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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 77 | Julio - Septiembre 2014 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Toma de posesión de la Secretaria para la Justicia de la Junta de Andalucía

Página 13

Los colegios debaten sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales Página 16

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Artículo del Magistrado del Tribunal Constitucional D. Fernando Valdés Dal-Ré

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Entrevista a los secretarios generales de CC.OO-A y UGT-A

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Artículo del Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

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Entrevista a la forense Dña. Mª Ángeles Sepúlveda


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Editorial

ALEA JACTA EST La suerte está echada. Es lo que muchos de los profesionales piensan cuando se presentan cada día en la Administración para entregar un expediente y, sobre todo, cuando este es poco habitual, y es que, los “cambios de criterio” nos están complicando nuestro día a día de manera increíble y sin saber por qué. Lo estamos viendo a diario: de un día para otro unos trámites y unos procedimientos que ya tenemos más que trillados y que de un día para otro llegamos a nuestra administración y de manera secreta el funcionario de turno te dice que ahora no se hace así, que ahora tienes que hacerlo de otro modo y tienes que traer otra documentación además de la que llevas. Es entonces cuando te dicen que han cambiado de criterio y preguntas, ¿esta Administración? ¿la dirección provincial? ¿la dirección general? ¿el Ministerio? ¿la Secretaria de Estado? Aseguran: “nos han mandado una circular con los nuevos criterios de aplicación”, con lo que, uno se pregunta: ¿para qué queremos el BOE si a través de estos criterios se interpretan las normas por parte de las administraciones? Es más, a las tres semanas vas con el expediente, cumpliendo el nuevo criterio, y te dicen que han repuesto el criterio anterior porque era más eficaz, o mejor aún, que el nuevo criterio es el de la gestión ‘on line’. Tras esto, ¿qué cara le ponemos a los clientes?, ya que muchas veces nos planteamos que ya no sabemos hacer las cosas porque cada vez que vamos a una administración nos hablan de que han cambiado la forma de tramitar algo. Como ejemplo, este verano hemos sido testigo del cambio de criterio por parte del INSS respecto a la jubilación anticipada fijada en los 61 años. El Ministerio, o quien sea dentro de este, cambia de criterio y entiende que los trabajadores en paro que tengan convenio especial, como tienen una situación asimilada al alta, técnicamente no están en paro porque es como si estuviesen de alta y, por tanto, con el nuevo criterio el convenio especial es como si estuvieran en alta trabajando entendiendo que no llevan los seis meses en paro involuntario, por lo que no se pueden jubilar a los 61.

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Este verano hemos sido testigo del cambio de criterio por parte del INSS respecto a la jubilación anticipada fijada en los 61 años Eso es hacer (y perdonen la expresión) piruetas con la norma: el INSS empieza a denegar las solicitudes de jubilación que les llega de trabajadores con 61 años, haciendo que se jubilen dos años más tarde, y, cuando de este cambio de criterio se hacen eco los medios de comunicación (ávidos de noticias por el periodo estival), el Ministerio recula y repone el criterio anterior, quizá no por temor a la cascada de demandas, sino a que la prensa explique correctamente lo que ha hecho, teniendo en cuenta que se avecina año electoral y no está el horno para muchos bollos. Hechos como este en trámites burocráticos y en cuestiones de fondo de materia los vivimos a diario, y planteamos, por tanto, ¿qué seguridad jurídica existe en este país? La respuesta es sencilla: excesiva carga de normas, reglamentos, órdenes ministeriales, decretos, etc, que, por si fuera poco, al momento de aplicarlos, a través de directrices y circulares que nunca enseñan y que desvirtúan las normas, hacen que vivamos prácticamente en un sistema de reinos taifas donde ya no sabemos a qué acogernos y muchos son los compañeros que pierden toda la mañana gestionando y que al día siguiente hay que repetir porque tienen un nuevo criterio y ni nadie ni ningún boletín nos lo advierte. Así las cosas, o se empiezan a unificar criterios entre las administraciones y estas dejan de hacer malabares con las normas o, si se tiene que modificar una de ellas, que se publique en el boletín correspondiente. Mientras tanto, no nos quedará otra, cada vez que acudamos a una administración, que ir con los dedos cruzados y decir “alea jacta est”.

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Justicia S cial Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Eusebio Pérez Puerto Ana María Ruiz Girona

Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 05 Consejo Andaluz de Graduados Sociales 06 Colegios de Graduados Sociales 08 Cursos y Jornadas 10

Director: Rafael Hidalgo Romero.

Vida Colegial 11

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla Rosa Mª Torrecillas Castro

Artículo 17

D. Fernando Valdés Dal-Ré

Entrevista 26

D. Francisco Carbonero y Dña. Carmen Castilla

Artículo 31

Administración: Nieves Cabezas Glez. de Zárate María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla. com Internet: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010

D. Santiago González Ortega

Movimiento Colegial 36 Entrevista 38

Dña. Mª Ángeles Sepúlveda

Artículo 40

D. José María Algora Jiménez

Jurisprudencia 42 Calendario de Gestión de Seguros 45 Número 77 Julio-Septiembre 2014

Ocio 46

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

Escuela José Luis García Bigoles. ‘Derecho del trabajo: una encrucijada’ Nuestro Presidente y Vicepresidente, D. Rafael Hidalgo y José Ramón Barrera, respectivamente, asistieron a esta Escuela en la que se expusieron títulos como ‘La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo modificaciones sustanciales tras la Reforma Laboral’, ‘Doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo sobre el despido colectivo tras la reforma’ y la ‘Dimensión Penal y Laboral del e-mail por el empresario’ fueron algunos de los temas que más interés despertó entre los alumnos. Varias Autoridades del Principado, como el Director General de Justicia, o los Directores provinciales de la Tesorería y del INSS asistieron al acto de inauguración cuya mesa preD. Javier San Martín, D. Antonio Martos Presa, D. José Ruiz Sánchez, Dña. Silvia Junco Martínez y D. Graciano sidencial estuvo formada por D. Javier San Torre González. Martín, Presidente del Consejo General de La ciudad de Oviedo se convirtió el pasado 26 de septiemGraduados Sociales y de la Fundación Justibre por un día en ciudad anfitriona de los más destacados cia Social , D. Antonio Martos Presa, Presidente del Colegio juristas de este país, nombres tan relevantes como D. José de Graduados Sociales de Asturias, D. José Ruiz Sánchez, Manuel López y García de la Serrana, Magistrado de la Sala Director de la Escuela de Práctica Profesional ‘Alonso Olea’ , de lo Social del Tribunal Supremo, D. Rafael Fernández ValDña. Silvia Junco Martínez, Concejala de Gobierno de Parverde, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Preticipación Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, Igualdad sidente de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribuy Promoción Económica del Ayuntamiento de Oviedo y nal Supremo, D. Manuel Marchena, Magistrado de la Sala D. Graciano Torre González, Consejero de Economía y Emde lo Penal del Tribunal Supremo y D. Antonio Sempere, pleo del Principado de Asturias, siendo éste ultimo el que Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se agradeció a la Fundación Justicia Social el trabajo de condesplazaron hasta la ciudad Asturiana para impartir unas vocatoria de tan ilustre claustro de profesores, haciendo interesantes ponencias que trataron sobre diversos asunque por un día la capital del Principado se convirtiera en tos de plena actualidad. sede de esta Escuela.

Escuela Alonso Olea Un año más, la Escuela Alonso Olea acoge en Madrid su curso formativo, que se desarrolla en esta edición a lo largo de nueve días (del 3 al 7 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre) contando con profesores del máximo nivel académico. Como en otras ocasiones, se otorgan 43 plazas becadas (una de cada colegio oficial) a colaboradores del servicio de orientación jurídica gratuita. Esta beca fue complementada con otra aprobada por esta Corporación para hacer frente a los gastos de locomoción y alojamiento. El pasado año disfrutó de esta beca la colegiada de nuestra Corporación Dña. Carmen Suárez Rodríguez, que ha querido agradecer al Colegio el haberle dado “la oportunidad de beneficiarse de la compañía de graduados sociales de todos los puntos

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del país, así como de ponentes ilustres como magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional”. Según asegura, pudo preguntarles todas aquellas dudas que le surgieron aprovechando la proximidad que ofrece este ya tradicional curso formativo. Ha señalado que lo que le impulsó a asistir fue su “afán por seguir creciendo profesionalmente y, en concreto, en la jurisdicción de lo Social” y apunta que “interesantes fueron todos los temas que se trataron”, aunque destaca la ponencia del entonces Presidente de la Audiencia Nacional, el cual, “de forma cercana y muy acertada, trasladó la problemática de los conflictos generados por convenios colectivos”.

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Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

Visita institucional del Consejo Andaluz a la Consejería de Empleo puso de manifiesto la importancia de poder fijar una línea de colaboración a través de la Secretaria General de Empleo, la cual ha quedado emplazada a la celebración de una reunión que se llevará a cabo en los próximos días.

D. Juan Fernández, D. José Esteban Sánchez y Dña. Mª del Mar Ayala con D. José Sánchez Maldonado y D. Francisco Triguero.

El pasado 1 de julio, el Presidente del Consejo Andaluz, D. José Esteban Sánchez, acompañado de la Secretaria General, Dª. Mª del Mar Ayala, y D. Juan Fernández, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, se reunieron en Sevilla con el Consejero de Empleo, D. José Sánchez Maldonado, que estuvo acompañado de D. Francisco Trigueros, Secretario General de Universidades. Esta visita se enmarca dentro de las visitas institucionales realizadas por el Consejo Andaluz a todas las consejerías y direcciones generales relacionadas con la profesión, al objeto de poner nuestro colectivo a disposición de la Administración a través de los ocho colegios provinciales, en todas aquellas cuestiones de divulgación y colaboración que puedan ser de interés para la Administración Andaluza. En la visita el Presidente del Consejo puso de manifiesto al Consejero que nuestro colectivo, formado por casi 4.000 Graduados Sociales en toda Andalucía, es el encargado de gestionar más del 80% de todas las pymes y micropymes en el territorio andaluz, siendo por tanto, el mejor canal de distribución de información para poder hacer llegar al tejido empresarial cualquier cuestión, mostrando la total disposición del colectivo de Graduados Sociales andaluces a colaborar con la Consejería de Empleo y todas sus direcciones generales. Además, le indicó que dicha labor ya se está llevando a cabo con otras Direcciones Generales como la de Seguridad y Salud, o la de Políticas Activas de Empleo, así como con el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. El Consejero, conocedor de nuestro buen hacer y de nuestras relaciones de colaboración con distintas consejerías,

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De su lado, el Presidente del Consejo puso de manifestó que la divulgación de todas las me-

En la visita el Presidente del Consejo puso de manifiesto al Consejero que nuestro colectivo, formado por casi 4.000 Graduados Sociales en toda Andalucía, es el encargado de gestionar más del 80% de todas las pymes y micropymes en el territorio andaluz didas de fomento, contratación e información social se están llevando a cabo por nuestros colegios a través de los Servicios de Orientación Jurídica, servicio de información jurídica y laboral prestado de forma totalmente gratuita y voluntaria por los colegios andaluces a los administrados sin recursos económicos, que es ya una realidad de éxito en Andalucía desde hace varios años, en el caso del Colegio de Málaga, que viene prestando este servicio desde la ciudad de la Justicia desde hace varios años. La prestación de este servicio no es sino el antecedente a lo que la ley vendrá a reconocer por derecho a todo el colectivo, con la publicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconocerá a los Graduados Sociales como operadores jurídicos en el ámbito jurisdiccional social.

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Colegios de Graduados Sociales

Jura de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz Castro, así como miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de la Judicatura. Tras la apertura, por parte del presidente de la Audiencia, el que lo es del Colegio gaditano, D. José Blas Fernández, tomó posesión a cada uno de los miembros elegidos o reelegidos, imponiéndoles a cada uno de ellos la Medalla del Colegio, invitándoles durante su mandato a desarrollar su labor en beneficio de la profesión y como tales operadores jurídicos. Tras la toma de posesión, el Presidente del Colegio agradeció al Cuerpo de MaD. Manuel Estrella junto a D. José Blas Fernández, Dña. Carmen Cumbre y miembros del Cuerpo de gistrados allí presentes, y en la persona Secretarios Judiciales y de la Judicatura. del Presidente de la Audiencia, la colaboración que siempre han prestado al La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Gracolectivo y cómo han sabido posicionarse en cada logro duados Sociales de Cádiz-Ceuta prestó su juramento o de los Graduados Sociales. Por su parte, el Sr. Estrella promesa en la Audiencia Provincial, bajo la presidencia Ruiz agradeció la deferencia que siempre tuvieron para de su titular, el Magistrado D. Manuel Estrella Ruiz, que con ellos los Graduados Sociales, los cuales pertenecen estuvo acompañado del Presidente de la Corporación a un Cuerpo Jurídico de grandes conocimientos, pues Profesional, D. José Blas Fernández Sánchez y de la Masaben compaginar el mundo del trabajo con el judicial gistrada-Juez Decana de lo Social, Dña. Carmen Cumbre y han sabido ir con los tiempos.

Jornada sobre fiscalidad de las sociedades profesionales del Colegio de Granada El pasado 1 de julio, en el salón de actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada se celebró una jornada de gran interés, dadas las cuestiones y dudas que se está generando, bajo el título ‘Fiscalidad de las Sociedades Profesionales y Remuneración de los Administradores y Socios de Sociedades Mercantiles’. Tras la apertura de la jornada por D. Miguel Garrido, Vocal Ejerciente de la Junta de Gobierno del mencionado colegio, tomó la palabra Dª. Marta Díaz, Responsable Territorial de Negocios de Banco Santander, colaborador de la Corporación, que informó de la actual oferta que la entidad mantiene con el colectivo. Seguidamente, el ponente de la jornada, D. Javier Argente Álvarez, Jefe de Inspección de la Agencia Estatal Tributaria de Granada, desarrolló ampliamente el tema

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Asistentes a la jornada sobre fiscalidad.

de la jornada, aclarando todas las dudas que el numeroso público asistente le planteó.

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Colegios de Graduados Sociales

‘V Encuentro de Hermanamiento de los Colegios de Huelva y Sevilla’ El pasado día 20 de septiembre tuvo lugar el ‘V Encuentro de Hermanamiento de los Colegios de Huelva y Sevilla’. En esta ocasión se celebró en la provincia onubense en el marco de una visita a una ganadería emblemática, donde los miembros de ambas corporaciones pudieron ver de cerca la vida en el campo, la cual describió con detalle uno de los responsables del lugar.

día. Cabe destacar que con este tipo de encuentros se acercan posturas y estrechan lazos entre ambos colegios caracterizados por su proximidad geográfica.

A continuación, y en la misma dehesa, se llevó a cabo un almuerzo campero en el que se compartieron inquietudes acerca de la profesión así como experiencias de nuestro día a Foto de grupo de los asistentes.

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Cursos y Jornadas

Conferencia-Coloquio ‘La Reforma Laboral de la Crisis Económica’ ma laboral de la crisis económica’ de la mano del Magistrado del Tribunal Constitucional D. Fernando Valdés Dal-Ré, quien expuso su ponencia acompañado de nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, y del Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla D. Antonio Ojeda.

El Magistrado del TC junto a nuestro Presidente y el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la US.

El pasado día 17 de septiembre se celebró en nuestra sede colegial la conferencia-coloquio ‘La refor-

La conferencia, cuyo resumen, firmado por el propio Magistrado, pueden encontrar en esta revista, se enmarcó en el Plan de Organización de Prácticas de los alumnos del ‘VII Curso Avanzado en Derecho del Trabajo para Postgraduados’ que imparte la mencionada Universidad.

Jornada sobre ‘Programación de Objetivos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social’

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social junto a nuestro Presidente y el Director de Asistencia Sanitaria de Asepeyo en Sevilla.

Numerosos compañeros acudieron el pasado día 24 de septiembre a nuestro Colegio con motivo de la jornada organizada conjuntamente con la Inspección Provincial de Trabajo y la Mutua Asepeyo sobre 'Programación de objetivos de la Inspección Provincial

de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla', cuyo ponente fue el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, D. Juan Casal Cansino. La jornada, introducida por el Presidente de nuestro Colegio, D. Rafael Hidalgo Romero, contó también con la presencia del director de Asistencia Sanitaria de Asepeyo Sevilla, D. Manuel Pérez Martínez. De esta forma, las materias que se trataron fueron la prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, Seguridad Social y economía irregular.

Jornada sobre nueva legislación de sociedades laborales con Feansal Nuestra Escuela de Práctica Profesional llevó a cabo, el pasado 30 de septiembre, una actividad junto a la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (Feansal) que llevó por título ‘Jornada técnica de difusión sobre novedades legislativas aplicables a las Sociedades Laborales’. En esta jornada, que contó con la presencia del Presidente de Feansal, D. Ramón Moreno, y que fue introducida por el Vocal de nuestro Colegio, D. Carlos Barrera, se expuso, por parte de la Técnica del Departamento de Pago Único del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla, Dña. Carmen

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Aguaza, la “tramitación del pago único: solicitud y plazos”, así como la fórmula jurídica de la sociedad laboral.

D. Carlos Barrera junto a Dña. Carmen Aguaza y D. Ramón Moreno.

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Vida Colegial

Reunión de la Junta de Gobierno con nuevos colegiados

Nuevos colegiados con miembros de la Junta de Gobierno.

Con motivo de la incorporación de nuevos Graduados Sociales a la Corporación, el pasado 2 de julio se celebró en nuestra Sede Colegial el 'Acto de Presentación de la Junta de Gobierno a los nuevos Colegiados', en el que han estado presentes el Presidente, D. Rafael Hidalgo, el Tesorero, D. Juan Carlos Castro, y la Vocal Dña. Ana Mª Ruiz, así como los colegiados Dña. Obdulia Vargas Ramírez, Dña. Margarita Pérez Vicente, Dña. Concepción Fernández González, Dña. Marta Conesa Sánchez y D. Francisco Javier López León.

Encuentro sobre Responsabilidad Social Empresarial de ‘El Correo de Andalucía’ Nuestro Colegio, a través de su Presidente, D. Rafael Hidalgo Romero, participó el pasado 3 de julio en el encuentro organizado por 'El Correo de Andalucía' Dña. Deborah Delmás, D. Raúl Amián y sobre Responsabilidad nuestro Presidente. Social Empresarial en el cortijo de la Gota de Leche. En dicho encuentro, el Sr. Hidalgo intervino en la mesa redonda que versó sobre el conocido como 'Euro Solidario', una iniciativa puesta en marcha hace dos años ideada por el Colegio de Abogados de Sevilla a la que se adhirieron los otros dos colegios jurídicos, Graduados Sociales y Procuradores, así como otros colegios profesionales de la ciudad. Acompañado por la Tesorera del mencionado Colegio de Abogados, Dña. Deborah Delmás, y del Presidente de los

Administradores de Fincas de Sevilla, D. Rafael del Olmo, el Sr. Hidalgo abrió esta mesa redonda de diálogo y debate señalando que a pesar de que la Responsabilidad Social Corporativa se viene realizando "desde hace muchísimos años, es una gran desconocida para el ciudadano", motivo por el que "habrá que darla a conocer" desde las administraciones e instituciones. Al hilo, y como otra de las respuestas a los más desfavorecidos, indicó que hace aproximadamente año y medio se puso a disposición de los sevillanos la Oficina Gratuita de Orientación Socio-Laboral por parte de nuestra Corporación. De este modo, "los compañeros, de cualquier punto de la provincia, acuden a las dos sedes con las que cuenta la Oficina (la de los Juzgados de lo Social y el Centro Cívico Bellavista) y orientan de manera altruista resolviendo las cuestiones planteadas por los ciudadanos, ya sean empresarios, trabajadores o personas en situación de desempleo. Ya son más de 2.000 quienes han solventado sus dudas.

Reunión con la Asociación de Letrados de la Seguridad Social El pasado 12 de septiembre tuvo lugar, en la sede de nuestro Colegio, una reunión con la Asociación de Letrados de D. Juan Carlos Lozano con miembros de la Junta de Gobierno. la Seguridad Social. En ella estuvieron presentes el Presidente de la misma, D. Juan Carlos Lozano, así como el de nuestra Corporación, D. Rafael Hidalgo, y las vocales de Relaciones con el INSS, la TGSS e ISM Dña. Margarita Guerrero y Dña. Vanesa García.

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La reunión se enmarca dentro de la política de la actual Junta Directiva de dicha asociación manteniendo periódicos contactos con los principales operadores jurídicos. Así, se destacó la actual configuración del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social como Servicio Común con independencia orgánica y funcional de las demás Entidades Gestoras y Servicios Comunes. Finalmente, se estrecharon relaciones y a tal fin se acordó la firma de un convenio de colaboración.

