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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 79 | Enero - Marzo 2015 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Los Graduados Sociales se suman al Sistema Lexnet 5

Supresión de la Administración Concertada

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Nuevo Código de Conducta para la Mediación

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Artículo del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, D. Juan Casal Entrevista a la Secretaria General para la Justicia de la Junta de Andalucía, Dña. Mercedes Fernández Artículo del Catedrático de Derecho del Trabajoy la Seguridad Social de la US D. Miguel RodríguezPiñero


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Editorial

El Sistema ‘Lexnet’, una realidad Tuvimos que sentarnos, dialogar y acordar, pero al fin los Graduados Sociales podemos hacer uso de ‘Lexnet’, la plataforma puesta en marcha en 2009 que permite el intercambio de documentos entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos. Nuestra predisposición como profesionales por comenzar a utilizar el sistema ha permitido su implantación, a pesar de que algunos compañeros sigan siendo reacios a la misma, circunstancia de otra parte ciertamente lógica, pues, no olvidemos que por propia naturaleza somos muy poco receptivos a cualquier cambio. Pensar en el futuro y conseguir su plena e integral implantación, contribuirá y mejorará sin duda a todas y a todos, pero más sustancialmente a los que residen fuera de las localidades donde se ubican las sedes judiciales, evitando molestias y amplios desplazamientos, como en cualquier aspecto de la vida hay que ser lo suficientemente solidarios y pensar en los que tienen mayor dificultad, porque sin duda estos son los pequeños grandes pasos que contribuyen a que la Justicia Social sea una realidad. Nos encontramos ante un panorama en el que tenemos dos opciones: subirnos al carro en este momento o esperar a que tan solo dentro de unos meses el uso de la plataforma se haga obligatorio. Convivir con este sistema supone cambiar una manera de funcionar en nuestros despachos con respecto a los Juzgados de lo Social y de ello es consciente tanto la Consejería de Justicia e Interior como nuestro Colegio, como medio de acceso al sistema, que no han dudado en facilitar el acceso a ‘Lexnet’ así como solucionar las dudas planteadas hasta ahora. No es tiempo de desánimo y de ser poco receptivos a la implantación de nuevas tecnologías ( hace no muy pocos años la implantación del sistema RED, también creo distintas polémicas y hoy sin duda es una herramienta de trabajo indispensable en nuestros despachos), y, precisamente este es el sentimiento que debe combatirse en los próximos años; la profesión de Graduado Social tendrá, una vez más, la oportunidad de poner en funcionamiento un nuevo reto, (nos gustan los retos), desde una perspectiva innovadora y pionera, como ya viene siendo habitual en nuestro ejercicio profesional. En nuestras manos está, el poner en marcha los mecanismos, el asesoramiento, la gestión y la dirección en la toma de decisiones y recursos que nos hagan superar a todos este contexto. Un país preparado y lleno de grandes profesionales alcanzará sin dudas ese objetivo; a nadie se le escapa que la profesión de Graduado Social está llamada

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a ejercer su responsabilidad y contribuir de la mejor manera posible a ello. La Consejería ha mostrado su deseo de colaborar con nuestro colectivo en todas las reuniones que sobre este asunto se han llevado a cabo y finalmente esta predisposición se ha visto reflejada en una jornada informativa sobre la plataforma que tuvo lugar en la sede colegial a comienzos de este pasado mes de marzo. En ella, técnicos informáticos de la Junta de Andalucía explicaron los pasos a seguir para inscribirse (explicados ahora en nuestra web: www.cgssevilla.com), además de realizar una serie de recomendaciones técnicas que facilitan la acreditación en dicho sistema, para el que se hace necesario una tarjeta criptográfica solicitada y obtenida ya por muchos de los Graduados Sociales colegiados. Y es que, en palabras de la Consejería, el desarrollo de ‘Lexnet’ agiliza la tramitación de los procedimientos y mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones, al tiempo que disminuye los costes económicos al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos, siendo el envío de las notificaciones telemático. Además, desde la Junta destacan los buenos resultados cosechados hasta el momento en el ámbito del primer colectivo en el que se implantó, el de los procuradores. Igualmente, cabe destacar que en anteriores reuniones mantenidas por representantes de este Colegio, la misma Consejería ha reconocido que las notificaciones que permite el sistema “deberían haber comenzado por la jurisdicción de lo Social”, siendo “pioneros” los Graduados Sociales, como apuntaron nuestros compañeros, en diferentes procedimientos informáticos con los que trabajan en su día a día laboral. Los Graduados Sociales ocupan, y no es casual, un papel insustituible en el asesoramiento del tejido empresarial del país. Además, es de resaltar el valor añadido que ejerce nuestra presencia en la Jurisdicción Social, y ante las Administraciones Públicas en general, un lugar de referencia y reconocimiento pleno de la labor ardua, silenciosa, pero firme, responsable y de excelencia profesional. Por todo esto debemos, no sólo hacernos valer, sino también saber exigir y ayudar a establecer los mecanismos que permitan a nuestros despachos y clientes salir hacia delante en un momento histórico y de oportunidad para la profesión, pues el papel que desempeña el Graduado Social, bien ejercido y plenamente reconocido, es de una importancia vital para el país.

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Justicia S cial Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona D. José Antonio Ortiz Márquez

Editorial 03 Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 05 Consejo Andaluz de Graduados Sociales 06 Colegios de Graduados Sociales 07

Director: Rafael Hidalgo Romero.

Cursos y Jornadas 09

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla Rosa Mª Torrecillas Castro

Vida Colegial 11 Universidad 17 Artículo 19

D. Juan Casal Cansino

Administración: Nieves Cabezas Glez. de Zárate María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla. com Internet: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010

Entrevista 28

Dña. Mercedes Fernández Ordoñez

Artículo 31

D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo

Movimiento Colegial 36 Entrevista 38

Dña. María Isabel Escartín García de Ceca

Artículo 43

Dña. Maite Sampere

Número 79 Enero-Marzo 2015

Jurisprudencia 44 Ocio 46

LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

Supresión de la Administración concertada

Foto del Pleno extraordinario sobre la Administración concertada.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España celebró un Pleno extraordinario sobre la Administración concertada que sirvió para hacer un análisis de la situación, de los planteamientos y decisiones a adoptar. Este Pleno se sumó a otro ordinario en el que también se trató este tema, celebrado el pasado 16 de enero. Nuestro colectivo está trabajando en este asunto desde que el pasado 29 de diciembre se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que entró en vigor en enero y que suprime la Administración concertada. Dicha decisión se produce a través de una enmienda transaccional en el Senado, sin información previa ni posibilidad o margen de negociación a los colaboradores del Sistema Red, siendo innumerables e infructuosas las gestiones realizadas por nuestro Consejo General para la retirada de dicha enmienda antes de su publicación. La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial en sesión celebrada el pasado mes de diciembre, conscientes del perjuicio que dicha decisión provoca a nuestro colectivo, decidió adherirse a las gestiones que desde dicho Consejo General se siguen llevando a cabo, entre las que se encuentra el envío de un escrito a la Ministra de Empleo y Seguridad Social donde se pone de manifiesto la histórica colaboración que nuestro colectivo viene prestando a dicho Ministerio y la solicitud de una reunión con la Ministra que se celebrará en breve. A este Pleno asistió toda la Comisión Permanente y la práctica totalidad de los 43 presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales que hay distribuidos por toda la geografía española, que además muchos de ellos, fueron acompañados por sus miembros de Juntas de Gobierno, consiguiendo entablar un foro diverso de

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Nuestro colectivo está trabajando en este asunto desde que el pasado 29 de diciembre se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que entró en vigor en enero y que suprime la Administración concertada opinión con un exhaustivo análisis de la situación en las diferentes Comunidades Autónomas. La unanimidad de las decisiones tomadas, pone de manifiesto la unidad del Colectivo, una unidad que servirá y se reflejará en las acciones a ejecutar. Estas acciones se plasmarán en las actuaciones que el Consejo General de Graduados Sociales liderará junto con la colaboración de todos los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y que en próximos comunicados se definirán con mayor precisión. Actuaciones que pretenden poner un punto de atención a una situación contraria a los intereses no solamente del Colectivo sino también nefasta para la gestión de la Seguridad Social.

Actuaciones que pretenden poner un punto de atención a una situación contraria a los intereses no solamente del Colectivo sino también nefasta para la gestión de la Seguridad Social. 5


Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

Nuevo Código de Conducta para la Mediación de la Consejería de Justicia El pasado 20 de enero tuvo lugar el acto de firma del Código de Conducta para el ejercicio de la Mediación en Andalucía, respaldado por la Fundación Mediara, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y suscrito por 40 entidades entre las que se encuentran consejos andaluces de colegios oficiales y asociaciones relacionadas con la mediación en la Comunidad. El Presidente de nuestro Consejo Andaluz, D. José Esteban Sánchez, fue el encargado de firmar en nombre de nuestro colectivo, estando acompañado por el Presidente y Tesorero del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, D. Rafael Hidalgo y D. Juan Carlos Castro, respectivamente, que también fueron invitados al acto por la participación de nuestro Colegio en el desarrollo de este Código de Conducta. El acto, que se celebró en el Parlamento de Andalucía, estuvo presidido por el Consejero de Justicia e Interior de la Junta, D. Emilio De Llera, la Secretaria para la Justicia de la Junta, Dña. Mercedes Fernández, y la Letrada del Gabinete Técnico de la Unidad de Mediación del Consejo General del Poder Judicial, Dña. Ana Mª Carras-

Foto de grupo de los representantes de las entidades.

cosa, acompañados de la Gerente de Mediara, Dña. Pilar Calatayud. Se trata, según explicó el Consejero, de un Código de Conducta pionero en España para impulsar y mejorar el ejercicio de la mediación como instrumento fundamental para favorecer la resolución de conflictos por una vía extrajudicial firmado por dichas entidades que se han comprometido a cumplir los criterios recogidos en el documento.

Reuniones del Consejo Andaluz con la Consejería de Empleo y la Inspección de Trabajo El encuentro tuvo lugar en el marco de visitas institucionales que está realizando el Consejo Andaluz a todas las Consejerías y Direcciones Generales relacionadas con la profesión, al objeto de poner nuestro colectivo a disposición de la Administración, desde los ocho colegios provinciales, en todas aquellas cuestiones de divulgación y colaboración que puedan resultar de interés para la Administración Andaluza.

La Sra. Ayala, el Sr. Amate, el Sr. González, el Sr. Sánchez y el Sr. Carrasco.

El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, D. José Esteban Sánchez, acompañado de la Secretaria General, Dª. Mª del Mar Ayala, y del Vocal D. Luis Carrasco, se reunieron el pasado 22 de enero en Sevilla con el Secretario de Empleo de la Junta de Andalucía, D. Antonio González, que estuvo acompañado del Director General de Políticas Activas de Empleo, D. José Antonio Amate.

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Este mismo día, mantuvieron un encuentro con el Director Territorial de la Inspección de Trabajo, D. Víctor de Santos. En él se acordó iniciar la ronda de jornadas informativas para dar a conocer los Planes de Inspección aprobados para el año 2015, las cuales se vienen desarrollando en todos los colegios andaluces a través de los Jefes de Inspección de las distintas unidades provinciales. Con la intención de volver a retomar los encuentros profesionales entre la Inspección de Trabajo y los Graduados Sociales, se acordó llevar a cabo un encuentro en el que se abordarían distintos temas de interés para el colectivo en relación con la actuación inspectora.

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Colegios de Graduados Sociales

‘XIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social’ del Colegio de Almería Lidia León, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y por el Presidente del Colegio almeriense, D. Miguel Ángel Tortosa.

Fotografía de la clausura de las Jornadas.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería organizó, como cada año, las ‘Jornadas de Trabajo y Seguridad Social’ en el Museo Arqueológico los pasados 19 y 20 de marzo con gran éxito de asistentes, entre ellos nuestro Presidente y Vicepresidente, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente. El acto de apertura estuvo presidido por D. Juan Ramón Fernández, Jefe de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Almería, D. Fernando Brea, Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial, D. José Esteban Sánchez, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, Dña.

En el acto de clausura estuvieron presentes D. Francisco A. Rodríguez, Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Dña. Lourdes Molina, Presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, D. Luis Miguel Columna, Juez Decano de los Juzgados de Almería, D. Juan Antonio Cerezo, Delegado de los alumnos de Grado de RRLL y RRHH de la Universidad de Almería y el Sr. Tortosa. Algunas de las conferencias llevadas a cabo fueron 'Problemática del incidente de readmisión irregular y la ejecución definitiva y provincial', 'Forma de retribución de los socios administradores y doctrinas de los Tribunales. Criterios', 'El accidente de trabajo y la enfermedad profesional del trabajador autónomo, retos de su protección y prevención. Perspectiva comunitaria', 'Las relaciones laborales y los derechos fundamentales de los trabajadores' o 'La compatibilidad de prestaciones, Seguridad Social con el trabajo y con el ejercicio de cargos en empresas societarias'.

EL CGCOGSE distingue al Secretario General del Colegio de Cádiz En sesión ordinaria del Pleno del Consejo General de Graduados Sociales (CGCOGSE) celebrado en Madrid el pasado 27 de febrero y a propuesta del Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, D. José Blas Fernández Sánchez, se acordó por unanimidad otorgar la Medalla de Oro al Mérito Profesional El Secretario General del Colegio gaditano. de dicho Consejo al Secretario General del Colegio gaditano, D. Manuel Carlos Raposo por los muchos méritos que en el mismo concurren tras su dilatada trayectoria profesional ocupando diversos

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cargos en la Junta de Gobierno del citado Colegio y defendiendo ejemplarmente los intereses de la profesión de Graduado Social. D. Manuel Carlos Raposo Lagóstena, ha desempeñado eficazmente los cargos de Tesorero y Secretario General del Colegio gaditano, cargo este último que sigue ostentando en la actualidad. Inició su carrera profesional en San Fernando, en el año 1991, continuando en el ejercicio de la misma y siendo uno de los principales colaboradores del buen funcionamiento del Colegio. Para el Presidente del Colegio y su Junta de Gobierno es un honor contar con un compañero ejemplar, honesto, profesional y siempre presto a la defensa de la profesión, pues su constancia unida a los conocimientos que en el campo laboral y social mantiene le han hecho acreedor de una merecida distinción que pocos Graduados Sociales de España tienen el honor de poder contar con ella.

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Colegios de Graduados Sociales

Curso de Práctica Jurídico Procesal 2015 del Colegio de Granada de Graduados Sociales El pasado 2 de febrero se procedió a la apertura del curso de Práctica Jurídica 2015 de la Escuela de Práctica Profesional “Antonio Angulo Martín” del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada. Para el mismo se contó con la presencia del Presidente, D. J. Esteban Sánchez, el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, D. Pedro A. García, y la Directora/Coordinadora del curso y Secretaria Judicial, Dª. Sofía Bravo, además de algunos de los ponentes del curso. Según el Presidente del Colegio, el curso está adaptado a las necesidades profesionales que se imponen actualmente, con contenidos prácticos y muy ilustrativos, abordando temas no exclusivamente procesales, como es la Nueva Oficina Judicial, el sistema Lex-Net y las aplicaciones informáticas relacionadas con el proceso laboral.

El Sr. García, el Sr. Sánchez y la Sra. Bravo durante el curso.

Recepción del Ministro de Justicia a operadores jurídicos de Málaga

Fotografía del encuentro con el Ministro de Justicia.

El Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Antonio Alcalá, el Magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Joaquín Ignacio Delgado, el Fiscal Jefe de la misma, D. Juan Carlos López, y el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, D. Juan Fernández, fueron recepcionados por el Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, en el despacho el pasado 18 de marzo, del Sr. Alcalá justamente antes de un encuentro con los operadores jurídicos de la ciudad y la provincia para presentarles las principales reformas del Ministerio. La agenda del Ministro comenzaba por la mañana con un desayuno informativo en el Hotel NH de la capital en el que subrayó que “la Justicia no solo es un servicio público esencial para que el ciudadano

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“La Justicia no solo es un servicio público esencial para que el ciudadano ejerza sus derechos y las empresas aseguren su competitividad, sino que también es un pilar básico del Estado de Derecho que contribuye de manera determinante a la estabilidad del sistema democrático”. ejerza sus derechos y las empresas aseguren su competitividad, sino que también es un pilar básico del Estado de Derecho que contribuye de manera determinante a la estabilidad del sistema democrático”.

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Cursos y Jornadas

MC Mutual expone la incidencia en Seguridad Social de la Ley de Presupuestos El pasado 11 de febrero tuvo lugar en nuestra sede colegial la jornada ‘Actualización normativa 2015: Ley de Presupuestos Generales del Estado e Incidencia en Materia de Seguridad Social de la Reforma Tributaria’, organizada por MC Mutual y nuestra Corporación, la cual contó con más de un centenar de asistentes entre colegiados y colaboradores de dicha mutua. En la misma, se informó a los presentes sobre los cambios normativos más recientes que afectan al ámbito de la Seguridad Social, analizándose éstos desde un punto de vista práctico. De esta forma, a lo largo de la sesión informativa se revisó la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE 2015), que establece modificaciones en el ámbito laboral y de Seguridad Social analizándose, de igual modo, la entrada en vigor de la reforma tributaria, cuyas modificaciones tendrán importantes repercusiones en los ámbitos socio-laborales.

Nuestro Presidente junto al Sr. Benavides y la Sra. Campos.

La ponencia corrió a cargo del Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, D. Antonio Benavides, que estuvo acompañado por nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, y la Directora Provincial de MC Mutual en Sevilla, Dña. Margarita Campos.

Fraternidad Muprespa informa sobre la Ley de Mutuas Tras la intervención del Sr. Castro, en la que trató las modificaciones introducidas por la Ley 35/2014 en la prestación por Cese en la Actividad de los Trabajadores Autónomos, Dª Lola Jariego, Directora Provincial en Sevilla de Fraternidad Muprepa, clausuró esta jornada informativa. El Sr. Castro señaló que la ley 35/2014 modifica los requisitos de los autónomos para acceder al sistema específico de protección por cese de actividad. Estos cambios se producen con el objetivo de “suavizar los requisitos y formalidades que anteriormente se exigían” a los autónomos y que “impedían, en la práctica, el legítimo disfrute del derecho”. Del mismo modo, la norma pretende Nuestro Secretario acompañado del Sr. Castro y la Sra. Jariego.

El pasado 26 de febrero se desarrolló en nuestra sede colegial la jornada ‘LEY DE MUTUAS – C.A.T.A.’ tras la propuesta de la Mutua Fraternidad Muprespa con motivo del acuerdo de colaboración suscrito con anterioridad. Nuestro Secretario, D. Juan Antonio Montes, fue el encargado de inaugurar la jornada, dando paso a la ponencia de D. Eduardo Castro, Director del Departamento de Prestaciones Económicas de la mutua.

