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El 25 y 26 de agosto se realizaron en Córdoba las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos Decir lo Indecible Pensar, intervenir, conocer y trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos son nuestra utopía más sentida que consiste en hacer que los/as ciudadanos de una sociedad dispongamos de una igualdad tal que nos haga sentirnos partes/parte del mismo mundo. Su incumplimiento produce padecimientos y dolores de todo tipo. Una perspectiva opuesta es la que configura una subjetividad competitiva y mercantilizada que niega un destino común y donde cada individuo es responsable de su éxito o de su fracaso. En estas Jornadas ofrecimos la “dignidad del encuentro con otros/as” como una fraternal manera de desandar esta perspectiva individualista, recuperando sentidos y acciones socialmente construidas. Algunas de ellas fueron transmitidas en las ponencias, las mesas y en los encuentros espontáneos que se fueron generando: callar para escuchar y para que otros/ as puedan hablar, colaborar en organizar e informar la palabra colectiva, acompañar las luchas contra la impunidad con la profunda convicción de que de esa manera se restaura un orden brutalmente alterado, escuchar amorosamente a los que sufrieron la violación de sus derechos y ayudar a hacer presente las dolorosas ausencias.

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Autoridades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba:

Comisión Organizadora:

Marina Chena. MP: 5021

Clauda Cedrón. MP: 5913 Claudia Iriarte. MP: 7573

Maria Molas Y Molas. MP: 4069 Natalia Fernandez Medina. MP: 10263

Juliana Pozzerle. MP: 6908

Yanina Ivon Petiti. MP: 9059

Ariel Aybar. MP: 3538

Hector Valenzuela. MP: 6067

Mariana Escudero. MP: 9585

PRESIDENTE: Treber, Gabriela Liliana. MP: 1572

Roxana Kryszczuk. MP: 7756

SEC. GRAL.: Galán, Nora Beatriz. MP: 1098

Jesús Dib Ashur. MP: 7864

TESORERÍA: Burijovich, Jacinta. MP: 1047

Elizabeth Nahum. MP: 183

SEC. GREMIAL: Dib Ashur, Jesús Elías. MP: 7864

Nora Galán. MP: 1098

SEC. CIENTÍFICA: Castillo, Inés Adriana. MP: 1197

Gabriela Treber. MP: 1572

MP: 1553

Alicia Greco. MP: 1048

SEC. DE PRENSA: Nahum, Elizabeth Noemí. MP: 183

Jeremias Miretti. MP: 7901

SEC. DEL INTERIOR: Arriaga, Pablo Sebastián.

Marina Chena. MP: 5021

MP: 4818

Victoria Volando.

SEC. DE ACCIÓN SOCIAL: Cottone, Martín Miguel.

Candelaria Espinosa.

MP: 4806

Soledad Buhlman. MP: 8913 Lucia Galindez. MP: 9970 Laura Ariadna Atala. MP: 7867

Autoridades de FePRA:

Sol Victoria Del Carpio. MP: 8444

Autoridades (2017-2019)

Nayla Yomaha. Solana Maria Yoma. MP: 9697 Silvana Melisa Herranz. MP: 9364 Natalia Monasterolo.

Junta Ejecutiva: PRESIDENTA: Lic. Ana María Delgado (Chaco)

Jacinta Burijovich. MP: 1047

SECRETARIO GENERAL: José Alberto Muñoz

Adriana Castillo. MP: 1197

(Mendoza)

Gunther Schwerkolt.

TESORERO: Lautaro García (La Pampa)

Veronica Semes.

VOCAL TITULAR 1º: Jorge Cáceres (Córdoba) VOCAL SUPLENTE 1º: Pablo Laciar (San Luis)

REFERATO Eje Memoria Verdad y Justicia

VOCAL SUPLENTE 2º: Roxana Del Castillo

Carina Tumini. MP: 5177

(Sgo. del Estero)

Alicia Greco. MP: 1048

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN: Karina Odelli

Silvia Liliana Plaza. MP: 1156

(Entre Ríos),

Eje Violencia Estatal

Marcela Poggio (Jujuy), Diego Gaitán (Santa Cruz)

Jeremias Miretti. MP: 7901

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Claudia Iriarte. MP: 7573 Juliana Pozzerle. MP: 6908 Mariana Escudero. MP: 9585 Roxana Kryszczuk. MP: 7756 Jesús Dib Ashur. MP: 7864 Elizabeth Nahum. MP: 183 Nora Galán. MP: 1098 Eje Salud Mental Lucia Galindez. MP: 9970 Laura Ariadna Atala. MP: 7867 Sol Victoria Del Carpio. MP: 8444 Nayla Yomaha. Solana Maria Yoma. MP: 9697 Silvana Melisa Herranz. MP: 9364 Natalia Monasterolo. Ana Veronica Heredia.

Ana Veronica Heredia.

VOCAL TITULAR 2º: Carola Cordón (Chubut)

Clauda Cedrón. MP: 5913

Ariel Aybar. MP: 3538

Carina Tumini. MP: 5177

SEC. DE OBRA SOCIAL: Mamani, Isabel Cristina.

Eje Género

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Adriana Castillo. MP: 1197 Comisión Abierta De Derechos Humanos Asociación Libre La Bisagra Daniela Bustos. Agustín Delmerchori. Belén Dos Santos. Tatiana Alvarez. Lautaro Palacios. Florencia Lescano. Agustín Rodríguez. Ignacio Puigdomenech. Ana Clara Cañabate. Belén Medina. Sofía Marciale Ochea.

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Buenos días a todas y todos

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n nombre del Colegio de Psicólogos de Córdoba les damos la bienvenida a las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos de FePRA organizadas en esta oportunidad por nuestro Colegio. Estas Jornadas se llevan a cabo aquí en el marco del Primer Aniversario de la Sentencia por los crímenes de lesa Humanidad llevados a cabo por la dictadura, por lo cual están cargados de valor simbólico. Decir lo Indecible hoy es intentar poner palabras, pensamientos a lo impensable, a lo innombrable, a lo horroroso, a lo ominoso. Decir lo indecible es intentar pensar lo impensable, es intentar decir sobre los 30.000, sobre madres y padres sin sus hijos, sobre hijos e hijas sin sus padres, sobre las abuelas y abuelos sin sus nietos, sobre esos nietos y nietas arrancados, sin sus madres, sin sus padres, sin sus abuelos, sin sus hermanos y hermanas sin sus hermanos. Decir lo indecible es hacer lo posible sobre el hueco, el vacío imposible lleno de presencia de los hoy ausentes. Decir lo indecible es tratar de pensar sobre lo desdibujado, lo borrado, sobre lo clínicamente negado, sobre lo invisibilizado, y acompañarnos. Decir lo indecible es decir sobre los derechos arrasados, sobre la salud como derecho, sobre el trabajo como derecho, sobre tantos y tantos derechos vulnerados. Decir lo indecible hoy es afianzar sobre la igualdad de derechos ante la ley para todas y todos quienes habitan en suelo Argentino, tal como dice nuestra Constitución. Finalmente hoy como siempre y más que nunca es decir Memoria, Verdad y Justicia, es decir, Nunca, nunca más, 30.000 desaparecidos presentes, Santiago Maldonado presente. Gracias.

Lic. Gabriela Treber Presidente Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba Ovidio Lagos 163 – B° General Paz (X5000) Córdoba - Rep. Argentina ( 351 4222703 – 4243886 -4259367 *cppc@cppc.org.ar – www.cppc.org.ar

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La dignidad del encuentro: recuperar los sentidos

Presentación

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l 25 y 26 de agosto se realizaron en Córdoba las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos Decir lo Indecible Pensar, intervenir, conocer y trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos. Participaron más de 400 personas entre psicólogos/as, usuarios/as de los servicios de salud mental, trabajadores/as de los equipos interdisciplinarios, estudiantes, docentes universitarios/as y militantes de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales. Las Jornadas se organizaron en cuatro ejes: Salud Mental, Géneros, Violencia Estatal, y Memoria, Verdad y Justicia. En cada uno de los ejes se contaba con una mesa central y talleres con presentación de ponencias. En total recibimos alrededor de 50 ponencias de las cuales hemos seleccionado 34 para esta publicación (10 para el eje Géneros, 6 para Memoria, Verdad y Justicia, 6 para Violencia Estatal y 12 para Salud Mental). De las mesas centrales participaron colegas y compañeros/as, de una intachable trayectoria, que compartieron sus reflexiones las cuales son producto de un itinerario donde el “pensar y el actuar” siempre han sido un solo verbo. En la mesa de Salud Mental Iris Valles, Macarena Sabín Paz, Víctor Rodriguez coordinada por Diana Scorza. En la mesa de Géneros Débora Tajer y Maite Rodigou, coordinada por Claudia Cedrón. En la mesa de Violencia Estatal Enrique Font, Marina Chena y Rosa Díaz Gimenez y en la de Memoria, Verdad y Justicia, Ana Iliovich, Silvia Plaza, Alicia Stolkiner, Diana Kordon y la coordinación de Carina Tumini. En la mesa central de Memoria, Verdad y Justicia se otorgó un reconocimiento a los miembros que participaron de este panel y al prestigioso equipo de acompañamiento a testigos del juicio de la Megacausa La Perla, conformado por los siguientes psicólogos: coordinación, Silvia Plaza; miembros del equipo, Nora Galán, Alicia Greco, Yanina Pettiti, Jeremías Miretti, Homero Bilbao, Virginia Vazquez, Alejandra Constable y Mariano Ricci. Los derechos humanos son nuestra utopía más sentida que consiste en hacer que los/as ciudadanos de una sociedad dispongamos de una igualdad tal que nos haga sentirnos partes/parte del mismo mundo. Su incumplimiento produce padecimientos y dolores de todo tipo. Una perspectiva opuesta es la que configura una subjetividad competitiva y mercantilizada que niega un destino común y donde cada individuo es responsable de su éxito o de su fracaso. En estas Jornadas ofrecimos la “dignidad del encuentro con otros/ as” como una fraternal manera de desandar esta perspectiva individualista, recuperando sentidos y acciones socialmente construidas. Es por esto por lo que el accionar en derechos humanos es y ha sido siempre una interpelación a nuestro colectivo. A partir de esta

Aguafiestas, alegría vacía, palabra densa. Acciones colectivas, reivindicaciones. Presencia de las ausencias. Callar para poder escuchar. Tomar la posta, continuidad de las luchas. “Lo decible y lo indecible” cambia en los distintos momentos históricos, ¿cómo nombrarlos? Autogestionarnos. Producción de información, monitoreo. Hacer audible. Restauración de derechos. Pedido por Santiago Maldonado. Comunidad Silencios y miedos. Libertad a Milagro, ¿dónde está Facundo…? Género en clave de DD.HH. Salud mental. Violencia estatal. Niñez y jóvenes Legislación que no empeore, que la actual se cumpla.

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reflexión es que en estas Jornadas nos preguntamos: en el campo de los derechos humanos, ¿qué podemos hacer, qué hemos hecho y qué estamos haciendo los/as psicólogos/as? Algunas de estas acciones fueron transmitidas en las ponencias, las mesas y en los encuentros espontáneos que se fueron generando: callar para escuchar y para que otros/as puedan hablar, colaborar en organizar e informar la palabra colectiva, acompañar las luchas contra la impunidad con la profunda convicción de que de esa manera se restaura un orden brutalmente alterado, escuchar amorosamente a los que sufrieron la violación de sus derechos, ayudar a hacer presente las dolorosas ausencias, entre tantas otras tareas. En todos los espacios el pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado tejió un hilo que conectó las violaciones a nuestros derechos, las históricas y las actuales por las emociones que un cuerpo desaparecido produce, siniestra “consecuencia del modo en el que la dictadura administró el asesinato”. En el eje Memoria, Verdad y Justicia, se actualizó y se volvió a pensar en las preguntas que nos han atravesado desde el inicio de la democracia, ¿cómo construir una comunidad después del terrorismo de Estado?, ¿cómo hacer lazo social después de padecer el “mal absoluto”? o, como nos dice Ana Iliovich, ¿cómo querer seguir siendo parte de la especie humana? ¿cómo recuperar la confianza después de haber estado en un campo de concentración? Estas preguntas tan vitales y constitutivas obtienen algunas respuestas en las ponencias presentadas: se busca pensar las producciones y resonancias en la construcción psíquica de los jóvenes apropiados por la Dictadura y restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo; se intenta reconstruir las narrativas de los niños/adolescentes que atravesaron su infancia en esos años terribles; se presentan experiencias que, desde el Estado aparecen como acciones reparatorias como, por ejemplo, el acompañamiento a las víctimas-testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad: prácticas sostenidas por los/as psicólogos para resignificar hechos tan traumáticos en la búsqueda de la construcción de una memoria colectiva. También es posible leer aquí los intentos que, desde el arte, se hicieron para procesar duelos frente al vacío que produce la desaparición, y una propuesta de talleres de reflexión comunitaria que tiene como propósito la reparación de una población afectada por la brutalidad, la perversidad y lo inédito de los métodos empleados por los represores. En el eje Géneros, la consigna que ha sostenido el movimiento de mujeres “lo personal es político”, se traduce aquí en “el padecimiento es político”. El sufrimiento psíquico que produce el sistema patriarcal ha sido medicalizado y patologizado, y la asistencia individual que otorga el sistema de salud es insuficiente al no situarlo en un espacio social y político. Las ponencias refieren a debates centrales en este campo: acciones y discusiones desde la psicología comunitaria en el trabajo con sexualidades disidentes; control de los cuerpos, de las subjetividades y de los mecanismos de represión a COLEGIO

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los que están sometidas las mujeres; el impacto sobre la salud mental de las mujeres víctimas de la violencia de género; la violencia obstétrica; la legalización del aborto; trata de personas y trabajo sexual; femicidios; son algunos de los trabajados en este eje. En el eje Violencia Estatal las preguntas que se realizan son, en primer lugar, respecto de su visibilización y caracterización: ¿cómo se producen?, ¿quiénes la producen?, ¿cuáles son las condiciones que habilitan su posibilidad de concreción? Y, en relación a los interrogantes que reclaman y demandan a nuestro colectivo: ¿cómo podemos ayudar a recuperar los sentidos?, ¿cómo acompañamos a sus víctimas y familiares? Las conceptualizaciones y herramientas adquiridas en los contextos dictatoriales son aquí utilizadas, previa adaptación, para el abordaje de la violencia estatal en contextos democráticos. Los avances legislativos en el campo de la salud mental enmarcados en el enfoque de derechos humanos son un enorme desafío para los/as trabajadores/as de salud mental y especialmente para los psicólogos/as. Por lo anterior, en el eje Salud Mental se recibieron numerosas ponencias que analizan el grado de implementación y los avances en la aplicación de las leyes; los obstáculos y barreras para la externación de los/as usuarios/as de salud mental; las contradicciones y los impactos que las actuales políticas de salud (CUS) podrían tener sobre el derecho a la salud mental. Se presentaron colaboraciones con un análisis profundo y reflexivo sobre los dispositivos sustitutivos que se están llevando adelante, sobre todo, a partir del esfuerzo que los/as trabajadores están aportando. Una especial mención merece la situación de la vulneración de derechos que sufren las personas que se encuentran en contextos de encierro. Los nuevos embates contra la ley 26657 que, desde el Ministerio de Salud de la Nación, recientemente han sucedido, hacen de las políticas públicas en Salud Mental un área central de disputas de paradigmas en un sentido ampliatorio o restrictivo de derechos. Nuestra sociedad presenta profundas desigualdades, los sujetos que allí convivimos estamos hiperindividualizados, compelidos al éxito, a la competencia y al rendimiento. Donde la identidad es un lastre que no permite entrar al mercado, y la tendencia a la autoincriminación por situaciones sociales y políticas produce considerables dosis de padecimiento, es necesario politizar y atender, desde estas reflexiones, el sufrimiento psíquico. Por lo anterior, los invitamos, desde la reflexión y la emoción, a compartir con nosotros la lectura de esta publicación que no es más que una propuesta a recuperar las líneas simbólicas más sociales de la perspectiva de los derechos humanos, aquellas que habilitan los mejores afectos.

Jacinta Burijovich Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba JORNADAS

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Intervenciones artísticas y comunicacionales

Buscan trabajar sobre diversas problemáticas de género con abordajes y poblaciones diferentes, en diferentes niveles de intervención y acompañando procesos tanto individuales como grupales, institucionales y comunitarios. Utilizan, primordialmente, dispositivos lúdicos y participativos en instancias de capacitación, talleres y encuentros de debate y reflexión, intervenciones de visibilidad pública, campañas de difusión, investigación, formación, creación artística, entre otras. Trabajan en la capacitación, sensibilización y formación en problemáticas de género con funcionarios/as, equipos técnicos, educadores/as, organizaciones sociales y comunitarias, grupos comunitarios, etc. Su objetivo es aportar a la construcción de una cultura de la no violencia, generando posibilidades para la construcción de subjetividades que instalen relaciones/condiciones de equidad entre las personas, promoviendo la participación activa y protagonista de las mujeres en este proceso; y promover la construcción de una cultura de la no violencia desde el arte, lo creativo, lo lúdico, el placer, re-significando los mandatos sociales en relación a nuestras sexualidades y nuestros cuerpos. En el marco de las Jornadas de DD.HH. presentaron la Carpita de los espejos. Una invitación a mirar-se, a ver-se en pequeños reflejos especulares. Trozos de espejos que invitan a descubrir el cuerpo y, en él, historias, emociones, incertidumbres, preguntas… La Carpita propone, en cada espejo, detenerse segundos en algún rincón del reflejo y bucear recuerdos, registros a partir de simples consignas o preguntas, a la vez que regala poesías que acarician. Mirar aquello que no vemos, re-significar, contrastar mundo interno-mundo externo. Verme otro/a, empatizar, ser otro/a, ponerme en otros lugares. También propone un recorrido por los estereotipos físicos de los géneros, poniendo en juego las categorías desde las cuales miramos, significamos y nos relacionamos con las demás personas.

En los intervalos, se produjeron diversas intervenciones comunicacionales y artísticas donde participaron psicólogos/as en la coordinación:

Radio Los Inestables

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urante el año 2016, Radio Los Inestables realizó un ciclo de entrevistas titulado “Un cuarto de calle: Psicología al aire libre”, del que participaron psicólogos y psicólogas que trabajan acompañando diversas luchas sociales, experiencias organizativas y de derechos humanos de Córdoba. Estas producciones se difundieron en “Psintonía”, la radio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, y luego fueron reunidas en cuatro CD’s con los siguientes ejes temáticos: Salud Mental | Géneros - Memoria, Verdad y Justicia | Violencia estatal y problemáticas juveniles | Salud Colectiva - Ajustes en políticas sociales. El viernes 25 de agosto de 2017, en el marco de las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos “Decir lo indecible”, Radio Los Inestables realizó una radio abierta para presentar estos CD’s y reflexionar acerca de la riqueza de esta experiencia compartida. Los/ as participantes de este espacio destacaron su aporte para profundizar su formación en materia de Derechos Humanos, para conocer algunas luchas sociales y promover una reflexión crítica y comprometida respecto de estas importantes problemáticas, y, finalmente, para repensar el rol de los psicólogos y psicólogas como actores comprometidos con la transformación social.

Mini Rimando Presentación del grupo musical Mini Rimando. Este grupo musical de niños/as se enmarca en los trabajos de la Fundación La Morera que, desde el año 2010, desarrolla distintos proyectos de participación cultural, los cuales –a partir de herramientas artísticas y audiovisuales– promueven producciones colectivas en diferentes grupos de niños/as y jóvenes de sectores urbano-marginales. Este proyecto tiene entre sus objetivos: desarrollar intervenciones culturales en la comunidad, promover encuentro de expresiones culturales infantiles y juveniles, propiciar canales de expresión a partir de la producción de spots, videoclips, buscando enriquecer imaginarios y

Mujeres Habitadas Mujeres Habitadas es una organización conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales con diferentes trayectorias en el ámbito de lo comunitario, educativo y de la salud desde la perspectiva de género. COLEGIO

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representaciones que la sociedad tiene sobre las personas que viven en sectores urbano-marginales.

dición, poder aprovechar mi suerte, mi energía, mi alegría, sin pensar que algo terrible nos va a destrozar y que el dolor, siempre, nos esperará entre las sombras”. Pregunté entonces a Ana para quién escribía, en alguna postal ella se dirige al lector: “Me está saliendo medio amargón esto”; ella me contestó: “...para quién lo escribí? para vos y para todos los como vos. Para mis hijos, para mis viejos que no están y nunca me animé a mostrarles mientras vivían. Para que me entiendan para que no me dieran tan duro... para que por un rato, alguien trate de ponerse en ese lugar. Para mí, para entender lo que me pasó (nunca, nunca) pero intentarlo. Para no darme tan duro...Todo eso.”

Presentación del libro “El Silencio. Postales de La Perla” A la noche del jueves 25, se presentó el libro “El Silencio. Postales de La Perla”, de Ana Iliovich. Nuestra colega, Ana, estuvo secuestrada entre 1976 y 1978 en el centro clandestino La Perla (Córdoba), y en su libro comparte impresiones de recuerdos. Dice Ana: “Han pasado muchos años. Algunos en los que quedó la hoja en blanco. Otros, de pocas palabras. Hoy decido poner un punto y dar a luz tanta sombra. Hoy que mis hijos han crecido. Hoy que tengo fuerza para exponerme. A la dicencia y maledicencia, a la crítica amable o no, al amor que va y vuelve. Hoy muestro, sin ninguna pretensión de universalidad, el pedacito de verdad que puedo contar del horror absoluto, de la máquina de matar que morí y sobreviví en Córdoba, en La Perla, durante esos años que no terminan nunca. Que nunca terminan de terminar”.

Encuentro en El Silencio una pregunta muda pero insistente acerca de cómo vivir después de haber sobrevivido a la experiencia incomparable del campo de exterminio, a la pérdida de confianza en el mundo que esa experiencia significa. ¿Cómo seguir viviendo entre los hombres sin esa confianza? Se trata de una cuestión ética. La consecuencia ética de haber vivido y sobrevivido al Campo de exterminio. Kertész (2007:68) dice “Yo escribí sobre un estado, y si bien la novela trata de transformar en experiencia humana la vivencia inefable de los campos de exterminio, me ocupé sobre todo de las consecuencias éticas de haberlos vivido y sobrevivido.”  Me parece que esa es un poco la búsqueda de Ana también.  Y el libro es una especie de testimonio ético poético sobre esto.

La lic. María Molas compartió sus impresiones sobre el libro: Era sábado por la mañana, estaba en casa, mis hijos daban vueltas por ahí. Sentada en la escalera del patio, al sol, comencé a leer las postales. No pude soltarlas hasta terminar. Luego, me encerré en el vestidor a llorar. Desde esa primera vez he vuelto a leer y releer todas las versiones y actualizaciones de las postales que Ana continuó enviándome. Nunca dejaron de conmoverme. Conocí a Ana en su primer testimonio, julio del 2008. Cerca del 2014 volvimos a encontrarnos por otras razones de mi trabajo en DDHH. A partir de esos encuentros ella me envió sus postales por correo electrónico. Desde ese momento he sido público lector, público restringido o pequeño público de sus textos aún no publicados. Luego de la primer lectura de las Postales le escribí: “Leerlo es algo así como que te pasó un camión por encima, o ese peso en los hombros, esa tristeza por tanta crueldad. Ahora intento escribir algo para contarte lo que tus postales produjeron en mí. Encuentro intimidad, literatura, y poesía en tus postales. Me gustaría ver lo que hizo el artista. Son conmovedoras. Escribir tanto dolor con esa sencillez, sin odio, sin victimizarse... sin pretender hacer grandes héroes, ni grandes monstruos”. Esa primera lectura de las postales me recordaron a una frase de un libro que, en ese momento, estaba leyendo. Delphine De Vigan dice en “Nada se opone a la noche”: “Escribo este libro porque hoy tengo fuerzas para detenerme sobre lo que me atraviesa y a veces me invade, porque quiero saber lo que transmito, porque quiero dejar de tener miedo de que nos pase algo como si viviésemos bajo una malCOLEGIO

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¿Qué me toca/conmueve de este libro en particular? Encuentro que El silencio. Postales de la Perla es un libro imprescindible, de esos pocos que son capaces de formular la experiencia incomparable de los campos de exterminio. De esos que nos acercan a esta experiencia, que nos ayudan a imaginarla. Estas experiencias ligadas al terrorismo de estado, a situaciones extremas de sufrimiento que me inquietan desde hace años. Georges-Didi Huberman (2015:93) manifiesta que la inquietud “... viene de un verbo latino que significa ‘remover, agitar fuertemente, perturbar, intranquilizar, levantar, provocar’... la inquietud nos agita porque remueve y levanta- como un movimiento tectónico pedazos enteros de nuestra conciencia, de nuestro lenguaje.” Hace años que no dejo de preguntarme, una y otra vez, ¿qué pasó? ¿cómo fue posible? Insiste en mí esta pregunta: ¿Cómo vivir después de tanta crueldad? Helene Piralian (2005:334) reflexiona, “Los sobrevivientes están condenados a ser garantía de la transmisión de una sola manera: reteniendo en ellos esos pedazos de cuerpos innombrables y haciendo de su propio cuerpo un receptáculo fúnebre.” Considero que algunos libros escritos por sobrevivientes, en este caso El silencio. Postales de la Perla, permiten realizar justamente todo lo contrario, sacar esos pedazos del cuerpo, ponerlos en otro lado y transformarlos. Crean artificio, poesía. De esta manera, el libro se desliga de su autora, la sobreviviente Ana, se transforma en otra cosa que puede pasar de JORNADAS

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mano en mano, que uno puede leer, comentar, citar, llorar, prestar, comprar, regalar, y así. Claro… sólo hay que animarse a escuchar/ leer y dejarse tocar/conmover por sus palabras. Paul Celan en Discurso con motivo a la concesión del premio de literatura de la ciudad libre Hanseática de Bremen. (2009: 497) « Accesible, próxima y no perdida permaneció, en medio de todas las pérdidas, sólo una cosa: la lengua. Sí, la lengua no se perdió a pesar de todo. Pero tuvo que pasar entonces a través de la propia falta de respuesta, a través de un terrible enmudecimiento, pasar a través de las múltiples tinieblas del discurso mortífero. Pasó a través y no tuvo palabras para lo que sucedió; pero pasó a través de lo sucedido. Pasó a través y pudo volver a la luz del día, enriquecida por todo ello. En esa lengua he intentado yo escribir poemas en aquellos años y en los posteriores: para hablar, para orientarme, para averiguar dónde me encontraba y a dónde ir, para proyectarme una realidad. (...) Y creo que reflexiones como ésta no sólo acompañan mis propios esfuerzos, sino también los de otros poetas de las nuevas generaciones. Son los esfuerzos de aquel a quien sobrevuelan estrellas, obra del hombre, y que sin amparo, en un sentido inimaginable hasta ahora, terriblemente al descubierto, va con su existencia al lenguaje, herido de realidad y buscando realidad. « Prejornadas: Estrategias de atención integral a víctimas de violencia institucional en el sistema de salud El 24 de agosto se organizaron las Prejornadas en la sede del Colegio de Psicólogos de Córdoba. Estas fueron coorganizadas con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Los docentes de las Prejornadas fueron, por el equipo del CELS: Manuel Tufró (Doctor en Ciencias Sociales); Macarena Sabin Paz (Lic. en Psicología,; Víctor Rodríguez (Lic. en Psicología). El equipo docente de Córdoba: Lic. Jeremías Miretti, Lic. Yanina Pettiti y Lic. Magdalena Brocca. Los temas abordados fueron Violencia institucional: prácticas y experiencias y efectos subjetivos y psicosociales de la victimización. Intervenciones integrales en caso de violencia institucional. Se presentaron, también, los hallazgos preliminares de la investigación “Atención integral en salud mental en casos de violencia institucional en hospitales públicos” realizada en la provincia de Córdoba. Por la noche se realizó el Panel “Facundo y Luciano” (Facundo Rivera Alegre y Luciano Arruga) con la participación de Viviana Alegre (madre de Facundo), de Vanesa Orieta (hermana de Luciano), Claudio Orosz (abogado de la causa de Facundo). Laura Gómez, miembro de La Colectiva, presentó un video de la vida de Facundo. El cierre estuvo a cargo de la Murga ContraFlor Al Resto. COLEGIO

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Córdoba, 25 de agosto de 2017

Jornadas Nacionales de Derechos Humanos

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en 1956, como experiencia rectora en materia de inclusión e integración. Asimismo, es importante recordar la adhesión de nuestro país a los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, a la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y a los Principios de Brasilia. Por supuesto que podríamos citar pactos y declaraciones donde la salud está más que claramente consagrada como derecho humano fundamental; pero, mientras se mantengan las mismas prácticas, la Ley quedará como una declamación de buenos deseos y no encarnará haciéndose letra viva. También, podemos agregar que si los trabajadores de la salud mental, autoridades de los colegios profesionales y funcionarios públicos desconocen la profunda implicancia que los Derechos Humanos tienen en las actividades ligadas a la Salud y, específicamente, a la Salud Mental, la Ley no terminará de encarnar y habremos perdido la batalla por el sentido de la condición humana.

s posible y válido que alguien se pregunte por qué la Federación de Psicólogos de la República Argentina alberga en su interior una Comisión Nacional de Derechos Humanos. También es legítimo interrogar por qué año tras año, insistentemente, la Fe.P.R.A. y los colegios provinciales realizan el esfuerzo denodado por generar este espacio de las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que somos los trabajadores de la salud mental quienes estamos proponiendo estos encuentros. Estas preguntas tienen un hilo común y es el que hace referencia a explicitar la relación entre Derechos Humanos y Salud Mental. No es menor detenernos al inicio de esta Jornada Nacional para exponer la incidencia de los Derechos Humanos en nuestro Ejercicio Profesional. Es decir, para hablar del alcance y la dimensión de nuestras intervenciones. Primero, consideramos importante recordar que la psicología, junto con otras profesiones, es considerada de interés público por el Estado nacional. ¿Qué significa esto? Según el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, se consideran de interés público aquellas profesiones cuyo ejercicio puede poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes de nuestro país. La psicología se encuentra entre estas profesiones. Y al ser reconocida como tal, su práctica se encuentra imbuida de la protección y promoción de Derechos, como también de la posibilidad de su vulneración. Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental –y su correspondiente decreto reglamentario– retoma este reconocimiento de nuestra profesión y, unida a una serie de convenciones y pactos internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, fija sus cimientos en el campo de los Derechos Humanos. Este posicionamiento no está sostenido en el aire, sino en una prolífica historia resultado de muchos años de lucha y esfuerzo por parte de aquellos pioneros que se aventuraron en tiempos pasados, cuando estas ideas apenas eran semillas inquietantes en algunos sectores de la sociedad. Como ejemplo, contamos con “El Lanús”, COLEGIO

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En esta dirección, la Ley señala el trayecto que debemos recorrer: „„ desde el paradigma de la peligrosidad (o discapacidad) hacia el paradigma de la capacidad; „„ desde un enfoque tutelar hacia uno de derechos; „„ de la exclusión a la inclusión; „„ y desde la consideración de sujetos, al derecho a sujetos de derecho. Y, para ello, resulta de utilidad reconocer los vectores que recorren esta Ley, que pueden ser condensados, según Enrique Carpintero, en cuatro líneas fundamentales: „„ el cuidado y promoción de los Derechos Humanos a través de ítems específicos, estableciendo la defensa de los derechos de los pacientes; „„ la condición respecto a que la atención en Salud Mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario; JORNADAS

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„„ la reducción, adecuación y no proliferación de nuevas estructuras manicomiales; „„ y el acceso a la igualdad de condiciones –para ocupar cargos de conducción y gestión de los servicios e instituciones– para los profesionales con título de grado.

el instrumento mediante el cual es posible protegerlos y promoverlos o vulnerarlos. Hablamos, hoy y aquí, acerca de estos temas con la intención de visibilizar, esclarecer y correr del territorio de lo opinable la pertinencia de los Derechos Humanos en nuestra labor cotidiana. No es caprichoso acercar la promoción o emitir nuestro rechazo ante la vulneración de Derechos al ejercicio profesional y a toda la sociedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha manifestado explícitamente en contra de las medidas administrativas tomadas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sostenidas en el arcaico y desestimado artículo 432, que niegan los derechos conquistados por las Personas con Discapacidad al acceso a una pensión no contributiva por parte del Estado argentino que es quien debe amparar a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad. El artículo citado carece de vigencia debido a que es una legislación contraria a la constitución y a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina y se encuentra enmarcado dentro de las políticas más regresivas, expulsivas y fragmentadoras del lazo social. En cuanto a políticas estatales de Derechos Humanos, es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una “guerra sucia” o “violencia política”, y a poner en duda la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos. Preocupante ver cómo desde la Justicia se intenta reducir la pena de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, o ver cómo asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos. Después de los profundos avances logrados a través de la consolidación de políticas de Estado para la Memoria, la Verdad y la Justicia, construidas con las luchas y demandas de los organismos de derechos humanos y del pueblo en su conjunto, en este último tiempo se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en nuestro país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad. Del mismo modo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos repudió enérgicamente la resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la 1484, de septiembre de 2015, que propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud

Con este encuadre, nos parece importante dar ejemplos claros de la directa vinculación de nuestra práctica con el marco de protección de derechos: Internación: primero y principal, es importante señalar que la internación debe ser utilizada como último recurso. Pensemos en todos los derechos que se ven afectados al momento de internar a una persona. Y más aún si se encuentra en un estado de fragilidad psíquica. Es así que, en momentos de transición de paradigma, es todo un desafío educar en lo que propone el artículo 20: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Debemos advertir que para proceder a la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. De este modo, transmitir estas nociones a los colegas formados en otro paradigma, a los funcionarios, a las nuevas generaciones de trabajadores de la salud mental, e inscribir esta perspectiva de garantías en una comunidad asediada por el terrorismo mediático –donde el prójimo es vivido como amenazante, la diferencia como inquietante y la fragilidad como un demérito personal– es una ardua tarea. Consentimiento Informado: la Ley establece el Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que nos asisten. ¿Por qué? Porque esta ley pone en valor la presunción de capacidad de todas las personas y reconoce el Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Evaluación y Diagnóstico: la proliferación de leyes por patología, o la patologización de los niños, niñas y adolescentes, es un escenario al que debemos estar atentos en el sentido de que nuestras intervenciones modifican severamente la vida cotidiana de los consultantes de servicios de salud mental. Estas prácticas tienen una particular vinculación con los Derechos, siendo nuestro ejercicio COLEGIO

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Mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental 26657 que, en lo esencial, dispone “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados” y donde se establecía que antes del 10 de septiembre de este año debía fijarse el “límite máximo de camas” con la finalidad de reducir las internaciones en esos establecimientos. Esta comisión declaró que estamos ante un claro retroceso que obstaculiza gravemente la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y abre el camino al empoderamiento del sector privado, acentuando la mayor de las violaciones a los derechos de las personas con padecimiento mental, que es el acceso a los servicios de salud, como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Renovamos siempre nuestro compromiso con la lucha antimanicomial, por el respeto de los derechos humanos de los usuarios de Salud Mental y la creación y puesta en funcionamiento de los Órganos de Revisión en cada provincia, ratificando la necesidad de la plena vigencia del marco legal de la Ley Nacional de Salud Mental y exhortando a que, quienes tengan la responsabilidad de hacer efectivo su cumplimiento, actúen en consecuencia. A las nuevas generaciones, les decimos que interpelen sus prácticas a la luz de los Derechos Humanos. A las autoridades de los colegios, las invitamos a promover desde sus instituciones la creación de espacios de estudio, reflexión e incidencia en la comunidad en relación a los Derechos Humanos. A los funcionarios, los invitamos a acercarse a nuestras instituciones a fin de acompañar la creación de políticas públicas que respeten las legislaciones vigentes y alienten la promoción de los Derechos de los Usuarios y el respeto de los Derechos Humanos. Y a la sociedad toda, le decimos que en este país hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la Federación de Psicólogos de la República Argentina que trabaja incansablemente, observando, formando e incidiendo para que se respeten los derechos de los usuarios, de los trabajadores psicólogos y de la comunidad toda en materia de Salud Mental.

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Jornadas Nacionales de DD.HH.

Decir lo indecible, escuchar las voces mudas

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Pensar, intervenir, conocer y trabajar desde la perspectiva de los Derechos Humanos

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os derechos humanos toman fuerza en la agenda política, social y académica a partir de la lucha contra la última dictadura militar vivida por nuestro país hace pocas décadas. En distintos momentos históricos se ha analizado cómo el sistema de convivencia democrático se vio seriamente atacado y en cómo aún se mantienen vigentes las secuelas de esa experiencia en las subjetividades y en el conjunto social. En este “contexto que se hace texto” nos interesa intercambiar experiencias, lecturas y prácticas acerca de lo que hacen los y las psicólogos/as en el campo de los derechos humanos, espacio donde venimos acompañando el padecimiento, las luchas, los reclamos; donde trabajamos para ayudar a reparar las secuelas de las vulneraciones de derechos; donde abrimos espacios de escucha para los dolores; donde se intenta romper los silencios, favorecer la palabra y cobijar los pesares.

„„ Es intentar aprehender lo incomprensible de los pasados y presentes dolorosos, poner palabras en la búsqueda de transitar lo intransitable, colocar en el foco un conjunto de desigualdades sociales con efectos poderosos en la producción de subjetividades e intersubjetividades, de relaciones sociales jerárquicas y de dispositivos de discriminación. „„ Es tomar al campo de los derechos humanos como horizonte ético en la búsqueda de alternativas a las problemáticas de violencia, exclusión social, discriminación y reproducción de asimetrías de poder. „„ Es comprender que las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos no son un asunto privado de las víctimas, los/as psicólogos sostenemos su origen social y público y no podemos soslayar los efectos latentes y manifiestos, tanto a nivel psicológico como a nivel político.

Trabajar desde la perspectiva de los Derechos Humanos: „„ Es poder escuchar y darle credibilidad a los relatos, respetando los valores y las decisiones de las personas. Aportar desde la psicología para que los derechos humanos permanezcan siempre vigentes y pasen a transformar nuestros vínculos, lazos y contratos sociales y, sobre todo, tener el absoluto convencimiento de que lo terapéutico está siempre vinculado a la perspectiva de derechos humanos y nunca podrá ser compatible con su vulneración.

„„ Significa comprender e integrar en nuestra práctica la idea de que las personas tienen una serie de derechos independientemente de cualquier condición: género, clase, raza, diagnóstico. Es atender a sujetos sufrientes que padecen las vulneraciones a esos derechos, y asumiendo el dolor como un contenido inevitable de nuestro trabajo y asumiendo el l dolor es un contenido inevitable de nuestro trabajo. COLEGIO

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Aportes para pensar el abordaje comunitario en mujeres trans

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Violencia de género y APS: Un estado de situación en municipios seleccionados de la provincia de Buenos Aires. Aportes a las políticas públicas

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Aborto legal en cualquier lugar: reflexiones en torno al espacio de la casa en el debate sobre la legalización del aborto

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Trata con fines de explotación sexual. Recuperar la voz

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¿Cómo definen la violencia de género las y los profesionales sanitarios?

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Cuando por visibilizar se invisibiliza

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Los derechos de las mujeres en el parto. Acciones colectivas y experiencias de autonomía

67

¿Qué acompañamos? Reflexiones en torno al trabajo con mujeres que abortan en Córdoba

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Trabajo sexual: ¿Una práctica legal sin derechos?

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Eje: Derechos Humanos y Género

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erechos humanos desde la perspectiva de género no se corresponde exactamente con los derechos de las mujeres, aunque la vulneración sistemática de sus derechos ha hecho que las luchas, los reclamos y las reivindicaciones sean clave en la agenda de género, así como en las prioridades de los organismos de derechos humanos de todo el mundo. En la última década en la Argentina van tomando mayor relevancia los planteos del colectivo LGTBI. Las mujeres, como grupo con sus problemáticas específicas, han sido de reciente incorporación en las declaraciones y políticas de derechos humanos. En ese sentido, fue necesaria la mirada que se incorporó con la llamada “perspectiva de género” como categoría de análisis político, social, cultural, económico e histórico de las relaciones de poder entre las personas y sus instituciones. Esa mirada, incorporada tardíamente en algunos desarrollos de las ciencias sociales, en la visibilidad del lenguaje sexista y en los marcos legislativos, ha develado que el primer vulnerador de los derechos de las mujeres ha sido históricamente el Estado. La inequidad de género se manifiesta en todos los estratos sociales y étnicos, en problemáticas tan acuciantes como la violencia de género en todas sus formas -desde la violencia simbólica, psicológica, económica hasta las formas más cruentas como son la violencia sexual, los abusos y violaciones sexuales, la trata y hasta el femicidio. Respecto de la desigualdad de oportunidades en cuanto a salud, educación y trabajo, los avances en materia legislativa no significan un directo avance en el ejercicio de derechos. Ejemplo de ello es que, a pesar de la actual jurisprudencia existente sobre los abortos no punibles, los garantes de la salud y la justicia actúa de manera discrecional en cada caso. De esta manera, pensar en la necesidad de transversalizar la perspectiva de género a todos y cada uno de los derechos permitirá tener una educación no sexista, una justicia no sexista, una salud no sexista, respetuosas de los derechos humanos. Lo contrario al acceso de los derechos humanos, es la ficción abstracta de su ejercicio para las mujeres y para el colectivo LGTBI. Pensar los derechos humanos en clave de género es visibilizar también los derechos logrados, es otorgarles valor a las experiencias que cuestionan al patriarcado que se presenta como único sistema de relaciones humanas posibles. Es otorgar la posibilidad de construir nuevos horizontes en igualdad. Las temáticas propuestas (no exhaustivas) son: „„ Género: género - feminismos - masculinidades - construcción de género - socialización - maternidades subjetividades - afectividades generizadas -orientación sexual - heterosexismo - diversidad sexual. „„ Violencia: violencia y género - tipos de violencia - femicidios - violación - trata de personas y explotación sexual - el Estado y las políticas de violencia - acompañamientos. „„ Sexualidad: sexualidad - reproducción humana - aborto - salud pública - ESI y contexto educativo. „„ Derechos humanos y género: ciudadanía - trabajo - trabajos de cuidado -feminización de los cuidados - tiempo y trabajo doméstico. „„ Participación y políticas de los cuerpos: organizaciones con perspectiva de género.

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Aportes para pensar el abordaje comunitario en mujeres trans

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l interés por trabajar con la comunidad trans surge a raíz de que los grupos de participación comunitaria de mujeres en el barrio son ámbitos a veces hostiles, otras indiferentes para aquellos que no responden a la norma heterosexual y, por lo tanto, excluyen a aquellos sujetos que públicamente no puedan ser identificados por la lógica binaria: varones o mujeres. Es así que, a partir de estas observaciones, nos pareció necesaria la construcción de un espacio que permitiera incluir las sexualidades “disidentes” que quedan por fuera de la heteronorma. Nos es inevitable cuestionarnos acerca de ¿cómo deconstruir “lo heteronormativo” existente en la comunidad trans?, ¿se puede pensar una identidad de género en relación a la construcción de procesos colectivos y políticos? Tal como sostiene Fernández A., al hablar de producción de subjetividad se alude a “una subjetividad que no es sinónimo de sujeto psíquico o meramente mental o discursivo sino que engloba acciones, prácticas, cuerpos y sus intensidades; que se produce en el entre otros, siendo nudo de múltiples inscripciones deseantes, históricas, políticas, económicas, simbólicas, psíquicas, sexuales, etc.”. En este sentido, pensar el término “producción” entendiendo lo subjetivo como un devenir en permanente transformación. Los espacios de encuentro, en palabras de Barraul, O. (2007), son “espacios de existencia, de posibilidad de encuentro, de modos de mutualidad, tramitación de conflictos, aprendizaje, complejización e historización de la relación, de transformación y sostenimiento múltiple de la subjetividad”, siendo inevitable pensar sobre categorías de clase, género y etnia que podrían ponerse en juego y, en relación a ello, preguntarse sobre lo queer y los procesos comunitarios. Nos posicionamos desde la perspectiva de género para llevar a cabo nuestras intervenciones, considerando que las problemáticas de las trans no son ajenas al sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos, teniendo en cuenta que estas presentan ciertas particularidades y complejidades propias sostenidas por una sistemática vulneración de sus derechos.

Autoras: Berán, Sofía - Franco, Natalia - Schapira, Laura

Palabras territorialidades, comunidad trans, psicología claves comunitaria, criminalización, afectos queer, duelo queer, derechos humanos.

Resumen: Las fronteras que separan lo humano y lo inhumano se fijan en base a categorías normativas nacidas para convertir lo abyecto en monstruoso, en pos del establecimiento de mecanismos de control social y configuración de las subjetividades sujetadas. En esta necesidad de lo normativo se destacan los mecanismos de verdad entre los cuales las praxis y saberes médicos/psicológicos han ocupado un lugar destacado en el contexto neoliberal y neocolonial actual creciente. La patologización de la vida como formas de concreción de un sistema necrológico, dialoga íntimamente con otras formas de biopolítica de la muerte como lo es la criminalización de lo abyecto, de lo monstruoso, de los cuerpos/ formas de vida, “otras”, que no encajan en la heteronorma. Nos proponemos analizar los límites y alcances de la psicología comunitaria en un espacio de encuentro llevado a cabo con una comunidad trans de un barrio de la ciudad de Córdoba. Es decir, cuales son los aportes, las nuevas preguntas, las tensiones con la praxis que el enfoque desde la psicología comunitaria aporta al trabajo con las subjetividades de las vidas de las mujeres trans en Córdoba en el momento coyuntural que vivimos. Y en este sentido analizar un campo de batallas y tensiones que se abre tanto en la academia, en las instituciones, organizaciones políticas y diferentes disciplinas a la hora de nombrar, identificar, problematizar las sexualidades disidentes.

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Espacios de encuentro con la comunidad trans, un abordaje desde la psicología comunitaria

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El trabajo en múltiples territorialidades Podemos pensar, compartiendo los aportes de Sara Ahmed (2014), que en aquellos cuerpos que no responden a la heteronorma JORNADAS

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Cuando las detienen en las comisarías son expuestas a protocolos que violentan sus derechos humanos, las someten a maltratos, no respetan su identidad de género autopercibida,...

existiría una cierta economía de los afectos y las territorialidades, que se determina a qué espacios, cuerpos, situaciones es legítimo acercarme y de cuáles debo tomar distancia. En el caso de las mujeres trans, esto se percibe en cómo reproducen su cotidianeidad. Las que viven en Maldonado, pasan la mayor parte del tiempo en sus casas. Duermen de día. Luego van a trabajar de noche. Otras viven en hoteles. Van “haciendo temporadas” de provincia en provincia, de ciudad en ciudad. Hay una errancia y consideramos que esto implica un desafío para la psicóloga comunitaria. El espacio de encuentro, tal como lo propone Barrault, O. (2007), da lugar a lo relacional, al establecimiento de múltiples vínculos y, a la diferencia y a lo novedoso, ya que supone reconocer las múltiples trayectorias posibles como “apertura hacia lo distinto”. Este “espacio de existencia” permite el “reconocimiento de la diversidad”, el reconocimiento de los sujetos en su alteridad ya que implica poner en suspenso las exigencias psíquicas, sociales y biológicas, para dar lugar a lo inesperado. Para nosotras es fundamental la posibilidad de construir un espacio junto a las trans, que se fue constituyendo como una errancia, un “ir y venir” no solo en la variación de horarios, de participantes, sino de otros territorios y de temáticas. La intensidad de la práctica comunitaria exige sumergirse en un proceso de acción-reflexión constante. Desde la IAP, sostenemos que es fundamental volver siempre hacia la práctica para repensar sus sentidos y redefinir nuevas líneas de acción. En este proceso de acción-reflexión, surgió la necesidad de construir un espacio “itinerante”, en el que se habilitara la posibilidad de trabajo comunitario con las trans y travestis y que diera apertura a otras percepciones, otras imágenes, otras sensaciones; otras redes de pensamiento que se mueven por rizomas y por las intensidades de los afectos, privilegianCOLEGIO

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do la afirmación de Deleuze de que hay afectos en el pensamiento. Entonces, planteamos desde Deleuze, una perspectiva que abra el juego a la diferencia de la diferencia, a lo múltiple; es decir, un espacio de encuentro itinerante en la que las expresiones queer tengan lugar. Este espacio desterritorializa los territorios sexualizados, a través de la decodificación de estereotipos falocéntricos y heteronormativos; facilita el paso para que otros devenires, otros modos de existencia tengan lugar. Es por ello que en nuestro proceso tuvo lugar lo variable, en todos los sentidos que esto implica: horarios, territorios, personas. Por lo hasta aquí mencionado y al presentarse diversos factores como el trabajo nocturno, el cambio constante de lugar de residencia, el consumo problemático de sustancias, la prostitución como único medio de supervivencia es que consideramos que este entramado complejo permite pensar en otras alternativas que trascienden la noción de lo grupal dando lugar a la construcción de un dispositivo multilineal como una especie de ovillo o madeja, convirtiendo estos espacios de encuentro en itinerantes. La dinámica misma de la vida cotidiana de las trans que componen el grupo, dificultan la planificación de actividades a priori, dando lugar a otras estrategias para ir afrontando lo que está en el orden del acontecimiento y de lo contingente. Es en este sentido, que no solo acudimos al espacio de encuentro como dispositivo sino también a las visitas domiciliarias para poder trabajar con la mayoría de la comunidad trans, tensionando siempre la apertura hacia lo colectivo. Coincidimos con Diana M. (2015), cuando sostiene que en la interpelación de los cuerpos no están ausentes cuestiones de poder, y por tanto no está ausente la política. Creemos que la noción de frontera delimita lo propio y lo ajeno, el adentro y afuera, establece un sistema de identidad de características normativas a la vez que JORNADAS

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reordena las condiciones de vida, cómo se viven el tiempo y el espacio. En el caso de las travestis con las que trabajamos creemos que transitan otros ritmos, otros tiempo y espacios; hay otro circular de sus cuerpos donde se ponen en cuestión los límites heteronormativos y binarios. Entonces creemos que una línea para trabajar con la comunidad trans desde la psicología comunitaria debe dar lugar a una zona de negociación o una frontera como espacio de traducción generadora de sentidos entre culturas, reconocer en el otro la potencialidad de producir sentidos diversos de los míos pero no por ello eliminables. (Diana Maffi, 2015). De esta manera, nuestro trabajo con la comunidad trans pone en cuestión la noción de territorio en tensión con la constitución y transformación de los cuerpos; y, en relación a esto: ¿qué territorialidades se ponen en juego en el trabajo con chicas trans? En este sentido, podemos pensar y dar apertura a nuevas reflexiones en relación al término “territorio”, considerando lo que Jean Gottmann, desde un enfoque humanista, plantea cuando sostiene “que a pesar de ser una entidad muy importante, material, medible y concreta, es el producto y la expresión de las características psicológicas de los grupos humanos”. En sus palabras, “es un fenómeno psicosomático de la comunidad, que está repleto de conflictos internos y contradicciones aparentes”. (Gottmann, 1973, citado en Benedetti, 2011, p. 28). En relación a estos aportes, Benedetti (2011) se refiere al territorio desde una perspectiva integradora, estableciendo que serán las relaciones sociales las que fundamenten y den forma a los territorios. Propone conceptos como “poder”, “territorialidad”, “conflicto”, “actores”, entre otros que conformarán una matriz heterogénea de inteligibilidad de los procesos socioespaciales. En esta línea de pensamiento resulta fundamental entender que los procesos de territorialidad implican tramas de sentidos y prácticas con múltiples desdoblamientos, que configuran un posicionamiento (siempre político) de cada experiencia en las formas, opciones y elecciones que adopta su construcción territorial. Conti, S. (2016). Al pensar y cuestionarnos respecto de la relación que existe entre identidad y territorio, coincidimos con el planteo de Rogério Haesbaert (2007), quien sostiene que reconocer los procesos de territorialidad a partir de la propia historicidad del control/dominio del territorio (territorios instituidos) antecede y funciona como condición de posibilidad de la dinámica identitaria de cada experiencia.

como cuando no son reconocidas en los hospitales, ni en los juzgados. Como sostiene Butler (1993) la homosexualidad, la transexualidad se vuelve una pérdida que no puede llorarse. La cultura heterosexual al haber renunciado a su capacidad para llorar la pérdida de su propia calidad de queer no puede admitir que las vidas no heterosexuales sean vidas que pueden perderse. La politización del duelo es crucial en el trabajo con las comunidades. Es decir, hacer públicas estas pérdidas. En general, las estadísticas oficiales aún desglosan encuestas, investigaciones y censos en términos binarios: femenino y masculino. Solo muy pocos estudios ponen atención en la población trans. Esta cifra negra es particularmente grave en el contexto de aquellos análisis orientados por la perspectiva de género: la división de los seres humanos en hombres o mujeres no solo desconoce la existencia y el valor intrínseco de las identidades trans, sino que las relega, además, al ámbito de lo masculino. Según diversas estadísticas no oficiales, relatos, entrevistas, artículos periodísticos las mujeres trans y travestis fallecen, en promedio, a los treinta y dos años, producto de la violencia y exclusión social, política, económica estructural y sistemática. Por otro lado, en los acercamientos que realizamos -producto de un interés profesional y político- y luego de realizar entrevistas y charlas informales con el resto de los vecinos/as, observamos que existen ciertos estereotipos, mitos y prejuicios que generan la construcción de una identidad travesti sesgada bajo marcos discriminatorios y despectivos de fuerte arraigo en la comunidad. Estas representaciones las pudimos constatar en charlas con vecinos/as, quienes consideran que los travestis “son vagos”, “sucios”, “solo trabajan en la prostitución”, “se prostituyen para drogarse”, “tienen sida”. A su vez las mismas travestis realizaron comentarios sobre sí mismas, como “no sirvo para nada”, “no me animo a salir de día porque se me burlan”. Consideramos que la identidad travesti se construye a través de una tensión con lo exterior, con la alteridad, en una autoconstrucción y una heteroconstrucción que se tensionan y torsionan. En las visitas domiciliarias, en los recorridos barriales se observa la vulneración de los derechos de las personas trans, vulneración que está presente en sus historias y relatos. Respecto de esta realidad, consideramos que el colectivo trans reúne dos tipos de injusticias: la socioeconómica, anclada en la estructura económica política de la sociedad, y la injusticia cultural o simbólica, plasmada en los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. En cuanto a la primera, y a pesar de la iniciativa enmarcada en la ley 14783, conocida como Ley de Cupo Laboral Trans, aprobada por la Legislatura de Buenos Aires en 2015, sigue predominando la falta de trabajo formal, ya que la principal fuente de ingresos es la prostitución y/u otros trabajos de carácter

El duelo trans y la falta de políticas públicas ¿Cómo elaborar el duelo, las pérdidas de la comunidad trans desde la psicología comunitaria? Las historias de las trans nos hablan de injusticias ineludibles, COLEGIO

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precario, lo cual muchas de las personas trans expresan no querer seguir ejerciendo. En cuanto a la injusticia simbólica, encontramos diversas formas. Por un lado, la violencia institucional ejercida contra el colectivo trans en el ámbito de la justicia, que se reproduce a través del trato discriminatorio y violento al no reconocer y respetar el nombre autopercibido de las compañeras trans. Por otro, la criminalización a través de diversos operativos en los que la policía, como primera institución del Estado que las “asiste”, implementa metodologías de extrema violencia -tanto en la zona donde muchas ejercen la prostitución, como en los domicilios particulares de trans y travestis- robándoles dinero, violentándolas tanto a ellas como a sus familiares y amigas. Cuando las detienen en las comisarías son expuestas a protocolos que violentan sus derechos humanos, las someten a maltratos, no respetan su identidad de género autopercibida, violando así las garantías legales estipuladas en la Ley de Identidad de Género 26.743, Art. 12 donde se expresa el trato digno: Artículo 12. - Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen su nombre de pila distinto al consignado en el documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. A toda esta violencia se le suma un componente no menor: el de la migración, los obstáculos para acceder a los servicios de salud y a la educación. Burlas, insultos seguidos de robos o asaltos, agresiones físicas, abuso sexual que se sostienen y se reproducen a partir de la estigmatización y la discriminación.

gunos cuerpos y no de otros. De esta manera, las normas tienden a desaparecer de la vista, se hacen inconscientes en un proceso de naturalización. Es así que nos parece fundamental poder darles lugar a estos afectos queer, extraños, incómodos, los cuales sentimos como psicólogas comunitarias en el transcurso de la experiencia. Poder trabajar con estas emociones implica de alguna manera hacer una ruptura con nuestros prejuicios tanto epistemológicos, éticos y políticos atravesados por la heteronormatividad. Esta última, muchas veces se vuelve una forma de consuelo, nos sentimos mejor ante la calidez de un mundo que ya internalizamos. No lo vemos como un mundo pues no moldeó y hemos tomado su forma. Por eso el trabajo con mujeres trans nos interpela, nos problematiza, nos desorienta, nos sentimos muchas veces torpes e inquietas. Hacer conscientes estos afectos nos permite avanzar y generar espacios de encuentros abiertos a la contingencia. Por otro lado, diremos con Sara Ahmed (2014) que hay una restricción hacia los sujetos queers en tanto se los limita para que no pongan incómodos a los sujetos heterosexuales, que eviten mostrar signos de intimidad queer. En este sentido, tanto en entrevistas como en las visitas apareció la vergüenza como afecto reiterativo e insistente. Tener que tomarse un colectivo al centro, ir a un hospital, a una actividad barrial de día se torna complicado y a veces es evitado. Esto pudimos trabajarlo tanto en los espacios de encuentro y en las visitas: cómo hacer que la incomodidad se transforme en generadora, potenciadora en vez de restrictiva y negativa. Expresamos con Sara Admad (2014) “los sentimientos queer pueden abarcar una sensación de incomodidad, una falta de comodidad con los guiones disponibles para amar y vivir, junto con un cierto entusiasmo frente a la incertidumbre de los espacios que pueden llevarnos la incomodidad”.

