificación y evaluación de riesgos e instrumentación de medidas preventivas. Todo ello en el marco de una relación empleador/empleado que por imperativo legal abarca también las relaciones de prestación de servicios estatu-

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Jurisprudencia tarias y administrativas. El art. 14 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia. Como señala la doctrina (Sala Franco) la obligación empresarial "es una obligación de medios y no de resultado, por lo que el empresario cumplirá con su obligación genérica cumpliendo todas las obligaciones específicas en que aquélla se concreta , poniendo todos los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éstos finalmente se produzcan y, en sentido contrario, incumplirá su obligación genérica incumpliendo alguna de las obligaciones específicas, aunque no se produzca un resultado dañoso" y en el presente caso las demandadas han cumplido con la normativa de prevención de riesgos en atención a las circunstancias concreta de la Pandemia y con arreglo a los criterios de las autoridades sanitarias sin que sea a ellas imputables la existencia de una desabastecimiento general de algunos materiales de protección específicos. Se desestimo en su integridad la demanda presentada por el sindicato ELA en materia de proceso especial de tutela de derechos fundamentales frente a las demandadas QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU, Y DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES absolviendo a ésta de todos los pedimentos de la demanda.

ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y COMPENTENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL EN DEMANDA QUE AFECTA A LAS CONDICIONES LABORALES DE POLICÍA AUTÓNOMA VASCA TSJ País Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 696/2020, de 3 de junio Reconocimiento obligaciones preventivas: la consejería debe suministrar a la Ertzaintza mascarillas, gafas, guantes, buzos y contenedores de residuos infecciosos para la protección frente a la COVID-19 al haberlo hecho en número inferior sin justificación válida en Derecho. Competencia orden social en virtud de la pretensión sindical de protección del colectivo representado

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por vulneración de normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Defecto legal de la demanda por la falta de invocación de derecho fundamental y que se entiende subsanada cuando en el acto de juicio la actora invoca el derecho a la vida e integridad física de la Ertzaintza. Se desestima la condena realización del test diagnóstico a pesar del retraso de más de un mes desde la declaración de emergencia sanitaria en Euskadi y del Protocolo de Vigilancia que lo hacía extensivo a todo el personal. Se desestima la condena de desinfección diaria centros y vehículos de trabajo tras la acreditación de su cumplimiento desde el día 9 de marzo. La prueba documental practicada - en particular los documentos 8 a 21 de los aportados por el GV - revelan el gran esfuerzo realizado por esta administración para dotar a los agentes de la Ertzaintza de los EPIs necesarios para protegerse de los riesgos derivados del contagio de la COVID-19. Tales documentos dan fe de la entrega sistemática de los materiales que se han enumerado en la pretensión de la parte demandante. En efecto, lo cierto es que, como se ha dicho más arriba, al determinar los hechos probados, se ha acreditado que el total de elementos distribuidos entre el 5 de febrero y el 21 de mayo ha sido el siguiente: 57.687 unidades de mascarillas FFP2 y FFP3, 49.912 unidades de mascarillas quirúrgicas, 430.697 guantes de nitrilo, 7.532 buzos desechables, 5.608 gafas de protección, 90 gafas 3MA serie 2000 y 80 gafas 3M 2895 inc AR+AE, constando en autos la distribución por centros y las diversas fechas de entrega. Ahora bien, también se ha tenido por acreditado, derivado de los dichos documentos, que las entregas de tales materiales se han ido realizando en distintas fechas desde el 31 de enero, en número distinto en los diversos centros, estando documentado que en muchos centros, a fecha de 24 de marzo, no se había suministrado el número de buzos solicitado, sino un número inferior, sin que se conozca la razón para ello, siendo predicable lo mismo en la misma fecha para las gafas. Ello revela que, al menos a día de 24 de marzo, no se habían entregado los materiales solicitados, siendo así que tampoco se razona por qué no fue así, lo que nos lleva a considerar que no se estaba garantizando adecuadamente la protección contra la COVID-19 a todos los miembros de la Ertzaintza. Por poner un solo ejemplo derivado de la documental en cuestión - documento 8 - en la Unidad de Balmaseda, a fecha de 11 de marzo no consta entregado ningún buzo y, a fecha de 24 de marzo - documento 9 - se habían solicitado en tal Unidad 50 buzos talla L y entregado solamente 39, o pedido

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Jurisprudencia 50 buzos talla XL y entregado 41 o solicitadas 150 gafas y entregadas 95 -. Y, tal como este, podemos citar otros muchos casos, como se desprende de dichos documentos. De ahí que no podamos estimar acreditado que, a la fecha de ser decretada la emergencia o alerta sanitaria en Euskadi - 14 de marzo - o el estado de alarma - misma fecha -, se hubiera dotado a todos los efectivos de la Policía Autónoma de todos los elementos de protección previstos en las normas. En consecuencia, procede estimar la demanda en el sentido solicitado de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza de los medios de protección necesarios, consistentes en mascarillas del tipo FPP2 (sic), FPP3 (sic), gafas, guantes desechables, buzos Type 5 B o Type 6B y contenedores de residuos infecciosos. Y ello, toda vez que no consta fehacientemente acreditado que esta obligación se haya cumplido en su integridad. Lo que volvemos a decidir, tal como hicimos en el Auto de medidas cautelares, en relación con las medidas que se imponen en los Protocolos del Ministerio de Sanidad de 16 y 20 de marzo y 8 de abril y en los de Protección del Personal de la Ertzaintza de 26 de marzo, 17 de abril y 12 de mayo, según corresponda a cada puesto, atendida la diversa clasificación de los riesgos de exposición que se indican en los Procedimientos y Notas indicados. En efecto, debemos ratificar el análisis que sobre esta cuestión ya hicimos en el Auto de medidas cautelares, cuestión que estudiamos de oficio, puesto que las medidas se adoptaron sin audiencia del demandado. En aquel momento razonamos como sigue: " Lo primero que hemos de analizar es nuestra competencia, que resulta de lo previsto en el art. 2 e) LRJS , puesto en relación con el art. 9.5 LOPJ , ya que lo instado versa sobre una pretensión cautelar promovida por un Sindicato para el cumplimiento por la demandada como empleadora de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales -STS de 24 de junio de 2019, rec.123/2018 -, dada la "vis atractiva" del orden social respecto de las pretensiones actuadas en materia de prevención de riesgos laborales con independencia de la naturaleza laboral, funcionarial o estatutaria del vínculo que liga a los afectados con la parte demandada, criterio ratificado por Auto 12/2019 de 16 de mayo - Rec. 22/2018 - de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, lo que hemos expuesto recientemente en los Autos de 3 , 15 (2), 17 y 21 de abril de 2020 , al pronunciarnos sobre medidas cautelares sin audiencia de la parte requerida en la pieza de medidas cautelares 1/2020, en la demanda 12/2020, pieza de medidas cautelares 4/2020, piezas de medidas cautelares 14/20 y 16/20, respectivamente. La competencia objetiva es propia de esta Sala dado el ámbito de afectación de la medida instada (y de la demanda que en su día pueda interponerse), al