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Vida Colegial

Cena anual del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

Foto de grupo de asistentes a la Cena.

El pasado 4 de julio se celebró la Cena Anual del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona. Durante este acto, se entregaron las Medallas del Colegio por 15, 20, 25 y 50 años de colegiación, un reconocimiento a la permanencia y trabajo de los colegiados que con su aportación han contribuido al desarrollo de la profesión. La Cena congregó a destacadas personalidades del mundo de la política y de la Justicia; a la misma acudió

el Presidente de la Generalitat, D. Artur Mas, la Presidenta del Parlamento Catalán, Dña. Nuria de Gispert, el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, D. Javier San Martín, así como presidentes de colegios de graduados sociales del resto de España como el de Tarragona, Dña. Ana María Asama, de Álava, D. José Antonio Landaluce, de Castellón, D. José Benjamín Beltrán, o del nuestro, D. Rafael Hidalgo, que estuvo acompañado del Vicepresidente, D. José Ramón Barrera. Por su parte, el Sr. San Martín en su discurso señaló la importancia del profesional para el correcto funcionamiento de la Administración del Estado, un papel relevante que año tras año es más reconocido dentro de la sociedad.

El Colegio de Procuradores celebra su cena anual El Colegio de Procuradores de Sevilla celebró el pasado 17 de julio su cena anual con motivo de la celebración de la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen. En La Decana del Colegio de Procuradores esta cena se hizo entrega junto al Decano del Colegio de Abogados, el del 'Premio Procuradora Vicepresidente II del Colegio de Médicos, el Decano del Colegio de Arquitectos y nuestro Ascensión García Ortiz', Presidente. que en su primera edición ha sido entregado a título póstumo a la Sra. García Ortiz, en un emotivo y entrañable acto. En palabras de la Decana del Colegio de Procuradores de Sevilla,

Dña. Isabel Escartín, este galardón “nace en memoria de nuestra compañera, reconociendo su ejemplo de los valores que nos ha dejado y su extraordinaria calidad humana”, según señaló en la cena, a la que acudieron nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, así como nuestro Vicepresidente, D. José Ramón Barrera, y el Alcalde de Sevilla, D. Juan Ignacio Zoido, entre otras autoridades. De igual forma, durante la cena se homenajeó a aquellos colegiados que han cumplido los 25 y 40 años de ejercicio profesional. En concreto, D. Luis Losada Valseca (40); D. Juan Bautista García de la Vega (40); Dña. Carmen Rodríguez de Guzmán Acevedo; D. Víctor Alberto Alcántara Martínez; Dña. Gabriela Duarte Domínguez; Dña. Pilar Durán Ferreira; Dña. Mª Virtudes Moreno García; Dña. Mª del Carmen Pérez-Abascal Aguilar y Dña. Francisca Vázquez Tagua.

Entrega de Medallas al Mérito en el Servicio a la Abogacía

Presidencia del acto.

Nuestro Colegio estuvo representado en el acto que el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla celebró con motivo de la entrega de Medallas al Mérito en el servicio a la abogacía, la más alta distinción que concede el Consejo General de la Abogacía Española. La Decana de los procuradores, Dña. Isabel Es-

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cartín, también asistió al acto en representación de estos profesionales, así como el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, D. Manuel Damián Álvarez, entre otras autoridades. Los asistentes fueron testigos de los mensajes que tanto D. José Joaquín Gallardo, Decano del citado Colegio, como D. Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía, dirigieron a los premiados y resto de invitados. Las personas galardonadas en esta ocasión han sido D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Juan Antonio Navas Córdoba, D. José Manuel Sánchez Carrillo y Dña. Mª de los Reyes Gallardo Navarro.

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Vida Colegial

Toma de posesión de la nueva secretaria para la justicia de la Junta tres principios básicos como son la defensa de lo público, la igualdad y la seguridad. “Desarrollamos estos tres pilares desde la mejor herramienta en la gestión, que es el diálogo y el acuerdo”, apostilló.

La Secretaria para la Justicia de la Junta con nuestro Presidente.

El pasado 25 de julio se celebró la toma de posesión de la nueva Secretaria General para la Justicia de la Junta de Andalucía, Dña. Mercedes Fernández, en un acto que tuvo lugar en la sede de la Consejería de Justicia e Interior. En el mismo, el consejero, D. Emilio de Llera, destacó su dilatada experiencia en la Administración de Justicia asegurando que es “una garantía para conseguir los mejores resultados y cumplir los objetivos marcados por el Gobierno de Andalucía”. Igualmente, De Llera instó a la nueva Secretaria para la Justicia a desempeñar su cargo siempre bajo la premisa de

El desarrollo y consolidación de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía será uno de los principales retos de Mercedes Fernández, subrayó el consejero, quien precisó que este proyecto permitirá seguir avanzando en la modernización, eficiencia y cercanía de la Administración de justicia a la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales de los profesionales. De su lado, la Sra. Fernández mostró su agradecimiento por la confianza depositada en ella para asumir este reto y puso de relieve su firme compromiso por trabajar desde el esfuerzo y la entrega, como hasta ahora en su carrera judicial, para avanzar en la mejora de la Administración de Justicia en Andalucía. Por su parte, el Sr. Hidalgo aprovechó la ocasión para seguir reclamando mejoras en la jurisdicción de lo Social, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de que se reduzca el tiempo para celebrar los señalamientos en estos juzgados.

Reunión en el SEPE sobre las últimas novedades en el servicio El pasado 10 de septiembre se mantuvo una reunión entre el Director Provincial del Servicio Público de Empleo (SEPE), D. Miguel Ángel Terrero, la Subdirectora Provincial de Prestaciones, Dña. María José Roldán, y el Secretario Provincial del SEPE, D. Enrique González y nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, que acudió acompañado de los Vocales de Relaciones con Agentes Sociales, D. Juan José Guijarro y D. Carlos Barrera, en un encuentro en el que trataron las novedades en este servicio. De este modo, en una cordial reunión llevada a cabo en la sede del Servicio en Sevilla, se trataron cuestiones como el nuevo criterio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) respecto a la mecánica de contratos de interinidad durante la maternidad y riesgo durante el embarazo, sobre la obligatoriedad de remisión 'on line' del certificado de empresa o de comunicar un anexo formativo en papel cuando en los contratos iniciales se puede comunicar electrónicamente. Sobre el envío del certificado de empresa, nos informaron que desde el 01/04/2014 todas las empresas obligadas

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Reunión en la sede del SEPE.

al sistema RED tienen que comunicarlo ‘on line’ obligatoriamente y del resto de cuestiones darán respuesta a la mayor brevedad posible. Además, establecieron líneas de trabajo y colaboración en materia de formación e información, entre otras materias tratadas. Finalmente, por parte de nuestro Colegio se puso de manifiesto ciertas disfunciones del sistema, como es el caso del traslado de archivos, si bien se comunican 'on line' y también en papel, duplicando así el trabajo de los profesionales y también de la Administración.

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Vida Colegial

Reunión con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla para posteriormente ampliar las líneas de colaboración, que en la actualidad se mantienen en materia de formación informando de las distintas actividades a nuestros colegiados. Así, se habló de la inclusión periódica de artículos relacionados con la prevención de riesgos en nuestra revista, 'Justicia Social', la cual publica trimestralmente esta Corporación.

D. Juan Carlos Castro y D. Juan José Guijarro junto a D. Francisco Javier Almagro y Dña. Mª Isabel García.

El Tesorero de nuestro Colegio, D. Juan Carlos Castro, y el Vocal de Relaciones con Agentes Sociales y de Comunicación, D. Juan José Guijarro, mantuvieron una reunión el pasado 12 de septiembre con el Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, D. Francisco Javier Almagro, así como con la Jefa de Formación del centro, Dña. Mª Isabel García. En dicho encuentro, que transcurrió en la sede colegial, tuvo por objeto mantener un primer contacto

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Se ampliarán las líneas de colaboración entre ambas instituciones existentes en la actualidad en materia de formación Finalmente, la reunión concluyó con la idea de informar al colectivo de los Graduados Sociales sobre aquellas novedades que se vayan sucediendo vinculadas al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de nuestra provincia.

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Vida Colegial

Firma convenio de colaboración con Ibermutuamur

Firma del acuerdo.

Nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, y el Director de Ibermutuamur en Sevilla, D. Carlos Fernández, firmaron el pasado 12 de septiembre un convenio de colaboración en el que se establece que la mutua y el Colegio organizarán actos diversos, tales como charlas, conferencias, cursos o jornadas formativas e informativas dirigidos a colegiados y colaboradores de Ibermutuamur a fin de orientar a unos y otros en el conocimiento de la normativa y de las actividades que han de observar en materias de común interés. Este convenio tiene una duración en el tiempo de un año, si bien podría prorrogarse por acuerdo de las partes.

Firma convenio de colaboración con Activa Mutua

Firma del acuerdo.

Nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, y la Directora de Activa Mutua en Sevilla, Dña. Mª José Cañamares, firmaron el pasado 12 de septiembre un convenio de colaboración en el que se establece que la mutua y el Colegio organizarán actos diversos, tales como charlas, conferencias, cursos o jornadas formativas e informativas dirigidos a colegiados y colaboradores de Activa Mutua a fin de orientar a unos y otros en en el conocimiento de la normativa y de las actividades que han de observar en materias de común interés. Este convenio tiene una duración en el tiempo de un año, si bien podría prorrogarse por acuerdo de las partes.

Convenio de colaboración con el Círculo Mercantil de Sevilla dustrial de Sevilla. En este acuerdo se estableció la bonificación del 25% de descuento sobre la Cuota de Alta de Nuevo Socio a los miembros de nuestra Corporación. Esta medida será de aplicación inmediata, dentro de la vigencia del convenio de colaboración mutua a aquellos que soliciten su alta como nuevo socio.

Firma del acuerdo.

El pasado 17 de septiembre nuestro Colegio firmó un convenio de colaboración con el Círculo Mercantil e In-

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Asimismo, dicho convenio será válido hasta la celebración de la preceptiva Asamblea General de Socio de 2015 o hasta su revocación por parte de la Asamblea General de Socios si esta se produjera antes. No obstante, por parte de la asociación se señaló que daría por resuelto dicho convenio si se alcanzase antes de su finalización el número máximo de socios titulares establecido.

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Vida Colegial

Desayuno-coloquio sobre los Colegios Profesionales con el PP-A

D. Juan Manuel Moreno y D. Juan Ignacio Zoido acompañados de nuestra Vocal Margarita Guerrero y nuestro Presidente.

En la mañana del pasado 25 de septiembre tuvo lugar un desayuno coloquio organizado por el PP-A en el que se trató el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. En este encuentro, el Presidente de los ‘populares’ andaluces, D. Juan Manuel Moreno, escuchó a los representantes de un importante número de colegios profesionales de Sevilla, entre ellos, a nuestro Presidente, D. Rafael Hidalgo, que acudió acompañado de la Vocal Dña. Margarita Guerrero. En este desayuno, en el que también estuvieron presentes el Alcalde de la ciudad, D. Juan Ignacio Zoido, así como el Presidente del PP de Sevilla, D. Juan Bueno, los profesionales pusieron de manifiesto, principalmente, el “rechazo

íntegro” al mencionado anteproyecto. En concreto, los allí presentes se mostraron contrarios a las limitaciones en la colegiación, pues el anteproyecto excluye u obliga a la misma dependiendo de la profesión a la que se refiera. Por su parte, el Sr. Moreno incidió en este mismo rechazo, dando traslado de todos los puntos tratados en el encuentro a la Vicepresidencia del Gobierno central con objeto de reincidir en la modificación de la ley en esos términos, o bien, para propiciar la marcha atrás de la ley y dar paso a un nuevo proyecto. Además, el líder del PP-A hizo hincapié en la “labor social importantísima” de los colegios profesionales, sobre los que destacó su buen funcionamiento. Al margen de esto, en esta misma reunión la Decana de los Procuradores sevillanos, Dña. Isabel Escartín, propuso tanto a él como al Alcalde una “zona azul” junto a los juzgados de Viapol para profesionales jurídicos, dada la dificultad que entraña estacionar en las inmediaciones y la imposibilidad de renovar cada cierto tiempo el ticket del aparcamiento. Ante ello, el Sr. Zoido se mostró colaborador y aseguró que la conocida “zona azul” se amplió recientemente en la ciudad tras la demanda de los comerciantes, si bien recordó que está creada desde hace años.

Inauguración del Acuario de Sevilla Por su parte, nuestra Corporación estuvo representada en este acto inaugural por el Secretario, D. Juan Antonio Montes, y la Vocal de Ralaciones Públicas, Dña. Olga Méndez, quienes visitaron estas instalaciones, de las mayores existentes para tiburones de Europa, que, en concreto, albergan un espectacular ejemplar de tiburón toro que se suma a especies marinas como son estrellas de mar, erizos de mar, peces cirujano coronado, cirujano marrón o cirujano rayado. El recorrido, de unos 90 minutos de duración, supone la partida El Acuario de Sevilla fue inaugurado el padesde un galeón de sado 30 de septiembre, en el muelle de las Sevilla hasta el Nuevo Delicias, estando presentes en este acto la Mundo, desde el río D. Juan Antonio Montes y Dña. Olga Méndez. Presidenta de la Junta de Andalucía, Dña. Guadalquivir, pasanSusana Díaz, el Presidente de la Diputación do por las marismas, el Provincial de Sevilla, D. Fernando Rodríguez, el Alcalocéano Atlántico, las Islas Canarias o su paso por el de de Sevilla, D. Juan Ignacio Zoido, y la Directora del mar Caribe, a través de 10.000 ejemplares de animales Acuario, Dña. Natalia Izquierdo. de 400 especies diferentes.

Dña. Susana Díaz, D. Juan Ignacio Zoido, D. Fernando Rodríguez y Dña. Natalia Izquierdo.

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Artículo

D. Fernando Valdés Dal-Ré

Magistrado del Tribunal Constitucional.

Significación y balance de la Reforma Laboral 2012

1. Los rasgos formales 1. Al menos en los últimos quince años, las leyes reformadoras de la legislación laboral han estado adornadas por dos rasgos característicos. Por lo pronto, tales leyes han sido, en lo esencial, leyes de reforma del derecho de empleo, habiéndose centrado básicamente su objeto en tres grandes áreas temáticas: las modalidades de entrada (contratación laboral) y de salida (causas de extinción) del mercado de trabajo, las políticas activas de empleo (formación o colocación) y las políticas pasivas de empleo (protección del desempleo). La mera lectura no ya del articulado de las disposiciones legales dictadas en esta época sino, más sencillamente, de su propia denominación así lo confirma; corrobora, en efecto y en lo que me importa destacar ahora, la centralidad que ha adquirido en nuestro sistema jurídico el derecho del empleo1. Pero además de ocuparse casi monográficamente de materias directa o indirectamente vinculadas con la disciplina jurídica del mercado de trabajo, estas leyes se caracterizan por un segundo rasgo, consistente en su carácter transversal u horizontalidad, enjuiciado este rasgo desde una perspectiva más formal que sustantiva o material. El cambio legislativo, de ordinario, no ha afectado a una única disposición legal; se ha expandido a lo largo y ancho de los principales cuerpos legislativos vigentes en el ordenamiento laboral.

1  Vid, por ejemplo, Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida; RDL 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad; Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad; Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo y la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

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2. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral2 (LRML), no ha logrado sustraerse a ninguna de esta doble tendencia; es más, la ha hecho suyas, terminando por convertirlas en señas de identidad. En primer lugar y siguiendo la estela de las leyes precedentes, también esta ley ha llevado a su misma rúbrica, la que le permite simultáneamente su identificación interna y su diferenciación externa, la locución “reforma del mercado laboral”. No obstante y como antes hiciera la Ley 35/20103, en el uso de ese giro gramatical se percibe una intencionalidad o carga política acaso no tan presente en las anteriores acciones legislativas. En efecto, con la elección de esta expresión, la de reforma del mercado laboral, en un escenario gramatical de nuda soledad, despojado de toda referencia finalista (al estilo de la mención del fin al que sirve la reforma) o particular (instituciones singulares objeto de la reforma), el legislador, muy probablemente, ha pretendido realzar su voluntad política de proceder a revisar a fondo las instituciones más centrales del mercado de trabajo. Precisamente, la Exposición de Motivos intenta realzar esa acusada intencionalidad reformadora, manifestando, con una indisimulada solemnidad, que la reforma laboral que recoge la norma “es completa y equilibrada y contiene medidas incisivas (...), al objeto de establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajos, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país” (párr. 1º, Cap. II). Al margen de ello y en segundo lugar, la LRML, a semejanza de las disposiciones legales anteriores, tampoco

2  Aun cuando citaré exclusivamente la Ley 3/2012, buena parte de las reflexiones aquí formuladas son predicables del RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de igual denominación 3  Y el RD-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo

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Artículo se ha limitado a modificar el más relevante de los textos laborales vigentes: el Estatuto de los Trabajadores. Con una ambición muy superior, la citada ley ha alterado, con mayor o menor intensidad, el articulado de la práctica totalidad de las grandes leyes laborales en vigor, aunque no solo de ellas. De un lado, ha introducido cambios de diversa intensidad, además de en el ET, en la mayoría de las restantes grandes leyes del ordenamiento laboral: de Empleo (LE), de Empresas de Trabajo Temporal (LETT), reguladora de la jurisdicción social (LRJS), de Infracciones y sanciones del Orden Social (LISOS) y General de Seguridad Social (LGSS). De otro, también se han modificado ocho normas con rango legal, no todas ellas pertenecientes al área del ordenamiento laboral y de protección social: el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (art. 17); la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (Disposición adicional octava); la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (Disposiciones finales cuarta y vigésima); la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (Disposiciones finales décima y decimotercera); la Ley 35/2006, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre Renta de no residentes y sobre el Patrimonio (Disposición final undécima); la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (Disposición final decimocuarta), la Ley 33/2011, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo (Disposiciones finales undécima.4 y decimoquinta.1) y, en fin, el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades (Disposición final decimoséptima). En todo caso, tampoco me parece exagerado afirmar una razonable concordancia o correspondencia entre los rasgos formales que caracterizan la propia ley ahora objeto de examen y los que definen los capítulos en que la misma se integra. Por lo pronto, las materias de las que se ocupan todos y cada uno de los cuatro primeros capítulos entran de lleno en el ámbito de imputación normativa de ese emergente subsector del ordenamiento laboral en que se ha convertido el derecho de empleo. De una parte, los capítulos II, III y IV regulan materias que afectan al derecho del empleo individual, relacionadas con la entrada del mercado de trabajo (cap. II: “fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo”), con la salida del mercado de trabajo (cap. IV:

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“medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”) y con las modificaciones del estatuto jurídico del empleo (cap III: “medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo”). De otro lado, el cap. I versa sobre las políticas activas de empleo (“medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores”), dedicándose diversos preceptos del cap. IV y distintas disposiciones adicionales a introducir reformas sobre las políticas pasivas de empleo. El contenido del cap. V, que modifica la LRJS, tiene, en lo fundamental, un carácter instrumental respecto de las nuevas medidas, señaladamente en materia de flexibilidad interna y de despido, pretendiendo acomodar las regulaciones sustantiva y adjetiva del despido colectivo. Por lo demás, los diferentes artículos que integran los cuatro primeros capítulos desarrollan esa función transversal, modificando un buen número de leyes laborales. Así, por ejemplo, los cuatro artículos que componen el cap. I modifican tres artículos del ET (16.2, 2.4.b, 11.2 y 23), otros tantos de la LE (arts. 21 bis.2, 26.1, 26.10 y Disposición adicional segunda), dos de la LETT (arts. 1 y 2.1.b) y el apartado 1 de la Disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de reforma del sistema de protección por desempleo. 2. La sistemática interna 3. Entre la Ley 3/2012 y las normas con rango de ley que, como ella, llevan más de quince años intentando torcer, con resultados en general muy mediocres, los grandes y crónicos males que aquejan a nuestro mercado de trabajo, señaladamente la alta tasa de temporalidad, hay semejanzas. Pero manteniendo el juicio comparativo en una vertiente estrictamente formal, también pueden detectarse algunas diferencias significativas, relativas a su estructura o sistemática interna. En nuestro sistema jurídico, apreciado en su conjunto y no solo desde la perspectiva que ofrece el ordenamiento laboral, la sistemática tradicional de las disposiciones legales ha respondido y sigue respondiendo a un esquema relativamente sencillo. Por una parte, los preceptos que enuncian bien reglas jurídicas ex novo bien, en su caso y conforme a una reciente y expansiva tendencia, reglas marco, pertenecientes muchas de ellas al invasivo universo del soft law, se incorporan al articulado de la ley; por otra, las disposiciones adicionales se encargan de introducir las modificaciones en los distintos cuerpos legislativos reformados por la ley de referencia. Un buen ejemplo de esta sistemática interna, de tan dilatada y respetada tradición en nuestro ordenamiento jurídico, lo ofrece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), que representa, sin som-