Una ética de los afectos queer Decimos, con Sara Ahmed (2014), que tanto las heteronormas como la heterosexualidad obligatoria son investimentos que pueden ser internalizados o asumidos por los sujetos. Seguir las reglas de la heterónorma es estar cómodo en un mundo que me devuelve como un ideal el cuerpo que habito. La incomodidad o el dolor es aquel afecto que nos devuelve nuestra atención a las superficies del cuerpo como cuerpo, es decir nos permite hacer corte entre nuestro cuerpo y los espacios. En la comodidad es difícil distinguir dónde termina nuestro cuerpo y empieza el mundo, los cuerpos se extienden en los espacios y los espacios se extienden en los cuerpos. No se ven fisuras o costuras entre los mismos. La heterosexualidad y la heteronorma generan la impresión de que los cuerpos encajan en el espacio social, en los espacios públicos. Es la repetición de actos, así como el paso de alCOLEGIO

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Bibliografía:

Sara Ahmed (2014) La política cultural de las emociones. Judith Butler (1193) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Maffia, D. (2015) Un cuerpo, mil sexos: intersexualidades. Conti, S. (2016) Territorio y Psicología Social y Comunitaria, trayectorias/implicaciones políticas y epistemológicas. Barrault, O. (2007) Los espacios de encuentro en la psicología comunitaria y sus implicaciones en la subjetividad. Revista de Ciencias Humanas – UTP - No. 37 Diciembre, 2007.

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nuestro país. En un segundo momento, nos introduciremos en la caracterización del caso de Belén –joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo en un hospital de su provincia- a los fines de realizar un ejercicio analítico que ponga en tensión los niveles de ejercicio efectivo de los derechos, ponderando una mirada que resiste y disputa los sentidos que hegemónicamente se han construido a lo largo de nuestra historia sobre el “lugar de las mujeres”, en el marco de sociedades capitalistas y heteropatriarcales como la nuestra. Por último, concluiremos compartiendo algunos interrogantes que emanan del recorrido dialógico -no ajeno de contradicciones- sobre las maneras en que se materializan, a través de diversos mecanismos, formas más o menos explícitas de control de los cuerpos, las subjetividades y las sensibilidades, partiendo de la hipótesis de que los mecanismos de represión y control a los que están sometidas las mujeres, se encuentran íntimamente relacionados a las representaciones al respecto de lo que el sentido común entiende y construye en relación a la “seguridad” como una de las categorías claves para sostener y alimentar la estructura del Estado Moderno.

Co-autorxs: Bertona, Lucía - Fernández Lanzini, Irina - Ramia Villalpando, Agustina M. - Torriglia, Agostina - Scarpino, Pascual

Palabras derechos humanos, mujeres, claves aborto, justicia. “Yo considero que es un músculo, es un músculo a ejercitar. ¿Hasta dónde podremos llegar siendo libres? Yo no tengo ni idea. Ponerle yo una cuota, un piso o un techo a ese estadío, es muy difícil para mí.” Maite Amaya, sobre la Libertad.1

Herramientas para el abordaje de los derechos humanos

Introducción

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l presente trabajo se constituye como un producto-en-proceso respecto de las discusiones devenidas en función de los recorridos que como estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba venimos construyendo, entendiéndonos comprometidxs con una formación profesional crítica y emancipadora, que apuesta a la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la transformación social. Es por esto que nos interesa hacer dialogar: el primero, el enfoque de derechos partiendo de la conceptualización respecto de los Derechos Humanos; el segundo, referido a la cuestión de género; y por último, los desafíos académicos y ético-políticos para pensar el ejercicio profesional en clave inter y trans-disciplinaria, desde la formación hacia la intervención. En términos metodológicos, este trabajo está organizado en tres grandes apartados. Avanzaremos en una primera instancia sobre los marcos jurídico/normativos que organizan actualmente la estructura ideológica y conceptual a partir de la cual podemos pensar e intervenir críticamente desde una perspectiva de derechos, como ciudadanxs en general, y como futurxs profesionales en particular. En este sentido, se recuperarán nociones que dan cuenta de un conjunto de obligaciones, derechos y garantías que son expresadas en distintos tratados, convenciones, pactos, y leyes nacionales de COLEGIO

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De manera breve, intentaremos recuperar algunas de las concepciones que son expresadas tanto en documentos internacionales como nacionales, y que ubican a nuestro país como adherente a una serie de reglamentaciones que buscan garantizar, respetar y promover un conjunto vasto de derechos. Son los casos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -en tanto sistema que brega por el respeto y la protección de los DD.HH. en América-, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos, junto a otros, fueron construidos bajo el interés de fortalecer jurídicamente la Declaración Universal de los DD.HH., estructuras legales y legítimas que imponen diversos tipos de obligaciones a nuestro Estado Nacional para el ejercicio pleno de la ciudadanía, y garantías en materia de exigibilidad para cualquier persona, desde el momento en que nuestros órganos parlamentarios aprobaron y ratificaron cada uno de ellos. En esta línea, resulta interesante hacer énfasis en la discusión sobre los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que aportan Abramovich y Courtis (Abramovich & Courtis, 2006) al expresar que estos suelen ser considerados como documentos políticos antes que como catálogos de obligaciones jurídicas para los Estados JORNADAS

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... la policía despierta a Belén requisándola e interviniendo desde la potestad que se le otorga como fuerza represiva del Estado colaborando en la violación de la intimidad de la paciente.

que adhieren. Entendemos que esta lectura pone de manifiesto que el problema está en la matriz ideológica del campo de la justicia, el que ha desmerecido históricamente a los DESC en contraposición a los Civiles y Políticos, y que como veremos más adelante, no está por fuera de los conflictos actuales de nuestra sociedad sino que, muy por el contrario, orientan lógicas concretas que atentan contra el ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin embargo, como sostienen estos autores, existen –o podemos construir– ciertos mecanismos argumentativos y técnicos que pongan en tensión esta conceptualización conservadora de los derechos, que se fundamenta principalmente sobre una idea economicista del Derecho en relación con las obligaciones positivas y negativas de los Estados, y ponderen una lectura minuciosa del cumplimiento o no de los estándares y contenidos mínimos de los derechos en nuestro país. Podríamos decir entonces que, en líneas generales, cada texto con carácter jurídico mencionado hasta aquí, profundiza y complejiza la Declaración de 1948, en tanto que de alguna manera cuestionan2 la idea de que los seres humanos nacen libres e iguales, e invitan a discutir respecto del carácter contingente de COLEGIO

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ambas cualidades; libertad e igualdad, a priori, no estarían garantizadas en nuestras sociedades contemporáneas, y para avanzar en la transformación de dichas desigualdades y opresiones parecería ser preciso construir marcos que posibiliten, faculten y presionen en pos del ejercicio de aquellos principios. En este mismo sentido, entendemos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, y la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, nos hablan de problemáticas particulares en relación a la vulneración de derechos de ciertos grupos o sectores de la sociedad. Hablamos aquí, puntualmente, de la existencia de regulaciones específicas que atienden a necesidades concretas: las posiciones de desigualdad, como decíamos anteriormente, se configuran –entre otros tantos atravesamientos– a partir de la construcción de los géneros, de la posición de los sujetos respecto a esos géneros, y del entramado más o menos visible que pone en cuestión privilegios y desigualdades.3 JORNADAS

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realizar un reclamo de diversa índole frente a una autoridad competente. Desde estos aportes, entonces, es que reflexionaremos respecto del caso de Belén en el siguiente apartado.

El caso de Belén como experiencia pedagógica: entre la Justicia patriarcal y el ejercicio de todas nuestras libertades. El caso al que hacemos referencia inicia en el mes de marzo del año 2014 en la provincia de Tucumán, cuando Belén, una mujer de veinticinco años, se dirige a un servicio público de salud -Hospital de Clínicas de Avellaneda-, acompañada por su madre, para solicitar atención debido a un cuadro de malestar. En primera instancia es atendida por la guardia del hospital y en un segundo momento es derivada al área de ginecología, donde se le diagnostica un aborto espontáneo. Cabe aclarar que la paciente no sabía que estaba embarazada y que comunica al personal del hospital que ha despedido un coágulo en el baño del hospital. El caso guarda relación con la criminalización de Belén desde la instancia en que el personal del hospital interviene trayendo en una caja un feto encontrado en uno de los baños (nunca es precisado si se corresponde con el baño al que asistió Belén) acusándola de haberse realizado un aborto. Acto seguido, la policía despierta a Belén requisándola e interviniendo desde la potestad que se le otorga como fuerza represiva del Estado colaborando en la violación de la intimidad de la paciente. El caso presenta a nivel judicial una serie de incongruencias vinculada al horario en que la paciente es registrada en la Institución y el horario de hallazgo del feto en uno de sus baños. Otro argumento se esgrime en torno a la falta de relación filial entre el feto encontrado y Belén, en cuanto no existe un análisis de ADN que pruebe el vínculo; así como la contradicción de informaciones en torno a las semanas de desarrollo que presenta al momento del hallazgo (oscilando entre veinte y veintiséis semanas). El procedimiento judicial de Belén establece que es detenida en primera instancia en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. Luego la causa es recaratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía (que comprende una pena de hasta veinticinco años). Finalmente, el 19 de abril, Belén es condenada a ocho años de prisión. En un intento por comenzar a analizar las sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos que ha sufrido Belén desde aquel momento hasta hoy, partiremos diciendo que, evidentemente, existe un entramado complejo y perverso que teje complicidades: en

Recuperando a Charlesworth, reconocemos que la estructura de los derechos humanos se ha erguido en base a fuertes componentes de la vida patriarcal, de las experiencias masculinas reconociendo que “el problema del discurso de los derechos es que exista un universo referencial restringido” (Charlesworth). Es decir, sostenemos que sobre los cuerpos de las mujeres, por el solo hecho de sentirse o ser leídas como mujeres y otras identidades y corporalidades feminizadas y disidentes, se despliegan un sinnúmero de operaciones que a la vez que prescriben maneras posibles de ser y estar en el mundo, proscriben otras. En este marco, y recuperando nuevamente los aportes de Abramovich y Courtis, de aquí en adelante referiremos al término derecho como aquel “ordenamiento jurídico [que] reconoce a un sujeto una potestad –la de hacer o no hacer algo, y la de reclamar correlativamente de otros sujetos que hagan o no hagan algo” (Abramovich & Courtis, 2006). Esta conceptualización se complementa con algo que también los aut ores nos comparten y que tiene que ver con la cualidad de la justiciabilidad de los derechos como rasgo que los caracteriza, en tanto que frente a un incumplimiento debe ser posible COLEGIO

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primer lugar, intra-estatales que, fundamentando prácticas a partir de argumentos valorativos arbitrarios, atentan contra una serie de derechos fundamentales consagrados. En términos generales podemos señalar que se violaron de manera contundente derechos establecidos en el Pacto de San José, por un lado vinculados a la integridad personal y, más precisamente, los establecidos en el inciso primero del Art. 5 cuando dice que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y cuando establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, expresado en el Inc. 2 del mismo Artículo. Asimismo, se desconoce al Art. 11 del mismo Pacto que establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” (OEA, 1969). En este marco, nos haremos eco de las palabras de la abogada defensora de Belén, Dra. Soledad Deza, quien durante una entrevista hace mención de una tríada compuesta por el sistema de salud/ policía/poder judicial. No hablaremos aquí del “Sistema de Salud” 4 como abstracción, sino que analizaremos, en primer lugar, el rol que jugó el equipo médico del Hospital Avellaneda que fue quien recibió la demanda de la paciente. Partimos, entonces, de poner en cuestión la ética profesional del médico que atendió y controló a Belén, y que durante y posteriormente violó la confidencialidad constitutiva del vínculo médicx-paciente5 al expresarle –en una primera instancia– a la policía sobre los supuestos hechos ocurridos en relación al aborto y, en un segundo momento, prestando declaración al tribunal que llevó a cabo la causa contra la acusada. Por su parte, nos preguntamos respecto de cuál fue el lugar que ocupó la Policía como institución que debiera garantizar la seguridad de lxs habitantes de un territorio particular. Son necesarias las reflexiones en torno al paradigma seguridad/inseguridad hegemónico que orienta las prácticas institucionales en el marco del Estado Moderno/Capitalista/Héteropatriarcal: el caso de Belén nos vuelve la mirada sobre una sociedad que se basa en el “policiamiento”, que se recrudece cuando los sujetos en cuestión son las mujeres o identidades disidentes. Al mismo tiempo, y en aquella tríada que mencionábamos, el Poder Judicial es otro punto del cual debemos atrevernos a hablar: jueces y fiscales, peritxs, un entramado viscoso que aparece a priori como instancia que debiera garantizar el justo juicio pero que, una vez más, nos demuestra que la justicia como construcción social sigue siendo cómplice y funcional de aquellos intereses que nos pretenden sumisas y oprimidas. Recuperando a Daroqui, reconocemos que la concepción de seguridad se ha ido separando de la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales a la población, priorizando la protección de los derechos de ciertos sujetos conforme a marcos hegemónicos y heteropatriarcales (Daroqui, 2003). Estamos convencidxs -inclusive con la rabia que esto nos provoCOLEGIO

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El ensañamiento con el que se trató la situación fue de la mano del recrudecimiento de la moral conservadora que sigue sosteniendo que el aborto siempre será punible.

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ca- que los sentidos represivos que organizan, moldean y controlan nuestros cuerpos y nuestras sensibilidades son transferibles; nos referimos a que la capacidad de operar sobre los cuerpos de ciertxs sujetxs parecería no ser facultad exclusiva de algunos oficios o profesiones: si bien es la policía quien esposa a Belén y la traslada a una celda, existió una heterogeneidad de actores sociales, de sujetos particulares, de dimensiones institucionales que fue igual o profundamente más representativa del control, de la represión y de la coacción. Tal como se expresa en el portal de noticias Télam, “Cuando el caso se hizo público, se conformó la Mesa para la Libertad de Belén, compuesta por 40 organizaciones de un arco político variado, mientras que a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldaron el pedido de libertad. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales exigieron que “se tomen medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de derechos humanos”. Además, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, solicitó al gobierno tucumano que inicie sumario a todos los profesionales que atendieron a Belén.” (Télam, 2017). Cabe destacar que estas iniciativas jurídico-institucionales estuvieron acompañadas por una rápida reacción popular expresada en las calles de todo el país, llevando a cabo diferentes tipos de acciones que exigían la inmediata liberación y absolución de Belén. Fue producto de todo este proceso de organización y lucha feminista, que se consiguió que Belén recupere su libertad luego de tres años de encarcelación ilegal e ilegítima. El subtítulo de este apartado comienza planteando al caso de Belén como experiencia pedagógica, y nos atrevemos a plantearlo por dos cuestiones: por un lado, consideramos que en materia jurídica, tal como mencionábamos anteriormente, la Justicia tucumana cumplió -a través de la viralización mediática inclusive- un rol pedagógico en la peor de sus concepciones buscando educar a las mujeres sobre los límites del ejercicio del derecho. A través de la encarcelación ilegal, intentó enseñar sobre los niveles de impunidad y arbitrariedad de la justicia: los tribunales dijeron -en un sentido más o menos metafórico- que en tanto mujer, no hay derecho que valga cuando lo que se pone a jugar es la autonomía y la decisión sobre el propio cuerpo, aun cuando la interrupción del embarazo en el caso de Belén fue involuntario. El ensañamiento con el que se trató la situación fue de la mano del recrudecimiento de la moral conservadora que sigue sosteniendo que el aborto siempre será punible. Por otro lado, siendo el aspecto que reivindicamos, la experiencia del caso se presenta como pedagógica desde un sentido contrario: los grupos de mujeres organizadas, la figura pública de Belén -aun en su resguardo de la identidad- nos enseña que frente a una justicia heteropatriarcal y misógina, la organización y acción colectivas siguen siendo la respuesta para frenar las injusticias del COLEGIO

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mundo en el que vivimos. Belén y su abogada, las organizaciones políticas y sociales que robustecieron la lucha, los medios de comunicación alternativos y el pliego de reivindicaciones feministas son claros ejemplos de la capacidad de lucha que se construye como un legado irrenunciable en tiempos donde el patriarcado -tal como el capitalismo- se reinventa para continuar oprimiéndonos como históricamente lo ha hecho.

Consideraciones finales El caso de Belén no está escindido de las lógicas con las que se organiza nuestra sociedad toda: el mecanismo coactivo del Estado opera sobre las mujeres, las identidades disidentes y todos aquellos grupos de individuxs que de manera individual o colectiva se posicionan y construyen trincheras desde las cuales crear un mundo nuevo que desestabiliza las estructuras de dominación. Son los casos de Milagro Sala, Diana Sacayán, Laura Aguilar, Higui, Evelyn Rojas, los que nos muestran -entre tantos otros- que los atravesamientos de género/etnia/clase/participación política permiten brindarnos algunas herramientas para entender cómo funciona el sistema patriarcal del cual venimos hablando. Mujeres y sujetxs de la disidencia sexual ven vulneradxs sus derechos cuando participan política y socialmente, cuando reivindican o encabezan ciertas luchas, cuando expresan identitariamente parámetros que van en contrasentido de la heternorma. Si de algo podemos estar segurxs, es que estos son algunos de los puntapiés a partir de los cuales repensarnos como sujetxs comprometidxs con la transformación social. Nuestro primer espacio, de momento, es el escenario académico-institucional, y por ello mismo nos invitamos a repreguntarnos respecto de los contenidos vinculados a la cuestión de géneros que estamos -o no- contemplando en nuestros procesos de formación. Hoy como estudiantes, mañana como profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas, nos encontramos con escenarios sociales cada vez más complejos, donde la intervención interdisciplinaria es condición indispensable para producir ejercicios profesionales comprometidos con nuestro pueblo. Analizar este caso nos invita entonces a dos líneas de reflexión -cruzadas transversalmente por la discusión acerca de los valores hegemónicos, heteropatriarcales y capitalistas que configuran relaciones de desigualdad real frente a una igualdad y libertad formalque se vinculan a partir de los marcos institucionales y no institucionales. Es decir, reconocemos la importancia de pensar en participar de las disputas dentro de los sistemas educativo, de salud y judicial, JORNADAS

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a la vez que recuperar aquellas experiencias que fuera de los ámbitos institucionales se desarrollan como procesos de resistencia a las dominaciones y opresiones múltiples, que implican la invención de nuevas estrategias para el reclamo y posterior disputa por nuevos modos de entender y abordar problemáticas existentes que deben ser atendidas por el Estado desde una lógica de protección y no, por el contrario, como sucede en el caso analizado, donde criminalización y violación de derechos humanos se tornan respuesta.

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Bibliografía

Abramovich, V., & Courtis, C. (2006). El umbral de la ciudadanía: el significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional. CABA: Editores del Puerto s.r.l.

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Amnistía Internacional. (2 de Mayo de 2016). htto://www.aminstia.org.ar. Obtenido de http://www.amnistia.org.ar/rau/argentina3 Britos, N. (2009). “Garantías no institucionales y exigencia de derechos sociales”, trabajo presentado para el Seminario Exigibilidad de los derechos sociales, proyecto AECID Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Carlos III de Madrid. En prensa. Charlesworth, H. (s.f.). Derechos Humanos de las mujeres. Perspectivas nacionales e internacionales. Capítulo II ¿Qué son los derechos Humanos de las mujeres? Rebeca Cook. Daroqui, A. (2003). “Las seguridades perdidas”, en Argumentos, revista electrónica de Crítica Social. Buenos Aires: Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Maffía, D. (2004). Género, sexualidades. Cuadernos de Educación Popular, taller sexualidades, género, subjetividades. . Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Recuperamos los aportes elaborados por Maffia, respecto de las nociones y necesarias distinciones de género, sexo y sexualidad como construcciones sociales y políticas (Maffía, 2004). Cabe aclarar que referimos aquí a las posiciones según los géneros en el sentido más amplio, mutante e inacabado que podamos entender, a partir de las cuales mujeres, varones, trans, travestis, intersex, gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, etc. (aunque un “etc.” no alcance) co-producen y re-producen diversas maneras de resistir las sistemáticas violaciones y vulneraciones de derechos. Sin embargo, y a los fines del presente trabajo, intentaremos abocarnos a pensar respecto del lugar de las mujeres –sin entrar en la discusión, aunque necesaria, sobre qué podríamos entender hoy por tal categoría- teniendo por objetivo vincular la estructura normativa de la cual hacíamos referencia anteriormente, con el caso de Belén. Entrecomillamos para respetar el uso del término por parte de la Dra. Deza, aunque preferimos hablar de Campo de la Salud en el sentido que propone Spinelli (Ver Spinelli, H. en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Salud Colectiva vol. 6, no. 3, Lanús, Septiembre-Diciembre 2010). Tal como lo indica Amnistía Internacional en el documento publicado a comienzos de 2016: “De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda información protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que es revelada, incluso a funcionarios policiales, constituye una violación del derecho a la privacidad. Los médicos profesionales tienen una obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que han accedido como parte del ejercicio de su profesión. (…) El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es un Estado parte, protege el derecho a la privacidad e imponen una obligación a los Estados de adoptar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad de la información médica, en especial en centros de salud. Toda niña o mujer que requiere un aborto en servicio de salud, o que sufre un aborto espontáneo está protegido por el deber de confidencialidad médico-paciente.” (Amnistía Internacional, 2016)

OEA. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica.

Fuentes

Carta de Belén desde la cárcel: http://www.amnistia.org.ar/noticias-y-documentos/ archivo-de-noticias/carta-de-bel%C3%A9n-desde-la-c%C3%A1rcel-de-tucum%C3%A1n Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ CESCR.aspx Proyecto presentado este mes a favor de la legalización del aborto: http://www.cba24n. com.ar/content/presentan-en-el-congreso-proyecto-para-legalizar-el-aborto Centro de Estudios Legales y Sociales sobre la interrupción voluntaria del embarazo: http://www.cels.org.ar/icacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2007 -TÉLAM, La Corte Suprema de Tucumán ordenó liberar a Belén, 18 de Agosto de 2016, disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201608/159298-caso-belen-cortesupremade-justicia-de-tucuman-fallo-libertad-joven-aborto-espontaneo.html

Notas 1

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En reportaje de La Condesa a Maite Amaya, luchadora travesti, piquetera, anarquista y feminista, militante de la Federación de Organizaciones de Base. Entrevista disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nobxbNjfgzY Como es el caso del preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando establece que “con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” (OEA, 1969)

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Violencia de género y APS:

Con variaciones según las profesiones, se encontraron dificultades en la percepción de los casos, con abordajes erráticos, que se activan ante “el caso”, sin prácticas de diagnóstico y atención coordinadas, planificadas ni en equipo, tampoco empleo de guías de tamizaje, con un oscilante voluntarismo y desconocimiento de legislación y dispositivos específicos que son reducidos y organizados sin tener en cuenta cuestiones de accesibilidad y gravedad del sufrimiento, todo lo cual redunda en escepticismo y/o negación de un problema que se caracteriza por la invisibilidad y la naturalización.

Investigación: Programa de becas “CarrilloOñativia”, estudio multicéntrico, Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación.

Justificación del problema

Un estado de situación en municipios seleccionados de la provincia de Buenos Aires. Aportes a las políticas públicas

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n un marco de avance en la legislación tendiente a la protección de derechos e incorporación de Tratados internacionales se sancionó una serie de leyes y se implementan programas de la temática aquí abordada: Ley 26.485/2009 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las M; Ley 12.569/2001 sobre Violencia Familiar (PBA)) y la 14.509/2012. La visibilidad y la legitimidad propiciadas por la ley promovieron identificación y denuncia de casos. No obstante, la naturalización de situaciones por parte de quienes la padecen o la ejercen, la prevalencia de los sucesos en el ámbito de lo privado, inciden en el subregistro de casos. Si bien la VG es un problema complejo, resulta indudable que el sector salud tiene una función estratégica por las altas tasas de morbimortalidad asociadas (Ruffa-Chejter, 2010; Tajer, 2011). Para llevar adelante el rol de prevención, detección y mejorar la respuesta del sector sanitario se han propuesto dos herramientas: el tamizado sistemático y los protocolos (OMS, 1998) El tamizado sistemático implica preguntar habitualmente a todas las mujeres que acuden a la consulta si han sido maltratadas en alguna oportunidad. Por otro lado, los protocolos son planes escritos para un entorno y/o población específicos, que documentan los pasos a seguir para detectar y/o responder frente a un caso de VG. Estas herramientas implementadas por el sistema de salud facilitaría y mejoraría las prácticas de diagnóstico oportuno y tratamiento, y posibilitarían su estandarización (Tajer et al, 2011). Aunque en la provincia de Buenos Aires (PBA) existen para APS protocolos para detección y asistencia a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, se ha constatado desinformación sobre estos.

Autores: Dra. Graciela Biagini (Coordinadora) y otros. Colaboradores: Lic. Alba Braile y otros.

Palabras Atención Primaria. Diagnóstico. claves Representaciones. Género.

Resumen La investigación propone ampliar el conocimiento sobre las estrategias de diagnóstico, atención psicomédica y social en los distritos de Moreno, General Rodríguez y Luján (Pcia. de Bs. As.) y estudiar la significación social de la problemática de la violencia de género (VG) teniendo en cuenta las prácticas y las condiciones del proceso de trabajo “en vivo”, así como los alcances de las políticas públicas y dispositivos locales. A través de un diseño exploratorio y descriptivo se relevaron orígenes, características y efectos de la VG sobre la salud de las mujeres, así como las dificultades sentidas para detectar, atender los casos y emplear protocolos en una muestra de profesionales que se desempeñan en el primer nivel de atención (APS). COLEGIO

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ideológico-políticas y a las condiciones institucionales donde desarrollan sus prácticas de diagnóstico y seguimiento de casos. 2. La existencia de dificultades intrainstitucionales para una adecuada conformación de equipos de trabajo en APS, la descoordinación de servicios, la existencia de reducidos dispositivos, recursos materiales y financieros, las escasas articulaciones inter y extra sectoriales, el desconocimiento respecto de la legislación, programas vinculados y dispositivos existentes; obstaculizan la asistencia integral de la VG.

Caracterizar la significación social de la problemática de la VG e identificar los indicadores (síntomas, síndromes, dolencias, daños, etc.) utilizados para la detección y/o tamizaje de situaciones de violencia hacia la M, así como los dispositivos a los que recurren para el tratamiento y/o derivación de casos los profesionales de la salud que trabajan en APS en los distritos de GR, LU y MO ubicados en la PBA.

Supuestos e hipótesis de trabajo

Marco conceptual

Si bien es un estudio exploratorio, en las conclusiones se ‘confrontan’ los siguientes supuestos específicos o “hipótesis exploratorias” con los resultados elaborados:

El género permite abordar el PSEA desde tres dimensiones: como construcción social e individual de las identidades de género; como relaciones de poder que se expresan en interacciones entre V y M; o desde las desigualdades sociales entre V y M. Para muchas mujeres que han sufrido violencia, los servicios de salud son con frecuencia el único contacto con algún servicio que puede brindar apoyo e información para poder pedir y/o recibir ayu-

1. La forma en que los profesionales de la salud asignan sentido a la cuestión de la violencia hacia la M y al carácter interviniente de la desigualdad por género y su incidencia en la salud, están vinculados a sus campos disciplinares, a sus orientaciones COLEGIO

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da y facilitar el acceso a dispositivos públicos y gratuitos además de disponer de tratamientos preventivos para reducir riesgos. El conocimiento de las modalidades de diagnóstico y atención de la VG es aún reducido en la Argentina. Puede mencionarse el estudio realizado por Tajer et al, 2011 que como lecciones aprendidas de las M víctimas de violencia verificó que muchas alertas y pedidos de ayuda que realizaron al sistema de Salud fracasaron previamente por: 1) dificultad de pedir expresamente ayuda por parte de la víctima, 2) invisibilidad y complicidad del entorno por negación o naturalización de la violencia y 3) falta de protocolos en los sistemas de atención que, cuando una M consulta, permitan realizar un tamizaje por situaciones aún inespecíficas pero con indicadores de sospecha de lesiones asociadas a la VG.

subordinan y desvalorizan a las M. Es posible reconocer, entre los profesionales, diferentes representaciones sociales de la problemática conectadas con posiciones ideológicas. Los que se focalizan en el nivel microsocial y psicosocial de interpretación enfatizarán el tipo de vínculos; historias familiares, reproducción social, etc., como orígenes y, a su vez, efecto de la VG y abusos diversos. Otros, desde un nivel de análisis macro y una perspectiva sociocultural pondrán el foco en las condiciones de vida y trabajo, en algunos determinantes sociales y en la persistencia de pautas patriarcales y machistas en estos casos, el peso del contexto general de mayor violencia y agresividad como una particularidad de nuestros tiempos. Estos posicionamientos aparecen en los relatos recabados en forma no excluyente coexistiendo de modo no contradictorio al exponer las interpretaciones sobre orígenes, efectos e implicancias así como señales y parámetros utilizados para un diagnóstico que generalmente no ha sido buscado ni programado, que se presenta en forma encubierta pero que irrumpe en la percepción del sistema de salud en ocasiones de modo inesperado y dramático. En el abordaje prevalece la idea de “hay que esperar” para que vuelva la consultante (en contraposición a otros padecimientos donde se interviene prescriptivamente). Además de las implicancias subjetivas que supone el tratamiento de este problema, que excede a la atención psicomédica y social, en la base de ciertas actitudes de “evitación” que se desprenden de los relatos operan -a veces como respuesta justificativa de aquellaslas carencias de dispositivos efectivos, capacitaciones y/o el propio desconocimiento de estos por parte de los profesionales (legislación específica, incumbencias, etc.). A esto se le suman las dificultades objetivas existentes para encarar un trabajo en equipo que avance más allá de derivaciones y comentarios “de pasillo”; derivaciones que resultan señales informativas para que otros (en general, Psi y TS) se ocupen, en tanto en el camino la paciente se “escurre” de la sala o no vuelve a consultar. Por ejemplo, las profesionales médicas afirman que ante la sospecha o la evidencia derivan.

Diseño de investigación Se ha elaborado un diseño de tipo descriptivo y exploratorio con implementación de técnicas de producción de la información de tipo cuali/cuantitativo con predominio de las primeras (observación, entrevista semiestructurada y talleres exploratorios).

Población y muestra Universo o población objetivo Profesionales de la salud del campo de la medicina, obstetricia/ ginecología, trabajo social, psicología y enfermería que se desempeñan en APS. Se seleccionaron 24 CAPS, 2 CICS y se entrevistaron a 107 profesionales. La muestra está integrada por profesionales con 2 años de antigüedad como mínimo. Significación social de la VG Desde la perspectiva de la medicina social la violencia en general y la VG específicamente constituyen uno de los determinantes sociales del PSEA/C y a nivel macro y microsocial deriva y refuerza condiciones de violencia estructural e incrementa la vulnerabilidad de las M. La “construcción social de la VG” constituye un fenómeno en proceso, no cristalizado. Al igual que en otras cuestiones, en su elaboración están interviniendo “no sólo procesos teóricos y técnicos, sino procesos institucionales e ideológicos en los cuales está inmerso el saber y la práctica médica”1 La significación del padecimiento y la percepción de las condiciones que generan vulnerabilidad hacia las M y los niños está condicionada por las características de los procesos de producción y reproducción social, con una fuerte carga de componentes socioculturales que se nuclean en torno a tipos de vínculos caracterizados por la desigualdad genérica en el marco de valores patriarcales que COLEGIO

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A / Los orígenes de la VG En las entrevistas se observa un mosaico polimorfo de interpretaciones sobre los orígenes, las que se organizan en torno a una constante: a) La complejidad y multicausalidad del problema. Esta es la visión que emerge inicialmente aunque después se particularice o JORNADAS

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enfatice algún componente. b) Otras visiones sobre el origen remiten a las condiciones de vida material y trabajo. Vulnerabilidad estructural (desocupación, pobreza, hacinamiento). Con excepciones, priman estas consideraciones entre las profesiones médicas. En cambio entre los TS la mirada es sociohistórica, como un proceso de larga duración. En enfermería y en psicología se subraya la dependencia económica de las M sobrecargadas de hijos y la situación de indefensión que genera. c) Cultura patriarcal. Desigualdad por género. Mujer=objeto. El tema del poder, de la desigualdad entre los géneros y los distintos tipos de maltrato y abuso son las razones explicativas que se alegan respecto de las situaciones de violencia hacia las M y en parte hacia los hijos. Esta percepción resulta paradójica y contradictoria cuando en las consideraciones de la mayoría de los entrevistados se manifiesta que es necesario “esperar” a que sea la M quien deba en primer lugar “asistir-venir“ al CAPS y luego “hablar- manifestar”

la situación que la aqueja, pues se trata de una persona adulta y autónoma, sujeto que se mueve en ámbito privado-familiar. d) Contexto social y mundial más violento. Más agresividad. Lo que sucede en el ámbito familiar es solo un aspecto de un mundo peligroso. e) Historia familiar. Reproducción de vínculos de agresividad “patológicos” aunque naturalizados. Condicionamiento mutuo. La mayoría de los informantes carga el acento en la responsabilización individual y patologización del problema. Prima aquí la visión de psicología y de enfermería. f) Consumo de alcohol y drogas. Algunos testimonios incluyen el uso abusivo de estas sustancias como causante de VG con connotaciones discriminatorias por clase social y niveles culturales.

B / Pistas-parámetros para detectar el problema Ante el requerimiento de las formas o pistas que utilizan al sospechar situaciones de VG se verificó que en el caso de los médicos, obstetras y enfermeros/as, a partir de las experiencias vividas con las pacientes surgieron las referencias. En cambio, el TS se caracteriza por una visión más deductiva. Siete tipos de parámetros, a modo de indicadores, hemos elaborado a partir de los relatos. 1) Psico/emocionales/afectivos: depresión, miedo, sentimiento de inferioridad, tristeza, ataques de pánico. 2) Vincular: sumisión como forma de interrelacionarse; dependencia para la toma de decisiones; venir acompañada y controladas. Aisladas. 3) Socioeconómica: no manejo de dinero, pérdida de trabajo y otras pertenencias grupales. 4) Salud sexual y reproductiva: dificultad en usar métodos anticonceptivos; desinterés por control de embarazo, no traer los estudios, embarazos no deseados. 5) Relación con el CAP: consultas reiteradas, policonsultas. 6) Actitud frente a los niños: callada en consulta pediátrica, no mantiene tratamiento o controles de los chicos. Sumisa o violenta hacia los hijos. Acerca de tendencias percibidas En cuestiones de salud colectiva, importan prevalencia e incidencia de determinada problemática. Pero en los distritos seleccionados no hay registros sistemáticos de la ocurrencia de una lesión o como motivo de consulta originada en ese tipo de causas. Mayor-

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mente son las TS las que “anotan en sus cuadernos” o algunas obstetras la imputan en la historia clínica. Se trata de una problemática sin denuncia obligatoria. La mayoría de los entrevistados manifestó que 1) Es más visible ahora: la mayoría no puede precisar si la VG está en aumento pero estiman que es más visible. 2) Hay más violencia: como actitudes que revelan cierta “comprensión” relacionan la VG con el incremento de la violencia en general.

C/ Particularidad de la VG en el campo de la Salud Colectiva

Abordaje y Prácticas Profesionales Aunque resulta claro que las reflexiones de los informantes respecto del proceso de trabajo ante situaciones de violencia están ancladas a la “experiencia” profesional, la “lectura” de esas prácticas contiene enfoques teórico-ideológicos. Algunos rememoran sentimientos de espanto y “experiencias” de fracaso, condensada en la expresión “si ellas no lo dicen no podemos hacer nada”. Los pocos profesionales que han seguido algunos casos “ven” la reincidencia, las dudas y cansancios de las mujeres como fracaso. Más allá de que es posible que el marco jurídico sobre el tema condicione el quehacer profesional -si la mujer no denuncia en la justicia no se configura como tal (denuncia)-, los informantes no han destacado este requerimiento normativo como limitante a su accionar; es más, en general no conocen los protocolos de actuación, entonces surge el interrogante ¿qué está en juego en esta parálisis profesional ante las situaciones de VG? Por otra parte, el alto nivel de fragmentación en las prácticas del personal da cuenta de la necesidad de promover cambios cualitativos en los modos de ejercitar y producir el cuidado.

Si bien de modo minoritario, algunos indican que “para otros” la VG no es significada como una cuestión de salud colectiva; afirmación que connota un alarmante sentido pues la aleja del campo de intervención del Estado y la separa de su reconocimiento como derecho. Se ha detectado un grupo de respuestas: - No es un problema que interese; que sea ubicado en el campo de la salud pública y de la enfermedad. No está visibilizado Se naturaliza. No hay quien se haga cargo. - De difícil detección. No hay método diagnóstico, más allá del daño físico; depende de la paciente que lo quiera expresar. Estas consideraciones predominan entre las profesiones médicas que se enfrentan con situaciones que no pueden detectar ni “medir”. A modo de cierre, este elocuente relato revela el estado de situación del problema: -… más allá de que pueda tener signos clínicos indirectos sugestivos no hay algo que le puedas aportar de manera inmediata, tiene solución más mediata que inmediata…. Yo creo que el problema es visible pero somos nosotros los que no venimos con esas herramientas para visibilizarlo, ni siquiera cuando cursas salud mental. No tenemos algo protocolizado, es un agujero, pasa esto y no sabemos que hacer… las que más se involucran con eso son las chicas de TS. LU, GENERAL, V. - La resolución y el “tratamiento” involucran a la propia mujer. No hay posibilidades de respuesta independientemente de la persona. - Tiene efectos e incide en el presente familiar y en el futuro de los hijos. Impacta totalmente en la persona, en su personalidad. - La inequidad de género como cuestión cultural afecta al propio equipo. Implica afectivamente al profesional. - Solución compleja e incierta. No hay respuestas efectivas ni dispositivos que operen adecuadamente. Tampoco equipo. - Genera temores por represalias en el profesional. COLEGIO

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Nota 1

M. Grimberg et alt.: Representaciones médicas sobre el sida. Construcción social y hegemonía, ICA, Fac. Filosofía y Letras, UBA, 1993 (mimeo).

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Aborto legal en cualquier lugar: reflexiones en torno al espacio de la casa en el debate sobre la legalización del aborto 1

de los abortos medicamentosos desde una perspectiva espacial. Buscamos dar cuenta de las tensiones que el lugar de la casa suscita disputando el control monopólico del modelo médico hegemónico sobre el cuerpo de las mujeres, por un lado, y por otro lado, la función histórica asignada al hogar como ámbito dispuesto para la garantía de las actividades reproductivas.

Introducción

L

a ilegalidad del aborto no impide la masiva realización de su práctica. Dentro de las diferentes formas que existen para acceder a ella, la difusión del uso de medicamentos posibilita una opción segura a pesar de las restricciones legales. La divulgación de esta alternativa se enmarca, por un lado, en las estrategias de “reducción de riesgo” llevada a cabo por parte de algunos sectores de salud (bajo los lineamientos de la OMS2 que prescribe el aborto con pastillas como tratamiento ambulatorio) y, por otro lado, en la reivindicación de poder decidir sobre el propio cuerpo sostenida por la creciente movilización de las luchas feministas. Según el Colegio de Psicólogxs de Chile3 el “síndrome post aborto” no existe. Los malestares psicológicos que puedan aparecer luego de una interrupción voluntaria del embarazo son manifestaciones de experiencias situadas en sociedades que criminalizan esta práctica culpabilizando a las mujeres. En este mismo sentido, un estudio publicado en JAMA Psychiatry4 afirma que los malestares psicológicos son más frecuentes en las mujeres a las que el aborto les fue denegado. Tomando estas consideraciones, entendemos que el aborto medicamentoso incide directamente en el acontecimiento de experiencias abortivas no traumáticas ya que permite elegir algunas de las condiciones en las que se va a llevar a cabo (como la compañía, el espacio físico, el horario del día, etc.). En el presente trabajo nos proponemos reflexionar sobre las implicancias políticas de los abortos medicamentosos desde una perspectiva espacial. Recuperando las tradiciones del feminismo en sus consideraciones acerca de la función del hogar como ambiente privilegiado para la reproducción; la institución médica como expropiadora de los saberes populares sobre la salud; y las consideraciones acerca del espacio como construcción social, proponemos repensar la casa como posible lugar de resistencia y ejercicio de soberanía en el marco de la lucha por la legalización y despenalización del aborto.

Autoras: Gaztañaga Lacunza, Marta - Siskindovich, Julieta Marta Gaztañaga Lacunza. Estudiante avanzada de la Maestría en Antropología (UNC). Licenciada en publicidad y relaciones públicas. Es orientadora en un Consultorio de Salud Integral y socorrista desde el año 2015, integrando Socorro Rosa Córdoba, en Socorristas en Red, feministas que abortamos. marta.gaztanaga@gmail.com Julieta Siskindovich. Es estudiante avanzada de la Licenciatura en Geografía (FFyH - UNC), becaria de SEICyT y docente en escuela media. Es socorrista y desde el año 2015 integra Socorro Rosa Córdoba, en Socorristas en Red, feministas que abortamos. julietasiskindovich@hotmail.com

Palabras Aborto medicamentoso - Experiencias no claves traumáticas - Hogar - Feminismo

Resumen La ilegalidad del aborto no impide la masiva realización de su práctica. Dentro de las múltiples estrategias que existen para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, la difusión del uso de medicamentos posibilita la opción de acceder a abortos seguros a pesar de las restricciones legales. En el presente trabajo nos proponemos reflexionar sobre las implicancias políticas COLEGIO

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Aborto legal en cualquier lugar presenta la urgencia de legalizar el aborto para exigir al Estado que esta práctica se pueda garantizar de manera libre, segura y gratuita.

Algunos interrogantes que guiarán esta indagación exploratoria son: ¿Qué lugar ocupa la casa en la experiencia del aborto medicamentoso? ¿Qué atravesamientos simbólicos y materiales son fundamentales para pensar la posibilidad de abortar en la casa? ¿Cómo elaborar propuestas concretas para la legalización y despenalización del aborto que contemplen una diversidad de posibilidades, tales como elegir cómo, dónde y con quién hacerlo?

son forzadas a ser madres en contra de su voluntad, a contraer graves riesgos por un aborto inseguro o a dejar su vida en el intento. La búsqueda de la interrupción de un embarazo se desarrolla en un ámbito marcado por la clandestinidad que expone a las mujeres a distintos tipos de violencia desde mucho tiempo antes de tomar la decisión. El mandato de la maternidad obligatoria sostenida por una moral patriarcal, la desinformación acerca de los derechos sexuales y no reproductivos (Brown, 2009), la falta de acceso a la salud y a la educación sexual integral o las campañas de grupos antiderechos que imponen imágenes de terror6, construyen un “telón de fondo” sobre el que la decisión de abortar tiene que lidiar para hacerse posible. Una vez que la decisión está tomada, resolverla implica aventurarse a un conjunto de relaciones que no hacen más que profundizar estos mecanismos de coerción. Son numerosas las mujeres que relatan que en los consultorios médicos las maltratan por el simple hecho de pedir información; les aseguran que las pastillas provocan cáncer o infertilidad; las instan a escuchar latidos del embrión o las amenazan con denunciarlas si intentan tomar medicación. Aunque permanezca invisible a la vista, el escenario en que las mujeres se mueven para interrumpir un embarazo no es neutro ni aséptico, sino que refleja rígidas estructuras opresivas y normativas,

La clandestinidad del aborto La ilegalidad del aborto lleva a las personas con capacidad de gestar5 a buscar diferentes estrategias para interrumpir un embarazo no deseado. Intervenciones quirúrgicas, sondas, infusiones, agujas de tejer, inyecciones, pastillas, son algunos de los métodos utilizados. El efecto de esta prohibición, sin embargo, no recae de la misma manera sobre todas las mujeres. Por el contrario, profundiza la inequidad social entre ellas ya que solo algunas acceden a tratamientos seguros mientras tantas otras, inmersas en una profunda desigualdad de clase intragénero (Chaneton y Vacarezza, 2011: 32), COLEGIO

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La distinción de los “espacios públicos y privados” y la consecuente asignación de funciones a cada uno de ellos, se encuentra en la base de gran parte del pensamiento moderno-occidental. La diferenciación en la antigua Grecia de la polis clásica entre el oikos, relacionado a la esfera de la necesidad y la economía y a lxs sujetxs pre-políticxs (mujeres, esclavos, extranjeros) y el ágora, espacio para la discusión política y vida pública, marca uno de los antecedentes de esta dicotomía generizada (Pérez Mirón, 2014; Butler, 2012). Esta escisión nacida en la época clásica, profundizada en la modernidad y el capitalismo, postula una desigual naturaleza entre el espacio privado como ámbito ‘natural’ de las mujeres para el desarrollo de los cuidados, el trabajo doméstico no-asalariado y los valores asociados a la intimidad y privacidad de la vida familiar; y el espacio público como ámbito reservado para la vida política de los hombres, que condensa los valores de la vida en sociedad, el intercambio, el trabajo reconocido socialmente, la recreación y los asuntos del Estado (Gutiérrez Aguilar, 2015; Brown, 2009). Las corrientes del feminismo socialista7 se encargaron de mostrar el carácter opresor del ámbito hogareño al someter a las mujeres a un trabajo repetitivo, invisibilizado y subestimado, orientado a satisfacer las necesidades de lxs otrxs. Así, identificaron a la casa como un espacio de aislamiento y a la restricción de la vida entre sus paredes como una imposibilidad de emancipación. Las geógrafas feministas que se inscribieron en esta tradición identificaron al hogar como un espacio similar al de una prisión. Por ello se propusieron desafiar algunas concepciones generalizadas en torno a la noción de hogar que lo concebían de manera acrítica, como espacio armónico y exento de conflictos, ámbito de confianza en donde “el hombre” sería capaz de satisfacer sus “necesidades biológicas de comida, agua, descanso y procreación” (Tuan, 1983: 4). Estas nociones romantizadas del hogar, tendrían como base una idea fetichizada e idílica de la “morada” similar a la de un fenómeno natural inmerso en el paisaje, que ignora el trabajo que requiere su construcción y mantenimiento (McDowell, 2000). Por otro lado, invisibiliza la ardua tarea doméstica no remunerada efectuada por las mujeres en la esfera privada, como también su contribución a la reproducción de la mano de obra, fundamental para el funcionamiento del capitalismo. Así, la noción de hogar caracterizada como un espacio idealizado para el ejercicio de la vida emocional, del amor y la empatía, y reservado para ser habitado por las mujeres (más como ángeles que como trabajadoras, según McDowell), oculta que todo lugar se encuentra atravesado por asimetrías funcionales a de-

El espacio como construcción social Las formas en que una sociedad siente, vive y concibe el espacio se relacionan a su orden de valores y sistema social, político, económico y cultural. Las relaciones sociales y de poder se organizan espacialmente y se manifiestan material y simbólicamente. De la misma manera que el modo de producción capitalista existe en, por y a través del espacio (Lefebvre, 2013), el sistema sexo-género produce configuraciones espaciales concretas que reflejan su propia distribución de jerarquías y desigualdad (Del Valle, 1996). Según McDowell (2000), la organización espacial refleja las representaciones dominantes e incide en ellas. Así, “el espacio y el lugar son sexuados y tienen un carácter de género, y las relaciones de género y la sexualidad están ‘espacializadas’” (Op. Cit.: 101). De esta manera, una sociedad que solo considera “normales” las relaciones heterosexuales y familiares incomoda a quienes no responden a dichas expectativas, e imposibilita su tránsito imponiendo obstáculos o mecanismos reguladores. El régimen político de la heterosexualidad que “institucionaliza una forma única y legítima de vivir el deseo y los placeres, regulando de este modo los usos del cuerpo” (Flores, 2015: 4) hará de todo lo que desborde sus normativas, conductas desviadas, patologizadas y abyectas. El aborto como práctica no reproductiva cuestiona un conjunto de mandatos y de roles asignados al cuerpo con capacidad gestante como el de la maternidad, la fertilidad, la naturaleza, la reproducción de la familia y de la especie. Por esta razón el aborto no solo interrumpe un proceso de embarazo, sino también un proceso de “reproducción social y cultural de algunas formas de poder que se ciernen sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres” (Morán Faúndes, 2013: 40). Si los espacios se encuentran atravesados por símbolos y afectos y a su vez se encuentran inmersos en relaciones de poder y dominio, ¿qué relaciones de poder se ponen en cuestión en los abortos medicamentosos que ocurren en la “casa”, espacio largamente problematizado por el feminismo? Para explorar el potencial político del aborto medicamentoso en vistas a pensar en métodos y condiciones que hagan de la posibilidad del aborto legal un aborto libre y feminista, es necesario repasar genealógicamente dos cuestiones fundamentales que son puestas en cuestión cuando este se pone en práctica: la casa como espacio para la reproducción, y el control sobre el cuerpo como monopolio de la institución médica hegemónica. COLEGIO

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El hogar como prisión para la reproducción

costumbres, creencias y valores que coartan la posibilidad de ejercitar la disposición de una misma (Gutiérrez Aguilar, 2015: 27), proscribiendo decisiones y prescribiendo gestos, emociones y conductas.

