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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 97 | Julio - Septiembre 2019 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno Entrevista a Rafael Hidalgo Romero, Ex Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

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Artículos de Wilfredo Sanguineti, Jaume González Calvet, Juan Gallardo y ACTIVA MUTUA

Entrevista a Francisco Ontiveros Rodríguez, Director General de Justicia Juvenil y Cooperación.


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Editorial

Una cita ineludible con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social A las puertas de unas nuevas Elecciones Generales en el próximo mes de noviembre, la incidencia del mercado mundial en la economía española, que se ha moderado en el tercer trimestre del año y que nos repercute directamente, y el repunte del paro en el mes de septiembre en España, nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla sigue afrontando y tratando los problemas e incertidumbres que conciernen al colectivo. Asi, se han preparado para el mes de noviembre con intensidad y entusiasmo, las nuevas Jornadas sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que cumplen su tercera edición. El ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es, sin lugar a dudas, uno de los caballos de batalla político, económico y social más trascendente en nuestro país, independientemente de la ideología, estrategia o políticas del gobierno de turno. Todo lo que engloba a nuestro campo de actuación se acerca continuamente a un elenco de buenas propuestas e intenciones en la materia pero que, en la mayoría de los casos, es muy difícil de materializar en la práctica alegando como impedimentos en su mayor medida a cuestiones económicas o de falta de consenso entre nuestros representantes. Lo que si bien es cierto, es que

Las III Jornadas reúne en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla a un grupo de expertos en la materia, seleccionados por el Colegio, que abordan asuntos de capital importancia en las relaciones laborales actuales. Graduados Sociales n.º 97 • 2019

con una buena jerarquización de prioridades en materia laboral y de Seguridad Social, estaría mucho más al alcance el poder solucionar problemas laborales que verdaderamente son urgentes de darles respuesta, problemas tales como el desempleo o el incierto futuro de las pensiones o lo que también es importante, legislar con la suficiente conciencia para no provocar situaciones que den pie a desequilibrios y a provocar nuevos focos de conflictividad laboral o social y más inseguridad jurídica en definitiva. A colación de ello, y con el objetivo de seguir difundiendo una cultura correcta en materia laboral y de Seguridad Social, así como seguir ahondando en una especialización laboral acorde a la actualidad legislativa y a la sociedad en la que vivimos, los días 7 y 8 de noviembre de 2019, nuestro Colegio, celebra las “III Jornadas sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”. Las III Jornadas reúne en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla a un grupo de expertos en la materia, seleccionados por el Colegio, que abordan asuntos de capital importancia en las relaciones laborales actuales poniendo especial hincapié en puntos de vista con carácter legislativo y jurisprudencial. Son las primeras Jornadas que abre nuestro nuevo Presidente José Ramón Barrera Hurtado en un nuevo mandato en el Colegio de Sevilla en donde hay depositadas muchas expectativas de crecimiento colectivo, y en donde se seguirá con el trabajo iniciado y logrado por Rafael Hidalgo Romero y la Junta de Gobierno saliente. En el presente número de Justicia Social, en una interesante entrevista al Presidente saliente Rafael Hidalgo Romero, hemos querido repasar entre otros asuntos, su trayectoria en la Junta, los logros conseguidos por la Junta de Gobierno que ha presidido, la situación actual de la Jurisdicción Social en Sevilla, aspectos relacionados con el Grado en RRLL y RRHH con las distintas universidades sevillanas o el 50ª Aniversario del Colegio de Graduados de Sevilla que se celebrará durante el próximo 2020.

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Justicia S cial

Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Venancio A. Castellano Ramírez, Laura Gil Cantos, Juan José Guijarro Baco, Rafael Hidalgo Romero, Alejandro Nisa Ávila y Gonzalo Soto Cano Director: José Ramón Barrera Hurtado

Editorial 03 Consejo General de Graduados Sociales de España 05 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 07 Colegios de Graduados Sociales 08 Vida Colegial 10

Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate

Universidad 18 Cursos y Jornadas 19

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Jorge Antonio Rico Vidal

Artículo 20 Wilfredo Sanguineti Raymond

Entrevista 25

Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Verónica Guillén Giles Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla.com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Rafael Hidalgo Romero

Artículo 35 Jaume González Calvet

Entrevista 43 Francisco Ontiveros Rodríguez

Artículo 47 Juan Gallardo

Número 97 Julio - Septiembre 2019

Artículo 51 Dr. Alfred Barredo Matarredona

Movimiento Colegial 53 Jurisprudencia 55 Ocio 66 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

El Consejo General de Graduados Sociales firma un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial A esta firma asistieron los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo Muelas, Álvaro Cuesta Martínez, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Manuel Fernández Martínez y José Maria Macías Castaño, además también estuvieron el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito y la directora del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ, Susana Crisóstomo Sanz.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, firmaron un convenio cuyo objeto es la colaboración de ambas instituciones en el ámbito de la formación. La firma tuvo lugar en la sede del órgano de gobierno de los jueces.

Con este nuevo acuerdo suscrito con el CGPJ, Ricardo Gabaldón quiere dar un nuevo impulso a la colaboración en diferentes áreas de interés común relacionadas con la formación en el ámbito de la jurisdicción social. Además, se fomentará la organización de encuentros anuales entre Jueces y Graduados Sociales donde se podrán escuchar interesantes conferencias e intercambiar opiniones, ayudando de esta manera a mantener un flujo de comunicación de gran interés para la formación y reciclaje de nuestros profesionales.

José Ramón Barrera toma posesión de su cargo como Vocal Nato del Consejo General de Graduados Sociales de España Durante la celebración del Pleno del Consejo General de Graduados Sociales de España celebrado el pasado 20 de septiembre en Madrid, nuestro presidente, José Ramón Barrera Hurtado juró su cargo como Vocal Nato del citado Consejo pasando a formar parte del mismo. En la celebración de este acto ha estado acompañado por el Vicepresidente del Colegio, Juan Antonio Montes Montero.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

Desayuno del Foro Social con la Presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial que nos expuso las labores tan importantes que realiza dicho Observatorio. Este Foro sirvió para establecer un foro de diálogo y fomentar un intercambio de opiniones sobre asuntos de actualidad y de interés profesional, insistiendo mucho sobre la incidencia que tiene las medidas que se adoptan desde dicho Observatorio en las Relaciones Laborales y como se pretende abarcar y fomentar este asunto dentro del entorno del trabajo.

La Fundación Justicia Social organizó en la sede del Consejo General de Graduados Sociales de España, un desayuno dentro de su ciclo Foro Social. El acto estuvo presentado por el presidente de la Fundación, Ricardo Gabaldón, y contó con la participación de Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio de Violencia

Así mismo se realizó una breve exposición de la relación directa de la Violencia de Género con el ámbito laboral por aplicación del Convenio de Estambul en la ampliación del concepto de violencia de género, el nuevo Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo y la Recomendación 216. Por parte de nuestro Colegio estuvieron presentes nuestro presidente, José Ramón Barrera y nuestra vicepresidenta, Ana Ruiz.

Ricardo Gabaldón asiste al acto de apertura del año judicial El pasado 12 de septiembre, en la sede del Tribunal Supremo, tuvo lugar la Apertura del Año Judicial que contó con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes en su discurso pidió un esfuerzo importante para prestar a la Justicia la atención que merece, acometiendo una reforma organizativa de carácter integral, insistiendo que es necesario invertir con prontitud dinero y talento para implantar un nuevo modelo territorial y organizativo de la Justicia, dotándola de medios materiales y personales que necesita. Lesmes agregó que, en cualquier caso, la justicia española presenta importantes fortalezas, cumpliendo so-

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bradamente nuestro sistema con los requerimientos más exigentes del Estado de Derecho, garantizando plenamente los derechos de los justiciables, contando con una carrera Judicial de gran calidad, integrada por mujeres y hombres altamente cualificados, con un elevado nivel de formación y de compromiso con su trascendental tarea. A este acto, como es habitual, asistieron las más altas autoridades del mundo Judicial, de la política y presidentes de los Consejos Generales de los más importantes operadores jurídicos. Ricardo Gabaldón estuvo invitado a este acto, siendo la primera vez desde su toma de posesión que acude a esta importante cita del mundo de la Justicia.

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Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales se reúne con la Consejera de Empleo de la Junta de Andalucía ciliación (CMAC) con más profesionales expertos, para que las conciliaciones sean efectivas y se minimice el número de casos que llegan a los juzgados, con el consiguiente coste en tiempo y recursos. Del mismo modo, expresaron su apoyo a la inclusión de representantes de estos colegios profesionales en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), según un reciente acuerdo adoptado por la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz, “que supone un importante apoyo de nuestros representantes políticos a la integración de nuestros operadores jurídicos, como profesionales expertos en las relaciones laborales”, destacó el presidente. “La futura inclusión en el CARL va a beneficiar al conjunto de la sociedad andaluza, porque somos expertos en materia de empleo, seguridad social, mediación y arbitraje, entre otras funciones", mantuvo el presidente del Consejo. Por otro lado, insistieron en la necesidad de incluir el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, como Letrados conciliadores, dentro del grupo 1 de dicha Consejería en materia de empleo que hasta ahora solo están los titulados en Derecho.

La comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ofreció la colaboración de estos profesionales y operadores jurídicos a la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren, “en todos aquellos ámbitos de actuación del orden social en los que somos expertos”, señaló su presidente, José Blas Fernández Sánchez. Los representantes de los 8 colegios de graduados sociales mantuvieron en Sevilla un primer encuentro con la consejera, en el que le transmitieron las principales demandas de este consejo, que representa a más de 9.300 graduados sociales de Andalucía, más Ceuta y Melilla, referidos al ámbito de competencias de la Consejería. En concreto, los graduados sociales trasladaron a la responsable de Empleo la necesidad de reforzar las distintas sedes del Centro de Mediación, Arbitraje y Con-

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Otra petición se refirió a la mejora de los sistemas y procedimientos de presentación de documentos en el CMAC y el SERCLA “equiparándonos a otras comunidades autónomas donde ya funcionan mecanismos telemáticos para gestiones como la presentación de las papeletas de conciliación, con la obtención de la citación en el momento de la solicitud”. La delegación de los graduados sociales también solicitó medidas de apoyo a los autónomos profesionales, “miles de abogados, procuradores, graduados sociales, arquitectos y un largo etcétera de profesionales que mantienen día a día sus despachos y que precisan de tantas ayudas como los emprendedores”, afirmó José Blas Fernández. Acompañaron a José Blas Fernández Sánchez, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera Hurtado, junto a su vicepresidente, Juan Antonio Montes Montero; y el vicepresidente primero del Colegio de Málaga, Eduardo Ruiz Vega.

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Colegios de Graduados Sociales

Toma de posesión de la nueva junta de gobierno del COGS de Cádiz y Ceuta en la sede de la Audiencia Provincial El pasado 2 de agosto la Audiencia Provincial de Cádiz acogió la toma de posesión de los miembros que han sido elegidos para formar parte de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. En el transcurso de una ceremonia presidida por el presidente de la Audiencia Provincial, el magistrado Manuel Estrella, y del Colegio Oficial de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, tomaron posesión de sus cargos los reelegidos miembros: Luis Carrasco Quiñones, vicepresidente 1º; Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 2º, y Rosario Galiana Vigo, vocal. Tras la toma de posesión, la junta ha quedado formada de la siguiente manera:

Interventor-Contador: Manuel Fraga Núñez. Vocales Ejercientes: Jesús Puente Álvarez, Manuel Rubio Orbello, Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo. Vocal y Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar: Félix Alberto Vilches Márquez. Vocal Residente en Ceuta: Francisco Javier Casas Sánchez.

Presidente: José Blas Fernández Sánchez. Vicepresidente 1º: Luis Carrasco Quiñones. Vicepresidente 2º: Juan Carlos Cabrera Pascua. Secretario Gral.: Manuel Carlos Raposo Lagóstena.

Vicepresidentes de Honor: Juan Pedro Aragón González. Jenaro Jiménez Maisonnave. Ángel Luis Serrano Casal.

Vicesecretaria: Francisca Aragón Torres.

Gonzalo Cabrera Saraiba: Delegado de Honor en el Campo de Gibraltar.

Tesorero: Juan José Álvarez Leiva.

Vocal Delegado de Honor en Ceuta: Miguel Casas López.

El COGS de Granada celebró una Jornada sobre registro de la jornada de trabajo y actuaciones de la Inspección de Trabajo versidad de Granada del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que con una exposición amena y clarificadora, abordó temas como: la conciliación familiar, la configuración del tiempo de trabajo, la desconexión digital, la jornada irregular, la disponibilidad horaria del trabajador, las reformas del 2010, 2011 y 2012 y el control del horario por la empresa.

El 25 de Julio se celebró en el salón de actos de la sede colegial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada una sesión informativa acerca del candente tema del registro de la jornada de trabajo. Para ello se contó en la primera parte de la sesión con José Antonio Fernández Avilés, Catedrático de la Uni-

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En la segunda parte intervino Cristina Apecechea Celaya, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo de Granada, que con rotundidad y franqueza manifestó los criterios y actuación de la Inspección de Trabajo al respecto del tema. Tras las exposiciones de los ponentes se abrió un turno de preguntas donde los colegiados asistentes pudieron plantear dudas concretas y situaciones reales que acontecen en los despachos profesionales.

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Colegios de Graduados Sociales

Los Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebran un nuevo Noviembre Cultural Los Graduados Sociales de Málaga y Melilla ya lo tienen todo listo para levantar el telón de su salón de actos y presentar la decimoquinta edición de su Noviembre Cultural. Desde el año 2006 más de 2.000 personas han participado, de una u otra manera, en esta aventura cultural que ya forma parte del ciclo de actividades de la ciudad de Málaga. Este año, muestras de pintura, certámenes de fotografía y ensayo; conferencias de muy diferentes temas, conciertos, representaciones teatrales y espectáculos para niños son algunas de las actividades programadas entre el 7 y el 28 de noviembre. La entrada es libre y gratuita a todos los espectáculos con ex-

cepción del concierto benéfico del día 14 cuyos beneficios van destinados a la Fundación Harena, dedicada íntegramente a la atención de nuestros mayores. Un año más la compañía, Teatro Lírico Andaluz ofrecerá una velada lírica en la Sala de Conciertos, María Cristina. El precio único es de 20 euros y la colaboración de todos es fundamental para que la Fundación Harena continúe con su labor y si no pueden asistir, el Colegio cuenta con una fila O. También se puede participar en el certamen de fotografía, Enfocando el Mundo del Trabajo, a través de Instagram, la muestra de pintura y el certamen de dibujo Educando en Prevención para los más pequeños de la casa. Se puede consultar toda la información en graduadosociales.com.

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Colegios de Vida Graduados Colegial Sociales

Homenaje a Amparo Cayuela Pallares El pasado 2 de julio José Ramón Barrera y Rafael Hidalgo, presidente y ex presidente de este Colegio Oficial, acudieron al almuerzo homenaje a la funcionaria del Juzgado de lo Social nº 3, Amparo Cayuela Pallares con motivo de su jubilación y en reconocimiento a su labor en la Administración de Justicia durante tantos años de servicio. Desde este Colegio Oficial, queremos agradecerle personalmente el buen trato que siempre ha dispensado a los Graduados Sociales de Sevilla.

Fiesta institucional del Colegio de Procuradores de Sevilla

El presidente y el tesorero del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla acompañaron al Colegio de Procuradores de Sevilla en la celebración de la Fiesta Institucional de la entidad, llevada a cabo en el marco de la Celebración de los Actos en honor a su Patrona, la Virgen del Carmen.

corporación a aquellas personas o instituciones que se hayan significado por una brillante trayectoria profesional y humana y que este año recayó en la figura del ex decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo.

Autoridades, miembros del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, magistrados, jueces, fiscales, letrados y representantes del ámbito político y empresarial, acudieron a la entrega del VI Premio Procuradora Ascensión García Ortiz, otorgado anualmente por la

Igualmente se entregaron las Insignias y Diplomas a los colegiados que llevan en el Colegio 40 y 25 años en el ejercicio de la profesión, en un ambiente que brilló por el caluroso afecto recibido de tantos compañeros y el agradecimiento de los premiados.

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Vida Colegial

Toma de posesión y designación de cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla Tesorero Sr. D. Juan Carlos Castro Soriano Vocalía de Formación Sr. D. Juan de Dios García Contreras Sra. Dª. Vanesa García Crespo Sra. Dª. Ana María Ruiz Girona Vocalía de Ética, Honorarios e Intrusismo Sra. Dª. Margarita Guerrero Ramos Sr. D. Juan Antonio Montes Montero Sr. D. Alejandro Nisa Ávila Vocalía de Relaciones con INSS, TGSS e ISM Sr. D. Juan Carlos Castro Soriano Sra. Dª. Vanessa Molina García Sr. D. Gonzalo Soto Cano Vocalía de Protocolo Sra. Dª. Vanessa Molina García Sr. D. Juan Antonio Montes Montero

De acuerdo con lo estipulado en nuestros estatutos generales y con motivo de la Junta General de Colegiados celebrada el día 3 de julio, el pasado 9 de julio en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, tomaron posesión de sus cargos los compañeros proclamados y elegidos en la última convocatoria de elecciones llevada a cabo. A su vez, fueron elegidos por la Junta de Gobierno dos cargos de vocales vacantes correspondientes al mandato 2017-2021, de conformidad con el Artº. 41 de los referidos estatutos. De este modo, la nueva Junta de Gobierno queda compuesta como se indica a continuación: Presidente y Director de la Revista Justicia Social Sr. D. José Ramón Barrera Hurtado Vicepresidente 1º Sr. D. Juan Antonio Montes Montero Vicepresidenta 2ª y Vocal Electa del CACOGS Sra. Dª. Ana María Ruiz Girona Secretario Sr. D. Juan José Guijarro Baco Vicesecretaria (Seguimiento acuerdos Junta de Gobierno) Sra. Dª. Laura Gil Cantos

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Vocalía de Relaciones con AEAT y Consejería de Hacienda Industria y Energía Sr. D. Juan José Guijarro Baco Sr. D. Anastasio León Rodas Vocalía de Relaciones con Universidades y Título de Grado y Recursos Humanos Sr. D. Juan De Dios García Contreras Sra. Dª. Vanesa García Crespo Sra. Dª. Ana María Ruiz Girona Vocalía de Relaciones con Agentes Sociales (Sindicatos y Confederación de Empresarios)Sr. D. Venancio A. Castellano Ramírez Sr. D. Anastasio León Rodas Vocalía de Relaciones con las Corporaciones Locales Sra. Dª. Margarita Guerrero Ramos Sr. D. José Antonio Ortiz Márquez Vocalía de Comunicación Sr. D. Venancio A. Castellano Ramírez Sra. Dª. Laura Gil Cantos Sr. D. Juan José Guijarro Baco Sr. D. Alejandro Nisa Ávila Sr. D. Gonzalo Soto Cano Vocalía Responsabilidad Social Corporativa/ Fundación COGS Sevilla Sr. D. Anastasio León Rodas Sr. D. Juan Antonio Montes Montero Sr. D. José Antonio Ortiz Márquez

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Colegios de Vida Graduados Colegial Sociales

Jornada técnica sobre nuevos incentivos para autónomos El pasado 15 de julio el Colegio asistió a la convocatoria de reunión técnica por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, con el fin de conocer la nueva orden de 27 de junio de 2019, de Bases Reguladoras del “Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía”, así como para la resolución de dudas y presentación de propuestas de mejoras por parte de los asistentes. La presentación fue a cargo de Mª Ángeles Pliego Parra, Jefa de Servicio de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras, a través de una breve presentación de los aspectos más importantes de la orden, así como sus novedades. También estuvieron presentes Agustín González Romo, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo y presidente de Andalucía Emprende, así como Susana Romero Román, Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social. Por parte de nuestro Colegio, acudió nuestra vocal, Margarita Guerrero.

El COGSS participa en la constitución del grupo de trabajo para el estudio del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local convocó el pasado 22 de julio, una reunión para constituir el grupo de trabajo que tiene como objetivo estudiar e impulsar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas. La reunión estuvo presidida por el director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes y el grupo de trabajo quedó conformado por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el juez decano, Francisco Guerrero, que estuvo representado por el magistrado Álvaro Martín; la secretaria coordinadora provincial, Felisa Panadero; el decano del Colegio de Abogados,

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Óscar Cisneros; la decana del Colegio de Procuradores, Isabel Escartín; el presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Ramón Barrera; un representante de la Junta de Personal; el gerente de Urbanismo, Rafael Márquez; un representante de Abengoa; además de los técnicos de la Consejería y los directores generales de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, y de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros. De este modo, el grupo se origina para aportar ideas sobre el diseño de la futura Ciudad de la Justicia y resolver los problemas de movilidad, que el sector judicial trasladó como una las cuestiones que habría que solventar

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Vida Colegial yecto y, el otro, cuáles son los juzgados y las jurisdicciones que finalmente van a acabar en Palmas Altas.

para llevar a cabo el traslado a esa zona de Sevilla, en la reunión del pasado 25 de junio. En la reunión se trataron dos temas fundamentales. Uno de ellos es el Plan de Movilidad que va unido a este pro-

La postura de este Colegio Oficial en la citada reunión fue la de solicitar a los representantes de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, que presentaran un proyecto completo e integral de Ciudad de la Justicia y no la propuesta parcial que se planteó, que no resuelve de manera total el problema de dispersión que existe hoy en día. De este modo, se pidieron tres cosas: en primer lugar, la presentación de un proyecto completo y de manera conjunta, con el compromiso de adquisición de todos los terrenos que serían necesarios, aunque luego se desarrolle en dos fases, que asegure de manera real la construcción de la Ciudad de la Justicia en los términos que se nos han trasladado; en segundo lugar, un plan de movilidad viable para la zona y, por último, el tiempo de ejecución de todo ello.

Rafael Hidalgo, nombrado Colegiado Emérito de los Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta El ex presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo Romero, ha sido nombrado “Colegiado Emérito” del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, según acuerdo de su junta general, en reconocimiento “a los lazos de unión de nuestras respectivas corporaciones profesionales y jurídicas, que van a culminar con un próximo acto de hermanamiento”. El colegiado de honor recibirá esta distinción con motivo de la fiesta patronal que esta corporación profesional celebra anualmente en el Palacio de la Diputación Provincial. Su presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado los méritos de Rafael Romero, “un excelente profesional que ha llevado el Colegio sevillano a ser un referente de la profesión en España; queremos contribuir a que este título, concedido por sus compañeros de Cádiz, suponga un broche de oro al cierre de su presidencia”.

(Diplomatura de Graduado Social, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Licenciatura en Derecho). Está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort de Segunda Clase, entre otras importantes distinciones. Ejerce en su despacho como graduado social desde 1994 y como abogado desde 2007. Es igualmente miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde es profesor asociado del Departamento de Derecho Público del Área Procesal.

Rafael Hidalgo Romero ha sido presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y posee una dilatada trayectoria profesional y académica

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Vida Colegial

Celebración de la Conferencia "Hispanidad: libertad, mestizaje y solidaridad" en el Ateneo de Sevilla También estuvieron presentes Mª Ángeles Muñoz Serrano, vicetesorera del Ateneo y que hizo las veces de anfitriona; Rafael Hidalgo Romero, graduado social y abogado; Beatriz Barranco Montes, Directora General de Trabajo y de Bienestar Laboral; Ana María Hermosa, Fiscal y Coordinadora de la Sección Territorial de Sevilla de la Fiscalía Superior de Sevilla; Juan Carlos Lozano, Presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración y Francisco Pérez Morón, Tesorero del Ateneo. El pasado 17 de septiembre tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla la Conferencia "Hispanidad: libertad, mestizaje y solidaridad" impartida por el Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, Carlos Manuel Moyano Jurado y presentada por el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera Hurtado.