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comprender y no exceder los tres territorios de nuestra Comunidad Autónoma, tal y como razonábamos en las resoluciones que hemos mencionado, en particular en el Auto de 3 de abril de adopción de medidas cautelares frente a Osakidetza y el Departamento de Sanidad, y ello aun cuando el art.7 LRJS no mencione de forma expresa el art.2 e) LRJS al entroncar la competencia funcional de la Sala de lo Social de conformidad con los arts. 61 y 723 de la LEC. en la demanda se invoca, junto a la tutela de derechos fundamentales, la prevención de riesgos laborales y, en su fundamentación jurídica se reseña de manera expresa la Ley 31/1995. Ello supone que es de plena aplicación aquella tesis, refrendada por el reciente Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2020 - Proc. 2/2020 -, en el que, en litigio planteado igualmente por un Sindicato policial en relación con as medidas adoptadas en el curso de esta epidemia, ha ratificado la competencia del orden jurisdiccional social, con los siguientes argumentos: " ...La demanda insiste en el derecho a la seguridad y salud laboral del colectivo representado. Ninguna duda nos cabe al respecto...". Para seguir indicando que: "...Los iniciales términos excluyentes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respecto de la Policía (art. 3.2) fueron prontamente censurados por la STJUE de 12 de enero de 2006 (C-132/04), bien que, distinguiendo entre sus funciones ordinarias y extraordinarias, y provocando la aprobación del RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas de prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía...". Por tanto: "...al menos indiciariamente, convenimos con los demandantes en que han suscitado una cuestión sobre materia propia de este orden jurisdiccional”. . Cierto es que la demanda no invoca de manera expresa ningún derecho fundamental que se considere vulnerado, pero también lo es que, siempre en relación con la epidemia de la COVID-19 se refiere a que los ertzainas "están expuestos a un elevado riesgo de contagio" y que si no se aplican las medidas necesarias "se pone en riesgo la salud e incluso la vida de los funcionarios/as de la Ertzaintza". Y también hemos ahora de recordar que, en el acto del juicio oral, la parte demandante, al responder a estas alegaciones del GV, invocó el derecho a la vida y a la integridad física, con lo que entendemos cubierta la carencia alegada por la parte demandada. Por otra parte, que en el Suplico de la demanda no se solicite se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales, como así es, tampoco impide que debamos hacer análisis de las cuestiones que sí se plantean expresamente, sin perjuicio de la solución que demos al litigio en cuanto a la concurrencia o no de tal vulneración.

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Jurisprudencia Finalmente, aunque no se concrete en la demanda la norma que se entienda incumplida, lo cierto es que se hace alusión expresa a los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y a otras normas, con lo que se entiende suficientemente argumentada jurídicamente la demanda. Y ello, debiendo también añadirse que en el procedimiento laboral no es admisible la excepción conocida como "defecto legal en el modo de proponer la demanda", dado que, en todo caso, la demanda habría podido ser subsanada si esta Sala hubiese requerido a ello a la parte demandante por haber apreciado los defectos alegados por el GV y también podía el demandado haber puesto de relieve tales defectos bien antes o bien en el propio acto del juicio oral, para solicitar su subsanación, lo que no ha hecho, sin que sea posible la inadmisión de la demanda que plantea sin más trámite.

EPI’s PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DEBER DEL TRABAJADOR DESINFECCIÓN DE LAS AMBULANCIAS TSJ País Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 672/2020, de 26 de mayo Se condena a la empresa a que ponga a disposición de técnicos de emergencia sanitaria que haya estado en contacto directo o indirecto con pacientes covid-19 test suficientes para la evaluación del mismo. Compete a los trabajadores la realización de la actividad de limpieza y desinfección de la ambulancia El Tribunal considera que el proceso está canalizado idóneamente al reunir los requisitos subjetivos de generalidad y controversia jurídica actual, los que son reiterados en constante doctrina judicial (por todas STS 16-10-18, rc 229/17 que nos recuerda estos requisitos). Básicamente se sustancia la pretensión en dos líneas: la realización de los test al personal de transporte sanitario que se ha encontrado en contacto directo o indirecto con pacientes covid-19; y, en segundo término, que se deje sin efecto la orden de limpiar y desinfectar de modo total y a diario las ambulancias, ampliando dicha petición a la limpieza semana, mensual y trimestral. Ya expresamos parte de la obligación empresarial de prevenir los riesgos laborales en nuestro auto de medidas cautelarísimas inaudita parte, y, ahora, reiteramos que conforme a los arts. 40 CE, y 19 ET, en relación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, de

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8 de noviembre, corresponde al empleador velar por la integridad física del trabajador, de acuerdo a los parámetros específicos que cada situación de riesgo puede generar. El Ordenamiento Laboral configura el derecho del trabajador a su seguridad e higiene, y el deber empresarial de que el riesgo en el trabajo se minimice o desaparezca, modelando la denominada deuda de seguridad (TS 30-6-2010, rc 4123/2008). Desde esta perspectiva y ante la situación generada por el coronavirus recordemos que el art. 4 de la Ley 31/95, en su punto cuarto, señala que se entiende por riesgo laboral grave e inminente aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores; así, y respecto a agentes susceptibles de causar daño grave a la salud de los trabajadores, se considera que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a los agentes de los que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. En relación a ello el Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, alude a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, siendo esta la normativa específica a la que debemos acudir, por referirse a los agentes biológicos, microrganismos y cultivo celular (art. 2 del Reglamento). Esta norma reglamentaria, en coordinación con las generales que ya hemos citado ( y a las que podemos añadir en el entorno extraestatal los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 155 y 187, la Directiva 89/391 del Consejo, de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo o incluso el artículo 3 de la Carta Social Europea), y dentro del ámbito nacional, señala que el empresario debe garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores, adoptándose por él tanto medidas específicas como higiénicas y de vigilancia de la salud de los trabajadores ( art. 8, 1 del RD dicho). También el Convenio Colectivo citado en la demanda al que no se opone la empresa, BOPV de 6-8-2019, recoge en el art. 40 el derecho de los trabajadores a que la empresa adopte acciones y medidas para asegurar la salud de los afectados, logrando que sus condiciones de trabajo representen el menor riesgo y no afecten negativamente a su salud. Recordemos que en la actuación laboral no se excluyen los derechos de los trabajadores a la seguridad y prevención en el trabajo, ni incluso al realizar actividades especiales, cuando estas se desarrollan de forma pautada y ordenada, en definitiva, de manera previsible (TJUE 304-2020, C-211/19).

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Jurisprudencia Por otra parte, la limpieza del vehículo la venían realizando los trabajadores, y en el mismo protocolo y manual de procedimiento logístico, aportado con la demanda, punto 13, se señala que el conductor y el técnico del vehículo son los que deben llevar a cabo la limpieza del mismo. Hemos señalado en el relato fáctico que la instrucción técnica para abordaje en emergencias también indica que debe existir una limpieza del vehículo, una vez finalizado el transporte, con una serie de actuaciones concretas. También en el denominado abordaje de pacientes por los servicios extrahospitalarios se alude a la limpieza de la ambulancia, precisándose que una vez finalizado el transporte se deja ventilar con ventana y puertas abiertas durante diez minutos y se limpian y desinfectan las superficies del entorno del paciente. El Convenio Colectivo de transporte sanitario por carretera en ambulancias de enfermos/as y accidentados/as (texto referido por la actora y no cuestionado de 2019), en su art. 23, al aludir a los técnicos en emergencias sanitarias conductor y técnico en emergencias sanitarias, describe sus funciones y entre ellas precisa que se realizarán las tareas complementarias con el vehículo para la correcta prestación del servicio. El RD, ya citado 664/97, de 12 de mayo, en su art. 4 al aludir a la identificación y evaluación de los riesgos señala que cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, la evaluación se basará en el peligro que supongan todos ellos. En definitiva, se trata de resaltar que entre los cometidos de los trabajadores se encuentra la limpieza y desinfección del vehículo, siendo que el protocolo que se implanta para ello es accesible a los mismos por la propia actividad que requiere y que no entraña una complejidad o especialización especial. En consecuencia, se considera que la orden emitida por la empresa y ahora impugnada se ajusta a los cometidos de los trabajadores. Es presumible entender por las declaraciones manifestadas en el acto del juicio que una de las dificultades de asumir dichos cometidos por los actores radica en el tiempo que se invierte para ello y en los materiales que se utilizan. Ambas son cuestiones ajenas al presente proceso, pues simplemente se trata de establecer en este la forma ejecutiva de la actividad a realizar. No consta que la actuación de limpieza requiera una cualificación diferente a la que competencialmente objetivan los afectados en el procedimiento, y que pudiese implicar la sinergia de sujetos o entidades expertas. Para romper la inercia actual -limpieza por los actores- hubiera sido necesaria una prueba de que no es una actividad normal la que la incidencia del covid-19 requiere en el aspecto que se