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terminado orden social. El hogar sería entonces concebido por gran parte del feminismo como un sitio de opresión estatal y patriarcal (Rose, 1983) que hace de las mujeres un engranaje más en la maquinaria productiva. Sus úteros son transformados en territorios políticos controlados tanto por los hombres como por el Estado. Así, se dispone la procreación al servicio de la acumulación capitalista (Federici, 2015).

una formación universitaria de la que estaban marginadas (Rodríguez, 2004). A su vez, implicó la construcción de una autoridad legalmente reconocida que monopolizó un campo de actividades a partir del soporte científico y la autoridad social. En cada momento histórico, la medicina y sus profesionales, producen significados sobre los cuerpos. Su diferenciación en hombres y mujeres está determinada por una ideología sexista. “Se ha aceptado como ‘natural’ reducir la sexualidad de las mujeres a los aspectos reproductivos y, por lo tanto, a la maternidad. Esta manera de ver la sexualidad de las mujeres como una función supeditada a la reproducción, determina que les sea negado a menudo el derecho al erotismo y al placer” (Rodríguez, 2004: 3). La toma de decisiones de lxs profesionales sobre cuestiones sexuales y reproductivas reserva a las mujeres el “sagrado” placer de ser madres. Así la medicina desempeña un rol importante en la transmisión de valores de género convencionales (Colombo, 1993). El hospital, en tanto dispositivo de emergencia de poder patriarcal, ejercita la patologización e infantilización de las mujeres como “pacientes” cuya salud ha de ser monitoreada, controlada, corregida y normalizada por la autoridad médica. El vínculo asimétrico entre lxs pacientes y lxs médicxs no da lugar al reconocimiento de los saberes cotidianos, las necesidades y los sentimientos que registran lxs sujetxs. “Se coloca al individuo en una posición de subordinación (paciente-pasivo), donde se encuentra imposibilitado de actuar por sí mismo frente a la posible solución de sus problemas de salud” (Colombo, 1993: 4). La crítica feminista ha hecho un esfuerzo ingente de revisión y desnaturalización del análisis clásico de la reproducción y de la sexualidad, resaltando el carácter dinámico de los procesos reproductivos y no reproductivos así como el control social que se ejerce sobre ellos.

El modelo médico hegemónico como expropiador de saberes Durante siglos la gestación, la anticoncepción, el parto y el aborto estuvieron guiados por mujeres que orientaban a otras mujeres desde una mirada integradora (Rodríguez, 2004). A partir del conocimiento construido en la experiencia se tenían en cuenta tanto la contención afectiva y emocional de las gestantes, como el curso fisiológico de los procesos. La “caza de brujas” estudiada por Federici (2015), ilustra la persecución que sufrieron aquellas mujeres que ejercitaban prácticas abortivas y anticonceptivas sobre su cuerpo durante la transición del feudalismo al capitalismo. La deslegitimación social de estas mujeres, que fueron caracterizadas como salvajes y demoníacas por la Inquisición, allanó el camino para la construcción de la institución médica moderna como única fuente de razón para el tratamiento de la salud. Durante la segunda mitad del siglo XX “(...) la égida masculina logró el control político y económico de la medicina, como así también el control de la organización institucional, de la teoría y de la práctica. El medio fue la represión de las sanadoras, de cuya ciencia, parte de la cultura popular, sobrevive ancestralmente en los márgenes del sistema” (Rodríguez, 2004: 103). Esto fue dando lugar a la conformación del “modelo médico hegemónico”. Menéndez (1985), antropólogo argentino, define este modelo como un conjunto de prácticas, saberes y teorías que a partir del siglo XVIII se impusieron como dominantes y constituyeron la disciplina médica. Esta disciplina sería la única legitimada por el Estado y la ciencia para tratar la salud, subalternizando prácticas o saberes vigentes hasta el momento. A partir del enfoque positivista y con la ayuda de diferentes recursos tecnológicos, este modelo se centra en la fisiología de los cuerpos sin tener en cuenta sus dimensiones psíquicas, culturales o sociales. Es importante percibir que la historia de la medicina es el relato de los conflictos de poder político de cada momento. En él se reflejan las creencias, las tradiciones, los mercados y los vínculos sociales, culturales y económicos establecidos. La profesionalización de la medicina, limitada por el riguroso control de la doctrina católica, facilitó la exclusión legal de las mujeres a la práctica, ya que exigía COLEGIO

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El hogar como espacio de resistencia Reivindicando la lucha contra la supremacía del patriarcado capitalista de la raza blanca, bell hooks (1990) cuestiona algunos análisis del feminismo que postulan al hogar exclusivamente como espacio opresor de la mujer. En el contexto de la segregación a las comunidades afroamericanas, hooks plantea al hogar como “un sitio de resistencia y lucha por la liberación” (Op. Cit.: 285). La autora recuerda el miedo y la inseguridad que le inspiraba la calle bajo la mirada amenazante de los vecinos de barrios blancos cuando era niña, y el alivio que le generaba llegar a casa, como ámbito donde “todo lo que verdaderamente importaba en la vida tenía lugar: el calor y el confort del refugio, la alimentación de nuestros cuerpos, la nutrición de nuestras almas” (hooks, 1990: 383). JORNADAS

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Esta experiencia en el “hogar” como lugar de encuentro, cariño y cuidados estaba construida por lazos de solidaridad de las mujeres de su familia. Sin abandonar una mirada crítica hacia el carácter injusto de la división sexual del trabajo que atribuye a las mujeres las tareas de servicios, hooks reivindica los cuidados dentro del hogar que devuelven a las personas afroamericanas la dignidad que les es negada “afuera”, en el mundo público. De esta forma, refiere que el rol activo de las mujeres en la lucha por su liberación -y de la comunidad negra en general- es construir comunidad: “porque cuando un pueblo ya no tiene el espacio para construir su lugar de residencia, no podemos construir una comunidad significativa de resistencia” (Op. Cit.: 388). Teniendo en cuenta sus aportes e inquietudes es posible postular que los lugares no se definen de una vez y para siempre, sino que se encuentran atravesados por relaciones de poder móviles que contienen determinados vínculos que los caracterizan. Son estos vínculos los que dan significado a los lugares, a pesar de que se encuentren estructurados históricamente a partir de la asignación de usos y funciones según el género, la posición racial y de clase.

a las mismas condiciones. La clandestinidad restringe la posibilidad de elección y, en este contexto, la casa podría aparecer como única opción reafirmando la clandestinidad. Nuevamente, serán los vínculos y las condiciones de existencia las que influencien el significado de esta experiencia. Tomando las consideraciones de hooks acerca del hogar como un espacio de resistencia frente a una exterioridad violenta, presentamos al aborto autogestionado, en la casa y con compañía, como un desafío al “afuera” patriarcal, sexista, que infantiliza y criminaliza a las mujeres.

Conclusiones En el presente trabajo nos propusimos repensar al aborto medicamentoso en la casa como un acontecimiento a partir del cual es posible re-territorializar8 el control sobre el propio cuerpo y hacer de los espacios cotidianos ámbitos de resistencia. Para ello, nos basamos en los aportes de la antropología feminista, la geografía de género y nuestra experiencia socorrista9. La antropología feminista se ha encargado de mostrar los riesgos de analizar las realidades e identidades de las mujeres como universales y uniformes; “peligros en los que caen fácilmente algunos discursos con una clara hegemonía dentro del feminismo de la salud, como los que provienen del campo de la medicina y la psicología” (Esteban, 2006: 4). La geografía de género ha cuestionado la visión masculinista que toma a la sociedad y a su medio como “un conjunto neutro, asexuado y homogéneo” (García Ramón, 2008: 26). Por ello propone abordar la espacialidad a partir del análisis de las jerarquías sostenidas en base a la diferencia sexual y su consecuente atribución de roles. El acompañamiento socorrista nos ha acercado a diferentes relatos que dan cuenta de los obstáculos y dificultades sistemáticas encontradas ante la decisión de abortar. La interpelación de estas historias y la decisión del estar ahí (Maffeo; Santarelli; Sata; Zurbriggen, 2014) nos hacen pensar sobre las condiciones que posibilitan experiencias de abortos no traumáticas. Aborto legal en cualquier lugar visibiliza que en el hospital, en la casa, en la escuela y en el trabajo, las mujeres y los cuerpos con capacidad gestante abortamos. Es este empoderamiento de torcer el destino impuesto lo que reivindicamos y defendemos como proyecto político para materializar la capacidad de decisión y acción sobre la propia vida. Por esta razón, cualquier propuesta para la legalización y despenalización del aborto debe contemplar la posibilidad de elegir cómo, dónde y con quién hacerlo.

El aborto medicamentoso y en la casa En una sociedad que impone el mandato de la maternidad obligatoria, el aborto se configura como un trastocamiento del orden social (Rostagnol, 2013) que cuestiona el control de los cuerpos. Esto no quiere decir que en sí mismo el aborto sea liberador o emancipador, sino que pone en práctica un ejercicio de agencia que “ensancha las posibilidades de acción” (Op. Cit.: 327) y subvierte las reglas de un marco social restrictivo. El aborto con medicamentos en la casa pone en tensión las históricas relaciones de poder que posicionan al hogar como espacio para la reproducción de la familia. Posibilita acceder a una interrupción segura y reapropiarse de un espacio cotidiano resignificando su sentido. Al mismo tiempo, las condiciones de posibilidad del aborto autogestionado están facilitadas por la existencia de redes de intercambio de información y acompañamiento. Estas redes ponen en jaque la autoridad médica y favorecen la autonomía de las mujeres como sujetas morales titulares de derechos (Rostagnol, 2006), al tiempo que hacen uso del saber médico para la construcción de una autoridad interna que no necesita del tutelaje externo (Maffeo; Santarelli; Sata; Zurbriggen, 2014). Sin embargo, como señala García Fernández, no debemos olvidar que así como “la posibilidad real de elegir [dónde parir] está dada por el acceso a recursos materiales y simbólicos a los que no siempre tienen acceso todas las mujeres” (2014: 3), la posibilidad real de elegir dónde y cómo interrumpir un embarazo está sujeta COLEGIO

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Aborto legal en cualquier lugar presenta la urgencia de legalizar el aborto para exigir al Estado que esta práctica se pueda garantizar de manera libre, segura y gratuita. Un reclamo que pretende desclandestinizar el aborto y atacar las lógicas neoliberales que asumen una falsa “igualdad de oportunidades” entre las mujeres que lo realizan. Pero aborto legal en cualquier lugar trasciende la solicitud de reconocimiento, para cuestionar la injerencia del Estado y del sistema social que infantiliza, tutela y gobierna a los cuerpos a través de prácticas violentas, represivas y autoritarias. Frente a la precarización de la vida, la privatización de los deseos, el despojo y el patriarcado, retomamos la propuesta de Federici (2017) de crear tejidos sociales más fuertes y construir nuevas formas de relacionarse y autogobernarse.

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Este trabajo fue presentado previamente en las XIII JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES - VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GÉNERO, “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto”, en Buenos Aires, julio del 2017. Organización Mundial de la Salud. “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/77079/1/9789243548432_spa.pdf Comunicado público y posición del Colegio de Psicólogos de Chile A. G. sobre salud mental y aborto terapéutico. Disponible en: http://colegiopsicologos.cl/web_cpc/ wp-content/uploads/2015/11/Comunicado-Aborto.pdf Estudio publicado en Jama Psichiatry. Disponible en: https://www.nytimes.com/ es/2016/12/21/encuentran-que-el-aborto-tiene-pocos-efectos-en-la-salud-mental-de-las-mujeres/?smid=fb-espanol&smtyp=cur A lo largo de este trabajo nos referimos a las “mujeres”, “cuerpos con capacidad gestante” o “personas con útero” para dar cuenta de la diversidad de sujetxs que pueden vivenciar un embarazo. Vacarezza (2013) analiza el despliegue discursivo de los grupos contrarios a la legalización del aborto como prácticas performativas que se orientan a establecer el carácter de persona del feto y a posicionar al aborto como un crimen genocida contra las personas por nacer. Según Arruza (2015) el feminismo socialista podría dividirse entre las corrientes materialista y obrerista, según señalen como responsables de la explotación de la mujer al Estado o a los hombres. Un doble movimiento en el que se descontextualiza el vínculo autoridad-saber médico y se produce una reorganización en la que el saber médico es compartido y el cuerpo reapropiado (Guattari y Rolnik, 2006: 372). Desde el año 2015 formamos parte de Socorro Rosa Córdoba, en Socorristas en Red- Feministas que abortamos. Para más información: socorristasenred.org

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Trata con fines de explotación sexual. Recuperar la voz

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omo se define en la Ley Nacional 26.842, la trata de personas es el ofrecimiento, la captación, el traslado y la acogida/recepción de una persona para ser explotada; esta explotación puede tener diversas finalidades: sexual, laboral, matrimonio forzado, extracción de órganos, etc. Nuestro país sanciona el delito en el 2008 mediante la Ley 26.364, acción impulsada por la repercusión de la causa Verón2 y el reclamo de las organizaciones de mujeres. La definición mencionada se establece en diciembre de 2012, luego de una modificación a la primera Ley realizada de forma maratónica (en ocho días), como consecuencia del repudio social que generó la absolución de los trece imputados en la desaparición y secuestro de Marita. Las principales modificaciones giraron en torno a las penas, a la figura del consentimiento3 y a los derechos de las víctimas. Si bien, en la actualidad, el delito de trata de personas es presentado como “la esclavitud del Siglo XXI”, conforma una mirada estrecha pensar que la trata de personas es novedosa, identificable a simple vista (como lo suelen presentar algunas publicidades gráficas, colocando principalmente a mujeres encadenadas), que opera solo mediante el secuestro y que combatir el delito implica únicamente la ejecución de operativos de rescate. No podemos entender esta forma de violencia como dispersa, esporádica y evidente; debemos pensarla como es: compleja y sistemática. Reflexionar sobre intervenciones profesionales en el delito, respetuosas de los Derechos Humanos, implica tanto una necesidad de historización de este -que conecte al Patriarcado, al Colonialismo y al Capitalismo como sistemas interrelacionados-, como una lectura crítica en torno al abordaje profesional que no deje de tener en cuenta la importancia fundamental del lenguaje para el ser humano. En este sentido, no debe ser inocente el uso que se haga del discurso y, por ende, de ciertos significantes que se repiten y se encuentran naturalizados en lo cotidiano de las prácticas.

Autoras: Denise Paz Ruiz - Luciana Szrank.

Palabras Trata de Personas, Explotación Sexual, claves Intervención Profesional, Desvictimizar.

Resumen El delito de trata de personas es sancionado en nuestro país en el año 2008, mediante la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”. Previo a esto, encontramos como antecedentes locales relevantes la desaparición y secuestro de María de los Ángeles Verón1, en la provincia de Tucumán, con su repercusión en los medios masivos de comunicación y la adhesión de la Argentina al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, también conocido como el Protocolo de Palermo. En el año 2012, luego de la absolución dada a los implicados en la causa de Marita, fue necesaria la modificación de la Ley anteriormente mencionada dando lugar a la Ley 26.842. La sanción de una Ley federal para el abordaje de tal complejidad, imprime un nuevo escenario para la intervención profesional en este campo problemático, tanto desde organismos del Estado como de organizaciones de la sociedad civil. Hemos elegido abocarnos a la trata con fines de explotación sexual, recuperando algunas reflexiones e inquietudes que se inscriben en el acompañamiento interdisciplinario a sobrevivientes desde una organización de la sociedad civil en la ciudad de Córdoba. Desde allí, es que pretendemos dar cuenta de la correlación entre avances legislativos y su aplicación, poniendo en tensión las prácticas institucionales/profesionales que se desarrollan en el acompañamiento; pretendiendo aportar a la construcción de dispositivos de intervención con perspectiva de género y respetuosos de los Derechos Humanos.

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Introducción

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Historizar sobre la explotación sexual El delito de trata con fines de explotación sexual representa una de las tantas formas de violencia contra sujetos femeninos y feminizados. En su origen, la trata fue un proceso organizado a pequeña escala, pero ya en el Siglo XVI se configuró como un formidable negocio que trasladaba forzosamente a la población negra a América para la esclavitud absoluta. Así es como el proceso colonial ya da cuenta del tráfico y explotación sexual de niñas y mujeres proveJORNADAS

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... la trata de personas es uno de los tres delitos que más dinero moviliza en el mundo, junto con el tráfico de armas y drogas.

nientes de África e indígenas, quienes se encontraban al servicio del patrón. Esto devela que la trata con fines de explotación sexual en nuestro país es previo al nacimiento como República. Mas allá de que en la Asamblea de 18134 se declara la “libertad de vientres”, por lo cual las/os hija/os de esclavos eran consideradas/ os libres, el flujo de la economía de la Argentina y principalmente de Buenos Aires estuvo fuertemente acompañado y sostenido por la explotación de mujeres europeas y criollas. En el Siglo XIX, como la inmigración era fundamentalmente masculina, las niñas y mujeres debían encontrarse a disposición de los varones; la compra y venta de mujeres europeas para su explotación en los prostíbulos de Buenos Aires fue un elemento indispensable para el auge económico de la ciudad (Maffia, 2014). Así, frente al crecimiento de la población prostituida, en 1875 se dictó en Buenos Aires una ordenanza municipal que reglamentaba la prostitución. Esta ordenanza dejó en claro que el Estado garantizaba el ejercicio libre de los proxenetas y tratantes, exigiéndoles el registro de las “casas de tolerancia” y el pago por este, ubicando a las mujeres prostituidas y explotadas como “mal necesario” y demostrándoles que no era tarea sencilla escapar de tales redes. El sistema de deuda, la amenaza, las formas de tortura -hoy comprendidas como métodos de sometimiento en la explotación sexual-, datan de aquella época. Las mujeres no tenían posibilidad de acceder al espacio púCOLEGIO

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blico en igualdad de condiciones que los varones. Como relata Raúl Schnabel: “todos los que a sabiendas admitieren en su casa particular o de negocio en calidad de inquilina, huésped, sirvienta u obrera cualquier mujer que ejerciere la prostitución, pagarán una multa de 1.000 $ m/o (...). Se considerarán sabedores los que permitan que una prostituta continúe en su casa tres días después de ser prevenidos por la autoridad (art. 24). Fue tal la mirada colonialista y racista con la que se comenzó a nombrar y visibilizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que la expresión “trata de blancas” denota que esta acción era considerada, en principio, válida en relación a personas cuya raza no era la blanca. Ruchla Laja Liberman, más conocida como Raquel Liberman, había sido una de las tantas mujeres provenientes de Polonia que al arribar al puerto de Buenos Aires, en 1921, fue explotada sexualmente por la red Zwi Migdal5. Si analizamos el caso de Raquel con las herramientas que hoy nos brinda la sanción del delito, podríamos hablar de una captación por engaño mediante el “enamoramiento”. Esta modalidad permanece fuertemente en la actualidad: por ejemplo, jóvenes y mujeres que comienzan relaciones amorosas JORNADAS

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con un varón, mediante el uso de las redes sociales, son captadas para ser explotadas sexualmente. Una estrategia puede ser alejarlas de su hogar para que luego se concrete la finalidad de la explotación por parte de quienes la captaron, o que estas/os mismos las entreguen a otros proxenetas. Las diversas formas de engaño conforman el método de captación más frecuente, superando ampliamente al secuestro, más presente en el imaginario social. Hay dos preguntas que resuenan frecuentemente: ¿Cómo es que estas mujeres y jóvenes contemporáneas caen en redes de trata? Y ¿por qué no salen de estas redes? Pensar desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos, implica mutar las preguntas hacia: ¿Cómo es que los cuerpos femeninos y feminizados en la infancia y en la adultez llegaron a ser victimizados por la trata con fines de explotación sexual? Y ¿qué sostiene a la trata con fines de explotación sexual? Para empezar a responder es necesario remarcar que la trata de personas es uno de los tres delitos que más dinero moviliza en el mundo, junto con el tráfico de armas y drogas. El informe mundial sobre la trata de personas del año 2012, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, demuestra que el grupo con mayor vulnerabilidad ante la trata de personas corresponde al género femenino. Si bien las personas victimizadas provienen mayormente de clases económicas desfavorecidas, no podemos dejar de tener presente otro aspecto fundamental y necesario para que la explotación sexual sea posible: la demanda generada por parte de los varones prostituyentes para el consumo de prostitución. Chejter (2011) propone la utilización del concepto “prostituyente”, reemplazando al de “cliente”, para poder develar a un actor partícipe del sistema prostibulario, sin el cual sería imposible la existencia del delito. Así, se desprende otra pregunta que no se pretende responder aquí pero que sí debería ser considerada en reflexiones sobre la trata con fines de explotación sexual: ¿Por qué los hombres consumen prostitución? Por otro lado, tomando la experiencia en el acompañamiento a sobrevivientes, resulta importante remarcar que la mayoría de las trayectorias de vida dan cuenta de la ausencia de un Estado garante de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual acentúa la vulnerabilización6 histórica de estos sujetos que corren riesgo per se, por ser femeninos y feminizados.

de la Sociedad Civil, representantes de Cámara de Diputados y Senadores, Consejo Nacional de las Mujeres y Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y que sus principales funciones fueran: diseño de políticas que permitan perseguir el delito y proteger a las víctimas, promoción de estudios e investigaciones sobre el delito, revisión de protocolos y de instrumentos internacionales y regionales, etc. Recién en abril de 2016 este organismo comenzó a funcionar. El reclamo de las organizaciones sociales permitió que la reglamentación parcial de 2015 de la Ley Federal contemplara el artículo mediante el cual el Estado se comprometía a la creación y funcionamiento del Consejo. Además, el artículo 6º de la Ley Federal, sin duda el más importante en las cuestiones relacionadas a la asistencia, se refiere a las “Garantías mínimas para el Ejercicio de los Derechos de las Víctimas”. Una de estas, contempla “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”. En disonancia a este compromiso estatal, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social alcanza a la población nombrada solamente en una de sus resoluciones. La resolución 1504/2013 extiende la cobertura del Seguro de Capacitación y Empleo a víctimas de trata, de explotación sexual y personas en situación de prostitución. El acceso a dicho programa es autogestionado por la persona victimizada o por una institución. Esta prestación tiene una duración de dos años, si es que previo a esto no se logró la inserción al mercado laboral formal. El monto fijo al que accede la “beneficiaria” es de $225, que varía si la persona puede y desea terminar sus estudios (aproximadamente a $400), realizar un entrenamiento laboral (aproximadamente $3.200) o un micro-emprendimiento. Si tenemos en cuenta el plano provincial, en junio de 2012, la provincia de Córdoba sanciona la Ley 10.060, “Lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual”, dando creación a la Secretaría de Asistencia y Prevención de la trata de Personas7. Esta Ley dispuso que la Secretaría debe asistir y contener a las personas víctimas de trata sexual o laboral y a sus familiares, crear una Comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de sus víctimas. Esta normativa convivió, hasta 2014, con el art. 45 del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, que sancionaba a quienes “ejercieran” la prostitución “molestando o provocando escándalo”. Existe entonces una llamativa disonancia entre, por un lado, una normativa nacional que desde 2008 sancionaba el delito de trata con fines de explotación sexual; una ley provincial que (recuperando las experiencias previas y antecedentes sobre modus operandis de las redes de trata con fines de explotación sexual) dispone la inmediata clausura de los prostíbulos en sus diversas presentacio-

Políticas públicas Entre las modificaciones de la Ley Federal en diciembre de 2012, el art. 18 establece la conformación del Consejo Federal de Lucha contra la trata de personas y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata, ambos dependientes de Jefatura de Gabinete. Se preveía que el Consejo fuera integrado por diversos Ministerios, Organizaciones COLEGIO

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nes (whiskerías, cabarets, pools, etc.) y un código contravencional que, al igual que los presentes en otras provincias del país, criminaliza fuertemente a las personas que se encuentran en situación de prostitución o están siendo explotadas sexualmente. Entonces, la ejecución de los allanamientos y el cierre de prostíbulos fue realizado, pero sin considerar a quienes han sido rescatadas/os como sujetos de derecho. Por todo ello, pretendemos hacer énfasis en la necesidad de establecer y ejecutar políticas públicas que posibiliten a las personas victimizadas un real acceso a la igualdad de oportunidades.

so en una institución se le demanda intervenir, por ejemplo en un tratamiento psicológico, se encontrará con un sujeto que busca ser reconocido en su singularidad como alguien que ha sufrido y/o sufre de una experiencia traumática. Se trata primero entonces de una demanda de ser reconocido como tal, como sujeto, y muchas veces de ser reconocido como víctima objeto de esa experiencia (Bassols, 2015). Sirve entonces detenerse en una diferencia que la victimología encuentra de una manera cada vez más prominente en sus observaciones. Es la diferencia que se realiza entre la “victimización primaria”, o sea la de ser objeto víctima del acontecimiento traumático o delictivo, y la “victimización secundaria”, que tiene como origen la relación del sujeto con esta misma experiencia, con el discurso familiar, social y jurídico y con los diversos modos de intervención del aparato del Estado en su tratamiento. Es en esta segunda dimensión en la que el sujeto puede y debe responder ante su posición de objeto. Por ende, la llamada “doble victimización” es el peor y más notable efecto de este retorno sobre el propio sujeto de su posición de objeto víctima ante el Otro social y jurídico. Por ende, nuestra posición para la intervención tiene como objetivo indispensable desvictimizar a la víctima; consideramos es esta la forma de devolver al sujeto, que ha vivenciado experiencias traumáticas, la dignidad de ser hablante, dignidad que seguiría perdiendo si nos quedáramos en el eje de las identificaciones, o sea, si alguien quedara fijada a la posición y a la nominación de víctima. Debemos, por supuesto, entonces tratar la posición de víctima sin redoblar su victimización (Bassols, 2015). Conviene entonces problematizar el uso generalizado que

Re-victimizar o desvictimizar a la víctima Poder reconocer a alguien como sujeto victimizado implica devolverle al Estado la responsabilidad que eludió, así como la necesaria condena de todos los implicados en la explotación. Considerar a la persona victimizada por la trata con fines de explotación sexual como sujeto de derechos implica reconocer y recuperar la diversidad de estrategias de sobrevivencia desde su singularidad, estrategias que han garantizado la supervivencia. Este posicionamiento debe ir acompañado del reconocimiento de la posición de poder de los profesionales que estén interviniendo en el acompañamiento post-rescate, para dimensionar las implicancias de los discursos y acciones que se ponen en juego en la intervención. Así, es importante saber que cuando a un profesional inmer-

... nuestra posición para la intervención tiene como objetivo indispensable desvictimizar a la víctima; consideramos es esta la forma de devolver al sujeto, que ha vivenciado experiencias traumáticas, la dignidad de ser hablante...

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se hace del significante “víctima”, porque a veces resulta incluso difícil saber desde dónde y a qué se está refiriendo quien lo usa. Por nuestra parte, nos interesa retomar la propuesta de Coccoz (2015), quien da al significante víctima un sentido que hace referencia a alguien que se ha quedado sin voz por haber sufrido un daño real en su subjetividad, un hecho traumático y brutal; alguien que ha quedado sin el recurso de la voz para contarlo, para denunciarlo, para reclamar, para testificar en su nombre. Aquí se pone en juego la dimensión de la verdad, ya que en función de la noción de la condición de víctima que se tenga en el discurso que recibe la confesión de los hechos, se contemplará su credibilidad. Así, ante la irrupción brutal y traumática de lo real8, se interrumpe la continuidad de la palabra. Sumiendo al ser hablante en el silencio, la enunciación subjetiva queda en suspenso y la verdad queda sin valor, por estar desgajada, desalojada del discurso. ¿Cómo crear las condiciones para que alguien pueda volver a tomar la palabra y hacer oír su voz? Es una pregunta cuya respuesta exige la consideración del uno por uno, acorde con los principios analíticos. Lo real y la verdad no pueden superponerse; siendo la verdad mediatizada por el saber, no es más que un efecto de su articulación. La verdad de cada uno es la envoltura, el invento a medida para bordear algo de eso que aparece como imposible de ser simbolizado, pero hay que saber que no puede decirse toda la verdad. En ello radica lo específico de la consideración de la verdad en el psicoanálisis, en su dimensión siempre singular, como la única vía para atrapar algo de lo real de cada uno. Entonces, se trata de conceder la oportunidad al ser hablante de hacer oír su voz acallada y, desde allí, tomar posición en la vida con

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su nombre propio recuperado. Es importante saber que, en la explotación sexual de mujeres y niñas la pérdida del nombre propio es casi una regla, ya que este se reemplaza por un “nombre de fantasía”. A su vez, no queremos dejar de presentar la oposición que se da en relación a los explotadores y el uso de sus nombres, ya que ninguno de ellos suele contar con un nombre ficticio, ellos sí se dan el derecho a la continuidad del nombre propio. Lógica que visualiza de qué lado se encuentra el poder de la decisión. En conclusión, el nombrar como víctimas no sirve si dejamos de lado el reconocimiento de las potencialidades de las personas afectadas, pero sí si visibiliza la existencia de hechos aberrantes hacia sujetos vulnerabilizados y violentados, sí si da cuenta de un delito y de la presencia de quienes son victimarios/as, sí si implica que no olvidemos la diversidad y la cantidad de actores involucrados que se ven beneficiados/as por la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, ante la existencia de sujetos violentados proponemos como modo de intervención fundamental apuntar a que recuperen la voz que les ha sido ultrajada, escuchando su posición, su trayectoria de vida, sus deseos, sus intereses y por supuesto todo aquello que obstaculice la posibilidad de tomar voz activa en su propia vida. Por ende, no se trata de ofrecerles una receta y/o protocolo estandarizado, sino de permitir que ellas mismas encuentren la fórmula singular que habita en el deseo que lleva cada una en nombre propio.

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7

Schnabel, R. Historia de la trata de personas en Argentina como persistencia de la esclavitud. Disponible en: http://www.mseg.gba.gov.ar/Trata/HISTORIA.pdf

8

Varsovia” (fundada en 1906). Se conoce que explotaron sexualmente a más de 3.000 mujeres, muchas de ellas provenientes de Europa del Este. Lohana Berkins propuso este término para dar cuenta de que es un proceso y no una condición innata de las personas. Este organismo actualmente se denomina Subsecretaría de asistencia y trata de personas, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y no ha dado estadísticas públicamente. Concepto lacaniano de Real: lo imposible de decir, de simbolizar.

Tyler, M. C. (2010). Trata con fines de explotación sexual. Protección de las víctimas en la legislación nacional e internacional. Agencia de la ONU para los Refugiados.

Notas 1

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5

María de los Ángeles Verón, “Marita”, es una joven de San Miguel de Tucumán que desde el 3 de abril del año 2002 se encuentra desaparecida. Su madre, Susana Trimarco fue quien comenzó su búsqueda e instaló en la agenda pública la trata de personas con fines de explotación sexual. Marita fue secuestrada por una red de trata con fines de explotación sexual. http://www.telam.com.ar/notas/201212/2620-el-gobierno-promulgo-la-leyque-modifica-la-norma-sobre-trata-de-personas.html El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. También conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana del Año 1813, fue un congreso de diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata convocado por el Segundo Triunvirato, que sesionó en Buenos Aires desde el 31 de enero de 1813 hasta el 26 de enero de 1815. Red Mundial de Trata de Personas que operó en la Argentina y tuvo una sede central en Buenos Aires. Fue fundada como “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos

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¿Cómo definen la violencia de género las y los profesionales sanitarios?

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a violencia de género es una violación a los derechos humanos que se sostiene en discriminaciones y subordinaciones basadas en el sistema de género (Rodigou Nocetti, 2011). Esta violencia es resultado de una organización social patriarcal estructurada sobre la base de la desigualdad entre varones y mujeres que perpetúa el poder de los hombres y todo lo considerado masculino y heteronormativo por sobre las mujeres y otros grupos de personas con identidades no heteronormativas, es decir lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersex (LGTTBI). Además de estructural, la violencia de género es también instrumental; lo que significa que es un instrumento de dominación y control social, de sometimiento (De Miguel, 2003). Entre las violencias de género, la violencia contra las mujeres es la más frecuente por la conceptualización patriarcal de las mujeres como inferiores y como propiedades de los varones (De Miguel Álvarez, 2005). Se define como violencia contra las mujeres a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y/o psicológico para las mujeres, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado (Naciones Unidas, 1993) cuya expresión más extrema es el femicidio, es decir, el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Debido a su alta prevalencia y a las consecuencias en la salud, tanto a corto como a largo plazos, la violencia de género es considerada un grave problema de salud pública. Por ejemplo, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (2013) entre el 17% y el 53% de mujeres han reportado violencia de parte de un compañero íntimo y 2 de cada 3 mujeres son asesinadas en Centroamérica por el solo hecho de ser mujeres. En la Argentina, los datos revelan que entre el año 2008 y 2012, al menos 1223 mujeres han sido asesinadas por su pareja o ex pareja (Observatorio Adriana Marisel Zambrano, 2013). El informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2017) indica que el número de femicidios registrados solo en el 2016 fue de 254. Los datos que disponemos desde el sector salud indican que el 44.4% de las mujeres que consultaron en atención primaria en Buenos Aires había sufrido algún tipo de violencia machista (Pontecorvo et al., 2004). En relación a la violencia de género contra personas LGTTBI, un informe realizado en 65 países reporta que entre 2008 y 2016 se denunciaron 2115 asesinatos de personas transexuales o travestis de los cuales el 78% de los casos ocurrieron en América Latina (Trans Murder Monitoring Proyect,

Autora: SALETTI-CUESTA, Lorena / CIECS-CONICET-UNC lorenasaletti@gmail.com

Palabras profesionales sanitarios - violencia de género claves salud - atención primaria

Resumen La violencia de género es una violación a los derechos humanos y un grave problema de salud pública. Los/las profesionales sanitarios tienen un rol clave para su detección e intervención. Sin embargo, se han identificado barreras para la adecuada atención. En este trabajo me planteo conocer los conceptos sobre la violencia de género presentes en los relatos de profesionales sanitarios. Para ello, he realizado entrevistas semi-dirigidas a dieciocho profesionales sanitarios que trabajan en el sistema público de salud del norte de la provincia de Córdoba. Los relatos denotan confusión respecto del concepto de violencia de género. En general, hay desconocimiento sobre su origen y predomina una mirada individualista con respecto a la problemática. Son escasos quienes señalan las desigualdades de género como causa de la violencia. A modo de conclusión, el concepto de violencia de género presente en los relatos podría relacionarse con barreras claves en el abordaje de esta problemática en el sector salud.

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2016). En la Argentina, los casos relevados de asesinatos y violencia física en el 2016 han sido 31, de los cuales el 77,4% corresponde a mujeres trans (Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, 2017). Las consecuencias de la violencia de género en la salud son conocidas. Las agresiones suponen pérdidas, a veces irreparables, en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, las mujeres que han sufrido violencia tienen mayor riesgo de contagio de HIV y/o de enfermedades de transmisión sexual, de abuso de alcohol, de depresión o de suicidio (OMS, 2013). Entre población LGTTBI la violencia se asocia a mayor riesgo de suicidio y a baja autoestima (Huebner et al., 2004; Clements-Nolle et al., 2006). El rol crucial de los servicios sanitarios en la respuesta multisectorial a este problema es reconocido. La evidencia indica que los servicios sanitarios tienen una función importante en la prevención, detección, documentación e intervención integral de este problema (OMS, 2013; Bott et al., 2010). En el caso de la violencia contra las mujeres sabemos que existen diversos modelos de atención sanitaria. Numerosos países han fortalecido la respuesta del sector salud con un diverso grado de éxito. Sin embargo, en la mayoría de contextos existen barreras que dificultan la respuesta del sector salud,

especialmente en países de ingresos bajos y medios (García Moreno et al., 2015), como es el caso de la Argentina. Una de las limitaciones de nuestro contexto es la propia organización sanitaria caracterizada por la segmentación en subsistemas (públicos, privados, obras sociales) poco integrados entre sí y escasamente regulados. Estudios indican que este tipo de organización, además de ser poco eficiente, contribuye a las desigualdades en salud (Tobar et al., 2012), es decir a las diferencias evitables, injustas e innecesarias. En nuestro país, a pesar de que la legislación nacional vigente sobre violencia contra las mujeres (Ley Nacional 26485) reconoce la importancia del sector salud, estas actuaciones no se han puesto en marcha y el conocimiento sobre el tema es escaso. A pesar de que la importancia de detectar la violencia de género es evidente, muchos profesionales sanitarios no reconocen los vínculos entre violencia y salud y consideran que es un problema ajeno a su labor (Bott et al., 2010). Entre los motivos, una revisión literaria (Sprague et al., 2012) ha identificado obstáculos relacionados con características personales de los y las profesionales; con percepciones y actitudes preconcebidas y erróneas sobre la violencia; miedos de los y las profesionales; barreras derivadas de la

Los relatos denotan confusión respecto del concepto de violencia de género. En general, hay desconocimiento sobre su origen y predomina una mirada individualista con respecto a la problemática. Son escasos quienes señalan las desigualdades de género como causa de la violencia.

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organización sanitaria y la escasez de recursos; y barreras propias de la usuaria. Estudios cuantitativos realizados en nuestro contexto también han identificado que los y las profesionales no se sienten con la preparación y formación suficiente para abordar la violencia de género (Mejía et al., 2000; Pontecorvo et al., 2004) y que los médicos y las médicas no interrogan regularmente a sus pacientes sobre este tema (Mejia et al., 2000). Estos datos revelan la necesidad de fortalecer la respuesta del sector salud ante esta problemática. En nuestro país, no disponemos de datos sobre cómo los y las profesionales sanitarios definen la violencia de género. El objetivo de este trabajo es conocer los conceptos sobre la violencia de género presentes en los relatos de profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud del interior de la provincia de Córdoba.

social identificado por las y los profesionales sanitarios y agentes de la comunidad, con quienes se investigará, analizará y elaborará acciones (Israel et al., 1998; Lincoln, Lynham & Guba, 2011; Faria de Aguiar & Lopes da Rocha, 2007). Este trabajo cuenta con el aval del Comité de Ética de la investigación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (3640 del 21/11/2016). El ámbito de estudio fueron los centros de atención primaria de las localidades de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate. Se realizaron entrevistas semi-dirigidas. En el año 2016 se conformó un equipo de trabajo con sanitarias y agentes sociales que diseñó el guión de entrevista que fue sometido a prueba piloto con 5 sanitarios/as del Hospital de Totoral. Se realizó un muestreo intencional no probabilístico. Los criterios de segmentación fueron: sexo, localidad y profesión. Entre los meses de noviembre/2016 y mayo/2017 se realizaron 18 entrevistas a profesionales sanitarios que trabajaban en centros de atención primaria de Jesús María (10), Colonia Caroya (3) y Sinsacate (5). 72,22% fueron mujeres,

Metodología Este trabajo se enmarca en un diseño cualitativo de investigación-acción participativa. Este diseño promueve la reflexión y construcción colectiva de conocimiento para transformar un problema

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edad media de 41,3 años. De las personas entrevistadas 7 eran profesionales de la medicina, 5 de enfermería, 2 de psicología, 2 de odontología y 1 de trabajo social. Las entrevistas, realizadas por la investigadora responsable, fueron grabadas y transcritas. Se realizó análisis temático (Braun & Clarke, 2006). En este trabajo se presenta el análisis de una categoría identificada: los conceptos sobre la violencia de género.

Resultados El análisis de las entrevistas revela al menos tres posicionamientos con respecto al concepto de violencia de género 1) la violencia generalizada; 2) los vínculos no saludables generan violencia; y 3): el machismo como causa. Cabe destacar que no se han identificado perfiles de respuesta; es decir, no hay diferencias entre profesiones ni entre mujeres ni varones. Asimismo todas las respuestas han identificado diversos tipos de manifestación de la violencia y han aludido a las relaciones entre parejas heterosexuales, ninguna persona entrevistada identificó la violencia hacia personas LGTTBI como violencia de género. 1) “La violencia generalizada” Al indagar sobre la violencia de género la mayoría de las personas entrevistadas la enmarcan como una manifestación más entre otros tipos de violencias sociales que perciben vivimos en la actualidad. Por ejemplo, emergen relatos de violencia e intolerancia social, de violencia hacia niños o niñas, hacia personas mayores o de violencia hacia el personal médico. También señalan que la violencia de género puede ser dirigida hacia cualquier persona, independientemente de su sexo o de su edad. Destacan el alto grado de naturalización de esta, lo que generaría que la violencia sea vista socialmente como algo “normal” e incluso necesario para sobrevivir en este contexto “ya que si no te pasan por encima”. Algunas personas entrevistadas indican que la falta de oportunidades sociales y de recursos sería la principal causa de la violencia, mientras que otras personas no se explican por qué ahora hay más casos de violencia extrema. Por otra parte, algunos relatos resaltan que la violencia de género tiene mucha prensa, lo que hace que ahora “esté de moda”. “¿Qué es lo que entiendo yo? Bueno, que es cualquier tipo de agresión que se le pueda dar a un… que se le… hacia una persona. Sea niño, anciano, hombre o mujer que lo agreda, que le produzca sentimiento de malestar, que la haga sentir mal, que produzca algún daño. Ya sea psicológico, moral, físico; un daño. Hay distintos tipos de violencias... No solamente que sean gritos o física, sino que hay muCOLEGIO

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conocen qué es el género, sí nombran a la cultura patriarcal, al machismo, a la cosificación, el menosprecio hacia las mujeres o su control como causas de la violencia. Algunas personas consideran que esta cultura machista se ha modificado a lo largo del tiempo y confían que las generaciones futuras cambien o que las mujeres luchen más por hacer valer sus derechos. Por el contrario, otras personas entrevistadas manifiestan poca confianza en los cambios respecto de esta problemática. Vinculado al machismo algunas/os entrevistadas/os identifican la dependencia económica de las mujeres y su rol de cuidadoras y/o amas de casas como factores que contribuyen a que estas ocupen una posición de subordinación frente a los hombres. Estos factores constituirían importantes obstáculos para poder romper una relación de violencia en el ámbito de la pareja. Por otra parte, algunos relatos identifican un perfil de agresor determinado que, en general, sería un hombre manipulador que ha vivido una situación de violencia y/o de abuso en su infancia, desempleado o con precariedad laboral y que suele tener problemas de consumo de alcohol o de drogas e incluso psiquiátricos.

chos tipos de agresiones, digamos, de hacer daño a otro… a todas las personas.” (Entrevista 1, mujer) 2) “Los vínculos no saludables generan violencia” Varias de las personas entrevistadas identifican la violencia de género como un tipo de violencia que se da en el ámbito de la pareja y que es provocada por los vínculos no saludables entre el hombre y la mujer quienes tendrían el mismo grado de responsabilidad y que, incluso para algunas de las personas entrevistadas, son consideradas como “enfermos”. Estos vínculos no saludables provocarían un círculo vicioso entre ambos integrantes que es difícil de romper por la propia naturalización que dificulta que determinados actos sean identificados como violencia. Por otra parte, la violencia es entendida como una forma de relacionarse no adecuada que es transmitida de generación en generación. La falta de valores y límites, especialmente en la infancia y por la familia como principal agente de socialización, los abusos infantiles y/o la violencia vivida en la infancia dentro del ámbito familiar explicarían que los hombres ejerzan violencia en su vida adulta y también que las mujeres realicen elecciones de pareja no saludables y que justifiquen la violencia recibida por parte de sus parejas. En general, los ejemplos utilizados en los relatos están referidos a personas de clases sociales vulnerables o inmigrantes; sin embargo, las personas entrevistadas aclaran que la violencia de género es un fenómeno que ocurre en todas las clases sociales.

“La mayoría de casos tienen que ver con lo económico, porque las mujeres dependemos -entre comillas- muchas veces de la ayuda del hombre. Creo que tiene que ver con el tema económico… Creo que es lo que causa, los varones se aprovechan de eso. Yo creo que la sociedad en que vivimos es bastante machista” (Entrevista 8, mujer)

“Estamos hablando de vínculos enfermos y de que uno va eligiendo en función de cómo aprendió a vincularse desde la infancia, por eso también hacer enfoque en lo que es la crianza: cómo enseño a un niño, cómo le voy a ver… todo lo que yo tenga en mi casa y le vaya mostrando desde ese lugar, las manifestaciones de violencia las aprende...” (Entrevista 6, mujer)

“La causa de este tema yo creo que es una cuestión eminentemente cultural, eminentemente cultural. Gente que se ha quedado en una forma de vincularse que era válida hace mil años atrás, y que lo sigue siendo en algunos lugares. Y entonces, culturalmente, una costumbre se va transmitiendo de generación en generación. Y si a eso le sumamos todas las cosas que uno ve en la tele, esta cuestión de cosificar a la mujer y que esté perfecto, por ejemplo, un Tinelli… qué se yo… y vos decís: ‘Debe ser que es así, debe ser que es así’. Es decir, te termina el noticiero con las marchas de ‘Ni una menos’ y una chica apuñalada que ves; y después viene Tinelli. Entonces es… como que es muy… bastante hipócrita la sociedad en estos temas. Entonces no vemos que en gran parte lo de cosificar a la mujer lleva a que alguien se crea con derechos de apuñalarla veinte veces. Entonces bueno… yo creo que es cultural la cuestión… que esto suceda” (Entrevista 11, hombre)

“Entonces el tema de la violencia arranca con los valores, los límites, la cultura que reciben primero de la familia, de la escuela, del medio social donde están saliendo o salieron… Trabaja con dos personas enfermas… entonces hay que ver qué llevó a esas dos personas a vivir esta realidad hoy. Y ahí entramos nosotros. Entonces hay un montón de cosas que fallaron antes...” (Entrevista 11, hombre) 3) “El machismo como causa” Son muy pocos los relatos que identifican al machismo o el menosprecio a las mujeres como causa de la violencia de género. En general, esta explicación a la violencia de género ha surgido después de otras explicaciones y no como causa única o principal de la violencia de género. Si bien las personas entrevistadas -en su gran mayoría- desCOLEGIO

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A modo de cierre Los relatos de los y las profesionales sanitarios denotan confusión y gran desconocimiento respecto del concepto de violencia de género. JORNADAS

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En general, hay ignorancia sobre sus causas y predomina una mirada individualista. Son escasas las personas que señalan el machismo como una de las causas de este tipo de violencia. El concepto de violencia de género presente entre los y las profesionales podría estar actuando como obstáculo para el correcto abordaje de esta problemática. Se recomienda indagar la relación entre esta conceptualización y las barreras para abordar esta problemática. Las acciones de sensibilización y capacitación del personal podrían contribuir a potenciar el rol de los y las profesionales y también a evitar la doble victimización de las mujeres usuarias del sistema sanitario público.

De Miguel Álvarez, A. (2005) “La construcción de un marco feminista de interpretación: la violencia de género” en Cuadernos de Trabajo Social, n° 18, 231-248. García-Moreno, C., Hegarty, K., Lucas dÓliveira, AF., et al. (2015) “The health-systems response to violence against women”, en Lancet, vol 385, 1567-79. Huebner, D., Rebchook, G., Kegeles, S. (2004) “Experiences of harassment, discrimination, and physical violence among young gay and bisexual men”, en American Journal of Public Health, vol 94, no 7, 1200-1203. Kristen Clements-Nolle, K., Marx, R., Katz, M. (2006) “Attempted suicide among transgender persons: the Influence of gender-based discrimination and victimization”, en Journal of Homosexuality, no 51, 53-69. Mejía, R., Aleman, M., Fernandez, A., Perez Stable, E. (2000) “Conocimientos y detección de violencia doméstica por los médicos clínicos”, en Medicina, vol. 60, 591-594 Observatorio Adriana Marisel Zambrano. (2013) Por ellas. 5 años de informes de femicidios Asociación “La casa del encuentro”. Buenos Aires: Asociación La casa del encuentro. Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (2017). Informe Crímenes de odio LGBT-motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Buenos Aires. Disponible en: http://www.defensoria.org.ar/wp-content/ uploads/2017/03/Observatorio-Nacional-de-Cr%C3%ADmenes-de-Odio-LGBT.pdf. Consultado el 03 de mayo de 2017.

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CV resumido

Doctora en salud, antropología e historia (Universidad de Granada-España), Licenciada en psicología (Universidad Nacional de Córdoba) y Experta universitaria en género y salud. Mis líneas de investigación abordan las desigualdades de género en salud, la evaluación de los sistemas sanitarios y el estudio de la práctica y el desarrollo profesional de sanitarios. Poseo más de diez años de experiencia investigadora, trabajé en la Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada-España) y en el hospital universitario de Oxford-Inglaterra. Como investigadora repatriada de CONICET me desempeño en el Centro de Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Mi proyecto actual está orientado a estudiar las barreras para la detección y el abordaje de la violencia hacia las mujeres en el sistema sanitario público. COLEGIO

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Cuando por visibilizar se invisibiliza

haya vínculo previo o una relación formal de pareja; por el otro lado, no depende del carácter de la víctima si esta es vulnerable: importa el “sujeto activo” (el agresor) y si para él la mujer es inferior. El TSJ también tuvo en cuenta en esta sentencia antecedentes del debate parlamentario, que incluyen tres tipos de femicidio: íntimo, no íntimo o público y por conexión o vinculado.