La Conferencia hizo un repaso de las relaciones del Imperio Español con América, desmontando mitos que nutren una leyenda negra que se aleja mucho de la realidad. Según lo explicado en la conferencia,, fue siempre una relación basada en la libertad, el mestizaje, la solidaridad y la apertura de caminos entre dos tierras hermanas.

Visita del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla Miguel Arrebola y Francisco Javier Arjona, presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla visitaron la sede colegial el pasado 19 de septiembre. Nuestro presidente, José Ramón Barrera y nuestro tesorero, Juan Carlos Castro les mostraron la sede, explicándoles la historia del Corporación y mantuvieron un breve encuentro institucional basado en la cordialidad y en la búsqueda de sinergias y colaboraciones entre ambos colegios.

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Vida Colegial

El COGSS participa en el “Fórum Europa. Tribuna Andalucía” con la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en 62 % en lo que va de legislatura frente al escaso 5% del anterior gobierno; apostar por una red ferroviaria sin merma de recursos como se ha anunciado desde el gobierno central; potenciar los metros en ciudades como Sevilla, Málaga y Jaén; potenciar la inversión en vivienda de protección social, eliminando trámites burocráticos.

La vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Margarita Guerrero, participó en el “Fórum Europa. Tribuna Andalucía” con la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Durante el encuentro la Consejera habló sobre diversos temas de interés fijando la hoja de ruta de su Consejería con objetivos definidos tales como minimizar las normas en Andalucía para evitar la hiperlegislación existente que entorpece la eficacia de las mismas; un aumento en la ejecución del presupuesto, rondando

Manifestó la apuesta por un transporte sostenible y verde; estudiar la conexión de las provincias HuelvaCádiz en el entorno de Doñana, pero con absoluta preferencia por la conservación de Doñana; desatascar planes urbanísticos que estaban pendiente de resolverse de la anterior legislatura y tenían paralizado municipios; apostar por una conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Sevilla. A su vez, anunció que ese mismo día de celebración del Fórum se había publicado un decreto para legalizar viviendas “ilegales” de antaño, facilitando así obstáculos, pero advirtiendo que no es una amnistía. También adelantó que el borrador de la nueva Ley del Suelo de la comunidad autónoma estará listo a finales de este mismo año.

Presentación de los Cultos y Actos Conmemorativos del Centenario de la Reorganización de la Hermandad del Dulce Nombre El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla estuvo presente en el acto de Presentación de los Cultos y Actos Conmemorativos del Centenario de la Reorganización de la Hermandad del Dulce Nombre, cuya titular es patrona de nuestra Corporación. Durante la celebración que tuvo lugar en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla se presentó el programa de cultos y actos conmemorativos del centenario de la reorganización de nuestra Hermandad que tendrán lugar hasta la Semana Santa

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Vida Colegial de 2020, en la que se cumplen cien años de la primera salida procesional tras la reorganización. Así se presentó el cartel conmemorativo, el logotipo y el programa con los diversos cultos y actos previstos para celebrar la efeméride.

El acto estuvo presidido por el hermano mayor, Manuel Casal; el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el presidente del Consejo, Francisco Vélez; y el comisario del aniversario, Juan Pedro Recio Lamata. Por parte de nuestro Colegio estuvieron José Ramón Barrera y Rafael Hidalgo, presidente y ex presidente.

Reunión con la Tesorería General de la Seguridad Social El pasado 26 de septiembre celebramos una reunión en la Dirección Provincial de la TGSS en la que participaron por parte de dicho Organismo, Teresa Caipa, Directora Provincial, Santiago Amo, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria y Coordinación de Administraciones y Carlos Pelayo, Jefe de Sección del Sistema RED; y por parte de este Colegio Oficial estuvieron el presidente, José Ramón Barrera y la Vocalía

mación general de los usuarios ante la TGSS. La línea 901 50 20 50 (Afiliación, Recaudación, Sistema RED), está disponible de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 14:30 h. Debido a esto insisten desde la Dirección Provincial en que se utilicen los buzones corporativos para transmitir las posibles incidencias, teniendo que ir identificados por los Autorizados del RED todos los correos que se envíen a través de los buzones corpo-

de Relaciones con INSS, TGSS e ISM, compuesta por Juan Carlos Castro, Vanessa Molina y Gonzalo Soto.

rativos. A este respecto y para facilitar esta operativa, el Colegio va a poner a disposición de sus Colegiados un modelo de formulario para aportarlo cuando se generen las incidencias.

En primer lugar, y con motivo del reciente nombramiento como Presidente de José Ramón Barrera, este les transmitió el deseo de colaboración plena entre el Colegio y la TGSS, haciendo hincapié en que las incidencias que se vayan generando, se vayan resolviendo y no quedando estancadas en las distintas Administraciones de Sevilla y provincia. Desde la Vocalía se trasladó expresamente la petición de unidad de criterio en todas las Administraciones en el momento de la resolución de las incidencias. En segundo lugar, se recordó por parte de la TGSS la reducción del horario de atención telefónica e infor-

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Por último, se estableció un calendario mensual de incidencias y sugerencias que serán aportadas antes de los días 15 de cada mes, con el objeto de no esperar a la reunión trimestral con la Dirección Provincial de la TGSS. Por ello, las incidencias y sugerencias aportadas por los colegiados tanto para esta reunión como en la anterior, que estaban pendientes de respuesta, se han incluido mediante este calendario mensual en la primera remesa que hemos enviado.

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Vida Colegial

Inauguración del Curso Cultural 2019/20 del Círculo Mercantil de Sevilla tural 2019/20 con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por su director titular Francisco Javier Gutiérrez Juan titulado “Manuel Jiménez, Chicuelo, 100 años de alternativa”. La Banda estrenó el curso con un concierto de música clásica española, donde la canción andaluza, la ópera, el pasodoble y la zarzuela estuvieron muy presentes, conducido magistralmente por José Luis López y en el que intervinieron la cantante Ana del Río y el barítono Luciano Miotto. Durante el desarrollo del acto, el presidente Práxedes Sánchez hizo entrega de la insignia de oro de la entidad a la 4ª zona de la Guardia Civil, representada en el patio de Sierpes por el General Jefe Manuel Contreras. El 26 de septiembre tuvo lugar en la sede de Sierpes del Círculo Mercantil el acto de inicio del curso cul-

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Nuestro Colegio estuvo representado por el vicepresidente, Juan Antonio Montes.

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Universidad

La UPO celebra su Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019/2020 Nuestra vicepresidenta Ana Ruiz estuvo presente en el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019/2020 de la Universidad Pablo de Olavide. El acto, celebrado en el Paraninfo de la citada Universidad, estuvo presidido por el rector Vicente Guzmán y contó con la presencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, además de diversas autoridades civiles y militares. Durante el acto, se procedió a la presentación de la Memoria del Curso Académico 2018/2019 y se entregó la Medalla al Mérito de la institución a los catedráticos Juan Francisco Ojeda Rivera y Juan Daniel Ramírez Garrido, así como al profesor José Carlos Miranda Terceño. Por otra parte, la lección inaugural, ‘El fascinante y desconocido mundo de los microbios’, corrió a cargo del catedrático de Microbiología en la Universidad Pablo de Olavide, Eduardo Santero Santurino.

Acto de Inauguración del Curso Académico 2019-20 en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla

Nuestro presidente José Ramón Barrera acompañó a los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla en el acto de inauguración del curso académico 2019-2020. En su intervención felicitó a todos los alumnos y alumnas por haber elegido cursar estudios en esta Facultad y le abrió las puertas del Colegio, pues ellos son el futuro de nuestra

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profesión, adelantándoles todas las actividades formativas que pueden realizar por el hecho de estar matriculados en la Facultad. Barrera también les informó de las posibles salidas profesionales que pueden tener cuando finalicen sus estudios y le presentó la figura del precolegiado, por la que

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Universidad el alumnado que haya cursado al menos el 50% de los créditos puede disfrutar de todas las ventajas que tiene un colegiado, salvo el ejercicio de la profesión y el derecho a voto. En el acto también participó el decano de la Facultad, Alejandro Díaz; la vicedecana de Relaciones Internacionales, Institucionales y Alumnos, Elena Robles; el director de Recursos Humanos y Organización Territorial en Andalucía Occidental de Caixabank, Jesús Téllez, la Jefa de Sección de la Biblioteca del Área de Derecho y Ciencias del Trabajo y el representante de Delegación de Alumnos, Pablo Casado.

para ello como pueden ser los diferentes cursos como el tradicional de nóminas de los que se pueden beneficiar. También habló de la figura del precolegiado que busca incorporar a los estudiantes al colegio desde su etapa universitaria, dándole los servicios que ofrece el Colegio. Para finalizar, Montes les invitó a aprovechar al máximo estos cuatros años universitarios.

Por la tarde se repitió el mismo acto para los alumnos y alumnas de los grupos de tarde, estando en esta ocasión presentes por parte de nuestro Colegio, Juan Antonio Montes, vicepresidente de nuestra entidad y Juan de Dios García, vocal de Formación y de Relaciones con las Universidades. Durante su intervención, al igual que nuestro presidente, Montes habló al alumnado de la profesión y de las numerosas salidas profesionales que tiene la misma. Destacó la excelente relación existente entre el Colegio y la Facultad y como esto se traduce en muchas ventajas

Cursos y Jornadas

El COGSS celebra una jornada gratuita sobre el Impuesto de Sociedades 2018 y otras cuestiones fiscales y Auditor de cuentas, que ofreció a un aforo completo una interesante exposición donde desgranó todo lo relativo a este impuesto, así como otros temas de interés en el campo fiscal.

Presentada por nuestro presidente José Ramón Barrera, el Colegio celebró el 9 de julio una Jornada gratuita titulada “Impuesto sobre Sociedades 2018 y otras cuestiones fiscales”, gracias al patrocinio de nuestro colaborador Antea Prevención. La ponencia corrió a cargo de Luis E. Jos Gallego, Inspector de Hacienda del Estado, Administrador general de Gestión Financiera Junta de Andalucía, Economista

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Concretamente habló sobre las últimas novedades tributarias aparecidas; la reducción de impuestos de la Junta de Andalucía; las novedades para 2018 del impuesto sobre sociedades, como es la obligación de inscripción de asesores en el Registro Mercantil antes del 9 de septiembre de este año; así como los puntos conflictivos y neurálgicos de este impuesto. Jos también repasó la última jurisprudencia y consultas aparecidas. Para finalizar habló de compliance tributario y del código de buenas prácticas. Durante el transcurso de dicha Jornada, Dª. Patricia Rodríguez Ramos, Directora Comercial en Sevilla de Antea presentó a los asistentes AnteachekIn, su nuevo servicio de Registro Diario de la Jornada.

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Artículo

Wilfredo Sanguineti Raymond

Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Salamanca

El derecho de huelga en los grupos y redes empresariales. A propósito de las STS de 3 de octubre de 2018 (Recs. 3365/2016 y 1147/2017)

Pronunciamientos jurisprudenciales recientes, como la serie de dos sentencias emitidas por la Sala IV del Tribunal Supremo el pasado 3 de octubre en relación con sendos supuestos de vulneración del derecho de huelga, idénticos entre sí y además respecto del examinado en su día por su sentencia de 11 de febrero de 2015, han vuelto a poner sobre el tapete la cuestión, intensamente debatida en su día entre nosotros, de la proyección del derecho de huelga, y en particular del deberse soportar las consecuencias de su ejercicio, más allá de los estrictos contornos del contrato de trabajo, hacia los grupos y redes empresariales, así como los alcances de esta proyección y, sobre todo, sus límites. Un problema, este último, arduo como pocos, pero cuyas implicaciones se proyectan más allá del terreno puramente práctico, en la medida en que detrás de él se sitúan hasta cuatro preguntas fundamentales, de cuya respuesta depende en buena medida la orientación futura de nuestro ordenamiento laboral. Antes de nada, ¿qué es la Constitución y qué fuerza de obligar tiene? O, formulado el interrogante con más precisión, ¿cuáles son las consecuencias de contar, como es nuestro caso, con un modelo de Constitución cuyo contenido material, representado por los derechos fundamentales, tiene valor normativo y se encuentra garantizado judicialmente? En segundo lugar, ¿qué es el derecho de huelga, qué contenidos tiene y frente a quién o quiénes se ejerce? Pregunta de cuya respuesta depende, a su vez, la de esta otra: ¿cuál debe ser el espacio o ámbito de aplicación de las instituciones jurídicolaborales, y singularmente de los derechos de organización y acción colectiva, en el actual contexto económico y productivo? ¿El tradicional del contrato de trabajo u otro distinto, como la empresa, contemplada en sentido material y no formal, o el ciclo o proceso productivo? O, en fin, atendiendo al contexto en el que se formula el problema y los efectos que es capaz de desplegar la solución que se le dé: ¿cómo llevar a cabo una regulación a efectos laborales de los procesos de descentralización productiva que, sin imponerles trabas injustificadas, introduzca algún

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límite a su posible empleo, no infrecuente en la actualidad, como un simple instrumento de degradación de los salarios y las condiciones laborales? Dicho esto, conviene empezar por destacar que la emergencia del problema tiene como presupuesto una doble premisa fáctica, verificada en los últimos años dentro de nuestras relaciones laborales. Una mutación de las formas de reacción de los empresarios frente a las huelgas, que pasan ahora en muchos casos por tratar de mantener la producción o satisfacer de algún otro modo la demanda pese a su realización, sirviéndose de los poderes que ostentan como acreedores de las prestaciones de trabajo o titulares de la empresa, por una parte. Y una radical transformación de las formas típicas de organización empresarial, que conduce a la fragmentación de la empresa tradicional en conglomerados de sociedades independientes ligadas entre sí por vínculos de naturaleza corporativa (grupos) o contractual (redes), por la otra. El resultado de la confluencia de ambos factores ha sido el surgimiento de una nueva práctica dirigida a esquivar los efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre los procesos de producción cuyo sujeto activo no es ya el empresario de los huelguistas, sino la casa matriz y las demás sociedades del grupo en el que el primero se integra o la empresa principal a la que este sirve en calidad de contratista, que recurren a un tercero, por lo general contratista también, para que desarrolle las prestaciones, integradas dentro de sus respectivos procesos de producción, de las que se ven despojados a causa de la huelga. Nos situamos así delante de lo que la doctrina más calificada ha denominado el esquirolaje decidido por un tercero. Nótese, sin embargo, que en tales casos no se impide a nadie hacer huelga. Y que quien intenta evitar su efecto, digamos reflejo, es un empresario distinto del destinatario directo de ella. Nada parece, por ello, que pueda objetarse a la realización de estos actos desde la pers-

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Artículo pectiva de la garantía del derecho de huelga. A pesar de ello, la conclusión que se impone dentro de nuestro ordenamiento jurídico en la actualidad es precisamente la contraria. Si no con carácter absoluto, al menos en buena parte de los casos. Esta conclusión, claramente contraria a lo que dictaría una aproximación puramente superficial e intuitiva al problema, es el resultado de un largo proceso de construcción –o, mejor, de reconstrucción– desde bases constitucionales del contenido, los efectos y el ámbito de aplicación del derecho de huelga, que ha conducido a nuestros tribunales, de un lado a considerar comprendida dentro de su contenido la garantía de su efectividad como medida de presión, con el consiguiente deber de sus destinatarios de soportar, tolerar o no neutralizar sus consecuencias negativas. Y, del otro, a proyectar la aplicación de esta garantía, desde el empresario inmediatamente afectado por la paralización, hacia aquellos otros que mantienen con él relaciones de cooperación económica y productiva de suficiente intensidad como para justificarlo. Este concepto fuerte de huelga, como algo más que una abstención de trabajar sin padecer represalias, tiene su origen en la construcción doctrinal del derecho que la garantiza como uno de carácter instrumental, cuya esencia consiste en la producción de un daño con el fin de ejercer sobre la contraparte la coacción psicológica necesaria para forzarla a adoptar un acuerdo, por utilizar unas expresiones ampliamente conocidas. Su recepción, así como la proyección de sus consecuencias a una suerte de anillo exterior, representado por las fórmulas de cooperación interempresarial que han sido referidas, han sido obra de la jurisprudencia, constitucional primero y ordinaria después, con un especial protagonismo, en el segundo de los casos, del Tribunal Supremo. Se trata, por lo demás, de un proceso que no tiene nada de precipitado, ya que dentro de su construcción es posible distinguir hasta cinco pasos distintos, los cuales se han sucedido a lo largo de las cuatro décadas de vigencia de nuestra Constitución. Su punto de partida se encuentra en el reconocimiento del carácter instrumental del derecho de huelga y su aptitud para limitar otros derechos del empresario, llevado a cabo de forma temprana por la STC 11/1981, de 8 de abril. Pronunciamiento en el que el supremo intérprete de la Constitución sentará dos premisas fundamentales. Primera: la huelga constituye “un instrumento de presión” que limita la libertad del empresario, al que no se permite sustituir a los huelguistas o cerrar arbitrariamente el centro de trabajo para hacerle frente. Segunda: el derecho de los empresarios a adoptar medidas de conflicto, reconocido también por la norma fundamental, no puede vaciar de contenido el ejercicio del derecho de huelga mediante la realización de cierres ofensivos o de retorsión, dada la superior protección del derecho de huelga, que es expresión de su mayor proximidad con los valores

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nucleares que la sustentan. Ni este derecho, pues, ni la libertad de empresa, pueden servir de fundamento para actuaciones de los empresarios que impidan a la huelga actuar como medida de presión, como prevé la Constitución. Pero siempre que la huelga ocasione al empresario unos perjuicios que puedan ser considerados a ojos del legislador como “razonables” o “proporcionados”, dada la paralela declaración de la constitucionalidad de la prohibición de las huelgas abusivas contenida en el artículo 7.2 del Real Decreto Ley 17/1997. El siguiente escalón está representado por la afirmación expresa, igualmente en sede constitucional, del deber del empresario de soportar, tolerar o no neutralizar los efectos del ejercicio del derecho de huelga por la STC

Una mutación de las formas de reacción de los empresarios frente a las huelgas, que pasan ahora en muchos casos por tratar de mantener la producción o satisfacer de algún otro modo la demanda pese a su realización, sirviéndose de los poderes que ostentan como acreedores de las prestaciones de trabajo o titulares de la empresa... 123/1992, de 28 de septiembre, a la que seguiría años después la STC 33/2011, de 28 de abril. El Tribunal Constitucional se servirá aquí de las premisas sentadas por la STC 11/1981 para declarar la no conformidad a Derecho de un supuesto de sustitución de trabajadores en huelga por otros de la propia empresa no participantes en la protesta no previsto por el artículo 6.5 del Real DecretoLey 17/1977 por aplicación directa del 28.2 de la Constitución, llegando a acuñar una frase que ha hecho fortuna: la de la capacidad del derecho de huelga para “reducir en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en vida vegetativa, latente, otros derechos”, como la potestad directiva del empresario, cuando es utilizada para privar de efectos una huelga. El siguiente paso sería dado ya en la presente década por el Tribunal Supremo, que procedió cerrar lo que pode-

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Artículo mos considerar a la luz de lo que vendrá después como el anillo interior de protección del derecho a través de sus Sentencias de 25 de enero de 2010 y 5 de diciembre de 2012, que aplicaron la recién referida doctrina del Tribunal Constitucional a supuestos distintos de los inicialmente considerados por este, en los que la neutralización de las consecuencias del ejercicio del derecho de huelga se produjo recurriendo a poderes distintos del de dirección, vinculados con la contratación de otros empresarios (sustitución indirecta) o el recurso a medios tecnológicos (esquirolaje tecnológico). Por más que la STC 17/2017, de 2 de febrero, haya podido introducir algún nivel de incertidumbre al indicar que el empresario puede utilizar los medios técnicos que tiene a su disposición para mantener su actividad durante una huelga. Aunque sin llegar a afirmar que ello lo autoriza a sustituir, válidamente y sin limitaciones, las prestaciones de los huelguistas por otras realizadas por máquinas o a paliar sirviéndose de ellas los efectos de su ausencia. En cualquier caso, como se puede apreciar, lo hecho hasta aquí por nuestros tribunales ha sido extender el ámbito objetivo de protección del derecho de huelga, pero manteniéndolo dentro de los contornos de la relación trabajador/empresario desde el punto de vista subjetivo. Su proyección más allá, a los empresarios que mantienen vínculos societarios y/o contractuales con el destinatario original de la medida será, nuevamente, resultado de la labor conjunta de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que ha tenido que vencer para ello obstáculos más que notables. Entre ellos, en particular la consideración de dichos empresarios como terceros frente a la huelga, a los que los que “no deben imponerse más gravámenes o molestias que los necesarios”, como indica la Sentencia 11/1981. Ni parece, por ello mismo, que puedan verse impedidos de procurarse en el mercado los bienes o servicios de los que los priva una huelga que en principio no les concierne. Este decisivo resultado será alcanzado en la última década a través de dos pasos escalonados, que han hecho posible la adaptación del espacio original de la referida garantía, propio de una forma de producir donde el empresario lo hace todo de forma directa y solo tiene clientes y usuarios o, como mucho, proveedores, a otro en el que los procesos productivos son el resultado de la integración de prestaciones diversas desarrolladas por empresarios vinculados de forma estable. El primer paso en esa dirección, cuarto de la secuencia, lo daría, nuevamente, el Tribunal Constitucional, que optará por proyectar la tutela del derecho de huelga hacia el empresario principal en los procesos de subcontratación a través su Sentencia 75/2010, de 19 de octubre, seguida luego de otros dieciséis pronunciamientos similares. Para resolver el supuesto de hecho sometido a su consideración (una presunta vulneración de carácter complejo generada de forma mediata por la actuación del empresario

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principal, que extinguió la contrata en la que trabajaban los huelguistas, precipitando con ello la extinción de sus contratos de trabajo por el contratista), el mismo debía decidir primero si la empresa principal estaba en condiciones de vulnerar el derecho de huelga pese a ser un tercero respecto de la medida de presión. Desechando una aproximación puramente formal al problema, partirá entonces de poner de relieve la lógica productiva integrada que caracteriza a los procesos de subcontratación, que hace posible que la empresa principal reciba de manera inmediata los servicios de los trabajadores merced al contrato mercantil. Y que determina que ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores del contratista se proyecte de forma primordial sobre la actividad productiva de dicha empresa, a la que sirven, por lo que esta

Para el Tribunal Supremo la clave se encuentra en la existencia de lo que denomina una especial vinculación entre los huelguistas y las empresas que llevaron a cabo la sustitución. puede estar tanto o más interesada que el contratista en combatirla. Presupuestos a partir de los cuales concluye que el derecho de huelga de los trabajadores del contratista no solo puede verse afectado por la actuación del contratista, sino también del empresario principal. Añadiendo que lo contrario “supondría la práctica eliminación del derecho de huelga” en estas relaciones. La proyección del deber de soportar o no neutralizar los efectos del ejercicio del derecho de huelga hacia las fórmulas de cooperación interempresarial, último paso de este laborioso proceso de construcción/reconstrucción de su espacio de tutela, es exclusivamente obra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha servido para ello de una serie de pronunciamientos que se inicia con sus Sentencias de 11 de febrero y 20 de abril de 2015, seguidas luego, aunque con un sentido delimitador negativo, por su Sentencia de 16 de noviembre de 2016, y continuada, esta vez en sentido positivo, por las dos Sentencias de 3 de noviembre de este año citadas al inicio, que elevan a jurisprudencia el criterio sentado por la primera, a la vez que tratan de delimitar de forma más precisa sus contornos. Como suele suceder en estos casos, la aportación fundamental a la construcción del criterio del supremo tri-

