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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 81 | Julio - Septiembre 2015 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Respaldo normativo a la profesión de Graduado Social 14

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Entrevista al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, D. Emilio De Llera. Artículo del Magistrado Sala IV del Tribunal Supremo D. Jordi Agustí. Artículo del Profesor Titular de Derecho Procesal de la UPO D. José Antonio Colmenero


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Editorial

¿Últimos kilómetros? Todo corredor de fondo (ahora se les llama ‘runner’) sabe que los últimos kilómetros antes de llegar a la meta en pruebas a veces ya corre más con el corazón que con la cabeza, y esto es aplicable a la vida en general, pudiéndose hacer un símil con nuestra profesión. Este verano se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Senado ha aprobado la reforma de Ley de Enjuiciamiento Civil, ambas leyes, junto con la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, nos incluyen en el Turno de Oficio en la Jurisdicción Social y nos equiparan plenamente de hecho y de derecho con otros profesionales jurídicos. La nueva LEC ordena la creación de una comisión para que en el plazo de un año se dictamine nuestra puesta en marcha dentro de la Asistencia Jurídica Gratuita.

no se pierda la esencia de la profesión nacida en el seno del Ministerio de Trabajo. Este esfuerzo necesita del apoyo de todos nosotros al igual que hicieron nuestros compañeros que nos precedieron, por eso formamos parte de la que puede ser la profesión más dinámica que existe. Por todo ello no estamos aún en el último kilómetro, pues debemos continuar todos trabajando, eso sí, con la lección aprendida de nuestros antecesores, recordando cómo lo han hecho, paso a paso, kilómetro a kilómetro. Así es como esta profesión consigue sus grandes metas. Si en algo ha destacado siempre esta profesión ha sido en que siempre hemos asumido los nuevos retos y los

Nuestra profesión y nuestros compañeros, antecesores y actuales, son unos auténticos corredores de fondo, paso a paso, kilómetro a kilómetro, con su propio ritmo y que, como cualquier carrera, parecía lento pero se iba avanzando hasta llegar a la actualidad, donde vemos la meta al conseguir los objetivos que nos vamos marcando.

cambios legislativos y de procedimiento alcanzando un éxito común por parte de todos y para todos. En muchísimas ocasiones por parte de muchos se nos ha reconocido públicamente como una profesión ejemplar por nuestra capacidad de adaptación y de resultados excelentes siendo el trabajo bien hecho nuestra mejor tarjeta de presentación.

Para nada es una falsa ilusión la de las nuevas generaciones de Graduados Sociales, pues tendrán un papel complejo, como es mantener el nivel de calidad de esta profesión que nos ha llevado generación tras generación a la situación que hoy disfrutamos. El conocimiento cada vez es más amplio, incluso hay compañeros que se especializan en gestión y otros en asuntos jurídicos por la excesiva complejidad de las materias. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en la profesión y para ello trabajarán las juntas de gobierno de los colegios con el apoyo de todos y cada uno de los compañeros, para que

Por ello, estamos seguros de que todos nos vamos a ilusionar y que gracias al trabajo anónimo pero excelente que ejercemos desde nuestros despachos no habrá repecho ni ‘sprint’ final que se nos resista. Nuestra trayectoria común nos avala y garantiza que alcanzaremos las metas que nos propongamos.

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Esta una profesión dinámica, viva, de fondo, dispuesta a seguir avanzando porque alcanzar la Justicia Social es un premio difícil pero para el que estamos preparados, experimentados e ilusionados como si del primer día se tratara.

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Justicia S cial Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona José Antonio Ortiz Márquez

Editorial 03 Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 05 Colegios de Graduados Sociales 06

Director: Rafael Hidalgo Romero.

Cursos y Jornadas 09 Vida Colegial 10

Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate

Universidad 12 Entrevista 14

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla Rosa Mª Torrecillas Castro

D. Emilio De Llera Suárez-Bárcena

Artículo 17

D. Jordi Agustí Julià

Artículo 20

Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla. com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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D. José Antonio Colmenero Guerra

Entrevista 24

D. José Miguel Lanne-Lenne Ortega

Artículo 27

D. Alberto Bobo Blanco Dr. Antonio Bauzano Poley

Artículo 29

D. Rubén Jiménez Gómez Dña. Cristina Montaño Vázquez

Número 81 Julio-Septiembre 2015

Movimiento Colegial 30 Artículo 33

D. Daniel Jaén Arenas

Jurisprudencia 34 Ocio 38 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

II cumbre de decanos y directores de facultades de RRLL y RRHH y nuestro Consejo General En la sede del Consejo General de Graduados Sociales se celebró una reunión con los decanos de las Facultades de Ciencias del Trabajo y Relaciones Laborales a la que asistió una nutrida representación de todas las universidades españolas donde se imparte el Grado en Relaciones Labores y Recursos Humanos.

El nuevo enclave de la profesión de Graduado Social en el ámbito procesal, y en consecuencia su futura competencia en la asistencia jurídica gratuita promovió un intenso debate en el que estuvo presente nuestro Vicepresidente y Secretario, D. Juan Antonio Montes, y nuestra Vocal de Formación y Relaciones con las Universidades Dña. Vanesa García.

Pleno Foro Tributario El pasado 1 de julio se celebró la séptima reunión del Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios en la Dirección General de la Agencia Tributaria, donde asistieron los representantes de los diferentes departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como las 10 Asociaciones y Colegios Profesionales participantes de este Foro, acudiendo por parte de este Consejo General de Graduados Sociales el miembro de la Comisión de Asuntos Fiscales José Castaño Semitiel. El Director General de la AEAT agradeció a los Colaboradores Sociales su importantísima aportación en la correcta aplicación de las normas tributarias y adelantó que tiene previsto la constitución de un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de“Suministro de Información Inmediata (SII)”, además de la creación a nivel territorial, de grupos de trabajo junto con las Delegaciones de la AEAT los cuales serán un nuevo canal de comunicación que estarán en contacto con este Foro Tributario nacional. Uno de los puntos tratados fue las consecuencias del incumplimiento de la presentación en plazo de la Declaración de Bienes en el Extranjero (Modelo 720). Intervino el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, considerando necesaria la realización de esta intervención debido a la “desinformación” aparecida sobre este asunto, en varios medios de comunicación, lo que hace necesaria explicar cuál es el proceder de la Agencia Tributaria, comunicando que actualmente se están realizando actuaciones sobre algunos incumplidores del modelo 720, encontrándose con dos situaciones diferentes: a) No declarantes: En este caso, la Administración Tributaria, considera que el valor de los bienes conocidos supone para el Contribuyente una Ganancia Patrimonial no justificada, salvo que éste pueda acreditar que esos bienes proceden o se corresponden con rentas declaradas. Si es la Administración quien realiza esta regularización como ganancia patrimonial, se aplicaría la sanción del 150%. b) Declarantes pero con presentación fuera del plazo: En este caso hay establecida una sanción formal, con un mínimo de 1.500 euros y sobre el que se pueden aplicar las reducciones legalmente establecidas. Si esta regularización, fuera del plazo, se realiza voluntariamente y sin requerimiento previo de la Administración; será aplicable el recargo del

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20% y la posible sanción con su correspondiente reducción, si procede. Concluye informando que en la actualidad la campaña se está realizando sobre los Contribuyentes que tienen bienes importantes en el extranjero y no han presentado el modelo 720 ni han regularizado, por lo que se considera que pretenden la ocultación de los mismos. Otro de los puntos tratados fue el balance provisional de la Campaña de IRPF 2014, donde el Director del Departamento de Gestión Tributaria comunicó que la evolución de la Campaña de IRPF 2014 se ha realizado sin incidentes y que valoran positivamente el incremento de las presentaciones realizadas por Internet. Como novedades destacables de esta campaña menciona: • Unificación de los plazos y del calendario del borrador y de la Declaración. • Mejoras introducidas en el programa PADRE. • La introducción de la información sobre el destino de nuestros impuestos. • La introducción del proyecto VERIFICA. • La implementación del proyecto “RENTA WEB” que este año se ha utilizado en las oficinas de la AEAT y para la próxima campaña estará disponible para todos los contribuyentes. Presenta los números referidos a esta campaña de IRPF, comparándolo con ejercicios anteriores, y cuya presentación, en formato PDF, se adjunta a la presente nota. Tras las intervenciones de los asistentes se concluyó que se debe profundizar e implementar el certificado de la Colaboración Social, así como el Proyecto VERIFICA, al que actualmente los Colaboradores Sociales no van a poder acceder. Se finalizó este pleno proponiendo a la AEAT: 1) Crear un grupo de trabajo para resolver las incidencias que van surgiendo con el Sistema de Cita Previa. 2) Estudiar la posibilidad de tener en la AEAT algunos especialistas que puedan resolver las consultas técnicas tributarias realizadas por los profesionales y que no pueden ser resueltas por el servicio de información tributario básico.

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Colegios de Graduados Sociales

V Curso de Verano del Colegio de Almería primer día con las conferencias ‘La dimensión práctica de la demanda laboral’, ‘Cómo predisponer a un Tribunal: técnica de las conclusiones provisionales y el alegato inicial o de apertura’.

Foto de grupo de los asistentes.

Los pasados 3 y 4 de julio la localidad almeriense de Vera acogió el V Curso de Verano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. Con gran éxito de público, entre el que se encontraba nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, el tradicional curso de verano contó el

Ya por la tarde, se trató ‘Cómo convencer a un Tribunal: El arte de probar (en particular, anatomía de la prueba documental y su impugnación, de interrogatorio, testifical y pericial) y ‘Cómo conmover a un Tribunal: Técnica de las conclusiones definitivas y el alegato final o de clausura’. A continuación se llevó a cabo una cena en la que intervino D. Juan de Dios Camacho, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba. Al día siguiente se celebró el taller ‘La Vibración en nuestras vidas y la epigenética’, impartido por D. Francisco Mañas, Maestro Reiki, finalizando el curso con el almuerzo de clausura.

El Colegio de Cádiz clausura el Curso Procesal y Laboral de su Escuela ‘Rafael Martínez Emperador’ so el cierre a las once sesiones formativas impartidas por expertos en distintas materias jurídico-laborales.

Ponentes en el curso de la Escuela ‘Rafael Martínez Emperador’.

El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, D. José Blas Fernández, destacó ante los participantes en el curso e invitados, estudiantes de la UCA y profesionales del derecho y el ámbito social y laboral, que “la formación y la actualización de conocimientos es una de las metas de nuestra corporación profesional. El objetivo de este curso ha sido ofrecer el mejor reciclaje profesional para el ejercicio de una profesión jurídica como la nuestra, y estar así actualizados de los conocimientos y especialización que debemos tener como operadores jurídicos”.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebró el pasado mes de julio la clausura y entrega de diplomas del curso Procesal-Laboral, desarrollado a lo largo de los dos meses anteriores a través de su Escuela de Práctica Jurídica-Laboral ‘Rafael Martínez Emperador’. El acto se desarrolló en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz y supu-

Por el curso pasaron destacados profesores como Dña. Carmen Pérez Sibón, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o D. Fernando Sicre Gilabert, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, que presentó su libro ‘Accidente de Trabajo: La Responsabilidad del Empresario en los Órdenes Administrativo, Penal, Civil y Laboral’ al término de la entrega de diplomas.

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Colegios de Graduados Sociales

Éxito de convocatoria en la I Jornada Laboralista del Colegio de Jaén en los tribunales y en la jurisprudencia que ya existe del Tribunal Supremo y que emana hacia el resto de órganos judiciales que emiten sentencias y revisan casos todos los días.

Inauguración de la I Jornada Laboralista en Jaén.

El pasado 18 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Jaén, se celebró la I Jornada Laboralista, organizada en colaboración con la Fundación Justicia Social, y que contó con la presencia de nuestro Vicepresidente 1º, D. José Ramón Barrera, y de nuestro Vocal D. Juan José Guijarro. Nombres como D. Jesús Gullón, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la Magistrada del Supremo, Dña. Lourdes Arastey, el Juez de enlace con Francia, D. Javier Gómez Bermúdez, el Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social D. Cristóbal Molina y las Juezas del Juzgado nº1 y nº 4 de Jaén, Dña. Francisca Martínez y Dña. María Dolores Martín, analizaron los resultados desde una perspectiva amplia, minuciosa y rigurosa de los tres años de la puesta en marcha de la Reforma Laboral. El encuentro sirvió para hacer un análisis de cómo ha cambiado el marco jurídico laboral, observando qué consecuencias e interpretaciones ha tenido esta norma

El Alcalde de Jaén, D. José Enrique Fernández de Moya, ensalzó la organización de este Foro, pues “es una jornada muy importante porque reúne a expertos que trabajan en asuntos que afectan a todos los ciudadanos”. Por su parte, la Presidenta de la Audiencia Provincial, Dña. Elena Arias-Salgado, indicó que “se sentía muy contenta por que este encuentro se hiciese en Jaén y muy orgullosa del nivel que existe de profesionales en este auditorio”. De su lado, el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén, D. Francisco Rodríguez, que estuvo acompañado en la clausura por el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, D. José Esteban Sánchez, explicó que el objetivo principal de la jornada era difundir el estudio y análisis del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Para finalizar, el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, D. Javier San Martín, calificó de éxito rotundo la organización de este encuentro que reunió a graduados sociales, abogados, jueces, letrados de la Seguridad Social y estudiantes del grado de Relaciones Laborales, demostrando que la provincia de Jaén destaca en el gran número de personas que tienen una alta preparación dentro de nuestra profesión.