Autora: Mariela Yesuron - Alejandro Rostagnotto - Lina Ayelen Perrotta Mariela Yesuron: Mg. Psicología Clínica. Becaria Secyt UNC para finalización de doctorado. Prof. Asistente Psicopatología y Psicopatología II Facultad de Psicología UNC. Co-directora del Proyecto de Investigación Psicoanálisis y género: sexualidad y diferencia sexual, financiado por Secyt UNC 2016-17. Área de Psicoanálisis Aplicado, Investigación y Desarrollo CiPsi Secyt UNC vinculado al CIECS-CONICET

Análisis3 En la Sentencia 56 del TSJ, se pusieron en cuestión los argumentos utilizados por la Cámara −que condenó a reclusión perpetua a Lizarralde por homicidio calificado por alevosía y responsable de tentativa de homicidio de su hija “ML”, con los agravantes de alevosía y vínculo−, y abordan dos ideas fuertes para diferenciarse. Como primera medida, sostienen que no es necesario que haya un vínculo previo, una relación formal de pareja, sino que basta con una relación informal para admitir el concepto de violencia de género. En segundo término, se detienen en los argumentos originales de que no había femicidio porque Paola, lejos de ser sumisa y vulnerable, salió a reclamar por sus derechos como madre y los de la bebé. Para comenzar con el análisis de esta noticia, tomaré la segunda idea que el fallo del TSJ utiliza para diferenciarse del fallo de Cámara y que intenta visibilizar lo que el fallo de Cámara invisibilizó respecto de la violencia contra las mujeres al argumentar que no había femicidio porque Paola, lejos de ser sumisa y vulnerable, había reclamado por sus derechos como madre y los de la bebé. Este guion nos permite plantear la reproducción del estereotipo de la mujer sumisa y vulnerable, que apela a la tradicional educación de las mujeres basada en la obediencia o sumisión para explotarlas jerarquizando los géneros: las mujeres no resultan un colectivo socialmente valorado, salvo en las funciones específicas de la maternidad. Así aparece en el argumento de Cámara la frase reclamó por sus derechos como madre, invisibilizando la violencia contra las mujeres4 y, con ello, refuerza el estereotipo de mujer madre. El reclamo que Paola realiza, entonces, según la Cámara, es por el derecho como madre, lo que descalifica a Paola mujer, desconociendo o ignorando sus derechos de mujer, a la vez que ratifica “la exclusiva posición de mujer-madre” (Femenías, 2009a, p. 4) En palabras de la Cámara, Paola, lejos de ser sumisa y vulnerable salió a reclamar por sus derechos como madre y los de la bebé. Nos preguntamos, respecto del verbo: ¿Salió a reclamar? ¿Salió de dónde? ¿Del espacio doméstico que le es asignado como madre

Alejandro Rostagnotto: Mg. Psicología Clínica. Prof. Titular Cátedra Psicopatología II. Prof. Adjunto Cátedra Psicoanálisis. Facultad de Psicología UNC. Director del Proyecto de Investigación Psicoanálisis y género: sexualidad y diferencia sexual, financiado por Secyt UNC 2016-17. Área de Psicoanálisis Aplicado, Investigación y Desarrollo CiPsi Secyt UNC vinculado al CIECS-CONICET Lina Ayelen Perrotta: Lic. Psicología. Investigadora Proyecto de Investigación Psicoanálisis y género: sexualidad y diferencia sexual, financiado por Secyt UNC 2016-17. Área de Psicoanálisis Aplicado, Investigación y Desarrollo CiPsi Secyt UNC vinculado al CIECS-CONICET

Palabras violencia de género – femicidio claves sentencia TSJ Córdoba

Resumen El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Psicoanálisis y género: sexualidad y diferencia sexual, financiado por Secyt UNC 2016-17, y se propone un análisis crítico de la noticia publicada en el diario La Voz del Interior La relación desigual, clave en el femicidio1 donde se muestra que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) sentenció por primera vez sobre crimen de género y sentó jurisprudencia al considerar el agravante de crimen en el marco de violencia de género (femicidio) en el caso de Paola Acosta, a manos de Gonzalo Lizarralde. En la Sentencia 56, en la que participaron los miembros de la Sala Penal2, se abordaron dos ideas para dilucidar qué es femicidio. Por un lado, no es necesario que COLEGIO

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Para el TSJ no depende del carácter de la víctima si esta es vulnerable: importa el “sujeto activo” (el agresor) y si para él la mujer es inferior.

en tanto su condición de mujer? Paola no solo salió del espacio doméstico, sino también “se salió” del lugar que el Contrato social le asigna a las mujeres: sumisión y desigualdad −contracara de lo que reivindicaban quienes lo elaboraron teóricamente. En opinión de Pateman, quien, a su vez, plantea que debió haber existido un contrato sexual como “momento hipotético previo en el cual las mujeres pierden (porque se les niega) el derecho a firmar, a participar en tanto que iguales reales en el espacio público político que se constituye a partir del pacto” (Pateman, 1996 en Aponte Sánchez y Femenías, 2008, p. 8). Paola “se salió” así de la tradicional distinción público-privado, donde el orden público compete a los varones; mientras que el privado, a las mujeres. De ese modo, quebrantó el rol tradicional y, con ello, el mandato social que le asigna el lugar de encierro en el espacio privado5. COLEGIO

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De esta manera, los argumentos por los que la Cámara no encuentra fundamentos para acreditar la violencia de género descansan en que Paola no representa a la víctima estereotipada, sumisa y vulnerable y, por ello, pasiva e inferior, y en el hecho de que se haya mostrado defendiendo los derechos de su hija, es decir, empoderada, activa y pretendiendo un lugar de igualdad ante la Justicia. La Cámara posibilita una vez más la lectura simbólica de que la violencia contra las mujeres disciplina 6 a aquellas que se salen del lugar asignado por el patriarcado. Podemos decir entonces que, una vez más, el crimen, aunque violento, “resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar a las mujeres en su posición de subordinadas por todos los medios posibles, incluyendo la violencia estructural, social, económica y física” (Segato 2003 en Femenías, 2009, p. 10) JORNADAS

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En esta misma línea de análisis, podemos vincular este fallo de Cámara −que condenó a reclusión perpetua a Lizarralde por homicidio calificado por alevosía y responsable de tentativa de homicidio de su hija “ML”, con los agravantes de alevosía y vínculo− con el pacto patriarcal al que muchas veces nos tiene acostumbradas la Justicia: En situaciones como esta, cuando de todos modos hay prisión perpetua dictada y agregar un calificante no hubiera cambiado la condena, el TSJ no se sienta a realizar el análisis, por considerarlo “inconducente”. Sin embargo, en esta ocasión se evaluó que hay normativa internacional con rango constitucional que plantea estándares jurídicos sobre la igualdad de género. Pero, además, al no haber pronunciamiento del TSJ en este tema tan delicado y actual, los vocales le “entraron” al tema. Creemos así que esta vez, y de manera ¿excepcional?, el TSJ habría roto ese pacto patriarcal al analizar y revisar la sentencia de Cámara. No obstante, quien firma la noticia parecería reintroducir la mirada masculina, androcéntrica, como medida de todas las cosas, al referirse al análisis de los vocales con un verbo coloquial como “entrarle” 7 al tema. De tal modo que la lectura con perspectiva de género, de alguna manera, superadora de la lectura de la Cámara, es entendida como una intromisión, un “rito masculino que refuerza su identidad” (Aponte Sánchez y Femenías, 2008, p. 15) y deja de manifiesto el papel que juegan las instituciones y las relaciones de poder. Mas allá de la intervención excepcional del TSJ en el caso de Paola, la nota periodística demuestra cómo persiste la ideología patriarcal, hegemónica y dominante. En relación con la categoría pacto patriarcal, en este análisis es aplicable, también, lo que Cecilia Amorós describe como Pactos juramentados en los que “las víctimas sellan en/con sus cuerpos los acuerdos mafiosos del grupo de varones (…) ellas mismas son el mensaje encriptado que envían (…) a otros varones y a los demás habitantes… como advertencia disciplinadora y control de la mujer genérica” (Segato 2003, en Femenías, 2009, p. 10). El periodista parece testimoniarlo con la espectacularización de lo que describe: Córdoba, el país y el mundo recuerdan la crueldad de sus acciones a partir de aquella imagen con las dos víctimas en el fondo de una alcantarilla del Suquía, en septiembre de 2014. La niña sobrevivió y hoy vive con la familia de su mamá asesinada. Necesita víctimas y muerte para “justificar” un cambio legal. Los cuerpos rubrican la violencia y mostrarla como noticiable ayuda a esa justificación, ya que “los cuerpos de las mujeres siempre han tenido un valor simbólico adicional como garantía de sutura de conflictos o como lugar de ejercicio de poder para humillar, deshonrar, negar o enviar mensajes cifrados a otros varones” (Amorós en Femenías y Soza Rossi, 2009b, p.12) En cuanto al sesgo sexista, al introducir el párrafo: “debajo de ese manto cultural que naturaliza la violencia de género hay que rescatar y preservar a las mujeres reales de ese concepto que les quita entidad y las vuelve constantemente un blanco, sean o no sumisas”, el periodista refuerza el estereotipo de vulnerabilidad, de sumisión COLEGIO

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y de pasividad femeninas frente al varón proveedor de seguridad y protección, en este caso, encarnado en el TSJ. Por último, interesa subrayar un elemento más y que resulta una de las innovaciones de este fallo del TSJ que sienta jurisprudencia sobre el femicidio, la noticia lo refleja así: Para el TSJ no depende del carácter de la víctima si esta es vulnerable: importa el “sujeto activo” (el agresor) y si para él la mujer es inferior. Este aspecto, permite pensar que se superó la dicotomía excluyente sujeto-objeto, en tanto que en la sentencia del TSJ se habla de los sujetos, Paola y Lizarralde, y se priva de identificar a la mujer como objeto, aunque describa el femicidio de la siguiente manera: “se caracteriza especialmente por la muerte de una mujer vulnerable en un contexto de género” (TSJ, p. 90). No obstante, podemos observar que en su lugar retorna una antigua dicotomía excluyente, en este caso se trata del par activo-pasivo, y que podemos abordar con los desarrollos de Rodríguez Durand (2003) quien, a través de un recorrido por algunos textos significativos de Freud, propone que “la actividad no pertenece en exclusiva a los varones sino a lo genéricamente humano, así como la pasividad no es patrimonio exclusivo de las mujeres (…) esta asimilación espuria es una creación apoyada desde diversos discursos, además del psicoanalítico” (p. 4-5). De esta manera, y aunque la noticia diga que no depende del carácter de la víctima si esta es vulnerable, sino que lo que importa es el “sujeto activo” (el agresor), vemos una vez más cómo el discurso jurídico, tal como Foucault (1970) lo demostró en relación a los discursos, construye a los sujetos, “son construcciones sociohistóricas subtendidas por un conjunto de discursos científicos, filosóficos, psicoanalíticos, que han sido funcionales al orden patriarcal para perpetuar la subordinación de las mujeres. Y por tanto, la pasividad no corresponde a un dato consustancial a la naturaleza femenina” (p. 5)

Conclusión Invisibilización, vulnerabilidad, espacio doméstico, disciplinamiento, pactos patriarcales, sesgo sexista, son las categorías que nos permitieron analizar este guion de noticia, y advertir, como lo hace Cristina Molina, que “hay guiones tras las representaciones y hay autores de esos guiones” (en Femenías y Soza Rossi, 2009). El guion de la noticia que hemos analizado, si bien pretende informar acerca de un cambio en la concepción de una ley y de sus consiguientes penas, filtra en sus párrafos resabios de una matriz patriarcal que aún drena estereotipos, ambigüedades y consideraciones inequitativas que también podemos considerar violencia simbólica en los medios. JORNADAS

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Bibliografía

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5

Femenías, M.L. y Soza Rossi, P. (2009) “Poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres”. Sociologias, Porto Alegre, ano 11, Nº 21, Jan. /Jun. p. 42-65. Disponible en http://www. scielo.br/pdf/soc/n21/04.pdf Foucault, M. (1970). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets. Panero, F.: “La relación desigual, clave en el femicidio”, en La Voz del Interior. Recuperado de http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-relacion-desigual-clave-en-el-femicidio consultado el 6 de julio de 2017. Pateman, C. (1996). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos. Rodríguez Durán, A. B. (2013). “Del masoquismo femenino ...o de un discurso Masacrante” [en línea]. III Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, La Plata, Argentina. Desde Cecilia Grierson hasta los debates actuales. En Memoria Académica. Disponible en:

6

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3374/ev.3374.pdf Sala penal - Tribunal Superior. Protocolo de Sentencias Nº Resolución: 56. Año: 2017 Tomo: 2. Folio: 435-500. Disponible en https://www.justiciacordoba.gob.ar/ JusticiaCordoba/fileAdjunto.aspx?id=946 Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Prometeo.

Notas 1 2 3 4

7

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-relacion-desigual-clave-en-el-femicidio Vocales Sebastián López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bolatti He utilizado la cursiva para referirme al textual de la noticia que es objeto de este análisis, y la negrita para destacar el aspecto relevante. “El patriarcado sostiene la violencia simbólica alentando o desconfirmando,

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reconociendo o descalificando, negando, invisibilizando, fragmentalizando o utilizando arbitrariamente el poder” (Femenías, 2009, p. 5) En cuanto a la dicotomía público-privado, Femenías y Rossi agrega: “La conceptualización tradicional de las ciencias, entre ellas la sociológica, estuvo ligada a la dicotomía público-privado, que funcionó como eje de circunscripción de los análisis limitando la mirada teórica a aquello que aconteciera en sólo uno de los espacios del par. Nancy Fraser analiza los supuestos subyacentes a ese par, escasamente revisado, pero que actúan a la hora de la participación equitativa de mujeres y varones. Así, se pregunta por los límites entre lo que se considera una cuestión pública y una cuestión privada. Su respuesta es que en tanto no hay supuestos naturales ni limites a priori, se trata de una cuestión de interés común que habrá que decidir a través de la contienda discursiva. Por tanto, nos insta a mirar con más atención a los términos “privado” y “público”, ya que no son simples designaciones de las esferas societales sino clasificaciones culturales y etiquetas teóricas. Son términos poderosos desplegados para deslegitimar algunos intereses, perspectivas o tópicos y valorizar otros. La violencia contra las mujeres queda comprendida en el primer caso, el valor y reconocimiento de los varones en el segundo. (2009, p. 12) Disciplinar aquellas mujeres autónomas que ven como el eje de sus males es la hipótesis que Femenías y Soza Rossi (2009) plantean respecto a lo que estaría sucediendo con los varones a partir de los cambios del mercado laboral y de la cultura en general. Esta hipótesis podría ponerse a prueba en este caso que analizamos a través del artículo periodístico donde el redactor cita a otro colega quien escribió: “Susana Frascaroli, al fundamentar el fallo, se pregunta si la relación fue realmente asimétrica; si el autor ejerció sobre ella un poder generador de sumisión, de dominio y de sometimiento; si fue la condición de mujer de la víctima lo que lo guio. Se responde que ‘no’ y concluye que Paola no era una ‘mujer vulnerable, sumisa, dominada, víctima de una desigualdad de poder...’”. Ver http://diccionario.sensagent.com/entrarle%20algo%20a%20alguien%20 o%20a%20algo/es-es/

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hegemónico. Presentaré aquí algunos avances de una investigación en curso sobre las experiencias de mujeres integrantes del colectivo “Mujeres por un parto respetado Córdoba”, quienes desarrollan una variedad de acciones para generar cambios en la atención del parto. Desde una perspectiva de género y recuperando la voz de las propias mujeres ensayaré algunas reflexiones sobre las estrategias colectivas e individuales que despliegan para garantizar los derechos en el parto, los sentidos que construyen y sus implicancias subjetivas.

Autora: Lic. Silvia Fuentes

Los derechos de las mujeres en el parto. Acciones colectivas y experiencias de autonomía

Palabras parto humanizado, género, salud mujeres, claves derechos de las mujeres

E

n las últimas décadas, frente a la excesiva medicalización del parto y la persistencia de prácticas de violencia obstétrica en el sistema de salud, distintas organizaciones y grupos de mujeres han comenzado a organizarse con el fin de lograr garantizar los derechos de las mujeres en el parto y promover la adopción de formas más respetadas de atención. En este marco, se observa una multiplicidad de prácticas y experiencias de mujeres que buscan nuevos caminos para la atención del parto dentro y fuera del sistema médico hegemónico. En Córdoba, desde hace algunos años, comenzó a construirse un colectivo que finalmente se autodenominó “Mujeres por un parto respetado Córdoba”, en el que participan mujeres que comparten la expectativa de generar cambios en la atención y vivencias del embarazo, el parto y el puerperio. Presentaré aquí algunos avances de una investigación en curso sobre las experiencias de mujeres integrantes de este colectivo. Desde una perspectiva de género y recuperando la voz de las propias mujeres ensayaré algunas reflexiones sobre las estrategias colectivas e individuales que despliegan para garantizar los derechos en el parto, los sentidos que construyen y sus implicancias subjetivas.

Resumen La organización habitual de la atención de los procesos de embarazo y nacimiento en las instituciones de salud obstaculiza el acceso de las mujeres a sus derechos en el parto. El proceso de medicalización e institucionalización del parto implicó, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no solo el desplazamiento del ámbito del hogar al hospital, sino que pasó a tratarse como una enfermedad considerando a las mujeres como pacientes y a los médicos como los únicos profesionales legitimados para intervenir y controlar el proceso. En la actualidad, esta imposición del modelo biomédico y la mercantilización creciente del sistema de salud confluyen en la patologización del embarazo, el énfasis en la evitación del riesgo como justificación a la intervención médica excesiva (interfiriendo con los procesos fisiológicos y emocionales) y la priorización de los intereses de las instituciones médicas y los profesionales por encima de las necesidades y derechos de las mujeres y los recién nacidos. En las últimas décadas, frente a la persistencia en el sistema de salud de estas prácticas que implican violencia obstétrica, distintas organizaciones y grupos de mujeres han comenzado a organizarse con el fin de lograr garantizar los derechos de las mujeres en el parto y promover la adopción de formas más respetadas de atención. En este marco, se observa una multiplicidad de prácticas y experiencias de mujeres que buscan nuevos caminos para la atención del parto dentro y fuera del sistema médico COLEGIO

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¿Por qué es necesario ocuparse de los derechos de las mujeres en torno al parto? La organización habitual de la atención de los procesos de embarazo y nacimiento en las instituciones de salud pone en evidencia la fuerJORNADAS

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... las mujeres del colectivo se animan a experimentar otros modos de atravesar el proceso de parto que no implican resignar derechos y autonomía.

za de los dispositivos disciplinarios todavía vigentes en las instituciones hospitalarias. El proceso de medicalización e institucionalización del parto, ocurrido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, implicó no solo el desplazamiento del ámbito del hogar al hospital, sino que pasó a tratarse como una enfermedad, considerando a las mujeres como pacientes y a los médicos como los únicos profesionales legitimados para intervenir y controlar el proceso1. En este marco, se legitimó el tratamiento del cuerpo de las mujeres como objeto de intervención médica y de control social y se produjo una pérdida de protagonismo y autonomía de las mujeres (Camacaro, 2009). La estandarización de procedimientos rutinarios con bases más o menos científicas, es interpretada por algunas autores como rituales simbólicos en los que se concretiza el control y la subordinación de las mujeres (Fernández Castillo, 1994; Davis-Floyd, 2009). En la actualidad, esta imposición del modelo biomédico y la mercantilización creciente del sistema de salud confluyen en la patologización del embarazo, el énfasis en la evitación del riesgo como justificación a la intervención médica excesiva (interfiriendo con los procesos fisiológicos y emocionales) y la priorización de los intereses de las instituciones médicas y los profesionales por encima de las necesidades y derechos de las mujeres y los recién nacidos.2 Frente a la excesiva medicalización del parto y la persistencia de prácticas de violencia obstétrica en el sistema de salud, ha surgido el COLEGIO

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“Movimiento de Humanización del Parto” que promueve la adopción de formas más respetadas de atención del parto. En la actualidad, este movimiento involucra a distintos actores sociales: organismos internacionales dedicados al campo de la salud, profesionales de la salud críticos del sistema médico hegemónico, activistas feministas y organizaciones de mujeres, que cuestionan la violencia obstétrica y promueven la adopción de formas más respetadas de atención del parto (OMS, 1985; Diniz, 2001). Desde esta perspectiva, la atención humanizada del parto es definida como aquella que reconoce un rol activo y protagónico a la mujer, respetando sus necesidades y su autonomía durante todo el proceso de embarazo, parto y puerperio. Se basa en una relación respetuosa, entre los profesionales de la salud y las mujeres, que garantice la posibilidad de ser informadas y participar en la toma de decisiones, respetando sus necesidades emocionales, sus preferencias culturales además de la evidencia científica (Biurrun y Goberna, 2013). En muchos países, los organismos encargados de la salud pública han generado manuales de atención del parto normal basado en estas premisas –introduciendo el enfoque de género y de derechos– y se han sancionado legislaciones nacionales orientadas a establecer los derechos de las mujeres y sus familias en estos procesos. En la Argentina, en particular, en 2004 se aprobó la Ley Nº 25.929 “Derechos de padres e hijos durante el nacimiento”, conocida como JORNADAS

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Ley de Parto Humanizado, que reconoce entre otros los derechos de las mujeres a recibir un trato respetuoso durante el embarazo, parto y postparto y su derecho a tomar decisiones informadas durante este proceso. Asimismo, en la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, promulgada en el año 2009, en su artículo 6 inciso e, se definió la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929” 3. Sin embargo, diversos estudios muestran la distancia entre los cambios propuestos en las recomendaciones internacionales o los nuevos protocolos escritos y las prácticas y experiencias reales. En la mayoría de las instituciones de salud continúan vigentes muchas de las prácticas desalentadas por las guías elaboradas por los organismos oficiales. Las investigaciones en las que se ha indagado sobre las experiencias de mujeres de distintos sectores sociales en torno al nacimiento muestran que muchas mujeres continúan siendo sometidas a diversas prácticas iatrogénicas y a maltrato durante la atención del embarazo y el proceso del parto. (Diniz, 2001; Chiarotti, 2003; Canevari, 2011).

el paradigma del parto respetado y las leyes y derechos en ellas reconocidos. “Si la mujer conoce sus derechos, se informa sobre las capacidades de su cuerpo y después decide, se empodera de un derecho”, afirma una de las integrantes del colectivo (Parto respetado, una alternativa que crece en Córdoba, 2013). En función de esta premisa, desde el colectivo se organizan acciones públicas con el fin de visibilizar la violencia obstétrica, informar sobre derechos, y exigir su cumplimiento, intercambiar información y experiencias, y difundir y multiplicar prácticas basadas en la libertad de elegir y decidir (Mujeres por un parto respetado, 2014).4 La búsqueda de información, emprendida individual y colectivamente, se canaliza en el intercambio de materiales de lectura (libros, artículos, información de blogs, textos y documentos de organismos internacionales, de asociaciones y colectivos que promueven el parto respetado, de profesionales del campo del Movimiento del Parto Humanizado, entre otros), consultas, comentarios, opiniones, recomendaciones y relatos de experiencias entre pares. Este proceso no es un elemento más, sino uno de los pilares donde se apoya el cambio de posición de paciente que deposita el saber-delega la toma de decisiones en los profesionales y/o las instituciones a mujer gestante/pareja informada que elige cómo con quién y dónde parirá a su hijo. En un contexto en el que el embarazo y el parto se presentan habitualmente asociados al riesgo, y la ciencia y la tecnología se presentan como garantes de la eficiencia y control del riesgo (Imaz, 2001), la falta y/o la distorsión de la información es uno de los pases libres para que los médicos dirijan arbitrariamente el proceso. Por el contrario, cuando la información circula y se comparte comienzan a cuestionarse una serie de argumentos (sin base científica y superados por la evidencia médica) que justifican la decisión de los médicos de realizar una serie de procedimientos innecesarios aplicados como rutinas acríticas en partos sin complicaciones: rotura artificial de membranas, canalización, aceleración del parto con oxitocina sintética, inmovilización de la madre, tactos reiterados, posición acostada para parir y por supuesto indicación de cesáreas por motivos no justificados (denominadas “innecesáreas” entre los seguidores del Movimiento del Parto Humanizado). La información compartida posibilita, en algunos casos, problematizar y cuestionar las representaciones dominantes del embarazo y el parto como eventos médicos asociados a enfermedad y riesgo, y construir nuevas representaciones (o recuperar representaciones de otras culturas u otros grupos o momentos históricos) en las que el embarazo y el parto son considerados eventos vitales, procesos ligados a la vida y la salud, que transcurren mejor cuando no son medicalizados y son resguardados del intervencionismo médico.

Experiencias colectivas: información y construcción de autonomía Los colectivos de mujeres constituyen actores fundamentales en los procesos de lucha por el acceso a los derechos en el parto, en tanto despliegan una variedad de estrategias para hacer realidad el ideario del parto respetado. Al mismo tiempo que desarrollan acciones políticas –demandando el cumplimiento de las normas vigentes y denunciando la violencia obstétrica– construyen espacios de información, organización y apoyo que multiplican las experiencias alternativas y prácticas no hegemónicas. Estas iniciativas tienen como eje central el empoderamiento, promoviendo una revalorización de las mujeres, de su capacidad de elegir y decidir, y una visión positiva del cuerpo, de la sexualidad y la experiencia femenina, contrapuesta a la concepción impuesta por el modelo biomédico de la obstetricia. Esto implica una reivindicación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y un empoderamiento, a través de la información, sobre los procesos naturales y las opciones de atención y una crítica de la violencia obstétrica (Tornquist, 2002). En el caso del colectivo “Mujeres por un parto respetado Córdoba”, y tal como ocurre en otros grupos y redes, parte importante de los esfuerzos y acciones se centran en difundir información sobre COLEGIO

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Parir con derechos: de las expectativas a las experiencias Dadas las actuales condiciones, en las que las opciones institucionales no garantizan el respeto de las leyes y la posibilidad de tener partos respetados, algunas mujeres y parejas no quieren resignar sus deseos o arriesgarse a vivir violencia obstétrica (en muchos casos, cuando las experiencias anteriores en instituciones han sido negativas, en cuanto a haberse sentido despojada de toda posibilidad de decidir, haber sido sometida a intervenciones no consentidas). Una opción que aparece con fuerza, en estos casos, es la del parto domiciliario.5 En relación a esto, a muchos profesionales del sistema hegemónico de salud (y no profesionales) les resulta difícil entender por qué, pudiendo acceder a una atención médica de alta complejidad como la que brindan los sistemas actuales de salud, cada vez más parejas optan por esta opción considerada “menos segura”. Sin embargo, al escuchar la voz de las propias mujeres que deciden dar a luz fuera del ámbito institucional lo que parecía inexplicable empieza a cobrar sentido. Si bien los partos en el hogar no pueden considerarse hoy, en nuestro ámbito, una tendencia representativa, cuantitativamente visibilizan un conjunto de deseos y expectativas de muchas mujeres de poder elegir cómo, dónde y con quién parir. Como señala una partera integrante del colectivo:

trabajo de parto. Estas prácticas aparecen significadas como nuevas formas de experimentar el proceso de parto y la maternidad –desnaturalizando ciertos sentidos hegemónicos, riesgo-dolor-pasividad-dependencia-falta de capacidad y valorando otros sentidos ligados al placer, la elección, las necesidades emocionales, las capacidades y la confianza– y son vivenciadas como experiencias de empoderamiento6. Lo que aparecía habitualmente considerado necesario, inevitable y/o indispensable, en el caso de la atención del parto, la seguridad y la evitación de riesgos para la madre y el bebé, se devela como parte de los dispositivos disciplinarios y biopolíticos que sostienen las desigualdades de género, vulnerabilizan a las mujeres y las separan del registro de sus potencias. Resulta interesante analizar entonces estas naturalizaciones de sentido que salen a la luz, desde las cuales las lógicas dominantes conectan, por ejemplo, parto-sufrimiento, embarazo-enfermedad, mujer-paciente-pasividad, intervención médica-control-rapidez-eficiencia y desconectan embarazo-parto-placer-sexualidad, procesos fisiológicos-emociones, mujeres-poder. Las elecciones y/o valoración del parto domiciliario, por algunas de las integrantes del colectivo, parecerían también estar atravesadas por un cuestionamiento de ciertos modos capitalistas de relación con los tiempos y el espacio que impregnan la organización institucional de la atención del parto. El énfasis en los ritmos, tiempos y procesos fisiológicos y emocionales singulares, y la percepción de lo que se considera un espacio adecuado para favorecer el trabajo de parto (un espacio íntimo, cálido, amigable), instaurarían nuevos sentidos del tiempo y el espacio contrapuestos a la percepción de los tiempos y espacios, propia de los dispositivos hospitalarios organizados bajo la lógica capitalista que se plasma en el aceleramiento de los procesos con el fin de reducir los tiempos y aumentar la produc-

Muchas personas que buscan en nosotros una asistencia respetada, tiene que ver con un antecedente, un parto en que se sintieron violentados, enajenados en esa situación tan privada e íntima. Nos buscan personas que quieren cosas distintas, una alternativa. (Parto respetado: “Es posible parir de otra manera”, Mariana, partera y miembro del colectivo, 2014). Los relatos que las protagonistas escriben y comparten de sus propios partos permiten acceder a las comparaciones entre distintos modelos de atención experimentados; particularmente, entre experiencias anteriores de partos institucionalizados –caracterizados como partos no respetados, excesivamente intervenidos y/o medicalizados– y las percepciones y vivencias emocionales y corporales en los partos domiciliarios en los que se describe el acompañamiento contenedor, cálido y respetuoso de parteras, doulas y parejas, y se valora el respeto de los procesos naturales y las necesidades fisiológicas y emocionales. Al igual que en los relatos analizados en otras investigaciones (Tornquist, 2004; Fornes, 2011; Magnone, 2007) aparecen valoraciones positivas de esta experiencia asociadas al protagonismo y libertad de elección de las mujeres durante el COLEGIO

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tividad, la estandarización de las fases, tiempos, duraciones y horarios, la regulación/limitación de los movimientos en el espacio, etc. Otro aspecto recurrente en los relatos y comentarios es el referido al acompañamiento cálido y respetuoso recibido por las profesionales que acompañaron el trabajo de parto y el parto. Aparece el término de “guardianas”, y las palabras asociadas a la “amorosidad”, “contención”, “sostén”, “respeto”, se multiplican para describir la actitud y participación de parteras y doulas. Se describe la construcción de “un equipo” donde los roles aparecen diferenciados pero los saberes, experiencias y decisiones son compartidas. Las mujeres destacan que su propio registro, y saber sobre sensaciones, necesidades corporales y emocionales, fue respetado, escuchado y atendido; que pudieron elegir moverse, comer, abrazar, ser sostenidas, elegir el ambiente donde estar y con quienes estar. A la vez valoran la tranquilidad y la confianza que les dio la presencia de las acompañantes del parto, doulas, parteras, obstetras, que se ocuparon de lo que ellas no podían, estando atentas al avance del proceso, poniendo en juego toda su experiencia y sus saberes teóricos y empíricos sobre el proceso de parto y garantizando también que, en caso de alguna complicación, serían ellas las que sugerirían un traslado al hospital o clínica de antemano acordado. Valoran su formación, su experiencia, el equipo que forman y del que se rodean; valoran el comentario oportuno, la sugerencia de una posición o una acción para atravesar el dolor, el aliento en los momentos en que las fuerzas decaen. El trato respetuoso, la información sobre lo que estaba sucediendo, el pedido de permiso para realizar cualquier procedimiento aparece contrastando con experiencias anteriores de partos institucionales intervenidos donde no se vivió un trato respetuoso ni se respetó el consentimiento y la autonomía de la mujer.

del biopoder se presenta como único modo de atención al parto y de parir, las mujeres del colectivo hacen realidad otros modos posibles. La visibilización de otros modos de parir fuera de la institución, sumado a ciertas experiencias aisladas de transformación de prácticas profesionales y/o institucionales, abren la posiblidad de desnaturalizar y desconectar los sentidos hegemónicos sobre la participación de las mujeres en el parto y de vislumbrar otros sentidos y otras prácticas como posibles. Mientras desde el sistema médico hegemónico, el único legitimado para tomar decisiones es el profesional médico y la parturienta es “paciente” –con toda la marca de pasividad que la palabra expresa–, las mujeres del colectivo se animan a experimentar otros modos de atravesar el proceso de parto que no implican resignar derechos y autonomía. Esta capacidad de agencia que implica la posibilidad de que las mujeres participen en las decisiones que afectan sus vidas –puesta en juego en este caso en torno al embarazo y el parto– constituye no solo una forma de ejercer derechos ciudadanos, sino un componente mismo de la definición de salud, en tanto esta implica la autonomía y la autodeterminación. Esto reafirma la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de las mujeres como actores con la capacidad de reapropiarse de las concepciones culturales sobre sus cuerpos y sus vivencias y de participar en la definición de los modos de atención de la salud, visibilizando la multiplicidad de estrategias más o menos explícitas que construyen individual y colectivamente para resistir o transformar los sentidos y prácticas hegemónicas que se interponen en el acceso a sus derechos.

Algunas reflexiones sobre mujeres, salud y autonomía en torno al parto

Bibliografía

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El análisis de estas experiencias desde una perspectiva de género, al mismo tiempo que posibilita aproximarse a la diversidad de expectativas y experiencias sobre el parto, de representaciones sobre el cuerpo de las mujeres y los procesos vitales, posibilita visibilizar las relaciones de poder implícitas en el vínculo entre profesionales de la salud y mujeres gestantes, y cuestionar la violencia inherente al modo hegemónico de atención de la salud de las mujeres. Si bien estas acciones y prácticas tienen un alcance limitado y no logran aún generar cambios estructurales en la atención institucionalizada del parto, evidencian la existencia de otros modos posibles de acompañamiento del parto en los que se respeten plenamente los derechos de las mujeres. Frente a lo que, desde los dispositivos institucionales de la medicina y las variadas estrategias COLEGIO

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Garrido, A., Goberna-Tricas, J. (2013). La humanización del trabajo de parto: necesidad de definir el concepto. Revisión de la bibliografía. Matronas Prof.; 14(2), 62-66. Camacaro Cuevas, Marbella. (2009) Patologizando lo natural, naturalizando lo patológico… impronta de la praxis obstétrica. Rev. Venezolana de Estudios de la Mujer, 14 (32) 147-162. Canevari Bledel, Cecilia. (2011) Cuerpos enajenados. Experiencias de mujeres en una maternidad pública. Santiago del Estero: Barco Edita; Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud y UNSE. Chiarotti, Susana.; García Jurado, A.; Aucía, A. y Armichiardi, S. (2003) Con todo al aire. Reporte de Derechos Humanos sobre atención en salud reproductiva en hospitales públicos. Rosario: INSGENAR – CLADEM. Davis Floyd, Robbie. (2009). Perspectivas antropológicas del parto y el nacimiento humano. Buenos Aires: Fundación Creavida. JORNADAS

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por familiares y parteras empíricas. Ver un análisis detallado de cómo se dio este proceso en la Argentina, en Nari, M. (2004) Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-1940. Buenos Aires: Biblos.

Fernández A.M. (2007) Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Buenos Aires: Biblos.

2

Uno de los efectos más visibles de la extensión de este modelo es el incremento continuo en las tasas de cesáreas (en mujeres sanas y partos de bajo riesgo) que se viene observando en diferentes países en las últimas décadas, superando ampliamente las tasas de 10%-15% establecidas por la OMS hasta alcanzar tasas de entre 30% y 80%. En la Argentina, según la información de Estadísticas Vitales y del Sistema Informático Perinatal (SIP/SIP Gestión-2015) del Ministerio de Salud de la Nación, se observa un aumento sostenido en la tasa de nacimientos por cesárea, tanto en el sector público –donde ronda actualmente el 30%– como en el subsector de obras sociales –donde supera el 61%–, presentando en ambos casos amplias variaciones entre jurisdicciones.

3

El Ministerio de Salud Argentina elaboró la Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia, 1ª. Ed. 2004. Buenos Aires: Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Para ampliar sobre los avances normativos y de salud pública en otros países latinoamericanos ver, por ejemplo, los trabajos de Diniz (2001) y Tornquist (2004) en Brasil, y de Magnone Alemán, N. (2010) en Uruguay, entre otros.

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Esto se hace más visible durante la Semana de la Campaña Internacional del Parto Respetado pero continúa todo el año en los espacios de intercambio virtual en la red social Facebook, administrado por integrantes del colectivo (que en la actualidad cuenta con más de 10.000 miembros), en las denominadas “rondas de gestantes” coordinadas por profesionales doulas y parteras, y en otras actividades de formación o difusión en diferentes espacios coordinadas por integrantes del colectivo, en algunos casos en articulación con otras instituciones.

5

En la búsqueda de partos respetados existe una diversidad de escenarios y de sujetos que despliegan una multiplicidad de estrategias. La elección no se limita al dilema de decidir si parir en una institución, aceptando que sean otros los que decidan, o en el hogar, conservando el protagonismo Si bien aquí se analizan solo experiencias de nacimientos en el hogar, para otras mujeres el camino consiste en elegir, cuidadosamente, el lugar donde se desarrollará el trabajo de parto y el parto, y el/los/las profesionales que acompañarán, el momento en que se trasladarán a la institución, los acuerdos que se establecerán con los profesionales, etc.

6

Recupero aquí algunas herramientas teóricas propuestas por Ana María Fernández (2007) para el análisis de las dimensiones subjetivas de ciertas experiencias colectivas que van a contramano de las lógicas sociales y los modos de subjetivación dominantes.

Fernández del Castillo, Isabel. (1994). La revolución del nacimiento. En busca de un parto más humano y menos traumático. Madrid: EDAF. Fornes, Valeria. (2011). Parirás con poder... (pero en tu casa). En Felitti, K. (coord.) Madre no hay una sola. Experiencias de maternidad en la Argentina. (133-153). Buenos Aires: Ciccus. Imaz Martínez, Elixabete. (2001). Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo. Política y Sociedad, 36, Madrid (pp. 97-111) Magnone Alemán, Natalia. (2010). Derechos y poderes en el Parto: Una mirada desde la perspectiva de Humanización. (Tesis de Maestría en Sociología). Universidad de la República. Montevideo. Organización Mundial de la Salud. (1985) Tecnología apropiada para el parto. Lancet, 2:436-437. Traducción ACPAMOMS. Tornquist, Carmen. (2002) Armadilhas da nova era: natureza e maternidade no Ideário da humanização do parto. Estudos Feministas, 10(2), 483-492. Tornquist, Carmen. (2004). Parto e poder: o momimento pela humanização do parto no Brasil. (Tesis de Doctorado en Antropología Social). Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis.

Fuentes y documentos consultados

Parir es poder. Flavia Rosso. Documento leído en panel por la Semana del Parto Respetado 2014. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. Córdoba. Parto Respetado: “Es posible parir de otra manera”. 24-9-14. En línea: <http://www. cba24n.com.ar/content/partorespetado-“es-posible-parir-de-otra-manera> (Consulta: 03-07-16) Parto respetado, una alternativa que crece en Córdoba. Por Soledad Soler (El Argentino, edición Córdoba). En línea: <http://cordoba.infonews.com/2013/11/26/cordoba110951-parto-respetado-una-alternativa-que-crece-en-cordoba.php. (Consulta: 27-11-13)

Notas 1

Esta concepción medicalizada se impuso sobre la concepción tradicional del parto como proceso natural en el que las mujeres parían en sus casas acompañadas

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¿Qué acompañamos? Reflexiones en torno al trabajo con mujeres que abortan en Córdoba

de las mujeres y habilitar la duda, las posibilidades y lo que se quiere o se puede hacer ante esa situación particular. Requiere suspender el juicio moral. Implica también dejar de lado el imperativo de la profilaxis “se podría haber evitado” y la consecuente responsabilización de las mujeres en el cuidado y prevención de embarazos. Pensar esta problemática en clave de género puede permitir visibilizar también las prácticas que reivindican/disputan nuestras posiciones de poder. El aborto es un derecho de las mujeres y de las personas con capacidad gestante. Es un derecho en tanto implica la posibilidad de decidir si transitar o no un proceso de embarazo y de asumir o no un proyecto de maternidad. Si entendemos las maternidades como elecciones autónomas, el aborto sería una práctica facilitadora de tal elección.

Autoras: Claudia V. Iriarte; Leila N. Lafi.

Palabras aborto legal, acompañamiento, decisión, claves Derechos Humanos

Cada día intento cortar uno de los hilos que me atan al programa cultural de feminización en el que he crecido, pero la feminidad se pega a mí como una mano grasienta. P. B. Preciado (Testo Yonqui, p.106)

Resumen En el presente trabajo nos proponemos reflexionar sobre las implicancias del acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. El aborto es una práctica antiquísima cuyo sentido y modalidad cambia de acuerdo al momento histórico, el contexto social y político, los condicionamientos jurídicos, la clase, el grupo etario, el género, la etnia o la pertenencia territorial. No es lo mismo abortar hoy en la Argentina que hacerlo en los países donde existen leyes que habilitan el aborto voluntario. No es lo mismo abortar en una zona urbana que hacerlo en una zona rural. No es lo mismo si la mujer que aborta es pobre o no lo es. Tampoco es lo mismo ser criminalizada por abortar a que se garantice el derecho a decidir si una quiere o no tener hijes, o cuántos tener, o en qué momento de la vida, como reconocen los Derechos Sexuales y Reproductivos. En la Argentina el aborto es legal en algunas circunstancias mientras que en otras constituye un delito. Existen, en consecuencia, prácticas seguras para garantizar abortos legales que no pondrían en riesgo la salud ni la vida. Sin embargo, muchas mujeres y médicas/os continúan pensando que es una práctica insegura y clandestina. Un acompañamiento respetuoso implica correrse de los supuestos en torno a la maternidad como destino irrevocable COLEGIO

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“Lo deseaba para el año que viene, cuando esté más estable”. Acompañando a mujeres que abortan.

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as mujeres abortamos. El aborto es una práctica antiquísima cuyo sentido y modalidad cambia de acuerdo al momento histórico, el contexto social y político, los condicionamientos jurídicos, la clase, el grupo etario, el género, la etnia o la pertenencia territorial. No es lo mismo abortar hoy en la Argentina que hacerlo en los países donde existen leyes que habilitan el aborto voluntario. No es lo mismo abortar en una zona urbana que hacerlo en una zona rural; si la mujer que aborta es pobre o no lo es. Tampoco es lo mismo ser criminalizada por abortar a que se garantice el derecho a decidir si una quiere o no tener hijes, o cuántos tener, o en qué momento de la vida, como reconocen los Derechos Sexuales y Reproductivos. En la Argentina el aborto es legal en algunas circunstancias mientras que en otras constituye un delito. Desde 1921, en el artículo 86 del Código penal de la Argentina1 se contemplan tres causales que garantizan jurídicamente los abortos legales: 1) cuando

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el embarazo implica peligro para la vida de la mujer, 2) cuando el embarazo implica peligro para la salud de la mujer, y 3) cuando el embarazo es producto de violación o de violencia sexual. En todos los casos, solo con el consentimiento de la mujer y la práctica de un/a médico/a diplomado/a, se considera aborto no punible. Ello significa que si se tratara de un embarazo producto de una violación, para llevar adelante la práctica del aborto, no sería requisito excluyente haber realizado la denuncia de abuso sexual.2 Existen otras leyes nacionales y convenios internacionales con los cuales se comprometió el Estado argentino, que garantizan el derecho a decidir de las mujeres. Entre las más importantes, podemos mencionar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada en el año 1979 por la asamblea general de la ONU, y la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo de El Cairo (1994) en la que se abordaron, por primera vez, la sexualidad y los derechos reproductivos de las personas como Derechos Humanos. A nivel nacional, diferentes leyes3 regulan el acceso a la atención integral en salud garantizando los derechos a la confidencialidad y privacidad en todas las atenciones; a que se respete la autodeterminación en relación a las intervenciones sobre el propio cuerpo, solicitando o negando la realización de alguna práctica o de alguna medicación; a solicitar y recibir información veraz, oportuna y clara en relación a la atención, a posibles tratamientos y los riesgos asociados; a recibir educación sexual integral desde la niñez; a la libertad (no) reproductiva partiendo siempre de la presunción de capacidad de todas las personas a poder decidir. En el año 2015, el Ministerio de salud de la nación elaboró el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo4, en el cual se exponen aspectos legales, principios éticos y tratamientos médicos para los abortos seguros. Al ser un protocolo nacional es de aplicación en todo el territorio del país, tanto en espacios públicos como privados. Por lo tanto, existen prácticas seguras para garantizar abortos legales que no pondrían en riesgo la salud ni la vida de las mujeres. Sin embargo, para muchas mujeres y médicas/os, el aborto continúa siendo una práctica insegura y clandestina. En el año 2005, el movimiento de mujeres en la Argentina avanCOLEGIO

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zó en visibilizar y hacer pública la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hace muchos años, diferentes organizaciones, redes, grupas feministas, socorristas y profesionales de la salud, respetuoses de los derechos y decisiones de las mujeres, acompañamos y propiciamos abortos seguros, algunas veces clandestinos y otras en espacios públicos. Entonces ¿por qué las instituciones y profesionales de la salud continúan negando las prácticas de abortos legales? ¿Por qué las mujeres seguimos muriendo por abortos inseguros? ¿Por qué la única opción legítima debería ser parir?

“Todavía no es un bebé, son células” Tomando como referencia a P. B. Preciado (2008): “Podríamos decir que en la actualidad, y dentro del mismo cuerpo, la nariz y los órganos sexuales se ven atravesados por dos regímenes netamente diferentes de poder. Mientras que la nariz está regulada por un poder farmacopornográfico en el que un órgano se considera como propiedad individual y como objeto del mercado, los genitales siguen encerrados en un régimen pre-moderno y casi soberano de poder que los considera propiedad del Estado (y por extensión, en este modelo tecnocrático, de Dios) y dependientes de una ley trascendental e inmutable. Pero el estatuto de los órganos en la sociedad farmacopornográfica está viéndose alterado rápidamente...”. (p. 94-95) Ante algunas demandas de intervenciones quirúrgicas, como las cirugías estéticas por ejemplo, no se pone en juego el criterio moral de los/as médicos/as. Probablemente no se esgriman argumentos tales como “no estoy de acuerdo con los cánones de belleza hegemónica” para negarse a realizar la práctica médica. Ahora bien, ¿qué sucede ante la demanda de un aborto? Es muy común que les profesionales de la salud obstaculicen el acceso utilizando argumentos morales como “no estoy de acuerdo con eso”; “es un delito”; “es una vida”; “tener hijes es lo más lindo que puede JORNADAS

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esperar una mujer”; “ya te vas a acostumbrar cuando le tengas”; “mi religión no me lo permite”, etc. Lo cierto es que las mujeres abortamos y lo seguiremos haciendo. Lo que pretendemos cambiar son las condiciones en las que abortamos y, en este sentido, recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos.

corporal, muchas veces tan intrusivo y sorpresivo que lleva a emociones tristes, paralizantes. Son esas sensaciones que comienzan a materializar la posibilidad (cierta o incierta) de la gestación, a veces esperada y otras tantas inesperada. Las maternidades devienen forzadas en tanto no se elijan, no se esperen, deseen o contemplen en los proyectos de vida irrumpiendo en las subjetividades y, en tanto no se cuestionen, anclándolas a lo socialmente esperable. Como sostiene J. M. Burgos, “culturalmente el diagnóstico de embarazo es feminizante y está ligado en nuestra sociedad a algo alegre, celebrable, felicitable. Por eso además de entender el embarazo como una condición hay que empezar a entenderlo como una condición que puede no ser deseada y rechazada.” El acompañamiento implica corrernos de los supuestos en torno a la maternidad como destino irrevocable de las mujeres y habilitar la duda, las posibilidades y lo que se quiere o se puede hacer ante esa situación particular. Conlleva dejar de lado el imperativo de la profilaxis “se podría haber evitado” y la consecuente responsabilización de las mujeres en el cuidado y prevención de embarazos.

“Si te querés sacar un hijo te mandan presa”. Garantizar derechos vs. Criminalizar Entendemos que la criminalización del aborto significa, por un lado, el incumplimiento de la ley por parte de profesionales de la salud. Es una conducta negligente ya que viola no solamente la garantía del derecho a la interrupción legal del embarazo, sino también el secreto profesional y el respeto por la autonomía de las mujeres. Correlativamente es un acto de discriminación hacia las mujeres que puede significar enfermedades crónicas evitables y muertes por abortos clandestinos inseguros, además de la profundización del estigma de quienes abortan y de quienes acompañan. El trato deshumanizado –las amenazas, la humillación y la tortura– por parte de profesionales de la salud hacia las mujeres que solicitan una interrupción legal del embarazo o cursan un aborto (provocado o espontáneo) también es considerado violencia obstétrica.

“Es una vida, yo creo en Dios. Pero no sé si lo voy a querer”

“Están todos enojados conmigo. No había podido hablar de esto”. El aborto es una práctica que afecta principalmente a las mujeres.

La propuesta de acompañamiento pretende dar lugar a la reflexión y la expresión de las emociones y contradicciones que implica atravesar esta situación. Se habilita un espacio para la palabra y para que cada mujer tome la decisión acorde al momento que esté atravesando, sus vínculos, proyectos de vida, temores y posibilidades reales para asumir y sostener una maternidad o para interrumpir un embarazo. Se acompaña la incertidumbre, el miedo, la culpa, el estigma, el propio juicio moral que algunas mujeres manifiestan: “yo estaba en contra del aborto, pero en una situación así creo que está bien”. Se acompaña la falta de culpa, lo cual también puede generar angustia: “me siento mal, porque no siento nada”. Muchas veces se acompaña por primera vez: “voy a la psicóloga, pero no le pude hablar de esto”. Se acompaña la soledad. Se resignifican situaciones de abortos anteriores: “a los diecisiete años me llevaron a abortar”. Se acompaña pensando el aborto incluso como un acto de amor: “no es que no quiera ser mamá, porque es hermoso. Pero no puedo, no quiero que le falte nada.” Se acompaña muchas veces el reconocimiento de una genealogía de historias de mujeres que abortaron: “le pregunté a mi abuela, ¿cómo hiciste para no tener más hijos? ¡¡¡Abortando m´hija!!!”.

Somos las mujeres, mayoritariamente, quienes atravesamos los avatares que implica tomar esa decisión. Decisión incómoda, tal vez angustiante, que muchas veces lleva al borde de lo impensable. Podría entenderse como una “experiencia trágica” en el sentido que propone Laura Klein, la situación arremete en nuestra cotidianeidad, estableciendo un momento que no se puede evadir. Implica, necesariamente, escoger entre continuar el embarazo o abortar, no hay más opciones.

“Al principio estaba enojada por no haber hecho las cosas bien” Somos las mujeres quienes llevamos en nuestros cuerpos las sensaciones, los cambios en la percepción “del dentro y del afuera” COLEGIO

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“Mi pareja no sabe de esta decisión. Estoy pensando decir que perdí el embarazo”

tar porque no es un tema posible de ser hablado con otres. Pensar en clave de género es visibilizar, también, las prácticas que reivindican/disputan nuestras posiciones de poder. En ese sentido, abortamos las históricas prácticas de opresión que sostienen relaciones jerárquicas de poder, en el cual las mujeres como re-productoras sostenemos regímenes que benefician a otras personas.

La práctica del aborto trastoca uno de los mandatos más enraizados en nuestra cultura occidental contemporánea, capitalista y patriarcal. La maternidad como obligación, como acto que vendrá a completar la existencia; ecuación simbólica violenta de la existencia de las personas biopolíticamente asignadas al género mujeres. Es posible que una experiencia de aborto produzca en la persona sentimientos asociados a la tristeza o dolor psíquico, al igual que un proceso de embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, también es probable que aparezcan sensaciones como alivio o tranquilidad y hasta alegría por haber resuelto un problema o una situación muchas veces percibida como insostenible: “siento que me saqué una mochila de encima”“siento que recuperé mi vida”. Las experiencias subjetivas y las emociones relacionadas con el aborto están condicionadas por diferentes aspectos: el sentido que le otorga la persona a ese embarazo particular en ese momento de su vida, las situaciones o circunstancias en las que se producen los embarazos (si son planificados, inesperados, producto de violencia sexual, etc.), el contexto de criminalización o clandestinidad de la práctica, las representaciones sociales sobre la maternidad y el aborto, el estigma, las condiciones socioeconómicas de las mujeres, sus recursos afectivos, los procedimientos utilizados para abortar, el lugar en donde se realiza, etc. Para M. Foucault, el sexo “está en el cruce de dos ejes, a lo largo de los cuales se desarrolló toda la tecnología política de la vida.” Depende entonces de las disciplinas del cuerpo y participa en la regulación de las poblaciones.