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Artículo bunal se encuentra en la primera de las sentencias de la serie, que examinó un supuesto de sustitución de la prestación de la empresa afectada por una huelga, que se encargaba de la impresión de las publicaciones de un grupo editorial del que formaba parte, por la de un contratista externo. En apariencia la contribución de esta sentencia no radica en añadir ningún elemento nuevo a las tesis existentes, sino únicamente en combinarlas para dar respuesta al caso sometido a su consideración. En concreto, para declarar la existencia de la vulneración del derecho de huelga por parte de la matriz y las restantes empresas del grupo, la misma conecta o combina, recurriendo a extensas citas literales, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de que un empresario principal vulnere con sus actos el derecho de huelga, pese a ser un tercero, con la construcción, a la vez suya y de aquel, en torno al deber de tolerar las consecuencias de su ejercicio. El resultado termina, sin embargo, siendo profundamente innovador, en la medida en que conlleva la proyección de ese deber más allá del ámbito del contrato de trabajo, que es en principio su espacio natural. La cuestión que lo anterior plantea no es otra que la siguiente: ¿cuál es el fundamento de esa inusual proyección? ¿Se basa en la relación orgánica entre las empresas? ¿En el vínculo funcional existente entre sus actividades? ¿Acaso en ambos? Para el Tribunal Supremo la clave se encuentra en la existencia de lo que denomina una especial vinculación entre los huelguistas y las empresas que llevaron a cabo la sustitución. De un lado porque la relación entre estas empresas y la destinataria de la huelga no es una meramente mercantil sino otra “más intensa”, ya que todas forman parte de un mismo grupo empresarial y hasta poco tiempo antes eran una sola empresa. Y, del otro, porque la actividad desarrollada por los huelguistas no es sino “la ejecución de parte del ciclo productivo de dichas empresas”, que son, de tal modo, sus destinatarias últimas. Es debido a esta especial vinculación, de la que serían expresión los dos elementos de hecho antes referidos, que la decisión de recurrir a un nuevo contratista para la impresión de los diarios vació de contenido el derecho de huelga, al conseguir una “apariencia de normalidad” que lo privó de toda repercusión. Y, por tanto, de capacidad de presión. Como puede apreciarse, este es un resultado que no puede ser trasladado mecánicamente, ni a todos los grupos de empresas, ni a todas las contratas. De allí que el propio Tribunal no haya visto trazas de un comportamiento de ese tipo en el caso examinado por su Sentencia de 16 de noviembre de 2016, donde lo que había, pese al revuelo mediático ocasionado, era un simple contrato mercantil de por medio. La proyección del derecho de huelga más allá de la frontera del contrato de trabajo solamente se justifica, de tal modo, cuando pueda determinarse la existencia de una

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especial vinculación entre los huelguistas y la empresa cabeza de grupo o principal, cuya intensidad sea tal como para estar en condiciones de establecer que las condiciones con arreglo las cuales aquellos prestan su trabajo no dependen solo de su empleador sino principalmente de la empresa a la que este sirve, siendo por tanto el daño que pueda causar el ejercicio del derecho al primero por completo ineficaz si no repercute también sobre esta, que es quien tiene la última palabra. Y quien, como señalaría ya el Tribunal Constitucional, puede tener igual o mayor interés en eludir su impacto. Cosa que no ocurre, en cambio, cuando no se registra un vínculo de este tipo, toda vez que entonces la sustitución de las prestaciones dejadas de realizar causa daño y ejerce presión sobre el empresario destinatario de la huelga y no sobre sus clientes. Es más, como se ha destacado recientemente, estos mismos argumentos deberían servir para extender en casos como los descritos la obligación de negociar prevista por el artículo 8.2 del Real Decreto Ley 17/1977 a dichas empresas, puesto que sostener lo contrario supondría negarles la posibilidad de intervenir, al menos de forma directa, en la solución de una huelga cuyos efectos están obligadas a soportar. Como, por cierto, hace de forma poco coherente el propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de enero de 2017. La especial vinculación es, así, conforme apunta igualmente la doctrina más atenta a estos temas, una noción vinculada con la dinámica de los grupos y las redes empresariales de carácter jerárquico o hegemónico, caracterizados por la presencia de dos elementos diferenciales: a) la existencia de un alto grado de integración entre las actividades productivas de las distintas empresas que los integran; y b) el sometimiento de todas a la influencia dominante de una de ellas. Estos conglomerados, conformados por lo general por empresas de muy distinta dimensión que contribuyen al desarrollo del ciclo productivo conducido por la que se sitúa en su vértice, guardan una muy llamativa proximidad con el modelo de empresa unitaria, vertical y jerárquica, dado el estrangulamiento de la autonomía económica y de decisión de sus componentes que conllevan. De allí que tenga sentido extenderles, desde bases constitucionales, las garantías de las que es acreedor el derecho de huelga. De hecho, esto es lo que hacen las dos sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 que cierran de momento la serie, cuya similitud recíproca, así como con el caso examinado por la que la inicia ha sido destacada ya. En ambas nuestro máximo órgano jurisdiccional parte de apreciar la existencia de una doble vinculación –orgánica y funcional– entre las empresas concernidas, en la medida en que todas forman parte de un mismo grupo empresarial en el que opera un fenómeno de descentralización productiva con arreglo al cual los bienes y servicios que colocan en el mercado son el producto

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Artículo de la coordinación de tareas entre ellas. Una constatación que le permite traer a colación un argumento que se encuentra presente ya en la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2010 y que resulta decisivo para la solución de la controversia: dado que existe una “cierta fragmentación de la actividad empresarial”, la actuación coordinada de las demás empresas del grupo “puede repercutir sobre algunos derechos de los trabajadores de cualquiera de las empresas” que lo componen. De lo que deduce la existencia en estos casos “una obligación conjunta de respeto de los derechos de los trabajadores, singularmente de los colectivos”. Y, en particular, del derecho de huelga. En concreto, afirma, que “en empresas vinculadas por fenómenos de descentralización productiva”, “pesa sobre el grupo que funciona como una organización productiva y/o comercial”, “el deber de respeto y no injerencia en el derecho fundamental (de huelga) que ejerza cualquier colectivo de trabajadores de empresas pertenecientes al grupo”. Deber que se vulneró en el caso a través de la “radical alteración de las dinámicas de funcionamiento coordinado de las empresas del grupo”, que “vació de contenido” el derecho fundamental. Como puede apreciarse con claridad, el fundamento de la proyección del derecho de huelga no se encuentra aquí en la existencia en sí del grupo empresarial, sino en la “dinámica de funcionamiento coordinado” o en el “funcionamiento como una organización productiva y/o comercial”, por citar palabras empleadas por el propio Tribunal en otros pasajes de las sentencias, que a partir de él se crea entre las sociedades que lo componen. Como tales, estas dos sentencias suponen un paso más en la acotación de los alcances de la noción de especial vinculación que justifica esa proyección. En particular respecto de los supuestos de subcontratación entre lo que las propias sentencias denominan “empresas independientes”, que no tienen otro vínculo “salvo el contrato mercantil”. De hecho, en ambas el Tribunal parte de citar casos, como el de la referida Sentencia de 11 de noviembre de 2016, en los que niega la existencia de vulneración del derecho de huelga por entender que mantienen exclusivamente vínculos de este tipo. Y realiza entonces una afirmación que resulta capital: en ellos las relaciones interempresariales “se limitan a la vertiente estrictamente mercantil”, no estando las empresas “condicionadas, en modo alguno, por estrategias conjuntas de producción, comerciales o de otro tipo”. Si esto es así, la clave para determinar si se justifica o no la proyección del deber de respeto de los efectos del derecho de huelga se encuentra, como se apuntó antes, en la falta de autonomía económica y de decisión del empresario afectado por la huelga, que se ve constreñido a actuar como una pieza de una estrategia empresarial y productiva decidida por otro. Esto es algo que se aprecia con claridad en el caso de los grupos empresariales con

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integración productiva, donde esa subordinación viene impuesta a partir de los vínculos societarios existentes entre las empresas. Pero que no parece que pueda negarse, ya que tiene el mismo fundamento y los mismos efectos sobre el derecho de huelga, cuando esa falta de autonomía pueda derivarse de estipulaciones contractuales o incluso de una mera situación fáctica o, de hecho, derivada entre otros factores de la dependencia económica, como ocurre con frecuencia en el caso de las redes empresariales jerárquicas o hegemónicas. Lo que ocurre es que aquí, al no existir un nexo corporativo entre las empresas, resultará necesario aportar indicios o elementos de juicio que permitan inferir esa falta de autonomía o poder de decisión del empresario afectado por la huelga. Unos indicios entre los que podrían contarse, entre otros, los siguientes: a) la presencia de una vinculación económica y productiva estable o regular, y no meramente esporádica u ocasional; b) la integración de su actividad como una parte, fase o etapa del ciclo productivo globalmente controlado por el comitente; c) la existencia de una situación de monocomitencia o la importancia crucial para la empresa colaboradora de la actividad contratada; o d) el hecho de que la huelga afecte de manera principal o nuclear a la actividad de la empresa principal. Asegurar una adecuada tutela del derecho de huelga en estos supuestos, y no sólo en el seno de los grupos empresariales, es una necesidad de enorme importancia para el futuro de la regulación de las condiciones de trabajo en el ámbito de las redes de subcontratación de carácter jerárquico, ya que la existencia del deber de soportar los efectos del ejercicio del derecho de huelga del personal de las empresas subordinadas es capaz de conducir a quienes se sitúan al frente de ellas a adoptar políticas dirigidas a hacer sostenibles sus cadenas de producción desde el punto de vista social, poniendo límites a la degradación de las condiciones laborales que muchas veces caracterizan estos procesos. Algo que, de hecho, viene ocurriendo de forma más frecuente de la que muchos creen, aunque por lo general oculta al escrutinio público e incluso negada formalmente, como ocurrió en el caso examinado por la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2017. Nos encontramos, pues, delante de una construcción fundamental para la consecución de una regulación más equilibrada de los efectos laborales de las nuevas formas de organización empresarial, que promueva su empleo como instrumentos de mejora de la eficiencia y la competitividad de nuestras organizaciones productivas y desaliente su uso con otros fines, cuya contraposición la garantía de un empleo de calidad y con derechos que debe inspirar la construcción de nuestro ordenamiento laboral resulta evidente.

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Entrevista

“A mis compañeros solo puedo darles las gracias. Porque por ellos el Colegio es lo que es; ellos son la verdadera razón y la fuerza de esta institución”

Rafael Hidalgo Romero Ex Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Decir Rafael Hidalgo es decir Graduados Sociales en Sevilla. 14 años de mandato en los que se ha desvivido por una profesión a la que ama y por unos compañeros y compañeras, que en sus palabras, son el mayor tesoro que se lleva, porque ellos son el alma de nuestro Colegio. La pasada primavera finalizó su etapa como presidente dejando como herencia un Colegio saneado y respetado en todas las esferas de la sociedad sevillana y habiendo sido baluarte imprescindible de todos los logros conseguidos por la profesión. Graduados Sociales n.º 97 • 2019

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Entrevista Acaba tu etapa como presidente ¿Cómo sería el cuadro de tu trayectoria en el puesto? A nivel personal te diría que es una oportunidad de la que te llevas muchas satisfacciones. Aunque bien es cierto que también se viven etapas complicadas que uno no quiere, como la que vivimos cuando sustituí desgraciadamente a nuestro querido Pepe Ruiz, donde la situación en el Colegio no era nada halagüeña. Evidentemente a partir de ahí, como siempre he dicho en muchas entrevistas y lo sigo diciendo cada vez que he podido públicamente, gracias al colectivo, no a personas o a una junta determinada, sino a todo el colectivo, colocamos al Colegio en la posición que está hoy en día, que es extraordinaria. Hubo momentos muy difíciles que, para muchos compañeros nuevos, afortunadamente, son historia; pero para los que llevamos ya cierto tiempo en el ejercicio de la profesión y en el Colegio son recuerdo de que pasamos una época muy complicada, que incluso puso en peligro la viabilidad de la sede y muchísimos más temas. Pero como siempre digo, tenemos un colectivo con una gran calidad profesional y humana y con ellos te puedes embarcar en cualquier historia porque sabes que saldrá perfectamente bien. A título personalísimo, te puedo decir que para que esto funcione como un barco, no hay solo un capitán, sino que hay una tripulación que hace que todo salga perfecto. Los miembros de Junta de Gobierno con los que he trabajado son grandes profesionales y más que compañeros, en algunos casos somos casi familia y eso es muy bonito. Cuando tú trabajas en un proyecto y ese proyecto está avalado por compañeros que van al mismo ritmo que tú y tenemos muy clara la idea sobre donde queremos llevar al Colegio; el barco, que es este Colegio de Graduados Sociales, a pesar de todas las tempestades que hemos tenido que soportar lo hemos llevado a buenos puertos, traducidos estos puertos en consecuencias positivas para la profesión y la Corporación. Siempre recuerdo lo que me dijo Pepe Ruiz en su momento. “Rafa, el camino y el barco lo tenemos enderezado, ahora mano fuerte en el timón que la línea es recta y no cogemos ni impulso para atrás. Todo para delante y manteniendo con firmeza”. En definitiva, lo que he transmitido a las Juntas de Gobierno ha sido ese deseo del entonces presidente. Somos todos los que hemos pasado por las juntas de gobierno los que ayudamos a que este barco cogiera el rumbo que debía tener, una vez que Pepe lo puso en ruta. Esto es lo que hemos hecho.

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Y luego insisto siempre. Todo esto lo puedes hacer porque tienes atrás un apoyo de personas que están contigo, entre miembros de junta y personal. Y como no, el apoyo de todos los colegiados. Sin todos ellos no se podría hacer nada y ese apoyo lo he tenido y lo he sentido durante todo este tiempo de mandato. ¿Cómo estaba la profesión cuando llegaste al cargo y que se ha conseguido en este tiempo? Bueno en todo este tiempo la verdad es que la profesión ha evolucionado a positivo tremendamente. Hemos conseguido unos logros que no se pensaba que se fuesen a conseguir y además en un tiempo récord. Y de esto tiene mucha culpa, y también hay que decirlo, la labor que hizo el presidente del Consejo General, Javier Sanmartín. Un hombre que ha conseguido para la profesión muchísimo y hay que ser honesto y reconocerle ese mérito. La profesión ha conseguido, por ejemplo, la ansiada firma en el recurso de suplicación; algo que no lo teníamos y que veníamos luchando durante años. Ahora hay que cerrar el círculo a nivel de la profesión y conseguir el recurso de casación en el Tribunal Supremo. Y no me cabe duda que más pronto que tarde lo tendremos también y eso cerrará nuestro ciclo a nivel profesional en cuanto a la jurisdicción se trata. Los logros han sido muchos. Nuestra profesión es una profesión que avanza con los tiempos. Diría que de las jurídicas posiblemente es la profesión que más nivel de adaptación a las nuevas tecnologías ha tenido, siendo pioneros en la materia. Concretamente aquí en Sevilla también nos hemos asentado mucho, tanto a nivel de profesión como a nivel de sociedad. Recuerdo hace muchísimos años cuando difícilmente nos invitaban a actos públicos o a actos institucionales. Sevilla es una ciudad que tiene una idiosincrasia muy particular y llegar a sentarnos y formar parte de este tejido social dentro de la sociedad sevillana es muy importante. Lo hemos conseguido a base de trabajo y de sacrificio. Creamos la oficina de orientación socio laboral gratuita y trabajamos a conciencia nuestra responsabilidad social corporativa, como parte viva de la ciudad en la que nos insertamos. Todo esto se ha traducido en ser un actor importante para la ciudad y consecuentemente nos han tenido en cuenta para muchos actos que antes no nos llamaban. ¿Cuáles son las siguientes metas de la profesión? Cerrar el ciclo con el tema de la jurisdicción. Lo he comentado anteriormente. Hemos llegado a un puerto y nos queda llegar a la meta y ¿cuál es la meta para los graduados sociales a nivel jurídico?

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Entrevista Evidentemente conseguir el recurso de casación. Ya lo dije en una entrevista y me llamaban la atención otros colectivos sobre mis declaraciones en este tema. Lo que decía es que la diferencia entre el recurso de suplicación y el de casación es que mientras que para el de suplicación se tenía que dominar mucho el derecho, las legislaciones y aplicaciones del propio Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y ser conocedor de la justicia laboral; el de casación consiste más en intentar casar sentencias a los efectos de que sean modificadas por el Supremo. La labor técnica se hace y se realiza en la elaboración de recursos de suplicación. Por lo tanto, si por justicia ya hemos firmado el recurso de suplicación, evidentemente no me cabe la menor duda, y pasará más pronto que tarde, el recurso de casación, por razones obvias, también deberá firmarlo el graduado social. De esa forma cerraríamos el ciclo. Otras metas. En el mundo tan cambiante que tenemos, como es el del derecho del trabajo, siendo el derecho más cambiante que existe; fíjate que estamos hablando ya de temas de futuro, de contrataciones virtuales, de contratos de trabajo desde tu casa… El mundo del trabajo va avanzando a tal ritmo que eso nos va a ir marcando nuevas metas profesionales y seguro que el graduado social se va a ir adaptando tal y como lo lleva

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haciendo desde su nacimiento allá por los años 20 del siglo pasado. Las metas nos las van a ir dando el modo de trabajar, la situación, las características sociales y la adecuación que tendremos que hacer para poder canalizar todas las vertientes jurídicas que puedan acarrear las nuevas relaciones laborales. ¿Cómo definirías la situación de la jurisdicción social en Sevilla? ¿Qué soluciones se podrían aportar para solucionarla? Sobre este tema vengo hablando desde hace ya muchos años. Esto no es algo nuevo. Recuerdo por mi parte, desde hace ya más de 10 años, pidiendo constantemente una solución por los canales adecuados. Petición al Decanato, del Decanato a la sala de Gobierno, a Granada, al Consejo General del Poder Judicial y ese círculo lo hemos andado muchas veces. Sevilla adolece de juzgados de lo Social, pero no ahora ni hace dos años. Desde antes de la crisis, desde 2008, Sevilla ya tenía carencia dentro de la jurisdicción social del número de órganos necesarios que estaban al servicio de la jurisdicción y desde nuestro Colegio como representantes de nuestra profesión lo venimos reclamando insistentemente.

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Entrevista Artículo

Estamos hablando de aproximadamente once años. Si a esa situación que teníamos se le une la crisis económica, cuando ésta llega, la situación se agrava muchísimo más. El último juzgado de lo Social que se crea en Sevilla fue en el año 2000, el juzgado de lo Social nº 11 cuando se produce el traslado de la calle Niebla al edificio Viapol. Han pasado 19 años y por medio una crisis económica enorme que se ha llevado para delante a muchísimas empresas, lo que ha provocado una siniestralidad altísima que hemos tenido que afrontar con los recursos que teníamos. Esto lo que ha hecho es ahondar mucho más en la grave crisis que tenían los propios juzgados en cuanto a la capacidad de atender todo el trabajo que llegaba. Imposible. No solo son las demandas, que cada vez son más complejas, sino también todas las partes activas y pasivas que están implicadas en el proceso.

¿Cómo se podría solucionar? Con medios, humanos y técnicos, y recursos. Pero los políticos no invierten en justicia desgraciadamente. Si los políticos se viesen en un procedimiento de despido, de reclamación, de incapacidad y tuviesen que esperar como los ciudadanos tres o cuatro años para que se vea el pleito en la jurisdicción social, a lo mejor pensaban de otra forma.

De ahí que durante tantos años el nivel de pleitos y asuntos que llevan los Juzgados de lo Social en Sevilla supera en dos y tres veces la ratio que dice el Consejo del Poder Judicial para una justicia adecuada. Esto se traduce en una justicia lenta. La Justicia acaba en una injusticia.

Entiendo que el Poder Judicial no es poder independiente, sino que está manipulado por los distintos partidos políticos y a veces no les interesan que funcione la justicia como debería hacerlo. Si lo que se hace en justicia se tradujese en votos, cambiarían seguramente las inversiones en justicia.

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Esto no es algo innato a la jurisdicción social. Cuando se habla de este tema estamos hablando de la justicia como tal con todas las jurisdicciones que conlleva. La solución la tendrían que aportar los diferentes gobiernos. Posiblemente si de la justicia saliesen votos, estarían todos los partidos intentando arreglarlo; pero parece ser que no les interesa. La justicia es de tal importancia que habría que cuidarla de otra forma y darle el respeto que se merece.

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Entrevista Artículo ¿Qué te parece el proyecto de la Ciudad de la Justicia? ¿Resolvería la situación actual? No es comprensible que siendo Sevilla la capital de Andalucía llevemos tantos años hablando de la Ciudad de la Justicia y que todavía no la tengamos. Parece ser que ahora hay la voluntad de que podamos tener por fin al menos un proyecto de una Ciudad de la Justicia. Es increíble que, siendo la cuarta capital del país, no se tenga una Ciudad de la Justicia acorde a los tiempos en los que se viven. Si existiese arreglaríamos muchos problemas: conseguiríamos que todas las jurisdicciones estén mucho más cerca y más concentradas; que la operativa en cuanto a las distintas jurisdicciones sea mayor, más ágil, con más salas de vista, etc. Y esto puede venir a paliar también la dispersión que tenemos, es decir: La avenida de la Buhaira, Viapol, el Noga, que si violencia, que si El Prado... Creo que cuando se es más operativo es cuando se tiene todo centralizado. Si se tiene un marco donde acudimos todos, tanto justiciables como aquellos operadores y demás profesionales que actuamos en la justicia, todo se convierte en más ágil y más rápido. Ahora estoy haciendo muchos pleitos en Valencia y su Ciudad de la Justicia es magnífica y desde luego no tiene nada que ver en operatividad y en todo con lo que tenemos en Sevilla. Así, cuando la tengamos y sea una realidad la Ciudad de la Justicia, va a ser un paso adelante para los tiempos en los que estamos viviendo. De este proyecto sé lo que me dice mi presidente y la postura del Colegio creo que siempre se ha consensuado. Nos quedamos con que parece ser que se tiene un proyecto. Así que no vamos a discutir sobre se debe de poner, sino lo importante es decir que se va hacer la ciudad de la Justicia, que tengamos un enclave y que veamos cómo podemos hacer entre todos para que sea accesible y se pueda llegar por cualquier medio. Todo esto para que el ciudadano y el justiciable puedan acceder a una Justicia rápida, sin grandes desplazamientos, sin grandes atascos. Lo importante es poner la primera piedra, saber dónde vamos a estar. Luego vamos a ir trabajando para que entre todos podamos hacerla mucho más útil y cercana al ciudadano. Todo se puede hablar, pero es que hasta ahora no se había hablado. Que si en Los Gordales, que si en El Prado… Mire usted, eso no es lo importante, sino que Sevilla no puede seguir esperando sobre donde vamos a poner la Ciudad de la Justicia. Tenemos un proyecto que vamos a verlo. Está claro que tendrá sus pros y sus contras como todo, pero habrá que trabajar en eso.