Curso de verano de la UNIA en el Colegio de Málaga El curso se desarrolló durante veinte horas de intenso trabajo en las que alumnos universitarios de ciencias sociales y jurídicas, profesionales de la Administración Pública y del sector privado como empresas, sindicatos, despachos profesionales, abogados y graduados sociales abordaron uno de los temas estrella del Orden Social: las prestaciones sociales y su conflictividad judicial. El Presidente del Colegio de Málaga, D. Juan Fernández, y el Director del curso, D. Francisco Vila, acompañados de alumnos y profesores en la clausura.

El 7 de julio quedó inaugurado el Curso de Verano que, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), celebró el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga en su sede con el título 'Prestaciones sociales, asistencia social y conflictividad judicial'.

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Por este motivo, el curso se basó en debates abiertos, participativos, y en los que los ponentes trasladaron, no un marco meramente teórico o descriptivo, sino la realidad que representa y responde a la problemática a la que se enfrentan en el día a día los profesionales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

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Cursos y Jornadas

Los colegiados reciben con interés la Jornada sobre Aplicación de Criterios de Honorarios Los colegiados asistieron en la tarde del pasado 24 de septiembre a la ‘Jornada sobre aplicación de criterios de honorarios y normas deontológicas de los Graduados Sociales’ que impartió el compañero D. Federico Martínez-James y que presentó la Vocal de Formación de nuestro Colegio Dña. Ana Ruiz. En palabras del ponente, se trató de una distendida charla entre compañeros. En ella informó de la limitación en materia de tasación de costas y jura de cuentas, delimitando las competencias, explicando los procedimientos de jura de cuentas y tasación de costas así como las formas de minutar ambos procedimientos. Los colegiados escuchan la ponencia del compañero Martínez-James.

Por otro lado, recordó el consejo que se ha dado desde la Junta de Gobierno de nuestra Corporación para que los Graduados Sociales firmen hojas de encargos, que siempre las tengan, ya que prevalecen en el supuesto de jura de cuentas. Finalmente, explicó el funcionamiento de las nuevas tarifas

de honorarios, que se aprobaron en mayo del presente año y habló de la institución de la venia, de la obligación de los compañeros de concederla y de las obligaciones que afectan al compañero saliente y al entrante en los casos de cambio de cliente.

Numerosos colegiados adquieren estrategias para la preparación de juicios orales Esta jornada se ha llevado a cabo por nuestro Consejo Andaluz en todos los Colegios andaluces.

Instantánea durante la jornada.

El Magistrado del Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba, D. Juan de Dios Camacho, ofreció el pasado 9 de julio la jornada titulada 'La Mejora en Estrategias, tácticas y técnicas procesales laborales: herramientas para la vista oral', en la que se centró en la preparación del caso del juicio oral. El Sr. Camacho proporcionó estrategias para el estudio de la demanda,

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preparación y ejecución de pruebas y conclusiones. Además, habló de cómo predisponer a un tribunal, para lo que señaló la técnica de las conclusiones provisionales y el alegato inicial o de apertura, también de cómo convencer a un tribunal, y en concreto, "el arte de probar". Aportó las herramientas necesarias para la construcción del caso, trató la dimensión práctica de la demanda laboral e indicó cómo conmover a un tribunal mediante la técnica de las conclusiones definitivas y el alegato final o de clausura. Esta jornada, que fue presentada por nuestro Vicepresidente, D. José Ramón Barrera, se ha llevado a cabo por nuestro Consejo Andaluz en todos los Colegios andaluces, dado que el tema es de especial relevancia para todo el colectivo y de esta forma se puede acceder de una manera más cómoda y eficiente. Graduados Sociales n.º 81 • 2015


Vida Colegial

II Premio ‘Procuradora Ascensión García Ortiz’ del Colegio de Procuradores de Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz, la Comisionada del Pol. Sur, la Decana y nuestro Presidente.

tacó del premiado su “vocación y empeño cotidiano en potenciar los mecanismos de diálogo, su destreza jurídica, sentido del deber, ética bien probada, honradez en todos los sentidos y de sobra dignidad judicial”. Por su parte, el Presidente de la Audiencia, señaló su satisfacción por este galardón, asegurando que “era un orgullo y un honor” y añadiendo que había recibido de la procura sevillana “mucho más de lo que él hubiera podido darle”. El Presidente y Vicepresidente 1º de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente, fueron testigos de la entrega de este premio, que nace en memoria de la procuradora Dña. Ascensión García.

El Consulado de Portugal acogió la tradicional Cena anual del Colegio de Procuradores de Sevilla en el marco de los actos en homenaje de su patrona, la Virgen del Carmen, cena en la que se llevó a cabo la entrega del II Premio ‘Procuradora Ascensión García Ortiz’ otorgado por el Colegio por segundo año consecutivo a aquellas personas o instituciones que se hayan significado por una brillante trayectoria profesional y humana y que ha recaído en esta ocasión en el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, D. Damián Álvarez. La Decana del citado Colegio, Dña. Isabel Escartín, des-

Asistentes en el Consulado de Portugal.

Firma del acuerdo de colaboración con el Banco Santander poración, D. Rafael Hidalgo, que estuvieron acompañados por el Director de Zona 1 de Sevilla, D. Santiago Mora, la Directora de la oficina ubicada en la Campana, Dña. Socorro Ortega, el Responsable Comercial en Andalucía, D. José Antonio Lara, y nuestro Vicepresidente, Secretario y Tesorero, D. José Ramón Barrera, D. Juan Antonio Montes, y D. Juan Carlos Castro, respectivamente.

Momento de la reunión.

Este jueves, 31 de julio, tuvo lugar la firma del acuerdo de colaboración entre el Banco Santander y nuestro Colegio, un acuerdo que ha sido firmado por el Director Territorial en Andalucía de la entidad bancaria, D. Alberto Delgado, y por el Presidente de nuestra Cor-

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El acuerdo hace referencia a una oferta financiera para los colegiados que se hagan clientes del citado banco y que cuenta con beneficios exclusivos para los profesionales del ámbito de la Justicia con una oferta relacionada con financiación, seguros, tarjetas así como una aplicación de Cuentas de Consignación, a través de la que se puede solicitar el acceso a los Expedientes, en los que esté personado el colegiado, al Secretario Judicial.

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Vida Colegial

Otorgado el III Premio RSE Diputación-CES El objetivo de este premio es reconocer públicamente las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas sevillanas, si bien el jurado valoró muy positivamente en la gran empresa premiada su apuesta por la sostenibilidad, como una de sus prioridades de negocio, y en la pyme su carácter de empresa socialmente responsable y su apuesta por implantar políticas de calidad, seguridad y salud laboral, plan de igualdad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente, políticas de mejora continua y de atención al cliente. El Sr. Castellano y el Sr. Rus.

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) junto a la Diputación Provincial de Sevilla distinguieron con el III Premio Responsabilidad Social Empresarial a las empresas Heineken, en el apartado ‘Gran Empresa’, y Estudios y Ejecuciones S.A., en el de ‘Pyme’ entre las diez empresas finalistas de esta tercera edición. Al acto, que estuvo presidido por el Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, D. Fernando Rodríguez Villalobos, el Presidente de la CES, D. Miguel Rus, y el Presidente de la Fundación Cajasol, D. Antonio Pulido, acudió en representación de nuestro Colegio el Vocal D. Venancio Castellano. Premio RSE Diputación-CES.

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Universidad

Acto de apertura del curso 2015/16 de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US alumnos de cara a los estudios que comienzan asegurando que “no se arrepentirían” de haber optado por este grado, pues aporta unos “conocimientos globales muy amplios”.

Presentación para los alumnos del turno de tarde.

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla celebró el acto de apertura del nuevo curso académico el pasado 21 de septiembre. Al acto de apertura, que se celebró tanto en turno de mañana como de tarde, acudieron las Vocales Dña. Vanesa García y Dña. Margarita Guerrero en representación de nuestra Corporación. Presidido por la Decana de la Facultad, Dña. Milagro Martín, dicho acto contó con la presencia de numerosos alumnos de nuevo ingreso que cursarán el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos así como el nuevo doble Grado en Relaciones Laborales y Finanzas y Contabilidad, para cuya primera promoción será este el último curso. Los alumnos también fueron recibidos por la Directora de la biblioteca del centro, la delegada de alumnos y los responsables del departamento de informática, que explicaron mediante diapositivas los distintos asuntos de interés tendiendo su mano a los nuevos alumnos. La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Valentín Escribano, licenciado en Derecho y profesional de habilidades comunicativas y de oratoria.

De su lado, nuestra vocal Dña. Margarita Guerrero comenzó sus palabras aseverando que el Graduado Social “contribuye al bienestar social”. Igualmente, señaló las distintas salidas profesionales de estos estudios y desde su experiencia animó al ejercicio libre de la profesión, que, afirmó, “da muchas satisfacciones en su desarrollo”. Por último, destacó de nuestra Corporación su alta actividad formativa, requisito fundamental para el desarrollo y reciclaje del Graduado Social. Finalmente, la Decana se dirigió a los estudiantes para señalar que son unos “privilegiados por estar aquí”, si bien desde la Facultad se pondrán todos los medios pero “la oportunidad de labraos un futuro es únicamente vuestra”, concluyó.

De su lado, nuestra vocal Dña. Margarita Guerrero comenzó sus palabras aseverando que el Graduado Social “contribuye al bienestar social”.

‘La magia de la conversación para el alumno universitario’ fue como tituló esta interesante y atractiva conferencia; a través de ella involucró directamente a los oyentes instándoles a que interactúen y promuevan sus relaciones personales, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de las reflexiones internas para poder avanzar en el camino profesional. Previamente, en la presentación de la mañana, nuestra vocal Dña. Vanesa García habló de las salidas profesionales de la profesión de Graduado Social destacando la vía jurídica y la gestión empresarial. Además, animó a los

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Presentación para los alumnos del turno de mañana.

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Universidad

La Universidad de Sevilla rinde homenaje al profesor D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel

Homenaje profesor US.

La Universidad de Sevilla acogió una jornada de homenaje al profesor D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, recientemente fallecido, que se inició en el Campus de Pirotecnia con dos mesas de debate alrededor del campo de estudio del profesor Alarcón, acto al que acudió nuestra Vocal de Formación y Relaciones con Universidades Dña. Vanesa García y que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre. El acto, plagado de compañeros, amigos y familiares del que fuera, entre otras ocupaciones, miembro de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo desde el año 2010 hasta su fallecimiento, fue recordado por los miembros de la mesa, compañeros de las distintas universidades, de

despacho y de la propia sala del Supremo en un acto que estuvo presidido por el Rector en funciones de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Ángel Castro, quien destacó "la figura multidimensional de uno de nuestros más ilustres profesores, un hombre comprometido con el mundo de su tiempo, de un grande del ámbito del Derecho y de una persona que siempre asumió sus responsabilidades universitarias con entusiasmo y generosidad". El Rector estuvo acompañado por D. Miguel RodríguezPiñero y Bravo-Ferrer, consejero permanente de Estado; D. Fernando Salinas Molina, Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social; Dña. Julia López López, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; D. Jesús Cruz Villalón, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; D. José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y D. Rafael SánchezBarriga Peña, letrado del Iltre. Colegio Oficial de Abogados de Sevilla. Posteriormente, el Paraninfo albergó el homenaje de sus compañeros y de la Facultad de Derecho, de la que fue decano durante el periodo 1998-2006.

Celebrado el III Congreso Nacional de Buenas Prácticas Jurídico-Procesales El ‘III Congreso Nacional de Buenas Prácticas JurídicoProcesales para reducir el gasto social’ tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Al mismo asistieron nuestro Vicepresidente D. José Ramón Barrera y los Vocales D. Juan José Guijarro y D. Alejandro Nisa. Este Congreso contó con personalidades como el letrado jefe del INSS D. Andrés Trillo, el Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, D. José J. Pérez-Beneyto, que expuso la conferencia titulada ‘Obesidad, discapacidad y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea’, o el profesor doctor D. HansJoachim Reinhard, que, de igual modo, pronunció una interesante ponencia: ‘Prestaciones no contributivas de desempleo para migrantes en Alemania: los casos Dano y Alimanovic’. Asimismo, participaron en una mesa redonda que fue llamada ‘Conclusiones del proyecto buenas prácticas jurídico procesales en Derecho Laboral y Comunitario’ las profesoras doctoras Dña. Ana Chocrón, Dña. Mª Teresa Velasco, Dña. Esperanza Roales, Dña. Fuencisla Rubio (doctoranda) y Dña. Mª Dolores Ramírez. Para finalizar

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Ponentes y algunos de los asistentes al Congreso.

el congreso, la profesora doctora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas Dña. Dolores Carrascosa expuso su conferencia ‘Prácticas en la coordinación de la Seguridad Social de los trabajadores fronterizos en la Unión Europea’, lo que dio lugar a un debate con el que se puso fin al Congreso.