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“ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo” que, sin embargo, “se encuentran en situación de necesidad”. En palabras de la mutua, su labor "pasa ineludiblemente por realizar una gestión eficaz y profesional, con un trato personal y directo hacia las empresas asociadas y sus trabajadores. Profesionalidad y experiencia serían las dos cualidades por las que se ha distinguido su actuación a lo largo de estos 84 años".

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Cursos y Jornadas

Los colegiados se incorporan al sistema ‘Lexnet’ La presentación del 'Sistema Lexnet' (plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales) se llevó a cabo el pasado 5 de marzo en nuestra sede colegial. En esta jornada se explicó en qué consiste la plataforma y los pasos a seguir para inscribirse, además de realizarse las recomendaciones técnicas a tener en cuenta que facilitan la acreditación en dicho sistema. Los encargados de dicha sesión fueron el Jefe de Servicio de Informática de la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior, D. Carlos Simón, y el responsable de 'LeEl Sr. Simón y el Sr. Albarrán presentando el sistema. xnet', D. Juan Carlos Albarrán. Los colegiados que así lo solicitaron tuvieron la oportunidad de retirar la tarjeta criptográpara hacer posible su implantación, una vez finalizadas fica facilitada por el Colegio (medio de acceso al sislas gestiones con los representantes de los órganos jutema). Además, se informó que esta Corporación está diciales correspondientes en la elaboración del protoponiendo en marcha la incorporación de sus miembros colo que recoja las garantías jurídicas necesarias.

La Inspección Provincial de Trabajo informa sobre sus actuaciones para 2015 El pasado 11 de marzo se celebró en nuestra sede colegial la ‘Jornada sobre Planificación de Actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para el año 2015’, que corrió a cargo del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla, D. Juan Casal. Siendo presentado por nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, el Jefe de la Inspección Provincial trató diversos temas como la Prevención de Riesgos Laborales, el empleo y las relaciones laborales, la Seguridad Social o la Economía irregular en relación con el trabajo de extranjeros.

El Sr. Hidalgo junto al Sr. Casal presentando la jornada.

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Concretamente, las condiciones de seguridad en el trabajo, la investigación de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, los tipos de contratos y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Igualmente, ha hablado sobre la inscripción, afiliación y alta, así como de la cotización y las diferentes prestaciones.

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Vida Colegial

Reunión en la Consejería de Justicia sobre la puesta en marcha del sistema ‘Lexnet’ ta de Andalucía, Dña. Mercedes Fernández, el Jefe del Servicio de Informática Judicial de la Consejería de Justicia, D. Carlos Simón, y el Presidente y Vicepresidente de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente, que acordaron establecer las líneas de colaboración oportunas para el establecimiento de ‘Lexnet’, dado el interés de la profesión y el Colegio por seguir adecuándose a las pertinentes innovaciones. El Sr. Simón, la Sra. Fernández, el Sr. Hidalgo y el Sr. Barrera.

El pasado 15 de enero se celebró un encuentro acerca del sistema ‘Lexnet’ (plataforma de intercambio de documentos judiciales entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos) en la Consejería de Justicia e Interior en el que se trasladó por parte de ésta que el sistema podría estar utilizándose por los compañeros Graduados Sociales de Sevilla “en un breve plazo de tiempo”, después de manifestarse por los mismos su predisposición por comenzar a hacer uso de la plataforma lo antes posible. La reunión se produjo entre la Secretaria General para la Justicia de la Consejería de Justicia e Interior de la Jun-

Otro asunto de interés para el colectivo que nuestro Presidente le transmitió a la Secretaria General para la Justicia fue el significativo atraso que se está produciendo en los señalamientos de juicios que deben celebrarse en los Juzgados de lo Social, tal y como viene haciendo saber a los diferentes implicados, como son la Delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Dña. Aurora Cosano, la Jefa del Servicio de Administración Laboral, Dña. Pastora Fernández, o la Secretaria Coordinadora de los Juzgados de Sevilla, Dña. Mª Auxiliadora Duque. Por su parte, la Sra. Secretaria tomó nota de lo que se habló en la reunión y aseguró que se lo trasladaría al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

El Colegio reconoce la labor del Fogasa en Sevilla El pasado 13 de febrero representantes de nuestro Colegio se reunieron en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en un encuentro en el que predominó la actitud de colaboración por ambas partes, tratándose diversos temas que afectan a los Graduados Sociales en el día a día de su gestión. El Vicepresidente del Colegio, D. José Ramón Barrera, y los Vocales de Relaciones con Agentes Sociales, D. Juan José Guijarro y D. Carlos Barrera, se reunieron con la Jefa del Fogasa en Sevilla, Dña. Ana Mª Beato, si bien quedó patente que esta administración realiza un "esfuerzo considerable" permitiendo a instancia de parte la revisión extraordinaria de los expedientes resueltos y en cuyo procedimiento no cabe reclamación previa sino directamente la demanda. Además, se puso de manifiesto la reducción, en gran medida, del tiempo de espera para cita previa, que antes se fijaba a un mes y medio vista mientras que en estos momentos a menos de un mes. Por ello, se quiso agradecer el trabajo realizado, a pesar de la limitación de medios que

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La Sra. Beato acompañada de nuestro Vicepresidente y Vocales de Relaciones con Agentes Sociales.

presenta la entidad y que evidentemente lo condiciona. No obstante, la Sra. Beato señaló que el pasado año se registraron en el Fogasa en torno a mil expedientes menos que en 2013. Asimismo, invitó a los compañeros a que hagan uso de las aplicaciones informáticas solicitando un usuario y una contraseña, opción que les permite realizar un seguimiento de los expedientes de forma telemática, si bien aseguró que es conveniente su uso, ya que el grado de utilización en la actualidad es "bajo".

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Vida Colegial

Asepeyo con las mejores prácticas preventivas

Nuestro Presidente junto al Director de Asepeyo en Sevilla.

El pasado 27 de enero tuvo lugar la III Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas, a la que fueron presentadas 83 candidaturas de empresas. Al acto, que contó con la presencia del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, D. Rafael Antonio Barberá, del Presi-

dente de la mutua, D. José Mª Juncadella, y del Director de Asepeyo en Sevilla, D. Manuel Pérez, entre otros, acudió el Presidente de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo. Estos premios, cuyo objetivo es incentivar prácticas eficaces para el control de los riesgos laborales, distinguieron a empresas por la mejor práctica del control de riesgo, a la mejor práctica de gestión de la prevención, a la mejor contribución preventiva de la representación institucional de trabajadores y empresarios así como un premio específico a la pequeña empresa.

Jura del Colegio de Procuradores en la Audiencia Provincial La Audiencia Provincial de Sevilla acogió el pasado 15 de enero el acto de jura de nuevos colegiados del Iltre. Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla, que entran a formar parte de la institución. El acto contó con la participación del Presidente y Secretario de la Audiencia Provincial, D. Manuel Damián Álvarez y D. Luis Revilla, respectivamen-

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Momento del acto de Jura presidido por la Sra. Escartín.

te, así como de varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, como la Decana, Dña. Mª Isabel Escartín, la Secretaria, Dña. Ana León, y la Tesorera, Dña. Carmen Ruiz-Berdejo. Nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, también presidió este acto tras la invitación formulada por la Sra. Decana.

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Vida Colegial

Almuerzo-coloquio con el Ministro de Justicia

El Sr. Barrera, el Sr. Pérez, la Sra. Escartín, el Sr. Catalá y el Sr. Gallardo.

El pasado 16 de febrero tuvo lugar un almuerzo-coloquio, organizado por la Fundación Cámara de Sevilla en el Club Antares, que contó con la presencia del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá. En su intervención se refirió a diversos temas de actualidad relacionados con su Cartera y, entre ellos, al retraso que se está produciendo en los juicios de los Juzgados de lo Social de Sevilla, tal y como se viene denunciando desde este Colegio Oficial, representado en este acto por nuestro Vicepresidente, D. José Ramón Barrera.

El Sr. Catalá aseguró que "a uno se le cae la cara de vergüenza cuando se señalan juicios para dentro de tres años", refiriéndose a los Juzgados de lo Social, uno de los más colapsados y que en Sevilla están señalando juicios para el año 2019. En ese sentido, el Ministro admitió que "faltan medios y que es necesario encontrar soluciones para los Juzgados de lo Social y Mercantil, que también están muy saturados por los concursos de acreedores". Igualmente, en el acto estuvieron presentes el Alcalde de la ciudad, D. Juan Ignacio Zoido, el Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio De Llera, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, D. Lorenzo Del Río, el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, D. Manuel Damián Álvarez, el Presidente del PP Andaluz, D. Juan Manuel Moreno, así como los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, D. José Joaquín Gallardo y Dña. Isabel Escartín, respectivamente, y el Presidente del Colegio de Agentes Comerciales, D. Francisco Pérez, entre otras personalidades.

Desayuno-coloquio con el Consejero de Justicia de la Junta El desayuno informativo organizado por el grupo Joly y patrocinado por Banco Santander en el que el protagonista fue el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, D. Emilio De Llera se llevó a cabo el pasado 20 de febrero. Tras explicar en su discurso la situación actual de la Justicia y realizar una crítica

El Consejero de Justicia e Interior dirigiéndose a los asistentes.

acerca de los aspectos que deben cambiarse para mejorarla, contestó a las preguntas realizadas por los invitados, entre los que se encontraban el Presidente y Vicepresidente de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente, que acudieron en representación de la Corporación.

Homenaje a la secretaria del Presidente de la Audiencia, Dña. Teresa Arce

El Sr. Hidalgo, el Sr. Álvarez, la Sra. Arce, la Sra. Escartín y el Sr. Barrera.

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La Secretaria del Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Dña. Teresa Arce, fue homenajeada con motivo de su jubilación el 26 de febrero. Al almuerzo acudieron compañeros, familiares y amigos de la Sra. Arce, el Presidente de la Audiencia, D. Manuel Damián Álvarez, la Fiscal Jefe, Dña. Mª José Segarra, el Juez Decano de Sevilla, D. Francisco Guerrero, nuestro Presidente y Vicepresidente, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente, la Decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Dña. Isabel Escartín, y el Decano de los abogados sevillanos, D. José Joaquín Gallardo.

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Vida Colegial

El letrado D. Ignacio Cañal de León, distinguido con la Cruz de San Raimundo Andrade, y del Decano de dicha Corporación, D. José Joaquín Gallardo. Nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, no quiso faltar a esta cita, al igual que la Decana del Colegio de Procuradores, Dª. Isabel Escartín, y otros compañeros de profesión. Esta Medalla la concede el Ministerio de Justicia al Sr. Cañal de León en atención a los méritos acreditados durante más de 53 años de ejercicio profesional como abogado. Foto de grupo tras la imposición de la distinguida Medalla.

El pasado 13 de marzo, al letrado D. Ignacio Cañal de León le fue impuesta la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en un acto que fue celebrado, a petición del honorable abogado, en la sede del Iltre. Colegio Oficial de Abogados de Sevilla y de manos del Presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo en Sevilla del TSJA, D. Antonio Moreno

El condecorado, que fue durante siete años Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados sevillano, se dirigió a los asistentes recordando el "mosaico", como lo llamó, de su vida profesional, que "creía que había culminado cuando se encontró con este reconocimiento", el cual asegura que coloca "en el centro" de dicho mosaico. Además, hizo hincapié en la importancia de la "lealtad" en la profesión de la abogacía, de la que es ejemplo al haber estado durante toda su carrera en el mismo bufete.

Convenio de colaboración con Mutua Universal Tuvo lugar el pasado 16 de marzo la firma de acuerdo de colaboración con Mutua Universal. Así, el Director Provincial de la mutua en Sevilla, D. Daniel Ramos, de una parte, y el Presidente de nuestra Corporación, D. Rafael Hidalgo, de otra, acordaron la organización de actos diversos, tales como charlas, conferencias, cursos o

El Sr. Ramos y el Sr. Hidalgo en el momento de la firma del convenio.

jornadas formativas e informativas, entre otros, dirigidos a colegiados y colaboradores de dicha mutua, a fin de orientar, formar e informar a unos y otros en el conocimiento de la normativa y de las actividades que han de observar en materia de prestaciones, de Prevención de riesgos Laborales, así como de las restantes funciones que constituyen el cometido de ambas entidades.

Convenio de colaboración con Ele Dental

Momento de la firma del convenio de colaboración.

Nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, y la titular de la clínica Ele Dental, Dña. Lourdes Cordero, firmaron un convenio de colaboración el 16 de marzo.

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En el acuerdo se establece una serie de descuentos de los que se pueden beneficiar los colegiados y familiares que acudan a la citada clínica. Ofrece así ventajas en los servicios odontológicos acreditando ser colegiados o familiares de éstos a través del carné colegial y de una copia del libro de familia en el caso de los segundos, en la primera visita ofrece de forma gratuita placas radiográficas y una exploración con cámara intraoral conectada a un monitor para que el paciente vea el interior de su boca. Igualmente, ofrece ventajas en implantología y ortodoncia, siendo gratuitas las revisiones semestrales tras la retirada del aparato.

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Vida Colegial

El Magistrado D. José Manuel de Paúl, condecorado con la Cruz de San Raimundo

El Sr. Del Río impone la medalla de San Raimundo al Sr. De Paúl.

El Magistrado D. José Manuel de Paúl, Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, recibió el pasado 26 de marzo la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort en un acto que estuvo presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), D. Lorenzo del Río, y que se celebró en la Audiencia.

A esta imposición acudieron, entre otras autoridades, el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, D. Antonio Reinoso, el Presidente de la Audiencia Provincial, D. Manuel Damián Álvarez, el Juez Decano de Sevilla, D. Francisco Guerrero, la Fiscal Jefe, Dña. Mª José Segarra, la Secretaria General para la Justicia, Dña. Mercedes Fernández, y los Decanos de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, D. José Joaquín Gallardo, Dña. Isabel Escartín, y D. Rafael Hidalgo, respectivamente. El condecorado llevó a cabo un esmerado y sentido discurso en el que destacó que la Cruz de San Raimundo "supone un reconocimiento y también un cierto estímulo, eso que los psicólogos llaman un refuerzo positivo", pues, "después de muchos años de dedicación, con mayor o menor acierto, siempre se agradece que se haga ese reconocimiento". Recibir esta Cruz, según ha añadido el Sr. De Paúl, "permite también coger un poco de impulso o de ánimo para seguir los años que te quedan intentando hacer lo mismo con ese mismo nivel".

Toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados Tras el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, al que asistieron el Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio de Llera, el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, D. Antonio Reinoso, el Juez Decano de Sevilla, D. Francisco Guerrero, y el Presidente de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo, el Sr. Gallardo solicitó al nuevo Gobierno andaluz que surja del Parlamento una Consejería "exclusivamente" de Justicia y “sin otras competencias anexas".

Momento previo a la toma de posesión de la Junta de Gobierno.

El pasado 27 de marzo D. José Joaquín Gallardo tomó posesión como Decano del Iltre. Colegio Oficial de Abogados de Sevilla para un quinto mandato consecutivo, mientras que D. Óscar Cisnero lo hizo como nuevo Vicedecano.

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Por otra parte, el Decano de los abogados sevillanos señaló que "la situación que se padece en los Juzgados de lo Social es impropia de un Estado de Derecho y debiera afrontarse urgentemente con un ambicioso plan de choque que comprenda refuerzos de jueces y otros funcionarios y también medios materiales".

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Vida Colegial

Estación de penitencia de María Stma. del Dulce Nombre Asimismo, nuestra Patrona procesionó, junto a Nuestro Padre Jesús ante Anás, entre 900 nazarenos que forman parte de la citada Hermandad. Acompañaron a María Santísima del Dulce Nombre en representación de nuestra Corporación el Presidente, Vicepresidente y Vocal de Relaciones Públicas y Protocolo, Dña. Olga Méndez.

El Sr. Barrera, el Sr. Hidalgo, el Sr. Casal, el Sr. Guzmán y el Sr. Machado.

La Hermanda del Dulce Nombre ofició el Martes Santo, 31 de marzo, la tradicional Misa de Hermandad tras la que se hace entrega del bastón de mando de nuestro Colegio Oficial a la Patrona de éste, María Santísima del Dulce Nombre, el cual luce durante la Estación de Penitencia y que fue entregado a la Virgen por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide, D. Vicente Guzmán, en nombre de nuestro Colegio. Nuestro Presidente y Vicepresidente, D. Rafael Hidalgo y D. José Ramón Barrera, respectivamente, también estuvieron acompañados en esta celebración, preparatoria de la Estación de Penitencia, por el Hermano Mayor del Dulce Nombre, D. Manuel Casal, y del Teniente de Hermano Mayor, D. Enrique Machado.

El Sr. Barrera, el Sr. Hidalgo y la Sra. Méndez.

Procesión del Santo Entierro Una representación de nuestra Corporación, formada por nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, nuestro Secretario, D. Juan Antonio Montes, y nuestra Vocal Dña. Vanesa García, procesionó el Sábado Santo en la Estación de Penitencia de la Hermandad del Santo

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El Sr. Montes, el Sr. Hidalgo y la Sra. García

Entierro, cuyo primer paso representa el triunfo de la santa cruz sobre la muerte, simbolizado por un esqueleto meditabundo, el segundo a Cristo muerto en el interior de una urna de cristal y el tercero la Dolorosa con San Juan, María Magdalena, María Salomé, María de Cleofás, José de Arimatea y Nicodemo.

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Universidad

Homenaje a D. Miguel Rodríguez-Piñero en la Universidad de Sevilla Además, acudió el Vicepresidente de nuestro Colegio, D. José Ramón Barrera, así como académicos, autoridades, amigos y un buen número de familiares del también Consejero Permanente de Estado y Presidente Emérito del Tribunal Constitucional.

Instantánea del homenaje al Sr. Rodríguez-Piñero.

El Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla brindó el pasado 13 de febrero un merecido homenaje al catedrático Emérito D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer en un acto presidido por el Rector. Asistieron, entre otras autoridades, el Expresidente de la Junta de Andalucía D. José Rodríguez de la Borbolla y D. Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz.

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D. Jesús Cruz, Director del Departamento de Derecho del Trabajo, habló de ‘Miguel como Maestro Universitario’, siguiendo a su intervención las de otras autoridades como D. Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y Magistrado del Tribunal Constitucional, Dña. María Emilia Casas, Expresidenta del Tribunal Constitucional, D. Guian Guido Balandi, Profesor de Derecho de la Universidad de Ferrara, D. Natal Elkin, de la OIT, y D. Francisco Rubio, Catedrático de Derecho Constitucional y Expresidente del Consejo de Estado. Tras las palabras del propio Rodríguez-Piñero cerró el acto el Rector de la Universidad de Sevilla, D. Antonio Ramírez de Arellano, agradeciendo al catedrático emérito “su trayectoria como universitario, como jurista, como hombre de estado y como persona de bien.