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¿Cómo arreglamos el acceso? ¿Cómo podemos contribuir a dar facilidades para el ciudadano? Eso es lo verdaderamente importante, pero vamos a tener el elemento ya, vamos a trabajar sobre un elemento, no sobre la hipótesis de donde ponemos la Ciudad de la Justicia, porque así llevamos mucho tiempo. Si se ha dicho que en Palmas Altas, pues vale perfecto. Ya sabemos por lo que tenemos que trabajar, estaremos de acuerdo unos y otros no; pero si ese es el sitio si quien tiene el dinero, quien tiene el presupuesto, quien tiene los medios dice que es ahí, pues muy bien. Ahora vamos a sentarnos en las distintas mesas de reuniones para intentar dotar a la Ciudad de la Justicia de los medios adecuados para que sea un desplazamiento fácil y que pueda llegar cualquier ciudadano y no se cree ningún problema. Pero bueno vamos a partir ya de una realidad y ésta ya la tenemos. Ahora vamos a poner los medios, creo que, aunque no a todo el mundo nos gustará, vamos a saber dónde podemos ir y donde puede estar todo metido. Con este proyecto mejoraremos mucho. Ya no tendremos que salir corriendo del Noga para El Prado, ni del Prado a Viapol. Eso no es operativo y crea grandes problemas y retrasos. Aunque no se cuenta pero los profesionales nos encontramos en situaciones en la que los señalamientos están en sedes distintas por lo que no hay tiempo material para ir de un sitio a otro. Por ejemplo, a veces tienes un acto de conciliación en el edificio Noga y a los cinco minutos tienes que estar en la sala de vistas en Viapol. A nivel académico, ¿Cómo valoras la evolución del Grado en las distintas universidades? ¿Qué papel ha tenido el Colegio? En cuanto a la evolución del grado en las distintas universidades la valoración es muy positiva. Porque se termina con la diferenciación entre diplomado y licenciado al pasar a grado y todos los estudios quedan equiparados al mismo nivel. Por lo tanto, uno de los temores que había de que al equiparar el grado en Relaciones Laborales con Derecho tuviésemos un trasvase, eso no ha ocurrido. Esto viene a demostrar que hay muchos alumnos que le gustan las Relaciones Laborales y que eligen esta opción. Esta situación nos nivela a todas las profesiones jurídicas a nivel universitario y, sin embargo, antes sí había distinción entre la diplomatura y la licenciatura. Ha evolucionado para bien. Aquí en Sevilla tanto la Facultad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de Sevilla, como la de Derecho en Pablo de Olavide cada año que salen las plazas se cubren, esto significa que hay demanda y augura un futuro que, sin embargo, al principio algunos, con la entrada del grado, lo veían incierto. No podemos olvidar que el vivero de la profesión es la Universidad. Si ese vivero

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Entrevista está colmado de jóvenes, qué duda cabe, que va a ser halagüeño para el mundo laboral. Por lo tanto, esa evolución al grado ha sido muy positiva, incluso superando las expectativas que se tenían. En cuanto al papel que ha tenido el Colegio en esto, es de vital importancia. Para que un grado sea aprobado por el Ministerio tienes que dotarlo de una serie de características que pueda nutrir a la sociedad, a sus profesionales, porque la sociedad lo demanda. Para la presentación de los planes de estudio se requieren muchas reuniones donde se ponen en valor las materias a impartir y la aportación del colegio es vital. El pulso del cambio de la sociedad se ve en los despachos profesionales. Nosotros somos los primeros que vemos la tendencia, si están demandando extranjería, tema de contrataciones, etc. Cuando la demanda se hace extensiva a los despachos hay que dotar a la profesión de este conocimiento que en principio no tenía y se le tiene que dar la formación básica a los universitarios. Nosotros somos el termómetro que indica por dónde se mueve la sociedad y qué está demandando. Empecé diciendo que es el derecho más cambiante y fíjate si lo es que incluso hace que entren materias nuevas en planes de estudio que son básicos, porque así lo demanda la sociedad. La labor del Colegio en los planes de estudio de su profesión es vital para que vengan alumnos y profesionales al mundo laboral con los conocimientos suficientes para dar y dotar a la sociedad de sus demandas. ¿Cómo han sido las relaciones institucionales con las universidades? Magníficas en todos los niveles. De colaboración mutua con las dos Universidades. El Colegio ha estado presente en presentaciones de cursos, masters, seminarios… en su día a día. Y es mutua porque también colaboran con artículos doctrinales en nuestra revista, con reuniones periódicas con el equipo decanal, hasta con una copa de navidad que tenemos con las Universidades. Esto indica la buena sintonía. Tenemos que ir de la mano porque el Colegio no puede vivir de espaldas a la Universidad ni tampoco puede hacerlo la Universidad porque sus egresados tienen que ir al mundo laboral y ellos tienen que enseñar qué es un graduado social y cuáles son las salidas profesionales y para ello cuentan con el apoyo del Colegio a través de charlas, reuniones y coloquios en la propia Universidad. Esto les abre un horizonte enorme a los egresados en cuanto al mundo laboral que se les presenta una vez que acaben sus estudios. La relación es tan buena que incluso la anterior decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla es Colegiada de Honor de nuestro Colegio. En tu condición de colegiado ejerciente, con 25 años de experiencia profesional, ¿Qué cambios destacarías en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social?

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Como he comentado anteriormente, no hay un derecho más cambiante que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Mientras que el código civil se modifica muy poco en ciento treinta años, raro es el Consejo de Ministros del viernes que no modifique algo que afecte a la Seguridad Social o al trabajo. Si la sociedad cambia, la forma de trabajar, el derecho del trabajo tiene que adaptarse a los nuevos medios que demanda la sociedad. Hay nuevas contrataciones que hace 25 años ni pensábamos y hoy en día es una realidad. Uno antes pensaba que a los 65 años te podías jubilar sin problemas y ahora no se tiene tan claro. Es preocupante porque la juventud no va a llegar a los años de cotización que se están demandando y porque aquellos que hemos cotizado durante tantos años, vemos que tenemos que alargar el periodo de jubilación o que se van a perder o rebajar pensiones. Continuamente hay noticias que nos hablan de modificaciones en la Seguridad Social, modificaciones en las nuevas formas de trabajar, como las sentencias de los repartidores y esto cambia la jurisprudencia y la propia legislación en cuanto al derecho del trabajo. En 2020 el Colegio cumple 50 años ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Qué destacarías de los presidentes que te han precedido en su cargo? La evolución en 50 años del Colegio ha sido enorme. Solo hay que ir al Colegio y ver las fotografías, los cursos que se daban, la asistencia y como todo esto ha cambiado hoy en día. Todos los presidentes del Colegio, desde Joaquín Espinar, Javier Montoya, Rafael Salvador Talavera, José María Domínguez, Pepe Rangel y Pepe Ruiz, al que tuve el honor de suceder han sido grandes presidentes que han dado todo por la defensa de nuestra profesión. Todos los mandatos tienen sus luces y sus sombras y cada uno esperamos siempre que prevalezcan las luces. No me cabe la menor duda de que han sido presidentes que han luchado por la profesión y que lo han sacrificado todo. Hay algunos compañeros que creen que los presidentes cobran y eso no es así. Aunque ahora que ya no soy presidente, opino que deberían cobrar, porque es mucho el tiempo que se le dedica. Esto es amor a la profesión y prestación de servicios y deberse a los demás, porque son muchos los viajes, actos a los que tienes que acudir, reuniones, juntas de Gobierno, y llevar un Colegio como el nuestro con cerca de 1.000 colegiados es mucho el trabajo que te da. Todos tienen un mérito tremendo porque se lo han quitado a sus despachos, a su familia, para volcarse en el Colegio. Y eso no está pagado. Me merecen el mayor de los respetos, del primero al último.

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Entrevista José Ramón Barrera ha sido tu mano derecha en el último periodo de tu mandato ¿Qué le deseas en este nuevo reto que va a afrontar como presidente de esta corporación? José Ramón no es solo que haya sido mi mano derecha, sino que es mi hermano. La Junta de Gobierno después de tantos años no solo es que seamos compañeros, sino que va más allá, porque vivimos todo lo bueno y lo malo, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal. José Ramón es una persona idónea como presidente porque ama la profesión, se desvive por ella y lucha por ella como el que más. Los Graduados Sociales tenemos que estar muy tranquilos porque la gestión que va a llevar a cabo va a ser en defensa de la profesión a ultranza y va a situar a la profesión mucho mejor de lo que está. Le deseo lo mejor, que supere todas las barreras, porque si lo consigue va a ser en beneficio de todos los graduados sociales y nos tenemos que sentir orgullosos de que un presidente como José Ramón esté al frente de este barco. Una despedida para tus compañeros y compañeras… A mis compañeros solo puedo darles las gracias. Porque por ellos el Colegio es lo que es; ellos son la verdadera razón y la fuerza de esta institución. Ellos me dieron su confianza. Tengo que recordar que son tres mandatos en los que me voy de presidente

sin ganar unas elecciones y eso significa que los compañeros me han apoyado como a nadie. Por lo tanto, he intentado por todos los medios devolverles toda la confianza con el trabajo y el sacrificio para la profesión y para el Colegio. Si he podido fallar en algo, les pido disculpas. Si hay algo que no haya podido sentar bien no ha sido así mi ánimo, porque siempre ha primado en mi la colectividad frente a lo personal. Son los mejores compañeros que he podido tener en una profesión y le deseo mi cariño, mi aprecio y mi amistad eternamente. Muchas gracias. No quiero olvidarme tampoco de nuestro personal, desde la gerente Nieves, María José, Chari, Eugenia, Vero y tu Jorge, al igual de otras personas que han servido al colegio con amor y lealtad, ellos son parte importante en nuestro colectivo, con su trabajo para que este barco siga funcionando día a día como lo hace, facilitando enormemente la labor del Presidente y de la Junta de Gobierno, bastón importante en el que nos apoyamos, con la seguridad de que no flaquean nunca, para todos ustedes también mi admiración, cariño y respeto. Y, por último, como he hecho siempre, quiero recordar a todos esos compañeros y compañeras que ya no están entre nosotros, pero que han sido los que han ido abriendo ese camino para llevar a la profesión de Graduado Social y al Colegio donde estamos ahora. Desde estas líneas quiero manifestar mi eterno reconocimiento para todos, porque sin ellos posiblemente no estaríamos hoy aquí.

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Jaume González Calvet Magistrado Titular del Juzgado de lo Social n.º 30, especial Ejecuciones, de Barcelona. Doctor en Derecho y Profesor Asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona

La ejecución dineraria de sentencias firmes frente a entes públicos en la jurisdicción social

INTRODUCCIÓN. Al abordarse la cuestión del cumplimiento de las sentencias de condena dineraria por parte de las Administraciones públicas se constata entre los operadores jurídicos gran escepticismo, existiendo una sensación bastante generalizada de que los entes públicos cumplen las condenas judiciales cuándo y cómo quieren. Igualmente, existe la creencia –absolutamente erróneade que la Administración objeto de ejecución está exenta del pago de intereses procesales y de las costas del proceso ejecutivo, resultando habitual en la jurisdicción social la renuncia al cobro de los mismos tras la percepción del principal. Este sentimiento de impotencia frente a los entes públicos se pretende justificar en la premisa –falsa- de que el ordenamiento jurídico no ofrece al demandante que ha obtenido la tutela judicial declarativa ninguna herramienta procesal efectiva para materializar el derecho reconocido en los términos establecidos. Y nada más lejos de la verdad. Tal como se verá seguidamente, en el concreto ámbito de la jurisdicción social el art. 287 LRJS y otros preceptos concurrentes ponen a disposición del ejecutante y del órgano judicial ejecutor potentes herramientas jurídicas suficientemente eficaces para hacer cumplir a la Administración lo ordenado por las resoluciones judiciales, y ello en los plazos y condiciones establecidas, fijándose además para los entes apremiados la obligación de pagar intereses procesales y costas si las condenas pecuniarias se han abonado incurriendo en mora.

I – ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El procedimiento para hacer cumplir las resoluciones judiciales de condena de la Administración pública ha comportado bastantes dificultades desde los inicios del Estado liberal.1 En el ámbito europeo se perfilaron históricamente dos grandes modelos de ejecución de sentencias frente a la Administración, el francés o “administrativista”, de “autotutela” y consistente en que el propio ente público condenado es el que decide cómo y cuándo da cumplimiento a la sentencia, y el anglosajón o “judicialista”, que se caracteriza por ser el propio órgano jurisdiccional el que ordena la ejecución de su resolución.2 La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 -LJCA- se decantó abiertamente por el sistema administrativista de “autotutela”, aunque sometido a la vigilancia de los jueces y tribunales, estableciéndose una serie de “privilegios” para la Administración. Lo característico de dicho sistema era que la ejecución de las sentencias no estaba confiada a los propios tribunales que las dictaban, como ocurre con las demás jurisdicciones, sino a los órganos de la misma Administración,3 de este modo se atribuía la autoejecución al órgano que dictó el acto o disposición impugnados (art. 103 LJCA). Igualmente, la Administración poseía la facultad de suspender la ejecución de las sentencias (art. 105.1, b) LJCA) y el privilegio de no ejecutarlas (art. 105.1, c) LJCA). Estas prerrogativas venían complementadas por otras de carácter histórico como la “inembargabilidad de los caudales y bienes públicos”,

1 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”. Revista de Derecho Social, nº 66, Albacete, abril-junio de 2014. Págs. 84 y ss. 2 AGUSTÍ JULIÀ, J.: “Ejecución de sentencias frente a las Administraciones Públicas”. Revista de Derecho Social, nº 1, Albacete, 1998. Pág. 55. 3 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de derecho administrativo II. 2ª edición. Ed. Civitas, Madrid, 1986. Págs. 563-564.

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Artículo recogida en el art. 44 de la Ley General Presupuestaria de 19774, así como el principio de legalidad presupuestaria, consistente en que en el sector público no puede exigirse ni realizarse ningún pago o abono que no cuente con la correspondiente partida presupuestaria, de modo que la condena dineraria sólo puede cumplirse si existe previsión presupuestaria con anterioridad a la sentencia o si se introduce posteriormente con técnicas contablemente admisibles como los créditos extraordinarios o suplementos de créditos5. Estos principios rectores de la ejecución en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa se proyectaron también en las primeras normas establecidas en la ejecución laboral. En el Texto Articulado de la LPL de 1990 apareció por primera vez un precepto específico– art. 285- que regulaba, al margen de las prestaciones de Seguridad Social, la ejecución de sentencias firmes frente a entes públicos. La crítica doctrinal del nuevo precepto, que defraudó las expectativas iniciales que derivaban de la Constitución de 1978, fue bastante severa. Para Rios Salmerón6 este texto de 1990 no pasaba de ser “un intento de amigable composición, que se pone en manos del juez social”. La entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa –LRJCA-, supuso un paso importante de cara a limitar los privilegios de la Administración, especialmente en el ámbito de la ejecución de sentencias.7 En su art. 103 se proclama el principio constitucional de que la potestad para ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden que hubieran conocido del asunto en primera o única instancia. El apartado 4 del mismo precepto sanciona con la nulidad de pleno derecho los actos y disposiciones de la Administración contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. El art. 104 LRJCA reduce a la condición de mero agente material de la ejecución al órgano administrativo autor del acto revocado por la sentencia8. Tales previsiones legales implicaron claramente la superación del viejo principio de “autoejecución”. En el mismo precepto se establece un plazo de espera de dos meses desde la notificación de la sentencia a la Administración para poder instar la ejecución forzosa. Además, la misma norma prevé que en sentencia pueda fijarse un plazo inferior para su cumpli-

La entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa –LRJCA-, supuso un paso importante de cara a limitar los privilegios de la Administración, especialmente en el ámbito de la ejecución de sentencias. miento atendiendo a razones de eficacia o grave perjuicio. El art. 105 LRJCA dispone como regla general que no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. No obstante, en el apartado 2 del mismo artículo se prevé la posibilidad de que el órgano judicial –no la Administración- pueda acordar, atendiendo a causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, la adopción de medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria. El art. 106 LRJCA acomoda la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas al principio de legalidad presupuestaria, que había sido hasta entonces el obstáculo formal para ejecutar las condenas judiciales de pago.9 A pesar de estos progresos evidentes con la entrada en vigor de la LRJCA en 1998, todavía subsisten prerrogativas para la Administración. De esta forma, se han mantenido vigentes el principio de inembargabilidad, el plazo de espera, la regulación especial de intereses, etc. Estos privilegios también subsisten en la jurisdicción social.10 Tal vez por ello, tras años de vigencia del art. 285 LPL, cualificados representantes de la doctrina iuslaboralista reclamaban emprender reformas normativas ante las demoras excesivas e injustificadas en el cumplimiento de las sentencias firmes por parte de la Administración pública, planteando propuestas concre-

4 AGUSTÍ JULIÀ, J.: “Ejecución de sentencias frente a las Administraciones Públicas”. Op. cit. Págs. 55-56. 5 DE LA VILLA GIL, E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”, publicado en la obra colectiva La ejecución laboral. Manuales de formación continua nº 23. Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005. Pág. 182. 6 RÍOS SALMERÓN, B.: La nueva Ley de Procedimiento Laboral. Tomo XIII, 2ª edición, obra colectiva dirigida por E. Borrajo Dacruz. Ed. EDERSA, Madrid, 1990. Pág. 1618. 7 ROJAS RIVERO, G.: El proceso de ejecución laboral. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001. Pág. 312. 8 HUELÍN MARTÍNEZ DE VELASCO, J.: Influencia de la Ley de enjuiciamiento civil en el orden contencioso-administrativo y social. AA.VV. Manuales de Formación Continua 7. Ed. CGPJ, Madrid, 2001. Pág. 270. 9 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Curso de Derecho Administrativo. Tomo II, 11ª edición. Ed. Civitas, Madrid, 2008. Pág. 678. 10 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”. Op. cit. Pág. 86.

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Artículo tas para la mejora del texto legal,11 algunas de las cuales fueron incorporadas finalmente en 2011 a la LRJS. II – PRERROGATIVAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FRENTE A LA EJECUCIÓN JUDICIAL. Aunque la LRJCA de 1998 acabó con determinados privilegios exorbitantes de la Administración (autoejecución de las sentencias, suspensión de la ejecución judicial, etc.), dadas las particularidades de los entes públicos, han subsistido ciertas prerrogativas, entre las que cabe destacar las siguientes: a) Plazo de espera o de cumplimiento voluntario; b) Principio de legalidad presupuestaria; c) Principio de inembargabilidad; y d) Regulación más favorable de los intereses procesales. Sin embargo, a pesar del mantenimiento de estos privilegios, hay que subrayar que han quedado sustancialmente recortados, y ello debido tanto a la acción del propio legislador como de la jurisprudencia constitucional. a) Plazo de espera. En la jurisdicción contencioso-administrativa se establecen cuatro plazos de espera para poder instar la ejecución de sentencia. En el orden social de la jurisdicción los plazos de espera para instar la ejecución se reducen a dos, sin hacer distingos de si la condena es de carácter pecuniario o no. De esta forma, el art. 287.1 LRJS dispone, como regla general, que las sentencias dictadas frente a entes públicos deberán llevarse a efecto dentro del plazo de dos meses a partir de su firmeza. Y como regla especial, al igual que en el art. 104.3 LRJCA, el art. 287.1 LRJS dispone que atendiendo a la naturaleza de lo resuelto y a la efectividad de la sentencia, esta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio. Por tanto, en la ejecución social la norma legal no tan solo establece un plazo de espera general de dos meses desde la firmeza de la sentencia sino que, además, introduce la posibilidad de que en la sentencia se disponga un plazo especial de espera más corto. Para la doctrina12, esta excepción está referida a situaciones que debe valorar el órgano jurisdiccional, en las que, por importancia o especial naturaleza de los intereses y derechos concernidos por la ejecutoria, la inmediata y urgente ejecución resulte imprescindible para que la acción ejercitada no pierda su finalidad legítima. En defensa de esta prerrogativa debe indicarse que, teniendo en cuenta los mecanismos de decisión y fiscalización de pagos en la Administración, parece razonable y concordante con la complejidad de su funcionamiento el establecimiento de un periodo de gracia o

de cumplimiento voluntario de obligaciones impuestas por las resoluciones judiciales. Y del tenor literal del art. 287.1 LRJS se infiere que no podrá ejercitarse la acción ejecutiva hasta transcurrido este período de cumplimiento voluntario. Y en el supuesto de presentarse la solicitud de ejecución dentro del plazo de gracia, es claro que el órgano jurisdiccional no podrá despachar ejecución, debiendo advertir a la parte demandante de esta circunstancia e instándole a presentar de nuevo su petición si no se ha cumplido la condena tras el período de gracia. b) Principio de legalidad presupuestaria. El principio de legalidad presupuestaria significa que en el sector público no puede exigirse ni realizarse ningún pago o abono que no cuente con la correspondiente partida presupuestaria, de forma que las condenas dinerarias de entes públicos únicamente pueden cumplirse si existe esta previsión presupuestaria a priori o si se establece a posteriori a través de técnicas contablemente admisibles13. La jurisprudencia constitucional (STC 32/1982, de 7 de junio) ha precisado que el principio de legalidad presupuestaria no puede justificar que la Administración posponga la ejecución de la sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias cuando estas no hayan sido previstas14. Con el objeto de evitar esta posposición indefinida del cumplimiento de la sentencia escudándose en el principio de legalidad presupuestaria, se dispuso en el art. 106.1 LRJCA que: Cuando la Administración fuera condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. Con esta previsión legal, que resulta de plena aplicación en la jurisdicción social (ex art. 287.3 y D. F. 4ª LRJS), el principio de legalidad presupuestaria deja de ser un obstáculo para el cumplimiento de condenas dinerarias en plazos ciertos. Hay que remarcar que el art. 23.3 de la Ley General Presupuestaria regula esta cuestión en idénticos términos, lo que hace concluir a la doctrina que ambas normas legales han mejorado notablemente la regulación anterior, pues se sienta el principio de una partida presupuestaria para hacer frente a las condenas judiciales y,

11 SALINAS MOLINA, F.: Ley de Procedimiento Laboral. Comentada y con jurisprudencia. AA.VV. dirigida por DE LA VILLA GIL. Ed. La Ley, Madrid, 2006. Pág. 1916. 12 MAURANDI GUILLÉN, N.: Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 2ª edición, AA.VV. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2011. Pág. 1068. 13 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”, publicado en la obra colectiva La ejecución laboral, editado por el CGPJ, Madrid, 2005. Pág. 182. 14 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”. Ibídem.