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comenta; y ello no se ha acreditado, competiendo a la parte actora su introducción por aplicación del principio de carga probatoria que recoge el art. 217 LEC -onus probandi-. Es en este contorno en el que, sin embargo, debemos precisar lo siguiente: primero, cualquier labor extraordinaria o especial que realiza el trabajador que exceda de su jornada, deberá adecuarse a la correspondiente contraprestación; segundo, la realización de los cometidos de la categoría profesional no puede suponer ni un deterioro en las condiciones en las que se realiza el trabajo ni un perjuicio para los posibles usuarios del servicio; tercero, la asunción de la orden por parte de los trabajadores emitida por su empresa no puede mermar sus derechos, y es esta la que deberá organizar y planificar los contornos temporales de realización de la actividad; cuarto, ningún material utilizado para asumir alguno de los cometidos de los trabajadores puede suponer un riesgo para estos, debiendo la empresa velar por la garantía salubre de los productos que se utilizan; y, quinto, estas consideraciones se explayan respecto a la totalidad de las limpiezas a realizar por los trabajadores, según la frecuencia periódica que se ha establecido de días, semanas, meses y trimestres (salvo la posibilidad de actuaciones que excedan por su complejidad el acervo de funciones de los ahora afectados por el conflicto). Lógicamente el trabajador deberá contar con tiempo suficiente para llevar a cabo cualquiera de estas frecuencias y no puede ello implicar el desarrollo del trabajo en fórmulas de estrés o presión, que perjudiquen la estabilidad del operario o su normal desarrollo del trabajo. ..." Se estima parcialmente la demanda interpuesta por don Jesús González Marcos, Letrado que actúa en nombre y representación de la Confederación Sindical CC.OO de Euskadi, a la que se han adherido el sindicato ELA y resto de demandados comparecientes, frente a la empresa Ambuibérica SL, y se declara el derecho del colectivo afectado por el presente conflicto colectivo a que de forma urgente e inmediata, y durante el período que dure el Estado de Alarma actual, la empresa ponga a disposición de todo el personal con la categoría de técnico de transporte sanitario o técnico de transporte sanitario conductor que haya estado en contacto directo o indirecto con pacientes covid-19 test suficientes para la evaluación del mismo, ya sea por test rápidos o test prueba de PCR condenando a la empresa Ambuibérica, SL, Comité de Empresa Ambiubérica de Gipuzkoa; de Bizkaia, ELA, USO, LAB y UGT, Comité de empresa de Bizkaia del servicio RTSU de Ambuibérica y Comité de Bizkaia del Servicio RTSU, antigua UTE Larrialdiak-Maiz, a estar y pasar por la anterior declaración, y a la empresa Ambuibérica, S.L., a su cumplimiento efectivo, absolviéndole del resto de peticiones de demanda, sin costas.

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Jurisprudencia COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL EN EL CONTROL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE AFECTAN AL PERSONAL SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LEÓN. Juzgado de lo Social León, n.º 1, Sentencia 150/2020, de 16 de junio Competencia del orden social: medidas cautelares cumplimiento de previsiones normativas en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con el personal sanitario de la provincia de León en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19. Adecuación de procedimiento de conflicto colectivo. Legitimación activa del Colegio de Médicos de León para formular demanda en materia de conflicto colectivo en relación con las medidas de protección en materia de prevención de riesgos Legitimación pasiva de la Junta de Castilla y León: la declaración del estado de alarma, efectuada por el RD 463/2020, y sus prórrogas, no convierte al Ministerio de Sanidad en el "empleador" del personal sanitario (estatutario). Falta de Competencia funcional de lo Social: conflicto que abarca a toda la provincia de León Es preciso recordar que conforme al art. 2.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS ), corresponde al orden jurisdiccional social la competencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.

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De modo que se configura el orden jurisdiccional social como el garante ordinario del cumplimiento por parte del "empleador" entendido en sentido amplio (tanto privado, como público, y sea cual sea la naturaleza jurídica de la relación que les une con quienes les prestan sus servicios), de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, de quienes prestan servicios para aquellos, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, partiendo de la premisa fundamental de que el "empleador", así entendido, es el garante de la seguridad de sus prestadores de servicios, conforme a la normativa de prevención de riesgos a la que luego nos referiremos. En este sentido se clara la STS [Sala 4ª] de 24 de junio de 2019 [RJ 2019\2653], con expresa aplicación de los art. 2.e), 2.n) y 3.b) LRJS, entre otros, es contundente en el sentido de considerar que el orden jurisdiccional social es el competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral; dicha STS [Sala 4ª] resolvía precisamente esa cuestión, en relación con jueces y magistrados y el orden jurisdiccional para tutelar lo relativo a la prevención de riesgos laborales de los mismos. En el mismo sentido se pronuncia el Auto de 6 de mayo de 2019 dictado por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo [JUR 2019 \262480], afirmando que "... la nueva perspectiva introducida por la LRJS, que racionaliza la competencia en el ámbito de las relaciones laborales, permite afirmar que compete a la jurisdicción social cualquier impugnación frente a la actuación de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales, aunque el afectado sea un funcionario público, según el art. 2 e) LRJS Sin que cuanto antecede quede desvirtuado por las alegaciones de la parte demandada, efectuadas en el escrito de conclusiones de fecha 4 de junio de 2020 (folio 1 y 2), pues lo que allí se explaya puede resultar de aplicación para cuando se alegue exclusivamente una posible vulneración de derechos fundamentales de funcionarios y/o personal estatutario, pero en este caso, la alegación principal lo es en relación con el posible incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, como ya hemos razonado. Debe tratarse de un conflicto de orden colectivo, ya que dicho elemento marca las fronteras con los conflictos donde se dilucidan intereses individuales entre las partes y, en particular, por su proximidad con los deno-

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Jurisprudencia minados conflictos plurales. Tal carácter colectivo viene recogido, según indica parte de la doctrina dentro de la noción legal, cuando ésta se refiere a demandas que afecten a «intereses generales» de un «grupo genérico» de trabajadores; la dicción legal comporta una doble exigencia, en el sentido de que cualquier pretensión que afecte a un grupo genérico o indeterminado de trabajadores, por su propia esencia, incide también sobre intereses generales, y a la inversa, cualquier pretensión de afectación a intereses generales no puede dilucidarse en demanda individualizada sobre un trabajador singularizado. De modo que los dos elementos se integran en un único presupuesto procesal o, si se quiere, el elemento subjetivo queda subsumido en el elemento objetivo. Lo decisivo es que la pretensión se plantee en términos abstractos dirigidos a solventar un litigio que afecte a un grupo indeterminado de trabajadores, ya que en esta clase de procedimientos lo que está en juego es un interés colectivo, diferenciable de las situaciones particularizadas de cada uno de los trabajadores afectados, es decir, se reitera, que ha de tratarse de un interés abstracto e indivisible del grupo afectado y no individual y concreto. Es por ello que lo que caracteriza al conflicto colectivo es que el tema debatido afecte indiferenciadamente a un conflicto laboral en cuanto a tal, no debatiéndose por tanto un interés individual y concreto de cada trabajador ni la suma de intereses individuales que constituiría un conflicto plural. En resumen, que tal diferencia viene dada de la forma de como quede configurada la pretensión procesal, y a que si se procede a una nominación de los trabajadores concretamente afectados y a la correspondiente individualización de los derechos particulares que se reclaman respecto de cada uno de ellos, estaremos ante un proceso plural, no pudiendo forzarse su planteamiento como conflicto colectivo, ya que lo contrario pudiera vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española; por el contrario, si ello no se produce, pues la pretensión presenta discrepancia en abstracto entre las partes, nos encontraríamos ante un proceso colectivo. Como ha expresado el Tribunal Supremo «...habrá que estarse fundamentalmente, a los términos en que aparezca redactada el "petitum" de la demanda y si de ella se deduce la existencia de una petición individualizada que determina la inadecuación del procedimiento escogido para sustanciar la pretensión...» (STS [Sala 4ª] de 16 de junio de 1998 [RJ 1998\5398]). Partiendo de cuanto antecede, es preciso establecer que no es cierto que la STS [Sala 4ª] de 24 de junio de 2019 [RJ 2019\2653], ya citada, resolviera que el procedimiento adecuado no era el de conflicto colectivo -como se deriva de la mera lectura del fallo de dicha sentencia, al que nos remitimos-, antes al contrario, se pronuncia " sobre la modalidad procesal idónea", afirmando que "... al concurrir en las pretensiones formuladas los presupuestos para poder articularlas a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo ( arts. 153 a 155 LRJS ) puede