Bibliografía Libros:

Chiarotti, S. (2010) Derechos Humanos de las Mujeres. Recursos y mecanismos de reclamo y monitoreo. Rosario, Argentina. Ed. INSGENAR. Foucault, M. (1998) Historia de la sexualidad I. Ciudad de México, México. Ed. Murguía. Klein, L. (2013) Entre el crimen y el derecho. El problema del aborto. Buenos Aires, Argentina. Ed. Planeta. López Gómez, A. (2016) Mujeres y aborto. Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe. Clacai. Preciado, P. B. (2008) Testo Yonqui. España. Ed. Espasa. Revistas: Acompañar al cuerpo. Experiencias en Acompañamientos en Salud Mental, Trabajo Sexual y Aborto. Entrevista realizada por Leonor Silvestri a Clara Soria y Juan Manuel Burgos sobre Experiencias en Acompañamientos en Salud Mental, Trabajo Sexual y Aborto, disponible en: http://revistafurias.com/acompanar-al-cuerpo-experienciasacompanamientos-salud-me ntal-trabajo-sexual-aborto/?print=print

Notas 1

Código Penal de la Nación Argentina. Artículo 86. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. (en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/ texact.htm #15) 2 Fallo F.A.L. http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos- aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-0313/123456789-120-0002-1ots-eup mocsollaf 3 Ley 25673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable (2003), la Ley de Educación Sexual Integral (2006), la Ley 26529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (2009), La Ley 26529 Nacional de Salud Mental (2013) y la Ley 26485 de Protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales (2010). 4 Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Ministerio de salud de la Nación. Abril 2015 http://www.msal. gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octu bre%20 2016.pdf

Se inserta simultáneamente en ambos registros; da lugar a vigilancias infinitesimales, a controles de todos los instantes (...) a exámenes médicos o psicológicos indefinidos, a todo un micropoder sobre el cuerpo; pero también da lugar a medidas masivas, a estimaciones estadísticas, a intervenciones que apuntan al cuerpo social entero o a grupos tomados en conjunto. El sexo es, a un tiempo, acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. (p.87) El aborto es un derecho en tanto implica la posibilidad de decidir si transitar o no un proceso de embarazo y de asumir o no un proyecto de maternidad. Dar lugar para hablar sobre la decisión de abortar y las experiencias de abortos posibilita sentir y reconocer nuestra pertenencia a un colectivo de mujeres que deciden respecto a sus cuerpos y sus vidas, subvirtiendo el sentido común del aborto como práctica secreta, clandestina y peligrosa, que muchas veces no se puede tramiCOLEGIO

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Trabajo sexual: ¿Una práctica legal sin derechos?

Palabras Trabajo sexual, género, claves derechos humanos.

pública romana, defendió el principio de que hay un derecho universal que se funda en la naturaleza humana y aboga por la igualdad de los hombres. Sin embargo, estos derechos no podían ser ejercidos por las mujeres, ya que la sociedad romana era patriarcal. Las romanas no podían votar ni ocupar cargos públicos. El poder del padre como cabeza de familia (pater familias) era indiscutido. Esta diferencia es clave para comprender cómo se construye la idea de universalidad, naturalizando la exclusión de ciertos sujetos del gran paraguas de los derechos. En el contexto de la Revolución Francesa, se suscribe la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Pero las mujeres quedaron afuera de las conquistas libertarias de libertad, igualdad y fraternidad, que alcanzaban solamente a los varones. Recién en 1948, con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, las mujeres comienzan a formar parte del colectivo universal. Frecuentemente, la historización de los derechos humanos no da cuenta de la persistencia del patriarcado que durante diecinueve siglos ha subsumido en la categoría “hombre” a toda la humanidad.

Introducción

Trabajo sexual y derechos humanos

ste artículo se propone reflexionar sobre el trabajo sexual de manera transdisciplinar, con herramientas del derecho, la antropología y la psicología desde una perspectiva de género y derechos humanos. Para dicha reflexión, partimos de la definición de la Conferencia de Viena como un gran paraguas que alberga a los y las humanas.

Nos interesa problematizar cómo la práctica del trabajo sexual es regulada por normativas locales (nacionales y provinciales) de carácter abolicionista, que coexisten en tensión con los derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales. Para ello, analizaremos los sentidos contenidos en el plexo de los derechos humanos, la relación con el Estado y el mundo sociopolítico en general. El trabajo sexual, desde la perspectiva a la que adherimos, está amparada formalmente por los principios de los derechos humanos sexuales y laborales, como el derecho a la igualdad, a la autodeterminación y a la no discriminación. Sin embargo, los mundos del trabajo sexual en Córdoba, no dan cuenta de dicho amparo. Si bien sabemos que la práctica del trabajo sexual no está prohibida, en la actualidad se encuentra aún criminalizada. Decidimos referirnos a los mundos del trabajo sexual, ya que en Córdoba tienen más de un modo de llevarse a cabo y de adscribir a él. Los mundos del trabajo sexual son mundos de carácter complejo ya que concentran múltiples significados, por referir a un mercado sexual heterogéneo en el que las diferencias de raza/clase y género, se conjugan y combinan generando contextos muy diversos. Además, es necesario agregar que haremos referencia solo al trabajo sexual de las mujeres, dado que fue el recorte empírico

Gabriela Robledo Achával. Mgter. en Antropología Social. Abogada. Equipo de investigación: “Subjetividades y sujeciones contemporáneas” y FemGeS. CIFFyH, UNC Sandra Ruiz. Mgter. en Antropología Social. Lic. en Psicología. Equipo de investigación “Subjetividades y sujeciones contemporáneas” y FemGeS. CIFFyH, UNC

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Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. (…) Los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.1 Una serie de tratados internacionales ratificados por nuestro país dan cuenta del carácter dinámico de estos derechos, que no fueron conseguidos por un gobierno en particular sino por la lucha sostenida de movimientos sociales. El antecedente de los derechos humanos, es el derecho natural. Al respecto, Marco Tulio Cicerón, (106 a. 43 a. C.) jurista de la ReCOLEGIO

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“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”

realizado en nuestra investigación2. Entendemos por trabajador/a sexual a “una persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades que, sin coacción alguna por parte de terceras personas para ejercer esta actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio sexual”.3 Desde el imaginario social o lo que llamamos “sentido común”, el trabajo sexual se reduce a la trabajadora sexual aislada, sola, como si nadie cooperase con ella para llevar a cabo su actividad. Sin embargo, el trabajo sexual se aprende e implica “convenciones”, o sea “acuerdos previos que se [hacen] habituales” (Becker; 2008:44), lo que implica pensar esta actividad necesariamente enlazada a un conjunto de personas agenciadas con distintos marcadores de clase/ raza, sexo, género y edad, que se empoderan de manera dinámica en las prácticas. El mundo de los trabajos sexuales es un mundo de carácter complejo en sí mismo porque condensa múltiples significados; refiere a un mercado sexual heterogéneo en el que diferencias de clase, etnia y género, se conjugan y combinan, generando escenarios disímiles o desiguales. AMMAR Córdoba4 (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) es un sindicato de trabajadoras sexuales que lucha por la COLEGIO

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descriminalización del trabajo sexual, por su reconocimiento laboral y por la sanción de una ley de trabajo sexual autónomo o en cooperativas. Esto último es clave para diferenciarlo del proxenetismo, donde un tercero se beneficia explotando a la trabajadora sexual y quedándose con buena parte de sus ganancias. En la Argentina, el trabajo sexual en sí, es decir, la prostitución propia y no ajena, no está prohibida. Este hecho debe ser articulado con el principio de reserva, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Nuestra hipótesis es que la condena social y legislativa del trabajo sexual, contradice el espíritu y la pretendida universalidad de los derechos humanos. En esta línea argumentativa, formulamos la JORNADAS

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pregunta central de este artículo: ¿cómo y por qué la práctica del trabajo sexual, aun siendo legal, es criminalizada?

2011 en la ciudad de Córdoba, nuestras entrevistadas escorts o acompañantes, continuaban con su actividad “publicándose” en dos páginas web donde ofrecían sus servicios sin una total exposición en las imágenes: sus rostros aparecían pixelados o difuminados, ocultando con maquillaje lunares, manchas, tatuajes y cualquier tipo de marcas, que las pudiera identificar. Vestidas con lencería o con algunos trajes característicos del imaginario socioerótico, como el de secretaria, enfermera, entre otros, utilizaban nombres de fantasía o artísticos con los cuales habitaban de esta manera los mundos del trabajo sexual. Sus prácticas como escorts quedaban sujetas al secreto y al silencio lo que las conducía, en sus términos, a “tener una doble vida”, explicitada en dicha duplicación de nombres como de números de teléfonos y en los modos de producción estética. También en la invención de algún trabajo que les permitiera justificar sus ingresos económicos. Duplicar parecía ser la estrategia para invisibilizar sus vidas de escorts. Once meses más tarde del Decreto Nacional 936/2011, la situación del trabajo sexual en Córdoba cambia a partir de una nueva ley provincial. El 1º de junio de 2012, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley 10.060 de “Lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual” que prohíbe la “instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de alterne. En los días previos a la sanción de la ley, AMMAR se movilizó a la Legislatura: “Más de un centenar de trabajadoras sexuales organizadas en AMMAR realizaron una protesta con radio abierta, exigiendo participación e inclusión en el la elaboración de las normas que las afectan directamente”.5 Como consecuencia, los legisladores permitieron que ingresaran dos trabajadoras sexuales a presentar el Documento redactado por dicha organización: “El delito a combatir debe ser la trata de personas y la explotación sexual y no una actividad lícita”, cuyo objetivo principal se centró en “visibilizar la compleja realidad del trabajo sexual y su diferenciación con la explotación y la trata de personas”.6 El documento da cuenta de la posición de AMMAR, quien no se oponía al “combate contra las redes de trata”7, sino que cuestionaba “la ambigüedad de su articulado” que, producto del vacío legal, criminalizaba el trabajo sexual. La controversia principal de esta ley de Trata, fue entonces, la exclusión de la voz de aquellas personas afectadas por la superposición del sentido de la trata con el del trabajo sexual. Con dicha superposición se operó un desplazamiento semántico entre la trata y el trabajo sexual, que tuvo como consecuencia fundir en el sig-

Legislación local y trabajo sexual En la Argentina, el debate sobre el “trabajo sexual o prostitución” entra en la agenda política en el año 2000 a través de la participación del país en el proceso de elaboración del instrumento internacional conocido como “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”. Desde entonces se ha promulgado la Ley N° 26.364/08 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” y se han dispuesto un conjunto de acciones y políticas públicas cuyos objetivos abarcan desde la prevención, la sensibilización hasta la represión de la “trata”; formándose una trama de acción, en la cual participan organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, el Estado, así como agencias internacionales aunadas por el objetivo de diseñar e implementar estrategias contra esta problemática. Sin embargo, a pesar del acuerdo con respecto a la lucha contra la “trata”, sus significados se tensionan en los debates políticos, sociales y académicos. AMMAR instala la cuestión del trabajo sexual en términos de derechos humanos, fundando así un campo semántico en el que participan una diversidad de actores con posiciones diversas y adversas. Este campo construye una trama de relaciones de fuerza con distintas retóricas cuya discusión clave se centra en el reconocimiento o no del estatus laboral del trabajo sexual. Cabe señalar que, además, es una opción laboral y sexual que no perjudica a terceros y que, por lo tanto, no debería ser reprimida, ya que en la Argentina la prostitución es legal. En la ciudad de Córdoba, la prostitución se torna en una cuestión social para el gobierno argentino desde antes del S. XX: “un indicador de ello es que la prostitución, en tanto forma de trabajo de algunas mujeres y como un tipo de negocio lucrativo y privado, es legalizada en la ciudad a partir de una ordenanza municipal sobre “Casas de Tolerancia” de 1883” (Illbele y Lehtinen, 2011). Este es el primer antecedente relevante sobre el tema. En 1936 se sanciona la Ley Nacional Nº 12.331 “Organizando la profilaxis de las enfermedades venéreas en todo el territorio de la Nación” que prohíbe los locales donde se ejercía la prostitución y establece sanciones para quienes los regenteen. En un contexto actual, en el año 2011 se promulga el Decreto Nacional 936/11, a partir del cual queda prohibida la publicidad de mensajes e imágenes que “estimularan” el comercio sexual existente en términos de ofertas. Desde esa fecha, estas ofertas sexuales quedan expresamente prohibidas. En nuestra etnografía sobre ofertas sexuales iniciada en el año COLEGIO

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nificante “víctima” a las mujeres explotadas sexualmente con las trabajadoras sexuales. A partir de esta ley provincial se comienza a observar en el trabajo de campo el alcance de esta última normativa y se registraron dos caminos: por un lado, las afiliadas a AMMAR Córdoba redoblaron la apuesta con modos diversos de participación pública y, por el otro, las no afiliadas (como un modo de agruparlas en nuestra investigación), si bien continuaron su actividad con algunos clientes, muchas de ellas optaron por trasladarse quincenalmente a la ciudad de Rosario y a distintas ciudades de Chile, donde se sentían “más seguras y ganaban más dinero”. En consecuencia, las agencias de acompañantes comenzaron a cerrar y algunos departamentos alquilados para tal actividad a ser allanados junto a la clausura de locales comerciales. Cabe destacar que la ley nacional 26.842 de Trata de personas no prohíbe “locales de alterne”, ni vincula la trata con el trabajo sexual como ya vimos que hace la ley provincial.

Consideraciones finales En términos de Eugenia Aravena, AMMAR “es el coming out de las trabajadoras sexuales.”8 Dicha definición trae inmediatamente a nuestras memorias, a modo de dejà vu, el camino transitado por otras “comunidades eróticas”. En nuestro país, como parte de un proceso global, se ha logrado ampliar los derechos a partir distintos reclamos identitarios, de diferentes colectivos como los agrupados bajo la sigla LGTTTBI. A diferencia de ellos, el trabajo sexual no ha alcanzado aún la misma visibilidad ni conciencia social que las obtenidas tras aquellas luchas. Eugenia Aravena expresa esta falta de reconocimiento de manera gráfica, al decir lo siguiente: “A veces parece que no nos consideran mujeres, sino extraterrestres”.9 Esta metáfora de “extraterrestre”, condensa una serie de exclusiones que las dejan afuera del paraguas de derechos humanos. Expulsadas del lazo social, son silenciadas o traducidas como si hablaran otra lengua. Vemos así que a la luz de los distintos instrumentos internacionales, la práctica del trabajo sexual está formalmente amparada por los principios de los DD.HH. sexuales y laborales, tales como el derecho a la igualdad, a la autodeterminación y a la no discriminación. Sin embargo, la condena legislativa del trabajo sexual a nivel local, contradice el espíritu y la letra de la normativa de estos derechos humanos. Dicha contradicción se evidencia en el vacío legal y, por ende, en la falta de regulación del trabajo sexual y en su prohibición indirecta a partir de la ley provincial de la Trata de personas. Frente a esta situación retomamos la pregunta formulada al inicio de este artículo ¿cómo y por qué la práctica del trabajo sexual, aun siendo legal, es criminalizada? En otras palabras ¿por qué esta COLEGIO

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“Si a vos no te clandestinizan la actividad, no hay nadie que pueda hacer negocio de eso.”

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práctica queda a la intemperie del gran paraguas de los derechos humanos? En primer lugar, la clandestinidad ciertamente produce beneficios económicos que el Estado sostiene por medio de una trama de corrupción en virtud de la falta de reglamentación del trabajo sexual. Como dice Eugenia Aravena “Si a vos no te clandestinizan la actividad, no hay nadie que pueda hacer negocio de eso.” 10 Abusos graves tales como extorsiones, hostigamiento y persecuciones conducen a pensar al Estado como el actor principal de la reproducción de dicha violencia, debido al vacío legal de esta práctica en cuestión que, paradójicamente, es conocida como la más antigua de la humanidad. Por otra parte, el Estado ejerce y ha ejercido un fuerte control sobre los cuerpos, en especial los de las mujeres. En este sentido, la práctica del trabajo sexual cristaliza la abyección de la figura femenina, que solo es posible representar por el patriarcado bajo la figura de la madre o la puta. Situada en el extremo negativo del significante “mujer”, la trabajadora sexual es una amenaza (incluso para sí misma), una abominación del orden social que debe ser ocultado. AMMAR saca del closet a la mujer trabajadora sexual y la visibiliza en la escena social. En una nueva arremetida y bajo la mascarada de “víctima de la trata”, la legislación provincial perpetúa la deuda histórica del reconocimiento de las trabajadoras sexuales como tales, con las consecuencias sociales y subjetivas que ello implica en cada una de estas mujeres en singular. Sostenemos que la equiparación del trabajo sexual con la trata de personas, responde a una maniobra jurídica propia de un “Estado simbólicamente masculino” (Segato, 2003) que ha detentado el monopolio de la violencia legítima y la vigilancia moral sobre los cuerpos de las mujeres. Esta maniobra abolicionista tiene por efecto criminalizar una práctica a través de otra, bajo el pretexto de constituir una política pública de protección a las mujeres. Según la interpretación de Aravena: Nosotras somos víctimas del discurso de las feministas abolicionistas que todo el tiempo están mezclando la prostitución y la trata, que hablan de erradicar la prostitución cuando se refieren a la lucha contra trata. De alguna manera criminalizan la prostitución cuando no es un delito, la ley no lo contempla de esa forma en nuestro país.11 Este desplazamiento semántico entre la trata y el trabajo sexual hace que toda trabajadora sexual sea pensada como una víctima, sin voz propia. Que sus palabras deban ser traducidas, que pretendan hablar por ellas o en nombre de ellas. Parafraseando a Judith Butler nos preguntamos acá ¿cuáles son las voces que importan? COLEGIO

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Desde nuestro punto de vista, el vacío legal arroja al sujeto -a cada trabajadora sexual-, afuera del paraguas de derechos. Negar el reconocimiento al trabajo sexual es una omisión disciplinante, es negarle voz y agencia a las mujeres actoras de dicha práctica con sus diferencias de raza/clase y edad. Es un intento por encarrilar moralmente a las trabajadoras sexuales y devolverlas a una sexualidad silenciosa, controlada y hegemónica. Por otra parte, se le suma la operación que hace la ley provincial al confundir a las víctimas de la explotación sexual con las trabajadoras sexuales, lo cual reproduce la violencia al criminalizar sus prácticas y posicionarlas como víctimas. Es el epítome del patriarcado. Mientras el Estado siga apropiándose de la sexualidad y de las voces de las mujeres, los derechos humanos de las trabajadoras sexuales serán una mancha de tinta bajo la lluvia.

POSADA, G. (30 de marzo de 2012). “No confundir prostitución con trata de personas”. Prensared. Disponible en: http://www.prensared.org.ar/7593/no-confundirprostitucion-con-trata-de-personas. Consultado el 3 julio de 2017. ROBLEDO ACHÁVAL, Gabriela & RUIZ, Sandra. (2016). “Sexo con objetos” VI Coloquio interdisciplinario internacional “Educación, sexualidades y relaciones de género”. 4° Congreso Género y Sociedad. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina SEGATO, Rita (2003) “Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos”, Prometeo, Universidad Nacional de Quilmes.

Notas 1 2

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993. RUIZ, Sandra. Tesis en curso “Negocio del placer” Una etnografía sobre ofertas sexuales destinadas a varones heterosexuales en la ciudad de Córdoba, UNC. 3 Documento de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Disponible en: http://redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com.ar/ Consultado en julio de 2017. 4 Por economía del lenguaje , las sucesivas referencias a AMMAR Córdoba, serán designadas solo con la sigla de “AMMAR” 5 Extraído de la carpeta de documentos producidos por AMMAR Córdoba. “Aportes para el debate” (2013) 6 Ídem 7 Ibídem 8 Charla debate en la Universidad Nacional de Córdoba el 15 de marzo de 2013. Registro de campo. 9 POSADA, G. (30 de marzo de 2012). “No confundir prostitución con trata de personas”. Prensared. 10 Otero, M. (12 de enero de 2017). “Entrevista a Eugenia Aravena- En busca de derechos para las trabajadoras sexuales”. Prensared. 11 Posada, G. (30 de marzo de 2012). “No confundir prostitución con trata de personas”. Prensared.

Bibliografía

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81 El acompañamiento a víctimas de Terrorismo de Estado como política pública en salud mental 87 Cuando el horror se apropia de un país, el dolor se inscribe como herencia 93 Cuerpos desaparecidos: Restitución del sujeto por el arte y la palabra 99 Inscribir la ausencia 105 Buen Pastor: de cárcel de mujeres a paseo comercial 113 Desanudando voces, entre surcos y rieles

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Eje: Memoria, Verdad y Justicia

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n importante colectivo de trabajadores/as de la salud mental asumieron durante la dictadura, y luego también en democracia, una actitud solidaria muy activa con el conjunto de los afectados por la represión llevada adelante en el marco del terrorismo de Estado. Los equipos de asistencia a las víctimas que apoyaron el trabajo de los organismos de DD.HH.; los numerosos aportes realizados para conceptualizar y poner en palabras “lo indecible”, sobre todo en torno a lo siniestro y a la figura del desaparecido; el aporte disciplinario específico para acompañar las políticas de reparación y el enorme esfuerzo de los equipos de acompañamiento a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad son y, deben seguir siendo, una referencia fundamental en nuestro campo. Durante la dictadura, fueron vaciados los espacios de atención del sufrimiento psíquico y muchísimos trabajadores de la salud mental fueron obligados a abandonar los hospitales, los servicios hospitalarios o las universidades por las persecuciones, expulsiones, secuestros y asesinatos. A pesar de estas duras condiciones, algunos profesionales de la salud mental buscaron dar respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados y para ello generaron un ámbito para prácticas y reflexiones que dio lugar al encuentro entre la salud mental y los derechos humanos. Se trabajó, se debatió y se produjo conocimiento sobre los efectos psicosociales del terror, sobre las consecuencias del trauma político, sobre las graves secuelas generadas en los vínculos comunitarios. Estas prácticas -clínica, asistencial, política y de acompañamiento-, en algunos momentos se realizaron bajo los efectos de la persecución de aquellas mismas situaciones que intentaban resolver; en otros, bajo el clima social de impotencia que produjeron las políticas de impunidad -bajo las leyes y los indultos- y, más recientemente, amparados por los sentidos de Memoria, Verdad y Justicia que abrieron los juicios y condenas a los imputados por delitos de lesa humanidad. Desde hace un tiempo asistimos a la revitalización de la “teoría de los dos demonios”, al resurgimiento de discursos negacionistas y relativizadores que se han mostrado eficientes a través del bombardeo mediático. La nueva coyuntura política es acompañada por una reapertura de discusiones que parecían saldadas como el debate acerca del número de víctimas y el llamado a la reconciliación. En este escenario complejo es imprescindible recuperar la potencia argumentativa que permitió derrotar la impunidad y desarticular discursos que pretenden la captura del “sentido común” en la reconstrucción del pasado reciente. „„ „„ „„ „„

Porque reconocemos que los duelos donde se invierte lo generacional son inmensamente difíciles, porque las pérdidas traumáticas son más difíciles de tramitar, porque aquellas situaciones en que las ausencias no tienen explicación son imposibles de elaborar, porque consideramos que la mentira enferma y la única salida para situaciones de este tipo es la verdad, la palabra y la ley, „„ porque modelos sociales basados en la negación de la realidad y la abolición de la ley solo pueden engendrar más violencia. A cuarenta y un años del golpe militar es preciso sostener el derecho a elaborar esa memoria “del horror”, como menciona Ulloa. Recuperar todas estas iniciativas, darlas a conocer y difundirlas intenta propiciar la reflexión sobre las consecuencias tanto en los afectados directos como en la sociedad hasta hoy, y permitir una transmisión generacional necesaria para sostener la memoria y generar el debate.

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El acompañamiento a víctimas de Terrorismo de Estado como política pública en salud mental

fueron vividos no solo en cuerpos singulares, sino en el seno de nuestra sociedad, y que son una pieza clave de eso que damos en llamar “memoria colectiva”. Más aún, cabe preguntarse si estas prácticas, desde un enfoque epidemiológico en salud mental, pueden ser consideradas acciones de prevención, y no solo paliativas, al promover formas más saludables de alojar los efectos de la dictadura en el grupo más vulnerado (las víctimas), que redunden en una construcción identitaria de las generaciones futuras fundada en la verdad, la memoria y la justicia.

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El acompañamiento a víctimas de Terrorismo de Estado como política pública en salud mental

Autora: María Celeste Benetti Catarineu.

Palabras Terrorismo de Estado - salud mental claves víctimas - reparación.

Introducción

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ste trabajo se propone analizar el papel de los organismos que surgieron para complementar, incluso exceder, el proceso judicial por delitos de lesa humanidad, al incorporar la dimensión subjetiva en el proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Se intentará, además, analizar si estas prácticas sostenidas desde el Estado pueden ser consideradas como políticas de salud mental en un nivel colectivo, en tanto son una herramienta para la resignificación de hechos traumáticos que fueron vividos no solo en cuerpos singulares, sino en el seno de nuestra sociedad, y que son una pieza clave de eso que damos en llamar “memoria colectiva”. Más aún, cabe preguntarse si estas prácticas, desde un enfoque epidemiológico en salud mental, pueden ser consideradas acciones de prevención, y no solo paliativas, al promover formas más saludables de alojar los efectos de la dictadura en el grupo más vulnerado (las víctimas), que redunden en una construcción identitaria de las generaciones futuras fundada en la verdad, la memoria y la justicia.

Resumen A partir de la reapertura del proceso judicial por delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, surgieron organismos cuyo rol fue el de complementar, e incluso exceder, el proceso penal, al incorporar la dimensión subjetiva en el proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Entre ellos, se ubican el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” de la Secretaría de Derechos Humanos, y el Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. El presente trabajo procura ahondar en la articulación entre estos dispositivos y aquellos propiamente jurídicos/penales como forma de promover desde el Estado acciones reparatorias que permitan resignificar el lugar de las víctimas y del propio Estado como victimario, posibilitando la emergencia de sujetos de derecho a través de la reescritura de la historia singular. Supone acompañar la verdad “objetiva” de los juicios con la construcción de un espacio para la verdad subjetiva. Estas prácticas sostenidas desde el Estado pueden ser consideradas, además, como políticas de salud mental en un nivel colectivo, en tanto son una herramienta para la resignificación de hechos traumáticos que COLEGIO

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Verdad subjetiva: la potencia de otra escucha Esta será una historia de terror. Será una historia policiaca, JORNADAS

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Si el terror de Estado intentó borrar a una generación y cortar los lazos de su descendencia, con cada restitución se restaura una filiación que es singular pero también colectiva, obturando “la posibilidad de repetición de hechos que no debieron haber sucedido nunca”

un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz.

La experiencia traumática de las víctimas de la dictadura se define como una encerrona trágica (Ulloa, 1999): aquella situación donde no hay un tercero que medie entre víctima y victimario. La víctima queda en posición de objeto, a total disposición del victimario, con elevado dolor psíquico, que se diferencia de la angustia porque no tiene salida o, más precisamente, porque su única salida posible es la muerte. Este dolor psíquico es traumático en el sentido psicoanalítico: insiste, retorna buscando ser inscripto, ser nombrado. El primer nivel de inscripción es el corporal: cicatrices físicas y síntomas son consecuencias actuales, el terror se manifiesta en el presente de la persona. El otro nivel, nunca escindido del corporal, es el psíquico. El proceso de duelo que llevan adelante las víctimas ha sido caracterizado como congelado o coagulado, justamente en tanto traumático (Rousseaux, 2001 y Dobón, 1988). La impunidad perpetúa esta imposibilidad de tramitar psíquicamente el dolor. Es decir, cristaliza a la víctima en su posición de objeto, es una nueva modalidad de desubjetivación que continúa la de los centros de detención clandestinos. Para poder salir de ese lugar, la persona debe asumirse como víctima. Solo reconociéndose allí puede comenzar una resignificación que le permita dejar de ser un “sobreviviente” para vivir la vida como un sujeto digno. En este proceso de resignificación cobra vital importancia el testimonio. El CU sostiene que la persona no cuenta algo vivido,

Roberto Bolaño. Amuleto (1999) Con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en la década del 2000, surgen una serie de medidas dependientes del Poder Ejecutivo tendientes a una protección integral y articulada de las víctimas. Entre ellas, se encuentra el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado (PNA), dependiente del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” (CU) de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Dar testimonio supone sobrellevar la carga afectiva que se intensifica al volver a contar (y revivir) los padecimientos sufridos, con el agravante de que debe hacerse en presencia de los victimarios. Entonces, el PNA instaura un acompañamiento en nombre del Estado para dar sostén donde antes se erigió el terror, permitiendo a los afectados atravesar el proceso judicial. Si bien los profesionales del CU no definen su trabajo como una especialidad, ubican un marco conceptual específico sobre la noción de trauma, de duelo, de víctima y del acto de testimoniar. COLEGIO

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sino que lo vuelve a vivir. El relato es una operación que recuerda, dejando un resto en el olvido para seguir viviendo. Es un trabajo de escritura y de ficción, en tanto memoria subjetiva que otorga nuevos significados para soportar el encuentro con aquello que no tiene palabra (el horror del trauma). Se produce aquí una tensión con el testimonio jurídico, que debe ajustarse a una verdad “objetiva”, probatoria, que se torna pública. La tarea del CU es habilitar el espacio donde se valida el testimonio como reescritura de la historia íntima de la persona: escuchar y acompañar el proceso por el cual la víctima se reconoce como tal, para luego reubicarse en una posición de sujeto activo, ligado a la vida. Es crear una salida de la encerrona trágica distinta de la muerte.

La existencia de jóvenes con su identidad sustraída y de familias que aún los buscan le otorga al delito su carácter actual. Efecto siniestro, de encerrona trágica para los hijos e hijas, efecto traumático para los familiares: el padecimiento constante de “un dispositivo psicológico de tortura que se alivia con la búsqueda pero solo puede cesar con el reencuentro” (EIA, 2010). En tanto estos y estas jóvenes son parte de una generación que falta a toda la sociedad, es que además esta última es también víctima, y lo será mientras haya identidades no restituidas y apropiadores impunes. Cabe destacar que la labor de los organismos de derechos humanos, especialmente la de Abuelas de Plaza de Mayo, permitió romper la dimensión colectiva del “efecto siniestro” por la constante visibilización del delito, evitando la negación que proponen las voces del olvido y del perdón (con una insistencia y actualidad que podría llamarse “contratraumática”). El EIA desarrolla su tarea de acompañamiento cuando la identidad de un o una joven es puesta en duda. El comienzo del proceso judicial abre una pregunta sobre la propia historia que requiere de una construcción singular, muchas veces en tensión con la narración social (“algo habrán hecho”) y siempre con el relato oficial (familiar-siniestro). Esto supone que el joven o la joven se asuma víctima de un delito. Recién entonces, con esfuerzo y dolor, podrá romper el dispositivo objetivante de la apropiación para convertirse en actor de su historia, fundada en la verdad. Aquí se ubica el trabajo articulado entre la acción penal, como instancia legal necesaria para romper la impunidad, y el EIA, que intenta facilitar la reescritura del relato subjetivo, evitando una nueva objetivación de los afectados. Con el correr de los años, el trabajo de la CoNaDI, y consecuentemente del EIA, ha cambiado. Ya no se trata tanto de reintegrar niños/as sino de restituir la identidad de jóvenes. No es meramente una diferencia en la edad de los sujetos apropiados, supone un cambio en el abordaje del tema. En el caso del EIA, el proceso de restitución tendrá que habilitar un espacio donde los familiares biológicos puedan duelar al niño o la niña que ya no verán, y donde pueda reescribirse también una filiación transgeneracional, ya que muchos jóvenes se encuentran formando sus propias familias. En tanto también hemos ubicado a la sociedad en su conjunto como víctima, se genera asimismo un proceso de deconstrucción y reconstrucción de la memoria compartida. Si el terror de Estado intentó borrar a una generación y cortar los lazos de su descendencia, con cada restitución se restaura una filiación que es singular pero también colectiva, obturando “la posibilidad de repetición de hechos que no debieron haber sucedido nunca” (EIA, 2010).

Memoria, Verdad y Justicia

La restitución de la identidad singular y colectiva “Nuestro nieto, mi nieto, el nieto de todos” Estela de Carlotto (2014)

En el año 2002, en el marco de los Juicios por la Verdad en La Plata y dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), se crea el Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia (EIA), conformado por abogado/as, psicólogas y un miembro no profesional, y que actúa a solicitud de los juzgados en los procesos por delitos de apropiación y de sustitución de identidad. La tarea del EIA consiste en acompañar a todos los afectados (jóvenes en vías de restitución y familias de origen) durante el proceso judicial: notificación de la causa, búsqueda de consentimiento para la prueba de ADN, elaboración psicológica del impacto de los resultados, facilitación del proceso de revinculación con la familia biológica en caso de que el resultado sea positivo. Se busca generar un espacio de intermediación entre los involucrados, articulando con el poder judicial, no como parte del proceso penal (como testigos o peritos), sino como facilitador de un proceso subjetivo.

Restitución y subjetivación La familia es quien, a través del lenguaje y en un marco de ternura, nos humaniza y otorga un lugar en el linaje. Construimos nuestra identidad en relación con esos otros que nos participan en una historia que ubica pasado, presente y futuro. Esta filiación con continuidad a través del tiempo es la que nos permite no solo ser parte de la cultura, sino poder transformarla. COLEGIO

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Reparar, reescribir, prevenir

dos-, la imposibilidad del duelo y la persistencia de la búsqueda de justicia y de los efectos traumáticos en las generaciones siguientes (Stolkiner y Castro, 2013). El proceso de Memoria, Verdad y Justicia es la forma que ha encontrado el Estado argentino para romper con esta compulsión repetitiva y reparar el horror que él mismo provocó. En primer lugar, la reapertura de los juicios restituye al Estado como el garante del sujeto jurídico. El hecho de ser partícipes del proceso como víctimas-testigos supone que no deben probar su inocencia (revictimización que provocó la teoría de los dos demonios) sino que el Estado tiene con ellos una deuda que saldar. El proceso de justicia es en sí mismo reparatorio, en tanto la identificación y condena de los victimarios permite a las víctimas reconocerse como tales para entonces dejar de serlo. Pero la condena penal de los victimarios ha demostrado no ser suficiente, evidenciando la magnitud de los efectos de la dictadura cívico-militar. El Estado ha tenido que desplegar un conjunto más amplio de medidas reparatorias. Por un lado, la obligación de la reparación pecuniaria. Pero además ha desarrollado todo un conjunto de reparaciones que apuntan a restaurar no solo la esfera jurídica de las víctimas, sino también su dimensión subjetiva. Aquí es donde se ubican los dos dispositivos analizados en el presente trabajo. El CU y el EIA se constituyen como interlocutores para los sujetos en su aspecto más íntimo, privado: el del dolor y el padecimiento psíquico. Así como el poder judicial se convierte en el tercero legal, los dispositivos de acompañamiento se erigen como terceros de apelación a quienes contar el horror desde la propia verdad, independientemente de la “objetividad de los hechos” del proceso penal. Esta escucha permite restituir algo de la dignidad arrasada por el terror, y que el sujeto pueda asirse nuevamente a la vida. Tanto en el caso de los ex detenidos/as como de los hijos/as restituidos, supone un trabajo de reescritura de la propia historia, un nuevo relato que quede del lado del deseo y no del dolor psíquico. Además, el acompañamiento permite a quienes fueron víctimas transitar el presente sostenidos en un entramado estatal (por ejemplo, la red de derivación del CU para quienes requieren de un tratamiento terapéutico), dándole además un lugar visible en el espacio social (sistema sanitario, sistema educativo, medios) en oposición a la clandestinidad vivida en el pasado. En este proceso reparatorio, el lugar que toma el Estado es lo distintivo. El carácter de política pública, institucionalizada, de la reparación hace marca en los sujetos a quienes busca reparar. Es lo que legitima la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la sanción a los victimarios y la garantía de no repetición a través de un abordaje integral que considera aspectos económicos, legales y de salud (EIA, 2010). La reparación alcanza en primer lugar a las víctimas y familiares

El recorrido realizado permite ubicar al terror de Estado como un paradigma de la encerrona trágica: quien debe sostener la norma es quien se encarga de transgredirla sistemáticamente, erigiéndose como victimario. Desaparece el tercero a quien apelar en toda situación de “igualdad ante la ley” y la víctima es privada de sus derechos. Es por esto que podemos definir al accionar del terrorismo de Estado como procesos de objetivación: las víctimas son despojadas de su dignidad, reducidas a objetos a disposición del victimario, el Estado. La ausencia de justicia actúa reforzando lo traumático: queda cristalizada la víctima como tal, alienada en su padecimiento psíquico. Pero además queda instaurada la posibilidad de repetición del horror, el desamparo de no sabernos iguales ante la ley. El trauma singular deviene entonces social (Aguiar, 2008 en SDH, 2008). La impunidad refuerza la presencia permanente del desaparecido -los secuestrados y secuestradas, pero también sus hijos e hijas apropia-

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directos, pero además son claros sus efectos en la esfera colectiva. Que el Estado demuestre su voluntad de escuchar el relato del sufrimiento de quienes fueron sus víctimas posibilita la apertura de un lugar de escucha distinto en la sociedad. El intento de no recordar (posición muy presente en los ´90 y hoy reavivada) puede desarmarse. Se genera el espacio para que los recuerdos dolorosos puedan ser expresados (Jelin, 2001). La vivencia, que siempre es subjetiva, encuentra en el acto narrativo (narrar y escuchar) la posibilidad de inscripción, reinstalando el discurrir temporal propio de la identidad. La visibilidad que otorga la política pública ubica ese acto narrativo en el espacio social. Los hechos narrados adquieren entonces un significado que dinamiza no solo la historia singular, sino además los sentidos cristalizados de la historia oficial, promoviendo la construcción de una nueva memoria compartida. Es el paso del “algo habrán hecho” al “algo hicieron”, el viraje de sospechosos a víctimas que pueden reconocerse y ser reconocidas además como militantes, como sujetos de transformación social. La reescritura de la memoria compartida posibilita además una nueva lectura de lo generacional. Los lugares de escucha abiertos y sostenidos desde el Estado, y ampliados a la comunidad, hacen que el miedo a declarar “por lo que pueda pasarle a mis hijos” mute en una responsabilidad de testimoniar para evitar que lo que alguna vez pasó “vuelva a pasarle a mis hijos”. A las nuevas generaciones, en tanto tienen una deuda con las precedentes, las configura como portavoces del reclamo de justicia (Ricoeur, 2003). Es decir, que tanto la generación directamente afectada por la dictadura así como sus descendientes somos responsables, como sociedad, de exigir al Estado que no detenga el proceso de memoria, verdad y justicia. En ese exigir nos erigimos como sujetos de derecho. Puede pensarse el masivo repudio al fallo del “2x1” de la Corte Suprema de Justicia como un ejemplo de este ejercicio y exigencia de derecho. Aquí es donde cabe pensar que la totalidad de las medidas reparatorias, pero especialmente aquellas que promueven un lugar de escucha para la verdad subjetiva, pueden ser entendidas como prácticas preventivas, y no solo paliativas, en salud mental, desde lo individual pero además desde una perspectiva epidemiológica. La epidemiología en salud mental es “aquel espacio de producción de conocimientos que toma por objeto los problemas de salud-enfermedad que afectan la esfera del psiquismo humano” (Augsburger y Gerlero, 2004). Difiere de la epidemiología psiquiátrica clásica porque su objeto de estudio no son los “trastornos o enfermedades mentales”, sino que su categoría clave es el sufrimiento psíquico, inherente al devenir humano. El padecimiento es considerado parte de la vida cotidiana de los sujetos, sin límites tajantes entre sanos y enfermos. Si entendemos a la epidemiología como una disciplina aliada de la salud pública, este cambio conceptual COLEGIO

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permite introducir la dimensión subjetiva (y por tanto, histórica y social) en la implementación de políticas públicas en salud, específicamente en salud mental. El padecimiento de las víctimas del terrorismo de Estado puede leerse en clave epidemiológica, no como “enfermos mentales” a tratar, sino como una población que ha atravesado un proceso traumático atroz y que, en este sentido, requiere de atención especial por parte de organismos estatales. Esta atención puede resumirse como un lugar de escucha donde el silencio del trauma, como lo imposible de contar, pueda ser incluido en una narración singular, generando un efecto paliativo que le permita al sujeto vivir1. Se ha mencionado ya que la impunidad deviene, además, trauma en el cuerpo social. La imposibilidad de percibir al futuro como el tiempo donde se restauren las injusticias del presente produce perturbación psíquica, entendida como repetición al infinito (Saidón, 2006 en SDH, 2008). En este sentido, las acciones que provoquen la deconstrucción de memorias colectivas defensoras del olvido y del perdón pueden ser consideradas promotoras de salud mental. La restitución de identidades singulares promueve, asimismo, la construcción de una identidad social fundada en la verdad. La reparación de los vínculos quebrados por los dispositivos del terror y la creación de otros nuevos refuerzan el efecto de estas acciones. En tanto operan en el presente y sobre el futuro, tienen un efecto preventivo, evitando la repetición de los procesos de objetivación causantes de dolor psíquico. En síntesis, los dispositivos y acciones implementados por el CU y el EIA se enmarcan en una política reparatoria, pero pueden ser considerados una política pública en salud mental. El alcance de su trabajo, además, excede las consecuencias del período de la última dictadura, en tanto visibiliza (y trabaja) otros delitos cometidos por el Estado, como son la violencia institucional y el circuito de adopciones ilegales. Hay un límite o una presencia constante de terror y represión inherente a la noción de Estado, pero que no impide el intento de abordaje desde las políticas públicas. La coyuntura política y social actual permitirá evidenciar el impacto de estas políticas para erigirnos como sujetos, singulares y colectivos, de derecho. Ante la reactualización de la teoría de los dos demonios y de movimientos pro-impunidad que promueven el gobierno y sectores civiles y económicos, tenemos la obligación ética de sostener el enunciado que erigimos como lema de sociedad democrática: “Nunca Más”.

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Nota

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Paliativo en tanto hay un resto que no puede ser puesto en palabras.

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Cuando el horror se apropia de un país, el dolor se inscribe como herencia

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n principio, se delineará la noción de apropiación, diferenciándola de adopción; para luego desarrollar relatos de jóvenes apropiados en relación a conceptos teóricos acerca de los orígenes de la construcción psíquica, desde la teorización de Silvia Bleichmar. Se habla de apropiación de niños porque se produjo una filiación falsa, amparada en el terrorismo de Estado, siendo partícipe del delito, impidiéndoles crecer con su verdadera familia, conocer su verdadero origen, su verdadera historia. Es un doble arrebato, dice Riquelme (2009), “por un lado la desaparición de sus padres y la propia, a lo que siguió el ocultamiento y la enajenación de su identidad”. Son estos dos ejes los que marcan la diferencia de una apropiación con una adopción. Bleichmar (1986) agrega que es la interdicción del asesinato y la apropiación del cuerpo del niño operando como objeto de goce bajo el modo de anulación del ser; dado que los apropiadores conocían la identidad de origen y realizaban, conscientemente, una operación anulatoria de la filiación preexistente. Estos niños fueron tomados como “botín de guerra” (Nosiglia, 2007) falseando sus nombres, edades, privados del lugar que ocupan en el deseo, en el afecto de los suyos y de los valores familiares.  Se transluce en el relato de Victoria Montenegro, cuando  recuerda: “Él me decía (refiriéndose a su apropiador) que la apropiación era un acto de amor, que me habían criado con cariño. Y fue él mismo quien asesinó a mis padres, me había dado el arma con la que los mató, y hasta hace poco tiempo yo la tenía en mi casa. Ahí no hay amor. Me la había dado para que se la cuide porque cuando se lo llevaron detenido tenía que entregar el arma, el arma reglamentaria. Esa arma representa mis propias contradicciones. Ya no está más, ya no está, ya se fue. Hay mucha perversión en todo esto” (nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, Entrevista en el diario El país, 26 de abril de 2011).  En estas palabras se encuentra este taponamiento de la criminalidad que está en juego, “es imposible sin el cambio de las condiciones existentes, abrir ninguna posibilidad de salud y productividad psíquica, verdad que guarda restos de lo siniestro” (Bleichmar 1993, p. 118). La situación de secuestro-apropiación mantiene psíquicamente vigente la experiencia del horror sufrido. Teubal (s/f) lo describe

Alvo Carolina

Palabras hijos de desaparecidos, inscripciones en la claves construcción psíquica de niños apropiados, dictadura militar.

Resumen   El presente trabajo es una propuesta a modo de ensayo para pensar el fenómeno inédito en nuestro país, acerca de las apropiaciones de bebés ocurridas en la última dictadura militar. Serán tomados fragmentos de entrevistas públicas (en medios de comunicación) de discursos de cuatro jóvenes apropiados y restituidos. La finalidad es analizar y poner en tensión las experiencias subjetivas de los jóvenes con la propuesta teórica brindada por Silvia Bleichmar que nos permite pensar acerca de dichos fenómenos, reconociendo la singularidad de cada uno de los caminos recorridos por los jóvenes “hijos de desaparecidos restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo”.  “Desaparecidos”, “Abuelas”, “jóvenes restituidos”, son los significantes que tuvieron que ser construidos en nuestra sociedad para poder nombrar secuelas de la historia de nuestro país. Se busca pensar desde el psicoanálisis las producciones y resonancias en la construcción psíquica de dichos jóvenes.  

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“cuando te fuimos a buscar a la comisaría, hicimos dos cuadras y te tiramos toda tu ropa para que no quede nada de tu pasado y, obviamente, me formaron toda la vida para que no quede nada”

como ese horror con el cual el niño convive familiarmente, pero del cual no se puede hablar pues está impuesto el secreto, porque para sobrevivir psíquicamente fueron obligados a interpretar como verdadera una realidad que no lo es y a investir como parentales a figuras fraudulentas.  Claudia Poblete lo describe: “Me enteré en un juzgado. Yo no me busqué, me encontraron. Fui preparada para no creer nada, cuando vi la foto me encontré. De grande me enteré de muchas cosas, yo viví en una burbuja, no sabía que existía Abuelas. Es uno mismo que mira para otro lado y el otro que lo apoya para eso, siempre digo que hice muy bien el juego de hacerme la tonta, yo sabía que no podía ser hija de los padres que me criaron, por la edad, era simple matemática” (nieta restituida por Abuelas de plaza de Mayo en el año 2000).  Esto imprime un trabajo psíquico en el cual, tomando las palabras de Bleichmar (1986), se produce una “obturación del enigma” por efecto, anulando la posibilidad de abrir un espacio psíquico a pensarse, preguntarse, porque se está en el lugar de encarnar el botín de guerra. Sería, según la autora, una “expropiación ontológica: la identificación filiatoria no se ofrece como un pleno que viene a llenar COLEGIO

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el vacío abierto de una precipitación remitida a la anticipación estructural del sujeto que se ofrece tanto en el niño en contigüidad biológica con sus padres como en la adopción, sino como un pleno ofrecido con la intención de anular otro pleno, razón por la cual el riesgo de desbordamiento fantasmático de los apropiadores se juega al modo de una obturación del enigma del lado del niño” (Bleichmar 1986, p 119).  Le contaban sus apropiadores a Victoria Montenegro: “cuando te fuimos a buscar a la comisaría, hicimos dos cuadras y te tiramos toda tu ropa para que no quede nada de tu pasado y, obviamente, me formaron toda la vida para que no quede nada”.  Juan Cabandié, cuenta: “A partir de que pierden un bebé antes de nacer o durante el mismo nacimiento, tienen la necesidad de completar la familia con un estándar de familia tipo, de ser cuatro integrantes, y toman la decisión de apropiarse de un bebé ajeno. Y el lugar de poder y la impunidad los llevaba a agarrar chicos nacidos en centros clandestinos. La mujer que me crió me trataba bien, trató de suplir lo que era mi apropiador; pero yo ahora tampoco tengo relación con ella porque yo no puedo entender una mentira de 25 años” (nieto restituido en el año 2003). JORNADAS

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Inscripciones de un Estado hecho terror

tituido lo inédito ingresa como enigmas investidos, que generan interrogantes. Continuando el recorrido propuesto por Bleichmar (2009) para trabajar el carácter de indicio de los signos de percepción, toma la obra de Pierce15, define al signo como un representamen para el cual se tiene la regla desde el punto de vista del interpretante y eso deviene un símbolo. Los signos de percepción, tienden a reencontrarse bajo formas indiciarias con objetos del mundo, son representaciones que se caracterizan porque son activadas, si no son frenadas, en su encuentro con el objeto del mundo, y tienden, si están muy investidas, a tomar a su cargo toda energía psíquica.  El indicio, en términos de Pierce (extraído de Bleichmar 2009), no es equivalente al signo de percepción. Alude a un método de lectura de la realidad, no a su inscripción. Lo que caracteriza al indicio es que no hay, a su respecto, regla de interpretación, no hay “interpretante”, no es triádico. En el caso del símbolo existe el elemento presente, aquel al cual remite, y un tercero que permite su interpretación. Hay allí convención posibilitadora del sentido, por eso el signo lingüístico es el prototipo del símbolo.  Al encontrarse con lo real, los signos de percepción, eso real le hará signo. Distinguir signo de percepción permite darle un estatuto a un tipo de representación, que sería lo que aparece en lo arcaico. Al modo de lo no ligable y no ligado. Mientras que la representación tiene la característica de ser siempre una recomposición, una metábola, el signo de percepción puede no ser  metabolizable; es la primera inscripción de un elemento que no se recompone, por eso tiene la característica de estando en el psiquismo, no entra en articulación con otro. Lo “arcaico” y lo “originario” (Bleichmar, 1993)  responden a dos modos del procesamiento psíquico y definen dos formas de intervención en función de que lo arcaico es lo nunca tramitado en lenguaje en sentido estricto, en el interior del código, ensamblado al doble eje de la lengua, expulsado del preconsciente, fijado al inconsciente, sino que opera como fragmento de realidad psíquico en el sentido más estricto, adherido a lo vivencial, inscripto pero no articulado en alguno de los dos sistemas que se rigen por legalidades y contenidos diferenciados. Me interesa hacer una pausa del desarrollo teórico, para pensar una anécdota que cuenta Claudia Poblete y pensarla en relación a estos modos de inscripción: “Yo solía jugar a que andaba en silla de ruedas cuando era muy chiquita, andaba en esas sillas de oficina que tienen rueditas y jugaba que no podía caminar. Tenía seis, siete años y

Lo que se inscribe, señala Bleichmar (1993), es del orden de un plus y no de la falta, es el exceso excitante de la huella del objeto, del objeto que no encuentra ya resolución del lado de la distensión autoconservativa. “Lo que se inscribe entonces es la experiencia placentera –vivencia de satisfacción- pero al mismo tiempo desbordante de excitación de encuentro con el objeto. Por eso la fundación del psiquismo representacional está en el exceso producido en el intercambio interhumano, tiene que haber un excedente para que haya representación en el sujeto y este excedente es un plus que no se reduce a las tensiones autoconservativas. Entonces la representación es efecto de una experiencia que se recrea alucinatoriamente, que no va a la búsqueda de un objeto exterior sino que pretende un reequilibramiento intrapsíquico” (Bleichmar 1993, p 37).  Es la madre provista de inconsciente, una madre que parasita ayudando a producir los primeros componentes representacionales bajo la alucinación primitiva, creando vías de ligazón. Pero esto podría no darse; entonces la acción materna solo producirá excitaciones y representaciones no necesariamente a la relación mediada con la realidad, productoras simplemente de una realidad psíquica, que no vamos a llamar subjetiva porque no está dentro de nada, sino que está simplemente inscripta en el aparato o en la tierra que estaría destinada a producir representaciones (Bleichmar, 2009, p 144).  Cueto (2004), para pensar las diversas inscripciones de las representaciones: “se encuentran, las que Freud llamó signos de percepción, constituyen inscripciones de carácter sensorial, vivencial y no lenguajero. Son lo más arcaico del psiquismo, aunque no lo más antiguo, son inscripciones no articuladas a ningún sistema y no tramitadas por el lenguaje en sentido estricto”.  Son  formas de representación primarias que no remiten a nada. Se activan sin que se pueda asociarlos, requieren ser constituidos en indicios, enigmas, una vez constituido el sujeto. Si son retranscriptos, por desplazamientos y condensaciones pasan a formar parte de la representación cosa (Bleichmar 2009, p 292). Un signo de percepción queda ensamblado y reprimido, deviene algo del orden de lo originario. Si queda suelto y librado a la insistencia deviene algo del orden de lo arcaico. Encontramos también inscripciones a las que llamamos restos representacionales, si bien de origen lenguajero nunca fueron engarzados en la lengua, en palabras  de Bleichmar, “desprendidos de la lengua, nunca fueron pasados por el lenguaje, en el sentido estricto del doble código de la lengua. No constituyen lo más antiguo del sistema, dado que ingresan permanentemente a lo largo de la vida constituyendo vivencias inmetabolizables, intraducibles, al modo de lo traumático”. Constituyen representaciones no fijadas a ningún sistema, son parte del flujo magmático. En el sujeto consCOLEGIO

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todo el mundo se ponía loco. ‘¿Qué le pasa a esta chica que juega a que está paralítica, que juega a que no puede caminar?’ Cuenta su abuela que cuando ella (Claudia) tenía seis meses, el padre la sentaba en la falda y su nuera daba vuelta la silla de rueda y los tres se mataban de risa”. Podemos en este relato encontrar cuál ha sido la inscripción que ha quedado, treinta años después -con su identidad restituida y el relato de su abuela biológica que permite hacer símbolo de ello-, como un juego de niña. Pero a sus seis años, cuando usaba la silla de la computadora como la silla de ruedas, es posible pensarlo, por su carácter metonímico entre ambos, como un signo que no remitía a nada, sin ligazón. Lo que está inscripto y no pretende significar nada del mundo exterior, es en sí. Cuando se encuentra con el objeto del mundo, avanza y entra en contacto. Solo el discurso puede significarlo.  O pensar, también, en Juan Cabandié: “Lo más duro, en mi caso, fue buscar algo y no saber qué buscar. Buscaba mucho, no sabía qué buscaba, no le podía poner palabra a lo que buscaba. No podía conmigo mismo. Buscaba, buscaba cosas. Me deprimía con intermitencias. Tenía vacíos. En realidad, yo nunca tuve nada, porque siempre me faltaba algo”. O en la manera en que un significante como lo es el nombre propio, vuelve a el desde afuera, en que le gusta ese nombre para él o para su hijo: “antes de saber le dije a un amigo, yo me quiero llamar Juan. Y a mi novia, el 25 de enero -el resultado me lo dieron el 26le dije ‘si tenemos un hijo, le quiero poner Juan’”, donde vuelve, en este caso, a ser ligado a partir de que le cuenta una compañera de la madre: “tu mamá te llamó Juan, porque quería que fueras tan simple como Juan”. Los signos de percepción irán sirviendo, en el espacio analítico, para ir marcando de qué manera se recomponen las formas de simbolización (Bleichmar, 2009, p 322).  Es interesante la postura de Castoriadis (extraído de Bleichmar, 2009), denomina al individuo socialmente instituido. En él, la representación es un magma: un tipo de ser que es uno y es muchos, que no es un conjunto de elementos definidos y distintos, pero tampoco un caos. No es un conjunto, pero de él pueden extraerse conjuntos de modo indefinido; se presta a la lógica de conjuntos e identitaria, pero esta no lo agota. Como magma, las representaciones se presentan estratificadas en una pluralidad de instancias, de acuerdo a diferentes momentos históricos, diferentes lógicas y diferentes modos de funcionamiento de la psique. Así se produce la representación magmática del objeto (no existe la representación de un objeto, esta es magmática). Tiene en cuenta que ciertos aspectos de las relaciones sociales marcan los modos primeros de inscripción de sus representaciones y su metabolización (Ppio recursividad organizacional).  Expresa la autora “una vez constituido el sujeto psíquico la realidad exterior opera desdoblada bajo dos modos, por un lado como COLEGIO

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realidad significada o significable -en términos de Castoriadis: instituible- capturada por el lenguaje y no solo por el lenguaje como código organizador, sino por los discursos significantes que le dan forma y la transforman en instituyente; y por otro, la realidad no significada, no capturable, exterior no solo a la subjetividad sino a los modos con los cuales el discurso socialmente producido permite su captura, pero que ejerce, sin embargo, impacto traumático en el borde mismo de lo significado”(Bleichmar1999).  En el relato de Victoria Montenegro, vemos como realidad instituida: “yo consideraba a Herman (Tetzlaff) como mi papá, hablaba de la causa: la causa no sé qué era exactamente, pero era una bandera celeste y blanca; ellos eran los buenos, había una causa nacional; era el olor a cuero, las botas, la familia cristiana, la misa, cenar afuera; para mí la subversión se estaba vengando de ellos que habían sido JORNADAS

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relación del sujeto con el objeto se puede volver fanática. Antes de que la madre sea personalizada por el infante como objeto total, ella operó como una región o fuente de transformación y, puesto que la subjetividad naciente de aquel consiste casi por entero en la experiencia de la integración del yo (cognitiva, libidinal, afectiva), el objeto primero es identificado con las alteraciones del estado del yo. Esta experiencia del yo que consiste en ser transformado por el otro, permanece como una memoria que puede ser re-escenificada en experiencias estéticas en una amplia gama de objetos a los que la cultura presta valor transformacional (automóviles nuevos, casas, empleos) y que prometen un cambio completo del ambiente interior y exterior”. (p 45-46). 

soldados; que los desaparecidos eran mentira, pensaba que no eran personas físicas, sino un invento de las Abuelas. Tetzlaff, cada vez que aparecía en televisión algo que no cerraba con ese relato, me sentaba a adoctrinarme. Me dieron los análisis de ADN, dijeron que en un 99 por ciento yo no era hija de ellos, pero yo dije que me quedaba con ese uno por ciento porque sí era hija de ellos”.  En esta línea, Bollas (1991) expresa: “la estructura de uno es la huella de un vínculo. El trato que damos a nuestro self como objeto, hereda y expresa en parte la historia de nuestra experiencia como objeto parental; por eso es correcto afirmar, para cada adulto, que ciertas formas de  autopercepcion,  autofacilitamiento,  autotratamiento, autorehusamiento expresan el proceso parental internalizado que sigue empeñado en tratar al self como objeto”. También podría pensarse en Claudia este doble ingreso: “La versión que se contaba en mi casa de la dictadura era que ellos eran perseguidos por la subversión, que tenían miedo a las bombas. Yo no sabía que existían las Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, para mí, eso terminó siendo un armado para perjudicar a los Landa (apropiador). Creía que el análisis de ADN era mentira, pero cuando el juez me mostró la foto mía de bebé, me reconocí inmediatamente.”  En concordancia con los postulados teóricos, tomo por último a la sublimación, como uno de los posibles destinos pulsión. Según Castoriadis (citado por Cueto 2004) “es la capacidad de producir lo que no está. Es el destino pulsional que transforma el placer de órgano en placer de representación e inviste objetos establecidos histórico-socialmente, a los que después puede cuestionar mediante la reflexión”. Continúa citando “Por su parte Bleichmar, la sublimación como el destino principal de la pulsión requiere que algo del orden del placer pase, pero absteniéndose del goce erógeno como destino principal.  Se podría observar en el caso de Juan, como conductas sublimatorias en una adolescencia marcada por la crisis de identidad: “Me preguntaba mucho ¿Por qué pienso distinto a él (su apropiador)? ¿Por qué dediqué ocho años de mi vida a ir a una villa miseria o a hogares de chicos huérfanos?”, actividad militante que realizaron sus padres, pudiendo identificarse hoy con este rasgo, entramar sus actos a su historia, y elegir como vocación la política. 