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Universidad

Graduados Sociales acercan la profesión a estudiantes de Ciencias del Trabajo apuntando que los Graduados Sociales han sido pioneros en la puesta en marcha del conocido Sistema RED o del Sistema de Liquidación Directa, si bien actualmente el colectivo está trabajando en la implantación de la plataforma Lexnet. De su lado, el Sr. Jaén habló del ejerciente de empresa y, en concreto, realizó una presentación sobre el ámbito de actuación o las habilidades y competencias que se demandan para ejercer en una empresa.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo atentos a los ponentes.

El pasado 23 de marzo se celebró un coloquio sobre salidas profesionales en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) organizado por ésta y nuestro Colegio. En él se congregaron alumnos de la Facultad que llenaron el Salón de Grados para escuchar las ponencias presentadas por la Decana, Dña. Milagro Martín, de nuestro Vicepresidente, D. José Ramón Barrera, el Profesor y Graduado Social en la modalidad de ejerciente libre D. Federico Martínez-James, la compañera adscrita al sindicato UGT Dña. Carmen Orozco, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social D. Alejandro Gázquez y el compañero ejerciente de empresa en Inés Rosales, D. Daniel Jaén, que acercaron la profesión a los futuros Graduados Sociales a través de su propia experiencia laboral. Así, el Sr. Barrera se dirigió a los estudiantes del Grado de Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos significando el carácter "digno, magnífico y dinámico" de esta "joven" profesión y

Por su parte, el Sr. Gázquez expuso las funciones y la estructura de la Inspección de Trabajo, que definió como un "servicio público que delimita las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento del ordenamiento social". Habló de la función de asistencia técnica, de mediación, conciliación y arbitraje así como de control y exigencia del cumplimiento de la normativa en el orden social. La Sra. Orozco hizo conocedores a los alumnos de su pasión por la defensa de los trabajadores que ejerce desde el sindicato en el que presta sus servicios, atención y ayuda a quienes los precisan y habló de su lucha para integrar estos estudios en la Universidad de Sevilla. Finalmente, el Sr. Martínez-James acercó la figura del colegiado a los estudiantes, recordando que se trata de una profesión cuya colegiación es obligatoria para quienes la ejercen, y les habló con claridad de los pros y contras del ejercicio profesional, al mismo tiempo que les aconsejó sobre la importancia de ofrecer confianza a los clientes y actuar como "psicólogo".

Expertos laborales debaten temas actuales en la Universidad de Sevilla El pasado 19 de marzo se desarrollaron las Jornadas Club de Expertos Laborales, en las que hubo una representación de la Universidad de Sevilla, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de nuestro Colegio, acudiendo las Vocales Dña. Margarita Guerrero y Dña. Vanesa García y algunos colegiados de nuestra Corporación más. En formato de mesa de trabajo, y en ambiente distendido, se debatieron tres supuestos muy interesantes, desde el punto de vista jurídico laboral. El primero de ellos disertó sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 2-122014 Rec 505/12 del Ponente D. Jorge Agustí sobre despido cautelar o despido dentro del despido. La siguiente ponente trató la naturaleza jurídica de las cotizaciones en la Seguridad Social conocida en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo 16-02-2015 Rec 623/13.

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Expertos laborales durante el debate.

Finalmente, el tercer ponente disertó sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional, que avala la reforma laboral de enero de 2015. En concreto, la Sentencia es discordante con los principios de causalidad, proporcionalidad y racionabilidad.

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Artículo

D. Juan Casal Cansino

Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla Profesor Asociado Universidad Pablo de Olavide

El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras las últimas reformas legales

Las dificultades surgidas en la aplicación efectiva de las primeras leyes laborales, promulgadas en España a finales del siglo XIX tras tomar conciencia los poderes públicos de la necesidad de intervención legislativa en el mercado de trabajo (hasta entonces sometido a las reglas del Derecho Privado), generaron la conveniencia de establecimiento de sanciones administrativas (además de penales) suficientemente disuasorias de incumplimientos normativos, así como de órganos públicos especializados de verificación de las condiciones de trabajo existentes en las empresas. La aplicación práctica de esta normativa especial, y por tanto su éxito, únicamente podía garantizarse en unos niveles razonables con la ayuda de algún órgano eficaz de vigilancia. En España este papel lo viene desempeñando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), institución ya centenaria (su creación tiene lugar en 1906, mediante la aprobación de su Reglamento), dependiente orgánicamente del Ministerio de Trabajo (con sus distintas denominaciones históricas, actualmente de Empleo y Seguridad Social). Aún con las evidentes dificultades de implantación, desde el punto de vista social y burocrático, el funcionamiento del servicio de Inspección supuso un indudable incremento en la implantación en la práctica y efectividad del incipiente ordenamiento laboral. Permitió además, y esta era otra de las funciones que movieron a su creación, un conocimiento más preciso de las condiciones de los trabajadores, información que resultó extremadamente valiosa para la formulación de nuevas leyes en este ámbito. Históricamente siempre ha existido una mutua influencia entre la creación legislativa en el orden laboral y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Como se ha indicado, el funcionamiento de este servicio supone

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el medio público existente de toma de datos de la realidad existente en los centros de trabajo, datos que resultan de extraordinaria importancia para la detección de necesidades de regulación o de reforma de las normas ya vigentes. La ITSS, como Administración Pública que es, está sometida a las leyes, incluidas las que regulan su específico régimen jurídico, pero también está seriamente influenciada, lógicamente, por las normas jurídicas en relación con las que despliega su actividad. En consecuencia las reformas normativas que en los últimos años han venido modificado el ámbito de lo social tienen una evidente repercusión sobre las funciones a desempeñar por la ITSS. Régimen Jurídico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, a pesar de la profundidad de las reformas habidas en este ámbito, el régimen jurídico de la ITSS no ha sufrido modificaciones de carácter sustancial en los últimos años. Constituye la normativa básica de la ITSS en nuestro ordenamiento jurídico interno (en el ámbito internacional se encuentra recogido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- nº. 81, de 11 de julio de 1947, sobre inspección del trabajo en la industria y el comercio, y nº. 129, de 25 de junio de 1969, sobre inspección del trabajo en la agricultura, ambos suscritos por España) la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante LITSS), y el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que aprueba el Reglamento de organización y

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Artículo funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No obstante la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la seguridad social, ha modificado la citada regulación en lo referido a la duración de las actuaciones inspectoras, así como a la colaboración con la Inspección, tal y como se verá más adelante. Por otra parte, también la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha modificado el Art. 14.3 de la LITSS, disponiendo que la <<Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pondrá a disposición de las empresas, de oficio y sin necesidad de solicitud de alta, un Libro de Visitas electrónico por cada uno de sus centros de trabajo, en el que los funcionarios actuantes, con ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación.>> Añade el precepto modificado que mediante Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse al Libro de Visitas electrónico, así como los obligados, la forma de remisión a los mismos y los sistemas de verificación electrónica de su integridad; asimismo, se establecerán los supuestos excepcionados de llevar Libro de Visitas electrónico, el medio sustitutivo al mismo y el régimen transitorio de aplicación de esta medida. Precisamente este desarrollo reglamentario a través de Orden Ministerial, que la propia norma legal convierte en esencial, es el que está pendiente de promulgación. Ello determina que la previsión del Art. 14.3 de la LITSS aún no se encuentre vigente, y que continúe siendo de aplicación la Resolución de la Dirección General de la ITSS de 11 de abril de 2006, manteniéndose en la práctica el modelo de Libro de Visitas tradicional en papel. Como se ha expresado, la razón última de la existencia de la ITSS, y su finalidad esencial, es la de lograr que las normas jurídico-sociales sean efectivamente cumplidas por sus destinatarios. Así se expresa en los Convenios de la OIT anteriormente referidos, en los que se contempla como una de sus misiones básicas y común a todos los sistemas de Inspección de Trabajo la de «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión» (Art. 3.1 del Convenio Nº. 81 OIT; Art. 6.1 del Convenio Nº. 129 OIT). No obstante, siendo esta labor de fiscalización su cometido más característico, no es el único. También tiene una extraordinaria relevancia la función de asesoramiento y asistencia técnica dentro de su ámbito de competencias. En el Art. 3.2 de la LITSS, se amplían los

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posibles destinatarios de esta función asesora en relación con las previsiones de los Arts. 3.1 del Convenio Nº. 81 OIT y 6.1 Convenio del Nº. 129 OIT, puesto que además de prestarse a las empresas y trabajadores, con ocasión del ejercicio de la función inspectora, se amplía tanto a entidades y organismos de la Seguridad Social como a otros órganos de las Administraciones Públicas. Particularmente resultan extraordinariamente relevantes las funciones de asistencia técnica que realiza la ITSS a las distintas autoridades laborales y a los órganos jurisdiccionales, particularmente del orden social. Así, la ITSS emite informe, por ejemplo, en relación con despidos colectivos y suspensiones de contrato o reducciones de jornada de carácter temporal, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, autorizaciones de Empresas de Trabajo Temporal y de entidades que actúen como servicios de prevención ajenos, etc. Los órganos judiciales también reciben informes de la ITSS, en los supuestos en los que lo establezca una disposición legal; así ocurre en las siguientes modalidades procesales reguladas en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (clasificaciones profesionales, prestaciones, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor). Esta función de asistencia técnica está asimismo íntimamente vinculada con el deber de colaboración de la ITSS con las Administraciones Públicas y con las organizaciones de empresarios y trabajadores (Art. 10 LITSS). Las “Reformas laborales”. El Art. 35.2 de nuestra Constitución establece el compromiso de regular por ley un Estatuto de los Trabajadores, norma que ha sufrido frecuentes e intensas reformas condicionadas fundamentalmente por razones de política social normalmente coincidentes con periodos de crisis económica. Estas reformas han incidido particularmente en las normas relacionadas con la flexibilidad del mercado de trabajo (flexibilidad de plantilla o <<externa>>, flexibilidad <<interna>> y flexibilidad en las modalidades de contratación y en el acceso al trabajo). Las importantes reformas de 1994, 1997 y 2001 incidieron fundamentalmente en la contratación temporal, en el acceso al trabajo, las modificaciones de las condiciones de trabajo, la estructura y contenido de la negociación colectiva y los despidos por necesidades de la empresa. Entre ellas la reforma de 1994 tuvo especial trascendencia, dando lugar al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el Texto

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Artículo Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) actualmente vigente. En 2010, mediante el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, y la posterior Ley 35/2010, de 17 de septiembre, que lo sustituye, se reforma de nuevo la normativa laboral para intentar hacer frente a la crisis financiera y económica, que tuvo como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo y aumento del desempleo. Esta reforma tenía como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española, incrementando la flexibilidad interna de las empresas; particularmente se reforzaron las medidas de suspensión del contrato de trabajo y de reducción temporal de jornada, como mecanismo que permite el mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica, frente a medidas de flexibilidad externa que implican un ajuste en el volumen de empleo, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos para favorecer la adaptabilidad de las empresas. La reforma laboral del año 2012 (Real Decreto Ley 3/2012 y Ley 3/2012) parte de la gravedad de la crisis económica sin precedentes en que se fundamenta, que evidencia la existencia de problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo. De nuevo, el eje de la reforma es la regulación de medidas tanto de flexibilidad interna como externa, caracterizándose la primera como alternativa a la destrucción de empleo, al prever una serie de medidas cuyo objetivo es la adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa.

vo a la supresión de la autorización administrativa de la autoridad laboral, y la existencia de un nuevo desarrollo reglamentario de la materia, mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ha tenido una particular trascendencia en las labores de asistencia que venía efectuando, según las previsiones de la propia normativa de aplicación, la ITSS.

La reforma laboral del año 2012 (Real Decreto Ley 3/2012 y Ley 3/2012) parte de la gravedad de la crisis económica sin precedentes en que se fundamenta, que evidencia la existencia de problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo Las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los despidos colectivos y suspensiones y reducciones de jornada colectivas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Tras las reformas apuntadas, cabe distinguir dos tipos de procedimientos:

Así en materia de suspensión del contrato de trabajo y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas la reforma pretende dotar de agilidad al mecanismo mediante la supresión del requisito de autorización administrativa. Esta misma medida se instaura en relación con el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ahondando en la reforma del año 2010, también se introducen innovaciones en el terreno de la justificación de estos despidos, delimitando las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas habilitantes. A estas modificaciones esenciales se añaden otras en relación con estos despidos: posibilidad de establecimiento de prioridades de permanencia en la empresa de determinados trabajadores y obligación, cuando afecten a más de cincuenta trabajadores, de ofrecer un plan de recolocación externa.

• de despido colectivo y suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

La reforma del régimen jurídico de la suspensión temporal del contrato, de la reducción temporal de la jornada y del despido colectivo, particularmente en lo relati-

Esta nueva configuración lógicamente impone una modificación del papel a desempeñar por la ITSS en los procedimientos de despido colectivo y suspensión de

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• de despido colectivo y suspensión de contratos cuando derivan de fuerza mayor. Existe una diferencia esencial entre ambos procedimientos: los derivados de fuerza mayor culminan con una Resolución de la Autoridad Laboral relativa a la constatación (o no) del hecho constitutivo de la misma, son procedimientos administrativos strictu sensu (existe una instrucción que, como se ha indicado, culmina con una resolución administrativa); en los primeros no existe tal resolución, la autoridad laboral no tiene papel decisorio alguno, no existe un procedimiento administrativo realmente sino un seguimiento o tutela administrativa.

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Artículo contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En la regulación actual de estos procedimientos juega un papel central la información a facilitar a los representantes de los trabajadores al inicio del periodo de consultas, así como el correcto desarrollo de éste. La primera cuestión que se nos puede presentar en estos expedientes es la determinación de qué órgano de la ITSS es el competente para llevar a cabo las correspondientes actuaciones. Al respecto, la competencia vendrá marcada por la Autoridad Laboral ante la que se exija su tramitación en la regulación jurídica del proce­ dimiento. Así, en los supuestos en los que la autoridad laboral competente para conocer del procedimiento es la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (cuando los trabajadores pertenezcan a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, o en caso de avocación de la competencia cuando afecte a más de 250 trabajadores o la medida tenga especial trascendencia social) las funciones encomendadas a la ITSS serán desplegadas por la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central. Cuando el expediente afecte a centros de trabajo ubicados en distintas provincias de la misma Comunidad Autónoma será competente el Inspector de Trabajo y Seguridad Social designado por la Autoridad Central para estas funciones en la respectiva Comunidad. En el caso en que la empresa afectada cuente con centros de trabajo en otras Comunidades Autónomas, pero al menos un 85% de la plantilla radique en una Comunidad Autónoma que no haya recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de Función Pública Inspectora, la Dirección Territorial correspondiente podrá solicitar a la Autoridad Central la habilitación de un Inspector de Trabajo y Seguridad Social para la preceptiva actuación. Finalmente, será el Inspector de la Inspección Provincial respectiva, que designe su Jefatura, el competente en el supuesto en el que los centros de trabajo afectados estén ubicados en una misma provincia. Una vez designado el funcionario de la ITSS ocupado de la realización de las preceptivas funciones de comprobación, que culminarán con la emisión de al menos un informe dirigido a la Autoridad Laboral que resulte competente, las primeras actuaciones que se desarrollarán estarán relacionadas con la comunicación empresarial a ésta de la iniciación del procedimiento. La función a realizar por el Inspector es de auxilio permanente a la Autoridad Laboral, con la finalidad de que ésta pueda realizar con la máxima eficacia las actuaciones de su-

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pervisión que la nueva regulación le encomienda. Esta función impone que el Inspector actuante deba comenzar a desplegar su actividad tan pronto como la Autoridad Laboral le remita la comunicación empresarial de inicio del procedimiento. Lo primero que analizará el actuante será la comprobación de la propia competencia de la Autoridad Laboral a quien la empresa ha dirigido su comunicación, así como la del órgano inspector requerido para hacer el informe. En el supuesto en el que se aprecie la ausencia de competencia de cualquiera de ellos, el Inspector comunicará esta circunstancia a la Autoridad Laboral, solicitándole que se pronuncie sobre si se prosigue en la actuación, o si le va a dar traslado a la Autoridad Laboral u órgano inspector competente. Realizada esta verificación previa, la actuación del Inspector se dirigirá a comprobar que se cumplen los requisitos formales en la comunicación de inicio del procedimiento de la empresa a los representantes de los trabajadores (que debe ser idéntica a la efectuada a la Autoridad Laboral trasladada a la ITSS), comprobando que esta información, y la documentación que le acompañe, sea completa y adecuada, en relación con la concreta causa alegada, a fin de garantizar que éstos se encuentren suficientemente informados sobre los motivos y demás circunstancias relevantes relacionados con el expediente iniciado, teniendo elementos suficientes de juicio que les permita tomar la decisión de llegar, o no, a un acuerdo con el empresario. Si el actuante constatara que esta comunicación no cumple con los requisitos exigidos, comunicará a la Autoridad Laboral, con la mayor celeridad posible, las deficiencias observadas a los efectos de que ésta solicite a la empresa la correspondiente subsanación. En relación con el desarrollo del preceptivo periodo de consultas, el papel de la ITSS no es de tutela de oficio; esta labor está reservada a la Autoridad Laboral, por lo que esta tarea la podrá hacer, en su caso, el Inspector actuante en coordinación y colaboración con la misma, de la que depende funcionalmente, realizando funciones informativas y de asistencia técnica. En consecuencia, si el actuante tuviera conocimiento de que el periodo de consultas no se está desarrollando debidamente, deberá dar traslado de ello a la Autoridad Laboral para que por ésta se formule la correspondiente advertencia o recomendación a las partes. Cabe tener en cuenta que el Inspector actuante conserva durante su intervención sus funciones de asistencia técnica (Art. 3.2 LITSS). Así podrá solicitar, como complemento a la actuación anterior, directamente a la empresa la subsanación de las deficiencias apreciadas, así como informarle de las posibles consecuencias jurídicas que en vía judicial pueden tener estas deficiencias en