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Artículo bra de duda y hasta el presente, el paradigma de ley transversal. Esta ley, de un lado, enuncia, a lo largo de sus setenta y ocho artículos, tanto proposiciones prescriptivas, sean de conducta sean de estructura, como normas marco o procedimentales, que se limitan a encomendar a un poder público la puesta en práctica de determinada políticas, planes o programas de igualdad; y, de otro, dedica la mayor parte de sus treinta y un disposiciones adicionales a modificar un abultado catálogo de normas estatales, leyes en su mayor parte. Apartándose de tan arraigada estructura formal, la LRML, siguiendo en este ámbito la senda abierta por la Ley 35/2010 y, ya ante de una y otra, las normas de urgencia que precedieron a ambas, ha optado por otra sistemática interna, en la que resulta tarea fácil encontrar algunas singularidades que no pueden ni deben reputarse en modo alguno de tono menor. La principal de entre ellas reside en que en el articulado de la ley, dividido en cinco capítulos, se integran preceptos que, además de formular nuevas reglas jurídicas, modifican los artículos de otras leyes. En otras palabras, el grueso de los cambios que afectan a otras normas legales, en lugar de llevarse a las disposiciones adicionales, se dispersa a lo largo del propio articulado de la ley. No obstante ello, abundantes disposiciones adicionales contenidas en la Ley 3/2012 también han procedido a modificar preceptos tanto de otras leyes como del propio ET, que es el texto legal en materia laboral objeto del mayor número de revisiones llevadas a cabo a lo largo del articulado de la Ley. Tal es la tarea que acometen, por ilustrar la aseveración con ejemplos concretos, dos disposiciones adicionales: la segunda, que añade una Disp. Adicional, la vigésima, al ET y la tercera, que altera el contenido del art. 47 de la norma estatutaria. Y es esa misma tarea la que también acomete un buen número de disposiciones finales. Una lectura reposada de los cambios legislativos instrumentados bien en el cuerpo de la ley bien en sus disposiciones adicionales y finales evidencia que el legislador ha decidido, siguiendo el método empleado por el RD-Ley 3/2012, ubicar en el articulado de la ley misma las mudanzas normativas directamente relacionadas con los objetivos de reforma del mercado de trabajo que el preámbulo de la norma legal confiesa perseguir. Enunciada la idea desde otro ángulo, las modificaciones que se han emplazado en los lugares apropiados o inapropiados, según respondan o no a los principios y pautas de la técnica legislativa, son, en lo esencial, modificaciones “oportunistas”, cuyas conexiones con esos objetivos son, en el mejor de los casos, de carácter colateral y secundario. Retornando a la peculiar estructura formal de la LRML, no me parece exagerado afirmar que la ruptura de la

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sistemática interna, propia de nuestro sistema jurídico, probablemente trae causa en dos razones, formal la primera y de oportunidad política la segunda. Desde una vertiente estrictamente formal, la citada ley, de haber seguido una estructura conforme a los patrones sistemáticos más canónicos, habría alumbrado una norma con evidentes deformidades; una norma asimilable a una peonza enormemente panzuda – panza ésta nutrida, en lo esencial, por las disposiciones adicionales -, girando sobre un leve eje de rotación, constituido por aquellos pasajes que instituyen reglas jurídicas propias o sustantivas. De los 25 artículos que tiene la norma a examen, sólo cinco de ellos (3, 4, 7, 15 y 16) enuncian unas reglas jurídicas que, en aplicación estricta de los criterios rectores de la técnica legislativa, podrían haber sido ubicadas en el articulado de la propia ley. En otras palabras, de haberse adoptado las orientaciones más ortodoxas, el catálogo de las disposiciones adicionales habría ascendido a treinta y ocho, en lugar de estar formado, como finalmente lo está, por diecinueve. La segunda razón de aquella ruptura se debe a unas muy concretas opciones de política de derecho o, por mejor decirlo, de política sin adjetivo. La decisión del legislador de rotular todos y cada uno de los cinco capítulos en que se estructura la ley mediante la identificación material de las medidas que seguidamente se regulan es, con seguridad, el instrumento ideado para dotar de la máxima visibilidad o, si se prefiere, de la máxima concreción normativa a los objetivos políticos definidos en el preámbulo. Por lo demás y no es lo de menos, esta criticable sistemática formal introduce, adicionalmente, una innecesaria complicación en un texto legal que hace gala, en numerosas disposiciones, de una agobiante complejidad tanto en su contenido normativo como en su construcción gramatical. Una vez más, y para eludir la acusación de razonar en vacío, ilustraré este reproche con alguna cita que, además de demostrar esa complejidad, evidencia el poco esmero que tiene el legislador para traducir sus concretas opciones normativas a nuestro lenguaje. El art. 23.5, que modifica el art. 124 de la LRJS, ofrece un buen ejemplo de estas tachas. El propósito primordialmente político al que se rinde la novedosa y discutible sistemática jurídica de dicha ley se lleva por delante uno de los principios más seculares de toda regla jurídica; a saber, el posibilitar su fácil comprensión a los destinatarios, en particular, y a los ciudadanos, más en general. Con ello, la LRML incumple la función pedagógica exigible a todo texto normativo, función que, en el caso a examen, se acentúa por estas dos razones: de un lado, por cuanto sus destinatarios se cuentan por unidades de millón y, de otro, por cuanto el legislador ha olvidado (o no ha

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Artículo querido) introducir la debida compensación a estas renuncias, instituyendo el oportuno mandato al Gobierno de proceder a una refundición de los textos legales revisados a fin de devolver a todos ellos el atributo de la certidumbre jurídica que la propia Ley 3/2012 ha contribuido, de manera tan intensa como extensa, a mermar. 3. Las notas caracterizadoras: las discrepancias entre las declaraciones expresadas y las técnicas empleadas 4. La reforma laboral de 2012 se califica a sí misma como una reforma “incisiva”, “completa y equilibrada”, “coherente” e “inmediata”. Es, desde luego, inmediata en su mayor parte, sin perjuicio de los desarrollos reglamentarios futuros o del anuncio de actuaciones de diversa naturaleza (normativas, evaluadoras o de mero informe), igualmente futuras, expresadas en algunas ocasiones en términos de una notable ambigüedad en lo que concierne tanto al momento de su materialización, pues no siempre se definen plazos o los plazos que se fijan son de una amplia generosidad, como a su contenido. Ilustra de manera ejemplar la invocada equivocidad en la identificación de los tiempos de cumplimiento de los compromisos de actuación legislativa los dos siguientes mandatos dirigidos al Gobierno, el primero de los cuales carece de plazo y el segundo se extiende hasta el 1 de enero de 2014: de un lado, la evaluación, previa consulta con los interlocutores sociales, de “la conveniencia” de implantar un “cheque formación destinado a financiar el derecho individual a la formación de los trabajadores” (Disposición Final tercera)4 y, de otro, la aprobación de un proyecto de ley que, con vistas a mejorar la actividad empresarial y sus actuaciones sociales, actualice y revise el régimen jurídico de las empresas de inserción (Disposición adicional decimotercera)5. Por su parte, un buen ejemplo de acción venidera huérfana de referencias sustantivas lo ofrece el anuncio de estudiar la modificación de la regulación jurídica de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales “para una más eficaz gestión de la incapacidad temporal”, (Disposición

4  Tampoco el mandato al Gobierno de desarrollo reglamentario de la cuenta de formación a la que se refiere el art. 26.10 de la LE establece plazo alguno (Disposición final tercera) 5  De una formidable imprecisión es igualmente el mandato al Gobierno para que, “a lo largo de la presente legislatura”, elabore un nuevo marco legal de medidas estatales de política activa destinadas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad (Disposición final duodécima. dos). El contenido de este compromiso no termina de conciliarse correctamente con el establecido en la Disposición final decimoséptima a tenor de la cual, y en un plazo de doce meses”, el Gobierno remitirá un proyecto de ley de “promoción de inclusión laboral de personas con discapacidad”, a fin de establecer un “nuevo sistema que ayude a la creación y mantenimiento del empleo de calidad de estas personas”.

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adicional cuarta). A pesar de la solemne declaración de sus respectivos preámbulos, ni de la Ley 3/2012 ni de su precedente legislativo, el RD-Ley 3/2012, puede predicarse - e innecesario resulta justificarlo - el atributo de haber comportado una reforma completa del “mercado de trabajo”; la suya ha sido una reforma intensa, pero de alcance parcial. Ya se ha hecho mención a las leyes cuyo articulado la reforma de 2012 revisa, por lo que resultaría improcedente insistir en este aspecto. Con todo, no estará demás hacer constar ahora que, además de normas con rango legal, la Ley 3/2012 también ha introducido cambios en disposiciones reglamentarias. En ese sentido, la Ley 3/2012 ha procedido a revisar diversos pasajes del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (Disposición final séptima.1)6. La modificación, a todas luces inadecuada, de este reglamento por parte de una norma legal no produce, desde luego, el efecto de elevar su rango normativo a la condición de ley. De ahí que no deje de resultar sorprendente la declaración efectuada en el apartado dos de esa misma disposición final por la que se autoriza al Gobierno a modificar los preceptos revisados de aquella norma reglamentaria “mediante real decreto”. La Ley 3/2012 establece, sin duda, una reforma “incisiva”, probablemente la de envergadura más relevante desde las reformas de 1994 y, de seguro, más que la llevada a cabo por la Ley 35/2010 y su precedente legislativo, el RD-Ley 10/20102. La mayor extensión e intensidad reformadora ha incidido en el articulado del Estatuto de los Trabajadores, ya que aquella ley revisa, total o parcialmente, el contenido de más de la cuarta parte de los preceptos estatutarios7, así como de dos disposiciones adicionales8 y de una disposición final9, habiéndose añadido tres disposiciones adicionales a las ya existentes10. Instrumentalmente a esta reforma,

6  El RD-Ley 3/2012 procedió a modificar la Orden de 7 de marzo de 2008 que desarrolla el RD citado, el 395/2007, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, “congelando” y “descongelando” el rango de la regulación reformada (Disposición final 8ª). E igualmente suprimió un apartado del Anexo del Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 (Disposición final 11ª). 7  Salvo error u omisión, los preceptos modificados, que se elevan a veintiocho, son los siguientes: 4.2; 8.2; 11.2; 12.4.c; 13; 15.5; 16.3; 22; 23; 33.8; 34 (2 y 8); 37 (4,5 y 6); 38.3; 39; 40 (1, 2, 3.bis, 3.ter y 5); 41; 47; 49 (1.h y 1.i); 51; 52 (b, d y e); 53.4; 56 (1,2 y 4); 82.3; 84 (1 y 2); 85.3; 86 (1 y 3); 89.2 y 90.3 8 

Disposiciones adicionales décima y decimonovena.2

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Disposición final segunda

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Disposiciones adicionales vigésima, vigésima primera y vigési-

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Artículo la citada ley laboral ha revisado otras dos normas legales, la ley reguladora de la jurisdicción social y la ley general de la seguridad social, a fin de acomodar en el ámbito del proceso laboral y de la protección social las mudanzas acometidas en la ley sustantiva. En esa dirección y sin ánimo exhaustivo, en el articulado de la LRJS se ha alterado el régimen de los actos procesales como consecuencia de la supresión de la autorización administrativa en procedimientos de regulación de empleo y de la impugnación del despido a los nuevos efectos sus económicos de su improcedencia, instituyendo nuevas modalidades procesales de impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores e individualmente por éstos, ampliando los procesos sobre movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo a los de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor y, en fin, reordenando la impugnación de actos administrativos laborales, revisando el objeto del proceso de conflictos colectivos y la ejecución de los procesos de despido. Y en el contenido de la LGSS, se han redefinido las situaciones legales y las prestaciones de desempleo en despidos improcedentes, en despidos colectivos, en suspensiones de contratos y en reducciones de jornada, aprovechándose para modificar el régimen jurídico del abono de la prestación de desempleo en su modalidad de pago único. Como las normas reformadoras precedentes, también la Ley 3/2012 contiene regulación propia, que a veces se lleva al cuerpo del articulado y otras queda desplazada a la parte conclusiva. En la primera ubicación, enuncian nuevas reglas jurídicas los arts. 3 (reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje), 4 (contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores), 7 (bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos), 15 (medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada) y 16 (reposición del derecho a la prestación por desempleo). Pero al margen de ello, un buen número de previsiones normativas se han llevado a las disposiciones que cierran el contenido de la propia. Tal es la tarea que se acomete en las Disposiciones adicionales séptima (indemnizaciones por terminación de contrato en entidades de crédito participadas mayoritariamente por el FROB, calificación como causa de despido disciplinario, sin derecho a percibir indemnización alguna, el incumplimiento por parte del personal de alta dirección o de representación de las entidades de crédito que sen objeto de

ma segunda

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sanciones efectuadas al amparo de la ley 26/198811), octava (especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en materia de indemnizaciones por extinción del contrato y de retribuciones) y undécima (bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos), adicional duodécima (medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuo en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería) así como en la Disposición final duodécima (aplicación de acciones y medidas de políticas activas de empleo contempladas en la normativa estatal en el ámbito de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014). 4. Los manifiestos desequilibrios de la proclamada flexiseguridad, señaladamente en la vertiente interna 5. La reforma dice ser “equilibrada” –hasta en seis ocasiones se refiere al equilibrio de su regulación en su Preámbulo-, combinando medidas para satisfacer “los intereses de todos aquellos que estén buscando un empleo”, tanto de los empresarios a la flexibilidad en la gestión de la mano de obra como de los trabajadores a la seguridad en el empleo y a la protección social. Su objetivo, además del de creación de puestos de trabajo, objetivo primario al que los demás se subordinan y al que luego he de referirme, es la “flexiguridad” (párr. segundo, apartado II). Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre la flexibilidad interna y dado el carácter equívoco de la expresión empleada, susceptible de ser entendida y aplicada con muy diversos contenidos, conviene analizar la combinación de ingredientes de flexibilidad y seguridad existentes en la ley a examen a fin de poder emitir un juicio valorativo sobre el equilibrio alcanzado en esa materia. Conforme manifiesta el preámbulo con una indisimulada satisfacción, la Ley 3/2012 apuesta por un equilibrio regulador entre la flexibilidad interna y la externa, entre la contratación indefinida y la temporal, entre la movilidad interna y los mecanismos extintivos, entre la tutela en el contrato de trabajo y en el mercado. Esos propósitos, se afirma, se pretenden perseguir a lo largo de los cinco capítulos en que se distribuye el articulado de la ley según una sistemática que, como ya se ha tenido oportunidad de razonar, se pierde con la norma que la aloja al llevarse parte sustantiva de su regulación a los textos legales reformados. Desde luego, la reforma de 2012 actúa materialmente flexibilizando la entrada y salida del mercado de tra-

11  De 20 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito

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Artículo bajo (contratación y extinción), mas la segunda (facilitación de los despidos y abaratamiento de sus costes) que la primera, ampliamente flexibilizada por las normas anteriores, las adoptadas en 2010, que se mantienen en vigor. Con todo, también la Ley 3/2012 insiste en las roderas precedentes, habiendo procedido a dar una nueva vuelta de tuerca flexibilizadora en las secuencias iniciales del acceso al empleo mediante muy diversos instrumentos, señaladamente a través de los tres siguientes:: la creación de un denominado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, calificando como tales a las empresas de menos de cincuenta trabajadores, y en el que se prevé que, de acordar las partes la celebración de un pacto de prueba, la duración de éste será “de un año en todo caso” (art. 4.3); la eliminación de una serie de limitaciones, que la exposición de motivos considera retórica y sin fundamento alguno como “injustificadas” (apartado II, in fine), en los contratos para la formación y el aprendizaje (art. 2.2) así como en el contrato a tiempo parcial (art.. 5) y que se contraen, respecto de éste último, en la admisión de las horas extraordinarias hasta ahora prohibidas y que se autorizan a fin de buscar “un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social” (párrafo segundo, apartado III) y, finalmente, la aceptación y promoción del teletrabajo basado en un uso intensivo de las nuevas tecnologías y cuya regulación, vuelve a insistirse en la misma idea, asegura un marco equilibrado “entre derechos y obligaciones” (párrafo tercero, apartado II). En esta misma orientación de facilitar mecanismo de flexibilidad en las fases de entrada en el mercado, la Ley 3/2012 también lleva a cabo una revisión de la intermediación laboral privada, permitiendo la actuación como agentes de colocación de las empresas de trabajo temporal (art. 1º). El ámbito de actuación de la reforma de 2012 sobre la dualidad estructural de nuestro mercado de trabajo, en cuanto “elemento vinculado” a su eficiencia, se articula “principalmente” a través de la extinción de los contratos de trabajo (flexibilidad de salida), sin perjuicio de actuar también sobre la flexibilidad interna, que al carecer de un “nivel óptimo” se ha traducido en contratación temporal y en despidos de trabajadores con contrato indefinido Y contiene normas sobre indemnizaciones por terminación de contrato, sobre despido disciplinario por imposición de sanciones y suspensión de contrato de administradores y directivos de entidades de crédito, incluidos los altos directivos con relación laboral especial, y sobre indemnizaciones por extinción de contratos de alta dirección y retribuciones de altos directivos del sector público estatal. 6. Como se viene de hacer notar, las medidas flexibilizadoras externas de la Ley 3/2012, tanto las de entrada como las de salida, han tenido una especial intensidad, desmintiendo de manera rotunda la atribución a la re-

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forma del calificativo de “equilibrada”. Las anteriores reformas ya habían situado a los empresarios en una mejor posición ante los riesgos de la contratación de trabajadores, posición ésta que aquella ley acentúa. Lejos de ese calificativo, la reforma, en los medios que utiliza, tiende de manera resuelta a fortalecer los poderes empresariales, poniendo entre paréntesis los pilares de nuestro sistema de relaciones laborales, tal y como el mismo se había venido configurando hasta ahora. Al margen de lo razonado, este carácter profundamente desequilibrado se evidencia en el examen de las medidas de flexibilidad interna, a las que se dedica seguidamente una especial atención. Siguiendo la estela abierta en su momento por el RDLey 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y proseguida posteriormente por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de igual denominación, el RD-Ley 3/2012, primero, y la Ley 3/2012, más tarde, han procedido a unificar algunas de las medidas adoptadas bajo el mismo objetivo que las disposiciones predecesoras habían identificado, confiriendo así ciudadanía normativa a una noción elaborada en el ámbito de la economía del mercado de trabajo. El capítulo III de la ley de 2012 se titula “medidas para favorecer la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo”, terminología ésta próxima a la que rotuló el capítulo II de aquellas otras normas: “medidas para favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo”. Una simple comparación entre una y otra rúbrica evidencia la estrecha similitud en la definición, al menos en su mera semántica, del objetivo al que esas medidas pretenden servir, que es uno y el mismo: facilitar la flexibilidad interna. Pero esta sencilla operación de lectura también descubre la relevante diferencia existente en el modo que se percibe como prioritario para la consecución del objetivo confesado. Las reformas que ahora se llevan a cabo en las diferentes instituciones destinadas a facilitar la adaptabilidad de las condiciones de trabajo y de la organización de trabajo a las necesidades cambiantes de las organizaciones productivas no se entienden ya como medidas negociadas. El adjetivo negociado ha sido eliminado del rótulo de esas medidas, que quedan designadas por su nuda denominación. En realidad y bien mirado, es de agradecer al gobierno que ha dictado esta norma de urgencia este rasgo de sinceridad terminológica, que no hace otra cosa que anticipar, desde la misma rotulación, el cauce a través del cual se pretende lograr la implantación de las medidas internas de adaptabilidad y que no es otro que la voluntad unilateral del empresario. El anterior método negocial queda desterrado como instrumento apropiado de adecuación de las condicio-