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Artículo por otro lado, dicha partida se considera siempre ampliable fijándose un plazo máximo para su tramitación15. c) Principio de inembargabilidad. Este es un principio muy arraigado en el ordenamiento jurídico español, ostentando rango constitucional al recogerse expresamente en el art. 132.1 CE, en el que se previene que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad y de inembargabilidad, así como su desafección. El apartado 2 del mismo artículo precisa que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. En desarrollo de esta previsión constitucional, el art. 30.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que: Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o función pública […]. Por otra parte, el art. 173.2 del RD. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que: Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. Es oportuno resaltar que la jurisprudencia constitucional a partir de 1988 delimitó el alcance jurídico del principio de inembargabilidad, cosa muy lógica si se tiene en cuenta que este principio postulado en términos absolutos puede abocar a una abierta vulneración del art. 24.1 CE, y ello por incidir en el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la ejecución de sentencias firmes. En efecto, la STC 166/1988 declaró inconstitucional el art. 154.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales por extender la prohibición de embargabilidad a la totalidad de bienes y derechos de las Haciendas Locales. En su fundamentación jurídica, el TC distinguió entre bienes y derechos demaniales y patrimoniales, considerando inembargables los primeros y los segundos que estén afectos al uso general o servicio público, pero excluyendo de este privilegio los bienes patrimoniales no afectos, ya que en este caso el interés general sólo está presente en atención a su titular, un ente público, pero no en cuanto a la actuación que a aquél corresponde llevar a cabo ni al ejercicio de concretas potestades administrativas16. Esta jurisprudencia

se reiteró en las SSTC 201/1998, 210/1998, 211/1998, 228/1998, etc. y alcanzó una notable repercusión práctica desde el punto de vista de la efectividad de la ejecución de sentencias de condena pecuniaria de las Administraciones públicas17. Merced a esta jurisprudencia, el aserto final del vigente art. 173.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge explícitamente la excepción de inembargabilidad cuando se trate: …de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. En síntesis, teniendo en cuenta, tal y como reza el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los jueces y tribunales …interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, es bastante evidente que, al amparo de la norma legal y de la jurisprudencia constitucional aludidas, una vez agotadas el resto de medidas ejecutivas previstas en el art. 287.4 LRJS, el órgano jurisdiccional ejecutor podrá acordar in extremis providencias de embargo contra bienes patrimoniales de la Administración pública no afectos a uso general o servicio público, lo que supone, ni más ni menos, que excepcionar el principio de inembargabilidad con absoluto amparo jurídico. d) Intereses procesales más favorables. El art. 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC- dispone que desde que fuera dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad líquida determinará, a favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. Para la Hacienda Pública estatal se prevén disposiciones legales especiales en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria –LGP-. En efecto, el art. 24 LGP establece que si la Administración no pagara al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el art. 17.2 de la misma ley, es decir, el tipo fijado para el interés legal del dinero sobre la cantidad debida. A la luz de tales preceptos legales, no cabe duda de que la LGP establece otro privilegio para las Haciendas Públicas en el ámbito del proceso de ejecución judicial, prerrogativa consistente en un tipo inferior de interés procesal para el supuesto de que la Hacienda Pública incurra en mora y limitado al tipo del interés legal del dinero sin los dos puntos de recargo establecido por la regla general del art. 576.1 LEC. Además, la Hacienda Pública también goza del privilegio añadido consistente en que no deberá intereses procesales si paga dentro del período de cumplimiento voluntario de tres meses

15 DE MIGUEL PAJUELO, F.: “La ejecución de las sentencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, publicado en la obra colectiva La ejecución de sentencias en el Procedo Contencioso-administrativo, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017. Pág. 85. 16 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”. Op. cit. Págs. 183 y 184. 17 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”. Ibídem.

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Artículo posteriores a la sentencia de condena, cosa que no sucede con los litigantes que no gozan de esta prerrogativa, pues deben abonar el interés procesal desde la fecha de la sentencia. No obstante, hay que precisar que este privilegio de las Haciendas Públicas ha sido templado por la jurisprudencia, que ha precisado que si la Administración abona la condena dentro del período de gracia de tres meses queda exenta de intereses, pero si se paga superando el período de cumplimiento voluntario, en este caso el dies a quo para el cómputo del interés procesal devengado a favor del demandante se producirá desde la notificación de la sentencia de condena y no desde la fecha de finalización del período de tres meses (STC 69/1996 y SSTS, 4ª, de 17 de enero de 1996, rec. 1221/1995; 18 de febrero de 2003, rec. 1419/2002; 7 de abril de 2003, rec. 1769/2002; 11 de octubre de 2007, rec. 1482/2007; etc)18.

Para la Hacienda Pública estatal se prevén disposiciones legales especiales en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria – LGP-. Dicho esto, debe señalarse que, tal y como ha establecido la jurisprudencia laboral (vid. por todas, la STS, 4ª, de 16 de diciembre de 2013, rec. 874/2013, que cita la doctrina precedente desde 1996), esta prerrogativa no puede extenderse a la totalidad de las Administraciones o entes públicos sino que debe limitarse a la Administración estatal y autonómica y a los entes públicos dependientes de las mismas (como Entidades Gestoras de la Seguridad Social, FOGASA, etc.), excluyéndose de tal beneficio las Haciendas locales y los organismos públicos que de ellas dependan19. Como colofón, hay que agregar que esta prerrogativa de las Haciendas Públicas estatal y autonómicas ha sido examinada por el Tribunal Constitucional, habiéndose declarado su constitucionalidad, y ello en base a las importantes diferencias subsistentes entre los particulares y las Administraciones públicas, las cuales justifican el distinto régimen jurídico de los intereses procesales, pues estas últimas están sometidas a los principios de legalidad y contabilidad pública que condicionan su actuación y dificultan su agilidad (STC 206/1993, de 22 de junio, reiteradas por las SSTC 69/1996, 110/1996 y 141/1997)20. Desde luego que, atendiendo a estos razo-

namientos, resulta difícil explicar el diferente trato que dispensa la jurisprudencia en cuanto al tipo de interés reducido entre la Administración estatal y autonómica respecto de las Haciendas Locales. Finalmente, hay que traer a colación que, al igual que en el art. 106.3 LRJCA, en el art. 287.4, d) LRJS este tipo de interés más favorable para la Hacienda Pública puede quedar sin efecto por decisión de la autoridad judicial cuando aprecie falta de diligencia en el cumplimiento por parte de la Administración apremiada, por haber sido necesario ulterior requerimiento al formulado tras el incidente ejecutivo, en cuyo caso podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar. Tampoco debe perderse de vista que este tipo de interés incrementado en dos puntos puede igualmente imponerse a aquellos entes públicos reticentes a cumplir y que no gozan de la consideración de Hacienda Pública, es decir, cuyo tipo de interés procesal ordinario es el del interés legal del dinero más dos puntos, en cuyo caso a este tipo ordinario habría de acumularse dos puntos más correspondientes al tipo de interés incrementado. III – LA TRAMITACIÓN PROCESAL DE LA EJECUCIÓN DEFINITIVA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. a) Solicitud y despacho de la ejecución. Aunque en el art. 287 LRJS no se indique de forma expresa que la ejecución judicial frente a los entes públicos ha de iniciarse con la solicitud –demanda- de ejecución y el posterior dictado de la orden general de ejecución, debe advertirse que también en esta especial modalidad ejecutiva son de plena aplicación estas disposiciones de carácter general (arts. 239.1 y 4 LRJS). En efecto, estas reglas comunes a la ejecución social son efectivas para la totalidad de las modalidades de ejecución definitiva, salvo que las previsiones de la modalidad especial exceptúen de forma explícita la aplicación de las reglas generales, lo cual no sucede en el art. 287 LRJS. En consecuencia, para incoar la ejecución social resulta imprescindible la presentación de la demanda ejecutiva, y ello conforme a las pautas contenidas en el art. 239.1 LRJS, quedando exenta únicamente de esta exigencia la sentencia de condena dictada en procedimientos de oficio, en cuyo caso –bastante excepcional- la ejecución contra el ente público se despachará de oficio. Y conforme a las previsiones del art. 239.2 LRJS, la solicitud de ejecución habrá de reunir los siguientes requisitos formales: deberá formularse por escrito ante el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, conteniendo los datos identificativos del procedimiento, de las partes litigantes, del título ejecutivo y, además, expresando, con carácter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relación con el título ejecutivo aducido; y si se trata de ejecuciones dinerarias, la cantidad líquida reclamada como principal, así como la que se estime

18 GONZÁLEZ CALVET, J. y BLANCH DOMEQUE, M. R.: Los intereses procesales en la jurisdicción social. Ed. Bomarzo, Albacete, 2016. Págs. 118 y 119. 19 GONZÁLEZ CALVET, J. y BLANCH DOMEQUE, M. R.: Los intereses procesales en la jurisdicción social. Op. cit. Págs. 110 a 115. 20 GONZÁLEZ CALVET, J. y BLANCH DOMEQUE, M. R.: Los intereses procesales en la jurisdicción social. Op cit. Págs. 115 a 116.

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Artículo para intereses procesales y costas, conforme al art. 251. Sobre esta cuestión, hay que subrayar que no deben confundirse los intereses moratorios eventualmente reconocidos en sentencia, cuyo período de devengo finaliza a fecha de la sentencia, con los intereses procesales del art. 576 LEC, que se lucran a partir de la fecha de la primera sentencia de condena. Esta distinción entre ambas clases de intereses es importante porque los moratorios (v. gr. los del art. 29.3 ET) pasan a integrar, junto al principal reconocido en sentencia, el principal ejecutivo, conforme a lo previsto en el art. 575.1 LEC, nuevo principal que es el que habrá de hacerse constar en petitum de la demanda ejecutiva y que generará los intereses procesales desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo su pago21. Tras la presentación de la demanda ejecutiva, el órgano jurisdiccional despachará ejecución siempre que con-

Dispone el apartado 3 del art. 287 LRJS que, mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicación supletoria lo dispuesto para la ejecución de sentencias en la LRJCA. curran los presupuestos y requisitos procesales, que el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y que los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título (art. 239.4 LRJS). Por tanto, si concurren dichos presupuestos y requisitos, de acuerdo con lo prevenido en el art. 551.1 LEC, el órgano jurisdiccional: …dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. El auto que despache ejecución deberá expresar, de acuerdo con el apartado 2 del art. 551 LEC, los siguientes datos: persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la parte contra la que se despacha, si la ejecución se despacha de forma solidaria o mancomunada -cuando exista más de un apremiado-, la cantidad por todas los conceptos por la que se ejecuta, y todas

aquellas precisiones que resulten necesarias respecto de las partes o del contenido de la ejecución. En ningún caso parecen admisibles –salvo que se trate de medidas cautelares ex art. 304.2 LRJS- las actuaciones inquisitivas del órgano jurisdiccional previstas en el apartado 3 del art. 287 sin haberse dictado el auto que ordene la ejecución, resolución que resulta indispensable para iniciar el procedimiento de apremio y que, sorprendentemente, omiten tanto el art. 287 LRJS como los arts. 103 a 105 LRJCA22. b) Tramitación del incidente ejecutivo ex art. 287.4 LRJS. Dispone el apartado 3 del art. 287 LRJS que, mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicación supletoria lo dispuesto para la ejecución de sentencias en la LRJCA. El apartado 4 del art. 287 prevé que el órgano jurisdiccional, previo requerimiento de la Administración condenada por un nuevo plazo de un mes y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podrá decidir cuantas cuestiones se planteen en la ejecución. A partir de estas previsiones legales, puede afirmarse que el auto de ejecución deberá contener en su parte dispositiva, además de la orden de incoar el procedimiento ejecutivo, un requerimiento expreso a la Administración para que proceda a cumplir la obligación dimanante de la ejecutoria, confiriendo un nuevo plazo de un mes para ello. Y teniendo en cuenta que: …mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, con el objeto de verificar el cumplimiento de la condena, se citará a las partes de comparecencia, con la prevención de señalar esta vista oral para una fecha posterior al vencimiento del nuevo término de cumplimiento fijado en la orden de ejecución. En otras palabras, el contenido de la orden general de ejecución no puede limitarse a lo previsto en el art. 551.3 LEC sino que, además, debe ordenar la incoación ex officio del incidente ejecutivo previsto para esta modalidad ejecutiva en el apartado 4 del art. 287, requiriendo a la Administración apremiada para que proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria y señalando comparecencia a presencia judicial a fin de verificar el cumplimiento de la condena o, en su caso, de adoptar las medidas ejecutivas previstas en el mismo precepto para lograr el total observancia de la sentencia. Tras oír a las partes y practicar la prueba propuesta, el órgano jurisdiccional podrá decidir cuantas cuestiones se planteen en ejecución, y especialmente las expresadas en el mismo apartado 4, referidas a concretar el órgano administrativo, autoridad o funcionario que ha de responsabilizarse de ha-

21 GONZALEZ CALVET, J.: La ejecución dineraria en la jurisdicción social. Ed. Sepín, Madrid, 2019. Págs. 67 y 68. 22 GONZÁLEZ CALVET, J.: “La ejecución provisional de sentencias frente a entes públicos en el proceso social”, Op. cit. Pág. 87.

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Artículo cer cumplir lo ordenado, fijación de un nuevo término para llevar a efecto la condena y, finalmente, adopción: …de las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, expresión que comprende todas aquellas medidas ejecutivas acordes con la legalidad, teniendo en cuenta las prerrogativas legales de la apremiada. Finalmente, una particularidad destacable del incidente ejecutivo ex art. 287.4 es que tanto la resolución de las cuestiones que se planteen como las medidas ejecutivas que deban acordarse serán decididas por el órgano jurisdiccional, según se dispone en el párrafo primero de esta apartado 4. Y si esta resolución va precedida de comparecencia, que se sustanciará por los trámites del art. 238 LRJS, deberá revestir la forma de auto, debiendo expresar los hechos que estime probados si la cuestión decidida es susceptible de recurso devolutivo. Dicho de otra forma, el legislador ha dispuesto para esta modalidad procesal que las medidas ejecutivas sean adoptadas por el juez o tribunal ejecutor, de forma que se prescinde del decreto de medidas ejecutivas del art. 551.3 LEC dictado por el secretario judicial, precepto civil que no resulta de aplicación ni en la ejecución social frente a entes públicos ni tampoco en la contenciosoadministrativa (arts. 108 a 112 LRJCA). IV – MEDIDAS EJECUTIVAS FRENTE A ENTES PÚBLICOS. La doctrina procesalista más acreditada afirmaba a propósito del art. 285 LPL que no era más que un tímido intento de disfrazar esa desvirtuación e inoperancia de la ejecución, sin que se llegara a convertir al órgano judicial en un verdadero ejecutor de sus propias resoluciones23. Sin embargo, no puede sostenerse la misma tesis a partir de las previsiones legales contenidas en el art. 287 LRJS, entre otras razones porque en el ámbito del incidente ejecutivo se contemplan un conjunto de medidas ejecutivas que, adoptándose de forma progresiva de menor a mayor entidad, resultan suficientemente disuasorias como para garantizar la eficacia del apremio judicial. a) Requerimientos al ente público ejecutado e identificación y apercibimientos a autoridades y funcionarios responsables del cumplimiento de la ejecutoria. Tal y como se ha dicho, la orden general de ejecución debe contener en su parte dispositiva un requerimiento al ente público ejecutado a fin de que cumpla lo ordenado por la sentencia dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del auto ejecutivo. Esta intimación al pago habrá de ir acompañada de las advertencias legales que derivan del propio precepto. Y una de las consecuencias legales que pueden derivar de la inobservancia reiterada de lo ordenado judicialmente es -como se verá en el siguiente epígrafe- la imposición de apremios pecuniarios contra Administración ejecu-

tada. Por tanto, esta primera advertencia –que no podía formularse al amparo del art. 285 LPL, pues no estaba prevista- ya tiene por sí misma un cierto efecto persuasivo. También podrá advertirse al ente público ejecutado que, de no darse cumplimiento a la ejecutoria, se procederá a la identificación de la autoridad o funcionario responsables de su cumplimiento y que, tras identificar a estos sujetos responsables, se les dirigirá apercibimiento directo para que den cumplimiento a la ejecutoria. Lógicamente, el simple hecho de singularizar en una persona física la responsabilidad de la inobservancia de la sentencia condenatoria del ente público, constituye un importante acicate para lograr que la decisión judicial se lleve a término, y más si cabe cuando esta individualización puede acarrear gravámenes para el peculio personal de la autoridad o funcionario señalados como responsables (arts. 141.3 y 75.2 y 3 LRJS). La experiencia de la práctica forense demuestra de forma incontestable que esta medida de apremio es la más eficaz de todas y suele evitar la medida ejecutiva extrema, o sea, la traba de bienes patrimoniales de la Administración no afectos al uso general o al servicio público. b) Tipo incrementado de los intereses procesales. El art. 251.2 LRJS establece como regla general de la ejecución dineraria que transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecución, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentales, podrá incrementarse el interés legal en dos puntos. Este precepto tiene la finalidad de disuadir a la parte ejecutada para que cumpla cuanto antes la obligación que se le reclama, previniéndola del gravamen adicional del incremento del tipo del interés procesal, teniendo esta medida ejecutiva un indudable carácter punitivo o sancionador24. Cuando la ejecutada es un ente público, en el apartado 4, e) del art. 287 se prevé expresamente el mismo tipo de interés incrementado en dos puntos, concretamente para los supuestos en que la Administración pública fuera condenada al pago de cantidad y hubiera sido necesario efectuar el ulterior requerimiento establecido en este apartado -el formulado tras la comparecencia incidental- y se apreciara por parte del órgano judicial: falta de diligencia en el incumplimiento. Finalmente, hay que reseñar que esta medida compulsiva contra el ente público apremiado tal vez no tenga por sí misma suficiente capacidad disuasoria, seguramente por ello en la práctica se adopta junto a otras medidas ejecutivas más convincentes.

23 MONTERO AROCA, J.: Introducción al proceso laboral. 5ª edición. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000. Pág. 414. 24 GONZALEZ CALVET, J.: La ejecución dineraria en la jurisdicción social. Op. cit. Págs. 123-124.

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Artículo c) Apremios pecuniarios y multas coercitivas. Estas herramientas constituyen la gran novedad introducida en 2011 por el legislador con el art. 287 LRJS, tal y como ha sido percibido por la doctrina. A diferencia de lo previsto en la LPL, que establecía que no serían de aplicación estas medidas ejecutivas, la norma actual agrega una excepción a la previsión inicial negativa y dispone que será de aplicación el art. 241 en caso de incumplimiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la comparecencia incidental25. Por tanto, en caso de incumplimiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional tras la comparecencia, pueden imponerse apremios pecuniarios contra la Administración ejecutada y multas coercitivas a terceros -la autoridad o el funcionario responsables- que no cumplan los requerimientos de colaboración tendentes a lograr la completa ejecución de lo resuelto, constituyendo esta previsión una auténtica novedad26. De forma mucho más clara se expresa en el art. 112 LRJCA –aplicable supletoriamenteal establecerse que, transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal, previa audiencia de partes, podrá: Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta euros a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar las multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. Como colofón debe reconocerse que la práctica forense demuestra que si los apremios pecuniarios -que debe abonar la Administración ejecutada- son persuasivos, los son mucho más las multas coercitivas que puedan imponerse a las autoridades y funcionarios responsables de dilatar u obstruir el pago de la deuda ejecutada, y ello por cuanto que quien debe soportar la carga patrimonial de la sanción ya no es el ente público sino el peculio personal del sujeto apercibido, y este sí que es un argumento definitivo para despejar obstáculos burocráticos. d) Embargo de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. Ya se ha señalado que la jurisprudencia constitucional rectificó al legislador y declaró insistentemente27 que el art. 132.1 CE no amparaba un principio de inembargabilidad absoluto, de tal forma que en el ámbito de la ejecución judicial podía contemplarse como medida de apremio la traba de bienes patrimoniales de la Administración no afectos al uso o servicio público. También se ha apuntado que esta jurisprudencia fue traspuesta a diferentes preceptos legales. En consecuencia, ha de recalcarse que todos los bienes patrimoniales no afectos a uso general o servicio público quedan fuera del privile-

gio de inembargabilidad, pudiendo consiguientemente los jueces dictar providencias de embargo y despachar mandamientos de ejecución sobre ellos; y si se tiene en cuenta que los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se entienden adquiridos con el carácter de patrimonial, sin perjuicio de su posterior afectación a uso general o al servicio público (art. 16 LPAP), corresponderá a la Administración la carga de probar que el bien trabado tiene una naturaleza demanial o patrimonial afecta al uso público para lograr el alzamiento del embargo acordado28. En previsión de esta nueva realidad jurídica, en 2018 se implementó el art. 30 LPAP, agregando dos nuevos apartados, disponiéndose en el apartado 4 que: Cuando para hacer efectivas las obligaciones económicas de la Administración General del Estado se haya procedido al embargo y realización forzosa de un bien o derecho patrimonial deberá compensarse la pérdida del elemento o valor patrimonial con cargo a los créditos del Departamento responsable, mediante reasignación presupuestaria. […]. Pues bien, esta reforma introducida por la Ley 6/2018, de 3 de julio, confirma que los casos de embargo judicial y realización de bienes patrimoniales no afectos al uso público son bastante más frecuentes de lo que la doctrina se resiste a aceptar, hasta el punto de que ha exigido una nueva regulación legal específica que reglamente su impacto contable y presupuestario. CONCLUSIONES. La vigente regulación de la ejecución dineraria frente a los entes públicos en la jurisdicción social obliga a desterrar viejos dogmas, muy arraigados en nuestra tradición jurídica y que caricaturizan el procedimiento de apremio judicial como ineficaz e impotente frente a los privilegios de la Administración pública. El art. 287 LRJS, la aplicación supletoria de la LRJCA y la jurisprudencia constitucional, garantizan al ejecutante una eficiente tutela ejecutiva, y dotan al órgano judicial de unas herramientas procesales potentes, suficientemente eficaces como para garantizar el cumplimiento de las condenas dinerarias de los entes públicos en plazos y condiciones razonables. La tramitación procesal de la ejecución dineraria frente a la Administración pública contenida en el art. 287 LRJS y concurrentes ofrece a ambas partes plenas garantías de su derecho a la defensa, pero también brinda al litigante acreedor un elenco de medidas ejecutivas que, adoptadas de forma gradual, garantizan el cumplimiento de la condena y, además, le compensan ante la demora en el pago.

25 RÍOS SALMERÓN, B.: Ley de la Jurisdicción Social. 6ª edición actualizada. Ed. Tecnos, Madrid, 2017. Pág. 335. 26 RAMOS BELDA, A.: La nueva Ley de la Jurisdicción Social. Texto adaptado a las modificaciones introducidas por el RD Ley 3/2012, de 10 de febrero. AA.VV. Ed. Bomarzo, Albacete, 2012. Pág. 402. 27 SSTC 166/98, 201/98, 210/98 y 211/98. 28 DE LA VILLA GIL, L. E.: “Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social”. Op. cit. Págs. 187-188.

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Entrevista Artículo

“Creo firmemente en la mediación como fórmula alternativa para solventar conflictos”

Francisco Ontiveros Rodríguez

Director General de Justicia Juvenil y Cooperación

Nacido en 1974. Magistrado titular del juzgado de lo Penal 8 de Málaga. En los últimos 20 años ha desempeñado labores como juez en Osuna (Sevilla) y en Álava en Violencia contra la Mujer y mediación. Ya en Málaga se ha centrado en Violencia de género y menores. A lo largo de su carrera ha sido ponente y director de diversos cursos formativos organizados por instituciones y organismos públicos, así como colegios profesionales fundamentalmente en materia penal y ejecución penal.