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Artículo caso de ser impugnada la decisión empresarial (posible nulidad), comunicando también esta circunstancia a la Autoridad Laboral y dejando constancia de ello en el informe que se emita. Estas observaciones o recomendaciones que pueda efectuar el Inspector, tal y como ocurre con las advertencias y recomendaciones que pueda realizar la Autoridad Laboral, no suponen la paralización ni la suspensión del procedimiento, no teniendo ninguna de ellas carácter compulsivo ni obligatorio: su aceptación por la empresa deriva del ejercicio de su propia responsabilidad, correspondiendo la decisión final sobre el cumplimento de la normativa de aplicación a la Jurisdicción Social (en caso de impugnación de la medida empresarial por los afectados disconformes), que sin duda valorará tanto la formulación de tales observaciones, advertencias o recomendaciones, como la actitud del empresario en relación con las mismas. Una vez finalizado el periodo de consultas, el Inspector actuante deberá emitir el preceptivo informe (Art. 51.2 ET), que deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días desde que la empresa comunique a la Autoridad Laboral la finalización del periodo de consultas; esta remisión deberá realizarse una vez que reciba esta comunicación, y deberá acompañarse a la misma copia del acuerdo alcanzado o de la decisión empresarial, así como de las actas de las reuniones del periodo de consultas y de la documentación correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento, además de las recomendaciones y advertencias efectuadas que la autoridad laboral hubiera efectuado a las partes. La ausencia de remisión en su totalidad de esta documentación no prorroga el plazo de emisión del informe, si bien se debe dejar constancia de ello en el informe emitido. Para la elaboración del informe el Inspector actuante es habitual que se haya reunido con ambas partes, bien mediante visita o comparecencia de éstas, y de forma conjunta o por separado, no siendo pertinente en este momento del procedimiento la solicitud a la empresa y aportación de documentación complementaria, al encontrarse el periodo de consultas ya finalizado. No obstante se podrá solicitar documentación en el marco de una actuación inspectora ordinaria. La reunión con las partes tendrá el objetivo de permitir al Inspector conocer el cumplimiento de los dos aspectos fundamentales sobre los que debe informar: la comunicación empresarial y documentación que la acompaña, y el desarrollo del periodo de consultas, tal y como exige el Art. 51.2 del ET. Salvo la plasmación de este extremo, no existirá diferencia en cuanto al contenido del informe según que el periodo de consultas haya concluido o no con acuerdo,

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a excepción, lógicamente, de lo relativo a la comprobación de los supuestos de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. El informe contendrá, en primer lugar, el resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios (en función de la concreta causa alegada para llevar a cabo la medida empresarial) de la comunicación y la documentación presentada por el empresario. Además, si la Autoridad Laboral hubiera realizado alguna advertencia o recomendación en relación con esta comunicación, el informe valorará si la empresa ha dado o no cumplimiento efectivo a la misma, indicando si hubo respuesta por escrito. Igualmente constará en el informe el examen de si los criterios utilizados para la designación de los trabajadores afectados por el expediente resultan discriminatorios por alguno de los motivos contemplados en el Art. 17.1 del ET, sin perjuicio del cumplimiento de las prioridades de permanencia en la empresa establecida en la regulación aplicable; esta labor se realiza en relación con la propuesta efectuada por la empresa en su comunicación y con la posible evolución que hubiere experimentado durante el desarrollo del periodo de consultas. En relación el propio desarrollo de este periodo de negociación, teniendo en cuenta la documentación remitida por la Autoridad Laboral y la recabada por el propio actuante, el informe contendrá el resultado de la verificación de los siguientes extremos: • Calendario de las reuniones. • Realización efectiva de las reuniones, con extensión de actas de las reuniones con las preceptivas firmas; en el supuesto de negativa de una parte a su firma procederá investigar si, a pesar de ello, las reuniones realmente se han celebrado. • Negociación de buena fe, reflejando las posibles incidencias comprobadas que puedan afectar a este deber. • Advertencias o recomendaciones efectuadas por la Autoridad Laboral, haciendo constar su contenido, así como si se han cumplido, si la empresa ha respondido a las mismas por escrito y les ha dado traslado a los representantes de los trabajadores. • Legitimación de la representación de los trabajadores y validez de los acuerdos adoptados. • Existencia de vicios de voluntad en la conclusión del acuerdo (fraude, dolo, coacción o abuso de de-

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Artículo recho); para su apreciación es exigible el despliegue de una actividad probatoria suficiente (aún de carácter indiciario), reflejada en el informe, que permita a la Autoridad Laboral fundamentar una eventual demanda de oficio ante la Jurisdicción Social. • Si el acuerdo alcanzado tiene la finalidad de acceso indebido de los trabajadores a prestaciones por desempleo, dentro de la función general de asesoramiento a la Autoridad Laboral, dada la facultad que se atribuye de impugnación de la decisión empresarial a instancia de la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Se trata de comprobar la posible concurrencia de supuestos de falsedad o simulación para colocarse fraudulentamente en esta situación. • Contenido de las medidas sociales de acompañamiento y del plan de recolocación externa (cuando sea obligado), con expresión de si han sido objeto de negociación durante el periodo de consultas, y con el análisis de su versión final, en los despidos colectivos. • Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social para aquellos trabajadores de 55 o más años que no tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967 (en empresas no declaradas en concurso), en los despidos colectivos. • Calendario de las suspensiones de contrato o reducciones de jornada de carácter colectivo, con indicación de los trabajadores afectados, así como la concreción de dichos periodos de suspensión o de las nuevas jornadas y horarios de trabajo. El informe emitido se remite a la Autoridad Laboral, que lo incorporará al expediente conformado en relación con el correspondiente procedimiento. En consecuencia no se da traslado del mismo a las partes, que únicamente tendrán acceso a través del órgano jurisdiccional, en caso de impugnación ante la Jurisdicción Social. Finalmente, en los supuestos de despido, suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada derivados de fuerza mayor, la nueva regulación mantiene el régimen jurídico tradicional vigente con anterioridad: su existencia deberá ser constatada por la Autoridad Laboral, independientemente del número de trabajadores afectados, previo procedimiento administrativo tramitado al efecto. Se mantiene la obligación de que la Autoridad Laboral recabe el preceptivo informe de la ITSS, dictando finalmente una Resolución administrativa. Para ello lógicamente se apoyará en el informe extendido por el Inspector actuante, que desplegará las correspondientes actuaciones de comprobación, a

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efectos de constatar que se trata de un acontecimiento imprevisible e inevitable. Por otra parte la ITSS conserva análogas funciones a las aquí descritas en relación con los procedimientos de despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, teniendo en cuenta las peculiaridades contenidas en el Título III deI Real Decreto 1483/2012. El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

En los supuestos de despido, suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada derivados de fuerza mayor, la nueva regulación mantiene el régimen jurídico tradicional vigente con anterioridad El 27 de abril de 2012 el Consejo de Ministros aprueba el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013; su objetivo prioritario era la intensificación de las actuaciones economía irregular, combatiendo conductas injustas e insolidarias, que generan una evidente reducción de los ingresos al Sistema de la Seguridad Social, el deterioro de los derechos de los trabajadores (considerando el derecho al alta en la Seguridad Social como un derecho básico de los trabajadores sobre el que construir el resto de los derechos laborales), además de competencia desleal entre empresas. Los objetivos específicos del Plan se concretan en: 1.º Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. 2.º Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

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Artículo 3.º Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 4.º Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Para ello se promueve un refuerzo de los instrumentos de control del empleo sumergido, adoptando tanto medidas organizativas como de tipo normativo. Ambas tienen una evidente repercusión en la actividad desplegada durante este tiempo por la ITSS. Desde el punto de vista organizativo se han incrementado los efectivos dedicados a economía irregular, conformando equipos especializados dedicados a este tipo de actuaciones, implicándose además a toda la plantilla de las Inspecciones Provinciales en esta tarea; se han planificado actuaciones específicas en la materia, tanto de carácter sectorial como intersectorial, que se han traducido en un sustancial incremento del empleo aflorado en estos años. Entre las medidas legislativas hay que destacar la aprobación de dos normas que tienen gran trascendencia en las funciones de policía administrativa encomendadas a la ITSS: la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, y la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, introduce modificaciones en las normas legales vigentes en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, actualizándolas para favorecer la exigencia de responsabilidades penales, administrativas y laborales, el régimen de infracciones y sanciones en el orden social y las actuaciones y los procedimientos desarrollados por la ITSS. Se configura en la norma la actuación de la ITSS, particularmente en su vertiente de inspección en materia de Seguridad Social y de la economía irregular, como instrumento esencial en ejercicio de sus funciones de vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social. La Ley, con el objetivo expresado, incluye reformas de normas que tienen una clara finalidad de facilitar la efectividad de las actuaciones inspectoras que se desarrollen en la materia: • Modifica el Art. 42 ET, ampliando el periodo posible de exigencia de responsabilidad solidaria por subcontratación empresarial.

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• Reforma el Art. 31.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante LGSS), limitando la posibilidad de rebaja del 50 % del importe de la cuantía de la sanción en caso de Acta de Infracción coordinada con Acta de Liquidación a los supuestos en los que el importe de ésta supere el de la sanción propuesta. • Introduce la obligación empresarial de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal, con carácter previo a su producción, de las variaciones en el calendario inicialmente de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada (Art. 230 LGSS). • Se introducen modificaciones de la LITSS con la finalidad de facilitar las actuaciones de la ITSS, incrementando las obligaciones de colaboración con la misma (particularmente permitiendo el acceso que hasta entonces tenía vedado al Índice unificado del Notariado), y aumentando el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias previas al procedimiento sancionador o liquidatorio. • Se reforma del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (en adelante LISOS), haciendo ciertos ajustes, particularmente en relación con determinados tipos infractores en materia de Seguridad Social que inciden en el control del fraude en esta materia, relativos a: ❍❍

comunicaciones a la Seguridad Social.

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falta de ingreso de cuotas.

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transmisión del certificado de empresa.

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colaboración obligatoria en la gestión.

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reducciones en las cotizaciones profesionales por la especial contribución a la reducción de la siniestralidad laboral. deber de comprobación por los empresarios que contratan o subcontratan obras o servicios correspondientes a su propia actividad o de servicios que se prestan de forma continuada en sus centros de trabajo de la previa afiliación y alta de los trabajadores también durante su ejecución. obligación de alta y cotización en los supuestos de salarios de tramitación, así como de vacaciones no disfrutadas con anterioridad a la finalización de la relación laboral.

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Artículo ❍❍

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❍❍

obligación de comunicar a la entidad gestora las variaciones sobre el calendario inicial de los días de suspensión o de reducción de jornada en las suspensiones o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ocupación de los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las medidas de suspensión de los contratos o en el horario de reducción de las jornadas autorizadas. ocupación de trabajadores, solicitantes o beneficiarios de prestaciones periódicas o pensiones de Seguridad Social, cuyo disfrute es incompatible con el trabajo por cuenta ajena. falta de ingreso de las cuotas de Seguridad Social en plazo y forma reglamentarios sin presentación de documentos de cotización y retención indebida de cuota obrera, no ingresándola dentro de plazo. obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el Art. 51.15 del ET para los supuestos de despidos colectivos de empresas que no se encuentren en concurso. consideración como sujetos responsables de los solicitantes de pensiones, prestaciones o subsidios.

• Se reforma también la regulación de las sanciones recogidas en la LISOS, modificando la regulación de las accesorias, aumentando la graduación de las sanciones en función de la cuantía no ingresada a la Seguridad Social, incrementando las cuantías de las sanciones de manera proporcional al número de afectados respecto de los cuales se haya cometido la infracción por falta de afiliación o alta en la Seguridad Social o por compatibilización indebida de prestaciones con el trabajo por cuenta ajena. Indudablemente todas estas reformas apuntadas tienen gran repercusión en la labor de la ITSS de fiscalización de la aplicación de la normativa de Seguridad Social, otorgándole, como no podía ser de otra forma un papel de actor principal en la lucha contra el fraude en la materia, y dotándole de los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo esa labor. Estas tareas afrontadas por la ITSS se traducen en la extensión de actas de infracción en materia de Seguridad Social, extranjería y empleo (en las que se contienen las correspondientes propuestas de sanción), actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, comunicaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social de altas o bajas de oficio,

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así como en la comunicación a las entidades gestoras de las prestaciones de la Seguridad Social de situaciones de compatibilización indebida de las mismas con una prestación de servicios o de situaciones de connivencia para el acceso a ellas, como resultado de las actuaciones de fiscalización desplegadas.

Todas estas reformas apuntadas tienen gran repercusión en la labor de la ITSS de fiscalización de la aplicación de la normativa de Seguridad Social Como norma complementaria de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de forma paralela, se aprobó la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que tiene entre sus objetivos reforzar la lucha frente a los delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. La modificación se concreta en: • La reforma el Art. 307, reduciendo a 50.000 euros la cuantía del tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad, sin que la mera presentación de los documentos de cotización excluya la defraudación y considerando que la regularización neutraliza el delito haciéndolo desaparecer. En el nuevo Art. 307 bis se incluye un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuantía eludida u otras circunstancias concurrentes. • El nuevo Art. 307 ter tipifica como delito los comportamientos defraudatorios relativos a prestaciones de la Seguridad Social, surgiendo ante la necesidad de persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude en la obtención de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante la creación de empresas ficticias. • Un nuevo delito contenido en el Art. 311.2, que exige responsabilidades penales a quienes, de forma masiva o colectiva, recurren a la utilización de trabajadores sin haber formalizado su alta en la Seguridad Social o a trabajadores extranjeros sin la autorización administrativa para trabajar, cuando fuere preceptiva. Dentro del deber de colaboración de la ITSS con otras Administraciones públicas regulado en el Art. 10 de la

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Artículo LITSS, se incluye específicamente el relacionado con el Ministerio Fiscal en su apartado 3, que dispone que si con ocasión de la actividad inspectora efectuada se apreciase la posible comisión de un delito público se remitirá al mismo relación circunstanciada de los hechos que haya conocido y de los sujetos que pudieren resultar afectados (en el Art. 3 de la LISOS se regula del mismo modo la actuación a realizar por la ITSS en supuestos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal). Desde la aprobación de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, tipificando como se ha visto nuevos delitos o adaptando el ya existente, y debido también al incremento de la propia actividad de lucha contra la economía irregular como consecuencia de la implementación del propio Plan, la ITSS ha ido intensificando la línea de colaboración con la Administración de Justicia y particularmente con el Ministerio Fiscal, asumiendo funciones de auxilio a esta labor de persecución de delitos públicos. Así, con la finalidad de incrementar y dar estabilidad a estos mecanismos de coordinación y cooperación en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se crea mediante la Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, la Unidad especial de colaboración y apoyo a los juzgados y tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, prevista en la propia Ley 13/2012, de 26 de diciembre. Esta Unidad Especial se configura como una estructura especializada de inspección y coordinación altamente cualificada, y es demostrativa del nuevo roll que asume la ITSS en esta materia. En conclusión el balance del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social no puede ser más positivo desde el punto de vista del incremento de los objetivos empleo aflorado, y continúa sirviendo de inspiración durante los años siguientes a su vigencia temporal a la programación de la actividad de la ITSS. La reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Demostrativa de la trascendencia de las funciones inspectoras de comprobación del cumplimiento de la normativa social desarrolladas por la ITSS, así como de la eficacia de las mismas, es el llamamiento a su intervención propugnado por el reciente Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Esta norma surge ante la necesidad de hacer frente a las deficiencias detectadas en el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, además de para dar cumplimiento a los objetivos y principios

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acordados en el marco del Diálogo Social; se incluye en ella una reforma íntegra de este sistema que incluye entre sus objetivos estratégicos el de eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos empleados en el mismo. Se incorporan a este Real Decreto-ley preceptos relativos al control de la formación y al régimen sancionador, “con el objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo”, según se indica expresamente en su exposición de motivos. Se incluye, en consecuencia, una modificación de la LISOS, considerando de forma expresa entre los sujetos responsables de eventuales infracciones a las entidades de formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las empresas, modificando determinados tipos infractores, creando otros nuevos, considerando una infracción por cada empresa y acción formativa, estableciendo una responsabilidad de tipo solidario entre los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones, y endureciendo las sanciones administrativas. Esta reforma incidirá, indudablemente, en el desarrollo de la actividad inspectora, no sólo por el establecimiento de una nueva regulación positiva de este Sistema de Formación Profesional para el Empleo, sino por el papel preponderante que se otorga a la ITSS en la labor de comprobación de la adecuación a la legalidad del desarrollo de las acciones en las que se concrete. No en vano, el Art. 19 del Real Decreto-ley prevé la creación de una Unidad Especial de Inspección en el seno de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la ITSS, como garantía del refuerzo del control que se traducirá en el desarrollo de un programa anual de inspección, en cuya ejecución participarán las Direcciones Territoriales e Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Conclusión. La evolución normativa en el ámbito de lo social tiene una lógica influencia en las tareas a desplegar por el órgano que tiene encomendado el servicio público de vigilancia del cumplimiento de estas normas (Art. 1.2 LITSS). No obstante las reformas de este ordenamiento también tienen trascendencia en cuanto a la forma en que se despliega la actividad de la ITSS, llamándola a veces a la realización de estas funciones de fiscalización, o incluso a su incremento por exigencias de la realidad social y económica de cada momento, pero también otras a efectuar las labores que también tiene encomendadas de asesoramiento y colaboración, además de las también tradicionales de mediación, arbitraje, y conciliación.