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Artículo nes de trabajo a las necesidades del mercado y, en su lugar, a la voluntad unilateral se le conceden poderes muy amplios, las más de las veces instalados, mediante reglas de ingeniería jurídica, al abrigo de todo tipo de control. Desde luego, del control de los trabajadores, ejercido mediante sus representantes; pero también del control de los poderes públicos, sean estos administrativos o judiciales. Por este lado, no resulta exagerado afirmar que el RD-Ley 3/2012 intenta reinstalar en nuestro sistema jurídico la antañona concepción de la empresa como un territorio de exclusiva gestión por el empresario, rescatando del baúl de la memoria, a donde le había colocado la cláusula constitucional del Estado social y democrático de Derecho, la figura del empresario como el “Señor de su casa” (Herr im House), figura ésta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales. A lo largo de las reflexiones que siguen habrá ocasión de demostrar tan serio reproche, que conviene ya haber sacado a la luz desde un principio. Las normas que procedieron a juridificar el concepto de flexibilidad interna, el RD-Ley 19/2010 y la Ley 35/2010, no se limitaron, como hubiera sido lo razonable, a favorecer las medidas de adaptabilidad de las condiciones de trabajo y de la propia organización del trabajo sometidas a lo que, con fórmula deliberadamente genérica, cabe denominar como fruto de los (des)equilibrios contractuales derivados del ejercicio por las partes del contrato de trabajo de sus poderes, de carácter predominantemente interno o inherente a la relación laboral y preferentemente externo o concedido, según donde se coloque el punto de mira: en el empresario o en los trabajadores. Excediéndose de ese primer campo, aquellas normas desplazaron las medidas de adaptabilidad hasta otro territorio en el que las condiciones de trabajo ya no vienen amparadas en actos de autonomía individual, nacidos del encuentro de sujetos a los que el mercado instala en una posición de intensa y extensa asimetría contractual, sino en decisiones procedentes de la autonomía colectiva. En correspondencia con esta lógica, los capítulos II de ambas normas legales, la de urgencia y la ordinaria, tras revisar el régimen jurídico de algunas de las instituciones laborales que articulan el ejercicio por el empresario de sus poderes de variación de las condiciones pactadas (movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de la condiciones de trabajo o reducción de la jornada), también alteraron las reglas reguladoras de la inaplicación de las condiciones contenidas en los convenios colectivos de eficacia general. La reforma de 2012 ha optado por circular en las roderas apuntadas por las normas precedentes; pero mostrando una mayor ambición, no ya reformadora sino rupturista, ha ensanchado la profundidad de las mismas, incrementando los poderes empresariales de

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adaptación a nuevas áreas y ámbitos de la vigencia aplicativa del convenio colectivo mantenidos, hasta ahora, al abrigo de los mismos. En tal sentido y por lo pronto, la norma a examen retoca el régimen jurídico de algunas de las principales condiciones de trabajo, tal y como sucede con el sistema de clasificación profesional y el tiempo de trabajo. En segundo lugar, introduce cambios de tono mayor en la regulación de la totalidad de las instituciones que, tradicional o más modernamente, ordenan las vicisitudes del contrato de trabajo: movilidad funcional, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo y reducción de jornada. En tercer lugar, varía de modo notable el régimen de la suspensión del contrato de trabajo. Y por último, y no es en modo alguno lo de menos, revisa en profundidad algunos de los aspectos más relevantes de nuestro sistema de negociación colectiva, revisión ésta que termina por desterrar aquellas funciones de la negociación colectiva que se hicieron presentes en su origen y que la han acompañado sin descanso a lo largo de toda su trayectoria histórica. Sin entrar a fondo en tan gruesa cuestión, puede convenirse que, tradicionalmente, la negociación colectiva y los productos de ellas nacidos han cumplidos dos funciones esenciales; económica la una y política la otra. Centrando la atención en la primera, la negociación colectiva ha venido ejerciendo un doble y combinado papel. Por una parte y del lado de los trabajadores, ha actuando como instrumento principal de ordenación del mercado de trabajo, logrando la mejora de sus condiciones de trabajo y, con ello, el progreso y cohesión sociales. Por otra y del lado de los empresarios, ha contribuido de una manera eficaz y transparente a asegurar una concurrencia leal entre las empresas, desplazando la mejora de la competitividad hacia campos distintos de los laborales, como pueden ser, a título de ejemplo, la formación, la inversión, la innovación o la eficiencia en el servicio. Pues bien, algunos de los cambios legislativos adoptados por la reforma de 2012 han arrumbado estas funciones de la negociación colectiva, a la que esta norma concibe simple y rudamente como un simple utensilio puesto al servicio de la capacidad del empresario de adaptar su organización productiva no solo a los razonables y verificables requerimientos exigidos por un mercado en constante cambio sino, más genéricamente, al interés de la empresa, apreciado conforme a cánones subjetivos. La prioridad aplicativa concedida, sin limitación de tipo alguno, a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad traslucen y expresan una contundente opción de política de derecho: el convenio colectivo no forma parte de la estructura del sistema democrá-

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Artículo tico de relaciones laborales, no es un cimiento en el desarrollo del Estado social; es, más sencillamente, un mero aparejo de los intereses empresariales y, como tal, sustituible o modificable a su voluntad. En esquemática síntesis, dos podrían ser las negativas consecuencias derivadas de los cambios introducidos en el sistema de negociación colectiva. De un lado, el completo desarme de los procesos de articulación negocial o, por enunciar la idea en otras palabras, la instalación en una vía muerta de las iniciativas de modernización, desde la autonomía colectiva, de la negociación colectiva mediante la apertura de diálogos cruzados entre los distintos niveles de negociación. De otro, la abierta invitación a las empresas de que la competitividad es, a partir de ahora, un objetivo que puede lograrse sin más esfuerzo que el que deriva de la obtención de ventajas laborales. La tradicional función atribuida al convenio colectivo de procurar controlar y minimizar la competencia desleal entre las empresas puede haber quedado definitivamente desterrada de nuestro sistema de relaciones laborales. En atención a lo razonado, no parece aventurado afirmar que la reforma de 2012 ha recuperado esa cruel, devastadora y avejentada práctica del dumping social. Con anterioridad a nuestra pertenencia a la zona euro de la UE, la mejora de la competitividad se lograba mediante simples ajustes monetarios. Ahora, el Gobierno, en la medida en que ya no puede devaluar la moneda nacional, pues ésta no existe bajo esa condición, ha decidido que ese razonable objetivo va a poder alcanzarse a través de la fórmula más primaria y primitiva; de aquella que los países de la UE, al menos mientras la construcción de la Europa social estuvo entre sus prioridades, habían denostado y combatido con fuerza una y otra vez: la rebaja y el deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores. 5. Unas valoraciones conclusivas 6.1. Retórica y fracaso del objetivo atribuido a las reformas del mercado de trabajo 7. Uno de los tópicos más repetidos o, acaso, el tópico más reiterado por parte de los diferentes gobiernos que, durante casi todo el trayecto del período constitucional, han debido ejercer sus función de administración de los asuntos públicos y generales en momentos de recesión económica, con altas tasas de paro, ha consistido en imputar a la regulación del trabajo asalariado una responsabilidad preferente y prioritaria en la pérdida del empleo. De conformidad con esta idea, en suma, el desempleo trae causa en las ineficiencias apreciables en la disciplina jurídica del mercado de trabajo, sistemáticamente identificadas con las dificultades del empresario de gestionar la mano de obra a su servicio (la tan traída rigidez del mercado

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español de trabajo) así como con los altos costes laborales unitarios (salarios, indemnizaciones por despido y seguridad social, señaladamente). A partir de este elemental diagnóstico, el razonamiento sobre las medidas adoptadas para lograr de manera simultánea la creación del empleo y la reducción del desempleo ha venido siendo el mismo: si la destrucción del paro se encuentra instalada en el ámbito de la ordenación jurídica de las relaciones laborales, la creación de empleo puede y debe promoverse mediante los oportunos cambios normativos en ese ámbito. Esta correlación entre paro/legislación laboral o, si se quiere, entre creación de empleo/modificaciones en la legislación laboral explica el por que, constatada la alteración del ciclo económico, las reformas del mercado de trabajo han venido constituyendo una de las primeras medidas establecidas desde instancias gubernamentales, reformas éstas, adicionalmente, siempre adoptadas por el gobierno de turno al amparo del ejercicio de un poder legislativo excepcional, el real decreto-ley, con el que aquél persigue realzar políticamente la urgencia y necesidad de la reforma misma. A esta práctica político-normativa no han escapado los gobiernos de signo político distinto, socialista y popular, que, en el curso de los últimos dos años, han aprobado sendos reales decretos leyes (el 19/2010, de 16 de junio, y el 3/2012, de 10 de febrero), a los que han sucedido otras tantas leyes (35/2010 y la resultante de la tramitación parlamentaria del real decreto de 2012). La mera lectura de las exposiciones de motivos de estas reformas confirma sin sombra alguna de incertidumbre la comentada correlación. En tal sentido y en lo que concierne a la reforma socialista, el preámbulo de las dos disposiciones alude a la insostenibilidad económica y social del modelo de relaciones laborales, causante de “la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo”, situación ésta que exige una inmediata corrección. De su lado, la reforma popular, tras hacer suya la idea ya expuesta por el legislador precedente de que “la crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español”, atribuye a los cambios normativos instrumentados a través de la norma de urgencia (y de la ulterior ley) el objetivo de “crear las condiciones necesarias para que la economía española vuelva a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, mercados e inversores”. Enjuiciadas desde el objetivo manifiesta y deliberadamente atribuido a los cambios operados en el marco normativo de las relaciones laborales - contener la destrucción de empleo, con el subsiguiente efecto de crear empleo -, el fracaso de ambas reformas es incuestionable. La conclusión es, desde luego, predicable de la reforma de junio/septiembre 2010, a lo largo

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Artículo de cuyo año y medio de vigencia se perdieron algo más de 700.000 puestos de trabajo. Pero también lo es, a pesar del corto tiempo transcurrido desde su adopción, de la reforma de febrero/junio 2012, tal y como lo confirman los datos ya disponibles. De un lado, los relativos al número de parados a lo largo del semestre de gobierno del PP, que se ha incrementado en cerca de 600.000, situando la tasa de desempleo en una cifra próxima al 25 por 100; de otro, los dados a conocer, por parte del propio Gobierno, de Euroestat y de la OCDE, sobre la evolución del empleo en España, según los cuales en 2012 se destruirán más de 650.000 empleos, sin que la tasa de paro invierta su sentido ascendente hasta finales de 2013 o, incluso, mediados del 2014. El sonoro, contundente y corroborado fracaso de estas dos reformas – y el juicio podría generalizarse, sin error a equivocación, a todas ellas – en el cumplimiento de esos objetivos macroeconómicos no debiera causar extrañeza alguna, pues no es sino el lógico corolario de la posición periférica o, cuando menos, no central de la disciplina jurídica del mercado de trabajo en los procesos de creación o de destrucción de empleos. Y es que por mucho que los gobiernos vengan argumentando, con una banal insistencia, en que las debilidades de nuestro modelo laboral constituyen la causa principal de la suerte del empleo, lo cierto es que esta suerte se encuentra indisolublemente vinculada a las gruesas y persistentes deficiencias de un factor bien diferente: la estructura productiva. Son estas deficiencias, las derivadas de nuestro modelo o patrón productivo, y no aquellas debilidades, las predicables de la disciplina jurídica del mercado de trabajo, las que han explicado y siguen explicando los formidables vaivenes que experimenta la tasa de paro en España en momentos de cambio del ciclo económico. De entre los innumerables datos que confirman esta conclusión, uno me parece decisivo: mientras que, durante los años de recesión económica, la caída en España del PIB se sitúa en la media de los países europeos, la tasa de paro de nuestro país duplica la media europea. Pero al margen de lo expuesto, la reforma laboral de 2012 se aparta del resto de reformas en un aspecto sustancial y definitorio, que dota a aquella de singularidades no apreciables en estas otras. Hasta la aprobación del RD-Ley 3/2012, la correlación entre la marcha descendente o ascendente del empleo y el sentido de las reglas reguladoras del mercado de trabajo no ha pasado de formar parte de la retórica del lenguaje político utilizada por los sucesivos gobiernos para ir reduciendo de manera gradual y asistemática determinadas garantías laborales, dirigidas diferenciada o acumulativamente a dotar a nuestro sistema jurídico de mayores dosis de flexibilidad bien externa, tanto de entrada (contratación temporal <1984>, contratos formativos <1994> o trabajo a tiempo parcial <1998>)

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como de salida (redefinición de las causas de despido económico <1997> o introducción del despido exprés <2002>) bien interna (modificación sustancial de condiciones de trabajo <2010> o descuelgue salarial <2010>). En este contexto, los cambios legislativos adoptados han procurado siempre respetar, por enunciar la idea en términos genéricos bien que no simplificadores, los dos grandes ejes vertebradores del nuestro modelo laboral: de un lado, el mantenimiento de un equilibrio entre las posiciones asimétricas de los sujetos del contrato de trabajo y, de otro, la atribución a la autonomía colectiva de organizaciones sindicales y empresariales de la capacidad de ordenar, gestionar y administrar mediante la negociación colectiva (plano micro) y el diálogo social (plano macro) el complejo universo de las relaciones laborales. 6.2. Los verdaderos objetivos de la reforma 8. La singularidad de la reforma de 2012 reside en haber quebrantado de manera tan intensa como extensa las cimientos de nuestro sistema de relaciones laborales, apostando por un modelo nuevo que pretende sustituir los principios de sustentación hasta ahora vigentes por otros nuevos que exacerban los poderes unilaterales de dirección y organización del empresario. La introducción de una nueva modalidad de contratación, sin disimulo alguno calificada como “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”, la reformulación de las causas habilitantes para la modificación sustancial de condiciones de trabajo y despidos económicos, la atribución al convenio de empresa de una prioridad aplicativa, configurada como regla de orden público, la rebaja de las indemnizaciones de los despidos disciplinarios, la supresión fáctica de los salarios de tramitación o, en fin, la reducción de la ultraactividad a un año no son sino algunas de las reglas que, en última instancias, pretenden cumplir los objetivos reales, pero ocultos, de esa reforma. De un lado y en un horizonte a corto y medio plazo y con vistas a lograr la mejora de la productividad antaño propiciada mediante devaluaciones monetarias, facilitar al máximo tanto el ajuste de empleo mediante el despido como la reducción de salarios y, más en general, de costes laborales (devaluación interna). De otro y en un horizonte a medio y largo plazo, en un horizonte ya de crecimiento económico, reconstruir el modelo laboral, convirtiendo en verdadero eje vertebrador del mismo no ya la eficiencia del mercado sino, más sencillamente, la ley del mercado. O en palabras más fuertes, asegurando que los poderes empresariales ejercitados en el marco de la gestión del trabajo y de la organización del trabajo se desarrollen desprovistos de límites y controles nacidos de una intervención garantista del Estado y de la autonomía colectiva.

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Entrevista

D. Francisco Carbonero SECRETARIO GENERAL DE CCOO-A C.O.G.S.S.- ¿Cuál ha sido su mayor empeño desde que tomó posesión en su cargo? Francisco Carbonero.- El empleo, el mantenimiento de los mecanismos de protección social y la búsqueda de un modelo productivo de crecimiento más sostenible, capaz de generar más valor añadido y que permita crear un empleo con más futuro, más estable y menos estacional. En definitiva, un empleo de calidad. Carmen Castilla.- Recuperar los derechos de los trabajadores que han sido cercenados gracias a la reforma laboral, estar más cerca de nuestros afiliados y afiliadas y hacer más acción sindical en los centros de trabajo, porque esto no sólo beneficia a los trabajadores, sino a la ciudadanía en general. Es todo un reto que afronto con toda la ilusión del mundo. C.O.G.S.S.- Respecto a la tasa de desempleo en Sevilla y Andalucía, ¿qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que sencillamente no se está haciendo? ¿Qué papel juegan en esto empresario, trabajador y sindicato? F.C.- Lo que peor se está haciendo es una política económica basada solo y exclusivamente en un principio de austeridad. Por un lado la inversión privada se ha constreñido ante las incertidumbres generadas por la propia crisis y, por otro, la inversión pública, que es la que tendría que haber reactivado la economía, se ha paralizado por completo. De este modo, nos encontramos al borde de la deflación y de una nueva recesión en Europa ya que se ha generado mucho desempleo y en la economía real no se perciben síntomas de crecimiento. El día a día de la gente es la prueba de que se ha tratado de atajar la crisis con unas políticas absolutamente equivocadas que han llevado al empobrecimiento del país.

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Dña. Carmen Castilla SECRETARIA GENERAL DE UGT-A Y evidentemente el desempleo es una preocupación, pero más preocupante aún es la situación en la que deja el desempleo a la ciudadanía. En nuestro país y, en Andalucía especialmente, son miles las familias que no ingresan absolutamente nada, que ya están en muchos casos en la exclusión social y eso está provocando sufrimiento en las personas y un lastre en la economía. Los trabajadores son las víctimas de esta situación, los sindicatos y los empresarios hemos hecho lo que teníamos que hacer en aspectos que nos conciernen como la moderación salarial haciendo una gran contribución a la salida de la crisis, pero de nada ha servido ante las políticas ruinosas aplicadas. Lo peor, es que siguen empeñados en no cambiarlas. C.C.- No podemos permitir estas altas tasas de paro, ni consentir que la juventud más preparada se siga yendo fuera de España porque no tienen trabajo. Los planes de empleo no están siendo efectivos, los datos del paro lo evidencian. Hay que potenciar un plan de empleo juvenil efectivo y real, que no se quede en los cajones de la Administración y trabajar con consenso social, atendiendo a las aportaciones que podemos aportar desde un sindicato de clase como somos. Además, es fundamental fomentar planes de empleo para los mayores de 45 años, personas que se han quedado fuera de nuestro mercado laboral en esta crisis y que si no se incentiva su contratación se seguirán quedando fuera. C.O.G.S.S.- En 2004 el traslado de las competencias activas de empleo a la Junta de Andalucía parecía que era la medicina correcta del mal endémico del paro que sufre históricamente Andalucía, ¿por qué no ha funcionado? F.C.- La formación por sí sola no genera empleo por lo que no hay más o menos paro debido a ella, el problema está en la economía y si no hay empresas que la reactiven, el crédito no fluye a empresas y familias, si no hay una actuación pública y una inversión que la

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Entrevista dinamice, por muchas personas que haya formadas no va a haber posibilidad de que encuentren un empleo. La formación es importante para tener mano de obra cualificada, para tener una economía más competitiva, pero la causa del actual desempleo no está en la formación sino en el fracaso de una política que no ha sabido dar respuesta a las verdaderas necesidades de nuestra economía y de la ciudadanía en general. Se podrá discutir la idoneidad del modelo de formación pero lo que es indiscutible es que no es la culpable ni del paro ni de la actual situación. C.C.- Porque no se ha dotado de los suficientes recursos y porque desde UGT pensamos que no se ha sabido materializar los planes que se han aprobado. UGT Andalucía ha tenido como objetivo primordial la defensa del empleo. En la actualidad con más razón aún, dedicamos todos sus esfuerzos para contribuir a detener la sangría del paro y el deterioro de las condiciones de trabajo. La situación del mercado de trabajo, el agotamiento de las prestaciones y las escasas perspectivas de encontrar un empleo decente, están llevando a muchas personas a aceptar cualquier trabajo, aunque esté por debajo de las condiciones mínimas establecidas. C.O.G.S.S.- ¿Se hacen necesarios más planes de empleo o bastaría con que los agentes implicados se comprometieran con los ya existentes? ¿Cuál es su posición y qué medidas aplicaría al respecto? F.C.- Para CCOO los planes de empleo esporádicos solo tienen un efecto paliativo y responden a la necesidad de dar respuesta urgente a la situación de emergencia social en la que nos encontramos pero no son la panacea para resolver el futuro de Andalucía. Digamos que son elementos coyunturales que pueden paliar diferentes situaciones pero no van a ser nunca el diseño de una política económica y aquí, el Gobierno andaluz está siendo bastante ineficaz a la hora de abordar el diseño de la reorientación de nuestro modelo productivo para que en una situación de crecimiento los cimientos sean estables y no dependan tanto de la estacionalidad y de la coyuntura. C.C.- Para UGT, el nuevo modelo productivo debería sustentarse en actividades que den solidez al crecimiento, estabilidad al volumen y calidad del empleo y aporte valor añadido e innovación. De acuerdo con ello, es preciso que se aborde una reconfiguración de la composición sectorial de la economía, en la que todos los sectores han de adaptar su dimensión en función de sus fortalezas y ventajas competitivas y estratégicas. Queremos planes que apoyen la creación de empleo de calidad y con derechos. Exigimos políticas públicas que reactiven la economía, aumenten los ingresos y promuevan la inversión en el capital humano que es la ma-