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acudirse a ésta..." (apartados 1 y 2 del fundamento de derecho quinto). . Dado que el Colegio de Médicos de León es una Corporación de Derecho Público a la que corresponde "...la representación exclusiva de la profesión médica y de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de los intereses profesionales de los mismos dentro de su ámbito provincial de actuación..." (art. 2 de sus Estatutos), la consecuencia a extraer es que el presente conflicto colectivo habría de limitar su ámbito subjetivo como máximo a los médicos que ejercen la profesión médica en León y, de otra parte, dado que la acción ejercitada lo es en materia de prevención de riesgos laborales, como hemos indicado, la consecuencia es que ha de limitarse el objeto de este proceso tan solo a los centros médicos de cualquier clase que dependan de la Administración demandada (JCyL) en cuanto "empleadora", es decir, en cuanto deudora de seguridad, en los términos del art. 14 LPRL, en relación con el art. 3.1 de la misma Ley y concordantes, a que venimos refiriéndonos. De modo que los efectos del presente conflicto el ámbito subjetivo ha de quedar limitado a los médicos que ejerzan la profesión médica en cualquiera de los centros dependientes de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, en los que ésta actué como "empleadora", lo que implica, por ejemplo, la exclusión de Centros asistenciales de León y su provincia privados, residencias geriátricas y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario y sociosanitario, a que se refiere el suplico de la demanda. La Administración demandada considera que tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en relación con la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las medidas de prevención de riesgos laborales que se reclaman han de ser suministradas por el Ministerio de Sanidad, y, por tanto, la Junta de Castilla y León carecería de legitimación pasiva, y, en caso de afirmarla, se generaría una situación de falta de litisconsorcio pasivo necesario, pues debería de demandarse también al Ministerio de Sanidad. Ambas cuestiones han de ser rechazadas, pues confunden la posición de "empleador" en sentido amplio, como garante de seguridad en el trabajo de sus "empleados", considerados en sentido amplio, con la posición que le corresponde al Ministerio de Sanidad, durante la situación del estado de alarma, para gestionar la crisis, incluido por supuesto, lo referente al aseguramiento del abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública ( art. 13 RD 463/2020); debiendo ser tenido en cuenta también el art. 6 del RD 463/2020, citado, en el sentido de que "... cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de

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Jurisprudencia sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias..." En definitiva, la declaración del estado de alarma, efectuada por el RD 463/2020, y sus prórrogas, no convierte al Ministerio de Sanidad en el "empleador" del personal sanitario (estatutario) de la Junta de Castilla y León, continuando el mismo bajo la dependencia, ámbito organizativo y retributivo -la nómina se la sigue pagando la CCAA- de la Gerencia de Salud de dicha Administración autonómica. Dado que en la demanda se solicita - sin que se haya desistido de ninguna de la peticiones efectuadas en la misma, como ya hemos razonado-, en esencia, el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos en el trabajo tanto en relación con los médicos destinados en el Área sanitaria de León -que no es coincidente con la provincia-, como en el Área sanitaria de El Bierzo, y, dado que existen Juzgados de lo Social tanto en la primera - los de León capital, como es éste- como en la segunda área -los de Ponferrada (León)-, con circunscripción territorial limitada a los respectivos territorios, y, que ha sido alegada esa falta de competencia por la Letrado de la Junta, y, en relación con la cual la parte actora ha insistido en la competencia de este juzgado y en sus conclusiones escritas continua refiriéndose tanto al Area de León, como al Área de El Bierzo, resulta que la afectación del conflicto planteado por la parte actora abarca a toda la provincia de León, lo que determina, de conformidad con lo expresado y por aplicación del art. 7.a) LRJS , que la competencia objetiva para conocer de la demanda corresponde a la Sala de lo Social (sede de Valladolid) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y por tanto, que este Juzgado de lo Social carece de competencia objetiva al efecto, con las consecuencias que se expresan en el fallo de este sentencia. Sin que en este aspecto resulten de aplicación las previsiones sobre fuero electivo que se establecen en el párrafo cuarto del art. 10.1 LRJS , alegado por la parte actora en su escrito de 7 de junio de 2020 (pág. 7, descriptor 109), pues las mismas están previstas para la competencia territorial, y, en este caso la cuestión afecta a la competencia objetiva, como ya se ha razonado. Una última cuestión sobre el tema de la competencia. En su escrito de 10 de junio de 2020, el Letrado de la Junta deja apuntado lo siguiente "...Previamente entendemos que se tendría que dar traslado al Ministerio Fiscal para que...", cortándose abruptamente la frase en ese punto y pasando a la firma digital del escrito. Al respecto es preciso distinguir el trámite de análisis de posible incompetencia previsto en el art. 5 LRJS, que es previo al acto del juicio oral, de la respuesta a dar a las excepciones por posible incompetencia formuladas en el acto del juicio oral; en el primer caso, se trata de un incidente previo al acto del juicio oral, en el cual es preceptiva la interven-

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ción del Fiscal, por así establecerlo taxativamente el art. 5 LRJS; en cambio, en el segundo caso, cuando el Fiscal no es parte en el proceso -como en éste-, y la parte demandada articula excepción de posible incompetencia, no es preciso el traslado al Fiscal, por la sencilla razón de que no está expresamente previsto en los artículos que regulan la contestación a la demanda y concordantes, que es donde la parte demandada ha de articular las excepciones procesales ( arts. 85.2, en relación con el art. 14 y concordantes LRJS). De otra parte, consideramos que las presentes conclusiones no resultan incompatibles con la solución adoptada en el auto de medidas cautelares, pues aquella es una resolución provisionalísima, adoptada por razones de urgencia, en relación con la cual el órgano judicial debe llevar a cabo un "juicio provisional e indiciario", en los términos del artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y, que en cuanto a competencia, en el auto de 27 de marzo de 2020, razonábamos lo siguiente (apartado 2 del FD Primero): En cuanto a la competencia, conforme al art. 6.1 LRJS, en relación con el art. 10 de la misma Ley, en relación con el art. 725.2 LEC, corresponde a este Juzgado de lo Social, en tanto no se haya planteado demanda laboral posterior que determine otra regla diferente sobre competencia objetiva o material; la cual, en su caso, deberá de plantearse en el plazo de veinte días..." Razonamiento que ampliábamos en el auto de 6 de abril de 2020, resolviendo recurso de reposición contra el anterior auto, en el siguiente sentido (Apartado 2 del FD Segundo): La competencia corresponde a este Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en el art. 6.1 LRJS , teniendo presente que estamos en presencia de unas medidas cautelares previas, en relación con medidas de seguridad en el trabajo, con afectación de derechos fundamentales básicos, como son la integridad física y moral ( art. 15 CE), sin que aún se haya presentado demanda principal, en relación con las cuales no existe atribución expresa para su conocimiento ni a favor del Tribunal Superior de Justicia, ni a favor de la Audiencia Nacional, ni a favor del Tribunal Supremo, y, por tanto, rige la norma atribución de competencia del citado art. 6.1. LRJS, que establece que "...los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal ..." Pues bien, ahora en el presente procedimiento, canalizado a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo -que como hemos razonado, consideramos que es la correcta-, analizadas las normas de competencia que

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Jurisprudencia rigen en los mismos -que no son coincidentes con las aplicables a las medidas cautelarisimas-, la conclusión en materia de competencia es la ya expuesta. Cuando antecede lo es, naturalmente, sin pretender con ello poner en duda la razonabilidad de las medidas requeridas por un colectivo -además, en un contexto tan complejo como el generado como consecuencia de Covid-19-, que merece el más profundo respeto, agradecimiento y admiración; pero, tenemos que insistir en que, atendiendo los términos en que se redacta la demanda y se mantiene en las conclusiones escritas , generan la consecuencia de la falta de competencia objetiva de este Juzgado de lo Social para conocer de dicha demanda, con las consecuencias ya razonadas y que se concretan en el fallo de esta sentencia y que se concreta en que, apreciando la excepción de falta de competencia objetiva alegada por la parte demandada (que la denomina como competencia funcional) y, dejando imprejuzgado el fondo del asunto, se declara la falta de competencia objetiva de este Juzgado de lo Social; advirtiendo a la parte actora que, si a su derecho conviene, puede formular demanda ante la Sala de lo Social (sede Valladolid) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León .