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Entrevista

Dña. Mercedes Fernández Ordóñez

Secretaria General para la Justicia de la Junta de Andalucía

"Los Graduados Sociales conforman un sector muy importante para la Mediación"

Dña. Mercedes Fernández Ordóñez nació en Sevilla en 1961 y es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense. Ingresó en la carrera judicial en 1988 y ascendió a magistrada en 1990. Mercedes Fernández ha desarrollado toda su actividad profesional en las provincias de Cádiz y Sevilla y hasta su incorporación a la Consejería de Justicia e Interior era titular del juzgado de lo Penal nº 14 de la capital andaluza. Desde julio del año pasado, es Secretaria General para la Justicia. Ha sido profesora del Máster de Posgrado en Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (2013-2014), ha participado en proyectos de innovación en la Hispalense (2009-2012) y ha sido docente de Derecho Penal y Procesal de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (2004-2008). Mercedes Fernández Ordóñez también ha sido tutora de jueces en prácticas de la Escuela del Consejo General del Poder Judicial (2007). C.O.G.S.S.- ¿Qué balance hace de su gestión desde que el pasado mes de julio tomara posesión de su cargo? ¿Considera que ha tenido que ver en dicha gestión su dilatada experiencia en la Administración de Justicia, tal y como destacara el Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio De Llera? Mercedes Fernández.- Creo que el balance es positivo pese al poco tiempo que llevo desarrollando esta responsabilidad y la situación económica y presupuestaria en la que nos encontramos y que ha determinado, sin duda, los resultados y avances que a mí y a todo el equipo de la Consejería nos hubiese gustado lograr. Con todo, se han impulsado iniciativas muy importantes y beneficiosas para la mejora del servicio público de Justicia, como la aprobación del decreto de la nueva Oficina Judicial y Fiscal y el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios para su desarrollo, los avances tecnológicos en proyectos como el sistema de comunicaciones judiciales por vía telemática 'Lexnet', donde Andalucía es líder en su uso a nivel nacional, el desarrollo del nuevo sistema de gestión de archivos 'Jara', la eliminación de la documentación judicial obsoleta y sin valor a través de

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la Junta de Expurgo o los nuevos sistemas de comunicaciones entre los juzgados y la cárceles, por citar sólo algunos, además de haberse procedido a la renovación del parque informático de gran parte de los juzgados con la instalación de cerca de 6.000 nuevos equipos informáticos, sistemas de viodeograbación de vistas y otros elementos tecnológicos. Además, se ha avanzado también mucho en el abono de la justicia gratuita a abogados y procuradores, reduciendo plazos y cuantías en cuanto a los pagos pendientes. En este sentido, hemos logrado ponernos al día y liquidar todos los servicios prestados en 2014 recientemente con el abono que los propios letrados han calificado de histórico, lo que demuestra el compromiso de esta Consejería con un servicio que beneficia a las personas con menos recursos en el acceso a la Justicia. En infraestructuras judiciales, hay que destacar también el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de superar los problemas de financiación con los que se ha encontrado la sociedad adjudicataria, un proyecto importantísimo para la ciudad y que será una realidad en 2017. Por lo que respecta a mi experiencia y conocimiento de la realidad judicial por mi trayectoria como juez, creo que está contribuyendo a mejorar la gestión y a afrontarla desde una perspectiva más cercana y directa, ya que me permite hablar el mismo lenguaje de los que hasta hace poco eran mis compañeros y compartir muchas cosas con todos los profesionales de la Justicia. Creo que todo ello hace más fluido el diálogo y las relaciones y, por supuesto, la resolución de los problemas. C.O.G.S.S.- ¿Qué asuntos pendientes de resolver señalaría como más importantes? M.F.- Es necesario impulsar y extender el nuevo modelo de oficina judicial y fiscal y comenzar con los proyectos piloto que se van a desarrollar en El Ejido (Almería) y Vélez Málaga, para la oficina fiscal, y en Sevilla, para la oficina fiscal, iniciativas que están ya muy avanzadas. Es urgente acabar con el modelo de departamentos estancos y con la configuración

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Entrevista actual de las plantillas de funcionarios vinculadas en exclusiva a cada órgano judicial y apostar por una nueva estructura más dinámica y abierta en cuanto a la distribución de los recursos humanos, primando el trabajo en equipo y la especialización y priorizando las respuestas ante las situaciones y cargas de trabajo que atraviese cada juzgado. Es importante también seguir avanzando en la mejora de infraestructuras judiciales, donde todavía queda un camino importante por recorrer para acometer obras de mejora y reforma necesarias en algunas sedes judiciales y también para impulsar la construcción de nuevos y modernos edificios que propicien tanto unas mejores condiciones de trabajo a los profesionales como una mejor prestación de este servicio a sus usuarios. Y no podemos olvidarnos de seguir potenciando el desarrollo tecnológico, un facto clave para avanzar en la modernización de la Justicia. C.O.G.S.S.- Como conoce, nuestro Colegio está trabajando conjuntamente con su Consejería en la implantación del sistema ‘Lexnet’ entre nuestro colectivo, ¿cuáles son las principales ventajas que presenta este sistema? M.F.- 'Lexnet' constituye un importante avance en la agilización de los procedimientos judiciales, ya que, básicamente, permite el envío telemático de las notificaciones de documentos judiciales como providencias, autos y sentencias. Este sistema de notificación de documentos judiciales se halla integrado en el sistema de gestión procesal Adriano, que funciona de manera similar al correo electrónico, pero garantizando en todo momento la seguridad, autenticidad y confidencialidad. La Consejería ha valorado en todo momento la implicación y el papel de los profesionales en el desarrollo de este sistema que está cosechando muy buenos resultados y permitiendo hasta la fecha que los juzgados andaluces hayan podido realizar más de 20 millones de notificaciones judiciales por vía telemática. Próximamente vamos a culminar su implantación completa en los juzgados de primera instancia, mercantil y contencioso administrativo. La Consejería ha valorado en todo momento la implicación y el papel de los profesionales en el desarrollo de 'Lexnet' El sistema agiliza la tramitación de los procedimientos y proporciona múltiples beneficios en tiempo y costes. Por un lado, mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones, y, por otro, disminuye los costes económicos al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos propiciando un importante ahorro de papel al utilizar el soporte digital para las comunicaciones.Este sistema y, en general, las nuevas tecnologías repercuten en la mejora del trabajo en los juzgados y suponen un beneficio para los profesionales y la ciudadanía que es la usuaria de este servicio público.

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C.O.G.S.S.- ¿En qué otros proyectos que afectan a los Graduados Sociales está inmersa la Consejería de Justicia e Interior? M.F.- Además de su colaboración en el sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet, queremos seguir ampliando esta cooperación en todas las áreas en las que sabemos que los graduados sociales pueden aportar mucho para la mejora del servicio público de Justicia. La relación de la Junta de Andalucía con los colegios de graduados sociales ha sido siempre fructífera y sabemos que sus profesionales son una palanca fundamental para el progreso y el bienestar de Andalucía. Creo que el esfuerzo único de la Administración es del todo insuficiente y sólo las sinergias y la suma de voluntades y recursos contribuyen realmente a la tarea colectiva de construir un futuro mejor para Andalucía. Desde la gestión política podemos estimular e impulsar iniciativas y proyectos que contribuyan a ese avance, pero es insoslayable que quienes materializan ese avance son los andaluces y andaluzas y sus grandes profesionales desde su actividad cotidiana. Y entre ellos, como no, están los graduados sociales, profesionales comprometidos con Andalucía y muy sensibilizados con las dificultades sociales a las que atienden de forma habitual por la propia esencia de su labor. C.O.G.S.S.- En cuanto a la mediación, en la que nuestro Colegio ha venido colaborando a través de sucesivas reuniones con la fundación Mediara, ¿considera que deben emplearse más herramientas para que sea conocido por un mayor número de ciudadanos que puedan beneficiarse de la misma? M.F.- Precisamente en este objetivo de divulgar al máximo la mediación y darla a conocer a toda la sociedad estamos empeñados desde hace tiempo. Estamos plenamente convencidos de que la mediación es un mecanismo eficaz y de gran valor para la resolución de multitud de conflictos, complementario al que ofrecen los juzgados pero que necesita todavía en Andalucía de un impulso para extender y consolidar esta nueva cultura. Somos conscientes que, desde los poderes públicos, tenemos la responsabilidad de promover ese cambio de mentalidad, que más allá de evitar que un conflicto llegue siempre a los juzgados, sea capaz de crear una nueva conducta social y una nueva forma de convivencia ciudadana basada en el diálogo y el acuerdo, dos grandes valores sobre los que se sustenta la mediación. Desde la Consejería estamos trabajando por socializar la mediación poniendo el acento en los múltiples beneficios que aporta, como el ofrecer una solución más rápida y menos costosa que un pleito judicial o ser un mecanismo mucho más satisfactorio, porque la solución nace del acuerdo entre las partes y no es una sentencia impuesta que nunca deja contento a los litigantes.

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Entrevista En ese propósito de promoción de la mediación, en Andalucía contamos con una herramienta esencial que es la fundación pública Mediara, adscrita a la Consejería de Justicia e Interior, que viene realizando un valioso trabajo en la difusión de este mecanismo de resolución de conflictos y promoviendo su aplicación en todos los campos posibles del mundo del derecho.

M.F.- Me parece una gran aportación la que pueden realizar los graduados sociales en una materia muy sensible en estos momentos y considero, por tanto, que su implicación y contribución en estos tiempos de crisis son determinantes para afrontar esta situación tan compleja y que, desde Andalucía, queremos superar desde la defensa de principios irrenunciables como la igualdad y la justicia social.

La Fundación Mediara está trabajando en la divulgación de la mediación entre todos los sectores profesionales de Andalucía, trabajando con empresarios, universidades, asociaciones, entidades y colegios profesionales, destacando la estrecha colaboración con los colegios de graduados sociales que se han implicado de manera notable en este objetivo. En este sentido, me gustaría resaltar el papel esencial que han jugado para sacar adelante el nuevo código de conducta para la mediación, tomando parte activa en su elaboración y aportando interesantes propuestas.

Creo que los graduados sociales pueden prestar un servicio muy útil a la sociedad y hay que aprovechar al máximo lo mejor de todos nuestros sectores profesionales para avanzar y construir un futuro mejor y los poderes públicos debemos incentivar su participación en ese objetivo común.

Este código, pionero en España, tiene como objetivo mejorar el ejercicio de esta actividad y ha sido respaldado por un total de cuarenta entidades, colegios y asociaciones, que se han comprometido a cumplir los criterios recogidos en este documento para garantizar la imparcialidad y profesionalidad de los mediadores y, ofrecer así una mayor confianza a la ciudadanía que acude a este mecanismo para resolver sus conflictos. Creo que los graduados sociales conforman un sector profesional muy importante para la mediación y, por tanto, están llamados a ser unos agentes privilegiados en su fomento y aplicación. C.O.G.S.S.- En algunas comunidades, como Castilla y León o País Vasco, está institucionalizado el protocolo de la Mediación entre las partes previa al día del juicio. ¿Existe algún proyecto similar que podría ponerse en marcha en Andalucía? M.F.- En Andalucía estamos aplicando lo que en materia de mediación establece la ley e incluso estamos yendo más allá para su difusión, ya que hay que tener en cuenta que este mecanismo de resolución de conflictos es voluntario y no puede ser, por tanto, impuesto, sino que tiene que emanar de las partes litigantes. Estamos trabajando en su difusión y abriendo caminos para fomentar su uso en todas las áreas posibles, trabajando estrechamente con todos los colectivos en cuyas manos está su desarrollo como empresarios, profesionales, asociaciones y universidades, además de trabajar en la formación como un elemento clave para el éxito de la mediación. C.O.G.S.S.- ¿Cree conveniente que, como operadores jurídicos, los Graduados Sociales formen parte de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, toda vez que ya contribuyen (desde enero de 2013) con la ciudadanía orientándola sin coste a través de nuestra Oficina Gratuita de Orientación Sociolaboral?

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C.O.G.S.S.- Por último, y dado el retraso denunciado por nuestro colectivo respecto a los señalamientos de juicios en los Juzgados de lo Social de Sevilla, ¿qué medidas se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Justicia para evitar esta dilación en las fechas? M.F.- Desde la Consejería estamos realizando un gran esfuerzo para dotar a los órganos de esta jurisdicción de los refuerzos y medios necesarios para afrontar una carga de trabajo que resulta insoportable y que está provocando señalamiento de juicios para dentro de tres años, algo realmente intolerable. Somos plenamente conscientes de esta saturación que padecen estos juzgados debido al alto volumen de asuntos derivados de la actual situación de crisis y nos preocupa mucho porque son asuntos muy sensibles relacionados con despidos y cobro de salarios que afectan gravemente a personas que necesitan una respuesta rápida por la difícil situación que atraviesan. No hacen falta más funcionarios de apoyo, sino más jueces para agilizar la imposición de sentencias En estos momentos los juzgados de los Social cuentan con una serie de refuerzos de funcionarios aportados por la Junta dentro de la disponibilidad de personal que tenemos en la actualidad. Pero, más allá de la asignación de este personal de apoyo, lo que hace falta de forma urgente son refuerzos de jueces para dar una respuesta rápida a esta situación insostenible. Y es que el verdadero problema que afecta a estos órganos judiciales estriba en el cuello de botella que sufre esta jurisdicción en la resolución de los procedimientos. Por tanto, no hacen falta más funcionarios de apoyo, sino más jueces para agilizar la imposición de sentencias. Este grave déficit se refleja con claridad en la ratio de jueces por habitante que tenemos en Andalucía, que nos sitúa muy lejos del nivel europeo y por debajo incluso del nivel nacional. Así, Andalucía cuenta actualmente con 903 jueces, lo que significa una ratio de 10,5 jueces por cada 100.000 habitantes, un nivel inferior a la media nacional, situada en un 11,1, y menos de la mitad del promedio europeo, que es del 21,3.

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Artículo

D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo

Catedrático de la Universidad de Sevilla Senior Counsellor, PwC

La agencia judicial de la Reforma Laboral

1.- PRESENTACIÓN La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad de los convenios, ha tenido como efecto llamar la atención no sólo sobre este aspecto del Derecho del Trabajo post-reforma, sino en general sobre el conjunto de la construcción jurisprudencial de todo la nueva legislación laboral. Tras la reforma más profunda e intensa del régimen constitucional español, en cuanto a alcance y materias afectadas, era previsible un largo período de elaboración de un conjunto de interpretaciones judiciales adecuado a la magnitud de los cambios. Y sin embargo, la construcción ha sido sorprendentemente rápida, de tal modo que a estas alturas, tres años después, disponemos de respuestas judiciales para una parte importante de las cuestiones presentadas. El objetivo del presente trabajo es analizar la “agenda judicial” de la reforma, entendida como el conjunto de aspectos de ésta requeridos de una concreción y desarrollo por los tribunales, y el análisis de cómo se ha venido produciendo esta respuesta judicial. La hipótesis de partida es que esta agenda se ha ido cerrando de una manera bastante rápida, teniendo en cuenta los ritmos tradicionales del Derecho del Trabajo español, habiéndose producido una primera construcción jurisprudencial en gran parte de estas materias. Lo que no quiere decir que no subsista todavía una “agenda abierta”, que engloba aquellas cuestiones en las que la construcción judicial o bien no se ha completado, o bien se ha efectuado de manera deficiente.

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Este estudio se enriquece de los trabajos del laboratorio de jurisprudencia laboral conformado dentro de la división laboral de la firma de abogados PwC Tax and Legal Services. Este laboratorio, formado por letrados de la firma con la colaboración de académicos externos, ha venido siguiendo el desarrollo de esta jurisprudencia desde el año 2012, identificando los fallos más relevantes y elaborando la interpretación de las disposiciones laborales vigentes, con el objeto de mejorar la práctica laboral y el conocimiento general de estas materias. Su actividad, aparte de sus efectos internos en la formación de los abogados laboralistas de PwC, se ha traducido en diversas publicaciones y en numerosos eventos, profesionales y académicos. En estas breves páginas se sintetizarán sus conclusiones más relevantes.

La hipótesis de partida es que esta agenda se ha ido cerrando de una manera bastante rápida, teniendo en cuenta los ritmos tradicionales del Derecho del Trabajo español

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Artículo 2.- LAS REFORMAS LABORALES DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL No debe caber duda de que ésta que generalmente conocemos como “reforma laboral de 2012” es la reforma más profunda e intensa desde la entrada en vigor del régimen constitucional español, por las materias que trata y por el alcance de los cambios que introduce. Aunque, para ser correctos, seguramente deberíamos abandonar esta denominación, que sigue la tradición española de identificar los procesos reformadores con el año en que se aprobó la norma que los introdujo. Y ello porque resulta técnicamente imprecisa e inadecuada. Para empezar, porque ignora otros dos conjuntos normativos anteriores, aprobados por el segundo Gobierno Zapatero, en los años 2010 y 2011. Ambas “reformas”, aun habiendo tenido escaso impacto real por no haber tenido tiempo efectivo para desplegar sus efectos, contenían cambios significativos en materias relevantes, y en su momento merecieron mucha atención. A lo que se une que en los años posteriores a 2012 se siguieron aprobando normas reformadoras, introduciendo cambios significativos en materias tan relevantes como las modalidades contractuales y las políticas de empleo. Por todo ello considero más apropiado hablar de las reformas de la crisis, agrupando en una única categoría un conjunto de medidas aprobados durante un período de tiempo relativamente largo (desde 2009 hasta la fecha), que respondían a un mismo objetivo (combatir los efectos de la crisis económica) y con una filosofía común en lo fundamental (fomento del empleo, promoción de la flexibilidad interna, fomento del ajuste en las empresas). Esta reforma de la crisis financiera mundial, así definida, afecta a un conjunto muy amplio de materias, que incluye la práctica totalidad del Derecho del Trabajo para alcanzar algunas instituciones fundamentales del de la Seguridad Social. Tanto el Derecho individual como el colectivo experimentan grandes cambios, incluyendo materias tan resistentes al cambio en España como la negociación colectiva. Incluso coincide este proceso con la aprobación de una norma muy relevante pero completamente desligada de éste, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuya aprobación responde a sus propias razones y cuya coincidencia con el resto es puramente circunstancial. Sumando todos los componentes de este proceso reformista encontramos que el único campo en el que no se ha adoptado medida relevante alguna ha sido el del Derecho de la Salud y Seguridad Laboral. Fenómeno éste que tiene fácil explicación se tiene en cuenta la gran cantidad de cambios producidos en los años anteriores al inicio de la crisis, que han hecho que tengamos una legislación preventiva y actualizada; y si se considera que durante este período la Unión Europea, verdadero motor del cambio en estas materias, ha parado prácticamente su producción normativa sobre éstas.