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yor riqueza de una región. La Administración debe implicarse más, queremos menos palabras y más hechos, que se creen puestos de trabajo estables, con formación permanente, y con políticas públicas de inserción laboral y de protección por desempleo. C.O.G.S.S.- El pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión conjunta entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CCOOA, con motivo de la conocida ‘Agenda por el empleo’, ¿cuál fue su sensación tras el encuentro? F.C.- Hay que partir de la base de que no es lo mismo la ‘Agenda 2014-2020’ y el consenso que hayamos podido alcanzar para presentarlo como aval de los compromisos que se adquieren en Andalucía para los próximos años, que la concertación social; es algo absolutamente distinto. Dicho esto, la concertación se podrá criticar o no pero los consensos siempre son positivos y lo que está claro es que a quien molesta la concertación social es a aquellos que no gobiernan. Tanto empresarios como sindicatos pretendemos incidir en las políticas públicas y siempre intentaremos agotar la vía del acuerdo antes de pasar al conflicto. El mayor problema que tienen los acuerdos no es el compromiso de sindicatos y empresarios que, por norma general, cumplimos con nuestra parte, sino el fracaso de los gobiernos para cumplir lo que acuerdan y, si los acuerdos, tanto en el desarrollo del pasado ‘Plan Económico de Andalucía’ como en acuerdos de Concertación han tenido debilidades, ha sido consecuencia de un incumplimiento y de la incapacidad de los gobiernos para cumplir los compromisos que adquieren. C.C.- Precisamente una de las últimas reivindicaciones de UGT Andalucía es que la Junta de Andalucía inicie de inmediato el proceso de negociación para la puesta en marcha de la 'Agenda por el Empleo', tras su aprobación por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de julio. Instamos al Ejecutivo andaluz a que se reinicien los contactos con los agentes sociales para poner en marcha esta agenda, que pretendía ser el marco estratégico y económico que sacaría a Andalucía definitivamente de esta crisis, apostando desde todas las instancias por la creación de empleo. UGT, participando en el diseño de esta Agenda por el Empleo, reafirmó su compromiso institucional con el progreso de Andalucía y puso las bases para el desarrollo de un nuevo proceso de concertación, pero exigimos que esto no se quede en saco roto, porque tenemos a más de un millón de parados esperando una solución. C.O.G.S.S.- El modelo formativo español resulta ineficiente por la cantidad de dinero invertida en formación con respecto a los trabajadores que ter-

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Entrevista minan encontrando un trabajo, ¿hacia qué modelo caminamos? F.C.- La formación es un instrumento muy valioso para millones de trabajadores y para miles de empresas y no puede ponerse en cuestión; se podrá cuestionar más o menos el modelo de gestión, pero en los últimos años ha habido muchísimas personas en el ámbito de las empresas que han adquirido una mejora de su formación y un reconocimiento de sus actitudes profesionales adaptadas a las necesidades de sus trabajos, que han tenido unos efectos muy positivos. Habrán podido darse situaciones que, quizás por algunas noticias, pueda parecer que todo ha sido malo pero nada más lejos de la realidad. La formación es un elemento básico y para los trabajadores y trabajadoras en activo esa formación, que está financiada con lo que aporta la empresa y lo que aportan los trabajadores, tiene que seguir el camino actual, con la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades de las empresas y del modelo productivo, y una gestión que no puede estar encorsetada por las rigideces propias de la formación reglada. Son el dinamismo de la economía, y las necesidades de adaptación de la formación de los trabajadores a la realidad y a la competitividad de sus empresas los que deben marcar el rumbo. C.C.- En absoluto nos parece ineficiente. La formación para el empleo ha supuesto un avance importantísimo en la cualificación de muchos trabajadores. En el año 2012, casi 4 millones de trabajadores, ocupados o en desempleo, han realizado cursos de formación, mejorando sus expectativas de empleabilidad y posibilitando una evolución en la vinculación de la formación con la negociación colectiva, pero son necesarios mayores esfuerzos para permitir que se siga desarrollando con eficiencia y calidad en la actual situación de crisis económica. Ejemplo de los buenos resultados de la formación se pueden ver en el sector aeronáutico. Llevamos realizando formación para este sector desde el año 2000, siendo pioneros en esta materia. Por nuestros centros especializados han pasado durante estos 15 años, 2.000 trabajadores y trabajadoras, la mayoría desempleados, con resultados de inserción extraordinarios, cercanos al 100%. A través de nuestro Instituto de Formación y Estudios, somos un referente para la formación en el sector aeronáutico a nivel nacional, habiendo contribuido a desarrollar el catálogo de cualificaciones del sector así como los certificados de profesionalidad actualmente publicados. Además, nuestras iniciativas y programas de formación son ejemplos de buenas prácticas a nivel europeo. Lo que sí tenemos claro desde UGT Andalucía es que abogamos por la mejor adaptación de la formación a las necesidades actuales del mercado laboral.

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C.O.G.S.S.- En cuanto a las personas que realizan una búsqueda activa de empleo, es reducido el número de ellas que encuentra un trabajo a través de los servicios públicos, ¿qué alternativas propone? F.C.- El mayor problema para la intermediación en el mercado de trabajo es que se han devaluado los servicios públicos de empleo como consecuencia de falta de medios, que se han dedicado más a contar a personas paradas que a facilitar y buscar soluciones para intermediar con las empresas. Además no ha habido una cultura de intermediación en nuestro país y sigue sin haberla, por lo que este es uno de los grandes retos a afrontar para facilitar la búsqueda de empleo. En CCOO entendemos que esto hay que hacerlo desde lo público porque es el mayor garante de igualdad de oportunidades para acceder a un empleo. Igualmente necesario es reactivar las políticas activas de empleo, donde en Andalucía el gobierno andaluz lleva ya tres años sin hacer absolutamente nada en la materia.

Castilla: “Por nuestros centros han pasado durante estos 15 años 2.000 trabajadores/as que se han formado con una inserción laboral cercana al 100%” C.C.- Las Políticas Activas de Empleo constituyen en estos momentos un instrumento esencial para la mejora de la situación de las personas desempleadas respecto al mercado de trabajo. Este hecho, que es una obviedad, ha sido ignorado por el Gobierno central, ya que ha aplicado una drástica reducción en la partida económica, dejando aún más desamparados a los casi seis millones de parados, abocándolos a situaciones de indefensión, al borde la pobreza y de la exclusión social. Es un hecho demostrable que los países europeos que más invierten en políticas activas de empleo son también aquellos cuyos trabajadores y cuyas trabajadoras permanecen menos tiempo en situación de desempleo. En este aspecto, España se sitúa a mucha distancia de la media europea. Necesitamos que se apueste por el buen funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y que no sigan reduciendo cada vez más el papel que le corresponde como instrumento de intermediación en el mercado de trabajo. Desde UGT exigimos que desarrollen y adapten los programas de políticas activas de empleo hasta convertirlos en verdaderas herramientas de ayuda y de res-

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Entrevista puesta a las necesidades actuales, con el fin de dar una solución rápida y eficaz a aquellos colectivos que más necesidades plantean. C.O.G.S.S.- Centrándonos en las relaciones laborales, uno de los problemas que se producen en los distintos sectores es la falta de entendimiento y de acuerdo a la hora de consensuar un convenio colectivo. ¿Debería estar este asunto más regularizado? F.C.- La negociación colectiva estará siempre sujeta a la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido debilitar aún más la parte más débil, que son los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, intentar que estén en peores condiciones para la reivindicación y para la exigencia. En mi opinión, la negociación colectiva ha funcionado en España en términos generales muy bien y la reforma laboral lo que ha hecho es empeorar el funcionamiento de las relaciones laborales, sobre todo porque no ha sido consensuada, sino impuesta de mala manera. En cuanto a que la actual legislación facilite la inaplicación y el descuelgue del convenio creo que las primeras perjudicadas son las empresas porque los empresarios de forma unilateral están descolgándose de los convenios generando una competencia desleal y basando la competitividad de su empresa en la bajada de los salarios, lo cual genera muchos problemas, conflictividad social y una situación de judicialización de las relaciones laborales. Respecto a la ultraactividad, para CCOO tiene que ser y permanecer mientras no haya un nuevo convenio, otra cosa es que haya que llegar a un arbitraje en caso de no haber acuerdo, pero desde luego es un retroceso tremendo para los derechos de los trabajadores, para la economía del país y para las propias empresas la puesta en marcha del fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. Es cierto que toda esta situación conduce a una bajada de los costes del trabajo pero a menos salarios, menos capacidad de consumo, y la realidad es que estamos al borde de una deflación y de una nueva recesión económica. Por lo tanto, la mejor reforma laboral no es aquella que mejor esté hecha técnicamente a favor de una de las partes, sino aquella que goza de mayor consenso entre quienes componen las relaciones laborales, es decir, entre sindicatos y empresarios. C.C.- La Negociación Colectiva es la expresión primaria, genuina y primordial del Diálogo Social. La reforma laboral de 2012 abrió la veda y permitió a los empresarios tomar decisiones unilateralmente. Esta nueva regulación genera indefensión en los trabajadores y las trabajadoras y lesiona sus derechos, tanto individuales como colectivos. Con esta reforma, la negociación colectiva

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corre el riesgo de quedar como un recuerdo del pasado, pues no facilita alcanzar acuerdos, sino que posibilita la imposición por una de las partes de las condiciones laborales. En los convenios se debe aplicar sin distinción el principio de igualdad de trato y no discriminación laboral y de las condiciones de trabajo, permitiendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Debemos desbloquear la actual coyuntura de la negociación colectiva, corregir los problemas de estructura y vertebración de la misma. Hay que buscar acuerdo entre los agentes económicos y sociales para desarrollar un ámbito normalizado y racional de estructuración de la negociación colectiva que ayude a la integración de los convenios colectivos. En definitiva, debemos desbloquear la situación de los convenios en Andalucía, pues regulan las condiciones laborales de los trabajadores. C.O.G.S.S.- ¿La disminución de los salarios, el empeoramiento de las condiciones laborales y el altísimo número de contratos temporales son debidos mayoritariamente a la reforma laboral o más bien a condicionantes económicos ? F.C.- Todos esos aspectos son fruto de una situación económica pero también de un modelo económico de país y, evidentemente, la reforma laboral lo ha agravado. Nuestra economía está sustentada, sobre todo, en el sector servicios y en la estacionalidad del agrario, la industria tiene cada vez menos peso en el PIB, por lo que ya de por sí es una economía que invita a la temporalidad aunque no debería ser así, ya que las empresas, por ejemplo, podrían aprovechar de mejor manera la figura de contratos como el fijo-discontinuo. Es aquí donde los colegios profesionales, como el de Graduados Sociales, deberían hacer una labor pedagógica con los profesionales y explicarles a las empresas cuáles son las ventajas de tener estabilidad en el empleo, de vincular al trabajador con el proyecto de la empresa, de formarlo y cualificarlo para que tenga más productividad la empresa y de buscar unas mejores condiciones económicas para ambas partes. En cuanto a la disminución de las ventas es consecuencia de la política errónea de la austeridad, porque si a todo el mundo se le baja el salario, el modelo productivo no es capaz de tirar de la exportación a los niveles necesarios, -pese a haber subido en algunos puntos-, eso lleva a una situación de deflación y de merma de la compra. Además hay un claro problema con la banca porque se le ha dado mucho dinero y se le ha exigido muy poco. Las administraciones públicas tampoco han favorecido la fluidez del crédito a través de mecanismos públicos, de manera que la reforma del sistema bancario, hasta el momento, es un gasto público tremendo que incrementa nuestras posibilidades de pago de

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Entrevista deuda pero lastra la economía e impide que las empresas y familias accedan al crédito, algo absolutamente imprescindible para el crecimiento y para el mantenimiento de la propia actividad empresarial. C.C.- Podemos decir con perspectiva que la reforma laboral no ha conseguido los objetivos que perseguía, ya que ha aumentado el desempleo, ha empeorado la calidad del que queda, ha aumentado la precariedad y la temporalidad y ha debilitado la negociación colectiva. Los “supuestos” objetivos de esta reforma eran reducir la destrucción de empleo y contribuir a la creación del mismo, reducir la segmentación y dualidad del mercado laboral, potenciar la flexibilidad interna de las empresas para ganar competitividad y contribuir a la recuperación de la economía, pero se ha demostrado que el objetivo real que perseguía era la devaluación salarial y el aumento de las desigualdades y la pobreza. Se ha demostrado que lo que en realidad se pretendía con esta reforma es aumentar el poder del empresario para ajustar las plantillas a bajo coste y, en lugar de potenciar la negociación colectiva, debilitarla y eliminar sus funciones de proteger y regular derechos y obligaciones de los trabajadores y los empresarios. No ha tenido en cuenta al trabajador, y el equilibrio y la equidad en las relaciones laborales terminaron tras su implantación. Si vemos el sufrimiento que ha traído consigo esta reforma a la población de nuestro país y lo comparamos con el pírrico efecto que ha tenido en el PIB vemos que lo que ha hecho, en realidad, es aumentar la pobreza.

Carbonero: “Los ‘mini-job’ han supuesto una chapuza monumental que de no resolverse pronto tendrá efectos demoledores” C.O.G.S.S.- En los últimos años se ha puesto muy de moda el término ‘mini job’, ¿el nuevo modelo de trabajador es el que posee varios mini empleos? F.C.- Este término, acuñado en Alemania, estaba ideado para un determinado modelo productivo en el que las personas podían acceder a más de un empleo porque ese modelo así se lo permitía, con los controles de las propias administraciones. En España como estamos acostumbrados en muchas ocasiones a las chapuzas, hemos querido copiar un modelo sin ningún tipo de control y sin un modelo productivo que pueda permitir que una persona pueda tener varios empleos.

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Esto ha generado una competencia desleal entre las propias empresas, un fraude a la seguridad social y un fraude fiscal porque se está contratando a personas a tiempo parcial obligándolas, en la mayoría de los casos, y en el sector servicios de forma muy mayoritaria, a trabajar jornadas completas. De este modo, la figura del ‘mini job’, en lugar de servir para contratar a más personas, ha supuesto una devaluación del trabajo, el fomento de la economía sumergida y una chapuza monumental que de no resolverse pronto tendrá efectos demoledores en la economía, en el empleo y en el bienestar de las personas, lastrando también con ello la posibilidad de crecimiento en las empresas. C.C.- Los contratos a tiempo parcial cada vez se utilizan más con independencia del perfil de los trabajadores, y es que en los seis años que dura la crisis, es decir desde finales del año 2007, el empleo a jornada completa ha caído en términos globales, un 21,8% mientas que el de jornada parcial ha crecido un 13,6%. Se aprecia que el empleo a tiempo parcial está creciendo sobre todo durante la etapa de austeridad extrema que los gobiernos están aplicando en sus políticas desde 2010. Ahí es donde se concentra el aumento de este tipo de empleo. Uno de los datos más característicos de la realidad española respecto de la utilización del tiempo parcial, es su grado de involuntariedad. En España, el empleo a tiempo parcial es mayoritariamente una opción no deseada, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los demás países europeos, donde el empleo a jornada parcial es una opción voluntaria del trabajador que le permite compatibilizarlo con otras tareas personales o familiares, sobre todo en los países que suelen ponerse como ejemplo: Holanda, Dinamarca, Alemania, Reino Unido. Desde que comenzó la crisis este tipo de contrato ha aumentado de forma muy importante y prácticamente se ha duplicado, pasando el 31,8% al 62,4% según datos de la EPA. Seguimos instaurados en niveles inaceptables de precariedad laboral, porque además de la persistente destrucción de empleo, se ha producido un duro empeoramiento de la calidad del empleo existente. Además, con este tipo de contrato, en muchos de los casos, se perciben unos salarios extremadamente bajos, no pueden acceder a la formación en la empresa, tienen menores posibilidades de promoción, y la cobertura de protección por desempleo es muy baja. Por ello es necesario revertir la trayectoria del empeoramiento de la calidad en el empleo, marcado por más precariedad, derivada del abuso de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial involuntario, ya que conduce a un continuado descenso de las rentas del trabajo que impedirán la rehabilitación de la demanda interna y de la economía en su conjunto.

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Artículo

D.Santiago González Ortega Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El accidente de trabajo “in itinere”: la necesidad de una revisión

1. Como se sabe, el art. 115.2, a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), establece que se consideran también accidente de trabajo, a efectos de la Seguridad Social, “los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo”. La afirmación legal, que procede de textos anteriores de la LGSS (se contenía ya en el art. 84.2 de la LGSS de 1974), no hizo otra cosa en su momento que recoger lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 1 de julio de 1954 (RJ 1954, 1840), conforme a la cual, al acontecer el accidente durante el necesario desplazamiento del trabajador para la realización de la prestación laboral, debía considerarse el trabajo como la causa indirecta del mismo y, en consecuencia, debía darse la calificación de laboral al accidente ocurrido en los trayectos, fueran de ida como de retorno del trabajo; una Sentencia a la que se atribuye, además, el uso por primera vez de la denominación ahora habitual de accidente in itinere. Se trata de una protección que exigía la propia OIT (Convenio 121 de 1964, sobre prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional) al reclamar que los ordenamientos nacionales asimilaran al accidente de trabajo los ocurridos en “en el trayecto al o del trabajo” (art. 7). Se confirmaba así lo dicho, muchos años antes, en la STS de 11 de julio de 1908, en la que ya se entendió como accidente de trabajo el sufrido por un trabajador durante la travesía en barco desde su lugar de residencia al barco en el que desarrollaba su trabajo, cuando el barco de traslado fue abordado por otro en el trayecto. Se trata de accidentes muy numerosos ya que, conforme a las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, alcanzaron, en el año 2013, la no despreciable cifra de 62.484 accidentes, manteniendo una entidad similar a los contabilizados en los años 2011 y 2012 (66.791 y 61.215, respectivamente), habiendo alcanzado, en el primer semestre del año 2014, la cifra de 37.089. Es cierto que la inmensa mayoría de estos accidentes in itinere son leves, mientras que los accidentes graves tampoco tienen una gran entidad (entre el 1,5 y el 2 por 100, según los años) y que el porcentaje de los mortales es muy

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reducido (no llegan al 1 por 100). Pero, en todo caso, se trata de accidentes muy numerosos (baste comparar su número con las enfermedades profesionales declaradas que no alcanzan anualmente la cifra de 20.000), que constituyen el 14 por 100 del total de los accidentes con baja, y que implican prestaciones sociales (bajas por incapacidad temporal, indemnizaciones o pensiones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares, al margen el coste de la propia asistencia sanitaria) en número y cuantía importantes. 2. Aunque lo que se pretende en este breve trabajo es llamar la atención acerca de la idoneidad de una categoría jurídica como es el accidente in itinere y sobre las consecuencias que tiene la calificación como tal de un accidente sufrido en los trayectos laborales, no viene mal recordar cuál es el fundamento de la expansión del concepto de accidente de trabajo desde el más estricto que lo circunscribe al sufrido en el lugar de trabajo y desempeñando una tarea productiva, hacia estos otros accidentes en los que el trabajo aún no ha comenzado a desarrollarse (o se ha acabado ya) y que tienen lugar en los tiempos de trayecto hacia o desde el puesto de trabajo. El origen se encuentra, como respecto de otras expansiones del concepto de accidente de trabajo, en la limitada protección que concedían los viejos seguros sociales, cuyo momento de creación coincide con la aceptación social de la necesidad de tutelar los riesgos del trabajo partiendo de la consagración del principio de responsabilidad objetiva del empresario y, en consecuencia, de su obligación de asumir la reparación de los daños ocasionados en la salud y en la integridad del trabajador a su servicio por el desarrollo de la prestación laboral; algo a lo que se le forzaba mediante la suscripción del pertinente seguro obligatorio. En su inicio, pues, eran sólo los accidentes de trabajo los protegidos, pero no los que carecieran de esta connotación los cuales, a partir de ese momento, pasaron a denominarse como accidentes comunes. Como es evidente por las diferentes consecuencias prestacionales e indemnizatorias a cargo del empresario, la tensión teórica y conceptual por calificar un accidente como de tra-