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Entrevista Artículo Entre las funciones de su Dirección General está la relación y cooperación con los Colegios Profesionales. ¿Qué importancia tienen para usted los Colegios Profesionales en la sociedad actual? ¿Y cuáles deben ser los principios claves que rijan la labor de estos? Los Colegios Profesionales realizan una labor sumamente importante y no solo desde la perspectiva del control ético de la profesión y de velar porque no ejerzan personas ajenas al sector, evitando así el intrusismo. Creo que también los Colegios Profesionales realizan una labor institucional muy importante como puente entre los colegiados y las diferentes instituciones y administraciones, siendo ésta fundamental. De hecho, hay muchas asociaciones que quieren llegar al nivel que tienen los colegios para participar en las relaciones institucionales que tienen estos. En esta relación de cooperación con los Colegios Profesionales, ¿qué medidas y objetivos concretos se plantea la Dirección General en esta materia? Fundamentalmente pretendemos mantener un contacto fluido a través del cual, más allá de lo puramente administrativo del control de colegios que llevamos, sirva para llegar a la Junta de Andalucía, teniendo a esta Dirección General como interlocutor y cauce que les permita mantener ese contacto. Queremos servir de canal de comunicación y esa es la línea que me he marcado y por eso tengo mis puertas abiertas para todo aquel que quiera venir para dialogar, resolver y proyectar cualquier tipo de inquietud o iniciativa. Los Graduados Sociales son garantes de la Justicia Social, luchando día a día porque se cumpla y sea real y efectiva. ¿Cómo valora el trabajo realizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla como institución y el de sus colegiados como profesionales de la Jurisdicción Social? Aunque yo vengo de la judicatura, pero no de la Jurisdicción Social y tampoco en Sevilla, sí me consta, a través de compañeros de aquí, de la importante labor que hacen, tanto el Colegio como institución, como los graduados sociales como profesionales de la Jurisdicción Social. Creo que realizan una enorme labor y, sobre todo, muy especializada en este ámbito y hay que reconocerles el mérito que tienen. No concibo la Jurisdicción Social sin los Graduados Sociales. En materia de Asistencia Jurídica Gratuita, tiene entre sus funciones la organización y prestación de este servicio. Como operadores jurídicos de la Jurisdicción Social, ¿Cuándo formarán parte de esta asistencia jurídica gratuita los graduados sociales, al igual que lo hacen abogados y procuradores? Como siempre digo, hay cosas que a nosotros nos gustarían, pero la norma base es estatal y mientras no cam-

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bie, tampoco podemos hacer nada al respecto desde las comunidades autónomas. Pero está claro, que, como operadores jurídicos de la Jurisdicción Social, los graduados sociales podrían estar dentro del sistema para el abono de las compensaciones económicas por la Asistencia Jurídica Gratuita, al igual que hacemos con otros colectivos como abogados y procuradores. Pero como decíamos antes, lo cierto es que la norma estatal no lo contempla y no podemos llegar más allá de lo que nos permite la norma. ¿Considera la mediación como un sistema de resolución de conflictos que resolvería el colapso judicial en algunas materias? ¿Qué medidas concretas propone la Consejería en materia de mediación? Que creo en la mediación es algo evidente y además es una creencia que tenía antes de venir aquí. De hecho, en mi antigua profesión en el Juzgado de lo Penal, participé en experiencias piloto y en programas de mediación.

Los Colegios Profesionales realizan una labor sumamente importante y no solo desde la perspectiva del control ético de la profesión y de velar porque no ejerzan personas ajenas al sector, evitando así el intrusismo. Creo firmemente en la mediación como fórmula alternativa para solventar conflictos, que puede dar soluciones mejores que las que da la jurisdicción, que llega hasta dónde llega y no puede ahondar, sobre todo, en el origen del problema. Considero que la mediación sí puede servir para garantizar la pacificación del conflicto y llegar a solucionarlo de verdad. Y cuando hablo de la mediación, hablo de la mediación en general, en todos los ámbitos; no solo en el ámbito privado o en el ámbito de las relaciones laborales, sino también en el ámbito penal y otros muchos. Hay que instaurar nuevas fórmulas como la justicia restaurativa. Yo creo que la mediación debe ser una apuesta de futuro, porque es verdad que la jurisdicción no resuelve problemas, además por su propia configuración garantista es más limitada y más lenta. Todo esto hace que la respuesta no sea tan rápida como la que puede ofrecer la mediación. Desde esa perspectiva, una vez que sea suprimido

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Entrevista Artículo la Fundación Mediara, que llegaba hasta donde llegaba y no podía llegar a más, desde la Consejería hemos asumido directamente el liderazgo de la mediación. Desde la modificación del Decreto de Estructura el pasado mes de agosto, la mediación es competencia de esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. Vamos a poner marcha un servicio de mediación en cada una de las provincias. Ya estamos preparando los contratos y vamos a sacar a licitación los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía, donde se va a informar al ciudadano y desde donde se va a derivar a esos servicios de mediación. Ese sería el paso inicial y yo creo que debemos avanzar en cuestiones que nos trascienden como Consejería, que es implicar a todos los grupos parlamentarios en la creación de una Ley Integral de Mediación, pues hoy en día en España, quitando a ejemplos como Valencia, no la tiene ninguna comunidad. Se ha trabajado en torno a la mediación familiar, pero la mediación o la entendemos como algo integral o no va a ir a ninguna parte. No podemos ir regulando trozos pequeños. Por ejemplo, la competencia de la mediación familiar en Andalucía no la tiene la Consejería de Justicia, sino la de Salud y Familia donde está el registro de mediadores y a eso debe darse una respuesta

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integral para poder avanzar en este tema. En materia de Justicia Juvenil, ¿cuáles son los principales problemas y retos que se plantean en Andalucía en relación a nuestros menores? ¿cómo se realizan los trabajos con los menores en los CIMI? El Sistema de Justicia Juvenil que tiene Andalucía es un sistema puntero si hablamos de calidad, pero debemos buscar la excelencia. Quizá esta apuesta es más complicada que cuando no tienes nada y quieres poner algo en marcha. Llegar a puntos de excelencia de gran calidad es muy complicado, pero somos un sistema de referencia que servimos de modelo para otros lugares que vienen a aprender cómo hacemos las cosas. Esto te llena de satisfacción y hace que te impliques más y la responsabilidad sea aún mayor. El sistema tal y como lo tenemos configurado hoy ha tenido una evolución desde que salió la Ley Penal del Menor, hemos avanzado desde el medio cerrado de los centros de internamiento a un medio abierto, donde hoy en día se cumplen la mayoría de las medidas. Es precisamente ahí donde tenemos que trabajar. Debemos incidir en los programas que tenemos para que esas medidas sean efectivas y consigan el fin que se pretende que es el de la rein-

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Entrevista Artículo serción del menor. Creo también que lo que ofrece el sistema ha atraído a jueces y fiscales y ya es unánime el convencimiento de que el medio abierto es un buen sistema. Otro reto, y esto afecta ya tanto al medio cerrado como al abierto, es tratar de garantizar que el menor cumpla la medida en su provincia de origen, siempre que no haya circunstancias que excluyan esa posibilidad, bien porque el juez considere que no es lo adecuado, o porque lo valoren los equipos técnicos. Y digo esto porque en el tema de la ejecución de las medidas de menores cobra mucha importancia la intervención familiar. De este modo, si al menor lo mandamos a otra provincia que no es la suya, dificultamos esa intervención familiar. En ese sentido lo que pretendemos es que en aquellas provincias donde el número de plazas esté más infradotado, elevarlo; en las provincias donde esté más elevado, reajustarlo; de tal manera que los menores, en su inmensa mayoría, puedan cumplir la medida en su provincia de origen. Es un problema que nos hemos encontrado fundamentalmente en Málaga y Granada, pues son las provincias que disponen de menos plazas. Es muy destacable la gran labor que vienen realizando las entidades que gestionan los centros de internamiento, pensando siempre en esa meta de la reinserción y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos vienen de unos ambientes sociales y familiares hostiles. Estos centros les facilitan herramientas para que el retorno a ese medio sea lo más exitoso posible. ¿Cómo ha afectado la irrupción de las nuevas tecnologías en la naturaleza de los delitos cometidos por nuestros menores? Fundamentalmente esta irrupción de las nuevas tecnologías en los menores va muy vinculado al tema de las adicciones, como por ejemplo a las videoconsolas o al juego. Esa adicción a lo mejor no determina la comisión de delitos contra el patrimonio, sino que determina que al final acabe en violencia filioparental y que se haya incrementado este tipo de delito, porque desde el momento que el menor ocupa todo su tiempo en la adicción y no sigue las pautas de orden que se le marca en casa, esto deriva en muchos casos en una situación de conflicto y violencia. Así los programas que vamos teniendo, tanto en medio abierto como en medio cerrado, son específicos para tratar este tipo de adicciones en el sentido de recuperar al menor. Otra variante son los casos de mobbing con la grabación y difusión de imágenes que atentan al derecho de intimidad. Pero el porcentaje es mucho menor que el de los casos de violencia filioparental.

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¿Cuáles son las próximas metas a las que quiere llegar su Dirección General en materia de Justicia Juvenil y Cooperación? La verdad es que tenemos muchas metas porque esta Dirección General toca tantos campos que hay mucho por hacer. En cuanto a Justicia Juvenil son, básicamente, los que ya he descrito, al igual que en referencia a Colegios Profesionales y Asociaciones, donde nuestra meta principal es fomentar el contacto y el diálogo con todos los colegios para servirles de cauce para trasladar todas sus inquietudes, problemas y propuestas que quieran dirigir a la Junta. En relación a las víctimas, seguir poniendo en valor los servicios SAVA que tenemos y, a partir de ahí, iniciar fórmulas de Justicia Restaurativa, como la mediación, con nuevos servicios que se van a poner en marcha, los puntos de información a la mediación de Andalucía y la creación de una Ley Integral de Mediación.

Es muy destacable la gran labor que vienen realizando las entidades que gestionan los centros de internamiento, pensando siempre en esa meta de la reinserción y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos vienen de unos ambientes sociales y familiares hostiles. Respecto a las Fundaciones, pretendemos no solo realizar esa labor de protectorado administrativo puro y duro de registro, sino comenzar nuevas fórmulas en las que las fundaciones nos utilicen como cauce de promoción de su trabajo, algo que hasta ahora no se ha puesto en valor y pensamos que debería hacerse. Finalmente, con referencia a la Justicia Gratuita, seguimos trabajando para agilizar los tiempos de pago, conseguir una reordenación de las compensaciones económicas, pagando de manera más justa pero también controlar realmente que el dinero que se pague sea lo correcto y esté bien gestionado porque esto redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.

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Artículo

Juan Gallardo

Graduado Social-Técnico Superior en PRL Director Territorial Grupo MPE

Listeriosis: Resorte del paralelismo seguridad laboral- alimentaria

Introducción Nos encontramos ante una situación poco ordinaria que podríamos calificar de alarma social. Realmente es una alerta sanitaria, provocada por la detección de listeriosis en parte de la población, por ingesta de alimentos infectados de listeria. Pero vayamos por partes: ¿Qué es la listeria? La listeria monocytogenes es una bacteria cuyo nombre proviene del cirujano inglés Joseph Lyster, que se desarrolla intercelularmente y causa listeriosis. Es un patógeno de alta tasa de mortalidad (20% - 30%) que prolifera en un amplio rango de temperaturas (entre 1 y 45 grados centígrados). Puede contaminar vegetación, suelos, superficies, utensilios, animales domésticos y sobre todo productos alimentarios. La listeria, llega a crear una película o film en los alimentos incluso estando a baja temperatura, lo cual dificulta su eliminación por medios habituales si no es detectada a través de analíticas de laboratorio. Para evitar su contagio hay una serie de procesos y precauciones a llevar a cabo, que ejecutados con rigurosidad evitan el riesgo de afectados en la población humana. Otras intoxicaciones gastronómicas. El aceite de colza. En España, durante 1981 se detectó un contagio masivo por consumo de alimentos en mal estado. Tras intensas investigaciones se descubrió el agente tóxico acusante: la anilina. Se trataba de una sustancia química tóxica que era utilizada para decolorar un aceite industrial no apto para el consumo humano. La anilina devolvía al aceite un aspecto y apariencia natural que confundía a los consumidores. Era un aceite de muy bajo coste que se vendía casi siempre de manera ambulante entre núcleos de población de escaso poder adquisitivo. Cuando se descubrió

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la relación causa efecto, el aceite de colza había afectado a veinte mil personas, provocando más de mil muertes. Aquella intoxicación múltiple, conllevó una inquietud e intranquilidad social en todo el país que provocó que se legislaran las condiciones de salubridad de los alimentos, su manipulación en el más amplio sentido de la palabra y que se tomaran medidas contra los causantes de aquella intoxicación. Los responsables fueron enjuiciados y encarcelados y el Estado fue declarado responsable solidario y obligado a indemnizar a miles de afectados. Entre 1983 y los sucesivos años de la década de los 80, se crearon Reales Decretos y otras normas que legislaron una reglamentación técnico sanitaria para regular plaguicidas y alimentos: almacenamiento frigorífico, manipulación, comercio y transporte; listas de colorantes, edulcorantes y aditivos permitidos; detergentes y limpiadores; etiquetados, etc.… Sin duda alguna había nacido el marco legal donde acotar y controlar de manera general los procesos alimenticios en España para evitar que se repitiese una tragedia de tamaña magnitud. La Prevención de Riesgos Laborales y su devenir. Existe en la actualidad en todo el territorio español, una conciencia preventiva en cuanto a riesgos laborales, que dista mucho de la que existía en aquellas últimas décadas del siglo XX que hemos visto a través de la intoxicación del aceite de colza. En los últimos años de la dictadura franquista, se crea un Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo, que intenta disminuir la alta siniestralidad laboral existente en España. Se ponía la primera piedra en la ayuda y el control a empresarios y trabajadores en dicho sentido y todo ello cobraba importancia día a día al comprobar la efectividad de la aplicación de las recomendaciones dictadas por el Estado. Se teje una red técnico preventiva para asesorar a pequeñas y medianas empresas y nacen servicios de seguridad laboral para tal fin.

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Artículo En 1975 el plan de actuación llevaba implantados gran cantidad de centros provinciales y cuatro Institutos de mayor entidad que se ubicaban en Sevilla, Madrid, Bilbao y Barcelona. En 1978, al amparo de la recién nacida Constitución Española se funda el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), que está adscrito al Ministerio de Trabajo y que es el órgano autorizado para fiscalizar y promover la implantación de medidas preventivas en el ámbito laboral de todos y cada uno de los sectores. Dos años después, en 1980 se promulga el Estatuto de los Trabajadores y en ese documento se reconoce por primera vez como un derecho fundamental de los trabajadores la seguridad e higiene en el trabajo. Es un paso importantísimo en la escalada de exigencias y necesidades en el marco legal que estamos abordando.

El camino de la prevención de riesgos laborales es una carrera de fondo que no debe tener un final aunque si una meta; garantizar al extremo de las posibilidades unas condiciones de trabajo de mayor salubridad y protección frente a riesgos inherentes al desarrollo de la tarea diaria. La definitiva incorporación de España a la Unión Europea, conlleva una modificación en todo el escenario legal para adaptarse las leyes europeas. Al abrigo y necesidad de ello, se eliminan las leyes preconstitucionales que aún regían en España y se constituye la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el posterior Real Decreto 39/97 que desarrolla los principios legales a implantar. Desde los primeros momentos de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas y a punto de cumplirse veinticinco años del nacimiento de la Ley 31/95 la situación ha cambiado mucho. Como es lógico, el nivel de exigencia al respecto ha ido aumentando paulatinamente. Si en los albores de la implantación las Inspecciones de Trabajo eran menos numerosas y podríamos decir que incluso benévolas, el paso del tiempo ha ido haciendo que se multipliquen y se vuelvan rigurosas. A modo de recordatorio comentar que, hasta comenzado el nuevo milenio existía la posibilidad de realizar los reconocimientos médicos de la Vigilancia de la Salud a través las Mutuas de Accidentes de Trabajo y con cargo a cuotas, viendo a día de hoy en prácticamente todas las Inspecciones la exigencia de tener dicha cobertura contratada a través de un Servicio de Prevención Ajeno. A nivel técnico, la documentación requerida ha crecido exponencialmente. Lo que antes se solventaba con sencillas evaluaciones riesgos, es hoy día una documentación laboriosa que exige conocimientos

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especializados y profesionales; la figura del Técnico de Prevención se ha convertido en imprescindible dada la multitud de aspectos a abordar en cada situación y la complejidad de muchos aspectos y detalles. Evaluaciones específicas, protocolos de trabajo, informes psicosociales, estudios ergonómicos, mediciones higiénicas, planes concretos a medida, auditorías y peritajes suelen estar presentes con asiduidad entre la documentación preventiva de cualquier empresa. No es menos llamativa la evolución que ha vivido el campo de la formación. Una vez desparecida la mayor parte de la realizada a distancia, no existe puesto de trabajo que no requiera la obtención de titulaciones y certifica-

La listeria monocytogenes es una bacteria cuyo nombre proviene del cirujano inglés Joseph Lyster, que se desarrolla intercelularmente y causa listeriosis. Es un patógeno de alta tasa de mortalidad (20% - 30%) que prolifera en un amplio rango de temperaturas (entre 1 y 45 grados centígrados). dos alcanzados en cursos presenciales o como posibilidad menos exigente en cursos on-line con un porcentaje mínimo de horas de conexión y pruebas demostrativas de los conocimientos adquiridos. En resumen, en materia de Prevención de Riesgos Laborales y desde su mismo nacimiento legal, se está en una continua subida de peldaños en busca de mejoras constantes que eliminen o en su caso disminuyan la posibilidad de sufrir accidentes laborales. Queda margen de mejora y hay que ser perseverantes y cada cual actuar desde el lugar que ocupa, ya sea como trabajador, como empresario, como profesional del sector o por supuesto como parte del Estado. El nivel de conciencia al respecto ha mejorado ostensiblemente y hay que continuar depositando la confianza en las empresas consultoras y entidades especializadas como asesoramiento necesario para evitar conflictos posteriores. Una vez se interpone una sanción por falta de observación de lo que indican las leyes, todo son lamentaciones y búsquedas de culpables. Mejor prevenir que curar.

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Artículo

Situación actual de la Seguridad Alimentaria Una vez descrita a grosso modo la situación anterior y actual en cuanto a la normativa de la Seguridad laboral y su aplicación y control por parte del Estado respecto a empresarios y trabajadores, veamos un poco como se encuentra la Seguridad alimentaria. Partimos estando de acuerdo en que el desarrollo de la implantación de la normativa laboral ha sido satisfactorio y que estamos en un escenario mucho más sólido y consolidado para bien común de la sociedad y bien personal a nivel individual. La normativa en cuanto a Seguridad alimentaria y nutrición es mucho más novedosa y de ahí su largo recorrido hasta alcanzar cotas similares a las que son hábitat de la laboral en estos tiempos. Todo emana de la misma fuente donde se vuelven a verter las normas una vez desarrolladas; en el códex alimentario donde cohabitan normas autonómicas, leyes nacionales y decretos europeos. Hemos de mencionar la Ley 17/2011 de 5 de Julio como pilar del conglomerado de normas tan extenso que existe en el segmento alimentario. Dicha legislación establece un marco legal básico común aplicable al conjunto de actividades que integran la seguridad alimentaria. Es además importante, que se derogan normas anteriores y se unifican todas las directrices a ejecutar a través del vehículo normativo que marca la Constitución Española. Todo ello, como hemos citado, con la mirada puesta en la Unión Europea y sus aplicaciones y consejos. Estamos comenzando a ver ese paralelismo que es cabecera

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y titular de este artículo, entre los riesgos laborales y la seguridad de los alimentos. En la Ley se establecen las condiciones de las transferencias a las comunidades autónomas, las potestades sancionadoras y resto de detalles que no vamos a entrar a analizar en profundidad. Lo que queda meridianamente claro, es que la implantación será gradual y progresiva y en estos momentos iniciales, se cuenta de manera obligada con la colaboración de empresarios y trabajadores. La norma atribuye amplias competencias al empleador y traza el camino a seguir, señalando a consultores y laboratorios como estrechos y válidos colaboradores para una implantación eficaz. El caso del brote de listeria actual estando pendiente de ser esclarecido al detalle, es de suponer, que no se ha debido a una falta de interés en la empresa inculpada, sino a un exceso de confianza por su parte. Si bien se estaban cumpliendo los plazos de analíticas marcados por la autoridad competente en diversas inspecciones, no se estaban interpretando correctamente los resultados que arrojaban las analíticas. No es exigible a día de hoy (dependiendo de la magnitud y circunstancia de cada empresa) que exista una consultora externa que verifique el sistema de autocontrol, pero si es necesario que se cumpla con toda la normativa y la única manera de corroborar que se están llevando a cabo las recomendaciones de manera fehaciente es a través de entidades acreditadas que desgranen los resultados analíticos e indiquen las correcciones a aplicar. A veces se encargan dichos análisis a laboratorios obviando la figura de la consultora y puede dar lugar a errores por falta de información; si los datos obtenidos no son tenidos en cuenta para adoptar

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Artículo las oportunas medidas correctoras, se estará cumpliendo con parte de la normativa pero no se estará eliminando o disminuyendo la posibilidad de sufrir intoxicaciones no deseadas. El riesgo cero no existe en este campo, pero eso no quita que se busque con ahínco y constancia. La manipulación de la materia prima puede ser correcta y conforme a la Ley, pero si los utensilios (envasadoras, etiquetadoras, separadoras, maquinaria industrial…) o las herramientas (cuchillos, tablas de corte, tijeras, fiambreras…) no son tratados con corrección la consecuencia puede ser igual de peligrosa. Ni que decir tiene la importancia de la higiene personal en los operarios que manipulan y elaboran productos y su atención en todo momento a las indicaciones y ordenanzas; también su salud personal contrastada con reconocimientos médicos aporta tranquilidad a un consumo salubre.

- Desinfectar: según diccionario de la RAE; eliminar de un cuerpo o de un lugar gérmenes que infectan o pueden provocar infección. Resaltar la diferencia con limpiar, que es eliminar con agua y jabón la suciedad y algunos gérmenes, pero no todos ni todas las bacterias. En la desinfección se deben utilizar productos industriales fabricados para tal fin.

La normativa en cuanto a Seguridad alimentaria y nutrición es mucho más novedosa y de ahí su largo recorrido hasta alcanzar cotas similares a las que son hábitat de la laboral en estos tiempos.

- Organización frigorífica: Observar las indicaciones al respecto pues existe legislación para las temperaturas de refrigeración y congelación de cada producto y sobre todo evitar contaminación cruzada, es decir no mezclar bajo ningún concepto alimentos crudos con alimentos cocinados.

Similar a los riesgos laborales en aquellos inicios que vimos anteriormente en que los reconocimientos médicos eran un mero trámite y no se les sacaba el jugo a los resultados contrastándolos con las condiciones de trabajo y sus posibles correcciones a tener en cuenta. El plano formativo es fundamental para que la cultura y la conciencia de cada trabajador aporte ese granito de arena que construya una estructura de seguridad bien cimentada desde todos los ángulos posibles. Si bien es cierto que hay una serie de directrices que se suelen llevar a buen puerto cada vez de manera más frecuente, no es menos verdad que esta alarma social debe servir de impulso para subir otro peldaño en esa hipotética escalera que debe ser el cumplimiento de la normativa alimentaria, al igual que está ocurriendo con la normativa laboral. Las inspecciones de Sanidad son escasas y las sanciones también y siendo realistas y sin ánimo de generalizar y mucho menos de ofender a nadie, vivimos en un país y unos tiempos en que aprendemos más rápido y con memoria más duradera cuando sufrimos una sanción que cuando sufrimos una advertencia. Entre las recomendaciones más básicas para la alimentación enumeramos:

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- Cocinar a altas temperaturas: ya hemos visto que la listeria se propaga con facilidad hasta 40 grados centígrados aproximadamente, con lo que las cocciones por encima de los 70 grados aseguran su desaparición. - Control de trazabilidad de los productos: se trata de conocer la procedencia íntegra de cada producto. Desde el origen hasta su consumo, ya sean productos animales, vegetales o elaborados.