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No es sólo el conjunto de materias afectadas. Lo es también el alcance de los cambios introducidas en ellas, que han sido en la mayoría de los casos muy relevantes. En particular las normas de 2012 fueron más allá de las anteriores de 2010 y 2011, superando las “líneas rojas” que éstas respetaron. Se ha producido en este período, incluso, una verdadera ruptura de tabúes, eliminándose algunos elementos presentes en nuestro Derecho desde hacía décadas y que habían alcanzado un estatus de verdadera intangibilidad. La cuantía de la indemnización por despido improcedente, los clásicos 45 días por año de servicio; o la exigencia de autorización administrativa para poder despedir colectivamente, pueden servir de muestra de cuanto se afirma. Un aspecto importante de este proceso reformador es que la mayor parte de los cambios que introduce lo han sido sin consenso. Ha faltada no sólo el apoyo de los interlocutores sociales sino también el del resto de los grupos políticos, lo que ha llevado a que durante este período haya surgido una oposición política y otra sindical. Que las grandes reformas laborales se producen en España faltas de consenso es una tradición, por más que tendamos a mitificar el papel de la concertación social como exigencia para que se produzcan éstas (de hecho, las reformas precedidas por acuerdo suelen ser menores). Pero la existencia de una importante oposición ha sido muy relevante en la práctica, porque ha introducido vías de ataque a su legitimidad desde múltiples instancias. Ha sido ésta, en efecto, una reforma de cuya constitucionalidad se ha dudado, presentándose recursos y cuestiones de constitucionalidad que han dado lugar a una “litispendencia constitucional” durante gran parte de este período; y cuya legitimidad en relación con los compromisos internacionales asumidos por España también ha sido cuestionada, lo que ha dado lugar a diversos pronunciamientos de organismos internacionales, que no han sido especialmente favorables a nuestro país. Se ha planteado incluso la existencia de una especie de “oposición judicial”, de la existencia de un sector del orden social de la jurisdicción que ha procurado desactivar algunos de estos cambios acudiendo bien a su oposición a normas internacionales vinculantes en España, bien mediante interpretaciones de las nuevas disposiciones que reducían su impacto. Por esto se ha hablado de una “contrarreforma judicial”, cuestión controvertida y que no corresponde analizar en esta sede; pero que desde luego ha estado presente en los debates laborales posteriores a la reforma. Es necesario resaltar también que el proceso que analizamos ha supuesto una “reforma extrema”, en el sentido de que los cambios han sido de tal alcance de haberse llegado a los límites de la capacidad de actuación del legislador español. Límites constitucionales, que según nuestro más alto Tribunal no han sido traspasados; pero no debe

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Artículo caber duda de que hemos estado cerca de hacerlo, y son muchos los que defienden que así ha ocurrido. También límites internacionales, conformados por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Social Europea, habiéndose dictaminado por los órganos de control de ambas normativas que algunas de las medidas de este período han contradicho tales limitaciones. E incluso límites comunitarios, derivados de importantes directivas como la de despidos colectivos o la de contratos de duración determinada, sin que hasta el momento el Tribunal de Justicia haya declarado la existencia de contravenciones por parte del Reino de España. 3.- EL DESARROLLO DE LA REFORMA Toda reforma legal marca el inicio de la construcción de un “nuevo Derecho”, de la realidad normativa de las materias reguladas que es mucho más que la propia norma que las regula. Hablamos de un conjunto de reglas, de interpretaciones, de instituciones que vienen a regir las relaciones laborales y el funcionamiento del mercado de trabajo. Todo esto conforma lo que los laboralistas, siguiendo a EFREN BORRAJO, llamamos el “Derecho vivo del trabajo”. El parón efectivo de la negociación colectiva ha evitado que los convenios recogieran algunas de estas novedades. Pues bien, este proceso reformador no podía quedarse sólo en la aprobación de las normas que introducían los diferentes cambios producidos, sino que éstas deberían haberse visto acompañadas de otras actuaciones por parte de diferentes sujetos, aplicándolas, interpretándolas e integrándolas. Esto incluye por supuesto la actuación de los tribunales laborales, de la que nos ocuparemos en detalle. Pero también de otras instancias. Me refiero por supuesto a la negociación colectiva, cuyo parón efectivo ha evitado que los convenios recogieran algunas de estas novedades y resolvieran muchas de las cuestiones pendientes. Nuestra negociación, que sufre una inercia crónica, tarda años en interiorizar los cambios legales; más aún cuando por diversas razones el ritmo de negociación y firma de convenios se ha ralentizado durante este período. De ahí que no se haya logrado el desarrollo convencional que se necesitaba. La falta de negociación sobre la bolsa de horas, una sustancial novedad de la legislación de 2012, es un buen ejemplo de ello. También ha faltado un desarrollo reglamentario adecuado que hubiera resultado muy útil, como se comprobó con la aprobación del Real Decreto 1483/2012 en materia de despidos colectivos; la técnica legislativa utilizada en el Derecho del Trabajo español en la reforma, centrada en normas de rango legal, ha excluido en la práctica este importante instrumento de ordenación. Incluso aspectos claramente “reglamentarios”, como la ordenación de las

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modalidades contractuales de nueva creación, han acabado dispersas en los sucesivos Reales Decretos-leyes que se han venido aprobando con regularidad. Pocas han sido las normas reglamentarias aprobadas durante este período, destacando junto a la ya citada de despidos colectivos, el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre de 2012, sobre el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Finalmente, la idea-fuerza del Gobierno según la cual “la reforma ya está hecha” ha impedido ulteriores intervenciones legislativas para facilitar la aplicación de las primeras medidas, no siendo el Real Decreto-Ley 11/2013, que modificó la normativa sobre despidos colectivos para evitar algunos problemas detectados en la aplicación de su regulación, más que una meritoria excepción. Seguramente un ajuste de los primeros cambios habría sido una buena idea, mediante intervenciones legislativas posteriores. Aunque hay que señalar en este punto que la postura del Gobierno es comprensible, teniendo en cuenta que los organismos económicos internacionales seguían exigiendo ulteriores reformas a España, y que la adopción de cualquier nueva reforma hubiera traído consigo cambios adicionales, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva y de la contratación laboral. 4.- LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA REFORMA Teniendo en cuenta que los otros elementos que deben acompañar a una reforma legal en materia laboral no han surgido adecuadamente, como se acaba de indicar, el único factor que podía completar ésta ha sido la actuación de los tribunales laborales. Los jueces han sido protagonistas entre otras cosas porque han actuado casi solos. Por consiguiente, el papel de los jueces ha sido clave. Y esta relevancia se ha visto incrementada por otros motivos, siendo el primero la técnica legislativa de la reforma, que ha incorporado no sólo novedades sino también dudas y problemas interpretativos. Además, y en contra de lo que el propio Gobierno expresaba en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, con las nuevas reglas el papel del juez no sólo se reducía sino que en la práctica se ampliaba, como se pudo comprobar inmediatamente. La ampliación de los poderes empresariales ha traído consigo una paralela extensión del control judicial sobre estas decisiones en materia de recursos humanos. El volumen de fallos judiciales sobre los preceptos nucleares de la reforma (el 41, el 51, el 52 y el 82 del Estatuto de los Trabajadores) así lo indica. A falta de otros desarrollos reglamentarios y convencionales, se tenía la sensación de que la reforma estaba incompleta, faltando su consagración judicial. Y ésta se ha producido en dos fases: una primera, en la que los

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Artículo órganos judiciales “reconocían” los cambios normativos, y los aplicaban. Esto puede sonar hoy exagerado, pero lo cierto es que a magnitud de los cambios en algunas instituciones hizo dudar de que los jueces fueran a llegar a aplicarlos. Hay que recordar la desazón con la que se esperaron los primeros fallos sobre despidos colectivos, por poner un ejemplo de este fenómeno. En una segunda fase los tribunales interpretaban los nuevos textos en vigor dando respuesta a sus principales problemas aplicativos. En este último aspecto se ha avanzado mucho, seguramente más de lo que se piensa; aunque no por ello deja de haber numerosos temas faltos aún de soluciones claras y cerradas. Hay por ello, como se ha indicado antes, una agenda cerrada y otra abierta en esta construcción jurisprudencial. Lo que debe estar fuera de discusión es que este proceso ha sido más rápido de lo esperado, mucho más de lo que ha sido común nuestro Derecho del Trabajo hasta ahora. Un factor que explica esta relativa celeridad es el protagonismo del cauce de creación jurisprudencial• conformado por el tándem Audiencia Nacional-Tribunal Supremo, a través del proceso de conflicto colectivo. Esto ha llevado a un resurgimiento de la casación tradicional, recurso éste que había perdido mucha importancia con la entrada en vigor de la nueva planta judicial y la introducción del recurso de casación para la unificación de doctrina. A éste se llega directamente desde la sentencia de instancia de la Audiencia Nacional, lo que a la que supone un plazo mucho más breve para tener sentencia del Supremo que en la casación para la unificación de doctrina. En ésta, como es sabido, el fallo del Tribunal Supremo se produce como tercer grado de jurisdicción, tras las sentencias de instancia y de suplicación, lo que lo retrasa considerablemente. El rigor de sus presupuestos procesales contribuye a su lentitud como mecanismo gestor de la jurisprudencia, algo que no afecta a la casación ordinaria. Otro factor que a mi juicio explica la celeridad de esta construcción lo ha sido la actitud de los propios tribunales laborales, que han sido conscientes de que estaban dando respuesta a demandas acuciantes de los operadores jurídicos, que requerían de construcciones completas de las normas que aplicaban para poder funcionar con seguridad. Si analizamos los fallos más relevantes encontramos en ellos cuidadosas argumentaciones y redacciones cuidadas, buscando producir doctrinas claras, con una marcada voluntad pedagógica. La selección de los asuntos sobre los que pronunciarse en primer lugar; la seriedad de los debates; y la calidad de la redacción de las sentencias (aunque siempre hay excepciones) han contribuido sin duda a esta rápida construcción judicial del nuevo Derecho del Trabajo. Esta intensidad de los debates ha tenido sin embargo un efecto colateral igualmente reseñable, el de la multiplica-

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ción de votos particulares en las sentencias del Tribunal Supremo. Es común que en las sentencias más relevantes los fallos sean acompañados de estos votos, siendo en este sentido destacable la de 22 de diciembre de 2012, que aclaró el régimen jurídico de la ultraactividad, que se dictó con nada menos que cuatro votos particulares. Esta práctica resta algo de legitimidad a los fallos, y genera expectativas en los operadores jurídicos que rara vez se satisfacen. 5.- LA AGENDA CERRADA DE LA REFORMA Una vez analizada cómo se ha producido la constru­cción judicial de la reforma, podemos identificar algunos temas en los que ésta nos ha proporcionado ya suficientes elementos como para poder conocer con cierta seguridad y detalle cómo funcionan las nuevas reglas. Comencemos por el que a mi juicio es el aspecto más importante de todo el proceso de reforma, la nueva regulación de la negociación colectiva. Materia ésta que desde 1980 sólo había experimentado un cambio sustancial con ocasión de las leyes de 1994, la otra “gran reforma” de nuestra experiencia legislativa reciente. Éste ha sido uno de los ámbitos en los que las sucesivas reformas de la crisis han sido más incisivas. Por citar algunos de los aspectos tradicionales de nuestro Derecho colectivo que se han visto afectados, auténticos tabúes normativos, podemos referirnos a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, que se separa radicalmente de la tradicional igualdad jerárquica de todos los convenios estatutarios, y a la generalización de la inaplicación de convenios, que ataca su consolidada eficacia normativa y personal. Pues bien, a estas alturas sabemos algo tan crucial como que la inaplicación del convenio es constitucional, lo que se había discutido desde muchos sectores desde la introducción del nuevo mecanismo de descuelgue salarial. También tenemos claras indicaciones judiciales sobre cómo desarrollar y cuándo aplicar el procedimiento del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores; qué causas lo permiten; qué papel tienen los representantes de los trabajadores; cómo debe negociarse esta inaplicación, y qué requisitos debe reunir el acuerdo que la hace posible, en su caso. Para completar este conocimiento disponemos no sólo de una cierta construcción jurisprudencial, menor en este aspecto que en otros, sino también de la contribución de la doctrina administrativa elaborada por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas, sentada con ocasión del ejercicio de sus funciones en este campo. En relación con la preferencia aplicativa del convenio de empresa la información jurisprudencial es mucho menor, pero el Tribunal Supremo nos ha dicho cosas tan relevantes como que esta preferencia no puede

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Artículo tener efectos retroactivos, con lo que las nuevas condiciones económicas y de trabajo sólo pueden aplicarse a partir del momento de entrada en vigor de la norma convencional de empresa. Tras la última sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2014 sabemos qué ocurre cuando finaliza el plazo de ultraactividad legal o acordado, que las condiciones salariales y de trabajo se mantienen a título individual; y que éstas pueden ser alteradas acudiendo a la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, como si de una modificación sustancial de condiciones de trabajo se tratara. En los procedimientos de ajuste empresarial, por su parte, la enorme cantidad de pronunciamientos nos ha permitido completar nuestra visión de las distintas instituciones encuadradas en esta categoría, en especial respecto del procedimiento de despido colectivo, sin duda uno de los temas estrella de la reforma y de su aplicación judicial. Con un volumen relevante de sentencias, que ha “tumbado” más de la mitad de los despidos de este tipo que llegaron a su conocimiento, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de expresarse sobre los aspectos más relevantes de su nueva regulación; aprovechando, a la vez, para cubrir el vacío existente en la construcción dogmática de esta figura, como consecuencia del papel desempeñado por la autoridad laboral hasta 2012, y por la histórica atribución del conocimiento de esta materia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El impacto de su actuación en este campo ha sido, así, mayor. En conjunto, y analizando este gran número de pronunciamientos, podemos decir que a estas alturas sabemos cuál es el papel que se arrogan los jueces al analizar la puesta en práctica de estas decisiones; la forma en que debe constituirse la comisión negociadora; cómo seleccionar a los trabajadores afectados; cómo demostrar buena fe en la mesa de negociación; cómo soportar documentalmente las alegaciones de unos y otros…Mucho, en fin, y muy relevante. 6.- LA AGENDA ABIERTA DE LA REFORMA Dicho esto, no sería honesto terminar este estudio sin indicar aquellos otros aspectos del Derecho vigente en los que todavía afrontamos graves dudas, por no haberse completado la interpretación de los tribunales, o por ser ésta aún insuficiente. Tenemos todavía importantes lagunas a la hora de identificar el convenio superior a aplicar cuando el nuestro ha perdido la vigencia; una cuestión ésta que el mismo Tribunal Supremo considera controvertida, pero que hasta ahora no ha llegado a su conocimiento. Tampoco ha quedado claro, en relación con la pérdida

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de vigencia de los convenios colectivos tras superarse el período de ultraactividad legal o pactado, qué condiciones se contractualizan, permaneciendo en el patrimonio jurídico del trabajador, y cuáles desaparecen con el convenio. Es previsible que la respuesta a esta cuestión se consiga sólo tras una larga serie de sentencias identificando caso por caso y condición por condición cómo funciona este mecanismo. Podemos tardar años en lograrlo. Es normal que los asuntos relacionados con la negociación colectiva hayan tardado más en llegar a los Tribunales; mientras que las grandes decisiones empresariales comenzaron a adoptarse de manera inmediata tras la entrada en vigor de la reforma, en materia de convenios hubo que esperar a que éstos perdieran su vigencia, existiendo además un plazo de un año de conservación de los convenios vencidos impuesto por la propia Ley 3/2012. O a que se iniciaran procedimientos de inaplicación. O que se firmaran nuevos convenios de empresa… Todo esto llevó su tiempo. En los procedimientos de ajuste empresarial seguimos con serias dudas cuando se trata de grupos de empresas; y sobre cómo lograr la proporcionalidad entre las causas alegadas y las medidas adoptadas, entre otros aspectos. Temas en los que, como consecuencia de su elevada casuística, será difícil conseguir unas reglas claras sobre cómo actuar, debiéndose decidir en cada ocasión valorando el conjunto de circunstancias, y con un cierto nivel de incertidumbre. 7.- REFLEXIONES FINALES Esperamos que con estos ejemplos se confirme mi tesis de que la construcción judicial de la reforma está realizada en una gran parte, lo que facilita el conocimiento completo del Derecho aplicable a las instituciones reformadas. Lo que no debe hacernos olvidar dos cosas: la primera, que siguen habiendo numerosos aspectos por completar; y la segunda, que el hecho de que haya doctrina judicial sobre un tema no supone que su uso pueda ser complejo y arriesgado, exigiendo por el contrario una maestría técnica cada vez más necesaria en el Derecho del Trabajo. Éste, en su versión posterior a la reforma, ha incrementado notablemente sus niveles de complejidad, de acuerdo con el modelo español en el que el aumento de los niveles de flexibilidad no se hace vía desregulación, sino incrementando ésta. Si el objetivo de la reforma era el de limitar el papel de los tribunales en la construcción del Derecho laboral español, podemos decir que ésta ha fracasado; pero seguramente no era esto lo pretendido, sino otros objetivos relacionados con el ajuste de costes laborales, el incremento de la flexibilidad interna y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, buscando asegurar su impacto en el empleo.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Enero-Marzo 2015 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1771

Colegiado: 1772

Francisco Javier Escalera Rapela

Jaime Morugan Durán

Domicilio profesional:

Anibal González, 62

Domicilio profesional:

Avda. de la Aeronáutica, 10

Localidad profesional:

Sevilla

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

954 22 63 21

Tlfno:

954 40 19 52

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1773

Colegiado: 1776

José Daniel Galán Jiménez

Jesús Bueno Fernández

Domicilio profesional:

Paseo de las Delicias, 3

Domicilio profesional:

Bda. Nuestra Señora del Amparo, 11

Localidad profesional:

Sevilla

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

680 871 626

Tlfno:

954 902 200

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1778

Colegiado: 1780

María del Carmen Domínguez Campos

Isabel Casado Lara

Domicilio profesional:

Cartero Fco. Veloso Moyano, 73

Domicilio profesional:

Fco. José Ruiz Espartaco Chico, 18

Localidad profesional:

Sevilla

Localidad profesional:

Espartinas

Tlfno:

649 395 535

Tlfno:

638 585 597

NO EJERCIENTE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1781

Sandra Ortega Beltrán Domicilio profesional:

Avda. Kansas City, 28

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

954 093 656

NO EJERCIENTE

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Nº Colegiado

1774

Nombre

Diego Vega Romero

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1775

Nombre

Cristina Álvarez Talaverón

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1777

Nº Colegiado

1779

Nombre

Patricia Ramos Suárez

Nombre

María Morillas Aguilar

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Movimiento Colegial CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJERCIENTE LIBRE A NO EJERCIENTE

DE EJERCIENTE LIBRE A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1444

Nº Colegiado

1662

Nombre

Francisco Villar Juánez

Nombre

Rafael Tagua Orellana

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1687

Nº Colegiado

1531

Nombre

Fco. Javier Valenciano Hidalgo

Nombre

Manuel Suarez Collazos

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

Nº Colegiado

1765

Nº Colegiado

195

Nombre

Ángel López Repetto

Nombre

Roberto Narváez Castillo

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

Nº Colegiado

414

Nº Colegiado

255

Nombre

José Antonio Giráldez Luque

Nombre

José Marín Cádiz

DE EJERCIENTE DE EMPRESA A NO EJERCIENTE

DE EJERCIENTE DE EMPRESA A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1101

Nº Colegiado

1274

Nombre

Fernando Aroca Aroca

Nombre

Andrés Umbría Castillero

DE NO EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

669

Nombre

José Dominguez Alonso

BAJAS EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1530

Nº Colegiado

1580

Nombre

María Erica Romero Hernández

Nombre

Hugo Pedraza Reyes

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1717

Nº Colegiado

1667

Nombre

Manuel Jesús Fuentes Galvín

Nombre

Antonio Javier Martín Reyes

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1709

Nº Colegiado

1705

Nombre

María Macías Noguera

Nombre

Beatriz Pacheco Navarro

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1540

Nombre

Mª José González Gómez

BAJA POR FALLECIMIENTO EJERCIENTE LIBRE

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Nº Colegiado

736

Nombre

Casto Amodeo Acedo

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Entrevista

Dña. María Isabel Escartín García de Ceca

Decana del Iltre. Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla

“Podemos descongestionar y reducir los tiempos de espera de la Justicia ampliando nuestras competencias”

Dña. María Isabel Escartín García de Ceca nació en Madrid el 10 de julio de 1971 y es sevillana de adopción desde los tres años. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Derecho de Sevilla, colegiándose como procuradora desde 1995 y llevando en ejercicio en Sevilla desde esa fecha hasta la actualidad. Accedió al Decanato del Iltre. Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla al ganar las elecciones el pasado 20 de diciembre de 2012. Actualmente es Vicepresidenta del Consejo Andaluz de Procuradores tras las elecciones celebradas este pasado mes de marzo. CC.O.G.S.S.- Como Decana de los procuradores sevillanos, ¿qué fue lo que le llevó a presentar su candidatura? Isabel Escartín.- El objetivo principal, tanto de la Junta de Gobierno como el mío, era abordar la defensa de la profesión en una situación muy complicada, pues el escenario del año pasado se planteaba con un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que acababa de irrumpir y generaba muchísima inquietud; planteaba muchísimas dificultades a todos los colegios pero significativamente al de procuradores, con lo que un grupo de colegiados, que previamente no habíamos formado parte de la Junta de Gobierno, consideramos importante un proyecto de unión colegial, puesto que teníamos antecedentes de dinámicas polarizadas y creíamos muy positivo tener un equipo con carácter neutro que no estuviera politizado y pudiera ser un factor de cohesión de todos los compañeros en búsqueda de una unidad frente a

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esta situación que se presentaba como amenaza y nos planteaba un futuro bastante incierto, por lo menos en los términos iniciales. Por otro lado, teníamos una verdadera inquietud de mejora de muchos servicios, tanto colegiales como los públicos que ofrece el Colegio de Procuradores de cara al justiciable; creíamos conveniente que estos servicios fuesen mucho más ágiles y eficaces, puesto que esto es lo que da la razón de ser ante una ciudadanía que utiliza servicios públicos: ofrecer servicios de máxima calidad.