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Entrevista

D. Emilio De Llera Suárez-Bárcena

Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

“Se están viendo las ventajas que proporciona ‘Lexnet’, sobre todo en ahorro de tiempos”

D. Emilio De Llera Suárez-Bárcena es el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía desde mayo de 2012. Ingresó en la carrera fiscal en 1979 y ha desarrollado su carrera en las Audiencias de Bilbao, Badajoz y Sevilla, donde se trasladó en 1983 para desempeñar el cargo de Fiscal Decano de la Fiscalía Provincial. En cuanto a su actividad docente e investigadora, ha sido profesor del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla y del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología. C.O.G.S.S.- Afronta una nueva legislatura como Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, ¿qué objetivos se ha marcado? Emilio De Llera.- Las personas, sus necesidades y su atención, van a ser, de manera incuestionable, los destinatarios principales que orienten el día a día nuestra responsabilidad como servidores públicos. Y eso lo vamos a seguir haciendo desde el diálogo y la colaboración permanente, con rigor, honestidad y transparencia, para mejorar la calidad del servicio público que ofrecemos a la ciudadanía de esta comunidad. C.O.G.S.S.- Estamos atravesando un periodo, largo ya, de colapso en los Juzgados de lo Social de Sevilla, ¿qué proyectos podrían llevarse a cabo desde su Consejería para aliviar esta situación? E.LL.- El mayor problema que presenta la Administración de Justicia en Andalucía y en España en general es el alto porcentaje de litigiosidad, que provoca una sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales. En particular, las jurisdicciones de lo mercantil y lo social soportan una alta litigiosidad, que se ha incrementado notablemente en estos años de crisis económica. Y para paliar esa situación, la Junta de Andalucía ha venido nombrando refuerzos en los juzgados que ayuden a mejorar la pendencia y la resolución de asuntos. Pero, en todo caso, no olvidemos que lo que falta no es personal, puesto que en Andalucía la tasa de funcionarios de la Administra-

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ción de Justicia por cada 100.000 habitantes se sitúa en 88,9, superior al promedio europeo. Por tanto, nuestras líneas de actuación en este sentido han de ir orientadas, más que a una mayor dotación, a una optimización en la organización de los recursos humanos, tal como se establece en el decreto de creación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal que estamos desarrollando. En realidad, lo que faltan son nuevas plazas de jueces, puesto que si se aumentan los recursos humanos en un juzgado de forma extraordinaria, éstos sirven a un solo juez y eso no evita el cuello de botella que puede producirse ante la falta de resolución. La solución pasa, por tanto, por que el Gobierno central dote de más jueces a Andalucía, cambie la ley de enjuiciamiento criminal para dar más celeridad a la instrucción y proporcione a Andalucía la financiación que le corresponde para la Administración de Justicia. C.O.G.S.S.- La próxima reforma de la Ley de Justicia Gratuita plantea ya la posibilidad de que el Graduado Social, como representación técnica en materia laboral y de Seguridad Social, preste el servicio. ¿Qué opina sobre este hecho? E.LL.- Todo lo que contribuya a la mejora de la prestación del servicio de justicia gratuita del que se benefician las personas en una situación más vulnerable me parece bienvenido. Todos los profesionales y operadores que trabajan desde cualquier ámbito en la Administración de Justicia pueden contribuir a la mejora de esta prestación básica que garantiza a toda la población el acceso a una tutela judicial efectiva. Este Gobierno va a seguir priorizando en esta nueva legislatura la financiación y mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita, y, en estrecha colaboración con los colegios profesionales, va a trabajar para mejorar la calidad y la agilidad de esta prestación de la que se benefician más de 300.000 andaluces cada año. C.O.G.S.S.- Respecto a la administración electrónica en Justicia y el servicio telemático de notificaciones ‘Lexnet’

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Entrevista para Graduados Sociales es un hecho, ¿podría decirnos si hay una fecha prevista para llevar a cabo su completa implantación en los Juzgados de lo Social como única vía de comunicación? E.LL.- Técnicamente, el sistema Adriano está preparado para notificar a cualquier graduado social que se encuentre dado de alta en Lexnet. De hecho, los juzgados de lo Social de Sevilla ya están notificando a través de Lexnet a procuradores y graduados sociales, y ya se están viendo la ventajas que proporciona este medio de notificación, sobre todo en ahorro de tiempos. El establecimiento de una fecha para la eliminación completa del papel es una decisión que compete al propio Colegio, al decano de jueces, a la secretaria Coordinadora y al presidente de la Audiencia, quienes firmaron al respecto un protocolo de actuación el pasado mes de mayo. No obstante, para que sea un éxito, deberían estar todos los colegiados dados de alta en Lexnet, lo que aún no ocurre. C.O.G.S.S.- Respecto a la presentación de escritos, recogida en el ‘Protocolo de funcionamiento del sistema telemático para la realización de actos de comunicación procesal y presentación de escritos’, ¿cuándo está previsto que se habilite esta opción? E.LL.- Actualmente, se están terminando los trabajos para que se puedan presentar escritos a través de Lexnet. La intención es tener operativa en octubre la funcionalidad de presentación de escritos “no iniciadores de trámite” para realizar una prueba piloto con algunas sedes. Estamos barajando la posibilidad de poner la funcionalidad en marcha en los partidos judiciales de Vélez-Málaga y de El Ejido y, a partir de ese momento, se podrá ir ampliando esta posibilidad al resto de órganos judiciales andaluces, con la intención de tenerlo plenamente operativo en julio de 2016. C.O.G.S.S.- La mediación tal y como se refleja en la LRJS no es un mero trámite procesal, sino que tiene el espíritu de conciliar a las partes, pese a que las competencias del CMAC y SERCLA pertenecen a la Consejería de Empleo, ¿se plantea desde Justicia reforzar dichos servicios a fin de hacer una mediación real y evitar procedimientos en los Juzgados, como ya lo hacen otras Comunidades Autónomas? E.LL.- El funcionamiento de instituciones como las que ha mencionado, así como el impulso para conseguir una adecuada implantación de la mediación en Andalucía y que realmente sea una forma de resolver conflictos al margen de los tribunales, exige una madurez no solo de la ciudadanía, sino también de los diferentes operadores jurídicos. Debemos saber que la mediación es un procedimiento eminentemente voluntario, donde son las partes en conflicto quienes a través de un mediador debidamente formado pueden llegar a una solución de su problema. Pero, para ello, deben conocerla y los distintos profesionales que asesoran e intervienen en ella

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deben también conocerla y aconsejarla, y no desprestigiarla y convertirla en un simple trámite. Por todo esto, desde la Consejería de Justicia e Interior se trabaja en diversas líneas, en la divulgación de la mediación como una auténtica forma de resolver los conflictos, y en velar por una formación de calidad en los mediadores. Consideramos que la verdadera implantación de la mediación no solo depende de que desde las administraciones se ofrezcan servicios, sino de un cambio de mentalidad, y eso depende de todos, de los órganos judiciales y de todas las personas relacionadas con un procedimiento judicial.

"La intención es tener operativa en octubre la funcionalidad de presentación de escritos “no iniciadores de trámite” para realizar una prueba piloto en algunas sedes" C.O.G.S.S.- Incluso después de llegar al juzgado, muchos procedimientos, que podrían ser objeto de la mediación, esperan el señalamiento. Sin embargo, en otras Comunidades hay proyectos de mediación en sede judicial para evitar procesos y una justicia tan tardía, ¿prevé su Consejería un proyecto similar? E.LL.- En esta legislatura, vamos a implantar progresivamente en todas las sedes judiciales de Andalucía los denominados Puntos de Información de mediación. Recientemente he firmado con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un convenio para el impulso de la mediación, que da cumplimiento a lo establecido tanto en nuestra normativa procesal interna, como a la Ley de Mediación y directivas europeas. Con este convenio, la Consejería de Justicia e Interior, a través de la Fundación Mediara y de mediadores especializados, facilitará a los órganos judiciales y a la ciudadanía información sobre la mediación y otras formas de resolución de conflictos, no como alternativa al proceso judicial, sino al mismo nivel, fundamentalmente a través de la apertura de puntos específicos en los edificios que albergan los juzgados en la comunidad andaluza. Además, la Administración andaluza aportará, en la medida de lo posible, los espacios adecuados y los medios materiales necesarios para llevar a cabo la tarea de fomentar el uso de la mediación como sistema de resolución de conflictos e, igualmente, facilitará semestralmente al Consejo General del Poder Judicial el resultado de las deriva-

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Entrevista ciones llevadas a cabo por los órganos judiciales a los diferentes programas puestos en marcha para solventar litigios sin necesidad de llegar a juicio.

de la Justicia de Sevilla, porque cumple todos los requisitos de espacio y se ubica en un lugar estratégico y cercano al casco histórico.

Pero no solamente se potencia la mediación a través de estos puntos de información, porque hay otras muchas actuaciones que se llevan a cabo. En Andalucía es importante tener unos mismos criterios de actuación en esta materia y consideramos que son los profesionales que la desarrollan, con mucho esfuerzo, quienes más nos pueden orientar. De ahí que se mantengan reuniones con las diferentes asociaciones y colegios profesionales para conocer la situación de la mediación y las dificultades que se encuentran.

C.O.G.S.S.- Se cumplen 20 años de la transferencia de las competencias de Justicia a la Junta de Andalucía, ¿los inconvenientes y problemas actuales son menos graves que entonces?

Hemos conseguido establecer unos principios básicos para el desarrollo de esta actividad y se han unido para ello profesionales de ámbitos muy diferentes y dispares y que han sido capaces, con la coordinación de la Consejería, de elaborar un código que han firmado más de 14 consejos andaluces de colegios profesionales y 30 asociaciones e instituciones. Pero lo que es más importante es que esos firmantes siguen trabajando de forma conjunta y conectados para llevar a cabo acciones para el impulso de la mediación y todo ello liderado por la Fundación Mediara, adscrita a esta Consejería. C.O.G.S.S.- El proyecto de la Ciudad de la Justicia se ha reactivado y se habla de los Gordales como zona de la futura sede. Sin embargo, son más de 15 años los que se lleva hablando de este proyecto sin que tan siquiera se haya establecido un lugar concreto, ¿hay voluntad entre las administraciones para sacarlo adelante definitivamente? ¿Nos podría adelantar fechas de comienzo y previsión? E.LL.- Absolutamente. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla están constituyendo una comisión mixta de carácter técnico para concretar la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia y analizar las circunstancias actuales derivadas del planeamiento vigente y de la situación patrimonial de los terrenos. Los miembros de esta comisión estudiarán, y harán propuestas, tanto sobre procedimientos como sobre las mejores soluciones posibles en los aspectos urbanístico, patrimonial y de movilidad, entre otros. El objetivo es que en el plazo más corto posible se ponga en marcha, para lo cual la Junta de Andalucía estudiará las diferentes fórmulas para obtener vías de financiación para la construcción de dicha infraestructura, sin descartar ningún escenario en este sentido. La comisión técnica está integrada por representantes del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, competentes en las diversas materias que intervendrán en el proceso: Patrimonio, Justicia, Urbanismo y Cultura, y la preside un representante con rango de director general o jefe de área, según se trate de administración autonómica o local, que se alternarán periódicamente. Desde la consejería se aboga por Los Gordales como la mejor ubicación para la futura Ciudad

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E.LL.- Evidentemente, en estos veinte años hemos mejorado mucho la Administración de Justicia en Andalucía, con una mayor y mejor dotación de medios que nos ha permitido modernizar y agilizar un servicio fundamental para la ciudadanía. Pero aún queda camino por recorrer y por eso vamos a seguir con estos avances para cumplir con nuestros compromisos, tanto en infraestructuras, como en personal, como en mejora de los medios tecnológicos y en el resto de cuestiones que hagan de nuestra Administración de Justicia un servicio público más eficaz. Hay que tener en cuenta que en estas dos décadas de competencias transferidas, se ha llegado a multiplicar por cuatro el presupuesto destinado a la Administración de Justicia en Andalucía, se han informatizado todos los juzgados de la comunidad y se ha pasado de 463 a 683 órganos judiciales. Hoy en día nuestro mayor problema son las dificultades económicas derivadas de la crisis que sufre este país y de la falta de financiación del Gobierno central para servicios fundamentales como la Administración de Justicia. Por eso, en temas como la ejecución de nuevas infraestructuras tenemos que establecer prioridades, reorientar los recursos disponibles y ser muy selectivos en la construcción de nuevas sedes. Otra de las mayores necesidades actuales es la modernización tecnológica y por eso recientemente hemos dotado a los órganos judiciales andaluces con más de 4.500 nuevos equipos informáticos. Esta iniciativa forma parte del plan de renovación tecnológica que lleva a cabo la Junta, que contempla la dotación de un total de 6.375 ordenadores que reemplazarán a los antiguos equipos que se utilizaban en los juzgados. Esta medida de la Junta supondrá la actualización de estos equipos con nuevas prestaciones que mejorarán el trabajo diario de los profesionales de la Administración de Justicia en Andalucía. Además, este plan permitirá también la instalación de cerca de un millar de impresoras y escáneres y un total de 290 nuevos sistemas de grabación para las salas de vistas. Esta renovación forma parte del convenio firmado por la Consejería de Justicia e Interior con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la entidad Red.es, que contempla una inversión total de 9,4 millones de euros en la mejora de la dotación tecnológica de los juzgados andaluces.

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Artículo

D. Jordi Agustí Julià Magistrado Sala IV Tribunal Supremo

Las resoluciones administrativas recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en materia laboral: Rectificación de Doctrina Jurisprudencial (Sentencia Sala IV del Tribunal supremo de 22 de julio de 2015).