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Artículo bajo o común fue, y sigue siendo, uno de los puntos de conflicto y de debate legal, doctrinal y jurisprudencial; pretendiendo el trabajador ampliar al máximo el concepto de accidente de trabajo para lograr la protección deseada, y rechazando esa calificación quienes (empresario, entidades aseguradoras, mutualidades, los propios seguros sociales) lograban con ello eludir responsabilidades de tipo prestacional o económico. Estas tensiones, que aparentemente debían haber desaparecido con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 al afirmar el principio de consideración conjunta de las contingencias (es decir, que lo importante es la situación de necesidad a proteger –incapacidad temporal o permanente, supervivencia, la afectación de la salud y de la integridad personal—y no tanto la causa que la provoca, haciendo irrelevante el origen, profesional o no, de las contingencias) se mantuvieron tanto el Texto Articulado de la Ley General de Seguridad Social de 1966 como en los sucesivos Textos Refundidos de la LGSS de 1974 y 1994. La razón no fue otra que el incumplimiento de la previsión de la Ley de Bases y el mantenimiento de la diferencia, a efectos de la calidad de la tutela, entre contingencias según que el origen de las mismas fuera profesional o común. De forma que, aún hoy, pese a la atenuación de ese tratamiento privilegiado, todavía es mejor, desde el punto de vista del sujeto protegido, el conseguir que el accidente se califique como profesional o de trabajo porque, de lograrlo, se accederá más fácilmente a las prestaciones (situación de alta presunta o de pleno derecho pese al incumplimiento empresarial de su obligación de aseguramiento, inexistencia del requisito de carencia), se gozará de más garantías para su disfrute (principio de automaticidad), o las prestaciones que se consigan tendrán una mayor calidad (mayor cuantía de las generales en virtud de su particular modo de cálculo, prestaciones económicas específicas o propias tales como indemnizaciones). Tanto es así que puede afirmarse que, dentro del Sistema español de Seguridad Social y pese a su unidad y coherencia internas, aún subsiste un núcleo irreductible, más vinculado a la lógica del seguro de accidentes que a la de un sistema unitario de protección social, constituido por la protección especial y privilegiada prevista para los riesgos de tipo u origen profesional. No se trata de entrar en un debate acerca de lo apropiado de esta estructura, sino sólo de subrayar que, al día de hoy, al trabajador no le es indiferente, desde luego, que el accidente se califique como común o laboral. Y que esa mayor ventaja en términos de protección, que hoy se ha atenuado sin duda ya que también existe (es verdad que con más requisitos y obstáculos) fuera de los riesgos profesionales (a la postre un accidente común de trayecto también queda protegido por la Seguridad Social porque tampoco se exige para él periodo de carencia alguno, aunque no funcione la garantía del alta presunta ni las ventajas prestacionales asociadas a la profesionalidad del riesgo), ha generado desde hace decenios un movimiento interpretativo, del que ha participado también la propia jurisprudencia en el marco de principios como el de “pro asegurado” o el general de tutela del trabajador (concepción humanista la llama alguna sentencia del TS), orientado a ampliar al máximo el concepto de accidente de trabajo hasta incluir en el mismo eventos cuya conexión con el trabajo es débil, difusa o indirecta. El repertorio de situaciones

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asimiladas a las estrictas de accidente laboral que recoge el art. 115 de la LGSS pone de manifiesto suficientemente esa expansión interpretativa que ahora tiene rango de ley y donde pueden encontrarse ejemplos variados de la ampliación, más allá de lo que es su noción estricta, del concepto de accidente de trabajo. 3. La consideración del accidente in itinere como accidente de trabajo no ha dejado de plantear problemas interpretativos de relevancia que han sido abordados por los tribunales laborales mediante un amplísimo número de resoluciones que, de forma muy casuística, han ido concretando las circunstancias que deben producirse para que tales accidentes se consideren laborales. Baste recordar la referencia a los elementos teleológico, cronológico, geográfico o mecánico como requisitos para esa calificación, los cuales, como factores variados, complejos y diversos, han generado, y aun generan, frecuentes disputas legales en torno a la procedencia o no de calificar un accidente como in itinere y, en consecuencia, como de trabajo. Como se ha dicho, no se pretende aquí analizar a fondo el accidente in itinere, sino sólo dejar constancia de la diversidad de situaciones y circunstancias que pueden concurrir y de la dificultad de llegar a una calificación precisa y correcta. Así, en cuanto al requisito teleológico pueden recordarse supuestos en los que se discutía la naturaleza laboral del accidente por cuanto el motivo del desplazamiento no era laboral (acudir, antes del trabajo, y desviándose del trayecto habitual, para acudir al médico o hacer algún tipo de gestión no relacionada con el trabajo; dirigirse tras el trabajo a visitar a un pariente); por lo que hace al requisito cronológico en la medida en que la duración era excesiva, se veía interrumpida por paradas en el trayecto o era en días diferentes al de trabajo; por lo que se refiere al requisito geográfico en relación con el lugar donde se sufre el accidente (antes de salir de casa para el trabajo, en el ascensor o en el parking de la vivienda o en el jardín de la casa, en el parking de la empresa) o con los lugares de origen y destino del trayecto (domicilio habitual, de la abuela o la novia del trabajador, residencia de fin de semana o de vacaciones, primera o segunda vivienda); o, en fin, en relación con el requisito mecánico respecto del medio habitual u ordinario, estado de mantenimiento del vehículo o uso vías inadecuadas. Los casos recientes del accidente sufrido al ir al trabajo usando un patinete como medio de transporte o el del trabajador que sufre un accidente al volver, el día festivo anterior, de la residencia familiar pero no habitual del trabajador ponen de manifiesto la enorme litigiosidad que inevitablemente genera el instituto del accidente in itinere, debido a la amplitud del concepto, a la heterogeneidad de las situaciones y a la complejidad de establecer la conexión del accidente con el trabajo, algo inevitable para poder calificarlo como tal. De forma que se valora en cada ocasión si el motivo del viaje es laboral, pero entendiendo existente esta conexión incluso en los casos en los que esa causa no es única siempre que de manera genérica el fin del viaje sea el lugar de trabajo. Criterios que no pueden por menos que variar y adaptarse cuando el trayecto es de retorno, de forma que la conexión laboral viene dada al inicio pero puede perderse o debilitarse hasta dejar de ser trascendente según que el trayecto tenga o no por fin el domicilio del trabajador, con lo que ello supone de dificultades a la hora de

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Artículo identificar el domicilio que debe ser el fin del trayecto (primero o secundario, ordinario o estival, residencia formal o residencia transitoria, primera o segunda residencia, residencias de otras personas con las que se mantienen vínculos de parentesco o de afectividad). En cuanto al factor cronológico, se suscitan todas las disquisiciones acerca del tiempo de duración admisible del trayecto lo que también depende obviamente del medio utilizado, si admite o no interrupciones y según qué causa, o si la duración a tener en cuenta puede depender del origen o del fin del trayecto siempre que sea un domicilio reconocido como tal a efectos del accidente. El factor geográfico es igualmente relevante sobre todo para marcar el punto de inicio y de llegada del trayecto, lo que obliga a establecer los confines físicos concretos del domicilio (o de lo que se entienda como tal) y del lugar de trabajo: espacio interior de la vivienda, lugar del puesto de trabajo, otras instalaciones accesorias de la empresa como parking, bar o lugares de ocio, o partir de otro lugar a donde había sido enviado antes de acudir al trabajo. Finalmente, el elemento mecánico abre el debate sobre la idoneidad y el estado de mantenimiento del medio, todo ello normalmente teniendo como referencia lo que son estándares sociales de comportamiento y su evolución. 4. Por si fueran pocos estos factores de complejidad asociados al concepto de accidente in itinere (que son proclives a la indefinición, a un amplio margen de discrecionalidad, a una interpretación extremadamente casuística y sin apenas criterios generales sólidos y, a la postre, a la inseguridad jurídica) aun podrían traerse a colación otras variadas complejidades interpretativas relacionadas con el accidente in itinere. Como sucede con el tema de la presunción de laboralidad del accidente de trabajo que suceda durante el tiempo y lugar de trabajo (art. 115.3 LGSS). Como se sabe, la jurisprudencia ha interpretado (y es doctrina más que consolidada) que la presunción de laboralidad, que juega tanto en relación con el accidente en sentido propio (entendido como un evento súbito, violento e inesperado) como respecto de la enfermedad (caracterizada como un proceso) sólo vale si tiene lugar en el trabajo y durante él, o si, respecto de la enfermedad, se manifiesta puntualmente en forma de episodios o crisis en tiempo y lugar de trabajo. Porque la peculiaridad de la enfermedad es que, siendo un proceso, tiene manifestaciones concretas o episodios más graves o directos que aparecen, de forma sorpresiva e inesperada, manifestándose como momentos álgidos de una enfermedad y adquiriendo como tales episodios el aspecto de accidentes, como a veces se califican (vascular, cerebral, circulatorio); por esta razón es por la que también reciben la denominación de crisis como momentos puntuales de agravamiento de una enfermedad de fondo. Pues bien, fuera de los casos anteriores, y también es regla general aceptada, es decir, fuera del lugar y tiempo de trabajo, hay que probar la relación existente entre el trabajo y el accidente o la enfermedad (o sus manifestaciones o agravamientos); lo que coloca al trabajador lógicamente en una situación debilitada ya que pesa sobre él la carga de la prueba al no presumirse ab initio la laboralidad del accidente o de la enfermedad. Lo anterior es la regla general, pero, cuando se trata de un accidente in itinere (considerado tal si se reúnen los requisitos de finalidad laboral, trayecto normal, tiempo adecuado y con medio

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apropiado) es indudable que la presunción de laboralidad, que no existe, es menos relevante ya que, estando el trabajador en el camino de ida o de vuelta al o del trabajo, todo accidente en sentido propio ocurrido en esas coordenadas de lugar y tiempo se considera accidente in itinere. Una conexión fácil de hacer, entre trayecto y accidente, por la posibilidad de identificar temporalmente con precisión cuándo se produce. Sin embargo, todo esto cambia cuando se trata de una enfermedad común que se manifiesta durante el trayecto al ir o al volver del trabajo. No sólo por la necesidad general de vincular la enfermedad común, al ser un proceso lento y progresivo, con el trabajo, requiriendo un esfuerzo de prueba a cargo del trabajador, no siempre fructuoso; sobre todo porque, al manifestarse la enfermedad en el trayecto laboral, carece del beneficio que le proporciona la presunción de laboralidad ya que el trayecto laboral no es, desde luego, ni tiempo ni lugar de trabajo, obligándole a una prueba mucho más sólida y consistente de la vinculación con el trabajo; exactamente la misma que si la enfermedad se hubiera manifestado en el domicilio. Una presunción que, finalmente, aporta poco a la calificación del accidente en sentido propio que sucede en el trayecto, pero que dificulta extraordinariamente la calificación de laboral de una enfermedad común que se manifiesta en el mismo trayecto, haciendo casi inoperante el accidente in itinere a estos efectos. Se pasa de este modo de la prueba, si caso, de que el trabajo tiene alguna relación con la enfermedad (es así cuando se manifiesta en lugar y tiempo de trabajo) a la necesidad de establecer que el trabajo es causa directa y relevante de la manifestación de la enfermedad (cuando se produce en el domicilio o en el trayecto). A todos los efectos, pues, es igual que la enfermedad se manifieste en el domicilio o en el trayecto de ida o de vuelta al trabajo ya que en todo los casos hay que establecer esa conexión reforzada con el trabajo; carga de la que se libera el trabajador sólo si las manifestaciones de la enfermedad suceden en tiempo y lugar de trabajo. El que las cosas sean así (y difícilmente pueden ser de otra manera de acuerdo con el tenor legal) conduce a situaciones absurdas como que un infarto sufrido por el trabajador, dependiendo de si ha sido en su domicilio antes de iniciar la jornada laboral, en el trayecto al trabajo o dentro de las instalaciones de la empresa, requiera una mayor o menor carga probatoria de la conexión entre enfermedad y trabajo. 5. Otra complejidad deriva del hecho de que, tratándose de un accidente in itinere, se interfieren normas y comportamientos que ninguna relación tienen con lo laboral. Puesto que los accidentes in itinere son normalmente accidentes de tráfico (según las mismas estadísticas del Ministerio de Empleo, 7 de cada 10 accidentes de tráfico pueden ser considerados como accidente in itinere) surgen cuestiones relacionadas con el comportamiento de otros (imprudencia o negligencia) que, a su vez, son contingencias que están cubiertas por el aseguramiento obligatorio de los vehículos de motor, lo que hace menos necesaria la tutela privilegiada que proporciona la Seguridad Social a los accidentes in itinere que, aunque no fueran calificados como tales, siempre serían susceptibles de causar el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social previstas para las contingencias comunes. Por no hablar de accidentes producidos en el trayecto pero por cau-

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Artículo sa sin relación alguna con el trabajo (algo que, como es obvio, puede suceder con más frecuencia que cuando el trabajador se encuentra en su lugar de trabajo) como se suscitó en el caso de un trabajador muerto al ir al trabajo al sorprenderle un tiroteo debido al atraco de una entidad bancaria, o el conocido asunto del asesino de la baraja, supuesto de un trabajador asesinado al azar en la parada del autobús al retornar del trabajo por un participante en juegos de rol absolutamente ajeno al trabajo. Tratándose, además, de accidentes que tienen lugar en un trayecto y con un medio elegido por el trabajador y a su cuidado, también se suscitan frecuentemente dudas acerca de la laboralidad del accidente en los casos de dolo o imprudencia del trabajador, de incumplimiento deliberado de las normas de circulación, de mala conservación del vehículo o el incumplimiento de las normas de inspección técnica, o su conducción sin permiso o bajo el efectos del alcohol o las drogas. Casos en los que el debate se desplaza a la valoración del comportamiento del trabajador y a la calificación de su conducta como de simple imprudencia, imprudencia grave o temeraria, excluyendo sólo ésta última, como se sabe, la consideración del accidente como de trabajo (art. 115.4, b) LGSS), pero ninguna de ellas la tutela prevista para el accidente común salvo en casos extremos de autolesionismo o suicidio. Otra complejidad añadida, respecto de los accidentes in itinere, deriva de su posible concurrencia con los que se han calificado como accidentes en misión. Ya en sí misma esta cuestión ha generado frecuentes problemas interpretativos acerca del concepto de trabajo en misión, diferenciándolo del trabajo itinerante; de si debe considerarse o no tiempo de trabajo toda la duración de la misión o sólo, dentro de ella, lo que el trabajador dedica al trabajo o que realiza por exigencias del mismo; y, finalmente, en lo que aquí interesa si, dentro de la misión, pueden producirse accidentes in itinere. Lo que depende del tiempo de la misión que se considere de trabajo, incluyendo tanto el tiempo de trabajo estricto como el que se usa para actividades relacionadas con el trabajo (reuniones, vigilancia, conductor de apoyo) y los desplazamientos que, dentro de la misión, sean necesarios hacer a lo largo de ella. Si es así, el tiempo de misión se divide en tiempo de trabajo y tiempo privado, estableciendo la frontera (que presenta, obviamente, dificultades interpretativas y mucho casuismo) en el punto en el que la actividad carece de otra conexión con el trabajo que no sea la general, inevitable en toda misión, de que el trabajador se encuentra en ese lugar por razón del mismo. Pero aceptado esto, se asume igualmente que en la misión hay tiempos privados, de uso propio y no a disposición de la empresa, que nada tienen que ver en sí mismos con el trabajo como sucede con las actividades de ocio, de gestión de asuntos propios, de diversión o de descanso. Lo anterior lleva a establecer la incompatibilidad entre accidente de trabajo en misión y accidente de trabajo in itinere; o, si se quiere, la superfluidad del accidente in itinere en estos casos porque el accidente en misión será o no accidente de trabajo, pero nunca un accidente in itinere por cuanto los desplazamientos por motivo laboral en la misión ya reciben la calificación de accidente de trabajo sin más. Lo anterior no impide, desde luego, que el accidente in itinere pueda declararse en el trayecto que lleva al trabajador a incorporarse al

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trabajo en misión o durante el trayecto de vuelta desde el punto de llegada de la misión al domicilio del trabajador, siempre y cuando, lógicamente, lo haga utilizando medios propios a su elección y no en un medio dispuesto por la empresa. Pero son accidentes fuera de la misión y, en consecuencia, tratados ahora como posibles accidentes in itinere. 6. Todo lo anterior lleva, como es el propósito de estas páginas, hacia una necesaria reflexión acerca de la virtualidad y eficacia del mantenimiento de esta categoría de accidentes de trabajo; por cierto, y como se ha subrayado, de escaso o muy difícil reconocimiento cuando se trata de enfermedades comunes que se manifiestan en el trayecto laboral y de nula aplicación en cuanto a los accidentes en misión. Es cierto que el Convenio 121 OIT reclama la consideración de los accidentes in itinere como laborales y, en consecuencia, su tratamiento normativo como tales; aunque también es verdad que el mandato de la OIT es que se regule esa tutela pero sin imponer límites ni mínimos concretos. De forma que, cuando menos, sería posible una regulación más precisa y restrictiva del concepto de accidente in itinere que redujera al mínimo la consideración de tales o, cuando menos, que estableciera con mayor rigor las circunstancias que deben producirse (y cómo hacerlo) para llegar a la calificación de un accidente como in itinere. El objetivo no sería otro que el de intentar afrontar la extraordinaria heterogeneidad de personas, actividades, factores, circunstancias y condicionantes que se suelen presentar en el caso de los accidentes in itinere y de lo que son expresión las innumerables resoluciones judiciales al respecto. Otra cosa es que sea posible. Porque la única solución (dejando por imposible, inadecuada e ineficaz una relación circunstanciada de comportamientos) sería incorporar a la norma conceptos tan genéricos (y susceptibles por tanto de interpretaciones variadas) como los de trayecto normal u ordinario, por un tiempo razonable, mediante un medio adecuado y teniendo lo laboral como motivo predominante, que, finalmente, volverían a plantear el sede judicial su concreción que es, a la postre, lo que ha venido haciendo la jurisdicción laboral. La cuestión, por tanto, es más profunda y es la que se plantea, a salvo un cumplimiento mínimo de lo establecido en el Convenio 121 OIT, la propia desaparición del accidente in itinere como accidente de trabajo. Una propuesta que, al tener por efecto la expulsión de la mejor tutela de los riesgos profesionales a los accidentes in itinere, puede ser negativamente juzgada como contraria a los intereses de los trabajadores y de la propia Seguridad Social al trasladar, en este caso, las mutuas de accidente hacia ella la carga de las prestaciones. Pero se trata de un primer juicio que puede ser, cuando menos, matizado. En primer lugar, desde la perspectiva del trabajador, es cierto que quien sufriera un accidente in itinere ya no estaría protegido por el seguro de accidentes de trabajo pero ello no significa que carezca de cualquier tutela. Es cierto que, al tratarse de un accidente (ya se ha dicho que respecto de la enfermedad el accidente in itinere juega un papel muy limitado) que sería calificado como común, el trabajador sólo podría obtener una tutela de la Seguridad Social destinada a estos riesgos. Que no es particularmente difícil de lograr: obligación de alta que puede probarse, innecesariedad de un periodo de carencia; ni tampoco irrelevante aun-

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Artículo que, eso sí, el derecho al disfrute efectivo de las prestaciones se vea debilitado respecto de los riesgos profesionales: en el cálculo de la prestación, la ausencia de derecho a indemnizaciones, la automaticidad sustituida por responsabilidad subsidiaria de la empresa incumplidora a cargo de la Seguridad Social, o incluso, la posibilidad de computar estas ausencias al trabajo al efecto del art. 52 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el despido por absentismo, lo que no puede hacerse con las ausencias debidas a accidente de trabajo. Como compensación, en los casos frecuentes en que puede declararse la responsabilidad civil o criminal de un tercero, el trabajador afectado por el accidente tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas en el seguro obligatorio de circulación. En segundo lugar, y respecto de la Seguridad Social, es verdad que impedir que los accidentes in itinere se consideren laborales significa que los costes de estas prestaciones pasan a cargo de la Seguridad Social, con el consiguiente enriquecimiento de las mutuas que habrían dejado de tener que afrontar la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas que tendrían de abonar de considerarse el accidente como de trabajo. Se trata, sin embargo, de una cuestión financiera que puede encontrar solución actuando sobre los porcentajes de las primas de accidente que sirven para financiar a las mutuas y sobre los que debe retener la Seguridad Social como contribución de las mutuas al funcionamiento del sistema y a la financiación de determinados fondos de la Seguridad Social. Como ha sucedido cuando, mediante reformas de hace unos años, la se transfirió a las mutuas la carga de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional que, hasta ese momento, venía siendo asumida por la Seguridad Social, reestructurándose en consecuencia el cuadro de aportaciones económicas de las mutuas. Aunque no debe dejar de subrayarse la importancia financiera de esa carga si se recuerda que el 14 por 100 de los accidentes con baja son in itinere. Pero la necesidad y la relevancia económica de esta reestructuración no es un óbice conceptual sino instrumental a los efectos de la eliminación de la asimilación del accidente in itinere al accidente de trabajo. En consecuencia, la estricta consideración como accidentes laborales de los accidentes in itinere de los acontecidos en trayecto, medio y tiempo bajo un cierto control de la empresa o en condiciones no elegidas por el trabajador, parece una alternativa no despreciable, al menos por cuanto respetaría el Convenio 121 OIT. Fuera de estos casos, los accidentes in itinere serían considerados accidentes comunes y recibirían en la Seguridad Social el tratamiento, algo debilitado es cierto pero no falto de calidad, como tales, recibiendo la compensación económica que frecuentemente se imputa en estos supuestos a terceros. Con ello, no sólo se eliminaría una fuente de extraordinaria litigiosidad (con sus consecuencias en cuanto a los costes forenses sino también en cuanto a la demora de la resolución y a la carga sobre los tribunales laborales) sino que se depurarían el concepto de accidente laboral llevándolo esencialmente al que se produce en el lugar y tiempo de trabajo. Algo que tendría incluso relevancia a los efectos de la prevención de riesgos laborales en relación con la cual el accidente in itinere no puede ser tenido en consideración como un espacio de obligación de seguridad del empresario al carecer de cualquier control sobre el trayecto y el medio utilizado.