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Repensando   En la historia de dictaduras, exilios, secuestros, torturas y robos de niños que atravesó a nuestro país, hoy posibilitado por los 33 años de democracia, podemos aún seguir analizando secuelas que ha dejado en lo social, histórico y singular. El robo de niños como objetos de apropiación, con las características perversas que ha adoptado en nuestro país, nos pone enfrente un fenómeno único que nos llena de preguntas respecto de la compleja red de construcción y reconstrucción identitaria que los jóvenes restituidos, hijos de desaparecidos, vivencian. Las palabras de  Silvia  Bleichmar,  que me ayudaron a pensar el acto de la restitución de la identidad en los jóvenes apropiados, como traumático, por el exceso energético dentro del psiquismo: “considerar al traumatismo como constituyente histórico, modo de incidencia de lo acontecial en un tipo de entramado que le otorga algún tipo de significación; implica la recuperación de la historia singular. Donde el umbral es atravesado, ya no como escalón económico, sino como cantidad significante de elementos capaces de perturbar la economía psíquica obligando a un trabajo de reelaboración, o de religazón, o de recomposición para darle algún tipo de textura. Y la génesis debe ser pensada a posteriori, por après coup, siguiendo el sistema de recorridos que permiten la comprensión del fenómeno actual”. (2009, p. 78).  En palabras de Claudia: “Tengo que conocerlos y a la vez per-

Es interesante lo postulado por Bollas (1991), “la certeza de la persona de que el objeto producirá transformación; esta certeza se basa en la designada capacidad del objeto para resucitar el recuerdo de una transformación temprana del yo. Si bien no hay disponible ningún recuerdo cognitivo de la experiencia del infante con su madre, la búsqueda del objeto transformacional, y la designación de que ha de rescatar una transformación ambiental, es una memoria del yo. Tan pronto como las tempranas memorias del yo son identificadas con un objeto que es contemporáneo, la COLEGIO

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derlos, todo en el mismo momento, para mí es muy difícil. Pero haber encontrado mi pasado me permite plantear mi futuro sin miedos viejos, significa el alivio que me causa la sensación de que no hay más agujeros negros en mi historia”.         Bibliografía 

Amanda Cueto, “Esquema de la complejidad psíquica, la compleja relación entre psiquismo-subjetividad”. Educc. 2004. Bleichmar Silvia, Clínica psicoanalítica y neogénesis. Amorrortu ed. 1999.  Bleichmar Silvia, En los orígenes del sujeto psíquico. Amorrortu.ed. 1986. Pág. 119.  Bleichmar Silvia, La fundación de lo inconsciente, Amorrortu ed. Bs. As. 1993.  Bleichmar Silvia, “Inteligencia y Simbolización, una perspectiva psicoanalítica”. Ed. Paidós 2009.  Christopher Bollas, “La sombra del objeto”. Psicoanálisis de lo sabido no pensado. Amorrortu ed.1991. Pág. 45-49 y 73.  Diario El país, 26 de abril de 2011. Entrevista a victoria Montenegro.  Diario Página 12, 29 de agosto de 2011. Entrevista a Claudia Poblete.  Diario Página12, 24 de agosto de 2011. Entrevista a Juan Cabandié.  Documental ¿Quién soy yo? Canal Encuentro, Ministerio Nacional de Educación. Testimonio de Juan Cabandié, Claudia Poblete, Victoria Montenegro; nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.  Nosiglia Julio, “Botín de guerra” Abuelas de Plaza de Mayo, 2007. www.abuelas.org.ar.  Riquelme Daniel, 2009. Integrante del “Centro de atención por el derecho a la identidad Abuelas de Plaza de Mayo”. Psicoanálisis: Identidad y Transmisión”. Ed. Eusko. 2009.  Ruth Teubal s/f, “La restitución de niños desaparecidos apropiados por la dictadura”. Pág. 230 “La Apropiación”.     

Apellido y Nombre: Alvo Carolina Teléfono: 0351153349688 Correo electrónico: caroalvo@hotmail.com Licenciada en Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Psicología Clínica. Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del equipo de investigación en la institución “Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba” 2008- 2015. Representante de Abuelas de Plaza de Mayo en la Comisión Provincial de la Memoria 2013- 2014. Adscripta en la cátedra de Psicología Clínica 2009- 2016. Docente del seminario “Psicología y Derechos Humanos” dictado a los alumnos cursantes de la asignatura Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. U.N.C. Adscripta en la cátedra de Familia, Pareja y Grupo Universidad Católica de Córdoba. Integrante del proyecto “Archivo Biográfico Familiar. Reconstrucción de la identidad de los desaparecidos y asesinados”. En el marco del Programa Derechos Humanos U.N.C. y Abuelas de Plaza de Mayo, labor interinstitucional en la construcción de una cultura en respeto de los Derechos Humanos. Año 2009- 2011. COLEGIO

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Cuerpos desaparecidos:

n septiembre del 2016 presenté este trabajo para un Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis en Colombia titulado “Cuerpo”. Como en ese momento se cumplía el cuadragésimo aniversario de la última dictadura cívico- militar en la Argentina, consideré muy oportuno reflexionar sobre los “Cuerpos desaparecidos”. Diversas circunstancias favorecieron que yo, casi sin buscar, me encontrara una vez más con la serie “Manos anónimas” del artista plástico Carlos Alonso y hasta por casualidad con el mismo autor. Tuve la impresión de que en todo esto había algo que insistía. Fue así como me sentí entusiasmada por la idea de indagar esta obra con la suposición de que tal vez el pintor, a través de sus pinturas y dibujos, había procurado dar materialidad al cuerpo de su hija Paloma, desaparecida durante la última dictadura militar en la Argentina. Hoy, a juzgar por el resurgimiento de discursos que pretenden relativizar el impacto del terrorismo de Estado, que minimizan el número de víctimas y convocan a la reconciliación; y ante una coyuntura política que ha procurado atenuar la pena por los crímenes de lesa humanidad, considero de vital importancia para nuestro pueblo “decir lo indecible: pensar, intervenir, aportar desde la perspectiva de los Derechos Humanos”.

Restitución del sujeto por el arte y la palabra

Memoria, Verdad y Justicia

Autora: Lic. Adriana María Pontelli 25 y 26 de agosto de 2017

Palabras Artes Plásticas - Cuerpo - Desaparecidos claves Experiencias de dolor - Lo siniestro

Resumen La impactante serie Manos anónimas (1981-1991) del artista plástico Carlos Alonso, no solo convoca la mirada, sino también invita a la reflexión. Es difícil escribir sobre esta obra en la tensión que provoca la estetización del dolor y la violencia. En efecto, el pintor, desde el sufrimiento más íntimo, muestra en su producción la terrible disrupción que significó la desaparición de su hija Paloma durante la última dictadura militar en la Argentina. Estas manifestaciones artísticas constituyen formas de procesar el duelo frente al vacío de un cuerpo desaparecido y frente a la ausencia de un sitio simbólico que permita establecer el fin de la vida. Más allá del intento de dar figurabilidad a lo irrepresentable de un hecho traumático, muchos reconocen el efecto ominoso que esta serie genera. La mirada de los espectadores queda capturada ante la aparición de un objeto angustiante: la intrusión imaginaria del goce del Otro, goce arrasador de toda subjetividad y transformador del cuerpo en puro objeto.

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“Son las muertes violentas las que de alguna manera producen en la sociedad la necesidad de cambios, las grandes reflexiones y rebeliones” (Carlos Alonso, pintor) La desaparición de personas, perpetrada por el terrorismo de Estado en la última dictadura militar en la Argentina, fue el eslabón final de un proceso aniquilador llevado a cabo de manera sistemática a través de la persecución, el secuestro, la detención, la tortura y el asesinato masivo; en definitiva, a través del control absoluto no solo sobre la vida, sino también sobre la muerte (Mombello, 2014). En efecto, arrojar los cadáveres en fosas comunes, en crematorios o en el mar tuvo una clara intención de eliminar el cuerpo del delito que podría servir de prueba de los crímenes cometidos; pero además fue una maniobra perversa de un efecto enloquecedor porque procuraba la desmentida de la realidad. En 1979, durante una entrevista, el dictador Jorge Videla señalaba que el desaparecido, JORNADAS

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en tanto tal, era una incógnita, y mientras fuera desaparecido no podía tener tratamiento especial porque no tenía entidad. No estaba muerto ni vivo… Estaba desaparecido (Kononovich, 2010). Y no solo se había invisibilizado a los sujetos en su corporalidad, sino también se habían destruido los registros con sus nombres y datos identificatorios. La eficacia destructiva de estas prácticas masivas se compara con la de los campos de Auschwitz, donde a los que se abandonaban a la voluntad del verdugo se los consideraba muertos vivientes; por eso se dudaba en llamarlos vivos... Y se dudaba en llamar muerte a ese tipo de muerte (Levi, 1987). Al respecto, pensadores como Primo Levi, David Rousset y Giorgio Agamben hacen referencia a la producción de inhumanidad y a la conversión del hombre en un “no hombre”, en puro deshecho, en despojo total (Orosz, 2008). La desaparición le sumó a esta deshumanización el efecto de anulación –en el sentido de transformar algo en nada- y de esta manera consumó el exterminio. Sin la presencia de los cuerpos de estos muertos, a quienes sus familiares no pudieron dar sepultura, fue imposible procesar un duelo y establecer un sitio simbólico que marcara el fin de la vida (Kononovich, 2010). Por eso fue necesaria la búsqueda de dispositivos que permitieran el recuerdo y la construcción de un tejido, una malla, una presencia que prestara cuerpo a este agujero (Ibíd.) En este sentido, el arte, como un espacio transicional, intentó y aún intenta dar forma al vacío de sentido que no pudo ser ocupado por representaciones (Mombello, 2014).

Con lápiz y pastel al óleo Carlos Alonso esboza sobre papel trazos rápidos y contundentes que resaltan la violencia de las imágenes. La serie Manos Anónimas (1981-1991) son dibujos íntimos, nocturnos, donde el artista ensaya formas para representar el horror de la última dictadura militar en la Argentina en particular y, de alguna manera, el vinculado con la condición humana en general. Es una obra impactante por su intensidad y provocadora por las contradicciones que ella suscita: el placer estético y el dolor de la violencia; los contenidos repulsivos y la atracción erótica; lo trágico y lo grotesco; las líneas que construyen pero, a su vez, destruyen la anatomía de las figuras; el compromiso social que denuncia los sucesos aberrantes del país, y la expresión pictórica de una experiencia personal de sufrimiento (Molina, 2013). En efecto, en muchos de los cuadros está representada Paloma -la hija del autor- en estado de indefensión absoluta, a merced de sus torturadores. ¿Acaso el arte puede representar el horror? Alonso, luego de la desaparición de la joven, no pudo pintar por años. Sentía una resistencia profunda ante la idea de que aquellas circunstancias se transformaran en un motivo estético y de que su dolor cambiara de lenguaje. Las contradicciones -mencionadas anteriormente- le parecían un equívoco insostenible y le generaron un conflicto que nunca pudo resolver. Pero lo que lo inquietaba internamente era la idea de que, al pintar estos hechos, comenzara el olvido (Alonso, 2004; Alonso, 2010). Sin lugar a dudas, recordar implica necesariamente olvidar. Para el artista fue difícil sobrevivir al genocidio y transformar algo de la ferocidad vivida en una creación artística. Un doloroso proceso de elaboración personal y artística le permitió crear una obra que convoca a la reflexión sobre la capacidad destructiva del hombre, e integrar su experiencia a la memoria colectiva (Ibíd.). ¿Acaso el arte puede representar el horror? Para la antigüedad grecorromana lo bello implicaba armonía y justa proporción, es decir, el esplendor de la forma. Con Kant se produjo una modificación del ideal de belleza a partir de la noción de lo sublime, como efecto del encuentro del hombre con lo informe, desordenado y caótico del mundo sensible y la idea racional de infinito que le permite comprenderlo y trascenderlo (Trías, 2006). Fue el concepto de lo siniestro elaborado por Freud el que produjo otra suerte de subversión en el campo de la estética (Voronovsky, s/f). “Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” y “que estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz” (Freud, 1919 / 1994, págs. 220 y 225). Algunas corrientes artísticas que incorporan contenidos espeluznantes en sus producciones, consideran que lo bello encuentra su fuerza y vitalidad en su referencia a lo siniestro. Sin embargo, lo aterrador tiene que transformarse mediante una elaboración metafórica y metonímica, sin la cual se

Alonso, Carlos. Manos Anónimas II (1984). Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, Córdoba, Argentina.

II

“… dos veces había intentado retratar en oro su muerte; dos veces cayeron sus paternas manos…” (Virgilio, Eneida L.VI) COLEGIO

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destruye su eficacia estética (Trías, 2006). Del inventario de temas generadores de sentimientos horrorosos que Freud presenta (Freud, 1919 / 1994, págs. 226 y 247), en la Serie Manos Anónimas pueden identificarse la representación de alguien muerto, que pasa a ser un fatídico anunciador de la muerte; los cuerpos lacerados y miembros seccionados, cuyo efecto angustiante responde a su cercanía con el complejo de castración; y la aparición como real de una representación considerada ficcional. Indudablemente, la representación plástica de sucesos acontecidos en la realidad acentúa el efecto aterrador, ya que muestra que eso que ocurrió puede volver a suceder. Ahora bien, los elementos trágicos puestos de manifiesto en la producción artística de Alonso no son solo efecto de experiencias vividas. Al respecto el pintor reconoce que esa particular visceralidad del horror ha estado presente desde sus primeras obras (Alonso, 2004). En palabras del autor:

En esta serie pictórica Alonso construye una tipología de personaje para aludir a los secuestradores y torturadores. Todos ellos son de sexo masculino, usan sombrero, anteojos y a veces guantes (Battiti, s/f). A partir de lo dicho anteriormente por el autor, es posible pensar que algo de lo representado puede remitirse a aquellos complejos infantiles referidos al padre temido, de quien se espera la castración (Freud, 1919/1994). No obstante, hay una singularidad salvaje del hecho artístico que resiste a la penetración del concepto (Voronovsky, s/f).

Memoria, Verdad y Justicia

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“Una obra de arte es un enigma, similar a aquel con el que la Esfinge confronta a Edipo y que para él constituye el primer paso en la búsqueda progresiva y mortificante de una verdad”

Creo que es una atracción fatal, genética. Mi trabajo de los años 60 hasta hoy tiene esa especie de coherencia no buscada, sino impuesta por mi naturaleza, atraída por este tipo de cosas. El único valor es haber tenido la persistencia para no disfrazarla, para no esquivarla, para seguirla (Ibíd.).

(C. Motta, Psicoanálisis y Arte: respuesta al vacío)

Ciertamente lo ominoso de la ficción, de la creación artística bebe de la fuente de los complejos infantiles reprimidos que retornan cuando son reanimados por alguna impresión (Freud, 1919 / 1994).

El arte produce en cada espectador diferentes impresiones. Algunas de ellas inciden en la sensibilidad. El carácter ficcional de las obras posibilita que la representación plástica de lo horroroso mantenga a raya el sentimiento de lo ominoso y produzca cierto placer estético (Motta, 2010). En las imágenes artísticas quienes se angustian son los personajes. Esta mediación le permite a los espectadores sentir el placer de ver el terror en el hecho artístico (Voronovsky, s/f). En este sentido, el arte opera de un modo fetichista en tanto que ubica a los sujetos –al artista y a los espectadores- en una posición donde ellos están a punto de ver aquello que no puede ser visto. Así quedan situados en una posición extraña, ya que esa visión, perpetuamente diferida, es en el fondo una ceguera (Trías, 2006 ). La obra de arte a través de la belleza teje un velo que cubre, pero no oculta del todo. ¿Qué es lo que se da a la visión cuando se corre el velo? Tras el velo está la nada (Ibíd.). Por eso el arte puede ser considerado como una respuesta al vacío (Motta, 2010). Ahora bien, ¿quiénes se angustian ante la serie Manos Anónimas? A mi experiencia personal quiero sumarle los dichos de otros espectadores: “Caminar por esta sala del Museo, compartir con otros visitantes que miran estos pasteles con asombro, con respeto, con actitud reflexiva es una experiencia estética y ética que nos deja una huella en el cuerpo, una afectación transformadora” (Corvalán, 2012).

Años después, Alonso dirá: Esa relación con esta cosa de la violencia, de la sangre me signó bastante. He ido comprobando a través de la historia argentina que estos personajes no desaparecieron, cambiaron de ropa, cambiaron de cara. Creo que es una imaginería que está ligada a cierta forma de sátira, que es una forma popular de burlarse de las deformaciones del poder (2012).

Alonso, Carlos. Manos Anónimas I (1984). Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, Córdoba, Argentina. COLEGIO

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“… Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado.”

“Cuando se está ante un cuadro de Carlos Alonso, resulta imposible abandonarlo. (…) El cuerpo de quien contempla experimenta las fuerzas centrífuga y centrípeta al mismo tiempo” (Alonso, 2004). Cuando lo angustioso emerge, lo hace de forma intempestiva e inesperada y deja al sujeto anonadado. En ambos comentarios los espectadores hacen referencia al impacto que los cuadros de Alonso les produjeron a nivel corporal. La obra de arte, en la que juega un papel importante la dimensión del ver, muestra la ficción de una escena fantasmática. Esta convoca la mirada de quienes sienten que ella no es auténtica; pero se vuelve inquietantemente extraña cuando deja de ser un libreto (Ravinovich, 1993). Esto sucede cuando, en ese marco, aparece algo muy familiar y cercano, a saber, el propio fantasma de los espectadores (Voronovsky, s/f). ¿Qué aparece detrás de la aterrorizante imaginería de la serie Manos Anónimas? Cuerpos como puro objeto para las intenciones del Otro. El cuerpo ya no es allí imagen especular. En el instante de ver como sujetos, la intrusión imaginaria del goce del Otro genera un efecto perturbador; y ante la irrupción fantasmática, los que miran alcanzan a verse como el objeto en el que quedarían transformados en estado de abandono a merced del Otro (Ravinovich, 1993). El momento de lo siniestro es aquel en el que los sujetos ven la amenaza de un real devastador, al quedar ellos como puro objeto (Ibíd.).

(A. Pizarnik, Tiempo)

Saderman, Anatole. Carlos con Paloma (1960)

Consideraciones finales “Del otro lado de la noche / la espera su nombre / Su subrepticio anhelo de vivir / ¡del otro lado de la noche! ...” (A. Pizarnik, Poema para Emily Dickinson) Los acontecimientos brutales del terrorismo de Estado en la Argentina portan la marca de lo traumático y de lo indecible. El exterminio privó de la vida a miles de personas y produjo efectos desubjetivantes a nivel individual y colectivo. Los testimonios y los actos creativos fueron y son un valioso aporte para la reparación de las heridas que aún permanecen abiertas en nuestra sociedad. Estos dispositivos simbólicos de recordación brindan un espacio al debate, a la reflexión, a la reconstrucción del círculo de la narración. Las expresiones creativas como el arte y la posibilidad de decir a otros y con otros, colaboran en la restitución de los sujetos. Carlos Alonso, luego del enorme esfuerzo de plasmar en papel representaciones plásticas de su hija dijo: “He hecho lo máximo que podía. La hice, se incorporó a la comunidad, circula, la ve la gente. Una cosa rara para la Argentina” (Alonso, 2010). La recuperación de los nombres y de la biografía de las personas desaparecidas es un acto de subjetivación. La expresión “los desaparecidos”, por un lado, borra las particularidades de cada uno como sujeto y, por el otro, pone el acento en cómo murieron y no en qué vida tuvieron. El recuerdo de cada una de ellas en su singularidad, más allá de las circunstancias de su muerte, las saca de la fosa común y las libera del estigma de ser un N.N. Paloma Alonso tenía veintiún años, era maestra jardinera, mi-

“… pero quiero saberme viva pero no quiero hablar de la muerte ni de sus extrañas manos.” (A. Pizarnik, La de los ojos abiertos)

Alonso, Carlos. Manos Anónimas III (1984). Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra, Córdoba, Argentina. COLEGIO

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litaba en la juventud peronista y trabajaba como alfabetizadora en una villa de emergencia. A mis palabras, a las de Alonso, a la de los espectadores y a las de los distintos investigadores quiero añadir, para cerrar este trabajo, las de Paloma. Estas las escribió en su diario personal una semana antes de su desaparición en junio de 1977:

Pizarnik, A. (2011). Poema para Emily Dickinson. En A. Pizarnik, Poesía Completa (pág. 64). Buenos Aires: Lumen. Pizarnik, A. (2011). Tiempo. En A. Pizarnik, Poesía Completa (1955 - 1972) (pág. 76). Buenos Aires: Lumen. Ravinovich, D. (1993). El doble real, el fantasma y el deseo del otro. En D. Ravinovich, La angustia y el deseo del Otro (págs. 93-118). Buenos Aires: Manantial. Saderman, A. Carlos Alonso con Paloma, 1960. Paloma por Saderman. Centro Cultural de la Cooperación, sala Abraham Vigo, Buenos Aires.

Es la única oportunidad que tengo. La única vida. Ya nunca más voy a vivir lo que viví y vivo. (…) Miro el reloj: este segundo que pasa ya pertenece al pasado. Es la noche del viernes. El lunes cumplí 21 años. Nunca más voy a tener 20. Tendré 22, 23, 25, 50, pero nunca más 20. Es terrible, pero inexorable. No hay que perder un segundo. No se puede recuperar (Oybin, 2012).

Trías, E. (2006). Lo bello y lo siniestro. Bs.As.: Ariel.

Memoria, Verdad y Justicia

Virgilio. (1972). L.VI. En Virgilio, Eneida. México D.F.: UNAM. Voronovsky, D. (s/f). Lo siniestro en la ficción y el vivenciar. Obtenido de Lo siniestro - Mayeútica: http://www.mayeutica.org.ar/TRABAJOS/ Voronovsky%20Diana.pdf

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Inscribir la ausencia

posible de elaboración de las consecuencias que en ellos tuvo el genocidio argentino. Para referirnos a los actos realizados contra la humanidad, en la última dictadura argentina, tomaremos la categoría de genocidio. Hablar de guerra es hablar de dos partes; dirimiendo las consecuencias del terror, la responsabilidad del Estado y los beneficiarios económicos del mercado en esta operación. Quedando por fuera la finalidad principal que tuvo lo acontecido en la dictadura: la ruptura del lazo social, la destrucción de la identidad del pueblo en general y de cada uno de los sujetos en particular. Y el intento de construcción de una nueva identidad nacional.

María Eva Pierantoni Paula Fierro

“Voy a evocar al fin toda aquella locura argentina, todos aquellos seres arrebatados por la violencia. Me he decidido, porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también porque ahora sé que no hay que olvidarse de los vivos. Más aún: estoy convencida de que es imprescindible pensar en ellos. Esforzarse por hacerles, también a ellos, un lugar. Esto es lo que he tardado tanto en comprender, Diana. Sin duda por eso he demorado tanto. Pero antes de comenzar esta pequeña historia, quisiera hacerte una última confesión: que si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los Montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de la niña que fui, no es tanto por recordar como por ver si consigo, al cabo, de una vez, olvidar un poco”

Memoria, Verdad y Justicia

Matías o Aníbal. Ni siquiera otra identidad, ¡otras dos identidades! No sé quién sos, Matías o Aníbal. Es 1995 y te escribo: mi imagen de vos se compone de miles de vidrios fragmentados -hoy escribiría vidrios estallados y que no compongan nada-. Solo te conozco en la tortura, en el dolor de imaginar que te torturaron. Picana golpes pentotal colgado, escribo. Las aristas de los vidrios que forman tu imagen siempre terminan clavadas en mi carne, escribo, mártir, una joven San Pantaleón, hondamente hiji antes de H.I.J.O.S.

La casa de los conejos. Laura Alcoba.

C

omenzamos este trabajo a partir de lecturas testimoniales que realizaron hijos e hijas de desaparecidos en nombre propio y con una narrativa particular; quienes relatan en primera persona una especie de collage de la propia historia, jóvenes nacidos en la última dictadura argentina con las desapariciones familiares a cuestas. Se preguntan quiénes son, quiénes fueron, dónde estuvieron secuestrados sus padres, dónde están sus cuerpos, el encuentro con los restos, la posibilidad de iniciar un duelo, el agujero del desaparecido que no está –al decir del maldito- ni vivo ni muerto1. Marguerite Duras dice que es la escritura lo que salva, y que esta es un trabajo que solo puede hacerse en soledad.

Diario de una Princesa Montonera.110% verdad. Mariana Eva Perez Si entendemos que la Argentina sufrió un genocidio, entendemos que la dictadura con su famoso “Proceso de Reorganización Nacional” buscó: “la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante de dicha sociedad, y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”. (Feierstein, 2011).

“Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará” (Duras, 1993)

Se torna crucial pensar que el objetivo de un genocidio es la destrucción de la identidad. Esta atañe directamente a la subjetividad a la hora de la escucha, pero también a la identidad de un

Nos preguntamos si en estos jóvenes, fue la escritura un modo COLEGIO

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“Geometrías de la ausencia” Daniel Medina y Juan Iribarren.

pueblo en el conjunto de una sociedad. Los entrecruzamientos entre lo singular y lo social, son imprescindibles.

dios, es sorprendente. También lo es la idea de que una identidad puede ser reemplazada por otra.

“¿Podemos, como psicoanalistas trabajando por una libertad singular, no ponernos a pensar acerca de los traumas sociales y sus consecuencias?” 2

“Al ingresar a la cárcel, se les coloca una capucha a los detenidos, anteojos oscuros y pesados cascos que les privan de escuchar sonidos, ver imágenes o conservar nociones espacios-temporales. Les dejan aislados en sus celdas durante meses, y solo salen para recibir un bombardeo de ruidos, como ladridos de perros, luces centelleantes y grabaciones sin pausa de bebés llorando, música a toda potencia y maullidos de gatos” (Klein, 2007)

Identidad refiere a mismidad, y desde el origen lo idéntico a sí mismo es lo perdido para siempre. Lacan habla de lo éxtimo. Es un pasaje de lo exterior a lo interior. Lo íntimo, lo más propio del sujeto, viene de afuera. Lo íntimo del sujeto, es precisamente lo que él desconoce. Con su doctrina del shock, Naomi Klein describe los procedimientos que desde la psiquiatría –financiados por la CIA- se realizaron con el objetivo del aniquilamiento de una identidad dada, en pos de tener la perversa ilusión de poder hacer “una limpieza de cerebros” e instalar en ellos una nueva identidad.

El cambio de identidad es un discurso que subyace a los apropiadores de niños en la Argentina. En el plan sistemático del robo de bebés, existió la referencia a que estos jóvenes, recién nacidos en aquel momento, serían salvados del pensamiento subversivo. Una familia bien, de valores morales, cristianos y políticamente correctos, impondría al niño/a una nueva identidad, sería reeducado en un buen hogar. El trofeo de una de las partes, el niño/a apropiado como botín de guerra. Relataba Victoria Montenegro (joven a la que se le restituyó su verdadera identidad–genética en el 2000), que en conversación con su apropiador (Hernán Antonio Tetzlaff, coronel del ejército) –quien le ofertara para sus 15 años el arma con la que asesinó a sus padres- dijo: “¿pero entonces soy hija de la subversión?”. El deseo es lo más singular de un sujeto, y no hay apropiación que

“El campo no es exactamente una máquina de olvido, sino una máquina que reformatea la memoria, la amolda a sus necesidades. Su objetivo es borrar, vaciar y regrabar” (Calveiro, 2014) La similitud en los sistemáticos procedimientos de aplicación de torturas, con la Argentina y otros territorios que padecieron genociCOLEGIO

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picana aunque no sepa qué es y siento los pies que se rompen cuando endurece el cemento. No tengo palabras para decirlo, no se lo puedo decir a nadie, pero lo siento. * Hoy Macri encargó para la guardia metropolitana quinientas pistolas Taser Memoria, X26. “unas armas para Verdad inmovilizar a presuntos y Justicia delincuentes con descargas eléctricas”. Las aristas de los vidrios, etc.

pueda ser efectiva. No es posible el vaciamiento de la identidad de un sujeto. Sí la destrucción inhumana. Trece años después, Victoria dirá: «No somos herederos de la gloria de nuestros padres, pero sí tenemos muchas ganas de hacer que toda esa historia y ese dolor valgan la pena».3 “El derecho a la identidad emana de una necesidad básica del hombre, que es aquella de tener un nombre, una historia y una lengua. La lengua es esa voz de la familia que al transmitirse nos humaniza como sujetos y nos da un lugar en un linaje” (Rousseaux) Si el objetivo del genocidio es la destrucción de la identidad, ¿No nos atañe directamente a los trabajadores de la Salud Mental, las consecuencias de este? “Hay preguntas que están esperando ser preguntadas. ¿Qué produjo este maltrecho medio siglo sobre la subjetividad de todos nosotros? ¿Qué le hizo la dictadura, los interminables años de dictadura, a la cabeza de la gente? ¿Qué le sigue haciendo? ¿Qué seguirá haciendo? ¿Qué le hizo a la gente común, más allá de las decenas de miles de víctimas directas? ¿Cómo persiste en la vida cotidiana de la gente común? Son estas, preguntas que hacen a la cultura, al psicoanálisis y al fin de este largo siglo que aún no termina”. 4

Diario de una Princesa Montonera.110% verdad. Mariana Eva Perez Queda la certeza de la imposible reconstrucción de una nueva identidad. Esa limpieza de cerebro no es más que el aniquilamiento de lo propio del sujeto, que deberemos construir en los procesos de elaboración del terror. Aparece la posibilidad en algunas personas de hacer uso de la escritura, como un modo artesanal de elaborar el trauma.

La identidad, es la respuesta a quién soy y dónde estoy. Al menos en un comienzo, refiere a situarse en tiempo y espacio.

“Me senté a escribir dispuesta a liquidar esa crisis de tristeza solemne, de niña abandonada, de ilusiones rotas. Lo hice de corrido, como si pudiera cumplir aceleradamente y en unas líneas el trabajo del duelo. Como si construyera con mis manos, ensamblando piedra por piedra traída desde el río, un monumento para ella. Dos días antes de casarme, se iban a cumplir treinta y cuatro años desde su secuestro, y la aparición desarticulaba el primer rito”

“En un artículo publicado en 1960, Cameron afirmaba que “existen dos principales factores que nos permiten mantener una imagen espacial y temporal”. Es decir, que nos permiten saber quiénes somos y dónde estamos. Esas dos fuerzas son “a) una fuente continuada de información sensorial y b) nuestra memoria”. Con el electroshock, Cameron buscó aniquilar la memoria. En los psiquiátricos argentinos aún se denuncia su uso. <<Escuché a los pájaros cantar al amanecer cuatro veces. Así es como sé que fueron cuatro días>>” 5 Klein hace hincapié en aclarar que los experimentos psiquiátricos de Cameron lograron destruir las identidades de las personas que padecieron las torturas.

Aparecida. Marta Dillon Cómo es que la escritura les llega a estos hijos e hijas de desaparecidos, como herramienta simbólica para contar. Hacer el cuento, contar, no es un acto que se haga en principio sin un otro. Otro que lee, es otro del lenguaje pero también un otro interlocutor. Un gran Otro que aloja en la cultura, y otro semejante con el cual se hace lazo en el intercambio de escribir y ser leído. El pasaje de lo íntimo a lo público, es lo que permitirá entonces el compartir del apalabrado.

X26: Picana, golpes, pentotal, colgado. Eso decía un libro que encontré en casa a los ocho o nueve años… Me pregunto si a José también le hicieron eso. Siento su dolor en mi cuerpo, siento la COLEGIO

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Lo siniestro es el encuentro con un real. Encuentro con la verdad insimbolizable del horror. El terror, generado por el Estado, no es cualquier forma de violencia política, es la anulación del derecho en el espacio mismo en el que debe ser garantizado, es una forma extrema de disciplinamiento social, cuyo paradigma es el campo de concentración y la desaparición forzada de personas. Freud hace referencia a las neurosis traumáticas, indicando que, por un lado, el centro de gravedad de la causación se ubicaría en el factor sorpresa, en el terror. Llamando terror “al estado en el que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado: se destaca el factor sorpresa” 6 Consideramos, resaltando lo mencionado por Freud respecto de la conceptualización del terror y su connotación de sorpresa que de esto se puede extrapolar, repensar determinados procesos históricos, como el Plan Sistemático de Reorganización Nacional de nuestro país. Alicia Stolkiner, plantea: “terror es no saber de dónde viene el miedo”. El “no saber” genera una asimetría, la de oprimido-opresor. Quien ejerce el poder, en representación del Estado (en este caso) instala una lógica perversa, en el sentido de que quien debe garantizar los derechos del ciudadano, es el primero en violarlos y vulnerarlos. ¿Hay aquí un sitio posible para ubicar la subjetividad? ¿Qué ocurre con el sujeto en estos procesos? ¿Son los derechos una forma imprescindible de otorgar entidad a la subjetividad? ¿Y a la identidad? El encuentro con la verdad de la desaparición que se torna tan inexplicable como insoportable, es el lineamiento que subyace al relato de los hijos e hijas que escriben su historia y la hacen pública. Contar el agujero una y otra vez. Contar para gastarlo. Gastar para conseguir hilvanar algo de eso que no es pero, aun así, está. Desaparecido, implica una presencia permanente. Es la permanencia eterna de la presencia. Capaz de desencadenar una búsqueda incesante, interminable e inagotable. Elaboración es lo que Freud nombra como trabajo a través: “Si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica respecto del tipo anterior –refiere a la neurosis obsesiva-podemos decir que el analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción; lo repite, sin saber, desde luego, que lo hace.” (Freud, 1914) La creación narrativa aparece como una opción. Para algunos, es un modo posible de elaboración. Recurso o herramienta de un sujeto apalabrado del dolor y de la intención de hacer algo con eso. El análisis construye una maquinaria aliviadora del malestar en sí mismo. La escritura aparece como un otro modo de acompañar dicha construcción de elaboración del trauma. Nos servimos del lenguaje, de las palabras que bañan nuestro ingreso a la cultura, para dar una explicación o sentido al mundo en el que vivimos. COLEGIO

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“Pero para Freud es el lenguaje el que permite llevar a cabo esa sobreinvestidura. Se podría agregar que lo que logra el lenguaje es dotar de un sentido a la experiencia, sentido que no preexiste en ella, sino que es aportado por el sujeto” (Feierstein, 2012) Dicho sentido está en concordancia con el tiempo que vive un sujeto y los significantes que en él habitan. Nos precede lo traumático, lo umheimlich de lo familiar, pero también nuestras raíces y nuestra época. La identidad es construcción de lo que somos, y somos construcción de lo que nos precede. Frecuentemente, la formación de analistas olvida que el sujeto está atravesado por los acontecimientos de la cultura y, en este caso, entiendo el terror como eje que nos acontece a todo el conjunto de la sociedad. “Este sentido tampoco es construido por el sujeto de modo individual, sino que resulta de su interacción, no solo con sus contemporáneos sino también con sus predecesores, quienes dotaron de sentido tanto a sí mismo como al mundo con el que interactúa. Esto es, que el sentido construido siempre es sociohistórico y se articula con sentidos previos sedimentados en el tiempo a través de la vida social” (Feierstein, 2012) En psicoanálisis, los discursos son maquinarias generadoras de subjetividad. Es en este sentido que valoramos, con especial atención, los efectos discursivos de la historia que nos constituye. Con Lacan conocemos lo real, registro agujereado e infinito. Un espacio constantemente huérfano de nombre. Apalabrarse es una inventiva, acto en el cual el sujeto se llena de palabras. Desde antes de nacer comenzamos este viaje de servirnos de lo simbólico en tanto registro que construye un borde a lo real. Recuperar la palabra de quienes están ausentes, incorporarlos en la estructura discursiva. La palabra es nacimiento del sujeto en la cultura. Herramienta para bordear el vacío real. La palabra es arma del lenguaje que nos habita, nos precede y nos corrobora que no todo puede ser dicho. En el marco del trabajo sobre los posibles modos de elaboración del genocidio7, ubicamos a la desaparición forzada, la capucha, la tortura, el tabique, el hambre, la sed, el frío, la humillación, la violación, como acontecimientos de lo siniestro. Lo siniestro en Freud, lo real en Lacan, aquella angustia desbordada y fuera de marco. Es lo inmundo. Lo fuera del mundo, de la cultura.

“…Entra en el orden de lo in-humano asistir a la experiencia del campo de concentración y exterminio, donde además nacen niños. Creo que lo escribo, pero no entiendo lo que estoy escribiendo…” Nacidos en la ESMA. Alejandro Kaufman.

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Y duelo por la enorme pérdida Tarde, pero segura”

¿Qué es un desaparecido? “un desaparecido es eso, alguien que puede ver esa realidad pero la realidad no la ve a él”. 8 Un desaparecido puede ser una cosa o una persona. Un desaparecido no es ni uno ni una. Enigma desubjetivante pero insoportable. Cobra todo el peso de la existencia, en la inexistencia de un no lugar. Es una pregunta que retumba en un eco vacío. Lo insoportable de la condición humana. No hallar respuestas a este agujero. La condición de “desaparecido” genera una problematización analítica respecto de los mecanismos de Duelo y su posible elaboración. La pregunta por el desaparecido desencadena un sinfín de respuestas posibles. Reproduce un imaginario inagotable e inabordable. “Desaparecido” implica una presencia permanente. Es la permanencia eterna de la presencia. Capaz de desencadenar una búsqueda incesante, interminable e inagotable.

¿Quién te creés que sos? Ángela Urondo Raboy Si no hay narrativa existente para nombrar el horror, no se puede decir lo que se vivió en un campo. Escribir es apalabrarse, apalabrarse es un hacer, venciendo el terror. Permanecer en el silencio es caer en el olvido, que sabemos siempre es fallido. Quizás a este silencio se lo pueda incluir en lo que Feierstein llama Realización simbólica de las prácticas sociales genocidas: “La realización simbólica de un genocidio implica la capacidad de instalar en los procesos de memoria no solo que ya no hay (identidad, yo, relaciones sociales, movimiento contestatario), sino que en verdad nunca hubo. De tal manera que no hay yo a reconstruir, no hay trabajo alguno de elaboración a realizar, porque nunca hubo en verdad ningún yo, ningún sujeto, nunca existió nada ahí que pudiera ser arrasado y que requiera nada para elaborar” (Feierstein, 2012)

Memoria, Verdad y Justicia

“Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena, apenas se ve la espuma del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo, a mí solo se me ve la nuca y su mano enredada en mis rulos. No sé cuántos años puedo tener en la foto, puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento de mi espalda y sus dedos se pierden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre tenga la exacta medida de tu torso?”

“Yo la oía llorar desde mi cuarto y no iba a sentarme a su lado; el cuarto de los varones se había convertido en territorio extranjero y mi papá me tenía prohibido hablar con ellos de ‘lo de mamá’, era una recomendación médica; si no me preguntaban, no tenía que decir una palabra, podría hacerles mal. Y así crecimos, atrincherados en huecos diferentes ellos y yo, rodeados de los pocos o muchos pertrechos que habíamos salvado del naufragio en tierra seca; nada que pudiéramos compartir”.

Aparecida. Marta Dillon. Si la palabra es registro simbólico por excelencia, y lo simbólico es lo que permite a un cacho de carne, devenir humano; el campo es el lugar que construye el camino inverso. Una deshumanización permanente y sistemática. La intención es clara: destruir al sujeto y retraerlo a una existencia casi exclusivamente animal como si realmente se pudiera “animalizar” al ser humano. (Calveiro, 2014)

Aparecida. Marta Dillon.

Es en este sentido que la escritura puede permitir simbólicamente tocar algo de este real, del desaparecido, como función de elaboración.

Escribir es tomar la voz y es un acto que implica a otro. Otro con mayúscula, en Lacan. Ese Otro al que va dirigido un mensaje, donde se comparte un código. Otro que aloja y descifra. Y también otro con minúscula, el semejante con el cual se hace lazo. Otro interlocutor.

“Cosas que tardé mucho tiempo en descubrir Y que tardaré aún más para poder comprender. Cimientos. Simientes. Clicks. Tics. Cracks. En estas palabras encarno mi recuperación COLEGIO

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“Pero es claro que la Palabra no comienza sino con el paso de la ficción al orden del significante y que el significante exige otro lugar

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-el lugar del Otro, el Otro como testigo, el testigo Otro que cualquiera de los participantes- para que la Palabra que soporta pueda mentir, es decir plantearse como Verdad.” (Lacan, 1960)

Hacher, Sebastián. (2012) Cómo enterrar a un padre desaparecido. Buenos Aires. Marea Editorial. Klein, Naomi. (2007) La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós. Lacan, Jaques. (2002) La Familia. España. Biblioteca de Filosofía. Editorial Nacional, Madrid.

El lenguaje es lo que permite pensar las condiciones de existencia de un sujeto. Escribir es un modo de elaboración pero también de construcción de un relato que responda al agujero. Se construye cada vez que se recuerda, y se recuerda cada vez diferente. Escribir como recordar, son construcciones subjetivantes.

Lacan, Jaques. (1960) Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Escritos 2. 2003. Buenos Aires. Siglo veintiuno. Lacan, Jaques. (1962-1963) Seminario 10. La angustia. Buenos Aires. Paidós. Lacan, Jaques. Los escritos técnicos de Freud. Buenos Aires. Paidós Loys, Gladis Estela. Cátedra libre de derechos humanos. FHCSyS UNSE. Testigos y testimonios, efectos sociopolíticos de la verdad jurídica. Justicia ante el borramiento. Trabajo presentado en el V Congreso Latinoamericano de derechos humanos “Discursos y acciones: construyendo lazos en clave de Derechos Humanos 2016”, Facultad de Humanidades y Artes. UNR.

“Estamos borrachos, cuando tenemos esas conversaciones estamos borrachos. O mareados por lo no dicho”

Lo Giudice, Alicia. Compiladora. Psicoanálisis: identidad y transmisión. Centro de Atención por el Derecho a la Identidad. Buenos Aires. Abuelas de Plaza de Mayo. Müller, Eduardo. Borges, Freud, Memoria y Cultura.

Aparecida. Marta Dillon.

Pérez, Mariana Eva. (2012) Diario de una princesa montonera. 110% de verdad. Buenos Aires. Capital Intelectual. Pradelli, Ángela. (2014). En mi nombre. Historias de identidades restituidas. Buenos Aires. Paidós. Rodulfo, Ricardo. Padres e hijos. Paidós Editorial.

Volver a las fuentes

Alcoba, Laura. (2008). La casa de los conejos. Buenos Aires. Edhasa.

Rousseaux, Fabiana. Identidad: ¿una justa medida? Psicoanálisis: identidad y transmisión. Compiladora: Alicia Lo Giudice. Centro de Atención por el Derecho a la Identidad. Abuelas de Plaza de Mayo.

Alcoba, Laura. (2014) El azul de las abejas. Buenos Aires. Edhasa.

Semprun, Jorge. (1995). La escritura o la vida. Buenos Aires. Fábula Tusquets.

Alcoba, Laura. (2012) Los pasajeros del Anna C. Buenos Aires. Edhasa.

Steiner, George. La muerte de la tragedia. Biblioteca de Ensayo 75. Serie Mayor. Ediciones Siruela.

Argento, Analía. La guardería montonera. La vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva. Buenos Aires. Marea Editorial.

Urondo Raboy, Ángela. (2012) ¿Quién te creés que sos? Buenos Aires. Capital Intelectual.

Bleichmar, Silvia. No me hubiera gustado morir en los 90. Bs.As. Taurus, Alfaguara. 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=3AlUCjKOjuc

Calveiro, Pilar. (2014) Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires. Colihue. Cortázar, Julio. (1981) Negación del olvido. París.

Notas

Conjetural Revista Psicoanalítica. (2008) Nª 49: Enigmas de la letra. Lo que le debemos a los muertos. Abstención, neutralidad, indiferencia. Buenos Aires. Siglo veintiuno.

1

“Mientras sean desaparecidos no puede haber ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Ex general Jorge Rafael Videla. 2 G. R. de García Reinoso: Diarios Clínicos. Revista de psicoanálisis con niños y adolescentes. 3 http://www.telam.com.ar/notas/201308/27905-cabandie-y-victoria-montenegro-celebraron-la-restitucion-del-nieto-109.html 4 Müller, E.: “Borges, Freud, Memoria y Cultura”. 5 Klein, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós. 6 Freud S. “Más allá del Principio del Placer”. 1914 7 Seminario: Reflexiones críticas sobre los procesos de elaboración del genocidio. Docente: Daniel Feierstein. Doctorado de Psicología. Facultad de Psicología. UNR. 8 Documenta Rosarino; Testimonio de sobreviviente del SI (Servicio de Informaciones) Rosario.