Una de las novedades de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) la constituye, conforme al artículo 2 apartados n) ñ) y s) de la misma, la atribución a esta jurisdicción, de la impugnación de todo tipo de actos administrativos (singulares o plurales) en materia laboral salvo atribución expresa a otro orden jurisdiccional (“En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47 y del artículo 51.7 del ET (suspensión o extinción del contrato por fuerza mayor), así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional” –art. 2.n LRJS). Dicha impugnación se efectúa a través de un nuevo procedimiento o modalidad procesal que no tiene antecedente alguno en los anteriores textos procesales, y que se contiene en la Sección 2ª (“Del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales”), del Capítulo VII (“Del procedimiento de oficio y del de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales”), del Título II (“De las modalidades procesales”), del Libro II (“Del proceso ordinario y de las modalidades procesales”), y en concreto, en los artículo 151 y 152 de la LRJS. Esta atribución al orden social de la jurisdicción para conocer de la impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral, trae asimismo como consecuencia, desde

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el punto de vista funcional, que esa competencia -en forma similar a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que en su artículo 12, atribuye a la Sala Tercera del TS el conocimiento en única instancia de procesos deducidos en relación con actos emanados de Ministros, Consejo General del Poder Judicial...- se atribuya a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9. a) de la LRJA, el conocimiento “en única instancia de los procesos de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando haya sido dictados por el Consejo de Ministros”. La concreta regulación de esta única instancia se ha introducido de forma un tanto asistemática en el Título III de la LRJS “Del recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo”, específicamente, en el apartado 2 del artículo 205. Como ya se ha puesto de manifiesto, la regla general es que la competencia para conocer de las resoluciones administrativas recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en materia laboral, reside en el orden social de la jurisdicción. No obstante, el inciso final del apartado n) del artículo 2 de la LRJS excluye del ámbito de este orden jurisdiccional las resoluciones cuyo conocimiento esté atribuido a otro orden jurisdiccional, y el apartado s) de este mismo precepto establece la competencia del orden social para conocer de las cuestiones litigiosas que se promuevan “En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de

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Artículo las especificadas en la letra f) del artículo 3”. Dicho apartado hace referencia a “las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social;…” En este sentido pues, la LRJS, ha mantenido, en lo esencial, la clásica exclusión al conocimiento de los juzgados y tribunales del orden social y su atribución a los del orden contenciosoadministrativo, relativa a la impugnación de actos de las Administraciones públicas en materia de seguridad social que pongan fin a la vía administrativa en materia de gestión recaudatoria y de otros dictados por la TGSS. Las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2013 y 21 de enero de 2014 (impugnación de actos de la Administración 3/2012 y 2/2012), abordaron la problemática competencial con respecto a sendas sanciones impuestas por Acuerdos del Consejo de Ministros, derivadas de Actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por impago empresarial de cotizaciones debidas al Régimen General de la Seguridad Social. En ambas sentencias, la Sala de lo Social del TS se inclinó por considerar que la competencia para conocer de dichas resoluciones administrativas correspondía a la jurisdicción contenciosoadministrativa y no a la jurisdicción social. En este sentido, en el fundamento tercero de la primera de dichas sentencias, se señalaba que, “En el trámite abierto sobre la posible incompetencia de este orden jurisdiccional para conocer de la cuestión debatida, el Ministerio Fiscal informó a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa y en el mismo sentido deberá orientarse nuestra resolución. En efecto, el supuesto contemplado, sanción impuesta por la Autoridad Administrativa con base en Acta de liquidación practicada por la Inspección de Trabajo por impago de cuotas debidas a la Seguridad Social, es de los incardinados en el apartado f) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Social y por tanto en la excepción a las reglas de competencia establecidas en el artículo 2.n) y 9.a) de la citada norma procesal de donde resulta la declaración de oficio de nulidad de las actuaciones desde la presentación de la demanda, y advertencia a la parte actora de que deberá acudir si lo tiene por conveniente, a usar de su derecho ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con imposición de las costas a la recurrente en aplicación del artículo 235 de la Ley de la Jurisdicción Social.” Por su parte, la sentencia de 21 de enero de 2014, en supuesto también de sanción por impago de cuotas a la

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Seguridad Social, ratificando el criterio de la anterior sentencia razonaba, en su fundamento jurídico único, que “El art. 3 LRJS dispone en su apartado f) que los órganos jurisdiccionales del orden social no serán competentes para conocer: “De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2”. Esta falta de competencia es reiterada por el artículo 2, letra s), de la citada ley que excluye del conocimiento por esta jurisdicción la impugnación de las sanciones especificadas en el art. 3-f) antes transcrito, esto es de los actos en materia de gestión recaudatoria y de las sanciones impuestas por las actas de infracción levantadas con ocasión de esa gestión. En la presente litis se impugna la sanción impuesta con ocasión de un acta de infracción levantada a la demandante con ocasión de actos de gestión recaudatoria, como no ingresar las cotizaciones debidas a la Seguridad Social por sus empleados en determinado periodo. Por tanto, con arreglo a lo antes dicho procede … declarar la incompetencia de esta jurisdicción para conocer de la cuestión planteada, sin perjuicio del derecho de la accionante a formular la misma demanda ante la jurisdicción contenciosoadministrativa que es la competente”. No obstante, la Sala de lo Social, más recientemente, en sentencia de 22 de julio de 2015 (impugnación de actos de la Administración 4/2012), se ha planteado, nuevamente, en supuesto igual a los dos anteriores de impugnación de sanción impuesta por impago de cuotas a la Seguridad Social, derivada de Acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la problemática de la atribución competencial para conocer de esta materia. Pues bien, en esta Sentencia, la Sala, con previa rectificación expresa de la doctrina sentada en las dos sentencias anteriormente referenciadas, llega a solución contraria, y se declara competente para conocer del fondo de la cuestión, es decir, sobre la procedencia o no de la sanción impugnada. Para llegar a esta conclusión, la sentencia razona, en su fundamento jurídico segundo, lo siguiente: “SEGUNDO.- 1. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, establece la competencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la impug-

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Artículo nación de las resoluciones administrativas recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral, letra n) del artículo 2, atribuyéndose en la letra a) del artículo 9 LRJS esa competencia desde el punto de vista funcional a esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en única instancia cuando esos actos en materia sancionadora u otros “... de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral ...” (art. 2.n) sean dictados por el Consejo de Ministros (art. 9 a.). 2. No obstante lo anterior, resulta que el artículo 3 de la propia LRJS dispone en su apartado f) que los órganos jurisdiccionales del orden social no serán competentes para conocer: “De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social;”. Y esta falta de competencia es reiterada por el artículo 2.s), de la repetida LRJS que excluye del conocimiento por esta jurisdicción de la impugnación de las sanciones especificadas en el art. 3.f) antes transcrito, esto es de los actos en materia de gestión recaudatoria y de las sanciones impuestas por las actas de infracción vinculadas a actas de liquidación, levantadas con ocasión de esa gestión. 3. En el presente caso, se impugna la sanción impuesta a la empresa demandante, como consecuencia de un acta de infracción levantada por no haber ingresado en forma y plazo debidos las cuotas adeudadas a la TGSS por el período de noviembre 2009 a noviembre 2011 tras haber presentado los documentos de cotización, como responsable de infracción grave del artículo 22.3 LISOS en relación con diversos preceptos de la LGSS, del Reglamento General de Cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Ahora bien, dicha acta de infracción no está vinculada con un acta de liquidación de cuotas, que es inexistente en el presente caso, al no darse los supuestos establecidos en el artículo 31del Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. En definitiva, se impugna no una actuación administrativa recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino en procedimiento sancionador, como consecuencia de un acta de infracción,

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que ha finalizado en una sanción. Es por ello, que el presente supuesto no tiene encaje en el ya señalado apartado f) del artículo 3 de la LRJS, en el cual se incluirían las actas de liquidación y de infracción, conjuntas o con tramitación simultánea (artículo 34 del ya citado Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo), sino que se incluiría en la regla general de atribución competencial al orden social del artículo 2 del mismo texto legal. A esta misma conclusión ha llegado la Sala Especial de Conflictos de Competencia del artículo 42 LOPJ de este Tribunal, en Auto nº 15-2014 de 24-9-2014, que en el caso de un acta de infracción por falta de alta de un trabajador, pero que no se practicó liquidación de cuotas de seguridad social ni la impugnación versaba sobre la regularidad de dichas cuotas, estima que si bien se excluye del orden social los actos en materia de seguridad social relativos a afiliación, altas, bajas y de liquidación de cuotas, excepción que debe ser interpretada restrictivamente, de la potestad sancionadora solo se excluyen las “actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria” de modo que no quedan comprendidos en la excepción los supuestos en los que la sanción ha sido impuesta por infracción de normas de seguridad social cuando la infracción no lleva aparejada una liquidación de cuotas ni se haya suscitado controversia en torno al importe de las cuotas, como aquí acontece. 4. Todo lo expuesto, nos lleva a afirmar la competencia del orden social de la jurisdicción, y por ende, de esta Sala, para conocer del Acuerdo administrativo impugnado, lo que implica rectificar expresamente, el criterio seguido en las sentencias de la Sala de 21-1-2014 (rec. 2-2012) y 2810-2013, (rec. 3-2012), en casos análogos al presente, en las que resolvió que la jurisdicción social era incompetente para conocer de las sanciones impuestas por el Consejo de Ministros, por estimar que constituía una manifestación de gestión recaudatoria la sanción por falta de ingreso de cotizaciones debidas a la Seguridad Social.” En definitiva, con independencia de que, sobre el fondo de la cuestión, esta sentencia confirma la sanción impugnada, la actual doctrina jurisprudencial sobre la problemática competencial expuesta, puede resumirse así : el conocimiento de la impugnación de una sanción impuesta por resolución de la Autoridad Laboral, derivada de una Acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como consecuencia de un impago empresarial de cuotas a la Seguridad Social, corresponde a la jurisdicción social, excluyéndose únicamente de este conocimiento, además de las resoluciones derivadas de Actas de Liquidación de cuotas, aquellas otras resoluciones sancionadoras derivadas de Actas de Liquidación y de Infracción conjuntas o con tramitación simultánea, en cuyos casos, el conocimiento de la impugnación de la sanción correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa.

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Artículo

D. José Antonio Colmenero Guerra

Profesor Titular de Dº Procesal Universidad Pablo de Olavide

Reformas de final de Legislatura en el ámbito de la Justicia

1. Introducción. En el mes de diciembre de este año se producirán las Elecciones generales, con lo que se pondrá el cierre final a una legislatura que, entre otras cuestiones, será, de momento, la más larga del nuevo periodo constitucional, al sobrepasar los cuatro años. En dicho período se han producido numerosas reformas legislativas y muchas de ellas dirigidas a renovar parcelas básicas del ordenamiento, bajo nuevos horizontes, o al menos con renovaciones de bastante calado. Sirva de referencia que entre el año 2012 y el año 2015, hasta finales de septiembre, se han aprobado aproximadamente, 38 Leyes Orgánicas, 122 Leyes ordinarias, 74 Reales Decretos Leyes y 2 Reales Decretos Legislativos. Llama poderosamente la atención el número de Reales Decretos Leyes, lo que es indicativo del modelo legislativo seguido, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas leyes no son más que la transformación de un Real Decreto Ley. Desde luego en este breve comentario no me voy a ocupar de la manera de legislar, aunque la forma seguida en las últimas legislaturas, centradas en numerosos casos, en la respuesta a corto plazo, está demostrando su ineficacia e ineficiencia, y la «crisis de la Ley» para resolver los problemas que demanda la sociedad (sirva de botón de muestra la Ley de segunda oportunidad, que no resolverá los problemas de la persona física no empresario, aunque el tiempo dará y quitará razones). Desde luego sí es cierto que, al menos, desde las leyes que componen los pilares básicos del ordenamiento, durante esta legislatura han sufrido cambios relevantes (recientemente se ha reformado, íntegramente, la

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Ley de Procedimiento Administrativo Común, hay dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha publicado una reforma del procedimiento del Tribunal Constitucional, y hay otra pendiente de aprobarse y publicarse en el BOE). Pero sólo me voy a fijar en algunas aspectos de estas leyes de final de legislatura, que entiendo que tienen relevancia para el conjunto de Profesionales del ám-

En una época de cambios, muchos de ellos transcendentales, no tenía sentido, y, si se me permite la expresión, «no era justo», que un colectivo de profesionales que colaboran con la Administración de Justicia no tuviera el reflejo debido en la LOPJ Graduados Sociales n.º 81 • 2015


Artículo bito de la Administración de Justicia que son lectores habituales de esta publicación. En primer lugar me voy a referir a algunos cambios operados en la LOPJ, para posteriormente centrarme en otros, a caballo entre la LOPJ y la última reforma de la LEC publicada en el mes de octubre. 2. Cambios en la LOPJ. El primer cambio es general, referido al sistema de fuentes del derecho, y viene establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, añadido por la LO 7/2015, al señalar que los jueces y tribunales deben aplicar el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta cuestión, no nueva, pues así venía aplicándose desde el plano práctico por los tribunales, y que es trasunto de las últimas sentencias de dicho Tribunal en las que se enmiendan la legislación interna española por no ajustarse al derecho de la UE (temas de cláusulas abusivas con consumidores), introduce una matización al art. 1 del Código Civil, pues desde luego ya no sólo es Jurisprudencia la que provienen de las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo, o por aplicación del art. 5.1 LOPJ, en el plano constitucional, las interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre los preceptos y principios constitucionales, sino también la del TJUE respecto de la legislación comunitaria. En el ámbito de la Justicia Social, donde existe una numerosa legislación comunitaria, la fijación de dicho precepto en la LOPJ supone una clara llamada a su cumplimiento, en primer lugar para los juzgados y tribunales, pero también de forma indirecta para todos los operadores jurídicos. El segundo cambio aparece de forma expresa en el art. 440 LOPJ, reforma también fruto de la misma LO citada, pues ahora ya no se hablará del Cuerpo de «Secretario Judiciales», sino del Cuerpo de «Letrados de la Administración de Justicia». No solo es un cambio de nombre, también se incluyen otras reformas sobre el Estatuto de estos profesionales y sus funciones, acrecentando su papel como directores de la Oficina Judicial. A partir del 1 de octubre todas las menciones en las normas orgánica-procesales y en las leyes procesales a «Secretario Judicial» deben entenderse hechas al «Letrado de la Administración de Justicia», que al ser un nombre muy largo, me temo, que será sustituido por «Letrado de la AJ», o incluso por LAJ, y desde ese plano ciertamente no hay ganancia. Sin embargo, para el colectivo al que me dirijo, quizás sean más relevantes los cambios operados en el Título II del Libro VII de la LOPJ. El primero, ya directamente sobre la rúbrica, pues se ha pasado «De los Abogados y Procuradores» a «De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales». Con clara intención inclusiva,