"Ahora mismo el servicio que presta el Colegio de Procuradores de Sevilla es excelente, pues hemos mejorado mucho este último año en los servicios de notificaciones, que anteriormente prestaba la Administración de Justicia y han pasado a ser asumidos por el Colegio" Graduados Sociales n.º 79 • 2015


Entrevista C.O.G.S.S.- ¿Qué cuestiones de la profesión cree que se han mejorado y cuáles considera que deben mejorarse en Sevilla? I.E.- Ahora mismo el servicio que presta el Colegio de Procuradores de Sevilla es excelente, pues hemos mejorado mucho este último año en los servicios de notificaciones, que anteriormente prestaba la Administración de Justicia y han pasado a ser asumidos por el Colegio. Las realizamos tanto por vía telemática como en papel. De hecho, a nivel del territorio español se gestionaron en el último año más de 50 millones de notificaciones a través de los diferentes colegios, lo que supone un volumen elevado del que hemos descargado a la Administración de Justicia; en concreto, 28 millones de ellas se notificaron a través del sistema ‘Lexnet’, vía telemática. Y en Sevilla, las notificaciones que hemos tramitado por ‘Lexnet’ en el último año ascienden a más de 698.000 y físicamente, notificaciones en papel, 375.000. A su vez, hemos realizado más de 44.000 operaciones de traslado de copias de la contraparte, que lo hacían los juzgados, mediante una plataforma creada por nuestro Consejo General y homologada por el Ministerio de Justicia. Además, esto supone una enorme inversión tecnológica, con respecto a la cual es importante saber que el gasto lo asume el Colegio con sus propios fondos y las cuotas de los colegiados; es decir, el Colegio presta un servicio y lo sufraga. Y lo más importante: se está prestando en niveles de optimización elevadísimos, siendo los márgenes de error ínfimos. No obstante, este escenario sigue siendo mejorable y todavía se puede modernizar más porque, por ejemplo, la implantación de ‘Lexnet’ no está generalizada en todos los órdenes judiciales y todos los órganos judiciales, sino que está todavía pendiente que se vaya implantando en más órdenes judiciales como el penal. Desde el Colegio podemos abordar mejoras en la gestión del turno de oficio, que, aunque es un servicio público al que se tiene derecho y es la Administración de Justicia la que lo sufraga, el abono de los gastos es parcial, ya que otra parte la asume el Colegio de Procuradores. Sin embargo, dado el compromiso con estos servicios públicos, estamos ahora mismo abordando la posibilidad de ampliar unos programas informáticos para informatizar aún más el servicio de turno de oficio, especialmente en el turno civil, para que la respuesta, la designación del procurador, sea cada vez más ágil. Es cierto que hemos hecho un camino importante, pero todavía es mejorable y hay que seguir invirtiendo para la mejora en los servicios públicos que presta el Colegio.

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El interés nuestro es que el ciudadano perciba y tenga una justicia cada vez más ágil y eficaz; ahora mismo los tiempos de designación en el orden penal de procuradores en el turno de oficio son inmediatos porque tenemos un programa informático (e-Infocolex) a través del cual son los propios juzgados los que enlazan con el Colegio, hacen la solicitud, te dan la solicitud hecha al instante y el tiempo de espera es mínimo. En cambio, en el orden civil todavía no ha podido llevarse a cabo, aunque estamos trabajando en otro programa informático que permita que esta designación se haga a través de una conexión con el Colegio de Abogados de forma telemática y sea instantánea.

“Los procuradores podemos ser la llave que puede abrir una puerta a la agilización en la Justicia, sobre todo en el campo de la ejecución” En esta materia, en la Junta de Andalucía se ha abordado el programa informático ‘Temisa’, que también contribuye a la agilización de la gestión del turno de oficio, puesto que las certificaciones de justificaciones de los turnos se remiten a la Junta a través de este sistema evitándose el papel y toda la burocracia y lentitud que implica la gestión vía papel. La Junta está muy comprometida y estamos trabajando todos en esta línea, cada uno en su parcela. Es justo reconocer el esfuerzo que está haciendo la Junta y todo esto redunda en un servicio de mayor calidad. C.O.G.S.S.- ¿Cuáles son los valores que defiende como Decana del Colegio de Procuradores de la ciudad? I.E.- Ante los compañeros y colegiados apuntamos valores de defensa de la profesión y de los propios colegiados, en todos los ámbitos. Como Colegio, además, tenemos los principios de una optimización de la gestión colegial, de una transparencia de sacar el mayor rendimiento y mayor eficacia a los recursos que tenemos, como conseguir que con las cuotas se pueda abordar una prestación de servicios colegiales y públicos que sean del máximo nivel y con la mayor de las garantías. Hemos hecho frente a una modernización mediante una inversión técnica para dotar a las oficinas de la sede de equipos informáticos, de fotocopiadoras que permitan escaneo e impresiones modernas, todo lo cual permite al procurador poder utilizar la sede casi como su despacho particular en caso de

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Entrevista necesidad. Y es que, estamos cerca de sedes judiciales y nos facilita que, en caso de tener escritos que presentar de urgencia, que son perentorios, y acosados como estamos siempre por los plazos, las oficinas del Colegio puedan servir de sedes de despachos para dar respuesta rápidamente a imprevistos que marca la profesión. Además, buscamos un trato cercano, tratamos un clima de concordia, un ambiente de apoyo, de paz colegial, y sobre todo de cohesión y unión entre nosotros, apoyándonos, de forma que tengamos una profesión unida, sobre todo en estos tiempos de cambio. Es preciso que haya muy buenas relaciones, comunicación, mucha cercanía y también un trato humano de calidad. C.O.G.S.S.- ¿Qué proyectos le gustaría seguir desarrollando en la institución? I.E.- Los procuradores ahora mismo estamos expectantes ante las reformas judiciales en las que nos encontramos inmersos y para nosotros es muy importante trasladar el mensaje de que somos operadores jurídicos altamente especializados, con alta cualificación y que podemos contribuir muchísimo a la descongestión de los juzgados. Vemos que uno de los problemas endémicos de la justicia es la lentitud general en todos los órdenes, si bien se están dando algunos señalamientos para varios años vista; aparte de esa lentitud de la Justicia, pensamos que los procuradores podemos ser la llave que puede abrir una puerta a la agilización, sobre todo en el campo de la ejecución y de la ejecución civil, puesto que los tiempos en el entorno europeo son similares pero hay demasiada disparidad en materia de ejecución. C.O.G.S.S.- ¿Qué reformas plantea en relación a la ejecución de resoluciones? I.E.- En esta materia que nos planteamos de cara al futuro necesitamos el apoyo del Ministerio de Justicia y los apoyos legales oportunos, un marco legal que nos dé más competencias, ya que tenemos mucho que aportar, pudiendo tener los procuradores muchas más funciones delegadas por parte del órgano judicial, autorizados por el juez y bajo la dirección del secretario judicial en esta materia de ejecución. Podemos descongestionar y reducir los tiempos de espera; por ello, nuestro trabajo con el Ministerio, fundamentalmente de cara al futuro, es intentar ver reforzadas nuestras competencias, lo cual además permitiría agilizar la Justicia. En materia de notificaciones, hoy día, tenemos la posibilidad de hacerlas con dos testigos a cargo de nuestro representado, pero también se puede extender como

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colaboración pública a aquellos partidos judiciales donde no hay servicios de notificaciones y no llevan a cabo salidas a la calle- como se está realizando con el proyecto piloto de Loja (Granada)—asistiendo un procurador con dos testigos, lo que está dando unos resultados magníficos. Se trata de ampliar competencias en colaboración con los juzgados porque aparte de ser representantes de mandatarios, somos colaboradores públicos y podemos actuar como agentes de ejecución; ese sería el futuro que se atisba para la profesión como el de mayor contenido y mayor aportación a la descongestión de la Justicia. Es el camino que estamos tratando de afianzar y buscamos que reformas legales dejen la puerta abierta caminando en ese sentido. No obstante, esto está ya planteado en el libro blanco de la Justicia y la función de colaborador público puede contribuir mucho. Incidiendo en esta materia la reforma de la LEC prevé ampliar nuestras funciones otorgándonos capacidad de certificación con lo que podríamos realizar dichos actos de comunicación de forma autónoma, sin necesidad ya de los dos testigos, con lo que se facilitaría aun más tal cometido. “Los procuradores podemos ser la llave que puede abrir una puerta a la agilización en la Justicia, sobre todo en el campo de la ejecución” C.O.G.S.S.- ¿Considera por tanto que se están limitando u obstaculizando las funciones del procurador? I.E.- No se han limitado, el procurador desde Alfonso X ‘El Sabio’, desde las partidas, que éramos los personeros, tenemos muchísimos siglos de historia y hemos ido adaptándonos de forma muy flexible a las necesidades del tiempo y hemos ido adquiriendo más funciones, como los servicios de notificaciones, y en ese camino de ampliar funciones tenemos todavía un potencial mayor por recorrer. No solo es ampliar el contenido de la profesión de la procura, que lo es, es que por otra parte existe un doble beneficio, pues sin incrementar costes (al revés, se abaratan costes) se ayuda a descongestionar tareas bloqueadas. Hay dinero que está bloqueado en los juzgados porque están paralizados procedimientos de ejecución y cuando se vaya resolviendo, redundará en un beneficio general para la economía del país; se trata de dinero y riqueza bloqueada que revertiría en el circuito económico y funcionaría como una inyección de movimiento económico para la sociedad. Por ejemplo, en otros países, la figura del 'Huissier' responde a la figura de un agente con funciones múltiples, entre ellas cometidos de carácter público y es-

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Entrevista Artículo pecialistas en trámites de ejecución. Pues bien, estas competencias podrían sernos aplicables en términos análogos, con algunas variantes acomodadas a nuestro ordenamiento jurídico, pero funciones al fin y al cabo asumibles que tienen un encaje legal muy sencillo. Con ello se abarataría el coste de la Justicia dejando en manos la ejecución de profesionales que tienen una alta cualificación y una formación muy específica en esta materia.

había con el anteproyecto de ley está muy matizado y totalmente variado, por lo que no lo percibimos como una amenaza.

Todas las reformas están avanzando en este camino, pero todavía se puede profundizar y hacer más proyectos, como el que está llevando a cabo el Colegio de La Coruña, donde se implantó un programa de administración de bienes muebles y de embargos judiciales. Este proyecto está resultando ser una experiencia fabulosa, consiguiendo incluso un premio por parte del Consejo General del Poder Judicial.

“Nos tenemos que dar más a conocer; nos hemos quedado en un trabajo a la sombra, un poco anónimo, y el representado apenas nos conoce”

C.O.G.S.S.- ¿Cuáles son las dificultades actuales por las que atraviesa la profesión de procurador atendiendo a las últimas reformas aprobadas por el Gobierno?

“Nos tenemos que dar más a conocer; nos hemos quedado en un trabajo a la sombra, un poco anónimo, y el representado apenas nos conoce” I.E.- Las dificultades actuales las enfoco prácticamente en dos órdenes: dificultad de carácter legal, dada la situación que ha habido de la obligación de abordar la directiva de servicios europea con el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales, a pesar de que ahora mismo está replanteándose y reformulándose por parte del Ministerio y del actual Ministro, D. Rafael Catalá, que sin ser contrarreformista, es una persona que tiene un carácter de búsqueda de consenso, es un gran negociador y una persona con gran formación, muy conocedora de todos los problemas de la Justicia y muy cercano a la profesión de procurador. El Ministro está planteando una revisión de los términos de anteproyecto de Ley y sin que esté descartado de forma absoluta, no le está dando prioridad para esta legislatura, si bien se abordará pero de forma consensuada con los colegios profesionales y atendiendo a las situaciones específicas de cada colectivo. Nosotros estamos ya viendo que el escenario legal que

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Por otra parte, en cuanto a la entrecomillada amenaza legal de los cambios legales, estamos viendo que se está tomando conciencia de la importancia de la procura y todo lo que puede contribuir a la modernización de la Justicia y su agilización.

C.O.G.S.S.- ¿Cuál es la implantación actual de la figura del procurador con el justiciable? I.E.- Creo que desde la profesión tenemos todavía que hacer un mayor esfuerzo y revisar cómo hacer llegar al ciudadano la tarea del procurador, conseguir una institución aún más abierta, nos tenemos que dar más a conocer, tener más presencia en todos los órdenes sociales e institucionales y poder trasladar las funciones del procurador; nos hemos quedado en un trabajo a la sombra, un poco anónimo y el representado apenas nos conoce, algo también derivado de la mecánica del funcionamiento de la profesión porque va el cliente habitualmente al despacho del letrado y el letrado es el que trata y recibe la defensa del proceso que se le plantea. Generalmente no se nos conoce más que cuando asistimos a una audiencia previa o juicio y mantenemos también una distancia física respecto del representado, que tampoco conoce nuestra tarea: tenemos que buscar fórmulas para trasladar a la ciudadanía nuestras funciones y labores, siendo bueno estrechar lazos con el cliente dándole la información de todo lo que realizamos y no haciendo que le llegue solo vía letrado, sino propiciando que se establezca una relación más directa con el representado para que tenga conocimiento de todo lo que estamos haciendo. Creo que sería positivo revisar nuestra forma de actuar para saber comunicar todo lo que realizamos y también en el trabajo del día a día el procurador debe buscar la manera de que se conozca lo que está haciendo; es un reto que tenemos por delante porque estamos viendo que la sociedad no conoce muy bien en qué consiste la representación ni sabe muy bien lo que hace un Colegio de Procuradores de carácter público. Esto que planteo de forma autocrítica, confluye con un trabajo que hacemos de forma muy silenciosa con un grado de compromiso que llega hasta el punto de que destinamos nuestras cuotas particulares y fondos propios en estos servicios de carácter público que he comentado. Los colegios defendemos a nuestros co-

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Entrevista legiados, velamos por que la actividad profesional se preste a un nivel de calidad elevado, tenemos un régimen disciplinario y normas deontológicas para velar por el buen cumplimiento de la profesión, pero además asumimos funciones que antes asumía la Administración de Justicia con nuestros propios recursos, lo que supone un ahorro para el ciudadano. C.O.G.S.S.- ¿Qué posición tiene tanto el Gobierno central como el autonómico respecto a la profesión? ¿Se ha encontrado con impedimentos durante su mandato? I.E.- Ahora mismo la comunicación entre el Ministerio de Justicia y nuestro Consejo General es fluida, de entendimiento, nos hemos reunido recientemente con el Ministro y está manteniendo muchísimas reuniones con todos los operadores jurídicos, está siendo muy receptivo y nos ha trasladado su voluntad de tenernos presentes a los procuradores porque ve nuestro potencial. En esto tiene que ver que hemos abordado una modernización de la Justicia, liderando el sistema de notificaciones de ‘Lexnet’, que se suma a la plataforma creada por nuestro Consejo General que se pone a disposición del Ministerio. Estamos llevando a cabo una labor de trabajo conjunto y una búsqueda de soluciones de los problemas judiciales y de poner las infraestructuras y conocimientos de los procuradores al servicio de la justicia para conseguir una justicia actual, acorde a la que necesitamos en el siglo XXI. Además, el talante del Ministro es muy positivo y tiene una ductilidad extraordinaria y es un magnífico negociador, con lo que se plantean las negociaciones esperanzadoras y halagüeñas, fructíferas tanto para la Justicia como para los procuradores. Con la Junta de Andalucía las relaciones por supuesto son cordiales y el abono que ha efectuado a los colegios de abogados y de procuradores para nosotros es importante, pues hasta ahora habíamos venido sufriendo muchísimos retrasos y era muy dificultoso su abono pero hay que agradecer que a comienzos de año ha liquidado todo el ejercicio de 2014; esperemos que sea el inicio de un camino en el que vayamos recibiendo las cantidades en unos plazos razonables y esta vía que se ha iniciado ojalá que siga así. Por otro lado, no quiero pasar por alto hablar del partido judicial de Utrera, que tiene una situación de atasco y colapso que desborda todas las estadísticas y por el que estamos realizando esfuerzos tanto a nivel estatal, mantuvimos una reunión con el actual Secretario General de la Administración de

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Justicia, D. Antonio Dorado, y estamos a la espera de reunirnos con el Consejero de Justicia e Interior de la Junta, D. Emilio De Llera, para buscar planteamientos de choque de la situación de Utrera. Y algo parecido ocurre en Sanlúcar la Mayor, donde también es considerable el colapso. También hay que decir que los juzgados necesitan una modernización, así como más juzgados y mayor dotación de medios y recurso técnicos, reconociendo que los profesionales de la Justicia son excelentes y de una gran calidad, tanto jueces como secretarios con resoluciones de altísima calidad técnica. No hablo de la Ciudad de la Justicia porque no se ve realizable a corto plazo, pero si no se crea, al menos que se mejoren los medios técnicos porque las limitaciones presupuestarias dificultan desarrollar lo que se quisiera, pero hay que trabajar en la medida de lo que se pueda; tratamos que la Junta de Andalucía haga todo lo que esté en su mano para dotar de medios a la Justicia y poder responder a tiempo al ciudadano. C.O.G.S.S.- ¿Qué opina sobre la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas? I.E.- Desde el Colegio de Procuradores hemos recibido la noticia con gran alegría enviando nuestras felicitaciones por la modificación efectuada al actual Ministro de Justicia que exime de las mismas a las personas físicas. Ésta era una reclamación unánime por parte de todos los profesionales del Derecho, solicitándola para facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva en determinados supuestos y recibimos esta exención como una muestra de la receptividad del Ministerio y concreción de su voluntad de consenso con el sentir ciudadano. También es cierto que seguimos viendo çómo esta medida sería deseable que se extendiera a las PYMES a fin de potenciar la recuperación económica y permitirles aliviar sus situaciones de dificultades actuales, lo cual entendemos contribuiría a un refuerzo de la pequeña y mediana empresa, parte básica de nuestro tejido empresarial. Asimismo consideramos que hay algunas tasas cuyos importes podrían ser revisados a la baja, como los recursos de apelación, casación y algún otro pues la cifra final se muestra en determinados casos elevada. Por todo ello estamos a la espera de que se siga manteniendo un estudio para su revisión y confiamos en que la evolución en este campo siga siendo satisfactoria, felicitando al Ministerio de Justicia por el primer e importante paso ya dado al respecto.