- Aislamiento de personas afectadas: lógicamente si se detecta la presencia del patógeno en algún ser humano o trabajador, éste debe ser apartado de la manipulación inmediatamente, independientemente de recibir el tratamiento médico adecuado. En principio, observando estas directrices, debe ser suficiente para evitar contagios y las consiguientes alertas sanitarias, pero este asunto no se puede quedar parado en este punto, pues vemos que a veces es insuficiente y saltan las alarmas sociales ya mencionadas. Conclusiones Hemos visto el contexto anterior y actual de la seguridad alimentaria y la seguridad laboral y hemos concluido en que llevan caminos similares con las condiciones particulares cada una de ellas. Hemos querido llamar la atención en lo importante de contar con el asesoramiento profesional en ambos aspectos, pues tal como sucede con el asesoramiento laboral, fiscal y contable, la confianza y tranquilidad que generan depositar esos asuntos en buenas manos no está pagado y es la mejor almohada para el descanso de la conciencia. Hemos quedado a la espera de esa evolución que signifique la mejora que precisan ambos sectores. Por último hemos querido poner el foco de atención también en la escasez del ratio de inspectores, sin menoscabo de la profesionalidad y capacidad de los que hoy existen y ejercen su labor.

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Artículo

Dr. Alfred Barredo Matarredona

Medicina del Trabajo Activa Mutua

Las enfermedades cardio-vasculares

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: • la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco; • las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; • las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores; • la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;

nes que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia. Principales factores de riesgo Las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas en forma de hipertensión

• las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; • las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstruccio-

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Artículo arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. Estos «factores de riesgo intermediarios», que pueden medirse en los centros de atención primaria, son indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones.

• dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación;

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. Por otro lado, puede ser necesario prescribir un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la hiperlipidemia, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Las políticas sanitarias que crean entornos propicios para asegurar la asequibilidad y disponibilidad de opciones saludables son esenciales para motivar a las personas para que adopten y mantengan comportamientos sanos.

Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente al médico.

También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es decir, «las causas de las causas», que son un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes de las ECV son la pobreza, el estrés y los factores hereditarios.

He aquí algunos ejemplos de intervenciones poblacionales que se pueden aplicar para reducir las ECV:

Síntomas habituales de las enfermedades cardiovasculares La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas, y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un AVC. Los síntomas del ataque al corazón consisten en: • dolor o molestias en el pecho, • dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Además puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. La dificultad para respirar, las náuseas y vómitos y el dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en las mujeres. El síntoma más común del AVC es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas consisten en: • la aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara, piernas o brazos; • confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice; • problemas visuales en uno o ambos ojos;

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• dolor de cabeza intenso de causa desconocida; y • debilidad o pérdida de conciencia.

Intervenciones para reduir las enfermedades cardiovasculares La OMS ha identificado una serie de «inversiones óptimas» o intervenciones muy costoeficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es viable incluso en entornos con escasos recursos. Existen dos tipos de intervenciones: las poblacionales y las individuales; se recomienda utilizar una combinación de las dos para reducir la mayor parte de la carga de ECV.

• políticas integrales de control del tabaco; • impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal; • construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de promover la actividad física; • estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol; • suministro de comidas saludables en los comedores escolares. A nivel individual, las intervenciones sanitarias de prevención de los primeros ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, deben centrarse primordialmente en las personas que, si se tienen en cuenta todos los factores, presentan un riesgo cardiovascular medio a alto o en los individuos que presentan un solo factor de riesgo —por ejemplo, diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia— con niveles superiores a los umbrales de tratamiento recomendados. La primera intervención (basada en un enfoque integral que tiene en cuenta todos los riesgos) es más rentable que la segunda y tiene el potencial de reducir sustancialmente los episodios cardiovasculares. Se trata de un enfoque viable dentro de los Servicios de Atención Primaria y en los Servicios de Prevención de Riesgos de las Empresas, y sin necesitar grandes recursos, y que puede ser puesto en práctica incluso por trabajadores sanitarios que no son médicos.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Julio - Septiembre 2019 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1987

Colegiado: 1990

Raquel Ojeda Rodríguez

Josefa Ángela Sánchez Jiménez

Domicilio profesional:

C/ Luis Arriero, 7

Domicilio profesional:

C/ Almeño, 10

Localidad profesional:

41010 SEVILLA

Localidad profesional:

41600 Arahal - Sevilla

Tlfno:

660 54 82 02

Tlfno:

605 210 072

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1983

Nº Colegiado

1984

Nombre

Macarena Vega Salvatierra

Nombre

Antonio Fernando Garrido López

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1985

Nº Colegiado

1986

Nombre

María Teresa del Río Díaz Jara

Nombre

Saira Urbano Navarro

NO EJERCIENTE

PRECOLEGIADA

Nº Colegiado

1988

Nº Colegiado

1989

Nombre

Mercedes Morilla Toucedo

Nombre

Marina Toledo Ramírez

CAMBIOS DE MODALIDAD EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1892

Nº Colegiado

1803

Nombre

Antonio M. Montaño Sobrino

Nombre

Alberto Madrigal Villegas

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

1851

Nº Colegiado

1762

Nombre

Ana María Rodríguez Ramos

Nombre

Cristina Cardoso de Armenta

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Movimiento Colegial BAJAS EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1839

Nº Colegiado

1943

Nombre

Eva María Villasanta Delgado

Nombre

Carmen Espejo Acevedo

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1712

Nº Colegiado

1730

Nombre

Mª Ángeles Villalba Iglesias

Nombre

Carmen Beatriz Agüero Molina

NO EJERCIENTE

POR FALLECIMIENTO

Nº Colegiado

1911

Nº Colegiado

0445

Nombre

Virginia Acevedo Velez-Bracho

Nombre

José Trillo Robles

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Jurisprudencia

JUSTIFICACIÓN INCOMPARECENCIA A RECONOCIMIENTO MÉDICO TSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife) Sala de lo Social, 05/07/2019 En la tramitación de la extinción del subsidio de IT por incomparecencia al reconocimiento médico, el plazo de 10 días para formular alegaciones se computa desde la fecha del reconocimiento médico, no desde que se reciba la resolución de suspensión cautelar de la prestación. La trabajadora, que se encontraba en situación del IT, es citada por la Mutua para la realización de un reconocimiento médico el 31-3-2017. Al no comparecer, el 5-4-2017, le comunica la suspensión cautelar de la prestación de IT y le da un plazo 10 días para justificar la no asistencia al reconocimiento, comunicación que aparece como "no entregada, dejando aviso". Ante la falta de respuesta, se acuerda la extinción de la prestación económica comunicada el 4-5-2017.

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La trabajadora impugna la resolución alegando que, dado el carácter cuasi sancionador del acto de la mutua se le debió haber permitido efectuar alegaciones para la defensa de sus intereses antes de acordarse la extinción, alegaciones de las cuales la demandante se vio privada porque al resultar fallido el intento de notificación el mismo no se repitió por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Presenta demanda de Seguridad Social, que el juzgado de lo social desestima, por lo que, disconforme, la trabajadora interpone recurso de suplicación ante la sala de lo social del TSJ El TSJ señala que la cuestión la omisión del doble intento de notificación está relacionada con la resolución de suspensión de las prestaciones, ya lo que la trabajadora pretende que el plazo de 10 días establecido para justificar la incomparecencia se compute desde la notificación de la resolución. El TSJ recuerda que la normativa aplicable (RD 625/2014 art.9) establece que este plazo de 10 días debe computarse no desde que recibe la resolución notificando la suspensión cautelar de la prestación económica de IT, sino desde el día siguiente al del reconocimiento médico al cual no compareció estando oportunamente citado.

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Jurisprudencia Asimismo, se indica que, trascurridos esos 10 días sin aportar justificación, se extingue la prestación.

estimatoria en primera instancia, recurre la empresa en suplicación.

En el supuesto enjuiciado la trabajadora fue oportunamente informada del plazo con el que contaba para justificar su incomparecencia y desde cuando se comenzaba a computarse, sin que hiciera uso de él. Y, en cuanto que la única justificación era la existencia de un error sobre si tenía obligación o no de acudir al reconocimiento, que no podía considerarse invencible porque la demandante podía haberlo despejado con una simple llamada a la mutua, el TSJ concluye que la resolución de extinción del subsidio, impugnada en la demanda, ha de considerarse ajustada a derecho.

La cuestión que se suscita es si la trabajadora demandante ha aportado indicios suficientes de la vulneración de sus derechos sindicales que justifique la inversión de la carga de la prueba ante la imputación de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales.

Se desestima el recurso planteado y se confirma la sentencia dictada en instancia.

DESPIDO DE TRABAJADORA QUE SE NIEGA A FIRMAR DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS: NULIDAD POR INDICIOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES TSJ Castilla-La Mancha Sala de lo Social, 11/07/2019 Se estudia si los hechos cuentan con la gravedad e intensidad suficiente para justificar el despido disciplinario. Por el contrario, existen indicios suficientes, no destruidos por la empresa, de que la sanción obedece a la afiliación de la trabajadora a un sindicato, lo que supone una vulneración de los derechos sindicales de la trabajadora. La empresa entregó a la trabajadora un documento con instrucciones en materia de protección de datos que ésta se negó a firmar. Ante el requerimiento de la directora del centro de trabajo, la trabajadora firma el registro de recepción del documento y, cogiendo el papel de las instrucciones, lo rompe delante de ella y de sus compañeras de trabajo. La empresa califica la actitud de la trabajadora como una falta de disciplina en el trabajo, conducta tipificada como infracción muy grave en el convenio colectivo, por lo que procede a su despido disciplinario. La trabajadora considera que la sanción es una represalia por haberse presentado como candidata por CCOO a las elecciones sindicales -en las que no resultó elegida-, por lo que presenta demanda solicitando que se declare la nulidad del despido por vulneración de sus derechos sindicales que fue estimada. Frente a la sentencia

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Para el TSJ Castilla-La Mancha, la conducta de la trabajadora, aun siendo reprochable, no reúne las características de gravedad e intensidad en el incumplimiento de las normas que rigen la relación laboral que justifiquen la imposición de la sanción más grave de las posibles como es el despido disciplinario. La trabajadora ha aportado indicios suficientes de la existencia de una vulneración de sus derechos sindicales. Ello se desprende del hecho de que 10 meses antes del despido la trabajadora formó parte de la candidatura de CCOO a elecciones sindicales. Además, varios trabajadores afiliados al mismo sindicato recibieron sanciones disciplinarias, algunas de las cuales fueron declaradas improcedentes en sede judicial y otras rebajadas en acta de conciliación. Acreditada la existencia de indicios suficientes de la existencia de una vulneración de sus derechos sindicales, corresponde a la empresa justificar que la sanción adoptada respondía a una decisión legítima ajena a cualquier intento de vulneración de derechos fundamentales. No habiéndose justificado esta circunstancia, el TSJ Castilla-La Mancha desestima el recurso interpuesto por la empresa y confirma la calificación de nulidad del despido.

DESPIDO POR UTILIZAR EL COCHE DE EMPRESA PARA ASUNTOS PROPIOS TSJ Castilla y León (Burgos) Sala de lo Social, 24/07/2019 Se declara procedente el despido disciplinario de un trabajador al acreditarse que, de modo reiterado, ha utilizado el vehículo puesto a su disposición por la empresa, sin comunicarlo previamente, ni existir consentimiento alguno, para actividades particulares y en su propio beneficio. Se considera que concurre una transgresión de la buena fe contractual. El trabajador prestaba servicios para la empresa cono supervisor para cuyo desempeño estaba autorizado a utilizar un vehículo de empresa exclusivamente para uso profesional. El 7-12-2018 la empresa comunica al trabajador su despido disciplinario. Los hechos alega-

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Jurisprudencia dos en la carta de despido son habituales abandonos de su puesto de trabajo durante su jornada y la utilización del vehículo puesto a su disposición, sin comunicación previa, ni consentimiento alguno, para actividades particulares y en su propio beneficio. La empresa considera, que no se trata de una situación puntual, sino una actuación deliberada y reiterada en el tiempo que constituye un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Los hechos estaban tipificados como una infracción grave y culpable por el convenio colectivo aplicable. Interpone demanda contra el despido solicitando su improcedencia, que es desestimada. EL TSJ considera que la actuación del trabajador constituye una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza ya que la empresa previamente al acto de despido había amonestado de forma verbal al trabajador. EL TSJ considera que la conducta del trabajador es claramente ajena a la buena fe contractual exigible y que la conducta debe ser sancionada con el despido. La buena fe contractual genera un deber de mutua fidelidad entre empresario y que la deslealtad implica una conducta totalmente contraria a la que habitualmente ha de observar el trabajador respecto de la empresa. Además, tomando en consideración las circunstancias que configuren el hecho, así como las de su autor, considera que la conducta del trabajador es grave y culpable. No aprecia el TSJ que la conducta del trabajador pueda encuadrarse dentro del hábito social generalizado de la tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios e instrumentos con que cuenta la empresa para el desarrollo de su actividad. Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador.

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES: ¿POSIBLE CAUSA DE DESPIDO? TSJ Madrid Sala de lo Social, 19/07/2019 Se declara procedente el despido de un trabajador por haber realizado comentarios y referencias inapropiadas sobre los compañeros y sobre la empresa en Twitter. Aunque no nombra a la empresa, ni a ningún compañero, y las referencias que realiza son genéricas, se considera que resulta fácil averiguar cuál es la empresa aludida con daño para su imagen.

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El trabajador prestó servicios para empresa hasta el 232-2018 en que se produce su despido disciplinario. En la carta de despido se hace constar que mientras la empresa participaba en una feria internacional, a través de los comentarios de una empresa cliente, tiene conocimiento de la actividad del trabajador en Twitter donde aparecía identificado con su rostro y nombre completo y de lo polémico de sus comentarios. Tras haber conocido estos hechos, la empresa comprueba: - que, durante días sucesivos, el trabajador ha tenido actividad en la citada red social en horario de trabajo; - que, aunque en sus comentarios no utiliza el nombre de la empresa, hace referencia de forma constante a su lugar de trabajo (la oficina) con mensajes completamente inapropiados (sic. "pero cómo de difícil es no sacarte la polla en la oficina; es la clase de lunes en la que ojalá poder ver porno en la oficina, no creen"); - que en sus comentarios hay referencias inapropiadas y ofensivas sobre sus compañeros de trabajo (sic "la cacho mierda de posventa que me odia, hemos de trabajar juntos para ayudar a nuestro distribuidor indio"); - además, la empresa tiene conocimiento que los citados comentarios que están empezando a difundirse entre todos los empleados y se está generando mal ambiente. A la vista de los hechos expuestos, la empresa procede a su despido disciplinario. Tras reclamar contra el despido y ser declarada su procedencia, el trabajador, que alega los hechos alegados son una sucesión de hechos sin importancia y de tuits malinterpretados y descontextualizados que en modo alguno justifican un despido, presenta recurso de suplicación ante el TSJ. El TSJ considera que la forma de referirse a sus compañeros y a sus jefes en los tweets publicados constituye una ofensa verbal (ET art.52.2 c), además, supone una quiebra de la buena fe contractual pues la empresa referida resulta fácil de identificar y se transmite a terceros la impresión de que pueden practicarse determinadas conductas impropias en horario de oficina y en la propia sede de la empresa (ET art.52.2 d). Para el TSJ, se trata de comentarios escritos desde un perfil público de Twitter, alguno de ellos, al menos, lanzado en tiempo de trabajo, que por su contenido son gratuitos, inapropiados y poco edificantes, así como ofensivos para algún trabajador de la empresa, incluidos sus directivos, que son fácilmente identificables por los datos facilitados. Además, son indicativos de un estado de cosas en el centro de trabajo en el que presta servicios que no parece, precisamente, serio y halagüeño, lo que redunda en perjuicio del nombre y la posición competitiva de la empresa en el mercado.

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Jurisprudencia Considera que, aunque el trabajador era libre de expresar sus ideas y opiniones en las redes sociales, el derecho está limitado por el honor de las personas a las que se refiere y también, en este caso, por el buen nombre de la empresa para la que trabaja. Aunque en su defensa el trabajador también ha alegado la prescripción de los hechos enjuiciados, el TSJ considera, por una parte que desde que tuvo conocimiento de los tuits no ha trascurrido el plazo de 60 días , ya que, a pesar de tratarse de una red con perfil público, no puede exigirse que la empresa revise la cuenta de sus empleados- hacerlo le generaría problemas con sus empleados que verían observada su intimidad- ; y por otra que tampoco ha trascurrido el plazo de 6 meses (prescripción larga) ya que la publicación de los comentarios en Twitter supone una actuación continuada, en la que la doctrina interpreta que plazo de prescripción comienza a contarse desde el día en el que se cometió el último acto. Se desestima el recurso y confirma la procedencia del despido.

EFECTOS DE LA FALTA DE RESPUESTA DEL EMPRESARIO A LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE JORNADA TSJ Galicia Sala de lo Social, 15/07/2019 La falta de respuesta a la solicitud de reducción de jornada presentada dos meses antes de un despido disciplinario supone que si la causa no ha sido probada sea declarado nulo y no improcedente. El respeto a la buena fe contractual exige de la empresa una respuesta inequívoca a una solicitud de reducción de jornada. La trabajadora que tenía a su cargo un menor de 12 años solicita por escrito a la empresa una reducción de jornada por guarda legal. El mismo día, remite un correo electrónico a su superior inmediato comunicándole que si se le concedía una flexibilidad de entrada y salida de 15 minutos no sería necesaria tal reducción. Tras un intercambio de diversos correos electrónicos su superior le indica que el director de zona le autorizaba a llegar unos minutos más tarde a la entrada, recuperándolos a la salida. Dos meses más tarde, como consecuencia de una serie de incidencias, la trabajadora es despedida disciplinariamente. Durante el año anterior había disfrutado de una reducción de jornada por cuidado de menor que había sido cancelada antes de finalizar el periodo acordado.

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Presentada demanda de despido, el juzgado de lo social declara su improcedencia y la trabajadora, disconforme, presenta recurso de suplicación solicitando su nulidad y por tanto la readmisión. E TSJ recuerda que el ET art.55.5. b establece que el despido de los trabajadores que hayan solicitado alguno de los permisos por conciliación familiar, entre los que se encuentra la reducción de jornada por guarda legal (ET art.37.6), debe ser calificado como nulo. En el supuesto enjuiciado la trabajadora había solicitado una reducción de jornada por guarda legal sin recibir respuesta de la empresa, como por el contrario sí había sucedido en la reducción solicitada el año anterior. El hecho de que, tras la segunda solicitud, enviase diversos correos electrónicos a su superior, comunicándole que si se le concedía una flexibilidad horaria no sería necesaria la reducción, no significa que haya dejado sin efecto la solicitud inicial ya que no existía ninguna respuesta de la empresa. Además, de los correos posteriores y anteriores entre la trabajadora y sus superiores ni puede extraerse una respuesta favorable del órgano de la empresa competente para resolver ni tampoco que la trabajadora dejase sin efecto la solicitud de reducción que la empresa no respondió. Por otra parte, el TSJ señala que en la doctrina consolidada se establece que el deber recíproco de buena fe es consustancial a la relación de trabajo y que el respecto a este deber exigía de la empresa una respuesta inequívoca a la solicitud de reducción de jornada presentada por la trabajadora. Por ello, concluye que ante la falta de respuesta debe aplicarse el ET art.55.5. b y declararse la nulidad del despido puesto que no se ha sido acreditada su procedencia. Aunque en su recurso la trabajadora también alegó discriminación por razón de sexo, el TSJ apunta que el despido de una trabajadora que tiene concedido un permiso por razones de guarda legal, debe declararse como nulo por disposición legal, exista o no discriminación, ya que se impone la calificación de nulidad de manera automática. Se estima el recurso de suplicación planteado por la trabajadora y se declara la nulidad del despido condenando a la empresa a la readmisión de la trabajadora.

JORNADA A LA CARTA: ¿HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RRHH Y/O DERECHO INDIVIDUAL? Juzgado de lo Social nº 3 Gijón

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Jurisprudencia 29-8-19 Las controversias suscitadas en torno a las solicitudes de jornada a la carta deben resolverse valorando tanto las necesidades del trabajador como las necesidades organizativas y productivas de la empresa. Por ello, se ha rechazado una solicitud de cambio de un sistema de trabajo a turnos a un turno fijo porque el nuevo horario no cumple con la finalidad de conciliación perseguido y supone un perjuicio para la empresa y el resto de trabajadores. Hasta la entrada en vigor, el 13-3-2019, de la llamada jornada a la carta, la posibilidad de los trabajadores de adaptar su jornada de trabajo a las necesidades familiares exigía solicitar una reducción de jornada, y la consecuente reducción de salario. De este modo, los tribunales venían desestimando las solicitudes de cambio de un sistema de trabajo a turnos a un turno fijo si no se solicitaba la reducción de jornada. Este sistema ha sido refrendado recientemente por el TJUE al señalar que no es contraria al derecho de la UE una normativa que exige, para cambiar el sistema de trabajo a turnos rotatorios a uno fijo reducir la jornada de trabajo (TJUE 18-9-19, Ortiz Mesonero C-366/18). Tras la entrada en vigor de la jornada a la carta (ET art.34.8 redacc RDL 6/2019), los trabajadores pueden solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer frente a la conciliación de la vida familiar y laboral, sin necesidad de reducción de jornada. En cualquier caso, lo que se reconoce no es un derecho absoluto del trabajador que, una vez invocado deba ser reconocido por el empresario. Se trata, en realidad, de un derecho a solicitar una adaptación de la jornada razonable y proporcionada a las necesidades del trabajador y de la empresa, pudiendo esta rechazarla si le resulta excesivamente gravoso para su organización Los tribunales comienzan a pronunciarse ahora sobre las solicitudes de cambio de un sistema de trabajo a turnos a un turno fijo exclusivamente de mañana, especialmente en empresas con sistemas de turnos rotatorios. Dos recientes sentencias han resuelto sendas controversias suscitadas en torno a esta cuestión valorando tanto las necesidades del trabajador como las necesidades organizativas y productivas de la empresa y del resto de trabajadores de la empresa. - El Juzgado de lo Social nº 3 Gijón 29-8-19 rechaza la solicitud de una trabajadora, que prestaba servicios a turnos en una clínica veterinaria, de quedar adscrita a un turno de mañana de forma fija para atender al cuidado de su hijo de 3 años que iniciaba el colegio en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:15 a 17:00. El cambio de jornada solicitado perjudicaba de forma evidente a la empresa, que atiende el 75% de las consultas por la tarde, y al resto de compañeros que verían modificados sus turnos de trabajo. Sin embargo, no satisface adecuadamente la

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finalidad de conciliación porque no cubre el horario de comida del menor entre las 13:00 y las 15:15. El JS valora también la corresponsabilidad del padre en el cuidado del hijo quien, pese a estar separado de la madre, no tiene ninguna restricción en el régimen de visitas acordado. - El Juzgado de lo Social nº 1 Cáceres 15-7-19 estima parcialmente la demanda de una dependienta de un centro comercial en el que trabajan 14 empleados en régimen de turnos rotatorios de lunes a sábado. La trabajadora solicita la adscripción a un turno fijo de mañana para conciliar su vida personal y laboral. Estima parcialmente la demanda y reconoce el derecho de la trabajadora a quedar adscrita al turno de mañana de lunes a viernes teniendo en cuenta que el esposo de la trabajadora trabaja de lunes a viernes en horario de 16:00 a 21:00 por lo que no puede ocuparse del hijo. Además, no quedan acreditadas las dificultades organizativas alegadas por la empresa pues, aunque entre las 19 y las 21 horas es cuando más ventas se hacen, la empresa puede acomodar el horario del resto de trabajadores a la nueva situación. No obstante, mantiene el sistema de turnos rotatorios de los sábados pues el cónyuge no trabaja esos días y puede ocuparse del menor y además las ventas en las tienda son mayores.