CONDENA DE EMPRESA QUE NO FACILITA EPI´S TSJ País Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 673/2020, de 26 de mayo Se condena a la empresa a la empresa a que facilite mascarillas FFP2 y FFP3; batas/buzos integrales impermeables, guantes; gafas de protección ocular; gel hidro-alcohólico todo ello dentro de la diversa clasificación de los riesgos de exposición. Con independencia del mayor o menor cumplimiento que haya existido de las medidas preventivas (antes y después del auto de medidas cautelares), se acredita que al tiempo en que se presentó la demanda existían deficiencias en el suministro empresarial de determinados materiales, y aunque posteriormente la empresa los haya facilitado, existe interés legítimo de la parte actora en que se lleven a cabo las declaraciones pertinentes al efecto, con independencia de ese mayor o menor cumplimiento que después se ha realizado. Concretamos los diversos extremos que se piden desde la premisa de que los trabajadores afectados lo son del transporte en ambulancias de personal enfermo, el que fue integrado en el ámbito de los servicios esenciales fijados en la actual situación de estado de alarma ( artículo 1 y Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo en relación con el artículo 8 y concordantes del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración

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del Estado de Alarma), incluyéndose, como se ha indicado en el relato fáctico, en una graduación del riesgo de contagio con el patógeno según la distinción de tipos de medidas a aplicar en razón al escenario de riesgo que tenga cada trabajador en su puesto de trabajo en una variedad de medidas preventivas. Y, a su vez, sigamos partiendo de que la situación es excepcional sí, pero por ello no privativa de los derechos de los trabajadores, extendiéndose, por desgracia, el estado de expansión del virus en un tiempo ya lo suficientemente amplio como para diluir cualquier consideración a un casus o vis maior. Recordemos que la actuación preventiva laboral, per se, del colectivo afectado -por cierto, subcontratado- no se excluye de los derechos de los trabajadores cuando es ella misma pautada y ordenada, en definitiva, previsible (TJUE 30-4-2020, C-211/19). No es posible, de todas formas, obviar que el art. 8, 1 del RD 667/1997 obliga a la vigilancia de la salud de los trabajadores cuando se detecta algún riesgo por contagio de un trabajador; y que el elenco de medidas preventivas -fundamentalmente las dichas y del art. 7 del RD- se basan en la prevención, no en la reacción. Y, así, como medida segura, cuando no se disponen de medios de prevención, figura la que tiende a reducir el número de trabajadores expuestos al patógeno; o las de utilización de medidas de protección individual o colectiva; o las relativas a medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo; o la utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario; o, por último, el uso de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo ( art. 6, 1, a, b, c, d, e y f del RD 664/1997). Nada de ello nos consta que efectivamente y para los afectados haya realizado la empresa ni antes ni después de la alarma por la pandemia. Recordemos que el primer caso detectado en España data del 31 de enero de 2020, y el primero de Euskadi fue el 28-2-2020, existiendo en la actualidad unos 18000 casos por Covid-19 en la Comunidad; estos datos hay que valorarlos cronológicamente a la ahora de ponderar la actividad preventiva ofertada, y según las carencias que hemos significado de evaluación y previsión de las que es responsable la empresa (art. 7,5 del RD 664/1997). Y, ya, dando respuesta a lo pedido de manera más concreta, decimos: Previo: Ratificamos el auto de medidas cautelares, en los términos que se verá, en cuanto nos consta que inicialmente la empresa no cumplió con las medidas preventivas de forma universal y general para todos los trabajadores, y aunque lo haya hecho después, al menos en parte, ello no enerva que sí se ha incumplido el deber

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Jurisprudencia preventivo, antes y después. De aquí que también las medidas acordadas se plasmen según los protocolos del escenario de riesgo que tenga cada trabajador en su puesto de trabajo; Primero, en orden a las mascarillas se ha acreditado en la prueba testifical que las denominadas FFP3 todavía no están disponibles para todos los trabajadores, y que en un principio no se habían facilitado por la empresa a estos de forma adecuada, por lo que procede estimar en este extremo la demanda, incumpliendo la empresa la obligación normativa impuesta y derivada de los arts. 6, d y 7, 1, b del RD citado; Segundo, respecto a las batas impermeables consta, también por el mismo elemento probatorio anteriormente citado, que se han suministrado buzos integrales impermeables, por lo que solicitándose (folio 15 vuelto), tanto batas como buzos, consideramos que ello se ha cumplido, por lo que la declaración que se realiza en orden a la condena alcanza a la fase inicial pues somos conscientes de que ya se ha practicado la medida en el momento del juicio. Consta por tanto el incumplimiento ya definido en el ordinal previo; Tercero, respecto a los guantes de caña larga desechables no existe petición porque se ha cumplido, por lo que nuestra declaración tiene su causa en razón al incumplimiento inicial. No ocurre lo mismo con las gafas de protección integral, donde consta que no las ha recibido toda la plantilla de la empresa. Estamos ante la misma infracción normativa dicha; Cuarto, en orden al gel hidroalcohólico, parece que ya se ha suministrado, pues nada se insta sobre que la empresa a la fecha de juicio haya incumplido este extremo, luego la estimación es en función de que inicialmente no se suministró. En este caso por la empresa se ha infringido la dotación de medios de higiene (art. 6, 1, f del reglamento de 1997, nº 664); Quinto, por lo que se refiere a la ropa de trabajo no consta que se haya realizado un cumplimiento por la empresa, siendo de destacar que es una materia que la Inspección de Trabajo ha reiterado, precisando los incumplimientos de la empresa en orden a esta cuestión y a su lavado, por lo que no probándose que a fecha del juicio se haya realizado el contrato que se indica se va a practicar, entendemos que la empresa ha incumplido esta obligación derivada del art. 7, 1 b del RD 664/1997; Sexto, en orden a la taquilla doble expresamente la empresa señala que no lo ha cumplido, por lo que nada referiremos, salvo que es una reivindicación de larga data y obligación empresarial ex art. 7, 3 del RD 664/1997; Séptimo, tampoco consta la actuación empresarial de suministrar vestuario de recambio, al menos de forma general, lo que conlleva el contrariar lo dispuesto en el