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Artículo Dña. Maite Sampere

Jefa del Servicio de Investigación y Análisis de IT/EP MC MUTUAL

Enfermedades profesionales: El Síndrome del Túnel Carpiano El trabajo ejerce efectos beneficiosos para la salud de las personas. Sin embargo, si el equilibrio trabajo-salud se rompe pueden producirse daños en la salud. Se diferencian dos grandes categorías de daños derivados del trabajo: las lesiones por accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo, entre las que se encuentran las enfermedades profesionales. La normativa española define la enfermedad profesional como “la contraída a consecuencia del trabajo, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley (RD 1/1994, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, art. 116), y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. Por lo tanto, el cuadro de enfermedades profesionales vigente en España (RD 1299/2006) es el que regula qué se puede considerar y qué no se debe considerar como enfermedad profesional en nuestro país. Las enfermedades profesionales se clasifican en seis grupos (grupo 1 – 6), según la naturaleza del riesgo laboral que las causa. Alrededor del 80% pertenecen al grupo 2. Este grupo incluye las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y las posturas forzadas y los movimientos repetitivos, entre otros. Las enfermedades del aparato locomotor y del sistema nervioso periférico por exposición a posturas forzadas y movimientos repetitivos son, de lejos, las enfermedades profesionales que se notifican con mayor frecuencia en nuestro entorno; siendo el Síndrome del Túnel Carpiano uno de los que encabeza esta lista. El túnel carpiano es un espacio estrecho, situado en la muñeca, por donde pasan varios tendones flexores de la mano y el nervio mediano, encargado de proporcionar sensibilidad y movimiento a algunas partes de la mano. Si por alguna causa disminuye este espacio, aumenta la presión en el interior del túnel carpiano y se comprime el nervio mediano, originándose el Síndrome del Túnel Carpiano (STC). El STC afecta entre el 1% y el 3% de la población general, alcanzando el 15% en determinados profesionales. Es más frecuente en mujeres; se manifiesta, principalmente, entre los 40 y los 60 años; y suele ser bilateral en más del 50% de los casos. Sin embargo, cuando el origen es laboral, aparece en la mano dominante expuesta a los riesgos. Se caracteriza

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por la presencia de hormigueo (parestesias), acorchamiento, sensación de hinchazón, entumecimiento y dolor a nivel de los tres primeros dedos (pulgar, índice, medio) y parte del dedo anular. El inicio de los síntomas suele ser nocturno, debido a la disminución del retorno venoso que ocurre durante el sueño, con el cese de la contracción de los músculos del antebrazo. El dolor despierta al paciente y se alivia al frotar y sacudir las manos. A medida que la enfermedad progresa, el dolor y las parestesias se repiten a lo largo de la noche y se prolongan durante día. El diagnóstico del STC se basa en la clínica, la exploración física (maniobra de Phalen y signo de Tinel) y el estudio electrofisiológico. La maniobra de Phalen consiste en provocar el estrechamiento del túnel carpiano, mediante el mantenimiento de posiciones de flexión o extensión forzada de la muñeca. El signo de Tinel consiste en la percusión con el martillo de reflejos a lo largo del túnel carpiano. Estas exploraciones son positivas cuando se reproduce la sensación de hormigueo en el territorio sensitivo del nervio mediano (tres primeros dedos de la mano y parte del cuarto). En más de la mitad de los casos, la causa de la compresión del nervio es desconocida. En ocasiones, entre otros factores, se asocia al embarazo, la menopausia y a enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad y los tumores en el túnel carpiano. El origen laboral del STC se produce como consecuencia del desarrollo de tareas que requieren movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca o de aprehensión de la mano. Algunas de las actividades y ocupaciones mencionadas en el cuadro de enfermedades profesionales con riesgo de producirlo son los lavanderos, los cortadores de tejidos y material plástico y similares, los trabajos de montaje (electrónica, mecánica), la industria textil, los mataderos (carniceros, materifes), la hostelería (camareros, cocineros), los soldadores, carpinteros, pulidores y pintores. El objetivo prioritario de la prevención laboral es evitar los daños en la salud derivados del trabajo, actuando sobre las condiciones laborales que puedan provocarlos. Diagnosticar un Síndrome del Túnel Carpiano en un paciente y establecer su relación con el trabajo, en los casos en los que existen factores de riesgo laborales suficientes para producir la lesión del nervio mediano, debería conllevar una mejora de la prevención mediante la adopción de medidas preventivas ergonómicas o de organización.

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Jurisprudencia

El TS defiende la ultraactividad de un convenio una vez cumplido el año de la aprobación de la Ley 3/2012 La Sala de lo Social del Tribunal supremo ha defendido la ultraactividad del convenio de una empresa de las Islas Baleares una vez cumplido el año desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, al confirmarlo en el recurso de casación 264/2014. En esta sentencia, la Sala estudia si el convenio colectivo de aplicación denunciado el 5 de noviembre de 2010 continuaba en ultraactividad superado el 8 de julio de 2013, es decir, cumplido el año desde la entrada en vigor de dicha Ley, como defiende la empresa, alegando que el artículo 86.3 del ET regula un régimen de ultraactividad limitada solo en defecto de pacto, entendiendo que existe dicho pacto, por lo que no sería de aplicación la DT 4ª de la Ley 3/2012 de 6 de julio. La Sala precisa que la empresa denunció la vigencia del convenio, en el que se pactó inicialmente una duración de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2001. Así, consta que el 17 de noviembre de 2010 se constituyó la mesa negociadora del convenio y también consta que se prorrogaría tácitamente año tras año, salvo que se produjera una denuncia expresa por cualquiera de las partes afectadas por el mismo. Por su parte, la empresa, no existiendo un convenio colectivo de ámbito superior y entendiendo que había perdido vigencia el convenio colectivo, había procedido a abonar la nómina de julio de 2013 (mes en el que el convenio expiraba en su vigencia de la ultraactividad en aplicación del art. 86.3 ET) de sus trabajadores en dos periodos, del 1 al 7 de julio con arreglo a las condiciones del convenio y del 8 al 31 del mismo mes en la que se aplica las condiciones establecidas en el ET. Así las cosas, el TSJ de Baleares condenó a la empresa demandada a que respetara las condiciones que los trabajadores

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venían disfrutando, al considerar que “son las pactadas en el contrato de trabajo, pasando a formar parte del acervo patrimonial, mientras dure la relación laboral”. En sus fundamentos jurídicos, el Supremo recuerda que las soluciones que ha venido dando la doctrina científica y también la doctrina judicial son esencialmente dos y radicalmente opuestas. Por un lado, la tesis “rupturista”, según la cual los derechos y obligaciones de las partes pasarán a regirse exclusivamente por las normas estatales legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio colectivo fenecido. Y por otro lado, la tesis “conservacionista”, según la cual las condiciones laborales que venían rigiendo con anterioridad a la pérdida de vigencia del convenio deben mantenerse puesto que forman parte del sinalagma contractual establecido entre las partes. Para la Sala, esta es la tesis jurídicamente “correcta” y explica que de aplicarse la “rupturista” se producirían indeseables consecuencias para ambas partes. Asimismo, teniendo en cuenta el art. 3 del ET (uno de los pocos no afectados por las sucesivas reformas estatutarias), para el TS “es claro” que los derechos y obligaciones de las partes no desaparecen en el momento en que termina la vigencia del convenio colectivo. Ello es así “no porque las normas del convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse en ese momento, sino porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo en que se creó la relación jurídico-laboral”. No obstante, el Supremo aprecia que “el convenio pierde su vigencia y deja de cumplir esa función nomofiláctica que es la propia de nuestro sistema jurídico. Por consiguiente, esas condiciones contractuales, carentes ya de ese sostén normativo del mínimo convencional, podrán ser modificadas por la vía del art. 41 ET, sin más limitaciones que las de origen legal pues, las limitaciones dimanantes del convenio colectivo, si no hay otro superior, han desaparecido. Por la misma razón,

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Jurisprudencia los trabajadores de nuevo ingreso carecerán de esa malla de protección que brindaba el convenio fenecido”. Además, asegura que “no es ocioso recordar que aun habiendo terminado la ultraactividad del convenio en cuestión, ello no significa que no permanezca la obligación de negociar de buena fe en el ámbito colectivo, como establece el art. 89.1 ET”. Por todo ello, el Supremo (aunque con cuatro votos particulares) desestima el recurso de casación formulado por la mercantil contra la sentencia dictada por el TSJ de Islas Baleares en el procedimiento de conflicto colectivo número 11/2013, seguido a instancia del sindicato USO, al que se adhirieron CSICSIF, CCOO y UGT contra la empresa recurrente, y confirma que se repongan a los trabajadores afectados por el conflicto colectivo a las condiciones que disfrutaban con anterioridad, durante la vigencia del expresado convenio.

El TSJ de Cataluña declara improcedente el despido de un trabajador con contrato de formación al no acreditarse ésta La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto un recurso de suplicación en el que ha declarado improcedente el despido de un trabajador que tenía un contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje en una empresa de instalaciones, toda vez que ha resuelto que dicha empresa no cumplió con los requisitos exigidos por la citada modalidad de contrato, tal y como señala en la sentencia número 2617/2014. En concreto, la Sala expone que la empresa no justificó el requisito obligatorio de la formación en los términos y condiciones que se establece en el Real Decreto 1525/2012, considerando que por tanto el contrato al que estaba sujeto el trabajador no respondía a la citada modalidad, sino a la de contrato indefinido. Además, se acredita que el empleado vino realizando una jornada normal de trabajo percibiendo unos ingresos superiores a los que se derivaría de su condición de aprendiz. La Sala argumenta que “lo único que ha quedado acreditado es que el trabajador ha venido realizando en la modalidad de distancia la formación correspondiente, sin acreditar ninguna otra de las condiciones que configuran el elemento formativo del contrato suscrito, pues aun cuando la modalidad de enseñanza a distancia sea admisible como modo de cumplir por el empresario su prestación formativa, las especiales características de esa formación obligan a un seguimiento de aprovechamiento”. Así, el TSJC advierte que no constando acreditada la formación, se determina que el contrato haya de entenderse de naturaleza ordinaria y por tiempo indefinido y que el cese en el contrato haya de ser calificado como un despido que debe calificarse como improcedente. Finalmente, condena a la empresa a readmitir al empleado en su mismo puesto y satisfacerle los salarios de trámite desde la fecha del despido hasta Graduados Sociales n.º 79 • 2015

aquella en que esta sentencia sea notificada, o a satisfacerle una indemnización. El TSJC recuerda en la sentencia que el contrato de formación tiene por objeto la “formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación”, siendo el tiempo de formación “no inferior al 15% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o en su defecto de la jornada máxima legal”.

Confirman que la fecha en que se envió (a través de Correos) una demanda no es tenida en cuenta a efectos de caducidad La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado en una sentencia que la fecha en la que una trabajadora envió una demanda por despido (a través de Correos) no es tenida en cuenta a la hora de la caducidad para admitir dicha demanda, salvo excepciones entre las que no se encuentra la situación de la demandante, una ayudante de cocina. La sentencia 6202/2014 reitera que la demanda tiene que presentarse en los registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social y, en particular, en el registro del órgano judicial competente para resolver sobre el trámite correspondiente. También se permite el uso de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren. No obstante, en el caso de autos (cuya carta de despido se notificó el 22 de marzo de 2013 y cuya demanda presentó en Correos la recurrente el 15 de mayo del mismo año) “no se alega ni justifica la existencia de circunstancias excepcionales que hubieran impedido a la recurrente la presentación en el órgano fijado por la Ley para recibir la demanda en el proceso laboral”. La Sala asegura que “en ningún caso se considera lugar adecuado de presentación de escritos, que deban surtir efecto ante la Administración de Justicia, las oficinas de Correos y Telégrafos, pues la oficina de Correos no es un medio técnico ni un órgano del tribunal, sino un servicio público, que no está homologado con los registros de los órganos judiciales a efectos de la presentación de escritos procesales”. Así, las certificaciones de la oficina de Correos solo acreditan la presentación de los escritos en dichas oficinas, pero no la fecha de la válida recepción de aquellos en los órganos judiciales competentes. La fecha que se tiene en cuenta a la hora de la caducidad, es la de la recepción en dicho juzgado, y no la de entrega para su posterior envío, aunque tenga lugar bajo la modalidad de correo administrativo.

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Ocio TEATRO 'BITS' DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO 'TRICICLE'.

yor Densidad de Gags por Minuto Posible (DGMP).

SINOPSIS: Los BITS son unidades mínimas de información binaria, viven en los ordenadores y se transmiten por todo el planeta a través de internet, que es una especie de autopista digital por la que navegamos por mundos en los que nunca habíamos pensado que iríamos a parar. En este espectáculo, los integrantes de Tricicle se han convertido en BITS y como tales, a golpe de ratón saltan de sketch, de tema, de decorado, de personajes, de gafas, de sexo e incluso recuperan a viejos conocidos para hacerse un auto-homenaje con el fin de aumentar una pasión enfermiza que les persigue desde hace 34 años: lograr la ma-

Fecha: Del 03/06/2015 al 14/06/2015 Dos períodos: del 3 al 7 y del 10 al 14 de junio Precio: De 30€ a 10€ Horario: 20:30h Sábados: 19,00 h y 21,30 h Domingos: 19,30 h Lunes y martes: s/f Nº de funciones: 12 Modalidad: Teatro

FERIAS FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA 2015 La Feria del Libro de Sevilla 2015, que se desarrollará del 7 al 17 de mayo en la Plaza Nueva, estará dedicada al recuerdo del escritor D. Rafael de Cózar, fallecido el pasado diciembre de 2014 en Bormujos (Sevilla), donde residía. El poeta, novelista y profesor fue durante muchos años una presencia habitual y estrecho colaborador de esta cita, a la que asistió para presentar sus obras, acompañando a otros autores o como participante en lecturas o coloquios. Por el recinto de la Feria pasarán autores como Fernando Delgado, que se encarga de la conferencia inaugural bajo el título de 'Una feria con tapas'. También visitarán la Feria, entre otros, Julio Llamazares, Manuel Vicent, Antonio Colinas, Juan Madrid, Almudena de Arteaga, Rosa Montero, Ana Alonso, Laura Freixas, Ignacio Peyró, Montero Glez, Daniel Heredia, Isasaweis o Blue Jeans.

EXPOSICIONES EXPOSICIÓN DE ATÍN AYA EN LA GALERÍA CAVECANEM Un total de 22 fotografías en blanco y negro del fotógrafo Atín Aya (1955-2007) se exponen en el céntrico espacio de Cavecanem (Pasaje Francisco Molina). Las instantáneas, de personajes y escenas que formaron parte de la muestra colectiva Fin de Fiesta à Séville en el MIAM (Musée International des Arts Modestes) de Sète, en 2014, fueron tomadas entre los años 1982 y 2000. Las fotografías no habían sido expuestas hasta el momento en Sevilla, si bien se trata de la primera exposición individual sobre Atín Aya en una galería privada de arte contemporáneo en España. El horario de visitas de mañana es de martes a sábado, de 11,00 horas a 13,30 horas; y de tarde es de lunes a viernes, de 18,00 horas a 21,00 horas. Más información en el teléfono 647 840 076, en la web de la galería y en el correo electrónico cavecanemgaleria@gmail.com.

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DEFIENDE TUS DERECHOS de la mano de un GRADUADO SOCIAL Tu experto laboralista Empresas: • Altas y bajas de empresas • Contratación de trabajadores • Conflictos laborales • Fiscalidad • Convenios colectivos • Asistencia y representación ante la jurisdicción social y mercantil • Recursos humanos • Prevención de Riesgos Laborales • Inspección de trabajo • Mediación de conflictos • Relaciones laborales transnacionales • Auditoría sociolaboral • Peritaje en materia sociolaboral

Prestaciones de Seguridad Social: • Jubilación • Invalidez / discapacidad • Viudedad • Orfandad • Otras prestaciones de Seguridad Social Trabajadores: • Despidos • Reclamaciones salariales • Desempleo • Derechos y deberes en la relación laboral • Mediación de conflictos • Asistencia y representación ante la Jurisdicción social y mercantil

Extranjería: • Relaciones laborales de extranjeros en España

OFICINA GRATUITA DE ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA CITA PREVIA www.cgssevilla.com Teléfono 954 64 04 70 Lunes, miércoles y viernes de 10,00 horas a 13,00 horas

ATENCIÓN AL PÚBLICO

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA Avda. de la Buhaira, s/n – Edificio Noga · 41.071 SEVILLA Martes 9,30 horas a 13,30 horas. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA C/ Asencio y Toledo, 7 · 41.014 SEVILLA Jueves 9,30 horas a 13,30 horas.


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REVISTA JUSTICIA SOCIAL nº 79  

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