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dejando claro que se trata de personas que cooperan con la Administración de Justicia (como señala la rúbrica del Libro VII), y de dotar a un colectivo de Profesionales de la visibilidad (merecida) que otorga a una Institución estar presente, de forma eficaz y eficiente, en la Justicia Social durante más de medio siglo. En una época de cambios, muchos de ellos transcendentales, no tenía sentido, y, si se me permite la expresión, «no era justo», que un colectivo de profesionales que colaboran con la Administración de Justicia no tuviera el reflejo debido en la LOPJ. Si a ello le unimos, desde el plano docente, la diversificación de los estudios jurídicos (derecho, relaciones laborales y recursos humanos, criminología y las variantes de grados conjuntos), que

El primer cambio es general, referido al sistema de fuentes del Derecho, y viene establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, añadido por la LO 7/2015, al señalar que los jueces y Tribunales deben aplicar el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia pierden la unidad y se vuelven más transversales, incluyendo el conocimiento de otros campos del saber, era una cuestión a resolver, y que volverá a plantearse para los profesionales que cursan estudios en otras titulaciones claramente vinculadas con los clásicos estudios de derecho (como por ejemplo, los estudiantes de Criminología). Claro que los cambios no sólo han sido de inclusión y visibilidad, hay otros elementos relevantes. Así, en el nuevo art. 544.1 LOPJ queda claro que los Graduados Sociales (a quienes antes no se mencionaba), antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el apartado 2 de dicho precepto se incluye otro punto importante, y de relevancia para los Colegios de Graduados Sociales, pues ahora la colegiación de los Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales, en los términos previstos en la Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales (salvo en los casos en que

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Artículo se actúe al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral). Pero el salto cualitativo para la profesión se fija en el art. 545 LOPJ, al que en un vistazo rápido a uno le puede dar la sensación que dice lo mismo que la versión anterior, pero nada más lejos de la realidad. El apartado 1 fija la designación libre de abogados y procuradores. Pero se produce una permuta entre los antiguos apartados 2 y 3, de tal manera que el 3 pasa a ser el 2, y el 2 el 3. Dicho cambio supone que ahora en el apartado 2 se contempla la representación técnica de los Graduados Sociales (ya no hay que indicar colegiados, pues eso lo hace el art. 544.2 LOPJ), con una redacción parecida a la anterior. Y en el apartado 3 se indica, lógicamente para abogados, procuradores y graduados sociales, que se designarán de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. Recordemos que en el ámbito del proceso laboral la fase de instancia no exige profesionales, sí la vía de recursos devolutivos. Pero si el demandante asiste con profesional, el demandado tiene derecho a llevar el suyo, y por tanto puede pedirlo del turno de oficio. Esta defensa técnica, del graduado social, tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley. Luego, lo dicho, significa que los Graduados Sociales serán profesionales que deberán aparecer en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Todo ello queda reafirmado por la nueva redacción del art. 546 LOPJ. Así, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes (apartado 1). Los Graduados Sociales están sujetos, en el ejercicio de su profesión, a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda (apartado 2). Y finalmente, los Graduados Sociales están sometidos a correcciones disciplinarias por su actuación antes los Juzgados y Tribunales, que se rige por la LOPJ y las leyes procesales, y a responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional ante los Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo procedimiento sancionador. 3. Cambios en la LEC. El título de este apartado podría hacer pensar que nos hemos equivocado de profesionales, y que vamos a hablar de abogados y procuradores. Nada más lejos de la realidad, nos vamos a referir a los Graduados Sociales y a la Justicia Social. De la reformas, compartidas, de la LOPJ y la LEC destaca todas las cuestiones relativas al uso de las tecnologías de la información y la comu-

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nicación en la Administración de Justicia, lógicamente entrecruzadas con la Ley 18/2011 sobre la materia. En la LOPJ se ha retocado el art. 230 para afianzar el uso de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a disposición de los Juzgados, Tribunales y Fiscalías. La idea básica perseguida (pero de difícil consecución, sin aportación de medios económicos) es una «Oficina Judicial papel cero». Para ello, lógicamente, no sólo es suficiente con que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías no los produzcan (o sea un opción residual), sino que los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia tampoco los produzcan. Como sujetos principales afectados se encuentran abogados, procuradores y graduados sociales. El adelanto producido desde la entrada en vigor de la Ley 18/2011 es grande, pero para producir un nuevo avance hay que situar en el centro del sistema de funcionamiento de

los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes los Juzgados y Tribunales los medios electrónicos, pues en caso contrario es difícil el avance, y lo que es peor, tampoco la nueva Ofician Judicial puede convertirse en una realidad. Por ello en la reforma de la LEC, por la Ley 42/2015, se dan los pasos para que esa ubicación tenga lugar en el proceso civil, y realiza diferentes retoques en algunos artículos para que el procedimiento transcurra bajo el cauce electrónico y telemático. No hay espacio para proceder a comentar todos los cambios, pero se incide en los arts. 135, 146, 147, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 162, 165, 172, 264, 265, 273, 274, 276, 278, en los que de alguna u otra manera se insertan trámites electrónicos y la entrega electrónicas de escritos y documentos. La modificación de dichos preceptos se irradia sobre toda la parte general de la LEC, que recordemos es supletoria para los otros procesos. Pero ahí no queda la cosa. Conforme a la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 42/2015, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, respecto de los asuntos que se presenten a partir de dicha fecha. Y eso incluye a todos los profesionales, también los graduados sociales. Pero no sólo los profesionales, hay otros sujetos, que a par-

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Artículo tir del 1 de enero de 2017, también estarán obligados a ello. Establece el nuevo art. 273.2 LEC que las personas que no este representadas por profesional pueden elegir entre utilizar los medios electrónicos o no, salvo que una norma les obligue a ello, en cuyo caso utilizarán los medios electrónicos. Pero, el apartado 3, establece que determinados sujetos están obligados a intervenir a través de medios electrónicos: i) personas jurídicas; ii) entidades sin personalidad jurídica; iii) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional; iv) notarios y registradores; v) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia; y vi) los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo. Como se puede observar el conjunto de personas es amplio. Pero ahí no queda la cosa. La Disposición Adicional 2ª establece que la obligación de realizar el traslado de copias de escritos y documentos cuando intervengan procuradores será igualmente exigible, en los términos previstos en los arts. 276 y siguientes de la LEC, en los órdenes jurisdiccionales penales, contencioso-administrativo y laboral. Bueno, parte de lo que se quiere requiere que el sistema electrónico esté de verdad implementado, luego habrá que avanzar con Lexnet y otros instrumentos electrónicos, para que ello sea real el 1 de enero de 2016. La suerte es que la reforma supone desembolso económico que las Administraciones competentes en materia de justicia no tienen (ni el gobierno de España, ni las CCAA) y seguramente no será así, pero ello no quita que los profesionales deban estar preparados para ello y que los Colegios de Graduados Sociales deban implementar un sistema, parecido al regulado en los Colegios de Procuradores, para hacer efectivo el art. 276.2 LEC relativo al traslado de las copias de escritos y documentos en soporte papel. Lo dicho, época de cambios. Y sólo hemos referenciado algunos aspectos, hay más detalles, pero en mi opinión en unos plazos excesivamente breves. Finalmente, para acabar, otro elemento trascendente, aunque sea de cara al futuro. Ya comenté, en esta misma revista la existencia de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Este proyecto decaerá, no pasará el filtro de la legislatura. Pero, no lo hará de forma completa, pues en la reforma de la LEC, por la Ley 42/2015, se han incluidos algunos elementos de dicho Proyecto. Por desgracia, todo lo relativo a la justicia gratuita en que aparecían los graduados sociales no va incluido en la reforma. Pero, como compensación, la Disposición Final 11ª, en su apartado 2 establece dos cuestiones relevantes para la profesión de Graduado Social. El primer párrafo del apartado conmina al Gobier-

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no, en el plazo de un año a contar desde la publicación de la Reforma en el BOE (6 de octubre), a remitir a las Cortes Generales, para su aprobación, un proyecto de ley que regule la capacitación profesional exigida a los graduados sociales para actuar en los procedimientos laborales y de Seguridad Social de conformidad con la LJS, y que determine, entre otros aspectos, el título exigible, la formación especializada y la evaluación a realizar. Ello significa que para ejercer de Graduado Social hará falta, además del título de graduado, cursar un Máster (ya veremos de cuantos créditos, pero es de imaginar que 90, como para abogados y procuradores) y realizar un Examen de Estado. Y en el segundo párrafo se establece también el plazo de un año, a contar desde la publicación en el BOE, para elaborar un estudio sobre los desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite el acceso de los graduados sociales al sistema de la asistencia jurídica gratuita. Para ello se constituirá, en el plazo de tres meses, una comisión mixta formada por el mismo número de representantes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Graduados Sociales, de la que formarán parte los expertos, en igual número, que designe el Ministerio de Justicia. Ya veremos el recorrido real de ambos apartados. Desde luego, con carácter general, son cambios relevantes, y en muchos casos bienvenidos. Las reformas dan para más cosas, y para más detalles y curiosidades, pero otra vez será. P.D.: esperemos que los cambios no produzcan retrocesos. La reforma de la LEC tiene como uno de sus objetivos cambiar la estructura del juicio verbal, que ahora será siempre con contestación a la demanda por escrito. Por lo que se ve solo la jurisdicción social es capaz de aguantar un juicio verbal, lleva haciéndolo desde la Ley de Tribunales Industriales de 1908 (cuando en la LEC ya dejaba de funcionar el mismo), y por lo visto volverá a hacerlo sola, pues la jurisdicción civil, después de 15 años desiste (¿o renuncia?). ¿Postura acomodaticia? ¿o vuelta al proceso civil liberal del siglo XIX?. Electrónico, muy electrónico, pero escrito. La revolución francesa quería que las personas fueran juzgadas por su iguales (jurado, hoy algo anecdótico) y ante sus iguales (publicidad), pero ahora lo haremos, básicamente, por medio de máquinas, sin vernos las «caras», es decir, sin iguales. Las prisas, el avance tecnológico, la insensibilidad, la frialdad de la máquina, a veces malas consejeras…, pero en muchos casos con olvido de lo importante en materia de justicia, y pórtico de la justicia, no los Juzgados y Tribunales que están en el art. 117 CE, sino las personas que demandan tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

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Entrevista

D. José Miguel Lanne-Lenne Ortega

Graduado Social Colegiado

“El ejercicio de la profesión en empresa es gratificante y muy exigente porque en la empresa te estás examinando diariamente”

D. José Miguel Lanne-Lenne Ortega es colegiado y durante años lo fue en la modalidad de Ejerciente de Empresa. En diciembre de 1992 ingresó en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía como jefe del Departamento de Personal, si bien hasta ese año había trabajado en el sector privado, en concreto, en empresas de servicios informáticos y nuevas tecnologías. C.O.G.S.S.- ¿Cuál es su cometido actual en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía? José Miguel Lanne-Lenne.- Actualmente soy coordinador de todo el tema de Riesgos Laborales en esta agencia con 240 trabajadores, 100 de ellos en los denominados servicios centrales de Sevilla y el resto distribuidos por todos los centros portuarios en los que somos competentes en la administración y gestión. Además de esa responsabilidad, desde hace dos años soy gestor de movilidad sostenible, a raíz de que implantamos un plan de movilidad para intentar cambiar los modos de transporte de personal en la empresa, fomentando medios más sostenibles como es caminar, ir en bicicleta o hacer uso del transporte público frente al uso de vehículos privados a motor, fundamentalmente el coche. Procurando trabajar en línea con la política de la Consejería de Fomento y Vivienda (a la cuál pertenecemos como agencia pública), desarrollamos instrumentos que procuren un importante cambio, sobre todo en las grandes ciudades en el ámbito de la movilidad, pretendiendo que el personal, a través de una serie de incentivos, cambie del coche, lo aparque o lo utilice menos y se cambie a medios como el transporte público. Sevilla es una ciudad perfecta para utilizar la bicicleta y hemos sabido como ciudad crear una infraestructura muy importante que nos ha colocado en cuarto lugar en Europa como ciudad mejor dotada y que posibilita más el transporte en bicicleta, después de las míticas ciudades bálticas.