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art. 7 del RD, y consecuentemente se accede a esta petición; Octavo, no figura la existencia de bolsas G2 y contenedores de depósito para toda la empresa, y sí un cumplimiento parcial. Ello lo extendemos a la limpieza y desinfección de los centros, obligación propia del empresario, acentuada en la situación actual. Son cargas de la empresarial el satisfacer estas materias y no lo ha hecho como le obligaba el art. 7, 1, d y 3 y art. 6, 1, e del RD, entre otros; Noveno, respecto a la información de los casos de contagio, con la misma demanda se suministró un listado, donde podemos comprobar que se ha realizado una información de los contagiados, sin perjuicio de mayores especificaciones que pudieran llevarse a cabo, por lo que se rechaza esta petición, y; Décimo, en cuanto a la evaluación de riesgos indicar que ella se ha realizado tardíamente y que, aunque actualmente exista, ha concurrido también un incumplimiento sobre ello; al igual que ocurre con la formación sobre el riesgo por Covid-19, contraviniéndose los arts. 4-6-8 y 9 del RD 664/1997. Se estima parcialmente la demanda interpuesta por don David Pena Díaz, Letrado que actúa en nombre y representación de la Confederación Sindical ELA y a la que se ha adherido don Jesús González Marcos, Letrado que actúa en nombre y representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi, frente a la empresa Ambuibérica SL, y se declara vulnerado el derecho fundamental a la vida e integridad física del colectivo afectado por la presente demanda, por incumplimiento empresarial de su deber de prevención de riesgos laborales, condenando a la empresa a que cese inmediatamente en su conducta vulneradora y cumpla su deuda de seguridad, y en concreto facilite mascarillas FFP2 y FFP3 a cada trabajador; batas/buzos integrales impermeables, conformes al tallaje de cada operario, guantes y guantes de caña larga desechables; gafas de protección ocular de montura integral para cada trabajador; gel hidro-alcohólico todo ello dentro de la diversa clasificación de los riesgos de exposición; disponga de un sistema de recogida de lavado, descontaminación y destrucción de la ropa expuesta a agentes biológicos de covid-19, siendo a cargo de la empresa; se asigne taquilla de doble cuerpo interior; vestuario de recambio; se faciliten bolsas G2 y contenedores específicos para el depósito de ropa contaminada con agentes biológicos y limpieza y desinfección de los centros; y se lleve a cabo la revisión y actualización de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, condenando a la empresa a estar y pasar por la anterior declaración, sin costas.

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Jurisprudencia ESTIMACIÓN DE LA FUERZA MAYOR EN ERTE POR COVID-19: Juzgado de lo Social Salamanca, n.º 2, Sentencia 97/2020, de 20 de mayo ERTE por fuerza mayor parcial (Covid): estimación: clínica odontológica: satisfacción extraprocesal por reconocimiento por parte de la Autoridad Laboral de la concurrencia de fuerza mayor. La cuestión que se plantea es si este supuesto tendría encaje en "la suspensión o cancelación de actividades, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID- 19, supuesto en el que como se ha expuesto anteriormente se requiere acreditar la relación causal entre la pérdida de actividad de la empresa y las situaciones objetivas descritas derivadas como consecuencia del Covid-19. Este extremo ha quedado aclarado después, tras la reforma operada en el artículo 22 por el Real Decreto 15/2020, que viene a señalar que la fuerza mayor puede ser parcial, es decir, no afectar a toda la plantilla respecto a aquellas empresas que desarrollen actividades consideradas cono esenciales durante la crisis, concurriendo la causa de fuerza mayor en la parte de actividad o en la parte de la plantilla no afectada por el carácter esencial. La empresa demandante tiene en plantilla a catorce trabajadores y pretendía el ERTE de suspensión de contratos de once trabajadores manteniendo la actividad sanitaria dental urgente. Se trata de una actividad para la que el propio Consejo General de Dentistas emite unas recomendaciones indicando que la atención quedará limitada exclusivamente a la gestión de las infecciones agudas, dolores severos, hemorragias importantes y traumatismo del área oro facial y que la atención debe realizar con cita previa, que los proveedores de los medios personales de protección (EPIS) han comunicado la falta de tales productos y la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad sanitaria, entendiéndose que sin las adecuadas medidas de protección la actividad ordinaria no se puede realizar porque podía ser un importante foco de contagios. La propia autoridad laboral ha reconocido para la actividad dental la concurrencia de fuerza mayor en la resolución que se aporta como documental para otra empresa, sin que conste concurrencia de la circunstancia que ha determinado diferente resolución dentro de la misma actividad. ..." "... En relación con la misma empresa se han tramitado tres ERTES uno por causa mayor con nº NUM000 en el que se dicta Resolución el 9/04; otro por causas productivas con nº NUM001 en el que con fecha 13/04 se comunica al SEPE que cumple los requisitos y el último por causa de fuerza mayor nº NUM002 en el que se dic-

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ta Resolución de 19/04 que reconoce fuerza mayor con efectos de 2/04. Por tanto, la Resolución de 19/04 reconoce los efectos desde la fecha que se había solicitado 2/04 con base a la Orden SND/310/2020 pero no puede afectar al ERTE que se había solicitado con anterioridad cuando no estamos ante un único procedimiento sino ante solicitudes distintas una que afectaba a 11 trabajadores desde el 14/3 y otra a 14 trabajadores desde el 2/04. Si estamos ante procedimientos diferentes, con distintas solicitudes y distinto alcance no cabe entender que exista una satisfacción total de la pretensión actora que determine la desestimación de la demanda. En consecuencia, con la interpretación que se ha dado sobre la existencia de fuerza mayor parcial para actividades esenciales como son la clínicas dentales que deben mantener la asistencia de pacientes solamente para urgencias se entiende justificada la suspensión de contratos de parte de la plantilla como así se entendió por la Administración para otra empresas que desarrollan la misma actividad y ello desde el 16 de abril que es cuando se produce la suspensión de la actividad, por lo que procede la estimación de la demanda. Que estimando la demanda interpuesta por la empresa CLINICALONSO S.L contra la OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON debo dejar sin efecto la Resolución dictada por la Jefa Territorial de Trabajo de Salamanca de fecha 8 de abril de 2020, en el expediente de regulación de empleo nº NUM000 acordando en su lugar que procede apreciar la existencia de fuerza mayor parcial en los términos previstos en el Real Decreto 463/2020 y el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración autorizando la suspensión de los contratos de once trabajadores de la plantilla desde el 16 de marzo.

DESESTIMACIÓN DE LA FUERZA MAYOR EN ERTE POR COVID-19: Juzgado de lo Social Salamanca, n.º 2, Sentencia 98/2020, de 26 de mayo ERTE por fuerza mayor (Covid): desestimación: empresa dedicada a la venta mayor y menor de material eléctrico: la actividad no es suspendida como medida de contención por la declaración del estado de alarma ni es una actividad esencial. La cuestión que se plantea es si este supuesto tendría encaje en "la suspensión o cancelación de actividades, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID- 19, supuesto en el que Graduados Sociales n.º 99 • 2020


Jurisprudencia como se ha expuesto anteriormente se requiere acreditar la relación causal entre la pérdida de actividad de la empresa y las situaciones objetivas descritas derivadas como consecuencia del Covid-19. Este extremo ha quedado aclarado después, tras la reforma operada en el artículo 22 por el Real Decreto 15/2020, que viene a señalar que la fuerza mayor puede ser parcial, es decir, no afectar a toda la plantilla respecto a aquellas empresas que desarrollen actividades consideradas como esenciales durante la crisis, concurriendo la causa de fuerza mayor en la parte de actividad o en la parte de la plantilla no afectada por el carácter esencial. La empresa demandante tiene en plantilla a nueve trabajadores con distinta categoría profesional, una jefe de compras, una gestora de compras, una dependiente primera, una oficial administrativo, dos comerciales y tres profesionales de oficio. Se pretende el ERTE de suspensión de contratos de todos ellos argumentado que la actividad se puede desarrollar por los tres socios administradores que, conforme se aclaró en el acto del juicio, prestan servicios en la empresa llevando uno la dirección administrativa, otra dirección comercial y otro asesoramiento a montaje profesional. Como prueba documental se aportan comunicaciones de idéntico contenido de distintas clientes algunas del mismo día 16 de marzo en las que se hace constar que los pedidos de materiales realizados se verán notablemente afectados en lo que se refiere a su entrega del material debido a retrasos y suspensiones en las obras y trabajos que teníamos previsto realizar y para los que había pedidos materiales o los íbamos a pedir. No consta acreditado que parte respecto de la actividad total de la empresa representa el comercio menor (que sí se podría suspender) y cual el comercio mayor. No se aporta documental alguna en la que se refleje la efectiva pérdida de actividad teniéndose en cuenta que la actividad de los clientes de instalaciones eléctricas no ha quedado suspendida por la declaración del Estado de alarma. No existe prueba de cuál es la concreta actividad cuya suspensión o cancelación repercuta en la de la actora o que limitación de transporte o movilidad de las personas determinen una relación directa con la pérdida de actividad cuando aquella no afectaba al desplazamiento para el trabajo. Por tanto, aun cuando se puede producir una pérdida de actividad no resulta verosímil que 9 trabajadores sean los que realicen el comercio menor y tres, que precisamente coinciden con los socios administradores que además no realizan labores de atención al público ni de almacén sino que básicamente realizan actividad de dirección en distintos ámbitos(administrativa, comercial y asesoramiento) sean los que pueden mantener la actividad comercial al por mayor de la empresa sino que lo que se revela es que se han asumido por estos funciones de los trabajadores por cuenta ajena. Graduados Sociales n.º 99 • 2020

Se desestima la demanda interpuesta por la empresa HELMALTEL S.L contra la OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas frente a ella.