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De tal modo que no se asistiría al singular espectáculo de tener que decidir si quien vuelve al trabajo desde casa de su abuela, de un pariente, de su pareja de hecho o de un amigo parte o no de su domicilio; o si impide calificar el accidente como laboral el sufrido por un trabajador que acude al lugar de trabajo con un medio poco habitual como un patinete u otro artilugio semejante o utiliza o no un medio adecuado como bicicletas o vehículos de carga; o si tiene el mismo efecto las interrupciones del trayecto para realizar mil y una gestiones y actividades (pararse en un bar para tomar algo con los compañeros de trabajo o para realizar otras actividades de ocio; desviarse levemente del trayecto más directo para llevar o recoger los hijos del colegio o al cónyuge; detenerse para hacer visitas o gestiones de todo tipo); o si caben varios domicilios desde los que partir o volver; o cuál debe ser la duración estándar del trayecto y cuál o cuáles el apropiados; sobre dónde acaba el domicilio y empieza el trayecto o finaliza; acerca de qué conexión temporal hay que hacer entre el momento del trayecto y el de inicio o fin del trabajo y si es posible que, por ejemplo, el accidente ocurra en día antes; si el hecho de salir del trabajo hace menos relevante el lugar a donde se desea llegar y si, por el contrario, es importante que en el trayecto de ida se parta del domicilio, como quiera de ampliamente que éste pueda ser entendido. En realidad, parece un tanto absurdo aceptar que quien sufre un accidente doméstico (la ruptura de una pierna, por ejemplo) sea peor tratado que quien lo soporta, puede que incluso de la misma naturaleza, cuando ha comenzado su camino al trabajo, separando el azar y unos pocos metros la calificación de laboral o no; o que sea mejor tratado quien desplaza su domicilio durante la época veraniega a una segunda residencia de la que parte, aunque ello suponga un trayecto más largo y arriesgado en el que ocurre el accidente que el trabajador que ha interrumpido por demasiado tiempo su trayecto de vuelta al domicilio desde el trabajo; o que obtenga esa mejor protección quien usa un medio de transporte de dudosa adecuación en ciertos contextos como bicicletas o patines, o quien utiliza recorridos que, pese a ser inadecuados, son habituales. Los ejemplos son múltiples pero todos ellos parecen llevar a la conclusión de la necesidad de revisar el propio concepto de accidente in itinere y su asimilación al concepto de accidente de trabajo. Como tantas otras instituciones, piénsese en el recargo de prestaciones, obedecen a un contexto normativo en el que la diferencia de tutela entre el accidente común y el laboral era abismal, hasta el extremo de conceder o no protección según los casos. La atenuación de esa diferencia (y más concretamente en lo que hace al accidente) supone que la protección que recibe el accidente común en el ordenamiento de la Seguridad Social sea lo suficientemente digna como para retirarle el plus de tutela que consiste en su consideración como accidente de trabajo. Finalmente, el accidente in itinere, como se insiste el recargo de prestaciones, ha acabado siendo un cuerpo extraño en el marco de una legislación de seguridad social muy evolucionada que ha acogido plenamente la protección también de los accidentes comunes y que responde a lógicas, aspiraciones y necesidades propias de otros contextos institucionales y normativos.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Julio-Septiembre 2014 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1737

Colegiado: 1738

Marta Conesa Sánchez

Fco. Javier López León

Domicilio profesional:

Manufactura, 2. Edif Euro.

Domicilio profesional:

Benito Más y Prat, 5

Localidad profesional:

Mairena del Aljarafe

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

679 86 98 01

Tlfno:

954 58 23 87

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1739

Colegiado: 1740

Alfredo Cobano del Río

Aurora González Martín

Domicilio profesional:

Sol, 4

Domicilio profesional:

República Argentina, 19

Localidad profesional:

La Puebla de Cazalla

Localidad profesional:

Sevilla

Tlfno:

954 84 73 42

Tlfno:

954 29 39 31

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1743

Colegiado: 1744

Francisco Javier García Rioja

María del Carmen Cobano del Río

Domicilio profesional:

República Argentina, 24

Domicilio profesional:

Sol, 4

Localidad profesional:

Sevilla

Localidad profesional:

La Puebla de Cazalla

Tlfno:

955 386 795

Tlfno:

954 847 342

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 1746

Trinidad Real Escobar

EJERCIENTE DE EMPRESA

Colegiado: 1741 Domicilio profesional:

Manolo González, 63

Localidad profesional:

Espartinas

Tlfno:

654 239 611

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Colegiado: 1742

María León Calzada

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José Antonio Pérez Santos

Colegiado: 1745

Gracia González López

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Movimiento Colegial

CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJERCIENTE LIBRE A NO EJERCIENTE

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1714

Nº Colegiado

1612

Nombre

Antonio Jesús Domínguez Alonso

Nombre

Luis Manuel Moreno Terrón

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1376

Nº Colegiado

1555

Nombre

Fco. Javier Ortiz Bautista

Nombre

Pedro Jesús López Cerro

DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

Nº Colegiado

1193

Nº Colegiado

0887

Nombre

Eloy Matos García

Nombre

Vicente Pedraja Ubiña

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0080

Nº Colegiado

1241

Nombre

Virgilio Cobano Ruiz

Nombre

Manuel Contesa Barsotti

DE EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO

DE EJERCIENTE DE EMPRESA A EMÉRITO

Nº Colegiado

0230

Nº Colegiado

0205

Nombre

José Fco. Rangel Estrada

Nombre

Ricardo González Pinto

DE EJERCIENTE DE EMPRESA A NO EJERCIENTE

DE EJERCIENTE DE EMPRESA A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1700

Nº Colegiado

1529

Nombre

Mª Carmen Guerrero García

Nombre

Mª Ángeles Soto Fernández

REINCORPORACIÓN

BAJAS

Nº Colegiado

0607

Nombre

Darío Echevarría Cárdenas

EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1636

Nº Colegiado

1509

Nombre

Antonia Mª Gámez Durán

Nombre

Gema de la Peña López

EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1586

Nº Colegiado

1474

Nombre

Vicente Cebolla Moreno

Nombre

Óscar Juan Ruiz Díaz

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1598

Nº Colegiado

1707

Nombre

Mauricio Carmona Campos

Nombre

Enríque Rodríguez Mayo

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1654

Nº Colegiado

0866

Nombre

Macarena Moreno Nieto

Nombre

Feliciano Pérez Librero

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1436

Nº Colegiado

1727

Nombre

Inmaculada Murillo Pla

Nombre

Elena Juncal Máquez

NO EJERCIENTE

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Nº Colegiado

0881

Nombre

Rosa Mª Valle Márquez

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Entrevista

Dña. Mª Ángeles Sepúlveda

Médica forense

“Es necesario adscribir forenses a la medicina del trabajo y dar entidad a esta especialidad”

Dña. Mª Ángeles Sepúlveda es médica forense desde el año 1986 y posee el doctorado en Salud Mental siendo su tesis ‘Trastornos del estrés postraumático en víctimas de agresiones sexuales’. Ha dirigido programas de asistencia y protección a victimas, puntos de encuentro familiar, y ha sido, durante cinco años, coordinadora regional de violencia de género en la Delegación del Gobierno en Andalucía, entre otras ocupaciones. Pero, si por algo se distingue, es por ser una persona muy luchadora y una activista por los derechos humanos, en general, y por la igualdad, en particular. C.O.G.S.S.- ¿A qué se dedica en la actualidad? M.A.S.- Soy Médica Forense y también actúo como docente con temas relacionados con la violencia de género e intrafamiliar, los malos tratos y las agresiones sexuales, materias sobre las que a su vez he escrito e investigado. Soy fundadora y colaboro con la asociación Amuvi, que trabaja en distintos programas contra la violencia de género y la Fundación Manuel Madrazo, de Cooperación Internacional. Además, mi preocupación por los derechos de las personas me ha llevado últimamente a centrarme en el área de la Medicina Forense Laboral, área novedosa dentro de mi campo de actuación, que se ocupa de todos aquellos aspectos relacionados con el asesoramiento médico a tribunales de la Jurisdicción Social. C.O.G.S.S.- Como médica forense, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta en los Juzgados de lo Social? M.A.S.- Tradicionalmente, la labor forense ha sido penal y civil, menos en el ámbito de lo Social. Actualmente está aumentando el número de casos por una gran cantidad de solicitudes de peritaciones, como son las prestaciones de la Seguridad Social, valoración de secuelas, etcétera.

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Los desafíos a los que nos enfrentamos conforman un terreno novedoso y con gran demanda, lo que ha motivado tener que responder de forma inmediata a una gran demanda de casos con no demasiada tradición en el ámbito forense. Otra dificultad, a la hora de hacer peritaciones es la baremación. Teemos que tener en cuenta que hay enfermedades o síndromes que no pueden encajarse dentro de los conceptos tan cerrados del baremo existente. De hecho, muchas veces establecer el tanto por ciento de discapacidad en alguien es muy complejo y pongo como ejemplo síndromes como la fibromialgia o limitaciones para la vida laboral que no son baremables; pienso que la norma debería modificarse, pero sobre todo hacerse protocolos internos de reconocimiento y de similitud entre síndromes y su baremacion. En lo laboral la evaluación forense es más amplia y compleja, y hay que llegar a conclusiones útiles a la administración de Justicia. Además, hay que tener en cuenta que la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un concepto integral físico, psíquico y social, con lo que no solo debe influir los aspectos físicos de la persona; parece que cuando nos mandan a que evaluemos se refiere solo a lo físico, pero es que la salud es un todo e influye en la autopercepción que una persona tenga de la salud. Hay personas que tienen una salud muy buena y muy poco bienestar y personas que al contrario. Otro aspecto que dificulta las cosas es que no suele haber cursos de formación de forenses en temas de lo Social, cuando es necesaria la formación y especialización. C.O.G.S.S.- ¿Cuentan los forenses con las pruebas documentales suficientes para desarrollar su trabajo? M.A.S.- Es muy variado, o muchas pruebas o pocas, pero muchas veces difusas y no adecuadas, por lo que sería

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Entrevista necesario una historia clínica lo más completa posible. Depende mucho del caso; hay casos que vienen muy bien documentados y otros que prácticamente no tienen documentación y yo aquí considero que sería muy importante que por parte de los abogados laboralistas y graduados sociales, para que las demandas tuvieran buen enfoque, recabaran los documentos necesarios para poder hacer las periciales forenses, lo que facilitaría el trabajo médico forense. Lo ideal es que se aporte toda la historia médica de la persona a explorar y también los dictámenes facultativos que tenga, tanto del equipo de valoración y orientación, como de otros dictámenes facultativos y también aportar el trabajo que desarrolla la persona, puesto que no siempre se tiene esta documentación médica y, sobre todo, no se relaciona mucho el trabajo que realiza la persona para poder concretar la importancia que tiene la posible incapacidad o discapacidad en relación a su trabajo. Las pruebas documentales no siempre están bien organizadas. C.O.G.S.S.- ¿Considera que debería existir una especialización del forense en Medicina del Trabajo? M.A.S.- Rotundamente sí. Actualmente la medicina forense cada vez se está especializando más en diferentes áreas: patología,, psiquiatría, laboratorio y clínica y dentro de la clínica, valoración del daño; aquí entraría la rama de lo Social). Seria importante adscribir forenses a Medicina Laboral, igual que se ha hecho en psiquiatría o patología. Los forenses somos un cuerpo muy preparado y especializado, pero dentro de la especialidad, se hace necesaria esta especialidad de medicina forense del trabajo como entidad propia, no podemos cerrar los ojos a la realidad que tenemos. Yo estimo que no se puede meter lo Social dentro de una valoración general del daño, sino que creo que debería existir no solo una especialización, sino protocolos de trabajo que ayudasen a elaborar un trabajo. Hay poca bibliografía dentro de la Medicina Forense del Trabajo y no demasiados estudios de investigación al respecto; en cambio, sí hay muchos de tráfico y de otras cuestiones. C.O.G.S.S.- ¿Cómo podría mejorar esta situación? ¿Se está trabajando para combatir esta situación? M.A.S.- Desde la Consejería de Justicia e Interior se está trabajando para la mejora general de los juzgados y sus dotaciones, se han hecho grandes avances en los Institutos de Medicina Legal, pero creo que habría que impulsar la Medicina Forense Laboral. C.O.G.S.S.- ¿Considera que hay diferencias entre las mujeres y los hombres en cuanto a peritaciones?

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M.A.S.- Existe una casuística que diferencia a hombres y mujeres atendiendo a varios criterios, lo que hace necesario realizar un estudio de investigación al respecto con perspectiva de género. No es lo mismo la invalidez sufrida por una mujer que por un hombre. Comentar que normalmente la invalidez o posible incapacidad del hombre se encuentra con apoyo familiar y no así la de la mujer, cuya invalidez supone una carga mayor para la familia, puesto que generalmente es ella la cuidadora. Muchas veces los casos de invalidez son referentes a situaciones de malos tratos o personas que son maltratadas en relación a su propia discapacidad. Considero que la incapacidad laboral tiene perspectiva de género. Son muy diferentes las causas y las consecuencias en las mujeres que en los hombres, al igual que también se dan diferencias en número y patología que presenta. En mi experiencia el hombre presenta una patología muy concreta y diagnosticada y las mujeres suelen poseer patologías generales, no concretadas y más difíciles de valorar. Los hombres vienen a la evaluación forense un diagnóstico más documentado y objetivable, en cambio las mujeres traen documentos más generales, más difusos, pero no por ello menos incapacitantes (artrosis, fibromialgias…).

“La incapacidad laboral tiene perspectiva de género” Los trabajos por los que hasta ahora tradicionalmente se han solicitado periciales , en los hombres son trabajos fáciles de contrastar, como son conductor, albañil, encofrador, agricultor, etcétera. Sin embargo, la mayoría de mujeres que piden la invalidez suelen ser limpiadoras y trabajadoras de tareas generales, como camareras, siendo mucho más difíciles de concretar cómo afecta su patología a las tareas fundamentales de su trabajo. C.O.G.S.S.- Como conclusión, ¿qué mensaje quiere trasladar a los Graduados Sociales? M.A.S.- La necesaria actuación especializada y adscripción de los médicos forenses a los Juzgados de lo Social tanto por la demanda de los casos como por la complejidad de los mismos. Solventar la falta o inadecuación de documentos médicos y de historial laboral. Tener en cuenta siempre las diferencias de género. A pesar de la mejora en recursos a todos los juzgados, incluidos los de lo Social, hay que seguir trabajando.

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Artículo

D. José María Algora Jiménez Presidente de CEPES-A

La Economía Social andaluza: sector estratégico y garantía de empleo estable y de calidad

La actual coyuntura de incertidumbre económica se ha trasladado a la economía real, a la vez ha puesto de manifiesto muchas de las debilidades del actual sistema económico, político y social. Las consecuencias se están sufriendo por parte de toda la sociedad y especialmente por aquellos que han resultado los más perjudicados: los que han perdido su empleo o aquellos que queriendo no han podido incorporarse al mercado de trabajo. Por tanto, el empleo y que éste sea de calidad se constituye en uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad en una época de crisis como la actual en la que machaconamente los registros de los servicios públicos de empleo nos recuerdan como las cifras de desempleados constituyen una auténtica lacra para la sociedad y un drama para muchas personas y sus familias. La creación de puestos de trabajo y que éstos sean de calidad y carácter estable tiene que ser el principal y fundamental reto que tiene que afrontar la sociedad en general y la andaluza en particular. Hoy, más que nunca, es imprescindible aunar esfuerzos y compromisos entre las distintas administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para que se produzca un desarrollo económico sostenible, social y medioambiental, que nos dote de una estructura económica productiva alejada de la especulación, moderna y eficaz, capaz de generar actividad empresarial socialmente responsable y, consecuentemente, creadora de empleo estable y de calidad.

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Llegar a ello requiere dar los pasos necesarios para promover un cambio estructural en la economía. Un cambio profundo, educacional, intersectorial, innovador y sostenible en el tiempo. Un modelo, lo más ampliamente posible consensuado, basado en una economía del conocimiento y la innovación, favorecedor del empleo estable, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y que medioambientalmente conjure las amenazas planteadas por el cambio climático al ser consecuente con una permanente tarea de sostenibilidad y ahorro energético. Ese es el modelo económico que venimos propugnando desde CEPES-A, como máximo representante de la Economía Social andaluza. No desde ahora, cuando se viene hablando desde prácticamente todos los sectores políticos y económicos de la necesidad de un cambio en el modelo económico, sino desde siempre. De hecho, la Economía Social se ha convertido en un referente y en un sector estratégico para la sociedad, entendiendo por tal, el que es considerado de una importancia excepcional por razones valiosas, bien en el sentido de ser esenciales para el conjunto de la economía, bien en el sentido de tener importancia crucial para la sociedad. Sí, además, este sector se encuentra estructurado y organizado sobre una base asociativa amplia y real, su eficacia y notabilidad económica y social se hace más palpable y relevante para la sociedad en la que se asienta. No se debería tener duda alguna, a la hora de calificar como estratégico a un sector que, como la Economía

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Artículo Social, es capaz de crear miles de puestos de trabajo en tiempos de bonanza y también de incertidumbre económica; que origina con su actividad cohesión territorial y social; que es fundamental en el desarrollo de los derechos y prestaciones sociales; que por su implicación en la sostenibilidad y por defender un determinado sistema productivo sirve de referencia a la hora de plantear una economía productiva y sostenible; que la

Nuestras empresas se caracterizan por la creación de riqueza productiva a través de aunar democráticamente el esfuerzo de sus socios trabajadores, vinculándose al territorio y a las necesidades de éste innovación la lleva de forma intrínseca hasta en el sistema con el que organiza sus empresas; que es capaz de reactivar económica y socialmente zonas y empresas en declive; que fomenta la igualdad y la inclusión social; que está implicado en el desarrollo local hasta el grado de no entenderse como tal sin su participación; que identifica nuevas oportunidades de negocio y las convierte en realidades empresariales o, que a nivel de todo el Estado, la Economía Social andaluza lidera su sector productivo, tanto por número de empresas como por empleo generado. Nuestras empresas se caracterizan por la creación de riqueza productiva a través de aunar democráticamente el esfuerzo de sus socios trabajadores, vinculándose al territorio y a las necesidades de éste. Pare ello, se ha tenido y se tiene en cuenta la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos; los fenómenos de mundialización, sin olvidar que desde lo local debemos de actuar; el emprendimiento empresarial socialmente responsable frente a la crisis del trabajo; y la cada vez mayor demanda de protección de derechos como fuente de empleo y generación de riqueza. Estos últimos, de hecho, los vemos como básicos en el afloramiento de otras nuevas necesidades en materia de bienestar social y, por tanto, de creación de empresas y empleo que lo satisfagan. La Economía Social andaluza es un sector cuya existencia se justifica por su capacidad para crear riqueza

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endógena y por su capacidad para asociarse estratégicamente con el sector público y las autoridades locales en el desarrollo de las políticas sociales y económicas endógenas. Hablamos de un sector básico para el desarrollo económico equilibrado y para la cohesión social. De un sector estratégico sin el cual habría sido difícil el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Un sector que, por otra parte, ha hecho un enorme esfuerzo por amortiguar las consecuencias negativas de la crisis con su capacidad de sacrificio y lucha. Un sector que es un ejemplo para el resto por sus valores de cooperación, de estrategias comunes, de igualdad e integración, de gestión democrática. A la postre, un sector dinámico y en crecimiento, cuyas empresas están íntimamente en relación al territorio; ciudad, pueblo ó barrio, generando riqueza, oportunidades de trabajo y contribuyendo de manera decidida a la inclusión social. Andalucía, es actualmente la primera comunidad autónoma en número de empresas de Economía Social con más de 7.000, y mantiene el liderazgo nacional en cuanto a empleo con más de 60.000 trabajadores, a los que se suman más de 200.000 socios de cooperativas agrícolas, de crédito, de servicios y de consumo. En cuanto a su implantación, el 85% de los municipios andaluces cuentan con empresas de Economía Social y en cerca de doscientos de ellos, son las únicas empresas con trabajadores existentes. Está presente en todos los sectores productivos, destacando entre ellas las empresas dedicadas a los servicios de proximidad, las agroalimentarias y las de servicios avanzados. Pero no solo es la capacidad numérica de crear empleo, a pesar de las actuales circunstancias de incertidumbre económica, sino la calidad del empleo generado. Más del 75% de los contratos son de carácter indefinido. Cerca de un 40% de los trabajadores llevan más de 3 años en la misma empresa y algo más del 25% más de 5 años, indicadores que nos dan garantías de empleo estable. También la igualdad se traslada al empleo al rozar casi la paridad, pues más del 49% son trabajadoras. En definitiva la Economía Social es una actividad empresarial de honda tradición y de gran importancia cuantitativa y cualitativa en Andalucía que tiene demostrado ser un espacio eficaz a la hora de crear empleo, fortalecer la cohesión social y dinamizar económicamente el territorio de la Comunidad tanto en épocas de bonanza como en otras de incertidumbre. De hecho, continúa ejerciendo una posición de liderazgo dentro del sector, a nivel del estado. Por tanto, la Economía Social debe ser reconocida como sector estratégico en la Comunidad no solo por su capacidad empresarial y de creación de empleo, sino también por su aportación en la vertebración del territorio, la fijación de la población al mismo y la generación de calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades.