Dillon, Marta. (2015) Aparecida. Buenos Aires. Sudamericana. Duras, Marguerite. (1993) Escribir. Buenos Aires. Fábula Tusquets. Feierstein, Daniel. (2012) Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. Feierstein, Daniel. (2011) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. Ferrandini D. Algunos problemas complejos de salud. Freud, Sigmund. (1914) Recordar, repetir, reelaborar. Obras Completas. Tomo XII. Buenos Aires. Amorrortu. Freud, Sigmund. (1917 –[1915]) Duelo y melancolía. Obras Completas. Tomo XIV. Buenos Aires. Amorrortu. Freud, Sigmund. (1919) Lo siniestro. Obras Completas. Tomo XVII. Buenos Aires. Amorrortu. Galende, Emiliano. El derecho al delirio. Lugar Editorial. Galende, Emiliano. Psicoanálisis y salud mental. Lugar Editorial. García Reinoso Gilou. Matar la Muerte. García Reinoso Gilou. Diarios Clínicos. Revista de psicoanálisis con niños y adolescentes. COLEGIO

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Buen Pastor: de cárcel de mujeres a paseo comercial1

Resumen/Abstract El presente trabajo indaga acerca de los procesos de memoria en relación al paseo de Buen Pastor, ex cárcel de mujeres que fue utilizado como centro clandestino de detención, y que hoy funciona como paseo comercial y recreativo, invisibilizando su pasado histórico en el contexto de la última dictadura militar. Como conclusión, pudimos observar la presencia de diversas marcas de memoria que pasan desapercibidas por la mayoría de las personas que lo transitan cotidianamente.

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Ruth Choque, Pilar Alejandra Gazcón, Ana Laura Gerena, Josefina Gonzalez Thomas, Leila Mariana Juri Vergara, Agustina Nieto, Mercedes Paz

¿Por qué el Buen Pastor no es tan reconocido por la sociedad cordobesa como un ex centro clandestino de detención? ¿Por qué no son visibilizadas las voces de las detenidas políticas allí? ¿En qué marcos esas voces se vuelven audibles? ¿Cuáles son sus canales de circulación y dónde encuentran eco esas historias? ¿Con qué se relaciona la receptividad/no receptividad de esos relatos? ¿Cómo fue el paso de cárcel de mujeres a paseo comercial?

Introducción

P

ara comenzar con este trabajo, y a fin de lograr una mejor comprensión, procederemos a contextualizar los hechos ocurridos en el Buen Pastor. Este predio está ubicado en el barrio Nueva Córdoba, fue construido entre 1897 y 1906. El gobierno provincial, en el año 1892, dispuso que las hermanas de la congregación “Nuestra Señora de la Claridad del Buen Pastor” se hagan cargo de la atención de reclusas, funcionando así como servicio penitenciario durante casi un siglo. Entre los años 1974 y 1975, durante la intervención del brigadier Raúl Oscar Lacabanne y la posterior dictadura militar, se utilizó el lugar como espacio de detención para presas políticas, del cual el 24 de mayo de 1975 unas veintiséis mujeres lograron escapar. Esto fue posible gracias a la colaboración conjunta con las distintas agrupaciones militantes que acompañaban a estas presas desde el exterior. De las veintiséis presas políticas que lograron fugarse de este centro de detención, nueve de ellas fueron, luego, ubicadas por las fuerzas militares y, posteriormente, desaparecidas. En el año 2007 fue inaugurado el Paseo del Buen Pastor, espacio recreativo y comercial, bajo el gobierno provincial de Juan Manuel De La Sota. Este espacio sufrió de diversas críticas por parte de este grupo de ex presas políticas, exponiendo su disconformidad sobre la finalidad de la transformación del lugar. También la Comisión Internacional de Monumentos y Sitios se sumó a un debate con el gobierno provincial por el valor de la capilla como patrimonio histórico y arquitectónico. En diferentes entrevistas, algunas de las protagonistas de esa noche de fuga narran su paso por el establecimiento, los momentos

Objetivos Nos proponemos historizar qué sucedió en el Buen Pastor, paseo ubicado en Córdoba Capital, en el barrio Nueva Córdoba, desde 1975 a la actualidad, los hechos que allí acontecieron, la transformación de cárcel de mujeres a centro clandestino de detención de presas políticas y la fuga de mujeres en el año 1975, y su transformación en paseo comercial. Y, además, la demanda de la marca de memoria de este espacio para pasar de un monumentalismo a una memoria que abarque lo social, la subjetividad y los testimonios de las detenidas. Este trabajo busca resaltar la importancia de conocer lo que allí aconteció, para todos los ciudadanos.

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Romper el aislamiento y restablecer redes de confianza y solidaridad entre los amenazados parece ser otra estrategia de indiscutible utilidad

de dolor, físico y espiritual, los miedos, el terror, la incertidumbre y la angustia que sentían. Cuentan cómo fue la planificación de la fuga, cómo era el contacto con cerca de doscientos compañeros de las diferentes organizaciones que las apoyaban desde afuera. Pilar Calveiro, en “Sobrepasar el miedo”, plantea que el miedo puede detener o movilizar; y, en este caso, a estas mujeres las movilizó. “Para poder actuar y enfrentar al miedo, la información sobre aquello que lo provoca y la comprensión del problema resultan cruciales, ya que permiten preparar un curso de acción eficiente”. Este grupo de mujeres percibía la inseguridad de su estadía en el establecimiento, de esa inseguridad surgía el miedo, miedo de no saber qué futuro les esperaba; lo que, a la vez, ya sospechaban. Esto las llevó a actuar, a planificar su escape. “Romper el aislamiento y restablecer redes de confianza y solidaridad entre los amenazados parece ser otra estrategia de indiscutible utilidad. El miedo disminuye con la compañía, por lo que el restablecimiento de lo colectivo y de lo común juega un papel central para controlarlo” (Calveiro). La colaboración y organización de las diferentes agrupaciones junto con sus compañeras presas, dan muestra de esta solidaridad y red de confianza conformada para afrontar la situación que estaban viviendo.

cárcel de mujeres. Y hoy, que nace el Paseo del Buen Pastor, queremos rendir homenaje a todas aquellas mujeres que sufrieron aquí cárcel injusta de las dictaduras y padecieron el horror de la tortura y la prisión. Queremos rendir homenaje a todas las mujeres condenadas sin justicia, queremos rendir homenaje a las madres, a las que sufrieron, a las que estuvieron sin tener que estar. Como un homenaje a la justicia, a la libertad y a la democracia, nace hoy el paseo del Buen Pastor. José Manuel de la Sota. Gobernador. Córdoba, sábado 4 de agosto de 2007”. Y “Paseo del Buen Pastor. ‘Una obra del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para todos… Dr. José Manuel de la Sota. Gobernador. Córdoba, sábado 4 de agosto de 2007”. Esta fecha es la de la inauguración del Paseo, ocasión a la cual el grupo de ex presas políticas no fue invitado (Tello Weiss, 2010), en su lugar, algunas de ellas, un tiempo antes del acto inaugural realizaron un “contra-acto” fuera del vallado policial. Tampoco fueron invitados los organismos de derechos humanos ni el Archivo Provincial de la Memoria. Con este dato se intenta dar cuenta de la posible contradicción en el discurso de lo que las placas manifiestan y la realidad. Ya que no convocar a las homenajeadas protagonistas y allegados al tema, suena paradójico. “Mientras se desarrollaba el acto oficial, dos de las ex detenidas, acompañadas de algunos familiares, colgaron en el vallado cartelitos blancos con cintas rojas, en cada uno de los cartelitos figuraba el nombre de cada una de las nueve fugadas que, posteriormente, habían sido asesinadas o desaparecidas. Cada vez que colgaba un

Desarrollo En el actual Paseo comercial y recreativo del Buen Pastor se pueden ver dos placas que dicen: “Por más de 100 años aquí funcionó una COLEGIO

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jeto de consumo, estetizado, neutralizado y rentable. Dado que se apoya en la experiencia vivida, la memoria es eminentemente subjetiva. Es cualitativa, singular, poco cuidadosa de las comparaciones, de la contextualización, de las generalizaciones; no tiene necesidad de pruebas para quien se transporta. La memoria, sea individual o colectiva, es una visión del pasado siempre mediada por el presente. La memoria es erigida no solamente contra el olvido, sino, sobre todo, contra un régimen político que oculta y niega el crimen en el presente; por otra parte, la escritura de la historia ha sido trabada porque el ocultamiento pasa por el cierre de los archivos y por la multiplicación de obstáculos a la investigación. Siguiendo lo anterior, para comprender el porqué del lugar se configura con su actual sentido y se invisibiliza su pasado histórico, retomamos el concepto de memoria emblemática y memorias sueltas, de S.J. Stern. El autor plantea que las memorias sueltas son la serie de recuerdos significativos para uno mismo, y experiencias personales que nos definen cómo somos. Retomando el documental del Buen Pastor podemos ver que las mujeres tienen relatos diferentes teniendo en cuenta como vivenció cada una el momento de detención y la fuga. Luego estos relatos se articulan con las mitologías colectivas dándole sentido dentro de lo social; es decir, configurándose como memorias emblemáticas. Esto se puede percibir cuando ellas se juntan y arman como una memoria conjunta. Existe una relación dinámica entre la memoria suelta y la emblemática, en la que se van construyendo puentes entre ellas a través de hechos históricos significativos, virajes o rupturas, que generan cambio. La memoria emblemática, es una especie de marco, una forma de organizar las memorias concretas dando un sentido interpretativo y un criterio de selección a las memorias personales, vividas y medio sueltas, definiendo cuáles son las memorias sueltas que hay que recordar. A su vez, crea una forma de organizar la contra-memoria y el debate. Estas son formas de pensar construidas, inventadas, pero que a su vez tienen que responder, para alcanzar y tener peso, a las experiencias, necesidades y sensibilidades reales de los seres humanos. Memoria y olvido se configuran como procesos históricos, sociales y personales, en un proceso de lucha y deseo por construir las memorias emblemáticas, culturales, políticamente influyentes, y hegemónicas. La memoria, como olvido, son memorias que se quieren tener como una caja cerrada, cuando un tema es peligroso y hasta explo-

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cartel, la que lo hacía decía en voz alta el nombre de una desaparecida, a lo cual el resto replicaba “presente, ahora y siempre”. A la ceremonia se fueron sumando algunos transeúntes, tomaron los carteles y se acoplaron a la secuencia del ritual. Al terminar, las impulsoras del “contra-acto” se abrazaron entre sí, lloraron y agradecieron a aquellos que espontáneamente se sumaron a colgar los carteles en el vallado” (Tello Weiss, 2010). Esta situación da cuenta de la poca visibilización de los hechos porque, más allá de una placa, si esto estuvo ocurriendo minutos antes de dicho acto oficial -y por movilización propia del grupo de ex presas políticas con la intención de estar presente, de hacer oír su voz-, significa que la circulación de la información sobre lo ocurrido años atrás en el “Paseo del Buen Pastor” es demasiado limitada. Solo un grupo acotado de personas estuvo presente y casi casualmente (transeúnte, familiar), y no hubo un reconocimiento de memoria legítimo. Según Franco y Levín, el pasado es constantemente reelaborado según las sensibilidades éticas, culturales y políticas del presente. El recuerdo del pasado se transforma en memoria colectiva una vez que ha sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, las interrogaciones éticas y las conveniencias políticas del presente. La transformación de sitios históricos es parte de estrategias publicitarias específicas. Este fenómeno muestra, indudablemente, un proceso de reificación del pasado que hace de la memoria un obCOLEGIO

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sivo; son memorias peligrosas, conflictivas, que para algunos es mejor cerrarlas a fin de fomentar la paz social, ya que pertenecen a un pasado que hay que superar. Este olvido está lleno y cargado de memoria porque simboliza lo peligroso, de lo que no hay que hablar ni recordar; es una amnesia voluntaria con temas de impunidad y complicidad. Por eso se considera que el proceso de formar memorias emblemáticas incluye intentos conflictivos y manipuladores de sentido. La proyección en espacios públicos o semipúblicos, en la medida que la memoria queda recluida a lo encerrado en el ámbito de lo privado se fragmenta y pasa a la clandestinidad, que impide su construcción hacia memoria emblemática. Para serlo necesita de elaboración y circulación en lo público, en los medios de comunicación, en las universidades, en clubes, comunidades, asociaciones civiles, etc. Si no hay proyección quedan culturalmente arrinconadas como meros recuerdos sueltos, personales, quizás equívocos sin mayor sentido colectivo. Construir memoria implica procesos prácticos de aprendizaje en el camino. Los nudos convocantes son los seres humanos y las circunstancias sociales que exigen que se construyan puentes entre lo imaginario personal y sus memorias sueltas por un lado, y el imaginario colectivo y sus memorias emblemáticas por otro. Imponen una ruptura de nuestros hábitos más o menos inconscientes. Estos nudos que interrumpen los flujos normales o ritmos, nos exigen pensar, sentir y entender. Se considerarán tres tipos de nudos. En primer lugar, los nudos humanos de la memoria, los portavoces. El segundo nudo es el de los hechos y fechas, ya que las fechas y aniversarios convocan a exigir comentarios, explicaciones e interpretaciones, y generan una oportunidad para que los portavoces humanos reclamen y proyecten memoria, convocando a espacios para forjarla y compartirla. Y, por último, el tercer nudo refiere a los sitios físicos, son lugares y restos que directamente descienden de un gran trauma o viraje histórico; las invenciones humanas después del hecho: monumentos, museos, memoriales, películas o libros. Estos lugares físicos tienen que mezclar dos aspectos: la condición de ser lugares y restos directamente ligados al pasado, y la de ser una construcción o interpretación humana posterior, porque tienen que pasar por un proceso de interpretación cultural. La multidimensionalidad de los nudos va moldeando en el tiempo las características y alcance cultural de las memorias emblemáticas, construyendo un sentido de historicidad y autenticidad, dinamizando el proceso colectivo de imaginar, luchar sobre la memoria y el olvido. En la misma línea, Todorov plantea que las huellas de lo que ha existido, o bien son suprimidas, o bien maquilladas y transformadas; las mentiras y las invenciones ocupan el lugar de la realidad; se prohíbe la búsqueda y difusión de la verdad; cualquier medio es COLEGIO

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bueno para lograr ese objetivo. Nada debe impedir la recuperación de la memoria. Cuando los acontecimientos que vive el individuo o el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimoniar. La recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que, por el contrario, este hará del pasado el uso que prefiera. También existe el derecho al olvido. Cada uno tiene derecho a decidir. Lo que no quiere decir que el individuo pueda llegar a ser completamente independiente de su pasado y disponer de este a su antojo, con toda libertad. Tal cosa no será posible al estar la identidad actual y personal del sujeto construida, entre otras, por las imágenes que este posee del pasado. En la visita que hicimos al Archivo Provincial de la Memoria nos contaron que se le da la posibilidad a las víctimas de decidir ir o no a los ex centros clandestinos, y antes de ir al espacio se les muestra fotos del lugar para preservarlos. Según este autor, hay dos tipos de memoria. En primer lugar, la memoria literal, sobre todo si es llevada al extremo, es portadora de riesgos; el uso literal convierte en insuperable el viejo acontecimiento y desemboca en el sometimiento del presente al pasado. En segundo lugar, la memoria ejemplar es potencialmente liberadora; el uso ejemplar permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día, y separarse del yo para ir hacia otro lado. Hay que señalar que la representación del pasado es constitutiva no solo en la identidad individual –la persona está hecha de sus propias imágenes acerca de sí misma- sino también de la identidad colectiva. Ahora bien, la mayoría de los seres humanos experimentan la necesidad de pertenecer a un grupo. La combinación de dos condiciones –necesidad de una identidad colectiva, destrucción de identidades tradicionales- es responsable del nuevo culto a la memoria: al constituir un pasado común podemos beneficiarnos del reconocimiento debido al grupo. Teniendo en cuenta esto, entendemos cuán importante es reconocer y tener presente la lucha de estas mujeres, ya que, de lo contrario, estaríamos ignorando su identidad colectiva. A su vez, debemos conservar viva la memoria del pasado: no para pedir una reparación del daño sufrido, sino para estar alertas frente a situaciones nuevas y, sin embargo, análogas. Aquellos que conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a cientos de kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria “y el olvido” se han de poner al servicio de la justicia. Como ya mencionamos, la cárcel de mujeres del Buen Pastor tuvo lugar durante la dictadura militar en la Argentina, por lo que no

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podemos dejar de abordar la problemática del terrorismo de Estado, de qué se trató y sus consecuencias. Para Benegas Loyo, el terrorismo de Estado es una práctica social que actúa políticamente en multiplicidad de formas. No solo se trata del exterminio masivo, el genocidio de un sector de la población, sino también de una estrategia de intervención que modela sujetos y lleva adelante una reconfiguración de la ciudadanía. Un proceso genocida tiene una dimensión social, simbólica, pero también material, legal, económica que trascienden, con mucho, el hecho de la muerte. De hecho, nunca un asesinato se trata solamente de la mera desaparición física. Por el contrario, los efectos subjetivos sobre los demás, los sobrevivientes, los testigos y el resto de la comunidad son de importancia crucial. Esto no solo en términos de afectación, sino de cómo la sociedad continúa después. Cerutti, López y Colaboradores agregan que los que fueron detenidos, desaparecidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en todo el país, eran militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, etc. comprometidos con el proyecto de liberación nacional y popular, y que fueron perseguidos por sus ideas, militancia y persistencia en la intención de lograr una sociedad incluyente y justa. Como las detenidas en el Buen Pastor, «Las que estábamos en el Buen Pastor éramos así, no éramos de las pesadas, éramos las especiales, como nos dijo esa presa común, que después nos quedó de mote. Nunca nos mezclaron con las presas comunes y no era por protegernos a nosotras sino a ellas, para que nosotras no se las politizáramos». (Baldo, A. Maffini, G. Colaboradores, 2011) Partiendo de esto, y volviendo a la temática de la memoria Pollak propone que al privilegiar el análisis de los excluidos, de los marginados y de las minorías, la historia oral resaltó la importancia de memorias subterráneas que, como parte integrante de las culturas minoritarias y dominadas, se oponen a la memoria oficial, la memoria nacional. Ese abordaje rehabilita la periferia y la marginalidad. Este abordaje acentúa el carácter destructor, uniformizarte y

opresor de la memoria colectiva nacional. Esas memorias subterráneas prosiguen su trabajo de subversión en el silencio y, de manera casi imperceptible, afloran en momentos de crisis a través de sobresaltos bruscos y exacerbados. Los objetos de investigación son elegidos, de preferencia, allí donde existe conflicto entre memorias en competencia. Consiste en la irrupción de resentimientos acumulados en el tiempo y de una memoria de la dominación y de sufrimientos que jamás pudieron expresarse públicamente. Esa memoria “prohibida” -y, por lo tanto, “clandestina”- ocupa toda la escena cultural, el sector editorial, los medios de comunicación, el cine, la pintura. Estos recuerdos prohibidos o vergonzosos son celosamente guardados en estructuras de comunicación informales y pasan desapercibidos por la sociedad en general. En el caso del Buen Pastor se pueden observar distintas marcas de memorias que no se reconocen fácilmente por los ciudadanos. Por consiguiente, hay en los recuerdos de unos y otros zonas de sombra, silencios “no dichos”. Esa tipología de discursos, silencios y también alusiones y metáforas es moldeada por la angustia de no encontrar una escucha, de ser castigado por aquello que se dice o al menos, de exponerse a malentendidos. El problema que se plantea a largo plazo para las memorias clandestinas es el de su transmisión intacta hasta el día en que puedan aprovechar una ocasión para invadir el espacio público y pasar de lo “no-dicho” a la contestación y la reivindicación. El problema de toda memoria oficial es el de su credibilidad, de su aceptación y, también, el de su organización. Este autor, además, introduce que el trabajo de encuadramiento de una memoria de grupo tiene límites, ya que no puede ser construida arbitrariamente. Ese trabajo debe satisfacer ciertas

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... debemos conservar viva la memoria del pasado: no para pedir una reparación del daño sufrido, sino para estar alertas frente a situaciones nuevas y, sin embargo, análogas.

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exigencias de justificación. Rechazar tomar en serio el imperativo de justificación sobre el cual reposa la posibilidad de coordinación de las conductas humanas, significa admitir el reino de la injusticia y la violencia. El trabajo de encuadramiento de la memoria se alimenta del material provisto por la historia. Ese material puede, sin duda, ser interpretado en función de los combates del presente y del futuro. Pero el trabajo permanente de reinterpretación del pasado es contenido por una exigencia de credibilidad que depende de la coherencia de los discursos sucesivos. Lo que está en juego en la memoria es también el sentido de la identidad individual y del grupo. Además de una producción de discursos organizados en torno a acontecimientos y a grandes personajes, los rastros de ese trabajo de encuadramiento son los objetos materiales: monumentos, museos, bibliotecas, películas, etc. La memoria es así guardada y solidificada en las piedras. En relación a lo mencionado anteriormente, en la visita al Archivo Provincial de la Memoria nos comentaron acerca de la diferencia entre monumentalismo y marca de memoria. Centrándonos en el Buen Pastor, el primero se representó con una placa de acrílico colocada por el Ex Gobernador Juan Manuel de la Sota donde menciona que anteriormente había en ese lugar una cárcel de mujeres. Por otra parte, el Archivo Provincial de la Memoria junto con las ex detenidas políticas realizaron marcas de memoria: entre ellas, una reja que pertenecía a la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor, un escrito y baldosas con frases construidos por ellas mismas; y, por último, un tejido realizado por las Bordadoras de la Paz. Esta marca de memoria permitió ir más allá de la mera descripción de los hechos ocurridos, abarcando también los sentimientos de las detenidas, dándoles la palabra y la posibilidad de expresarse. Resulta evidente que las memorias colectivas impuestas y defendidas por un trabajo especializado de encuadramiento, sin ser el único factor aglutinador, son un ingrediente importante para la perennidad del tejido social y de las estructuras institucionales de una sociedad. Así, el denominador común de todas esas memorias y también las tensiones entre ellas intervienen en la definición del consenso social y de los conflictos de un determinado momento coyuntural. Pero ningún grupo social tiene su perennidad asegurada. Su memoria puede sobrevivir a su desaparición, asumiendo en general la forma de un mito que, por no poder anclarse en la realidad política del momento, se alimenta de referencias culturales, literarias o religiosas. Se observó la existencia de una sociedad de memorias colectivas tan numerosas cuanto lo son las unidades que componen la sociedad. Cuando ellas se integran bien en la memoria dominante, su coexistencia no plantea problemas; al contrario de las memorias subterráneas. Fuera de los momentos de crisis, estas últimas son difíciles de localizar, y exigen que se recurra a instrumentos de la COLEGIO

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historia oral. Individuos y ciertos grupos pueden insistir en venerar justamente aquello que los encuadradores de una memoria colectiva, en un nivel más global, se esfuerzan por minimizar y eliminar. Si el análisis del trabajo de encuadramiento, de sus agentes y sus rasgos materiales es una clave para estudiar –desde arriba hacia abajo- cómo las memorias son construidas, deconstruidas y reconstruidas; el procedimiento inverso –aquel que con los instrumentos de la historia oral, parte de las memorias individuales-, pone en evidencia los límites de ese trabajo de encuadramiento y, al mismo tiempo, revela un trabajo psicológico del individuo que tiende a controlar las heridas, tensiones y contradicciones entre la imagen oficial del pasado y sus recuerdos personales. Se puede imaginar, para aquellos cuya vida fue marcada por múltiples rupturas y traumas, la dificultad planteada por ese trabajo de construcción de una coherencia y de una continuidad de su propia historia. Así como las memorias colectivas y el orden social

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que ellas contribuyen a construir, la memoria individual resulta de la gestión de un equilibrio precario, de un sinnúmero de contradicciones y tensiones. Estela Schindel se pregunta: ¿Qué significa recuperar? Este término se ha extendido y establecido para nombrar los procesos que están pendientes de una más detallada reflexión y precisión. (…) Estos procesos, tienen la posibilidad de apertura: se abren al espacio público, al barrio, a la sociedad. Contrariamente, estos lugares podrían abandonarse a los elementos como testimonios de la infamia, o bien dejarse en manos exclusivas de personal técnico o de un determinado sector, por ejemplo, los afectados. Pero es precisamente la apertura la que brinda la condición de posibilidad para el diálogo o el encuentro entre sectores que estuvieron separados, desarticulados o distantes por la existencia de los centros de detención, como dispositivo diseminador del terror. Cuando se habla de qué usos dar a estos sitios históricos, suelen mencionarse diversas funciones: 1. Brindar evidencia judicial. Son el escenario donde se cometieron crímenes contra la humanidad y deben preservarse como elementos probatorios en los juicios. 2. Conocer la verdad histórica, son testimonios políticos y sociales. 3. Homenaje a los familiares, amigos, compañeros; en algunos casos su mero traspaso a manos civiles puede tener para estos un valor de reparación simbólica. 4. Potencial pedagógico de estos espacios, en especial a nuevas generaciones. 5. Potencial como reapropiación activa del derecho al uso y recreación del barrio, es decir, del espacio público, y como factor de reconstitución de lazos sociales a partir de lo local. Su apertura podría hoy contribuir no solo a neutralizar, sino a revertir esos efectos propiciando actividades articuladoras y reintegradoras que contribuyan a la reconstitución del tejido social y a la construcción de espacios de acción colectiva. Esta perspectiva implica ceder espacio a la aparición de una rutina, de una cierta normalidad y de la realización de actividades relacionadas de manera no inmediata con el “sitio histórico”, lo cual genera fuertes críticas en algunos familiares y sobrevivientes. Para Ludmila da Silva Catela la necesidad de memorias implica reconocer su carácter social y colectivo. Si bien sabemos que el individuo porta sus memorias, las produce y las comparte, no podemos poner en duda que la memoria está arraigada y situada allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades. Si la memoria posibilita la creación de espacios de cohesión familiar, social, nacional, es justamente esta fuerza la que permite entender porque en periodos sociales más calmos tiene COLEGIO

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menor visibilidad y en los momentos de tensión y crisis, cuando las identidades y pertenencias se desestabilizan, adquiere mayor fuerza y visibilidad. Carla Caffaso, Josefina Oliva, Ana Cecilia Solari Paz y Samanta Salvatori plantean que las historias por las disputas de los sentidos que se imprimen en las marcaciones son parte constitutiva de la memoria. La propia definición de memoria supone un espacio de lucha política y son los conflictos del presente los que dan forma a la lectura que hacemos del pasado. La memoria o, mejor dicho, las memorias no se encuentran ancladas en el mundo pretérito sino que permanecen activas y en sintonía con el presente, es decir, la memoria traspasa las fronteras del recuerdo del período 1976-1983 para sostener un diálogo con el período previo y posterior a la dictadura como también impulsar la emergencia de esas voces no encuadradas, de relatos poco escuchados del pasado que nos ayudan a comprender y conocer lo acontecido en clave con las inquietudes del hoy. Lo cierto es que luego de la vuelta a la democracia la sociedad argentina creó espacios comunes de recordación y repudio al terrorismo de Estado. Las plazas, paredes, entidades públicas, las calles, los pasillos de las universidades se llenaron de nombre de desaparecidos. El enunciar y analizar es un acto de recuerdo de los desaparecidos, de evocar una militancia política o el repudio a la violación de los derechos humanos. Pero, lógicamente, hay muchas historias que no se encuentran señalizadas. Historias que circulan en la ciudad y se transmiten de generación en generación a partir del relato oral, como si pudiéramos visualizar un tejido de posibles “mitos” urbanos; voces que narran acontecimientos que se mantienen en lo subterráneo, que no encuentran momentos ni lugares disponibles para emerger, siendo olvidadas en el espacio físico pero recordadas en las memorias individuales o de grupo.

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Conclusiones Para concluir, cabe mencionar que rol del Psicólogo en estos casos consiste en acompañar a los sujetos en los procesos comunitarios intentando hacer un abordaje transformacional, comprendiendo la comunidad como activos en la construcción de su conocimiento y memoria, pudiendo de esta forma problematizar y desnaturalizar las memorias hegemónicas para poder, así, realizar su construcción

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Bibliografía

colectiva propia. Teniendo en cuenta lo cotidiano que es el Buen Pastor para nosotras, estudiantes residentes en Nueva Córdoba y la zona, decidimos abordar este tema intentando profundizar en lo que realmente era antes de convertirse en paseo comercial. Después de interiorizarnos en el tema detectamos que sí existen diversas marcas de memoria que hoy podemos ver, sin embargo pasan desapercibidas por las personas que desconocen sobre lo que allí aconteció. Las veintiséis detenidas que se fugaron, de las cuales nueve siguen desaparecidas, aún reclaman un reconocimiento a lo sucedido de lo vivido, si bien ellas no se oponen a la reutilización del lugar piden que sea con un fin colectivo. Citando a la hermana de una de las desaparecidas, Silvia Melani:

Baldo, A., Maffini G., Samoluk, G. & Tabera, M. N. (2011). La Historia que nos parió, memorias del terrorismo de Estado en el barrio. Córdoba. Benegas Loyo, D.; Colosimo, A.; D’alessio, A. (2015). Baldosas de la memoria como intervención político subjetiva. Cafasso, C.; Oliva, J.; Salvatori S; Solari Paz, A. (2012). Paisajes de la memoria. Calveiro, P. (1998). Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue. Cerruti, I., López M., Méndez M. J., Mendizábal M. E. & Portos, J. (2011). Narraciones otras: la experiencia del proyecto memorias de vecindad del programa del ex CCD “Olimpo”. Buenos Aires. Da silva Catela, L. (2011) “Memorias en conflicto. De memorias denegadas, subterráneas y dominantes”. En “Problemas de historia reciente del Cono Sur”. Volumen I. Editorial: UNGS - Prometeo Libros. Franco, M. & Lewis, F. (2008). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires. Pp. 67 - 96. Plaza, S. (2007). Campo de la psicología comunitaria. Ficha de cátedra Estrategias de Intervención comunitaria.

¿Quiénes van a asistir a ese paseo? Es bonito… pero está en un lugar equivocado y va a venir la gente equivocada, porque asiste la gente que puede comprar; un lugar abierto significa que pueda venir todo el pueblo, que puedan venir los chicos de los barrios más humildes, que puedan venir las mujeres trabajadoras, porque por ese mundo lucharon todas estas mujeres.

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción de identidades frente a situaciones límites. Ediciones Al margen. Schindel, E. (2011, septiembre). Memorias barriales y derecho a la ciudad: la recuperación de ex CCD como práctica de resistencia y reconstitución del tejido social. Ponencia presentada en IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Ampliación del campo de los derechos humanos. Memoria y perspectivas, Buenos Aires, Argentina. Stern, J. (1973) De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico. Tello Weiss, M. (2010) La ex cárcel del Buen Pastor en Córdoba: un territorio de memorias en disputa. Revista Iberoamericana. N° 40. Pp. 145 - 165.

Carla Caffaso, Josefina Oliva, Ana Cecilia Solari Paz y Samanta Salvatori proponen que la construcción de la memoria y su señalización en la ciudad nos advierten acerca de las transformaciones que se dan en forma constante. Partimos de la idea de que si hay algo que se recuerda también hay algo que se olvida, o que en todo caso, no se nombra. Las señalizaciones, monumentos, esculturas, sitios, son una forma de decir, de enunciar de diferentes maneras que alguien no está, a alguien se lo llevaron o que en ese edificio primó la militancia, un proyecto político y social. Estas autoras cuyo punto de vista compartimos, consideran que es importante continuar con el proceso de señalamiento y preservación para dar cuenta de lo que ocurrió, en qué lugar y en qué momento determinado. Si bien las personas –individualmente- no tienen el deber de recordar, como define Jordi Borja, “los Estados sí tienen el deber de recordar y hacer posible el recuerdo de todos”. Sobre todo, si estos sitios son testimonio material del terrorismo de Estado como evidencia para las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Sería válido promover que los lugares de memoria conformen herramientas para responder con verdad, justicia y reparación a las violaciones de los derechos humanos del presente, teniendo en cuenta que en nuestro país persisten los actos vejatorios de los derechos que protegen a los ciudadanos. En este sentido, si el horror vuelve a repetirse, debemos preguntarnos nuevamente qué entendemos por “memoria”. COLEGIO

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Todorov, T. (2000). La memoria amenazada. En Los Abusos de la memoria, Paidós. Barcelona.

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Trabajo realizado en el marco del Seminario de Memoria Colectiva y Comunidad. Año 2016.

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Desanudando voces, entre surcos y rieles

de la provincia, la zona más castigada. Sus relatos, cuarenta y un años después, estremecen por la brutalidad, la perversidad y la saña con la que sembraron el terror y el silencio. Debido a las profundas heridas psicosociales que ha dejado el terrorismo de Estado, se hace imperioso pensar en la posibilidad de reparación simbólica propiciando un reordenamiento de la vida psíquica y social; promoviendo nuevos recursos para cicatrizar lo dañado y empezar a reconstruir y reconstruirse, tanto por parte de las víctimas como de sus comunidades y la sociedad en su conjunto. Desde el derecho internacional se sostiene que la reparación debe ser integral, por lo que debería ser un proceso que articule las sentencias judiciales con la recuperación de la historia de lucha de los pueblos, el reconocimiento público del Estado de su propia responsabilidad, la implementación de Sitios de memoria, la obligatoriedad del Estado de adoptar medidas tendientes a garantizar la no repetición de hechos lesivos, además de la reinserción laboral de quienes fueron víctimas con un trabajo digno, obra social, educación, etc. Esto es todavía una deuda pendiente del Estado argentino, ya que las leyes llamadas “de reparación” vigentes, contemplan solo un modo de indemnización que obliga a las víctimas a presentar pruebas y a “demostrar” las lesiones sufridas, lo que produce una re victimización de quienes la solicitan. Cabe destacar que es fundamental que los sobrevivientes sean quienes expresen lo que para ellos sería reparatorio, en conjunto con sus comunidades. Es esto lo que fundamenta la implementación de los Talleres, como un nuevo intento tendiente a propiciar esta reparación desde la construcción de una memoria colectiva. Los Talleres de Reflexión Comunitaria surgieron como propuesta de intervención desde el Equipo Interinstitucional de Acompañamiento a Víctimas-Testigos en juicios de Lesa Humanidad. Esta propuesta se implementó con un equipo conformado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, integrantes de la querella del presente juicio, miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos e integrantes del Equipo Interinstitucional de Acompañamiento a Testigos; posibilitando así una mirada conjunta e interdisciplinaria, con la finalidad de acercarnos a las comunidades más golpeadas por el accionar represivo. Al aproximarse el juicio por el Operativo Independencia, muchos de los pobladores de estos sitios serían convocados a dar testimonio de lo padecido. Desde un abordaje psico-jurídico, conocemos la paradoja que implica el verse obligado a narrar la verdad de los acontecimientos vividos, desplegando y abriendo recuerdos silen-

Integrantes: Luisa Vivanco, Estela Assaf, Matías Albarracín, Florencia González Gardella, Griselda Borquez, Eduardo Reynoso.

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“Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada”. Eduardo Galeano

Relatos de una experiencia comunitaria “Y si abrimos las heridas… ¿Quién las sanará? (Pobladora de Santa Lucía)

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os talleres de reflexión comunitaria se llevaron a cabo entre marzo y noviembre del año 2016 y significó un paso importante hacia la concreción de la reparación integral a la población afectada por el Operativo Independencia. El OI, fue una acción llevada a cabo por las fuerzas represivas conjuntas, lanzado el 9 de febrero de 1975 y, formalmente, nunca se dio por finalizada. Constituyó un operativo gigantesco y complejo que abarcó varias provincias del NOA, con centro operativo y metodológico en la provincia de Tucumán, cuya población, especialmente la del sur, se vio seriamente afectada por la brutalidad, la perversidad y lo inédito de los métodos empleados por los represores. Tucumán se convirtió en un gran CCD a cielo abierto con poblaciones enteras secuestradas. La desaparición, en muchos casos, de familias completas paralizó de terror y cortó los lazos naturales de solidaridad y cooperación en esas comunidades. Lo profundo del daño causado por el terrorismo de Estado, se vio reflejado en el transcurso de este último año, en que tuvieron lugar las audiencias por el juicio Operativo Independencia, por las que desfilaron alrededor de 900 testigos; en su mayoría del interior COLEGIO

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ciados durante cuarenta años, con los mecanismos que cada cual pudo hallar para sobrevivir en la cultura del miedo y que, precisamente por su carga traumática, se intentaron olvidar, negar, reprimir. Entre los efectos psicosociales del terrorismo de Estado, además del acatamiento impuesto a la norma de silencio, se dieron conductas de negación y renegación, y una inducción al olvido no solo de las personas desaparecidas, presas políticas, asesinadas, sino también de la propia historia comunitaria. El relato histórico repetido insistentemente desde el poder, fue construyendo un imaginario social que hoy podemos reconocer en el lenguaje utilizado. Palabras prohibidas… como obrero, desaparecido, sindicato, lucha, compañero. Frases repetidas, sin pensar, como “por algo será que se lo llevaron”, “en algo andaría”, “familia de subversivos”, “no te metas”. El dar testimonio tiene un valor jurídico, pero también tiene un valor subjetivo si quienes fueron los verdaderos protagonistas COLEGIO

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de esta historia pueden asumir su identidad negada y los lazos solidarios que los unían. Coincidimos con Fabiana Rousseaux cuando afirma que el dar testimonio no solo es un deber, sino que también es un derecho. Fue desde esta perspectiva que nos propusimos realizar esta experiencia, seleccionando para tal fin diferentes lugares de la provincia de Tucumán: Tafí Viejo, Santa Lucía, Río Seco, San José, Ranchillos. La propuesta consistía en la convocatoria, en cada lugar, a dos encuentros de tres horas cada uno. Para el primer encuentro, partíamos de un video con imágenes de la vida de los trabajadores rurales, la represión política, la resistencia, la solidaridad y la construcción colectiva de la Verdad, Memoria, Justicia. Luego trabajábamos en pequeños grupos de reflexión, acerca de dos ejes: . ¿Qué nos pasó? . ¿Por qué creemos que pasó todo esto?

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“¿Cómo queremos seguir?, ¿qué podemos hacer juntos?” Finalizamos con la proyección de un momento del testimonio de Roberto Cantos en el juicio por la desaparición de su hermano Germán, y un momento de cierre y evaluación. El primer taller que pusimos en práctica fue en la localidad conocida como ex ingenio San José, Municipio de Yerba Buena, que surgió en torno a uno de los primeros cinco ingenios de la provincia, cerrado en el año 1967. Luego de su cierre, se transformó en una zona de contraste social por excelencia. Nuestro primer obstáculo se produjo desde nuestra llegada, sucediendo algo que puede leerse como un boicot: por una “confusión” en la información difundida (función a cargo del municipio), la mayoría de los interesados no supo con certeza dónde se dictaría el taller. El resultado era un tanto desalentador para ser un comienzo: éramos más talleristas que asistentes y la única que había logrado llegar hasta nosotros era Teresa; quien no había sido informada del cambio de lugar a último momento. Era imposible no remitirnos a la escena de la clínica, donde un solo integrante trae un síntoma para hablar por su familia. Pues acá teníamos a una que hablaba por su comunidad. En su relato, emergían verdades dolorosas arraigadas a su historia personal pero, particularmente, al momento actual que estaba atravesando: recientemente habían sido encontrados restos de su marido. Ella tomaba este hallazgo para hacer ese duelo del cual por años le habían privado. Nos dispusimos entonces a escuchar su sufrimiento, dejando atrás el esquema inicial. Pretendíamos comprender que lo que aquí se presentaba era un panorama de los tiempos actuales, donde se visibilizaba la situación de muchos de los que luego, tal vez, tendrían que declarar en juicio: estaban siendo desamparados, cuando no obstaculizados, en sus procesos personales y grupales, por gran parte del Estado. “La verdad no existe aislada de los sistemas de poder que la producen y la mantienen”, dice Foucault. Inverso fue el caso de Tafí Viejo, a veinte kilómetros de la capital. Su historia está ligada a los Talleres Ferroviarios, unos de los emprendimientos más florecientes que trajo como consecuencia el crecimiento de la zona y la generación de trabajo, generando una clase obrera que militó desde siempre en una gran diversidad de partidos políticos, con un buen nivel educativo y participación en actividades culturales. En Tafí, hay una potencia asociativa que trae un tiempo histórico con sus alegrías y tristezas del recordar. ¿Cómo era Tafí Viejo?

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Propiciamos en todo momento la creación de un clima de confianza y espontaneidad que permitiera la participación de todos y todas; la escucha respetuosa y las conclusiones se expresaban en afiches en una puesta en común. El objetivo de este primer encuentro era habilitar la palabra silenciada; desde un lenguaje sentipensante: que no disociara el pensar y el sentir. En el segundo encuentro llevamos una selección de testimonios del libro de Rosario Figaris Layús, Los juicios por sus protagonistas, para que leyeran en pequeños grupos y seleccionaran los párrafos que más le resonaran. Después de un primer momento individual, donde cada participante expresaba el porqué de su elección, se intercambiaba; luego, el grupo preparaba un afiche con los interrogantes que hubieran surgido o afirmaciones que deseaban hacer. Se compartía la puesta en común y luego se volvía a trabajar en el grupo para elaborar propuestas de continuidad desde las preguntas: COLEGIO

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¿Qué recuerdan de esos años? A diferencia de otras regiones, les gusta recordar su identidad, sus historias de luchas que tienen sentido para ellos, por lo que las comparten, las defienden, formando parte de su cotidianidad. Mantienen, incluso, una constante actividad como Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo. Las voces se unen y se transforman en legado y compromiso; como lo ocurrido al terminar el encuentro, cuando una joven estudiante del secundario pidió -con los ojos inundados de lágrimasdar un mensaje. Valientemente, les habló en particular a quienes sufrieron más de cerca el horror, a madres y abuelas y, con la voz quebrada, dijo: «Quiero que sepan que nunca más estarán solas». Eso, nunca más. Se producía un efecto allí, algo más que la angustia de separación, un efecto de reencuentro generacional que abría un juego de posibilidades al ejercicio de la memoria colectiva. En la localidad de Río Seco, ubicada en el departamento Monteros, entre extensos cañaverales, funciona el ingenio azucarero “La Providencia”. Nuestra llegada al lugar, desde el momento diagnóstico, mostró la división de los asistentes en dos grupos: los empleados de la comuna y los sobrevivientes y familiares. Podría decirse, desde una lectura psicoanalítica, que se encontraban en “lucha fraterna”: “Pasa que acá las mujeres veían a los soldados rubios de ojos azules y con uniformes y se les entregaban”, nos decía un hombre haciendo una clara negación de la violencia sexual sufrida por muchas mujeres del pueblo. Otra mujer, con niveles un poco más bajos de resistencia, nos transmitía: “Se dice aquí, que hay muchos chicos que nacieron en ese año y son hijos de los soldados”. El horror había dejado su marca en las cadenas generacionales. El desconocimiento y las dudas sobre los orígenes y la identidad eran frecuentes. Existía un vacío de sentido, un hueco en la novela familiar: “No sé la verdad, pero a mí me dicen que mi abuelo era Montonero; pero yo, la verdad, no sé”, “En mi casa nunca se habla del tema de mi abuelo, pero sé que lo mataron en la época de la subversión”; eran comentarios frecuentes entre los integrantes del primer grupo. El grupo de sobrevivientes, ante estas afirmaciones, respondía con bronca contra este “No saber”: “Tu abuelo combatía conmigo, era uno de los mejores compañeros”, “Con tu abuelo éramos compañeros en el sindicato, luchábamos porque el gobierno nos estaba matando de hambre…”. Esas eran las respuestas de los integrantes del segundo grupo. Como talleristas, nos costaba mucho ser mediadores. Sin embargo, aun en medio de los altos niveles de tensión, las verdades subjetivas iban deslizándose de un modo irrefrenable. Fernando Ulloa afirma: “El único remedio posible contra la malignidad de lo siniestro es el develamiento de aquello que lo promueve, simultáneamente, al establecimiento de un nuevo orden de legalidad familiar. Aun dentro de lo doloroso de esta explicitación, de este hacer justicia, la verdad operará como incisión para drenar, aliviar y curar COLEGIO

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“El único remedio posible contra la malignidad de lo siniestro es el develamiento de aquello que lo promueve, simultáneamente, al establecimiento de un nuevo orden de legalidad familiar. Aun dentro de lo doloroso de esta explicitación, de este hacer justicia, la verdad operará como incisión para drenar, aliviar y curar el absceso de lo siniestro…”

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el absceso de lo siniestro…”. En la finalización de ese primer encuentro, a la hora de las exposiciones de cada grupo, quienes aseguraban ignorar sus orígenes habían cambiado de discurso sustancialmente. Se escuchaba ya no un rumor, sino más bien una apropiación: “Mi abuelo fue montonero” (con emoción y orgullo), “A mi abuelo lo desaparecieron porque era un sindicalista”. Había, aunque fuera solo a niveles del discurso, un lugar en el cual el sujeto podía incluirse en la cadena generacional. El otro grupo, parecía haber cesado el enfrentamiento y bajado sus niveles de ansiedad ante la confirmación de haber sido escuchados. La verdadera producción sintomática de este taller se dio en el segundo encuentro. El día pactado fuimos, pero encontramos cerradas las instalaciones. Somos conscientes de que este primer encuentro, debido a su magnitud, había producido niveles de resistencia altos. A la vez, se percibía claramente que la división entre estos grupos era utilizada por los poderes locales. Después fue Ranchillos. Comuna rural ubicada en el departamento de Cruz Alta. Se notaba muy buena predisposición de parte de las autoridades. Sin embargo, a diferencia de Tafí Viejo, los pobladores no estaban organizados. Si hay una frase para describir lo que se observó, creo que sería lo que el psicoanálisis describe como “deseo de saber”. La gente preguntaba todo el tiempo tratando de comprender lo que allí había sucedido. En el primer encuentro, desde un lugar impersonal. En el segundo, desde un lugar más cercano a ellos y a su historia: el silencio, la duda, el supuesto que oculta la verdad en esta comunidad que aún sigue conviviendo con represores en sus calles y que aún conserva cierto «respeto» hacia ellos, en donde el miedo se encuentra solapado. La identidad de un pueblo pujante de la zona Este, que hoy se encuentra mezclado entre el olvido, y la construcción de una nueva identidad que los hace olvidar más aún su historia: “La capital del carnaval”, festividad que mueve año a año miles de personas hacia el club del pueblo, en donde la música, el alcohol y los mitos recubren esta nueva identidad. «Ella andaba en algo raro, es lo único que me dijo mi familia», comentaba un joven, al hacer referencia a la desaparición de su tía. El “algo raro”, la demonización de la lucha, de la búsqueda de igualdad y la defensa de derechos. Algo raro, como lo que sintió otro vecino cuando comentó que luego de cerrar el ingenio, y ante la necesidad económica, aceptó ser contratado para derribar las chimeneas de este ex ingenio, lugar que había sido su fuente de trabajo y hoy tiene que ser él quien la reduzca a escombros. Derribado con la excusa de que la maquinaría era obsoleta. Máquinas que fueron a parar a Tartagal y a Ledesma en un claro intento de monopolizar la industria azucarera en manos de unas pocas familias. Entre teorías posibles e intentos de explicación, aparecían los nombres de los desaparecidos más conocidos del pueblo, incluso COLEGIO

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una de las participantes llevó una foto. Se produjo un efecto positivo en cuanto la suposición del saber que pesaba sobre nosotros como talleristas circuló hacia el saber del grupo. Finalmente, el último pueblo al que decidimos acudir fue Santa Lucía, antes ex ingenio Santa Lucía, situado en el piedemonte, también Monteros. Cuna de grandes líderes sociales y políticos, sufrió más que ningún otro territorio la ferocidad de la represión: se instaló durante el Operativo Independencia, una base militar de tres mil soldados, convirtiendo el pueblo entero en un campo de concentración a cielo abierto. Pesaba sobre esta localidad, incluso, una amenaza de total aniquilamiento mediante bombardeo, realizada por el genocida Bussi quien, años después, sería elegido gobernador en democracia. Se observaba en este grupo de personas la asistencia únicamente de víctimas o familiares directos que atravesaron grandes periodos de silencio, emergiendo de pronto verdades que irrumpían, abruptamente, sin haber tenido ninguna posibilidad de tramitación psíquica. Todos coincidían en que “aquí nadie quiere juntarse para nada”. Un hombre, entre lágrimas, hablaba de la vergüenza, de la fuerte estigmatización: «Para buscar trabajo mentía que era de otra parte, si decías que eras de Santa Lucía no te lo daban». Ser de Santa Lucía, lejos de marcar un sentido de orgullo por su lucha, se instaló como sinónimo de criminalidad. «Ahí estaban los subversivos», frase que insiste en un imaginario social que resuena hasta el día de hoy en Tucumán. El lenguaje posibilita la inscripción de este horror en un registro en donde algo de todo eso indecible pueda encontrar curso para dejar de doler, aunque sea un poquito, en el cuerpo. «Mírame, tócame las heridas», decía desesperado un vecino mientras nos mostraba su antebrazo con el rastro de la tortura. Demandas a una terceridad que pueda reconocerlo como víctima y pueda alojar su decir, memoria lastimada. “Mírame, tócame”, una manera de pedir ser simbolizado. Las violencias sobre los cuerpos y las subjetividades habían sido de tal magnitud como en una fórmula casi matemática: a mayor grado de crueldad, mayor grado de negacionismo, por parte de sus habitantes, para hablar del tema. Así, los responsables del horror lograban, como describe Ulloa, “eficacia paralizante” sobre la comunidad. Los Talleres fueron surgiendo entonces como espacios de reflexión que tenían el sentido de “llenarse de pueblo ahí dentro”, y que nos permitían, en ese cruce de palabras, de miradas y de cuerpos (y con qué cuerpos llegamos a estos encuentros…), en un

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hacer, decir-nos sobre nuestros aconteceres en referencia a las memorias. Entonces íbamos aprendiendo a “escuchar memorias”, más que a “decir memorias”; o, mejor dicho, aprendiendo a diferenciarlas y a investigar juntos sobre nuestra historia. En ese llenarse de pueblo ocurrían “agenciamientos” como ese espacio de resonancia que aloja diversidades que se unen en una relación de potencia y organizan algo nuevo, se redescubren en un deseo que ocurre en el devenir de un “entre”. Es el “escuchar memorias”. Tiene su melodía en los territorios de nuestro interior, a veces resistida, muchas veces esperada. También exige su tiempo y micropolíticas que nos afecten, nos involucren, nos balbuceen, nos trastabillen. Ir hacia un devenir colectivo, devenir lazo, devenir encuentro, desde el pensar, el acompañar como reconstrucción del lazoque trae algo, devuelve algo que estaba como exiliado, pero que se sostenía ahí, insistiendo, porque está inscripto en la historia singular de cada territorio.

Referencias Bibliográficas

Pavlovsky, Eduardo: “Lo grupal hoy, nuevas ideas, Micropolíticas”. Editorial Galerna, 2002. Rousseaux, Fabiana: “Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Área de Publicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2008. Bleichmar, Silvia: “Los orígenes del Sujeto Psíquico”, del mito a la historia. Editorial Amorrortu. Primera edición 1986. Jasiner, Graciela: “Coordinando Grupos, una lógica para los pequeños grupos”. Lugar Editorial. 2007. Iliovich, Ana: “El Silencio”, postales de La Perla. Los Ríos Editorial. 2017. Wikinski, Mariana: “El trabajo del testigo”, testimonio y experiencia traumática. Ediciones La Cebra. 2016. Berezin, Ana: “Sobre la crueldad”, la oscuridad en los ojos. Psicolibro Ediciones. 2010. Ulloa, Fernando: “La ética del analista ante lo siniestro”. Conferencia brindada en el panel de cierre de seminario de salud mental y DD.HH. UBA, 1984. Foucault, Michel: “Vigilar y Castigar”, nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno editores. Edición 2002.