ESTIMACIÓN DE LA FUERZA MAYOR EN ERTE POR COVID-19 POR IRREGULARIDADES DE LA AUTORIDAD LABORAL EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Juzgado de lo Social Salamanca, n.º 1, Sentencia 110/2020, de 5 de mayo Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa Previa: desestimación; resolución denegatoria que remite al interesado directamente a la jurisdicción social, sin indicarle que procede interponer Recurso de Alzada. ERTE por fuerza mayor (COVID 19): comercio al por menor de equipos de telecomunicación; volumen de actividad sustancialmente disminuido por un acontecimiento externo y extraño al círculo de la empresa. En el marco normativo ahora vigente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 151-2 de la L.R.J.S ., el agotamiento de la vía administrativa previa, constituye un presupuesto consustancial a la modalidad procesal que se regula, salvo en los supuestos legalmente exceptuados, entre los que no figura de forma expresa el que ahora nos ocupa, lo que lleva a pensar que efectivamente es preceptivo el agotamiento previo de la vía administrativa, a través del oportuno recurso de alzada, y en este sentido se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 4 de febrero de 2014, recurso 56/2014 . No obstante, en el supuesto que aquí nos ocupa, concurre una circunstancia especial, cual es que la resolución administrativa impugnada, no hacía mención alguna a la necesaria formulación de recurso de alzada, sino que remitía directamente para su impugnación al orden jurisdiccional social. Sobre esta cuestión la reciente sentencia nº 112/2019 de 3 de octubre de 2019, del Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido de otorgar amparo al demandante, por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la C.E., al inadmitir un recurso

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Jurisprudencia contencioso-administrativo fundamentado en no haber agotado la vía administrativa por no interponer el preceptivo recurso de alzada. El Tribunal Constitucional considera que la resolución recurrida no fue notificada correctamente dado que carecía de la necesaria indicación de los recursos procedentes frente a dicho acto, y concluye en la sentencia afirmando que la ausencia de dicho contenido en el acto notificado no puede perjudicar al derecho a interponer recurso y acceder a la jurisdicción. Considera el Tribunal Constitucional, que la Administración no puede beneficiarse de sus propias irregularidades en detrimento de los derechos de los afectados por la resolución. Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, como la resolución administrativa impugnada no hacía mención expresa a que debía formularse recurso de alzada previo, la ausencia de dicho requisito no puede perjudicar al derecho de la empresa de acceso a la jurisdicción, y en consecuencia no cabe apreciar en este caso, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa. En este caso, como la propia demandante tiene reconocido, se trata de tiendas de móviles de la marca MOVISTAR, cuya actividad se concreta en recibir clientes, atender sus consultas sobre el contrato y realizar cambios de compañía (portabilidades), y vender teléfonos móviles. Tenía en plantilla en el momento de la declaración del estado de alarma un total de 25 trabajadores de alta, y lo que pretende la suspensión de los contratos de trabajo de 17 de ellos, de toda la plantilla a excepción de los ocho que ostentan la categoría profesional de comerciales, que son los únicos que continuarían con la prestación efectiva de servicios. La declaración de estado de alarma ha llevado consigo la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de las actividades consideradas esenciales. Pero también como consecuencia del estado de alarma, se ha decretado que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida, debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, artículo 10-2 del Real Decreto 463/2020. Esta prohibición, consecuencia de la limitación temporal de la libertad de circulación de las personas, que comporta la declaración del estado de alarma, ha supuesto en la práctica una inevitable disminución en la afluencia de clientes a los establecimientos abiertos al público, aun los considerados esenciales, salvo contadas excepciones como podrían ser los establecimientos dedicados al comercio de alimentación, las farmacias o cualquier otro destinado al comercio de productos de primera necesidad. En atención a los razonamientos que se han expuesto, se debe concluir por estimar que la empresa aquí de-

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mandante, puede acogerse al ERTE por fuerza mayor, en este caso parcial, respecto de la parte de la plantilla o de la actividad no afectada por el carácter esencial, porque aun cuando la venta minorista de equipos de telecomunicación sea una actividad esencial y permitida, es evidente que al no tratarse de productos de primera necesidad, el volumen de su actividad se habrá visto sustancialmente disminuido por un acontecimiento externo y extraño al círculo de la empresa, de carácter objetivo e independiente de la voluntad de ésta respecto de las consecuencias que acarrea, en orden a la prestación de trabajo, existiendo una desconexión entre el evento dañoso, como es el COVID-19 y el área de actuación de la propia empresa. Consta además acreditado en autos que la operadora MOVISTAR, cuyos productos comercializa la empresa demandante, le ha comunicado un cambio en la gestión de sus productos, como consecuencia del cierre de los puntos de venta, para asegurar los servicios mínimos y de emergencia y garantizar la conexión a sus clientes. Siendo así, y ante el cierre de los establecimientos abiertos al público, que no de la prestación del servicio que continúa de forma telemática, resulta que la medida de suspensión temporal de empleo afecta a trabajadores con la categoría profesional de director administrativo, subdirector, adjunta a la dirección, coordinador de tienda y dependientes, manteniendo la relación laboral respecto a los trabajadores que ostentan la categoría profesional de comerciales. Se trata de un supuesto de fuerza mayor parcial, en el que los trabajadores afectados son aquellos cuya actividad ha cesado como consecuencia del cierre de los establecimientos abiertos al público, y no el resto que son los que pueden continuar realizando su actividad a través del nuevo sistema de gestión y atención a los clientes que no requiere actividad presencial. En el expediente administrativo, la empresa alegó también la imposibilidad de continuar con la actividad por la existencia de un trabajador de la plantilla, infectado por COVID-19, lo que obligaría a un aislamiento domiciliario del mismo y de sus compañeros. Sin embargo, en la demanda formulada no hace referencia alguna a este hecho para fundamentar su impugnación, lo que hace innecesario entrar a analizarla, no existiendo por otro lado acreditación alguna de esta circunstancia, ni constancia del acuerdo de la autoridad sanitaria que haya decretado el cierre de los centros de trabajo por este motivo. Se estima la demanda formulada por la empresa "MICRO INFOR SALAMANCA S.L." contra la OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SALAMANCA, debe dejar sin efecto la resolución dictada por la Jefa Territorial de Trabajo de Salamanca de fecha 30 de marzo de 2020, en el expediente de regulación de empleo nº NUM000, acordando en su lugar que procede apreciar la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa "MICRO INFOR SALAMANCA S.L.",

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Jurisprudencia en los términos previstos en el Real Decreto 463/2020 y el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración.