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C.O.G.S.S.- ¿Podría detallar en qué ha consistido su labor? J.M.L.- En estos 23 años que llevo en la agencia he estado trabajando muy intensamente, y lo sigo haciendo, en el mundo de las Relaciones Laborales, de la negociación colectiva, de la administración de personal y de la gestión de Recursos Humanos en todas sus posibles vertientes. En concreto, en negociación colectiva he participado en la comisión negociadora de los cinco convenios colectivos de empresa que hemos tenido a lo largo de estos 23 años. La negociación colectiva, por cierto, tiene un paréntesis en este momento dada la situación del sector público y la política de recortes y congelación que venimos sufriendo en los últimos años; y es que está prácticamente anulada, inutilizada, dado que el presupuesto, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, está rigiendo las condiciones laborales de los empleados públicos. C.O.G.S.S.- ¿Qué supone participar en la negociación colectiva de un convenio? J.M.L.- La negociación colectiva es una de las actividades más intensas e interesantes desde el punto de vista profesional, de aplicación del Derecho Laboral y, por supuesto, hay sensaciones a veces contradictorias; una negociación puede ser muy dura y se pueden pasar muy malos ratos, pero finalmente, cuando va pasando el tiempo y vas viendo tu carrera profesional, considero que el ámbito de la negociación colectiva posiblemente sea uno de los elementos más fundamentales de mi desarrollo personal y profesional porque llegar a la paz social a través del instrumento del convenio colectivo es más importante de lo que parece en el mundo de las Relaciones Laborales. C.O.G.S.S.- Con respecto al resto de funciones en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ¿qué experiencia atesora?

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Entrevista J.M.L.- Durante muchos años estuve haciendo selección de personal para incorporar nuevos trabajadores que se iban haciendo necesarios por la implantación y crecimiento de nuestra entidad, estuve trabajando en aspectos de planes de formación o en el ámbito de administración de personal, que es una pieza angular de la profesión, tanto en el ejercicio libre como de empresa. Empecé yo solo en el 92 y hasta el 95 no me asignaron alguna ayuda administrativa; hoy este departamento está formado por seis o siete personas, está mejor dimensionado, mejor estructurado y con profesionales de otras especialidades, como la psicología. Pero durante los primeros tiempos era trabajar yo conmigo mismo, haciendo nóminas, contratos, de todo. Como digo, a partir de 1995, que se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (otra de las normas fundamentales de nuestro derecho social y respecto a la que tenemos que decir con cierta amargura que no hemos conseguido alcanzar con carácter general ese cambio cultural de actitud ante los Riesgos Laborales), desde esta entidad hemos intentado trabajar intensamente en el ámbito de la prevención. Tenemos a nuestro cargo 25 puertos en todo el litoral andaluz, que son pesqueros, deportivos y comerciales y contamos con una plantilla muy ajustada por las grandes limitaciones presupuestarias, con lo que no podemos tener los recursos humanos que necesitamos para gestionar adecuadamente esos recintos, si bien son recintos donde la Prevención de Riesgos Laborales cobra especial significación con la característica de instalaciones, servicios y demás. C.O.G.S.S.- ¿Recuerda cuándo se dio de alta en nuestro Colegio? J.M.L.- Soy el colegiado número 584 y me parece que ingresé en el Colegio tan pronto obtuve el título tras defender la memoria; yo estudié en la escuela de la calle Vidrio y en el 87 me colegié. En aquella época la sede del Colegio era muy eventual y de hecho fui de los colegiados que aportamos para comprar la sede de la calle Diego de Riaño. C.O.G.S.S.- Si tuviera que hablar a los nuevos Graduados Sociales sobre la figura del profesional que trabaja en una empresa, como es su caso, ¿qué les diría? J.M.L.- No habiendo conocido el ejercicio libre de la profesión, el ejercicio en empresa es gratificante, muy exigente, porque en la empresa te estás examinando diariamente de todo, todo te lo tienes que saber porque la dirección te puede pedir un dictamen u opinión y no puedes andar con dudas. Es un trabajo apasio-

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nante y hay aspectos y actividades como la negociación colectiva con la representación sindical de trabajadores que es realmente gratificante y aporta una gran satisfacción mirar en perspectiva eso y pensar que has colaborado en hacer algo importante como es un convenio colectivo. La opción de trabajar para una empresa es una opción muy muy importante. C.O.G.S.S.- ¿Por qué considera que es positivo seguir vinculado al Colegio? J.M.L.- El Colegio es un instrumento importantísimo en el desempeño profesional por una cuestión de servicio, de defensa de nuestros intereses, ante el mercado de servicios que está bastante competitivo y sujeto a aspectos como el intrusismo o gente que se dedica a prestar asesoramiento sin conocimientos o las competencias necesarias. Además, siempre me he sentido, aunque no he aparecido mucho por la sede, vinculado al Colegio; me parece una institución necesaria e imprescindible.

En estos 23 años que llevo en la agencia he estado trabajando muy intensamente, y lo sigo haciendo, en el mundo de las Relaciones Laborales, de la negociación colectiva, de la administración de personal y de la gestión de Recursos Humanos De una corporación como el Colegio lo que el profesional necesita es que le preste una serie de servicios que le resulten interesantes e incluso imprescindibles. Yo creo que el funcionamiento del Colegio, por los años que llevo como colegiado, es activo, dinámico y la corporación se ha preocupado por mantener foros de información, de debate, con bastante intensidad, y me parece que el apartado de formación es imprescindible, creo que se está haciendo un buen papel desde le Colegio. Recuerdo cuando llegué a la profesión, un poco de carambola, porque yo realmente quería ser diplomado en Enfermería, pero en aquellos tiempos en que no conseguí el ingreso, me metí en la escuela de Gradua-

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Entrevista do Social sin saber en qué me estaba matriculando, después se ha convertido en mi vida, mi profesión. Creo que la labor del Colegio, incluida su divulgación para que la sociedad conozca y valore nuestros servicios y la importancia de una profesión como la nuestra, ya de por sí justifica su existencia. C.O.G.S.S.- ¿Qué mensaje trasladaría a los nuevos graduados por el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos? J.M.L.- Después de tantos años después de terminar mis estudios, lo que les puedo trasladar es que terminar la carrera no es el final, es precisamente el principio de una imprescindible actitud de seguir formándote durante toda tu vida profesional. Nuestra profesión está abierta a muchas disciplinas y especialidades: Derecho Laboral, de la Seguridad Social, Fiscal, Tributario, Prevención de Riesgos Laborales, auditoría laboral, etcétera. Podemos trabajar en muy diferentes áreas y para ello es imprescindible especializarse; es fundamental para hacer ejercicio digno de la profesión mantenerse siempre en la actitud de necesidad de seguir formándose continuamente, y ni que decir tiene que tenemos que estar actualizados en las diferentes normativas.

Creo que la labor del Colegio, incluida su divulgación para que la sociedad conozca y valore nuestros servicios y la importancia de una profesión como la nuestra Por lo tanto, que nadie se duerma en los laureles ni se mire el ombligo más de la cuenta, terminar la carrera no es ni más ni menos que empezar a seguir formándote, aprendiendo y actualizándote, entre otras cosas porque el mercado laboral hoy día, desgraciadamente, es un mercado que absorbe pocos profesionales, que ofrece pocas ofertas de empleo interesantes, y con esto me refiero a ofertas no precarias o trabajos de cualquier manera. Y, sobre todo, está volviendo el drama de la gente joven que se va de nuestro país; hay que estar en plena actitud de formación y no quedarse parado ni un minuto y, lógicamente, esperar que la circunstancia del mercado cambie porque personalmente soy ahora mismo bastante escéptico de si estamos saliendo de la crisis.

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C.O.G.S.S.- Recientemente le ha sido concedida la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo con motivo de llevar colegiado más de 20 años, ¿qué sintió al ser informado de esta distinción? J.M.L.- Recibo esta medalla con emoción, puesto que, aunque no es un galardón individual por mis propios y exclusivos méritos, sino que lo es del conjunto de los compañeros que han sido, somos y serán, me cabe el orgullo de formar parte de este grupo aportando mi modesto grano de arena en pos de conseguir esa "Justicia Social" que nos preside.

que nadie se duerma en los laureles ni se mire el ombligo más de la cuenta, terminar la carrera no es ni más ni menos que empezar a seguir formándote Me gustaría pensar que, además de la simple acumulación de años, obtengo esta distinción por haber aportado valor en mi desempeño profesional (toda la vida vinculado al ejercicio en empresa), por haber operado en este difícil, complejo y tantas veces convulso mundo de las relaciones laborales, intentado hacerlo desde el rol técnico que nos avala y nos debe distinguir, pero también desde la dimensión humana en pos de una justa y equilibrada resolución de los conflictos que forman parte del ADN de las relaciones laborales por cuenta ajena de nuestro Derecho Laboral. Finalizo reiterando mi agradecimiento por esta medalla, que ha supuesto para mí un momento de sentimientos encontrados: alegría, nostalgia, orgullo, reflexión. Y aunque, como digo, me queda aún mucha vida laboral por delante, uno se siente recompensado y se alegra de ser útil por medio de este bien social, por esta institución que es el Trabajo, uno de los medios más dignos y decentes de ganarse la vida y de pasar por la sociedad aportando algo. En una última alusión obligada, recuerdo con especial emoción a mi padre, a quien deseo dedicar esta medalla mía que la hago suya por tantas razones, y a quien debo los valores con los que intento pasar por la vida. Él hubiese merecido la medalla a título individual, pero fue, como otros tantos, un trabajador anónimo e incansable.

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Artículo

D. Alberto Bobo Blanco

Especialista en Seguridad en el Trabajo,Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada de Cesma

D. Antonio Bauzano Poley

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la práctica pericial en la Jurisdicción Social En la relación entre el trabajador y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social hay ocasiones en las que pueden aparecer discrepancias respecto a sus dolencias, y como éstas inciden en el desempeño de su actividad laboral, precisando determinar el alcance y carácter invalidante de las mismas en relación con su actividad laboral habitual o en relación a la compatibilidad con el desarrollo de cualquier trabajo.

Médico experto en Incapacidades y Peritación Médica Judicial de Cesma

Es necesario realizar por tanto un estudio pormenorizado de las posibles repercusiones laborales del trabajador, sus antecedentes patológicos, su patología actual y su exacto desempeño de su profesión; por todo ello no es excepcional la existencia de controversias, de hecho cuando existe esta disparidad entre lo entendido o pretendido por el trabajador y lo entendido o pretendido por la Mutua, se precisa de la intervención de un tercero para su resolución, lo que puede hacer necesario acudir al ámbito judicial, es entonces cuando las partes pueden auxiliarse en la figura del perito técnico, como ejemplos podemos señalar el INSS, mediante dictámenes médicos de inspectores a tal efecto, el trabajador, mediante peritos privados y la Mutua, mediantes sus propios peritos. La practica pericial o dictamen de peritos es un medio de prueba en virtud del cual una persona con conocimientos especializados o técnicos, los aporta para que el juez pueda valorar la naturaleza de los elementos o hechos de prueba. Por tanto, la función del perito es precisamente esa, la de aportar dichos conocimientos en razón fundamental a la circunstancia de que por su profesión, por su pericia o por su experiencia, esté en posesión de tales elementos de conocimiento que precise el órgano jurisdiccional para poder resolver o apreciar los hechos o algún hecho de influencia en el pleito. El resultado de la pericia

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se plasma en un DICTAMEN PERICIAL que se aporta al proceso judicial. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo. Sin embargo, no será necesaria ratificación de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate.

La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo En este sentido, la prueba de peritos se menciona entre los diferentes medios de prueba tanto en los arts. 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; como en los art. 87, 89 y 93 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y demás normativa relacionada, así como jurisprudencia aplicable al respecto. El perito judicial contesta a cuestiones particulares, o emite, si así se le ha solicitado, una opinión profesional, debiendo responder de manera razonada, estructurada y comprensible, propiciando con ello que el juez pueda tener claro lo necesario para dictar un veredicto, y si lo considera oportuno, dar por válidos argumentos periciales que haya considerado sólidos para basar en hechos o realidades sus propias razones jurídicas, según las reglas de la sana crítica, que quiere decir que el juez valorará libremente la prueba de acuerdo a la lógica y a su experiencia. En cualquier caso, debe entenderse que la actividad pericial necesita de unos conocimientos científicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, dado que sin “otras experiencias profe-

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Artículo El perito debe manifestar bajo juramento o promesa que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. sionales” será difícil ser perito y experto. La actividad pericial es un cargo por motivos de circunstancia y oportunidad, que se extingue, dado su carácter fungible, cumplida la misión encomendada. El perito debe manifestar bajo juramento o promesa que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Bajo el prisma de la Mutua pueden intervenir diferentes profesionales como médico, técnico en prevención de riesgos laborales, y, ocasionalmente, la figura del detective privado. La figura del perito médico de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social es clave para que se conozca la opinión médica que tiene la Mutua al respecto y sus repercusiones laborales. Se podrá valorar la patología que afecta al trabajador y las repercusiones que se derivan para su actividad laboral en concreto. En la actividad pericial interviene la figura de otro perito, no menos importante, como es el técnico de prevención de riesgos laborales, quien informará del tipo exacto de actividad laboral que realiza el trabajador, teniendo en cuenta el epígrafe ocupacional al que esta acogido y las tareas que desarrolla, pues la misma categoría profesional puede conllevar a conclusiones diversas. La actividad pericial del técnico de prevención de riesgos laborales puede desarrollarse en distintos litigios donde se pueda determinar una incapacidad laboral (Parcial, Total, Absoluta), accidentes de trabajo, accidentes in itinere, enfermedades profesionales, psicopatologías laborales, etc. En todo proceso judicial en el que se esté resolviendo una pensión de incapacidad, es notorio la necesidad de tratar