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Jurisprudencia

El Supremo estima el recurso de un ex alto cargo que pidió ser indemnizado tras extinguir su contrato una mercantil La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de un ex alto cargo que pidió una indemnización tras comunicarle la mercantil para la que trabajaba su deseo de extinguir la relación contractual que poseían, tal y como señala la STS 3088/2014 de 22 de abril de 2014. La cuestión que dilucida este fallo es si un alto cargo cuyo contrato se extingue por desistimiento del empresario tiene o no derecho a la indemnización de siete días de salario por año de servicio hasta un máximo de seis mensualidades, a que se refiere el artículo 11.2 del RD 1382/1985, regulador de la relación laboral especial de alta dirección, habida cuenta de que en su contrato figura una cláusula séptima que dice: “El presente contrato podrá extinguirse por decisión unilateral del directivo contratado con preaviso mínimo de tres meses. Igualmente, podrá extinguirse por decisión unilateral de la sociedad con el mismo tiempo de preaviso, sin derecho a indemnización”. En febrero de 2011 el demandante recibió una comunicación de la sociedad en la que se recordaba que su contrato tenía una duración de tres años y que se extinguía en mayo de ese mismo año. La sentencia recurrida es la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estimó que la decisión extintiva era procedente “sin derecho a indemnización alguna”. Tras esta resolución, el denunciante interpuso recurso de casación invocando en su formalización una sentencia de contraste del Tribunal

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Superior de Justicia de Madrid, en concreto, el recurso nº 3028/95 de fecha 22 de noviembre de 2005, en la que se discute el mismo hecho y en la que se estima parcialmente la demanda condenando a la empresa a pagar una indemnización.

“La indemnización es un efecto típico de casi todas las extinciones contractuales en materia laboral” Asimismo, en los fundamentos de derecho el TS indica que la cuestión se reduce a interpretar si el artículo 11 del RD mencionado permite o no que las partes pacten la extinción 'ad natum' por voluntad unilateral del empresario sin derecho del trabajador a indemnización alguna. A juicio de la Sala, la respuesta es que no lo permite. Argumenta que el precepto en cuestión establece que el legislador confiere directamente al alto directivo un derecho no condicionado a recibir una indemnización cuando su contrato se extinga por voluntad unilateral del empresario sin necesidad de justa causa alguna. Además, establece que el legislador no impone la cuantía de dichas indemnizaciones, sino que se remite a la que pacten las partes, al tiempo que establece una norma subsidiaria para el caso de que las partes no hayan pactado dicha cuantía. Continúa argumentando que la indemnización es un efecto típico de casi todas las extinciones contractuales

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Jurisprudencia en materia laboral, incluidas las objetivas por justa causa e incluso la extinción debida a la mera llegada del término en los contratos temporales. Añade que es lógico que, en un contrato basado en la mutua confianza, como es el de los altos cargos, se permita el libre desistimiento por ambas partes, pero no lo es que este, sin causa, no vaya acompañado de alguna indemnización. Concluye asegurando: “no hay mayor incumplimiento que poner fin a un contrato sin causa y sin indemnización alguna”. Así, el Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y revoca la sentencia recurrida condenando a la demandada a abonar, por el desistimiento de la relación laboral de alta dirección, la indemnización de siete días de salario por año de antigüedad. Sin embargo, se da un voto particular al que se adhieren otros dos magistrados, los cuales alegan que en el contrato se acordó de forma expresa que “podrá extinguirse por decisión unilateral de la sociedad sin derecho a indemnización”.

El TS ratifica la nulidad del despido de una cajera que fue grabada por una cámara de video-vigilancia sin saberlo DEl Tribunal Supremo, a través del recurso 1685/2013 de la Sala de lo Social, ha ratificado la nulidad del despido de una trabajadora de un supermercado, en concreto una cajera, que fue grabada por una cámara de video-vigilancia sin saberlo mientras evitaba el escaneo de varios productos cuando pasaba su pareja con ellos por la caja registradora. Fue el TSJ del País Vasco el que previamente había desestimado el recurso de suplicación de la empresa. El Supremo clarifica que la cuestión que se plantea en este recurso de casación unificadora consiste en determinar si existe una vulneración empresarial de los derechos fundamentales del art. 18.4 CE (derecho a la protección de datos de carácter personal) provocada por la utilización de cámaras de video-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el alegado incumplimiento de sus obligaciones laborales; vulneración que resultaría de la utilización no consentida ni previamente informada de las grabaciones de imagen para un fin, desconocido por la trabajadora afectada y distinto del expresamente señalado por la empresa al instalar el sistema con carácter permanente, de control de su actividad laboral. De este modo, en el recurso de casación la empresa invocó como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias (3 de noviembre de 2011,

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rollo 498/2011) y alegó vulneración del art. 20.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo establecido en el art. 18.3 de la Constitución Española. Por su parte, la Sala del TS destaca que no se informa por la empresa en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, ni explicita que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. Así, se usaron con la finalidad de controlar a la demandante y posteriormente sancionar a la misma con el despido. Además, alega que la ilegalidad de la conducta empresarial no desaparece por el hecho de que la existencia de las cámaras fuera apreciable a simple vista, pues no resulta evidente para el Supremo que los trabajadores pensaran que las mismas podían utilizarse para el control de la actividad laboral e imposición de sanciones disciplinarias, habiéndose comunicado que la finalidad exclusiva era la de evitar robos por parte de clientes.

“No se informa por la empresa en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos” Por todo ello, el TS sentencia que el despido debe declararse nulo, debiendo la demandada proceder a la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al cese y, en cualquier circunstancia, de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido a la notificación de esta sentencia. No obstante, en el fallo se da un voto particular en el que se hace constar que la sentencia de la mayoría ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva de la empresa en sus manifestaciones de derecho a la prueba documental, toda vez que no contempla el contenido de la grabación al considerar que no tienen valor de prueba documental y no es apta para la revisión fáctica interesada en el recurso de suplicación, dejando para otro momento el examen de la cuestión relativa a la ilicitud de prueba. Este voto particular, por contra, cree que deberían haberse anulado las actuaciones para proceder a la práctica de dicha prueba documental.

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Jurisprudencia Asimismo, expone que la trabajadora demandante, ni en la demanda, ni en el juicio, ni al impugnar el recurso de suplicación alegó la violación del artículo 18.4 de la Constitución, ni su derecho a la protección de datos de carácter personal, sino la violación del derecho a la intimidad. Sin embargo, la sentencia recurrida fundó su decisión, la ilicitud de la grabación, en la violación de ese derecho a la protección de datos. Al actuar así, cambió los términos del debate y dejó indefensa la parte demandada, rompiendo el principio de igualdad de partes. Igualmente, alega que la sentencia es contraria a lo resuelto en la materia por nuestro TC y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se remite a la sentencia de 27 de mayo de 2014 (caso de La Flor Cabrera) de este último tribunal. Señala, al hilo, que los trabajadores conocían que eran grabados al cobrar los artículos en la caja, que era una medida “idónea, necesaria y proporcionada con el fin de evitar sustracciones, sin que los datos grabados se conservaran”, y es que, “la grabación solo se ha utilizado para probar la cooperación necesaria de la cajera de un supermercado en la sustracción de productos del supermercado por otra persona con quien colaboraba incumpliendo su deber de cobrar los artículos”. Concluye asegurando que “el derecho a la intimidad y a la protección de datos no pueden proteger a los autores de estos hechos ilícitos cuando su acción ha sido advertida por un control causal, hecho por cámaras a la vista cuya existencia es conocida por el autor, aunque no se le haya advertido de que se podrán utilizar en su contra”.

El TS confirma la nulidad de un despido colectivo efectuado por una agencia pública tras preverse la extinción de su personalidad jurídica La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de un despido colectivo, de un total de 16 trabajadores, efectuado por una agencia pública, después de que esta previera la extinción de su personalidad jurídica, la cual aún no se había producido, tal y como refleja el recurso de casación 219/2013 de 26 de junio de 2014. De esta forma lo había estimado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, teniendo en cuenta las razones aducidas como justificadoras de la decisión extintiva, que se fundamentan en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013. Así, el TSJ de Madrid apuntó en su fallo que la agencia pública, basa la causa del despido colectivo en la extinción de la personalidad jurídica sin que dé dato objetivo alguno que justifique la

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extinción, exponiendo en su memoria datos relativos a la economía española en general. Del mismo modo, advierte que en las cartas de despido se dice expresamente: “huelga decir que la agencia renunciaría a la efectividad del despido en el hipotético supuesto de que le Ley de Medidas Fiscales no declare la extinción”. Finalmente, la disolución de la agencia se produjo, a pesar de que como corrobora el TSJ “la carta de despido llegó antes de que finalizara el trámite parlamentario de la ley en que se basa el despido”. Asimismo, el Supremo recuerda que deben seguirse los trámites sustantivos y procesales recogidos en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre (por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada). Por su parte, la agencia alega que la decisión de extinción en ningún caso puede calificarse de arbitraria, ya que la situación económica que atraviesa la Comunidad de Madrid y sus actuales circunstancias de financiación constituyen un lógico antecedente de dicha decisión extintiva. Además, apunta que la decisión extintiva fue impuesta por la Comunidad. Según el TS, se incumple lo establecido en el artículo 51, apartados 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto no se especifican las concretas causas que justifican el despido colectivo, no pudiendo ser sustituidas por la mera invocación a la mala situación de la economía en general, a la necesidad de reducción del gasto en el sector público y al ahorro que supone la extinción de la agencia en cuestión. No se aporta algún documento de tipo contable que pueda poner de manifiesto el concreto estado económico-financiero que presentaba la agencia en la fecha de inicio del expediente de despido colectivo. Ante esto, la Sala afirma que tiene la facultad de iniciar un expediente de despido, pero ello no le exime de cumplir con los requisitos legales sustantivos y procesales que le exige la normativa. Por todo lo comentado, determina la concurrencia del fraude de ley. No obstante, uno de los magistrados presenta su voto particular señalando que considera que no se ha debido estimar la existencia de una actuación en fraude de ley por parte de la Comunidad Autónoma ni de la agencia pública, si bien “la decisión empresarial no se ha debido anular, sino declarar no ajustada a derecho por no haberse acreditado la concurrencia de la causa alegada para el mismo”. Indica que “lo que pretendió la agencia fue ahorrar costes facilitando la ejecución del mandato legal en cuanto entrase en vigor la ley a cuya vigencia condicionaba la efectividad de los despidos”.

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CALENDARIO MENSUAL DE FECHAS PARA LA GESTIÓN Y ABONO DE SEGUROS SOCIALES

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: DOMICILIACIÓN EN CUENTA Envío de domiciliación o pago electrónico de seguros sociales y TC2: -Régimen general y Sistema especial de frutas, hortalizas y conservas vegetales -Regímenes especiales de los trabajadores del mar (cuenta ajena) y minería del carbón -Régimen especial agrario (jornadas reales)

MODELOS

VENCIMIENTO

TC2

Hasta el día 20 (incluido) para domiciliar en cuenta y hasta el 23 (incluido) para solicitud de emisión pago electrónico

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO Emisión del recibo de liquidación de cotizaciones por la TGSS cuando la documentación ha sido enviada entre los días 1 y 23 ………………………………………………………………

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO (Segunda remesa). Envío de TC2 solicitando esta modalidad de pago: -Régimen general y Sistema especial de frutas, hortalizas y conservas vegetales -Regímenes especiales de los trabajadores del mar (cuenta ajena) y minería del carbón -Régimen especial agrario (jornadas reales)

Día 24

Pago electrónico y TC2

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SITEMA RED: PAGO ELECTRÓNICO (Segunda remesa). Emisión del recibo de liquidación de cotizaciones por la TGSS cuando la documentación ha sido enviada entre los días 24 y 27

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA RED (Remesa del 28 al 31). Envío de TC2 solicitando esta modalidad de pago: -Régimen general y Sistema especial de frutas, hortalizas y conservas vegetales -Regímenes especiales de los trabajadores del mar (cuenta ajena) y minería del carbón -Régimen especial agrario (jornadas reales)

Último día para realizar el ingreso en la modalidad de pago electrónico y fecha de cargo en la modalidad de pago con domiciliación en cuenta

Hasta el día 27 (incluido)

Día 28

Pago electrónico y TC2

Último día del mes

Pago electrónico cargo en cuenta

Último día del mes

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE COTIZACIÓNA LA SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO DE CUOTAS -Ingreso dentro del mes siguiente a su devengo y del mismo mes en el RETA, en entidades financieras autorizadas o por domiciliación bancaria

Todo el mes

TC1

Todo el mes

Régimen general de artistas y profesionales taurinos

TC1/11

Todo el mes

Régimen general de representantes de comercio

TC 1/3

Todo el mes

Régimen general sistema especial de manipulado y empaquetado de tomate fresco

TC1/25

Todo el mes

Régimen especial de empleados de hogar

TC1/50

Todo el mes

Régimen especial minería del carbón

TC1/4

Todo el mes

Régimen especial agrario (jornadas reales)

TC1/8

Todo el mes

Régimen general

Régimen especial de los trabajadores del mar

Todo el mes

-Grupos I, II y III trabajadores por cuenta ajena

TC1/16

Todo el mes

-Grupo III trabajadores por cuenta propia

TC1/50

Todo el mes

Régimen especial de trabajadores autónomos

TC1/50

Todo el mes

Régimen especial de artistas y profesionales taurinos

TC1/19

Todo el mes

Convenios especiales

TC1/50

Todo el mes

Seguro escolar

TC-3/20

Todo el mes

Asistencia sanitaria concertada

TC-3/4

Todo el mes

Recibo de ingresos diversos

TC-3/20

Todo el mes

Relación nominal de trabajadores

Todo el mes TC2

Todo el mes

Régimen General de artistas y profesionales taurinos

TC2/19

Todo el mes

Régimen General de representantes de comercio

TC2/10

Todo el mes

Régimen especial minería del carbón

TC1/4

Todo el mes

Régimen especial agrario (jornadas reales)

TC2/8

Todo el mes

Régimen especial de los trabajadores del mar

TC2/5

Todo el mes

Régimen General

Otros modelos relacionados con la recaudación

Todo el mes

Justificante de actuaciones (artistas y profesionales taurinos)

TC4/5

Declaración anual de actividades (profesionales taurinos)

TC4/6

Todo el mes

Ficheros CRA

Todo el mes

Desglose de CONCEPTOS RETRIBUTOVOS ABONADOS

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Todo el mes

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Ocio Cine FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA (SEFF) La próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), que se celebrará entre el 7 y el 15 de noviembre, retomará los Cines Nervión Plaza como sede principal de su actividad, si bien habrá una ampliación en el número de salas, disponiéndose de 2.622 butacas, 300 espectadores más por sesión. Estos cines exhibirán más de 120 programas fílmicos (entre largos y programas de cortometrajes). En esta edición, destaca el cineasta británico Mike Leigh con su aclamado film ‘Mr. Turner’, la originalísima ‘Saint Laurent’, firmada por Bertrand Bonello, o el estreno en España de Misunderstood (Incompresa), el último trabajo de la también actriz Asia Argento. También se estrena en nuestro país y en este festival la última película del maestro sueco Roy Andersson, ‘A pigeon sat on a branch reflecting on existence’. ‘Cavalho Dinheiro’, del director portugués Pedro Costa, es otra de las apuestas del SEFF.

Musicales ‘EL MAGO DE OZ: EL MUSICAL’ EN EL TEATRO MARAVILLAS DE MADRID La quinta temporada de este musical, apto para todos los públicos y dirigido por Javier de Pascual, vuelve al Teatro Maravillas desde el 8 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2014. Esta nueva edición incluye novedades, aunque la historia sigue siendo la de siempre: Dorothy, una niña que vive en una pradera de Kansas, es transportada por un tornado hasta el mundo de Oz. Lo que ella más desea es volver a casa y para conseguirlo tiene que llegar a Ciudad Esmeralda para ver al Mago de Oz, un misterioso hombre con los poderes necesarios para enviarla de vuelta. Por el camino encuentra a unos aliados muy especiales: un Espantapájaros sin cerebro, un hombre de Hojalata sin corazón y un León cobarde. Sin embargo, la Bruja del Oeste hará lo posible por arrebatarle los zapatos de rubíes que el Hada Glinda le regaló para poder llegar a salvo. La duración del espectáculo es de 80 minutos (sin descanso) e incluye ‘photocall’ con los actores.

MUSICAL ‘LOS MISERABLES’ El Musical ‘Los Miserables’ se representará en el Auditorio Fibes entre los próximos días 5 al 14 de diciembre. En su presentación en Sevilla el pasado mes de noviembre consiguió, en tan sólo dos semanas, una cifra récord de más de 30.000 espectadores.Ganador de más de 100 premios internacionales, se trata de uno de los títulos que más tiempo lleva en cartel, si bien ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, traducido en 22 idiomas y representado en más de 42 países. Se trata de una de las producciones de mayor interés y reconocimiento, que ha marcado un hito en la historia del género musical en nuestro país y que lleva 28 años en cartel haciendo historia. Las entradas, que ya están a la venta, pueden adquirirse a través de la web ‘www.entradas.com’ o del teléfono 902 888 788.

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LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’. Aquellos que deseen aportar su artículo, referido a alguna materia laboral o de ocio (para incluirlo en esta misma sección), pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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DEFIENDE TUS DERECHOS de la mano de un GRADUADO SOCIAL Tu experto laborista Empresas: • Altas y bajas de empresas • Contratación de trabajadores • Conflictos laborales • Fiscalidad • Convenios colectivos • Asistencia y representación ante la jurisdicción social y mercantil • Recursos humanos • Prevención de Riesgos Laborales • Inspección de trabajo • Mediación de conflictos • Relaciones laborales transnacionales • Auditoría sociolaboral • Peritaje en materia sociolaboral

Prestaciones de Seguridad Social: • Jubilación • Invalidez / discapacidad • Viudedad • Orfandad • Otras prestaciones de Seguridad Social Trabajadores: • Despidos • Reclamaciones salariales • Desempleo • Derechos y deberes en la relación laboral • Mediación de conflictos • Asistencia y representación ante la Jurisdicción social y mercantil

Extranjería: • Relaciones laborales de extranjeros en España

OFICINA GRATUITA DE ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA CITA PREVIA www.cgssevilla.com Teléfono 954 64 04 70 Lunes, miércoles y viernes de 10,00 horas a 13,00 horas

ATENCIÓN AL PÚBLICO

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA Avda. de la Buhaira, s/n – Edificio Noga · 41.071 SEVILLA Martes 9,30 horas a 13,30 horas. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA C/ Asencio y Toledo, 7 · 41.014 SEVILLA Jueves 9,30 horas a 13,30 horas.

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