ERTE SUSPENSIVO POR FUERZA MAYOR EN EMPRESA DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS: Juzgado de lo Social Salamanca, n.º 1, Sentencia 111/2020, de 13 de mayo ERTE suspensivo por fuerza mayor (Covid); empresa dedicada al servicio urbano de transporte regular de viajeros de uso general por carretera en virtud de concesión administrativa; inaplicación los apartados 1 y 3 del artículo 34 RDL 8/2020. En el supuesto de autos, resulta que la empresa demandada es la adjudicataria de la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en la Salamanca, en virtud del contrato suscrito con el Ayuntamiento en la modalidad de concesión. Es decir, se trata de un contrato de concesión de servicios, que el artículo 15 de la Ley 9/2017 define como "...aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, y en el que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior". A esta categoría de contratos públicos, de concesión de servicios, se refiere expresamente el artículo 34 en su apartado 4, que lo que establece en el contexto de la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local, es el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la ampliación de la duración inicial o la modificación de las cláusulas de contenido económico, según proceda en cada caso, para lo cual es necesario que el órgano de contratación, a instancia del contratista, aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato. A los contratos de concesión de servicios no les son de aplicación, por lo tanto, lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 34, no opera el régimen singular de suspensión que se prevé para otro tipo de contratos públicos, como consecuencia del COVID-19, y

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no se prevé ningún tipo de resarcimiento, y así se establecía ya en la redacción original del artículo 34. Pero es que además, y precisamente con el objetivo de aclarar la cuestión relativa al ámbito de aplicación del precepto, el Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de mayo , por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, añadió un último párrafo al artículo 34-7 del Real Decreto-ley 8/2020 , en el que en relación a los contratos públicos de concesión, ya sean de obras o de servicios, como es el caso que nos ocupa, dispone expresamente que no les son de aplicación a las suspensiones del contrato lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del precepto, que es donde se recoge lo relativo a la indemnización al contratista de, entre otros conceptos, los gastos salariales. El referido Real Decreto-ley 17/2020 es de fecha 5 de mayo, se publicó el día siguiente en el B.O.E., y entró en vigor el día siguiente de acuerdo con su Disposición final decimotercera, es decir con posterioridad a la resolución administrativa dictada en relación al ERTE por fuerza mayor instado por la empresa aquí demandada. No obstante, y como decíamos, la redacción inicial, y entonces vigente del artículo 34 tampoco amparaba la pretensión de la parte actora, y además el Real Decreto-ley 17/2020, en su Disposición final novena, que es la que modificó el, expresamente dispone que quedaba modificado "Con efectos de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo", entrada en vigor que se produjo el 18 de marzo de 2020. En definitiva y recapitulando lo expuesto hay que concluir, que, a la empresa demandada, en cuanto tenía concertado con el Ayuntamiento de Salamanca, un contrato público de concesión de servicios, no le es de aplicación la normativa específica sobre suspensión del contrato prevista en los apartados 1 y 3 del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, en que se sustenta la pretensión deducida en la demanda. Para este tipo de contratos públicos, sería por lo tanto de aplicación el régimen general de suspensión establecido en el artículo 208 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, es decir, a instancias de la Administración o por aplicación de su artículo 198-5 (a instancias del contratista en caso de demora en el pago por parte de la Administración superior a cuatro meses). En base a ello, no existe razón alguna para que la empresa demandada no pudiera plantear un ERTE por fuerza mayor, respecto de parte de los trabajadores por cuenta ajena que prestan servicios para ella, al haber acordado el Ayuntamiento la reducción del servicio público de transporte, objeto del contrato administrativo, en un cincuenta por ciento en atención a las necesidades de movilidad existentes tras la declaración del estado de alarma, en base a todo lo cual procede la desestimación de la pretensión deducida en la demanda. Se desestima la demanda formulada por el Sindicato UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEON (U.G.T.) contra la empresa "SALAMANCA DE

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Jurisprudencia TRANSPORTES S.A." (AUTOBUSES URBA NOS DE SALAMANCA), el Sindicato COMISIONES OBRERAS (CC.OO.), el SINDICATO UNION SINDICAL OBRERA (U.S.O.), y el Sindicato CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (C.G.T.), debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra.

OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA DE REALIZAR TEST PCR O TEST RÁPIDOS: TSJ País Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 688/2020, de 2 de junio Derechos fundamentales, a la vida, salud y la integridad física de la plantilla: obligación empresarial de realizar evaluación sea por test rápido o test prueba PCR a conductores que haya estado en contacto directo o indirecto con pacientes Covid-19 Las manifestaciones ya realizadas no solo en los autos precedentes de 24 de abril de 2020, sino incluso en el auto de 15 de abril de 2020 demanda 13/20 que predetermina la última resolución judicial de 26 de mayo de 2020 en otro procedimiento, permiten concluir a esta Sala que aunque ya hayamos afirmado que no somos ignorantes de la evidente dificultad derivada de la escasez de los medios de protección individual en concreto en la exigencia y evidencia pública y notoria de dificultades para el cumplimiento de obligaciones y prerrogativas de las empresariales en lo que concierne al kit a la satisfacción y cumplimiento para con los test de detección de anticuerpos, lo evidente es que al margen de prioridades y otorgamiento de distribuciones más o menos acertadas, nuestra función judicial de predeterminación y de exigencia de garantía de tutela judicial efectiva para con el personal que realiza este servicio esencial en el ámbito de la garantía y seguridad de nuestra salud y otros derechos fundamentales (vida), hacen que irremisiblemente se compruebe un incumplimiento empresarial en el otorgamiento y aceptación de los test para evitar tener las exposiciones a riesgos biológicos como los actuales, y considerar la adecuación y oportunidad, la proporción y necesidad, en la protección de la salud y la prevención, pormenorizando o individualizando las exigencias de los puestos de trabajo y delimitando los colectivos de preferencia en la necesidad y determinación de servicios y equipos de protección particulares de exposición y riesgo a detallar, que conciernen a los derechos fundamentales mencionados (vida, salud e integridad física y prevención de riesgos) y que pormenoriza la demandante en la provisión a la plantilla de los test rápidos de detección de anticuerpos para covid-19 que fueron admitidos y aceptados parcialmente en la medida cautela-

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rísima que abarca las exigencias respecto de la provisión de test suficientes para la evaluación, en una pauta de previsión positiva y de petición cautelar que esta Sala aceptó, al menos en el entendimiento de provisión inmediata y en tanto dure la vigencia de la crisis sanitaria, sin perjuicio de relativizar un término de acopio devengo y exigencia bajo parámetros de conceptos jurídicos indeterminados y generalidad en el devenir temporal , pero que provocan que en la actualidad sea aparente el incumplimiento notorio de aquella obligación de hacer empresarial respecto del devengo y adquisición de muchos de los test de detección de anticuerpos, que brillan por su ausencia, habiendo demostrado el cumplimiento de nuestro requerimiento judicial cautelar en la proporción al colectivo especificado (técnicos sanitario y de transportes sanitarios o aquellos afectados de forma directa y/o indirecta), que condiciona finalmente nuestro pronunciamiento y exige la estimación parcial de la demanda de la sindical demandante, de acuerdo con el suplico de su demanda, declarando la vulneración de los derechos fundamentales citados en tanto en cuanto se conectan con las obligaciones empresariales de prevención, debiendo condenar a la empresarial demandada a cesar de inmediato en esa conducta vulneradora y a cumplir con su medida de seguridad, condenando a dicha empresa a que realice, sino a toda la plantilla, al menos al personal con categoría de técnico de transporte sanitario o técnico de transporte sanitario conductor, que haya estado en contacto directo o indirecto con pacientes de Covid-19, de esos test suficientes para la evaluación del mismo, ya sea por test rápidos y/o test prueba PCR, condenando a su realización por la empresarial al menos cuanto dure la vigencia de la referida pandemia. Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la Confederación Sindical ELA, frente a AMBUIBERICA S.L.U, previa desestimación de la excepción de falta de legitimación activa, con la intervención del Ministerio Fiscal, declarando que la empresarial demandada AMBUIBERICA S.L.U, ha vulnerado los derechos fundamentales, a la vida, salud y la integridad física de la plantilla, prevención de riesgos y salud, declarando tal conducta empresarial constitutiva de una vulneración que conlleva la condena el cese inmediato de dicha conducta vulneradora y al cumplimiento de medidas de seguridad, concretamente en lo que concierne a los trabajadores de categoría técnico de transporte sanitario, técnico de transporte sanitario conductor, que haya estado en contacto directo o indirecto con pacientes Covid-19, condenando a la empresarial que en tanto en cuanto dure la referida pandemia realice la evaluación sea por test rápido o test prueba PCR, condenado a la empresarial AMBUIBERICA S.L.U a estar y pasar por dicha declaración y a su cumplimiento efectivo. Sin costas.

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