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de demostrar la falta de capacidad (incapacidad) para el desarrollo, bien de la profesión habitual (IPP o Total), bien para todo trabajo (IPA), o, en caso contrario, tratar de demostrar que el trabajador con su limitación puede desarrollar su trabajo sin merma de productividad alguna para su profesión habitual (IPP o Total), bien para todo trabajo (IPA). De igual forma ocurre en la consideración de una enfermedad profesional, la cual puede ser relacionada con su actividad profesional o no, no solo por la patología, sino por el estudio en sí de dicha actividad laboral. Es lo que se conoce como estudio del puesto de trabajo. Para ello es fundamental conocer el trabajo real y concreto del trabajador. El trabajo teórico es el que existe en las representaciones sociales más conocidas y el trabajo real es el que representa el nivel de la actividad de una persona, en un tiempo, en un lugar, en unas condiciones de trabajo, etc. Por ejemplo, dentro de la categoría profesional de pintor (trabajo teórico) pueden realizarse distintas tareas (trabajo real). Es necesario establecer una distinción entre tarea y actividad, entre lo que debería hacer y lo que realmente hace un trabajador. Mientras más real y objetivo sea el estudio del puesto de trabajo más validez y solidez tendrán nuestros argumentos periciales. Con todos estos factores y juicios interviene el abogado o el graduado social, quien dará forma legal a todo lo recogido en los diferentes dictámenes anteriormente referidos, llegando a una serie de conclusiones finales que se plasmarán en su exposición. Hemos de concluir por tanto, que la figura del perito ha ido ganando en relevancia en el ámbito judicial ya que posibilita a las partes incorporar conocimientos técnicos de notable importancia en el desarrollo procesal.

es fundamental conocer el trabajo real y concreto del trabajador. El trabajo teórico es el que existe en las representaciones sociales más conocidas y el trabajo real es el que representa el nivel de la actividad de una persona, en un tiempo, en un lugar, en unas condiciones de trabajo, etc. Graduados Sociales n.º 81 • 2015


Artículo

Epilepsia y trabajo La OMS define la epilepsia como un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las edades. En todo el mundo, esta enfermedad afecta a un total de 50 millones de personas. D. Rubén Se trata de una enfermedad que encuentra sus causas en Jiménez Gómez Responsable del Gabinete daños cerebrales sobrevenide Comunicación de Ápice dos, accidentes cerebrovasculares o síndromes genéticos, entre otras. Pero la mayoría de los afectados, 6 de cada 10 personas, padecen epilepsia idiopática, es decir, las causas no son identificables. Las crisis de epilepsia son descargas eléctricas excesivas en los grupos neuronaDña. Cristina les. Esto se traduce en crisis convulsivas totales o parciaMontaño Vázquez. Trabajadora Social les, en función de cómo se de Ápice manifiestan. El 70% de las personas que padecen esta enfermedad neurológica consiguen controlar sus crisis con ayuda de los fármacos o cirugía. El 30% restante presenta resistencia farmacológica. Además, en ocasiones la epilepsia lleva consigo cierto grado de discapacidad, que varía en función de cada caso. Las personas que padecen un trastorno neurológico como este encuentran dificultades en diferentes aspectos de su vida, como es el caso del acceso al terreno laboral. La Constitución recoge el trabajo como un derecho y un deber para todos los españoles. Asimismo, la exigencia de prevención de riesgos laborales hace necesaria la existencia de una reglamentación específica para las personas con diferentes necesidades. En el caso de las personas que padecen epilepsia, son muchas las actividades laborales que por ley no pueden desarrollar: profesiones que incluyen la tenencia y uso de armas de fuego o la conducción o control de aeronaves, profesiones marítimas, el ingreso en el cuerpo de bomberos, o actividades laborales nocturnas. Esta acotación laboral, aunque necesaria, merma las posibilidades de acceso a la empleabilidad de las personas que padecen epilepsia. Sus posibilidades son, por ley, menores que las de cualquier otra persona que no padezca ninguna enfermedad neurológica y delimitante como esta.

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El desconocimiento de la enfermedad en la sociedad aumenta la incertidumbre del paciente para enfrentarse al correcto desarrollo de un derecho y deber como el trabajo. La ausencia de formación en materia de personal trabajador con diferentes capacidades, implica en multitud de ocasiones el rechazo total de inclusión de personas con epilepsia en una plantilla profesional. Aunque por ley hay multitud de trabajos y actividades que las personas con esta enfermedad pueden desarrollar, los prejuicios, el miedo y la desinformación sobre esta patología son proporcionales al rechazo desmesurado de este colectivo. Esto conlleva que la persona con epilepsia que opta como candidato a un puesto de trabajo maquille u oculte total o parcialmente el diagnóstico de la enfermedad. Incapacidad Laboral. La incapacidad laboral es la imposibilidad de laborar por parte del trabajador a causa de una enfermedad o accidente. Esta puede ser total o parcial, y a su vez permanente o temporal. En el caso de la epilepsia será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el encargado de valorar el caso en función de diferentes aspectos relacionados con este trastorno neurológico. Así, la jurisprudencia atiende fundamentalmente a la frecuencia en la que aparecen las crisis, que pueden ser de diversa índole y al grado en el que afecta al correcto desarrollo de una actividad laboral concreta. Son muchos los casos de personas con epilepsia que renuncian a su derecho y deber de poseer un trabajo por las trabas sociales impuestas debido al desconocimiento de una enfermedad como esta. En ocasiones, la solución no es una incapacitación, sino la correcta segregación de personas con capacidades distintas en los diferentes ámbitos profesionales. La correcta integración de las personas con epilepsia va de la mano de información sobre esta enfermedad y la atención necesaria a las diferentes capacidades que presentan sus pacientes. El diagnóstico, la medicación y el tipo de epilepsia son factores influyentes en las capacidades y habilidades de cualquier índole en la persona. Pero la incapacidad para realizar una actividad laboral concreta no es excluyente del correcto desarrollo y desempeño de otra profesión o actividad. Para atajar el problema, es necesario que los sectores profesionales dedicados a la educación hagan especial hincapié en la labor de orientación educativa de los alumnos. No es necesario incapacitar o invalidar a las personas con capacidades diferentes, o con límites en cierto aspecto profesional, sino potenciar y fomentar el correcto desarrollo de otras actividades y formar profesionalmente en un ámbito laboral concreto que sí puedan desempeñar.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Julio-Septiembre 2015 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1794

Colegiado: 1796

José Luis Durán Díaz

Rocío Suárez Corrales

Domicilio profesional:

Avda. de las Ciencias, 33

Domicilio profesional:

Guadalimar 9

Localidad profesional:

Sevilla

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

650 73 32 13

Tlfno:

627 81 62 35

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1790

Nº Colegiado

1791

Nombre

Mauricio E. Carmona Campos

Nombre

Amelia Monserrat Pecellín Pino

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1792

Nº Colegiado

1793

Nombre

Juan Pablo Rodríguez Capitán

Nombre

Elena Rocío Acosta Rodríguez

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1795

Nº Colegiado

1797

Nombre

Francisco José Cuaresma Monge

Nombre

Rosa María Collado Barreiro

CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJERCIENTE LIBRE A NO EJERCIENTE

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

Nº Colegiado

1687

Nº Colegiado

843

Nombre

Francisco Javier Valenciano Hidalgo

Nombre

José Crespo Peña

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

30

Nº Colegiado

1103

Nombre

Antonio Aragón Galocha

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Movimiento Colegial BAJAS EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1743

Nº Colegiado

1305

Nombre

Francisco Javier García Rioja

Nombre

Virginia Beltrán Núñez

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1782

Nº Colegiado

1646

Nombre

María Dolores Álvarez Bautista

Nombre

Luis María Blázquez Isnard

BAJA POR FALLECIMIENTO EJERCIENTE LIBRE

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Nº Colegiado

374

Nombre

Manuel Gómez Avendaño

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Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple Entidad Declarada de Utilidad Pública

CENTRO SANITARIO NEURO-REHABILITACIÓN

Funcionamiento autorizado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía NICA 17905

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Artículo D. Daniel Jaén Arenas Graduado Social Colegiado.

Hacer bueno el cambio A los más “futboleros” le sonará aquello de “para hacer bueno un empate fuera de casa, debemos ganar dentro, si no, no será bueno”, significando que se requerirá un esfuerzo extra de todos y todas en la siguiente jornada para con- seguir la victoria. Pues este artículo trata de justamente esto, de lo que debiera ocurrir en la organización, y más concretamente desde el Departamento de Recursos Hu- manos o de Dirección de Personas después del cambio: “Hacer bueno el cambio”. Seguro que en los últimos ejercicios, y conociendo el marco dónde se encuentra este artículo, un alto porcen- taje de las personas que lo leen se habrán enfrentado a la gestión de un cambio estratégico en su organización o entorno, resultando la edición, ejecución o modifica- ción del plan integral de recursos humanos en torno a alguna causa económica, técnica, organizativa o de producción, con el apoyo e interpretación normativa laboral de nuestro departamento jurídico (compuesto por compañeros, Abogados y/o Graduados Sociales, principalmente) para un mayor aseguramiento jurídico de nuestros planteamientos, llegando a un FIN concreto, con mayor o menor éxito, en torno a la causa que basó esa necesidad de cambio. Y es en este momento cuando podemos medir el grado de madurez de la empresa, el momento de medir cómo la organización ha resuelto la gestión del cambio. El cambio ha supuesto, en muchos casos, un cambio de rumbo de la empresa, redefinir la misión, visión y valores de la misma, cambio de la cultura empresarial ante una fusión o sucesión, establecer nuevos Objetivos estratégicos, edición de códigos éticos y de comportamiento, relucir el concepto de la transparencia,…, conceptos que se han puesto en primera línea en muchas organizaciones y han venido para quedarse. Sin embargo, esta aparente y breve paz interior que nos recorre tras la finalización del procedimiento, y tras solventar la tentación de la Dirección de sustituir al responsable del proyecto anterior, en el que parece que todo se ha concluido, justo en este momento: “¿Y ahora?, ahora hay que hacerlo bueno”.

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Llegaréis a esta reflexión, casi místico-comprensiva, y además, con una firme convicción, pues, en este tiempo pasado, se ha sido capaz de vencer la resistencia al cambio de la organización, y que esta victoria, le da un poder inimaginable al grupo y colectividad organizacional para hacerle frente a cualquier asunto que se le presente en un futuro cercano. Señores y Señoras, habéis vencido a la resistencia al cambio colectivo, ahora es cuando tenéis que actuar, el personal es capaz y está predispuesto ante lo que se avecina, que nos es otra cosa que el AVANCE. Y para ese anunciado avance, el departamento de Dirección de Personas o de RR.HH. tiene mucho que decir y hacer mediante el fomento de la utilización efectiva de las nuevas herramientas de trabajo, los nuevos procesos, los nuevos procedimientos, el nuevo sistema de evaluación de competencias, gestionar la diversidad organizacional ante fusiones o sucesiones, el nuevo sistema retributivo ligado a la productividad o por objetivos, los nuevos sistemas de reclutamiento y selección basados en la Formación Dual o en Alternancia (creer en los jóvenes editándoles planes de carrera desde el inicio de su formación). Favorecer la incorporación de personas con talento contrastado en otros sectores y que se encuentran en pleno cambio profesional, favorecer la movilidad funcional en los nuevos grupos de trabajo, utilizar la flexibilidad laboral vía distribución de la jornada irregular ante una causa objetiva…, es decir CREER en ellas, EQUIVOCARSE con ellas, MEJORARLAS entre todos. Dicho todo lo anterior, me lleva a la siguiente afirmación en la que creo firmemente, la clave del éxito para hacer bueno el cambio en una organización, es la ejecución efectiva de un plan de comunicación utilizando adecuadamente los hilos formales e incluso los informales, resultando que la información fluya constantemente de forma vertical, horizontal e independientemente del sentido que tome. Es el momento del trabajo en equipo, de creerse aquello de ser eficiente tanto individual como colectivamente, de los líderes, de ser proactivo, de equivocarse, de aprender, de la transparencia, de ser constantes,…., es el momento de las Personas.

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Jurisprudencia

El TS condena al SPEE a abonar una prestación por subsidio al computar los ingresos netos y no brutos del trabajador La Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha condenado al Servicio Público de Empleo Estatal a abonar una prestación de subsidio por desempleo para mayores de 52 años al computar los ingresos netos y no brutos de un hombre al que el Inem le denegó dicho subsidio por “no reunir el periodo de cotización genérico de quince años para tener derecho a pensión contributiva de jubilación”. Así lo expresa el recurso de casación para la unificación de doctrina número 654/2014. Tal y como se recuerda en dicho recurso, en desacuerdo con el dictamen del Inem, el afectado interpuso demanda que fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla. Tras ello, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revocó la sentencia de instancia declarando “que el actor tiene derecho al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, siempre que abone las cuotas impagadas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o se declare por la Entidad Gestora que se encuentran prescritas o no le son exigibles”. Asimismo, el actor recurrente, al presentar recurso de casación, aportó como sentencia de contraste, entre otras, la STSJ/Galicia 31 de mayo de 2013 (rollo 5009/2010), que trata sobre quien reclama el percibo de una prestación a favor de familiares que se le había

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denegado por computarse a tales efectos los ingresos obtenidos como brutos y la Sala de suplicación afirmó que había de atenderse a los ingresos netos. Sin embargo, en el caso que ocupa, la sentencia recurrida entiende que deben ser objeto de valoración los ingresos brutos, denegando el subsidio, mientras que la de contraste, al entender que lo que debe computarse son los ingresos netos, declara la percepción de la prestación. Además, el recurso denuncia la infracción del art. 215.3.2 en relación con el art. 215.1.1., ambos de la Ley General de la Seguridad Social, postulando que se considere que los ingresos a tener en cuenta para el cumplimiento del requisito de carencia de rentas son los ingresos netos derivados de la realización de una actividad por cuenta propia y que dado que dichos ingresos netos no superarían el límite legal se declare el derecho del demandante al percibo de la prestación solicitada. Por su parte, el Supremo señala que el art. 7 RPD (“con redacción un tanto equívoca”) contiene el mandato inicial de que en el cálculo de los ingresos computables ha de partirse del importe “íntegro o bruto” de los mismos, para posteriormente deducir los “gastos necesarios para su obtención” y la “diferencia entre ganancias y olas pérdidas”. No obstante, apunta “la rotundidad con que se expresa el art. 7.1.a) del RD 625/195 en la redacción dada por el RD 200/2006”. En esta línea, el TS indica que “la discordancia entre la Ley y su Reglamento es de tal contundencia que pone de manifiesto que la disposición de desarrollo se ha

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Jurisprudencia producido con exceso de poder”, concluyendo con la afirmación de la nulidad y consiguiente inaplicación del texto reglamentario, por imponerlo así los arts. 117.1 CE y 6 LOPJ. Finalmente, el TS asegura que al computarse los ingresos netos, como se ha indicado, el actor cumple con los requisitos exigidos en el art. 215.1.1.LGSS. Por ello, anula la sentencia recurrida y desestima el recurso de tal clase formulado por el SPEE confirmando la sentencia de instancia que estimaba en parte la demanda inicial.