CESES DE FUNCIONARIOS DOCENTES INTERINOS: TS cont-adm 9-7-19 El TS declara que no es discriminatoria la práctica de cesar en junio a los profesores interinos contratados en septiembre en centros no universitarios cuando se dejan de dar las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento. En relación al cese de 11 funcionarios interinos docentes no universitarios contratados para el curso 2011-12, el cese en sus puestos de trabajo por haber cesado las razones de urgencia y necesidad que motivaron sus nombramientos. Los trabajadores interpusieron recurso contencioso administrativo solicitando la nulidad de la decisión y que se declare su derecho a continuar en sus puestos hasta el comienzo de siguiente curso escolar. La demanda se desestima en la instancia mediante sentencia que el TSJ Castilla-La Mancha confirma. Los trabajadores recurren en casación. El TS recuerda que entre las causas de cese de los funcionarios interinos se encuentra la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento (art.10 Estatuto Básico del Empleado Público). Como quiera que

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Jurisprudencia el nombramiento de un interino debe estar basado en razones de urgencia o necesidad, cuando desaparecen estas razones, concurriría la causa legal para cesar a los docentes interinos. Al respecto el TJUE ha señalado que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera (TJUE 21-11-18, asunto Viejobueno Ibañez). En base a estas consideraciones el TS desestima el recurso de casación y declara que el cese de los funcionarios docentes interinos no universitarios de los Cuerpos Docentes al final del período lectivo del curso escolar, basado solo en la causa de que en los 2 meses restantes (julio y agosto) de este desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera.

NULIDAD DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL: TCo 3-7-19, cuestión nº 688/2019 El Tribunal Constitucional ha declarado nulo e inconstitucional el precepto que regula la cuantía de las pensiones de jubilación procedentes del trabajo a tiempo parcial por considerarlo discriminatorio al vulnerar el derecho a la igualdad con respecto a quienes tienen un contrato a tiempo completo. Además, esta forma de cálculo también constituye una discriminación indirecta por razón del sexo ya que estadísticamente la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. En aplicación del coeficiente de parcialidad establecido para el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, un profesor asociado de universidad vio reducido su período de cotización de 37 años y 10 meses, a 33 años y 3 meses, de modo que en lugar de acceder al 100% de la base reguladora de la pensión accedió al 95,06%. El trabajador considera discriminatorio este modo de cálculo pues solo se aplica el coeficiente de parcialidad a los trabajadores a tiempo parcial.

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Presentado recurso de amparo, la Sala 2ª del TCo plantea cuestión interna de inconstitucionalidad con relación a la LGSS/94 disp. adic.7ª.1. regla tercera.c vigente en el momento del hecho causante. La cuestión consiste en determinar si vulnera el derecho a la igualdad de trato y no discriminación la aplicación del coeficiente de parcialidad a efectos de calcular el período de cotización que sirve para fijar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El examen del precepto lleva al TCo a declararlo inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial. La cuantía de la pensión de jubilación se determina en función de dos factores: la base reguladora y el período de cotización, que a su vez sirve para fijar un porcentaje sobre la base reguladora. La base reguladora salvaguarda el principio de proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo y parcial, pues de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado se obtiene una retribución acorde. Sin embargo, en la fijación del período de cotización se toman reglas diferentes para los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial. En los trabajadores a tiempo completo el tiempo se computa por años y meses de cotización. En cambio, para los trabajadores a tiempo parcial, a los años y meses cotizados se les aplica un coeficiente de parcialidad, y el valor resultante se incrementa con un coeficiente del 1,5. Con este método de cálculo, el período de cotización para un trabajador a tiempo parcial no se corresponde con el que de manera natural deriva de los meses y años cotizados, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores a tiempo completo. Se observa, por lo tanto, una diferencia de trato en la fijación del período de cotización para unos de manera natural, en función del tiempo real, y para otros artificialmente a partir de un valor reductor, que no está justificada objetiva y razonablemente. El TCo considera también, en línea con la Sentencia del TJUE 8-5-19, C-161/18, que el precepto analizado provoca una discriminación indirecta por razón de sexo por cuanto que el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras. Por ello, el TCo declara inconstitucional y nulo el inciso “de jubilación y” contenido en la disp.adic.7ª.1.regla tercera.c LGSS/94 (incorporado en idénticos términos en la LGSS/2015 art.248.3), de forma que en la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación no se aplique el coeficiente parcialidad y que, en consecuencia, una vez acreditado el período de cotización mínimo exigido, se aplique la correspondiente escala general,

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Jurisprudencia sin reducir el periodo de alta con contrato a tiempo parcial mediante el coeficiente de parcialidad. El alcance de la declaración de inconstitucionalidad debe preservar la cosa juzgada, así como a las posibles situaciones administrativas firmes.

CARACTERES DEL ACOSO LABORAL: TCo 56/2019 EL Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo al considerar que existe acoso laboral por haberse vulnerado el derecho a la integridad moral del trabajador, un alto funcionario de Estado. Señala que para apreciar la existencia de acoso moral debe acreditarse que existen los siguientes elementos: intencionalidad; menoscabo personal del acosado; y que la actuación responda a la finalidad de vejar o humillar al trabajador o ser idónea para producir este resultado. Tras un periodo como cargo de confianza en el Consejo de Estado, un funcionario solicita la reincorporación al centro donde tenía derecho a la reserva del puesto de trabajo. A tal efecto, se le adjudica un puesto de asesor de nueva creación sin definición de atribuciones. La Administración le mantiene durante más de año y medio completamente desocupado, sin información sobre sus funciones, sin asignarle tareas y sin convocarle a reunión de trabajo alguna; situación que no padecieron los demás funcionarios de la entidad, que tenían atribuidas tareas específicas y despachaban individualmente con el secretario general. Ante esta situación, solicita reiteradamente, pero sin éxito, la asignación de responsabilidades o su traslado a otro destino. Por ello, en aplicación de un protocolo contra el acoso laboral, denuncia su situación ante la propia Administración, que resulta desestimada al entender que, a pesar de existir una prolongada postergación laboral, falta la violencia psicológica por hostigamiento que considera, presupone el acoso laboral. Disconforme con la resolución administrativa, el funcionario interpone demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa que desestima la pretensión descartando la existencia del acoso laboral al no haber quedado acreditado que la conducta haya estado acompañada de actos violentos. No considera que destinar a un trabajador a puestos carentes de trabajo y funciones, aún injustificable, sea constitutivo de mobbing. Por estas razones, al entender que la marginación laboral a la que fue sometido ha vulnerado derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la integridad moral (Const art.15), el funcionario interpone recurso de amparo ante el TCo.

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El TCo repasando su doctrina aprecia que la inactividad laboral prolongada a la que fue sometido el trabajador demandante de amparo sí afecta al derecho fundamental a la integridad moral y a la prohibición de tratos degradantes (Const art.15), por lo que en supuesto enjuiciado la cuestión debatida consiste en determinar si lo que se ha producido es una simple injerencia o una vulneración de este derecho. Para resolverla, interpretando su doctrina, el TCo declara que para afirmar que se ha producido una vulneración de este derecho, es necesario comprobar, atendiendo las circunstancias del caso, que concurren los siguientes elementos: a) Si la conducta enjuiciada es deliberada o, al menos, está adecuadamente conectada al resultado lesivo (elemento intención). b) Si ha causado a la víctima un padecimiento físico, psíquico o moral o, al menos, encerraba la potencialidad de hacerlo (elemento menoscabo). c) Si respondió al fin de vejar, humillar o envilecer o era objetivamente idónea para producir o produjo efectivamente ese resultado (elemento vejación). En caso de faltar este elemento no hay trato degradante, pero solo puede descartarse la vulneración del Const art.15 si la conducta enjuiciada: - tiene cobertura legal (legalidad); - responde a un fin constitucionalmente legítimo (adecuación); - constituye la alternativa menos restrictiva (necesidad) y produce más beneficios sobre otros bienes o valores que perjuicios en el derecho fundamental a la integridad moral (proporcionalidad en sentido estricto). En el supuesto enjuiciado la inactividad profesional del funcionario no ha sido accidental y hay indicios reveladores de su carácter intencional, no casual y la administración no ha acreditado la concurrencia de una finalidad o un objetivo legítimo. Por el contrario, con abuso de poder o arbitrariedad, se le marginó laboralmente durante un periodo largo, lo que presupone la existencia de menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador, lo que resulta idóneo para desprestigiarle, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad. A la vista de todo ello, atendidas la intensidad de los elementos examinados (intención, menoscabo y vejación) y las circunstancias del caso (la larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo), el TCo concluye que la administración ha dispensado al funcionario un trato calificado como degradante y, en cuanto tal, contrario a su derecho fundamental a

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Jurisprudencia la integridad moral. Además, aunque hubiera faltado el componente vejatorio y el trato dispensado no hubiera podido considerarse degradante, en ausencia de cobertura legal y de un objetivo legítimo, también se habría incumplido la necesidad de proporcionalidad, y se habría vulnerado el derecho a la integridad moral del funcionario. Por ello, el TCo declara sí ha sido vulnerado su derecho a la integridad moral, por lo que estima el recurso condena a la administración a restablecerle el su derecho. Asimismo, se declaran nulas tanto las resoluciones administrativas como judiciales dictadas en sentido contrario.

CÁLCULO DEL CRÉDITO HORARIO DE LOS DELEGADOS SINDICALES: AN 12-7-19 El sindicato puede optar entre nombrar delegados sindicales a nivel de empresa o de centro de trabajo. Si opta por nombrarlos a nivel de empresa, el cálculo del crédito horario para actividades sindicales se debe realizar teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa y no del centro de trabajo en el que el sindicato tenga representación en el comité de empresa. La empresa dispone de varios centros de trabajo en varias provincias con una plantilla aproximada de 8.000 trabajadores, 117 de ellos en el centro de Zaragoza. En las elecciones en el centro de Zaragoza, el Sindicato Aragonés de Servicios (SAS) obtuvo 13 votos de 95, por lo que nombró un representante de personal en el Comité de Empresa de Zaragoza. Posteriormente, y al amparo del art.10.1 de la LOLS, el sindicato constituye sección sindical estatal y nombra una delegada sindical que solicita el disfrute de 40 horas de crédito sindical. La empresa rechaza la solicitud argumentando que la sección sindical no cumple el requisito exigido por el convenio colectivo para tener derecho al crédito de horas sindicales ya que el sindicato tiene presencia únicamente en el centro de Zaragoza, que no alcanza el mínimo de 150 trabajadores. Por ello, considera el cargo de delegado sindical como impropio, con efectos únicamente de representación de los afiliados del sindicato y sin crédito de horas sindicales. El sindicato presenta demanda solicitando que se declare vulnerado su derecho a la libertad sindical. Considera que tiene derecho a nombrar un delegado sindical con derecho a un crédito horario de 40 horas semanales, pues para generar tal crédito horario no es necesario que el centro de trabajo donde el trabajador preste ser-

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vicios tenga más de 150 trabajadores, sino que deben tenerse en cuenta los trabajadores de todos los centros de trabajo de la empresa. Conforme a reiterada jurisprudencia del TS, la opción que el art.10 LOLS ofrece entre nombrar los delegados sindicales a nivel de empresa o de centro de trabajo, pertenece al sindicato como titular del derecho de libertad sindical. Si opta por el nivel de empresa, la aplicación de la escala (ET art.68) para determinar el número de horas sindicales de cada delegado sindical debe hacerse interpretando que el número de trabajadores a que se refiere cada uno de los niveles de la escala es de la empresa en su conjunto y no el de cada uno de sus centros de trabajo. En el supuesto analizado, el sindicato optó por organizar la sección sindical a nivel de empresa por lo que el número de horas sindicales de la delegada sindical debe determinarse en relación a la empresa en su conjunto. Por ello, la AN estima la demanda declarando la nulidad radical de la conducta de la empresa condenándola al pago de una indemnización de 6.250 euros por daños morales.

DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD: TJUE 11-9-19, C-397/18 El TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el JS nº3 de Barcelona en relación a si el despido por causas económicas de una trabajadora que tenía reconocida la condición de especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, es discriminatorio por razón de discapacidad cuando los criterios de selección utilizados son los de menor productividad, mayor absentismo y menor polivalencia. Una trabajadora adscrita a los procesos de ensamblaje y conformado de tubo plástico es diagnosticada de epicondilitis, razón por la que el 15-12-2011 se le reconoce la condición de “especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo”. La lesión, que fue calificada como enfermedad profesional, llevó a la trabajadora a estar en situación de IT durante varios periodos entre 2011 y 2014. Tras cada alta médica, la trabajadora fue declarada «apta con limitaciones» para ocupar su puesto de trabajo por lo que, en el año 2016, fue destinada preferentemente a puestos que requerían la manipulación de tubo pequeño, en los cuales no había tanto riesgo para su salud como en los puestos en los que se manipulaba tubo grueso. Pese a ello, durante el año 2016 la trabajadora estuvo en varias situaciones de IT (del 1

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Jurisprudencia de enero al 31 de marzo, del 6 al 20 de mayo y durante varios períodos a partir del 31 de agosto). El 22-3-17, la trabajadora, que se encontraba en situación de IT, fue despedida en el marco de un despido objetivo junto con otros 9 trabajadores. La selección de los trabajadores despedidos se llevó a cabo en atención a los siguientes criterios referidos a 2016: adscripción a los procesos de ensamblaje y conformado de tubo plástico; productividad inferior al 95%; menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y mayor índice de absentismo. El 21-4-2017, la trabajadora presentó demanda contra el despido, solicitando la declaración de nulidad, o subsidiariamente de improcedencia, del despido. El 4-8-17 la ITSS propuso sancionar a la empresa por adscribir a la trabajadora a puestos de trabajo cuyas condiciones eran incompatibles con las particularidades de su estado de salud, pues la trabajadora había rotado entre diversos puestos, pero en todos existían riesgos ergonómicos de afectación al sistema musculoesquelético para las extremidades superiores. Señaló que la empresa no había adaptado el puesto de trabajo para asegurar su compatibilidad con la salud de la trabajadora. El Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, conocedor del asunto, se pregunta si el concepto de «trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos», en el sentido del artículo 25 de la LPRL, es asimilable al concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78/CE. Considera que esta cuestión es un requisito previo para determinar si los criterios de selección empleados para despedir a la trabajadora vulneran directa o indirectamente el derecho a la igualdad de trato de las personas con discapacidad. En tales circunstancias, suspende el procedimiento y plantea al TJUE las cuestiones prejudiciales referidas a esas preguntas. El TJUE responde a la primera cuestión señalando que el estado de salud de un trabajador reconocido como especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, en el sentido del art.25 LPRL, que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo para su propia salud o para otras personas, solo está comprendido en el concepto de «discapacidad», en el sentido de la Directiva 2000/78/ CE, en caso de que ese estado de salud implique una limitación de la capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si en el asunto concurren tales requisitos.

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Respecto a los criterios de selección como el nivel de productividad, el grado de polivalencia en la empresa y el índice de absentismo, rechaza que supongan una discriminación directa por razón de discapacidad pues se aplican por igual a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Considera, por el contrario, que pueden suponer una diferencia de trato basado indirectamente en la discapacidad por las siguientes razones: - un trabajador con discapacidad está más expuesto al riesgo de tener un elevado índice de absentismo debido a las bajas por enfermedad relacionadas con su discapacidad; - un trabajador con discapacidad tiene en principio, como consecuencia de la limitación de su capacidad, menos posibilidades de obtener buenos resultados en relación con la productividad y la polivalencia, que una persona sin discapacidad. No obstante, esta discriminación indirecta no existe si el empresario cumple con su obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo, entendido como la eliminación de barreras que dificulten la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si la empresa llevó a cabo estas adaptaciones. Si llegara a la conclusión de que estas medidas no se adoptaron, procedería declarar que el despido objetivo del trabajador en base a los criterios empleados constituye una discriminación indirecta por motivos de discapacidad. El TJUE se pronuncia de nuevo en relación con la discriminación por razón de discapacidad El TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el JS nº3 de Barcelona en relación a si el despido por causas económicas de una trabajadora que tenía reconocida la condición de especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, es discriminatorio por razón de discapacidad cuando los criterios de selección utilizados son los de menor productividad, mayor absentismo y menor polivalencia.

NORMATIVA DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y CONCRECIÓN HORARIA: NO SE VULNERA EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA TJUE 18-9-19, asunto Ortiz Mesonero C-366/18

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Jurisprudencia No se opone al derecho comunitario una normativa nacional que establece el derecho del trabajador a reducir su jornada ordinaria de trabajo para atender el cuidado directo de menores o familiares con una disminución proporcional de su salario, sin que pueda acogerse a un horario de trabajo fijo manteniendo su jornada ordinaria de trabajo, cuando su régimen de trabajo habitual es de turnos con un horario variable. El Sr. Ortiz Mesonero, que presta servicios para la empresa en régimen de trabajo a turnos, tiene dos hijos, nacidos en 2010 y 2014, respectivamente. El 26-3-2018 solicita a la empresa trabajar exclusivamente en el turno de mañana, de lunes a viernes, manteniendo el mismo número de horas de trabajo, sin disminución de salario, para ocuparse de sus hijos. La solicitud fue denegada por su empresario. Frente a la decisión empresarial, el trabajador interpone demanda ante el juzgado de lo social. El juzgado de lo social recuerda que el ET art.37.6 no contempla la posibilidad de que el trabajador solicite otra franja horaria sin reducir su jornada de trabajo y su salario. Aunque, como en el supuesto enjuiciado, la actividad productiva se extiende a una franja horaria más amplia que la jornada de trabajo que debe realizar el trabajador, sí podría existir la posibilidad de, sin reducir jornada, adaptar el horario de trabajo para hacerlo compatible con las necesidades familiares. A juicio del juzgado de lo social, no contemplar esta posibilidad, puede suponer una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que según el INE la mayoría de las solicitudes corresponden a mujeres y que no impide apreciar la discriminación que en el supuesto enjuiciado el afectado sea un trabajador varón, ya que de apreciarse discriminación también serían aplicables a los trabajadores varones.

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En estas circunstancias, el Juzgado de lo social decide suspender el procedimiento y plantear al TJUE una cuestión prejudicial en la que se plantea si la normativa comunitaria (Dir 2010/18, que recoge el acuerdo marco sobre permiso parental y la CDUE art. 23 y 33.2) se opone a una normativa nacional que establece el derecho del trabajador a reducir su jornada ordinaria de trabajo para atender el cuidado directo de menores o familiares a su cargo, con una disminución proporcional de su salario, sin que pueda acogerse, cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de turnos con un horario variable, a un horario de trabajo fijo manteniendo su jornada ordinaria de trabajo. Recuerda el TJUE que ni la Dir 2010/18 ni el Acuerdo marco sobre el permiso parental contienen disposición alguna que permita obligar a los Estados miembros, en el contexto de una solicitud de permiso parental, a conceder al solicitante el derecho a trabajar con un horario fijo cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de turnos con un horario variable. Respecto de la CDUE establece no resulta aplicable ya que sus disposiciones únicamente se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión, lo que no sucede en este supuesto. Por tanto, el TJUE concluye que no se opone al derecho comunitario una normativa nacional que establece el derecho del trabajador a reducir su jornada ordinaria de trabajo para atender el cuidado directo de menores o familiares a su cargo, con una disminución proporcional de su salario, sin que pueda acogerse, cuando su régimen de trabajo habitual es un régimen de turnos con un horario variable, a un horario de trabajo fijo manteniendo su jornada ordinaria de trabajo.

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FARAÓN. REY DE EGIPTO Del 27 de septiembre de 2019 al 12 de enero de 2020. CaixaForum Sevilla

Autor: Fernando Blanco White Edita: Ediciones Alfar Sinopsis: Fernando Blanco Crespo, conocido como Fernando Blanco White, nació en Sevilla el 2 de febrero de 1786 y murió el 27 de enero de 1849. Era el menor de los hermanos de José María, con quien siempre guardó una muy estrecha relación. En 1808, tras la invasión francesa, se alista voluntario en el ejército español y es nombrado teniente, al ser de familia hidalga. A finales del mismo año lucha contra los franceses mandados por el propio Napoleón en la batalla de Somosierra, donde es hecho prisionero. Empieza así su cautiverio en Francia, que dura seis largos años, hasta que se escapa de su confinamiento en Chalons-sur-Saône junto con seis compañeros. Su objetivo era volver a España para seguir luchando, pero al no poder cruzar territorio enemigo, tienen que huir por Suiza, Alemania, Holanda e Inglaterra, desde donde esperaban volver a España; pero la guerra ya había terminado, así que se queda en Londres con su hermano José María, que vive allí exiliado. Escribe su Diario, en inglés, donde relata los pormenores de la huida desde Francia hasta Inglaterra. Ante la muerte de su padre, vuelve a Sevilla en 1816, y se incorpora al ejército como capitán, después de no pocos esfuerzos para su rehabilitación como no afrancesado ni traidor. En 1821 Fernando es elegido síndico popular en el ayuntamiento constitucional de Sevilla dirigido por Félix María Hidalgo, amigo suyo. También fue académico de la Real Academia de Buenas Letras y Vicecónsul de Bélgica. Al final se decantó por el mundo docente, e impartió clases de diversas asignaturas en la Universidad de Sevilla. En 1848 se presentó a las oposiciones a cátedra de Inglés del Instituto Universitario, hoy San Isidoro de Sevilla, con resultados satisfactorios, pero su salud ya deteriorada, y con el estrés de las oposiciones, no le permitió tomar posesión de su plaza, y murió el 27 de enero de 1849. Siendo enterrado en el cementerio que había en el Prado de San Sebastián.

Los Faraones, los Señores de las Dos Tierras, eran los encargados de proteger Egipto de sus enemigos y de garantizar la maat, el orden del universo. A través de una colección de objetos procedentes del British Museum, esta exposición explora los ideales, el simbolismo y la ideología de estos faraones, así como las realidades de la vida en el valle del Nilo. Tras las imágenes y los objetos del antiguo Egipto que han llegado hasta nuestros días se esconde la realidad de un imperio que ha fascinado al hombre a lo largo de la historia. "Faraón. Rey de Egipto" presenta dichos objetos para explicar la vida en esos tiempos, prestando especial atención a distintos aspectos del monarca egipcio como el carácter divino de los faraones, la simbología de las vestimentas y las joyas, la religiosidad, los rituales, la organización administrativa del país, las guerras expansivas y de protección y, por supuesto, la vida de palacio. Cerca de ciento treinta piezas de la colección del British Museum forman parte de esta exposición, entre las que destacan distintos trabajos de orfebrería, bustos imponentes y preciosos relieves de templos que acercan al visitante a la vida real y de poder del antiguo Egipto.

CINE 16 FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA Sedes: Teatro Lope de Vega, Cinesur Nervión, Teatro Alameda y Cine Zona Este. Fechas: Del 8 al 16 de noviembre. Organiza: Ayuntamiento de Sevilla El Festival de Cine Europeo de Sevilla llega a su decimosexta edición, del 8 al 16 de noviembre. Tiene como objetivo promover y difundir la cinematografía europea, estableciéndose como un lugar de encuentro anual para los talentos europeos de cine, periodistas especializados y profesionales del sector. Nueve días donde industria, público y crítica conviven alrededor de una selección del mejor cine europeo. Estrenos en España de las grandes películas del cine de autor contemporáneo, la presencia de buen número de talentos emergentes, la defensa decidida por el más joven cine español, el apoyo al cine andaluz y sobre todo la plena seguridad de que hoy, más que nunca, un festival de cine puede ser útil al público, a las películas y a los cineastas.

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III CONGRESO ANDALUZ DE PERSONAS CON CÁNCER Y FAMILIARES Sevilla, 15 y 16 de noviembre de 2019 Hotel Silken Al-Ándalus Avenida de la Palmera s/n 41012 Sevilla

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