El TSJA confirma conceder una prestación de jubilación por la Ley 1/2014 para la protección de los trabajadores a tiempo parcial El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mediante sentencia nº 1413/15, ha confirmado la resolución de un juzgado de lo Social de Sevilla que reconocía la prestación de jubilación a una mujer que acudió al mismo después de que le fuese denegada dicha prestación en vía administrativa. El TSJA confirma que la trabajadora alcanza las cotizaciones exigibles, dada la modificación de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, que se redactó de nuevo por artículo 5 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. De esta forma, habían recurrido al TSJA el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que alegaron la infracción de lo dispuesto en el artículo 161.1 b) de la Ley General de la Seguridad Social y varias sentencias del Tribunal Supremo señalando que la actora no acreditaba cotizados los 5.475 días de carencia general exigidos por esa norma. Sin embargo, en ese momento, cuando el juzgado de instancia dictó sentencia (mayo de 2013), había un vacío normativo (el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de toda regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS en su redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998), por lo que dicho juzgado justificó su decisión computando como día cotizado cada día de los trabajados, al margen de que se hubiera trabajado a jornada com-

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pleta o parcial, alcanzando un total de días cotizados superior al periodo mínimo de cotización. Por su parte, y tras la modificación comentada en la Ley, el TSJA indica que la solución adoptada por la sentencia de instancia no puede mantenerse porque, en la actualidad, ya no existe el vacío normativo que existía cuando se dictó la resolución. Así, y teniendo en cuenta que esta modificación contempla que “esta ley será igualmente de aplicación para causar derecho a todas aquellas prestaciones que con anterioridad al 4 de agosto de 2013 hubiesen sido denegadas por no acreditar el periodo mínimo de cotización exigido en su caso”, la norma resulta de aplicación en el supuesto enjuiciado, toda vez que la prestación se había denegado en mayo de 2010. Asimismo, la aplicación del método que contiene la norma transcrita, exige conocer con exactitud los periodos cotizados. En este caso, la actora había cotizado 184 días por un lado y 981 por otro a tiempo parcial, lo que supone 1.175 días que, a razón del 25 por ciento de la jornada ordinaria (coeficiente de parcialidad), corresponde un periodo de 293,75 días que se consideran cotizados. Además, acredita un periodo de 4.438 días y otro de 730 días, también a tiempo parcial, lo que supone 5.168 días de ocupación que a razón del 37,5 por ciento corresponde un periodo de 1.938 días que se consideran cotizados. La suma de los días alcanza los 2.231,75 días a los que han de sumarse los 20 días de cotización a tiempo completo resultando un total de 2.251 días. Con el método de cálculo que impone la regla, se procede a continuación a calcular el coeficiente global de parcialidad, representado por el porcentaje que supone el número de días trabajados y acreditados como cotizados, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral de la trabajadora. Dicho coeficiente ha de aplicarse al periodo mínimo de cotización, exigido en el artículo 161 de la LGSS de 5.474 días para obtener el periodo mínimo de cotización exigible a la actora. Efectuadas las operaciones aritméticas, resulta un periodo exigible de 1.938 días, periodo que sobradamente acredita. Como conclusión, el TSJA indica en su sentencia que confirma la del juzgado de instancia aunque no exactamente por las razones que la misma contiene.

El TJUE considera tiempo de trabajo el empleado en ir de casa al trabajo en centro no habitual y viceversa 35


Jurisprudencia El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado mes de septiembre sobre el hecho de que el tiempo de desplazamiento diario que emplean los trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les asigna su empresario constituye tiempo de trabajo. Así lo ha afirmado el Tribunal de Justicia (asunto C-266/14) tras solicitarlo la Audiencia Nacional debido al conflicto en el seno de una empresa de instalación y mantenimiento de sistemas de detección de intrusión y sistemas antihurto en comercios. Según el tribunal remitente, el tiempo desde el domicilio de uno de los trabajadores afectados hasta el centro donde debía llevar a cabo una intervención fue una vez de tres horas debido a la densidad del tráfico. Por su parte, la empresa no contabiliza este tiempo como de trabajo, sino de descanso. Así, calcula la duración de la jornada diaria por el tiempo transcurrido entre la hora de llegada del trabajador al centro del primer cliente del día y la hora en que sale del centro del último cliente. Sin embargo, se apunta por el tribunal remitente que antes del cierre de las oficinas provinciales de la empresa, se calculaba la jornada de trabajo diaria desde su entrada en las oficinas para retirar el vehículo hasta el momento de su regreso a dichas oficinas para depositar el mismo. La Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial referida a si es tiempo de trabajo el transcurrido entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo (y viceversa), siendo éste variable. La Audiencia lo plantea así puesto que considera que los trabajadores no tienen opción de adaptar su vida privada y su lugar de residencia en función de la cercanía al centro de trabajo, puesto que este centro varía cada día, pero, por otro lado, considera que tampoco es un tiempo en el que estén estrictamente a disposición del empresario par que les pueda encomendar alguna tarea distinta del propio desplazamiento. Por ello, a su juicio, no está suficientemente claro que el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes constituya tiempo de trabajo o periodo de descanso. El Tribunal de Justicia señala en este dictamen que antes de la decisión de la empresa de eliminar las oficinas provinciales, el empresario consideraba tiempo de trabajo el de desplazamiento entre las oficinas y los centros del primer y del último cliente diarios, pero no su tiempo de desplazamiento desde su domicilio a las oficinas provinciales al comienzo y al final de la jornada. Por otra parte, los trabajadores se desplazaban a

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las oficinas para recoger los vehículos y comenzar su jornada laboral y finalizaban su jornada en las mismas oficinas. La empresa alega que aunque los trabajadores efectúan un trayecto para dirigirse a los clientes, sus funciones son las de realizar prestaciones técnicas de instalación y de mantenimiento de sistemas de seguridad, por lo que, en su opinión, durante el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes dichos trabajadores no están en ejercicio de sus funciones. El Tribunal asegura que esta alegación no puede estimarse porque los desplazamientos son el instrumento necesario para ejecutar esas prestaciones técnicas y añade que la naturaleza de estos desplazamientos no ha cambiado a partir de la supresión de las oficinas provinciales, sino que solo ha cambiado el punto de partida de los trayectos. Por su parte, la empresa alegó que los empleados no están obligados a mantener el teléfono encendido durante el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes y que no fija el itinerario para desplazarse a esas citas, por lo que pueden organizar su tiempo de desplazamiento como les parezca oportuno. Por el contrario, el Tribunal afirma que esa libertad ya existía antes de la supresión de oficinas cuando el tiempo de desplazamiento se contabilizaba como tiempo de trabajo desde la hora de llegada a las citadas oficinas. Además, agrega que en la mayor parte de los casos no pueden disponer libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos personales, estando a disposición del empresario. Asimismo, la empresa y los Gobiernos español y de Reino Unido han expresado su temor de que tales trabajadores se dediquen a sus ocupaciones personales al comienzo y al final de la jornada. Sin embargo, el Tribunal asegura que corresponde al empresario establecer los instrumentos de control necesarios para prevenir posibles abusos, si bien antes del cierre de las oficinas ya existía la posibilidad de dedicarse a tales ocupaciones al comienzo y al final de la jornada laboral, en los trayectos entre los centros de los clientes y las oficinas. Además, indica que esta carga es una consecuencia inherente a su decisión de suprimir las oficinas, decisión exclusiva del empresario, apunta. Por último, alude a la Directiva 2003/88 al asegurar que sería contrario a la misma que el periodo de descanso de los trabajadores que carecen de centro de trabajo habitual o fijo se redujera debido a la exclusión de su tiempo de desplazamiento domicilio-clientes del concepto de tiempo de trabajo.

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Ocio TEATRO ‘LA SESIÓN FINAL DE FREUD’, DE TAMZIN TOWNSEND'. Esta extraordinaria obra de teatro, dirigida en España por Tamzin Townsend aunque fabulada por el dramaturgo estadounidense Mark St. Gemain, tiene lugar del día 10 al 12 de diciembre de 2015 en el Teatro Lope de Vega. El argumento discurre en Londres el día en que Inglaterra declara la guerra a Hitler. En esta jornada crucial para Occidente, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, con 83 años, recibe a Clive Staples Lewis, de 40 años, prometedor catedrático de la Universidad de Oxford. C.S. Lewis, que será reconocido como brillante autor de literatura fantástica, junto a su amigo J.R.R. Tolkien, por obras como ‘Las crónicas de Narnia’ o ‘Cartas del diablo a su sobrino’, había satirizado a Freud en uno de sus libros, por lo que el neurólogo quiere conocerle personalmente. Ambos discrepan, de manera aguda y mordaz, sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de

Dios y el sentido de la vida, veinte días antes de que Freud se quite la vida.

ÓPERA ‘OTELLO’ DE GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 31 DE OCTUBRE, 3, 6 Y 9 DE NOVIEMBRE, 20155 Basada en el célebre drama de Shakespeare y uno de los títulos verdianos, ‘Otello’ ha pasado a la historia como un ejemplo de la permanente búsqueda de la innovación en un creador ya consagrado, pues Giuseppe Verdi (1813 – 1901) era ya un “anciano” de 74 años cuando la estrenó en Scala de Milán en 1887. Con libreto de Arrigo Boito, y distribuida en cuatro actos, ‘Otello’ se interpreta en el Teatro de la Maestranza los días 31 de octubre y 3, 6 y 9 de noviembre del presente año. Se trata de una obra de intensa concisión dramática (acertada síntesis de la obra de Shakespeare resumida por Boito) y de penetrante retrato psicológico de los personajes en la que Verdi despliega en una gran y poderosa orquesta con episodios de violencia cromática e indecisión armónica, como en la escena inicial de la tempestad, que justifican claramente su recibimiento como una obra rabiosamente moderna. La potencia de momentos vocales tan extraordinarios como el “Credo in un Dio crudel”, la “Canción del sauce” o el “Ave María” han consagrado la obra como una pieza excepcional entre el gran repertorio operístico atrayendo hacia sus roles principales a voces tan legendarias como Ramón Vinay, Plácido Domingo, Mario del Mónaco, Jon Vickers, Mirella Freni, Renata Scotto, Renata Tebaldi, Peter Glossop, Paul Schöffler y Fischer-Dieskau. Directores míticos como Toscanini, Furtwängler, Karajan, Serafin o Barbirolli han dejado también su impronta en un título de poderoso aliento orquestal.

EXPOSICIONES ‘EL GRABADO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS EUROPEAS’, DE JAVIER ESCALERA Y LUIS MIGUEL MÁRMOL La exposición realiza un recorrido en el tiempo de las distintas escuelas europeas más significativas: Flamenca, Alemana, Inglesa, Italiana, Francesa y Española. Esta importante colección de grabados antiguos, que van desde el siglo XVI al XIX, puede visitarse del 6 al 9 de diciembre en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. El valor artístico de la muestra, tanto en lo material como en la faceta cultural, se cataloga dentro de una de las más importantes que se puede exponer sobre este arte en la actualidad. Obras de artistas de máxima relevancia en el renacimiento europeo como Marcantonio Raimondi, Bernard Salomón, Aliprando Caprioli, Ioan Wierx o Jürgen Lussenberger. De la etapa barroca, donde encontramos nombres como los de Albert Clouet, Pierre Giffart, Mateo Ogier, Sor Isabela Piccini, Pompilo Totti, Pierre Le Pautre, Jean Pesne o Ioachim Dieteiuch Coriolanus. Igualmente, destacados grabadores del neoclasicismo y rococó del siglo XVIII como Sebastián Klauber, Henri Salembier, Alexander Tardieu, Bernard Picart, Francisco Mountaner, Giuseppe Aloja, Jacques-Philippe Le Bas, Hieronymtus Rossi, Fhilippus de Grado, Ernst Dietrich, Volpato, Giovanni Folo, Mart Engelbrecht, Piranessi… Y los pertenecientes al romanticismo del siglo XIX con insignes obras salidas de las manos de José María Martín, Tomás Rocafort, Carlos Santigosa, Martín Riester, Desiré Guilmard, Adolphe Bilordeaux, Jean Mathieu, Joseph Lemercier, Blas Ametller, Agustín Lemaître , Henry Schroeder o el británico Samuel William Reynolds.

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