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Entre cambios y resistencias, construir posibilidades. Una propuesta universitaria de adecuación curricular de la Ley Nacional N°26.657 a carreras de grado y posgrado

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Inclusión social y Salud mental: Barreras para el acceso a derechos

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La salud mental como articulador del acceso a los derechos humanos en atención primaria de la salud

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Salud mental en contextos de encierro. Un estado de situación desde la perspectiva de Derechos Humanos

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Producción de información para el monitoreo de políticas públicas: Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos

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Informe Alterno sobre la Situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Córdoba 2013/2017

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Prácticas de Salud Mental en clave de Derechos Humanos

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Consulta de Primera vez: una hospitalidad posible. Experiencia de trabajo de un Equipo de Atención Comunitaria de Salud Mental

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Cobertura Universal en Salud: entre los derechos y el mercado

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Casa de convivencia autogestionada: una experiencia de externación

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Lo innombrable: es posible el trabajo en la promoción y protección de derechos

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Eje: Salud Mental y Derechos Humanos

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a adhesión de la Argentina a tratados internacionales en materia de derechos humanos y la sanción de la ley 26657 de Salud Mental han sido avances muy significativos sobre la atención que tradicionalmente se brindaba a las personas con padecimiento mental. De esta manera, se han asumido compromisos de acción destinados a guiar el diseño y la implementación de políticas públicas de salud mental basados en el respeto de los derechos humanos. Durante mucho tiempo, el campo de las políticas de salud mental se mantuvo ajeno al campo de los derechos humanos. Esto es, no se consideraba adecuadamente aspectos básicos desarrollados en el Derecho Internacional de los DD.HH. como, por ejemplo, la necesidad de atenuar los problemas de desigualdad y exclusión, así como también promover acciones afirmativas de protección de los sujetos usuarios de los servicios de salud mental. La conformidad del Estado Nacional con los marcos normativos internacionales determinan los contenidos esenciales que se deben adoptar; a partir de esto las provincias deben adecuarse a ellos o también pueden establecer regulaciones más beneficiosas avanzando así en la ampliación de derechos. Los compromisos de acción y las definiciones conceptuales contribuyen a crear un cuerpo de principios que expresan puntos mínimos de consenso acerca de los principales criterios y objetivos que deben orientar la formulación de las políticas de salud mental. Estos compromisos no son meramente retóricos sino que expresan la posición del Estado tanto nacional como provincial. La utilización del concepto de derechos humanos en el campo de la salud mental es un medio para imponer límites a formas abusivas de uso del poder del Estado: no privar arbitrariamente de la libertad, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, no discriminar, entre otros. También establece aquello que el Estado sí debe hacer: lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las personas con padecimiento mental.

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Entre cambios y resistencias, construir posibilidades. Una propuesta universitaria de adecuación curricular de la Ley Nacional N°26.657 a carreras de grado y posgrado

en salud mental. El análisis de estos hizo posible la concreción de diferentes instancias de trabajo institucional, en actividades de docencia, extensión e investigación -si bien estas se caracterizaron por presentarse de modo atomizado fueron sentando las bases para la problematización de la temática de la salud mental a nivel institucional- y, a su vez, oficiaron como antecedentes, sembrando un terreno fértil para la elaboración del proyecto de Adecuación Curricular de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones n° 26.657 a las carreras grado y posgrado en el IAPCH de la UNVM. Se comparten algunas reflexiones sobre los desafíos que esta adecuación implica respecto de prácticas y discursos institucionales que conviven dando cuenta de luchas y posiciones paradigmáticas, en tanto ponen en evidencia no solo diferencias con respecto a la comprensión y representaciones de la salud/salud mental y de los procesos de atención sino, fundamentalmente, develan concepciones ético-políticas respecto de los sujetos, la otredad, lo comunitario –lo común- y los derechos. Y es, desde allí, que se hace necesario interpelar – desde las prácticas y los discursos- las implicancias que ello tiene tanto en la producción de subjetividad como en las responsabilidades y compromisos que asumen cada uno de los actores para la eficaz implementación de la Ley Nacional n°26.657.

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Andrea Mariana Aimino1

Palabras Ley Nacional N° 26.657 - Formación claves Universitaria - Prácticas - Discursos

Historizar un recorrido. Sobre contexto/s y texto/s

Resumen En esta oportunidad, socializamos el Proyecto de Adecuación Curricular de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N°26.657 a las carreras de grado y de posgrado del Instituto de Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la UNVM, instituto en el cual desarrollo mis actividades de docencia, investigación y extensión, proyecto recientemente aprobado por el Consejo Directivo del IAPCH. El escrito presenta una breve historización en relación a la emergencia del marco normativo de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26657 y a las implicancias de esta respecto de las instituciones de educación superior, expresadas puntualmente en los documentos de las recomendaciones dirigidas a las universidades nacionales públicas y privadas y a los lineamientos para la mejora en la formación de los profesionales que trabajan COLEGIO

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“Hay recuerdos que no voy a borrar, hay personas que no voy a olvidar…” Fito Páez

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n recuerdo, según nos ilustra el diccionario, puede ser comprendido como aquello que vuelve a sentirse, es una palabra que mezcla imágenes, nostalgia, sensaciones, sentimientos. Un recuerdo es la memoria que se hace de algo que ya ha pasado o de lo que ya se habló. Muchos de los trabajadores vinculados al campo de la salud mental recordamos el año 2010 con un final de año para celebrar:

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Las profundas transformaciones que plantea la ley in­volucran a diferentes actores, representantes sociales e instituciones –entre ellos, las universidades- ...

el Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, decisión que marca un momento clave e histórico en lo que respecta al tratamiento de la Salud Mental y los Derechos Humanos en nuestro país y la región. Se sostiene esto ya que la concepción de la salud mental y sus respectivos abordajes e intervenciones sentarán las bases jurídicas y sanitarias de un nuevo paradigma; desde un enfoque de derechos, orientando acciones hacia la inclusión social de las personas con padecimientos mentales. De esa manera, la letra y espíritu de la ley plasma en sus articulados la concreción de viejos anhelos, reclamos y arduas luchas de colectivos, organizaciones, usuarios y familiares, profesionales, entre otros que bregaron por la ampliación de derechos y trato digno2 de personas históricamente vulneradas en sus derechos, estigmatizadas y discriminadas. Asimismo, el propósito de la ley es asegurar el derecho de todo/ as los ciudadano/as a la protección de su salud mental, incluyendo en este concepto la problemática de las adicciones, y establece, puntualmente, los derechos que le asisten a aquellas personas con padecimientos mentales en relación al sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado. Por ello, la ley promueve la intervención profesional, interdisciplinaria e intersectorial de manera preventiva, evitando se originen COLEGIO

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y/o profundicen patologías, se promocionen factores relacionados al bienestar, respetando la dignidad de los sujetos; y se desaliente su patologización, medicalización, criminalización y/o estigmatización. Estipula, además, suprimir los dispositivos de encierro –instituciones monovalentes- que cronifican y/o agravan los padecimientos. Ahora bien, hasta aquí se han reseñado los principios fundamentales de la ley, pero se hace necesario resituar los contextos de su emergencia. Nos referimos a que la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N°26.657 se promulgó el 02 de diciembre de 2010 a los pocos meses de haber sido sancionada, el 25 de noviembre del corriente año, luego de dos años de intensos debates parlamentarios vinculados a posturas encontradas respecto de principios referidos en la ley. Por ello, es necesario destacar el rol fundamental que ocuparon diferentes organizaciones y actores de la sociedad civil en la participación de estos agudos debates, en aquella oportunidad; que hicieron posible que la ley fuera producto de un trabajo colectivo, federal, intersectorial e interdisciplinario y contara con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3. Por su parte, el decreto reglamentario de la ley mencionada data del 28 de mayo de 2013, lo cual permite vislumbrar que las

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posiciones críticas, manifiestas en años anteriores a su sanción, entorpecieron el proceso de reglamentación; posturas ideológicas que –en la actualidad, año 2017- entendemos gravitan y persisten obstaculizando el camino hacia su implementación efectiva. Sin embargo, podemos decir que, entre el más allá y el más acá de las dificultades para dar cumplimiento a la ley, entre los cambios de perspectiva en relación a lo público que nuestro país transita en los últimos tiempos, y las resistencias que se manifiestan a esas políticas de cambio, se abre un intersticio de posibilidades, de construcción y reflexión colectiva que nos permite habitar los espacios y territorios que ocupamos: la ley se encuentra vigente y la norma rige en todo el territorio nacional. En este sentido, al ser una ley de orden público, debe ser respetada y adaptada por cada una de las jurisdicciones4 sin requerimientos de adhesión específicos. Claro es que la ley, por sí misma, como marco normativo, no alcanza para lograr sus propósitos; sino que es necesario la apropiación de esta “desde y con” los sujetos implicados en las prácticas, en tanto comprendemos que no hay transformación de las situaciones sin transformación no solo de las estrategias y las herramientas, sino de los agentes implicados en esa transformación. Es posible transformar siendo parte de esa transformación. Desde estos sentidos es que fue elaborado el Proyecto de Adecuación Curricular de la Ley de Salud Mental N° 26.657 a las carreras de grado y de posgrado presentada y aprobada recientemente por Consejo Directivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, espacio institucional donde ejerzo mi práctica profesional como docente investigadora. El proyecto mencionado fue elaborado y presentado, recuperando diferentes instancias de trabajo institucional que se llevaron adelante, asumiendo la responsabilidad que la Universidad tiene como espacio de formación, en base a los documentos de las Recomendaciones para las Universidades respecto de la adecuación curricular de la ley a las carreras de grado y posgrado elaborado por la CONISMA y al posterior documento que refiere a los Lineamientos para la mejora en la formación de los profesionales que trabajan en salud mental, elaborado por el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación de la Nación. Estos documentos incidieron en diferentes instancias de trabajo y abordaje institucional durante el periodo de octubre del año 2014 hasta la fecha; ya sea en actividades de docencia, extensión e investigación, ateneos propuestos por diferentes centros de estudiantes de la universidad –si bien estos se caracterizaron por ser trabajos aislados, fueron sentando las bases para la problematización de la temática de la salud mental a nivel institucional en el campo de la formación- intentando nuclear los esfuerzos que, a su vez, oficiaron como antecedentes, sembrando un terreno fértil para la elaboración del proyecto Adecuación Curricular de la Ley Nacional de Salud COLEGIO

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Mental y Adicciones a las carreras grado y posgrado en el IAPCH de la UNVM.

La vigencia de la Ley Nacional N° 26.657 y la responsabilidad de las Universidades “Desde el momento en que estoy en relación con el rostro del otro, en que hablo al otro y en que escucho al otro, la dimensión del respeto está abierta. Después resulta preciso, naturalmente, hacer que la ética esté en consonancia con esa situación y que resista a las violencias que consisten en reprimir el rostro, en ignorar el rostro o en reducir el respeto.” Salud Mental (Jaques Derrida, 1997)

y Derechos Humanos

Las profundas transformaciones que plantea la ley in­volucran a diferentes actores, representantes sociales e instituciones –entre ellos, las universidades- porque refieren a la construcción de cambios culturales desde prácticas inclu­sivas basadas en el modelo comunitario de atención. Esta cuestión implica afrontar la revisión de las demandas históricas territoriales en función de las particularidades de cada realidad local y la formación de los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental desde una perspectiva de enfoque de derechos, inclusión social, interdisciplinariedad e intersectorialidad. Cuando nos referimos a prácticas inclusivas lo hacemos desde la perspectiva de derechos humanos, lo cual implica abrir un espacio de diálogo hacia nuevos indicadores teóricos que hagan posibles nuevas representaciones y significados, respecto de las diferencias y lo común. Es desde los principios universales que comprendemos el término de inclusión, como derechos que corresponden a todas las personas de una comunidad, a la pluralidad de identidades, el derecho a la educación, a la salud, al acceso a bienes culturales, etc., los cuales hacen a la salud mental. Precisando; la Ley N° 26.657 estipula en el Capítulo II, Artículo 3° que “se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramientos implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas”. Lo dicho implica concebir que la salud mental es un campo complejo que involucra y compromete a

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distintos actores sociales, saberes y disciplinas, cuya articulación es fundamental para poder llevar adelante el proceso de transformación que se pretende. En este sentido, uno de los pilares fundamentales que prevé el nuevo marco legal, es el trabajo interdisciplinario e intersectorial –plasmado en los artículos 8°, 9°, 13° de la presente Ley-, puesto que se considera la diversidad de factores que condicionan la salud mental de las personas y su efectiva recuperación, y de allí la necesidad de elaborar programas y acciones que pongan en marcha el nuevo paradigma. He aquí la responsabilidad de las universidades en la formación y actualización de profesionales bajo la perspectiva de este modelo de atención. En el marco del desarrollo y puesta en funcionamiento de la nueva Ley, el Estado nacional, en 2013, dictó el Plan Nacional de Salud Mental, el cual fue aprobado por Resolución ministerial Nº 1º 77/2013, con un horizonte de gestión hasta el año 2018. Este sostiene que la Salud Mental, en la actualidad, atraviesa un proceso de transformación de concepciones y prácticas que implican el pasaje de lo patológico a lo salutogénico, del déficit a la posibilidad. En este sentido el Plan Nacional de Salud Mental (PNSM) aspira a la búsqueda de acciones territoriales que alcancen a toda la población desde un abordaje comunitario con base en la inclusión social y ante ello sitúa a las universidades como uno de los actores fundamentales, en tanto espacios de formación de profesionales insertos en una realidad local cuyas intervenciones y prácticas inciden en los destinos de los sujetos. De allí, la necesaria revisión que las prácticas requieren en la indagación de los supuestos epistemológicos y de las representaciones epocales, las cuales son producidas y/o reproducidas “en situación” y es, precisamente, en el encuentro “con otros” que los procesos educativos acontecen, lo que permite deconstruir discursos, desnaturalizar contextos, situarlos, singularizarlos. A su vez, interpelar las prácticas e historizarlas permite indagar los supuestos en que se construyeron y se construyen; en definitiva, abrir posibilidades para la construcción de nuevos significados que habiliten el lazo social. Considerar estas cuestiones permite, desde los interrogantes, abrir nuevas condiciones de posibilidad frente a lo complejo y a “los límites que impone la realidad”, realidad con un corte positivista en su comprensión; por ello nos alejamos de dicho modo interpretativo y entendemos que es posible incidir, en parte, al ser parte de esa realidad. Respecto de ello, el PNSM puntualiza dentro de sus propósitos como uno de los objetivos “Articular, consensuar y revisar con la universidades públicas, privadas, institu­tos y/u otros organismos formadores las currículas de grado y posgrado de todas las disciplinas que involucran a los integrantes del equipo interdisciplinario COLEGIO

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de Salud/Salud Mental y adicciones, para contribuir a garantizar la calidad de la formación, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (Capítulo V, Artículo 8 y Capítulo IX, Artí­culo 33) y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013, con base en el modelo comunitario, incorporando la apertura hacia nuevas prácticas y la participación de recursos humanos no convencionales para los abordajes integrados”. A su vez, respecto de la formación, capacitación e investigación en Salud Mental y adicciones indica que “se estimulará la adecuación y actualización de los contenidos curri­culares de grado y posgrado, residencias, maestrías, doctorados en Salud /Salud Men­tal, con las áreas de competencia correspondientes, para dar cumplimiento a la Ley Na­cional de Salud Mental Nº 26.657 (Capítulo IX, Artículo 33) y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013, en articulación con el Ministerio de Educación”.

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Sobre las Recomendaciones a las Universidades y Lineamientos para las mejoras de la formación de los profesionales en el campo de la salud mental

y progresivas en las diferentes instancias académicas en docencia, investigación y extensión que se enmarquen en los principios y espíritu de la Ley Nacional N°26.657. Posteriormente, el 22 de noviembre del año 2015, el Ministerio de Salud, Dirección de la Salud Mental, conjuntamente con la SPU, la Secretaría de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, convocan a representantes de las Universidades a la presentación del documento “Lineamientos para la mejora de la formación de profesionales en salud mental”. La concreción de estos lineamientos plasma el trabajo colectivo de diferentes actores que trabajaron en distintas instancias de discusión para su culminación, en dirección de establecer pautas de abordaje para la formación de profesionales en carreras de grado y de posgrado desde ejes, metas de logros y propósitos de la formación. Estos lineamientos, sus fundamentos, ejes y tratamiento fueron presentados en una actividad de extensión que generó la Secretaría de Bienestar de la UNVM desde la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos, en donde se disertó, además, en aquella oportunidad, sobre capacidad restringida e incapacidad en el Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, propuesta abierta a toda la comunidad. Asimismo, se realizaron otras acciones como encuentros, charlas debates que llevaron adelante diferentes centros y agrupaciones de estudiantes de la UNVM, cuyo foco de interés centralizaba sobre los cambios en salud mental y el estado de situación en la formación y en las instituciones de la región. Para la concreción de dichos encuentros se realizaron invitaciones a docentes de la casa de altos estudios, profesionales del medio que realizan sus prácticas en instituciones monovalentes, representantes de Confluir Asociación Civil de Usuarios en Acción y Defensa de la Ley de Salud Mental, de la ciudad de Córdoba, profesionales del poder Judicial, y colegas del Hogar de Día Encuentro de la Municipalidad de Villa María, entre otros. Finalmente, en febrero del corriente año se presentó el proyecto de adecuación curricular, el cual fue aprobado el 06 de julio de 2017 por el Consejo Directivo de IAPCH de la UNVM. Este logro nos encuentra hoy diseñando propuestas de conversatorios y capacitaciones que convocarán a los docentes y coordinadores de las carreras de Medicina, Terapia Ocupacional, Enfermería, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Profesorados del Instituto Académico de Ciencias Humanas, y, además, prevé invitar a los docentes y coordinadores de las carreras de Trabajo Social y Comunicación Social del Instituto Académico de Ciencias Sociales de la UNVM. Es un inicio que habilita una posibilidad de encuentro, de diálo-

Para el logro de los objetivos planteados en la Ley N°26.657 y el PNSM, un eje fundamental dentro de las incumbencias de la Universidad, como ya se ha mencionado, es la formación de los profesionales en el campo de la salud mental, la cual debe ser abordada desde distintas disciplinas como psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería y medicina. En esta dirección, en el año 2014 llega a las Universidades un documento elaborado por la CONISMA5 denominado Recomendaciones a las Universidades Públicas y Privadas, el cual se fundamenta en el artículo n° 33 de la Ley, estableciendo que:

Salud Mental y Derechos Humanos

La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país. Las recomendaciones instan a que la formación de los futuros profesionales esté vinculada a las necesidades de la población y en el marco de las políticas públicas que den cuenta de esas necesidades, más allá de cualquier interés sectorial divergente del interés colectivo, y, para ello, es preciso realizar una revisión crítica de los roles profesionales así como también de la formación requerida para su ejercicio, en particular de aquellas metodologías o contenidos curriculares que no se adecuen al marco legal vigente. En respuesta a dicha demanda institucional, la UNVM constituye una comisión de docentes de diferentes procedencias disciplinares, vinculados al campo de la salud metal, y elabora un documento que da cuenta de la revisión e indagación del proyecto educativo institucional, la propuesta del perfil de profesionales, las prácticas de docencia, investigación y extensión universitaria, la oferta educativa respecto de las carreras de grado y de posgrado, y sugiere que dentro del marco de su autonomía la UNVM habilite los espacios para dicha adecuación curricular, generando actividades graduales COLEGIO

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go e intercambio de experiencias, de prácticas y reflexiones sobre el compromiso político que la práctica de la enseñanza impone. Entendemos que los encuentros previstos serán un espacio fecundo para pensar, informar, formar, enseñar, educar: ¿dé que se trata adecuar? Y aquí, intentando dar cierre a este escrito, acudimos a Freire (2000), en tanto nos auxilia a pensar lo que venimos desarrollando, cuando sostiene:

4

5

La provincia de Córdoba cuenta con la Ley 9848/10, Ley de Protección de la Salud Mental, la cual debe estar en consonancia con los lineamientos y principios de la Ley Nacional en lo que refiere a los derechos y procesos de atención y diagnóstico de las personas con padecimiento mental. Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones de la Nación.

… De este modo, la vida se ha ido transformando en una acción en el mundo desarrollada por sujetos que poco a poco han ido ganando conciencia de su propio hacer sobre el mundo. Fue la práctica la que fundó el habla sobre ella, y su conciencia generó a su vez práctica. No habría práctica sino un puro mover en el mundo si quienes estaban moviendo en el mundo no se hubiesen hecho capaces de ir sabiendo lo que hacían al mover, y para qué movían. Fue la conciencia del mover lo que lo promovió a la categoría de práctica e hizo que esta necesariamente generase su propio saber.

Notas 1

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3

Licenciada y Profesora en Psicología (UNC), Especialista y Magister en Docencia Universitaria(UTN BS AS), Profesora Adjunta Regular Ordinaria del IAPCH en la UNVM, en los espacios curriculares de Psicología General, Lic. en Terapia Ocupacional, Psicología General y de la Educación y Seminario sobre Educación Especial en la Lic. en Ciencias de la Educación, investigadora categorizada directora del proyecto de investigación “Accesibilidad y Universidad. Nuevos paradigmas en educación superior”, integrante de la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos, representante por la UNVM en RUEDES (Red Universitaria de Educación Especial), miembro de la Comisión Asesora de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, miembro externo evaluador en tribunales de tesis de Maestría en Salud Pública y de la Facultad de Ciencias Médicas y Facultad de Psicología de la UNC. La Ley n° 26.657 es posible dentro de otros cuerpos normativos ya que no solo re­conoce y amplía derechos, sino que también hace a la protección de la salud mental de todos los habitantes dentro de un proyecto de desarrollo con inclusión social. Nos referimos a las leyes Ley Nº 26.529 -26.742 de Derechos del Paciente, Ley Nº 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; Ley Nº 26.206 Educación Nacional, Ley n° 26378 Derechos de las Personas con Discapacidad, Plan Nacional de Salud Mental aprobado por Resolución N° 2177/13, Resolución del Consejo Federal de Educación N° 239/14 “Pautas Federales para el acompañamiento y la intervención de los equipos de apoyo y orientación que trabajan en el ámbito educativo” y a las leyes de Migraciones, de Educación, de Trabajadoras de Casas Particulares, de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, de Fertilización Asistida y de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como la Ley de Protección Integral de las Mujeres, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, de Trabajo Agrario, y a la anulación de la leyes de Obediencia Debida y el Punto Final. En tanto la ley adhiere a principios fundamentales sostenidos por dichos organismos internacionales y establece en su normativa, un marco de acción para el cumplimiento de las políticas de Derechos Humanos respetando los estándares internacionales.

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Inclusión social y Salud mental: Barreras para el acceso a derechos

1. Introducción

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l presente artículo se construye en el marco de un estudio multi-céntrico financiado con el apoyo del programa de becas “Carrillo-Oñativia”, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional Salud Investiga durante el período 2014-2015. El proyecto se tituló “Barreras para la inclusión social de las personas con padecimientos mentales que se encuentran en proceso de externación de instituciones de salud mental en la Provincia de Buenos Aires y las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo”, dirigido por Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y su realización en Córdoba estuvo a cargo del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos1. El objetivo de esta investigación fue identificar y describir las barreras que obstaculizan la inclusión social plena de las personas con discapacidad mental en procesos de externación, y tuvo como unidades de análisis, los dispositivos que promueven la externación de personas con padecimiento mental. En la ciudad de Córdoba, la investigación se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Socio Laboral (CRSL)2, a través del relevamiento de información cualitativa y cuantitativa a partir de encuestas y entrevistas a usuarios y trabajadores de la institución3. La variable “inclusión social” se analizó a partir del ejercicio de algunos derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El presente artículo apuntará a reflejar la situación relacionada al ejercicio de estos derechos en el contexto provincial, considerando: derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, al acceso a la información y a la justicia.

Autoras: Laura Ariadna Atala; Soledad Buhlman; María Paz Caminada Rossetti; Sol Victoria del Carpio; Solana María Yoma.

Palabras Salud mental - Procesos de externación claves Barreras de accesibilidad - Ejercicio de derechos

Salud Mental y Derechos Humanos

Resumen Este trabajo es producto de una investigación multicéntrica titulada “Barreras para la inclusión social de las personas con padecimientos mentales que se encuentran en proceso de externación de instituciones de salud mental en la Provincia de Buenos Aires y las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo”, realizada en el marco del programa de becas “Carrillo-Oñativia” del Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional Salud Investiga durante el período 2014-2015. El objetivo de esta investigación fue identificar y describir las barreras que obstaculizan la inclusión social plena de las personas con discapacidad mental en procesos de externación. La variable “inclusión social” se operacionalizó a partir del ejercicio de algunos derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. En el presente artículo se reseñarán, particularmente, los principales resultados correspondientes a la provincia de Córdoba, desarrollados a partir de la investigación a cargo del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Las barreras para la inclusión social de las personas con padecimientos mentales se analizarán a partir de los siguientes derechos económicos, sociales y culturales: derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la seguridad social, y se incluirá también al acceso a la justicia y la conciencia de derechos en tanto aspectos ineludibles para promover la exigibilidad de tales derechos.

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2. Derecho a la Salud Un primer resultado de interés que arroja esta investigación es que el hospital monovalente continúa siendo el principal referente en la atención de la salud en general, para personas ya externadas, abarcando desde la provisión de psicofármacos hasta la atención en clínica médica o por problemáticas orgánicas de diverso tipo, lo cual las deja “atrapadas” en el circuito manicomial y perpetúan su cronicidad aun cuando ya no existen motivos que justifiquen su

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internación por problemáticas de salud mental. Al mismo tiempo, se registró una insuficiencia de psicofármacos adecuados en el primer y segundo nivel de atención, y un rol preponderante del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial (HNP) en la provisión de estos medicamentos. Esta situación se agudiza al considerar que la mayoría de los hospitales generales de Córdoba –contrario a lo establecido por la ley- expresan diversas resistencias para atender a personas usuarias de servicios de salud mental, aun cuando la demanda se articule en relación a patologías orgánicas. Las personas entrevistadas refieren que en reiteradas oportunidades son nuevamente derivadas a instituciones de salud mental, bajo el argumento de que debido a sus antecedentes psiquiátricos la atención debe ser provista por el hospital monovalente. Se registraron, en este sentido, numerosas prácticas de discriminación y exclusión que obstaculizan el acceso a la salud por parte de los usuarios de estos servicios. Desde la sanción de las actuales normativas en salud mental hasta la actualidad, casi no se han creado nuevos dispositivos sustitutivos tales como residencias protegidas, casas de medio camino, hospitales de día y casas de convivencia, al tiempo que escasean los servicios de salud mental con anclaje comunitario y territorial. La mayoría de los centros de atención primaria de la salud, tanto provinciales como municipales, cuentan con servicios incompletos e insuficientes de salud mental, registrándose serias carencias de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en el primer nivel. Un ejemplo esclarecedor a este respecto es que en la ciudad de Córdoba, de los 98 centros de salud municipales, solo se cuenta con 27 psicólogos y 20 trabajadores sociales. Esta carencia de equipos interdisciplinarios completos en los barrios obstaculiza la posibilidad de realizar abordajes integrales de promoción, prevención y tratamiento enmarcados en los lineamientos de la salud mental comunitaria. A partir de ello, se concluye que no existe suficiente capacidad instalada de atención en salud mental, tanto en el ámbito comunitario como en los hospitales generales, que pueda sostener el proceso terapéutico fuera del hospital monovalente.

... la falta de sostenimiento de los vínculos entre usuarios/as con sus familiares, producto de internaciones prolongadas, obstaculiza la posibilidad de reinserción en la vivienda familiar ...

3. Derecho a la Vivienda En relación a las posibilidades de acceso a la vivienda, se advierte que no existen, en la actualidad, respuestas desde el Estado que garanticen una vivienda digna para personas en proceso de externación. Las personas usuarias entrevistadas manifiestan no contar con recursos económicos necesarios para cubrir los gastos requeridos para acceder a una vivienda digna de manera independiente, y refieren a la imposibilidad de acceder a prestaciones sociales del COLEGIO

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Estado que garanticen soluciones habitacionales. Según relatan los/ as trabajadores/as, no existen programas específicos transitorios ni definitivos que garanticen el derecho a una vivienda digna. Las alternativas más frecuentes tendientes a obtener una solución habitacional temporaria no son resultado de programas y políticas del Estado sino que son conseguidas por medio de las redes personales de los/as trabajadores/as. Esta situación hace que muchas de las personas externadas de los hospitales públicos, solo cuenten con una eventual ayuda familiar o terminen en situación de calle. En muchos casos, los/as profesionales deben recurrir a hogares de beneficencia o albergues en busca de soluciones de emergencia aun cuando no garanticen un abordaje integral y una alternativa sostenible para la inclusión social. Al mismo tiempo, la falta de sostenimiento de los vínculos entre usuarios/as con sus familiares, producto de internaciones prolongadas, obstaculiza la posibilidad de reinserción en la vivienda familiar y en su comunidad durante el proceso de externación. En estas circunstancias, los/as usuarios/as quedan vinculados al ámbito de la institución de la cual fueron externados/as, para acceder a recursos básicos como la alimentación, la vestimenta, el aseo o el alojamiento. Esto es contrario a los objetivos de externación basados en la reinserción dentro del ámbito comunitario, ya que contribuye a la permanencia de las personas alrededor de las instituciones manicomiales para resolver problemáticas sociales de diversa índole. La normativa vigente en salud mental establece que la transformación del sistema de atención requiere de la implementación de acciones tendientes a la inclusión comunitaria, a través de dispositivos sustitutivos al manicomio (hospitales de día, casas de medio camino, casas de convivencia) y del desarrollo de una red de servicios con base en la comunidad que contemple la atención ambulatoria, domiciliaria y en centros de atención primaria de la salud (art. 9 y art. 11, LNSM). Sin embargo, en la provincia de Córdoba aún no se cuenta con suficientes dispositivos que contribuyan al sostenimiento de la atención en salud mental de los usuarios que se encuentran en un proceso de externación. La accesibilidad a las denominadas Casas de Medio Camino resulta una estrategia por demás limitada dado que, en la actualidad, en el sector público no se cuenta con dispositivos suficientes. En este marco, se destacan las estrategias construidas por parte de los/as trabajadores para hacer frente a estas limitaciones, como la iniciativa de un grupo de trabajadores/as del Hospital Neuropsiquiátrico que, en la actualidad, sostiene un dispositivo de Casa de Convivencia que es autogestionado y coordinado a partir del propio esfuerzo de profesionales, de donaciones de particulares y de aportes que realizan los/as usuarios que habitan este espacio a través de sus pensiones no contributivas. Aun cuando la problemática de vivienda se presenta como el COLEGIO

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principal factor que prolonga innecesariamente las internaciones, se advierte una insuficiencia de dispositivos sustitutivos del ámbito público, así como la ausencia de respuestas habitacionales desde el Estado (programas específicos, subsidios económicos) que resulten de una coordinación de las políticas públicas en materia de vivienda, seguridad social y salud para personas en proceso de externación.

4. Seguridad Social Al momento de esta investigación no se registró en Córdoba ningún programa específico de seguridad social para favorecer la externación de las personas que atravesaron trayectorias de institucionalización en salud mental. La Pensión No Contributiva por Discapacidad se identificó como la única contribución estatal para abordar el ingreso regular de recursos a las personas con discapacidad psicosocial en proceso de externación. Sin embargo, a partir del análisis realizado, se consideró que el monto asignado por la pensión resultaba insuficiente en tanto era inferior al costo de vida promedio, sobre todo de personas en proceso de externación que se encuentran afectadas por las diversas barreras para la inclusión social ya mencionadas. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) aparece como un requisito para acceder a las previsiones del sistema de seguridad social nacional, así como a otros derechos sociales tales como salud y transporte. Particularmente, el CUD promueve el acceso a servicios de salud, de acompañamiento y apoyo para personas con discapacidad, en el ámbito público de manera gratuita y en el privado a modo de cobertura. Sin embargo, esto que debería presentarse como un “ajuste razonable”4 acorde a lo establecido por la CDPD, muchas veces termina convirtiéndose en una “pre-condición” para el acceso a derechos básicos. Así, en el caso de usuarios/as que no cuentan con apoyos familiares ni económicos y que se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad social, la obtención del CUD aparece como una de las principales alternativas para posibilitar el acceso a ciertas prestaciones. Los/as trabajadores/as entrevistados/as reconocen una desventaja en el hecho de tener que “discapacitar” a alguien para que acceda a un derecho. Señalan que resulta “obturante” para las personas, considerando el estigma existente en relación a las personas con discapacidad, lo cual termina cristalizando situaciones de exclusión social. A su vez, se refieren a la contradicción inherente de “discapa-

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... no basta con la transformación de manera aislada de las prácticas asilares y manicomiales si ello no encuentra sustento en políticas integrales de los distintos sectores y niveles del Estado que promuevan, protejan y restituyan los derechos de las personas que demandan atención en salud mental.

citar” a los participantes de los dispositivos de externación, cuyos objetivos deberían orientarse, precisamente, a “capacitar” a las personas para la vida autónoma. En cuanto a resultados cuantitativos, se registró que un 75% de las personas encuestadas contaba con el CUD y esta cifra ascendía a un 94% si se considera también a quienes se encontraban con el CUD en trámite. A pesar de que la gran mayoría de la población encuestada contaba con el CUD, se observó de parte de las personas usuarias un desconocimiento significativo y una falta de información sobre derechos en seguridad social, que se visibilizó, particularmente, en una confusión generalizada en relación a las prestaciones, sus alcances y limitaciones. La mayoría de las personas usuarias considera al CUD como un beneficio para acceder principalmente al transporte gratuito –un 75% de los entrevistados accede a este beneficio-, y lo valorizan solo en relación a ello, desconociendo los alcances de esta prestación en cuanto a la garantía de otros derechos. Sin embargo, se mencioCOLEGIO

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nan algunos obstáculos para acceder a este beneficio, tales como la solicitud de informes sociales de pobreza por parte de entidades municipales como precondición para acceder al pase libre, lo cual da cuenta del intento de focalizar esta prestación hacia grupos en situación de vulnerabilidad, contrario al principio de universalidad inherente al Enfoque de Derechos. Otro de los obstáculos es interpuesto por las mismas empresas de transporte que, en ocasiones, solo permiten subir al colectivo a una sola persona con pase libre de transporte, argumentando la existencia de “cupos limitados” por vehículo, lo cual es también contrario a lo previsto por las normativas en materia de discapacidad.

5. Derecho al Trabajo En relación a las posibilidades de ejercer el derecho al trabajo, resulta relevante referir a los cambios en la situación laboral de los/as

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usuarios/as encuestados/as y su relación con los procesos de internación/externación. Al respecto, el 87% de los usuarios/as afirmó que trabajaba antes de ser internado, cifra que desciende a un 56% luego de haber atravesado una internación. Cabe destacar que, entre las personas que indicaron trabajar luego de la internación, la mitad manifestó hacerlo en el marco de los talleres brindados por el dispositivo en el que se llevó a cabo la investigación (CRSL), pese a que tales actividades no implican per se una inserción laboral sino que se presentan como acciones tendientes a la rehabilitación sociolaboral y, por tanto, no cuentan con una retribución económica regular, igualitaria, progresiva e inalienable, sino con un peculio que representa un estímulo para la asistencia al centro. Por su parte, quienes han reconocido trabajar por fuera de este marco institucional desarrollan trabajos informales de manualidades, construcción, carpintería y plomería a modo de “changas”, con retribuciones irregulares y reducidas, lo cual perpetúa las condiciones de pobreza. En lo que respecta a las políticas de empleo existentes, se presentan serias limitaciones y dificultades para su acceso por parte de usuarios/as en proceso de externación. En relación a los programas sociolaborales existentes –tanto los de dependencia nacional como provincial y efectuados con coordinación municipal-, si bien cuentan con un sistema de asignación de cupos para personas con discapacidad, se considera que la incorporación por parte de los/as usuarios/as de servicios de salud mental resulta por demás limitada, además de que no representa una inserción real y permanente en el mundo del trabajo. Se observan resistencias a nivel municipal y provincial para reconocer el padecimiento mental como una discapacidad, y promover políticas de inclusión laboral específicas que contemplen no solo las discapacidades motrices, cognitivas, sensoriales, sino también la discapacidad psicosocial. En este sentido, existe una discriminación agravada hacia las personas con discapacidad psicosocial respecto al colectivo de las personas con discapacidad, lo cual dificulta aún más la incorporación a programas sociolaborales como la posibilidad de acceder a un empleo formal en dependencias del Estado a través del sistema de cupos. La posibilidad de desarrollar un trabajo independiente encuentra limitaciones que se traducen en excesivos requisitos técnicos, jurídicos y administrativos para el acceso a subsidios para microemprendimientos, y se conjugan con la escasez de acompañamiento por parte del Estado en la gestión y sostenimiento de las iniciativas de autoempleo. Respecto a la incorporación laboral en el sector privado, se encuentran limitaciones ligadas a la persistencia de prejuicios y temores en relación al padecimiento mental, basados en la atribución de características como la incapacidad y la peligrosidad. A su vez, la incompatibilidad entre las pensiones no contributivas y el trabajo en relación de dependencia lleva a los/as usuarios/ COLEGIO

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as –en las escasas ocasiones en las que es posible acceder a un empleo formal- a tener que optar entre una tarea laboral de duración incierta y el sostenimiento de la pensión que, aun siendo un ingreso insuficiente, presenta cierta regularidad. Las diversas condiciones señaladas dificultan la inserción laboral efectiva y real por parte de las personas en proceso de externación, quienes solo se encuentran con la posibilidad de desarrollar trabajos informales y esporádicos. La ausencia de una ocupación remunerada y regular se presenta como una barrera que limita los procesos de externación e inclusión social.

6. Acceso a la justicia y conciencia de derechos Los resultados obtenidos reflejan que las personas usuarias entrevistadas poseen un amplio desconocimiento acerca de los contenidos de las leyes de salud mental y los derechos reconocidos. Se advierte que, en su mayoría, no se reconocen a sí mismos como sujetos con derecho a exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones; ni tampoco como ciudadanos con la posibilidad de participar en la discusiones necesarias para el establecimiento de políticas públicas que los contemplen y que se ajusten a dichas normativas. Esto se relaciona a la insuficiencia de programas que promuevan el acceso a la información para que las personas usuarias tomen conocimiento respecto de sus derechos y sus mecanismos de exigibilidad. La investigación muestra que los usuarios/as y equipos de salud mental no reconocen al sistema de administración de justicia como ámbito con capacidad para garantizar sus derechos. En las personas usuarias, esta situación se vincula tanto con las barreras y dificultades materiales de acceso como con el desconocimiento de las funciones y el rol que la justicia debe cumplir, así como respecto de su derecho de acceder a esta. En los integrantes de los equipos de salud, si bien algunos aspectos planteados por el marco legal vigente han logrado mayor apropiación, otros aún no han sido incorporados a la práctica cotidiana. En términos cuantitativos, se registró que el 50% de los usuarios entrevistados refirió haber detectado situaciones de abusos, malos tratos u otras violaciones de derechos humanos durante la internación en instituciones monovalentes públicas de la provincia. Sin embargo, ninguno llevó estos reclamos a la justicia y solo el 25% lo comunicó al equipo de salud, cuyos resultados fueron acciones in-

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suficientes, nulas o, en algunos casos, se implementaron respuestas que aumentaron la violación de sus derechos (por ejemplo, algunos usuarios expresaron que ante la denuncia de situaciones de vulneración, recibieron como respuesta represalias utilizando las salas de aislamiento). Se visualizó también que existe cierta naturalización de la violencia institucional ocurrida durante las internaciones, ya que en general se identifican solo situaciones de violencia “situacional”, es decir de maltrato físico. Esto permite concluir que las personas usuarias reconocen las vulneraciones ligadas a obligaciones negativas del Estado, y no así su responsabilidad como garante de los derechos económicos, sociales y culturales.

Organización de las Naciones Unidas. ONU. Nueva York, EE.UU. Ley Nacional de Salud Mental 26.657; Decreto Reglamentario 603/2013. (2010). Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Argentina. Ley Provincial para la Protección de la Salud Mental Nº 9848; Decreto Reglamentario Nº 1022/11. (2012) Ministerio de Salud. Córdoba, Argentina. Organización de Estados Americanos (1988). Asamblea General. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador. San Salvador: OEA.

Notas 1

7. Reflexiones finales 2

A siete años de la sanción de las leyes de salud mental, en la provincia de Córdoba no se identifican las condiciones adecuadas para avanzar en la plena implementación de las leyes de salud mental desde un enfoque de derechos humanos. La coexistencia simultánea de paradigmas contrapuestos en lo que respecta a la atención en salud mental, requiere de una voluntad política que se materialice tanto en el fortalecimiento de estrategias integrales y humanizadas como en la abolición de las prácticas violatorias de los derechos humanos. En este sentido, y acorde a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos reconocidos, no basta con la transformación de manera aislada de las prácticas asilares y manicomiales si ello no encuentra sustento en políticas integrales de los distintos sectores y niveles del Estado que promuevan, protejan y restituyan los derechos de las personas que demandan atención en salud mental.

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4

El equipo de investigación de Córdoba estuvo conformado por Laura Atala, Soledad Buhlman, María Paz Caminada Rossetti, Sol Victoria del Carpio, Yohana Sosa, y Solana Yoma, y contó con la coordinación de Jacinta Burijovich. El Centro de Rehabilitación Socio-Laboral es una institución pública provincial dependiente del Ministerio de Salud que tiene por objetivos la rehabilitación y reinserción socio-laboral de usuarios de servicios de salud mental. Cuenta con cuatro programas específicos: Programa Socio-Laboral, Programa Socio-Cultural, Programa Deportivo-Recreativo y Programa de Extensión Comunitaria. Se aplicó un cuestionario de manera individual a usuarios que estuvieron internados en instituciones monovalentes de la provincia de Córdoba y que actualmente están vinculados al CRSL. Por su parte, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a trabajadores de este dispositivo, entre los que se cuentan: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y monitores o instructores técnicos de los programas. Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (art.2, CDPD)

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La salud mental como articulador del acceso a los derechos humanos en atención primaria de la salud Autora: Lic. Ángela Cardella

Palabras promoción de la salud, interdisciplina, ética, claves epidemiología

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I. La promoción de salud ¿cuestión de salud mental?

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abe abordar, en primer término, por qué hablamos de promoción de salud y no de prevenir en salud. Históricamente, se han tomado estos conceptos como referidos a objetivos comunes. Empero, consideramos que promover en salud no debe circunscribirse a prevenir afecciones; lo que largamente estuvo limitado a las llamadas “prevenciones específicas” y abordado desde criterios normativos –la “educación para la salud”. La demanda en atención primaria suele centrarse en dificultades que hacen a la interrupción de un “estado de salud” vivido como tal por quienes consultan. Y cabe responder a esta demanda. Pero ello no debe agotar la propuesta. Si nos planteamos una política sanitaria centrada en la salud no cabe focalizarnos en la enfermedad. Antes bien, las políticas sanitarias debieran diseñarse considerando las condiciones de vida que permitan una mejor salud. En 1978, la OMS y UNICEF convocan a una conferencia internacional para tratar estas cuestiones en la ciudad de Alma Ata. De lo que allí se trató nace lo sustancial de la conceptualización de APS (1). En la Declaración de Alma Ata encontramos como ejes centrales la promoción de salud y la participación colectiva, cuando define a la Atención Primaria de la Salud como: COLEGIO

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“la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. En todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación (…) representa el primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”. “Una asistencia sanitaria esencial, socialmente aceptable” significa que las prácticas, a fuer de científicas, no vayan a contrapelo de costumbres y valores de cada comunidad, tanto en sus objetivos

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como en el lenguaje con que se los propone. Un ejemplo: si queremos acercar a las mujeres de las comunidades bolivianas y jujeñas que cultivan hortalizas en el cinturón del AMBA (área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires) a las necesidades de higiene que impone el clima de un hábitat distinto al de origen, deberemos tener en cuenta tanto sus costumbres como sus condiciones de vida actuales; suministrando en el ámbito del efector de salud el espacio adecuado para esa higiene y –sobre todo- proponiendo esta con la explicación pertinente formulada sin términos peyorativos. Participación, entonces, no será imponer sino dialogar. La Declaración de Alma Ata es hija del apogeo del Estado de Bienestar. Y es su canto del cisne. Su declinación permite el hincapié en párrafos que devienen “palabras trampa”, dando lugar a su desvirtuación. “…a un costo que la comunidad y el país puedan soportar” deviene en justificación del declinar de una Atención Primaria muy acertadamente denominada por Mario Testa “atención primitiva” (2). Se recortan prestaciones básicas y avanzan alternativas focalizadas en sectores de la comunidad desde supuestos de “riesgo” que lesionan derechos y participación al desconocer su universalidad. La llamada Cobertura Universal del Salud (CUS) es una expresión actual de las que denominamos “palabras trampa” de la Declaración de Alma Ata. No tendríamos que hablar de “cobertura” si fuera realmente “universal”. (3).

II. Salvando la trampa de “lo posible” con el acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) Y aquí entramos en el papel de la Salud Mental en las prácticas del equipo de salud. El desarrollo, en las últimas décadas, de una praxis en Salud Colectiva que hace del pensamiento complejo el cimiento de una genuina interdisciplina va de la mano con el retorno al espíritu de Alma Ata. Aquella nunca va a provenir de una yuxtaposición de saberes (aunque a veces oigamos postular disparates del orden de “pasar de la multidisciplina a la transdisciplina”). Porque no solo cabe rescatar el diálogo como eje de la comunicación del efector de salud con la comunidad, sino que corresponde privilegiarlo al interior del equipo mismo. El trabajo construirá, desde la integración de las distintas disciplinas, una mirada polifacética sobre la problemática que demanda tratamiento –en lo individual, familiar, comunitario. La cooperación de saberes también cabe apuntando a la simetría en el interior del binomio efector/consultante. Esto se logrará abandonando el lugar de quien tiene todas las respuestas e invitando al interlocutor a “pensar juntos”, proponiendo un ejercicio de COLEGIO

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apropiamiento de las herramientas de introvisión. “Interdisciplina” será el resultado de una construcción cotidiana de los integrantes del equipo en su territorio. Que permitirá, al integrar a la comunidad, pasar de la verticalidad del saber profesional a la cooperación de los saberes. Por esto postulamos que solo en el respeto a los DESC puede basarse una genuina APS.

se privilegia promover, investigar y atender. ¿Cómo se construye el panorama que los equipos de APS tratan? Acá entramos en la problemática de la epidemiología. En uno de sus primeros trabajos (4) publicados sobre Epidemiología Comunitaria, Gianni Tognoni, autor de este concepto, nos dice, refiriéndose a la Declaración de Alma Ata, que “la revolución declarada tiene que ser realizada” porque: …la APS está siempre en el primer lugar en las declaraciones de principios pero los presupuestos de salud siguen estando desequilibrados a favor de los hospitales y de los médicos. En la formación casi nada ha cambiado y cuando las políticas económicas de reajuste imponen cortes, lo más directamente golpeado son las necesidades básicas de la gente, con consecuencias importantes y a menudo dramáticas en los estratos más débiles de la población.

III. La APS como puerta de entrada y la operatividad en la consulta como cuestión ética Ahora, ¿están capacitados los integrantes del equipo de salud para respetar la cooperación de los saberes? Sabemos que la academia no los forma para eso. Salvo muy honrosas –y cada vez más escasasexcepciones, nuestros profesionales de la salud se instalan desde su formación como instructores de sus saberes y no como actores dialogantes con quienes consultan. Pese a que no carecemos de conceptualizaciones teóricas para fundamentar una técnica que apunte hacia la simetría. Ya que en la formulación pichoniana de la tarea como núcleo central del operar del grupo se articulan teoría y técnica en una praxis genuina. Y ¿cómo nace esta conceptualización? En los años 40, trabajando en un servicio del Hospital Borda, la necesidad de cubrir la labor cotidiana de vida y cuidado de los internados hizo que Pichon los habilitara, desde su participación grupal, en la resolución de esas cuestiones vitales. Así, la democratización en el hacer sacó a los “enfermos” del lugar de cosa para ubicarlos en el de sujetos que inauguraban, con su participación, el ejercicio de derechos. Por esto es que consideramos que el aporte de Enrique Pichon Rivière y sus continuadores de la escuela argentina significa el encuentro de la ética con la teoría de la técnica, desde una auténtica cooperación de los saberes en la práctica; que, lamentablemente, es poco tenida en cuenta en los ámbitos académicos más ligados a la salud mental – por ejemplo, las currículas de los pregrados de Psicología.

Salud Mental y Derechos Humanos

¡En 1990! En esto la historia, más que repetirse, continúa… y como tragedia. En el presente contexto mundial, ¿por qué nos ocupa la epidemiología en relación con el derecho a la salud? Si la definición clásica de la epidemiología es la de “ciencia que estudia el desarrollo y la historia de las enfermedades en la población”, suponemos que ha recogido, con mayor o menor rigor, la incidencia de los factores socioeconómicos en la salud. Ahora bien, estos conocimientos, que son producto del accionar de especialistas, siguen en manos de académicos cuando se trata de producir política sanitaria. Lo “comunitario” es “adjetivo”, nos dice Tognoni: Y de lo que se trata es de realizar, de pensar la salud a partir de la gente, de su formulación acerca de su vida cotidiana, de sus condiciones en cuanto a trabajo, hábitat, alimentación, esparcimiento analizados en su propio lenguaje. Y para tomar decisiones a fin de que pueda cambiarse lo que no está bien.

IV. El ejercicio del derecho a la salud por sus actores genuinos: la Epidemiología Comunitaria

¿Cuánto y cómo tiene que ver esta cuestión de la manera de atender, “en el primer contacto de individuos, familia y comunidad con el sistema nacional de salud”, con la salud mental y los DD.HH? Si una persona o un grupo humano se sienten escuchados y reconocidos en sus capacidades y lenguajes, desde la respuesta en un lenguaje comprensible para ellos, por quienes la reciben, podrán establecer un diálogo que será recíprocamente esclarecedor; cimen-

No solo en cómo se aborda el trabajo en salud desde esa “puerta de entrada” que es la APS debiéramos considerar el respeto a los DD.HH. También en qué cuestiones se tienen en cuenta, en lo que COLEGIO

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tando a la vez la posibilidad de ampliar los conocimientos sobre el decurso futuro de la cuestión que motivó el contacto. Si la salud de una comunidad es realmente “cuestión de todos”, la salud mental está asegurada. Al garantizarse el derecho del pueblo –que incluye tanto a asistidos como a trabajadores de la salud- a decidir sobre sus problemas, se consolida su salud. Si sabemos que no hay salud mental sin salud, tampoco habrá salud sin el ejercicio de su derecho. Pero esto, no es tan simple como parece al decirlo. Venimos de siglos de paternalismo autoritario en todos los órdenes. Y, particularmente, en educación y salud. Y esto hace que todavía en el imaginario social se identifique la calidad en salud con los espejitos de colores de la tecnología “avanzada” en los centros “de máxima complejidad” y la farmacología de última generación como única resolución para los problemas de salud. Para que esto no sea visto así por nuestra sociedad, esta deberá recorrer el camino de convalidar la confianza en su propia capacidad de ver y pensar colectivamente. En el equipo de salud también se abroquela el pensamiento hegemónico. La panacea farmacológica refuerza la distancia paternalista o autoritaria en el vínculo con los asistidos. Al que no somos ajenos los profesionales de salud mental, frecuentemente epígonos del modelo médico hegemónico. En un trabajo que presentamos hace treinta y un años en esta misma ciudad, en el contexto de un congreso de FePRA, decíamos:

lidad de prevenir el inconsciente”. Se intenta confundir la implementación de nuestras herramientas conceptuales para operar en la realidad social con su utilización en el abordaje individual, en un escamoteo que no es inocente. Se intenta así que el conocimiento comience y termine en los profesionales. Se reniega del objetivo sustancial del análisis para poder mantener la hegemonía absoluta sobre este, porque uno de los hechos que más temen las clases dominantes es la apropiación social del conocimiento.

Bibliografía (mencionada y de ampliación) 1) OMS Declaración Alma Ata, URSS 1978.

2) Testa, Mario: “Atención Primaria o atención primitiva”. Cuadernos Médico Sociales. Nº 34, Rosario, Argentina, 1985. 3) En la pág. Web de ATE – IDEP Salud, diversos documentos referidos a la CUS. 2026/17. 4) Tognoni, Gianni: “Epidemiología”. Salud y Sociedad. Nª 23, Córdoba, Argentina.

Pichon Rivière, Enrique (en colaboración con Armando Bauleo) “La noción de tarea en psiquiatría”. Del Psicoanálisis a la Psicología Social, tomo II. Galerna, Buenos Aires, 1971. Menéndez, Eduardo: “El Modelo Médico y la Salud de los Trabajadores”. Basaglia, Franco y otros. La Salud de los Trabajadores, Nueva Imagen, México, 1984. Asel, Iván; Burijovich, Jacinta: “La Estrategia de Atención Primaria de la Salud: ¿progresividad o regresividad o regresividad en el derecho a la salud? Rev. De Salud Colectiva, n°5, Lanús, 2009. Yedaide, Olga; Cardella, Ángela: “La Interdisciplina, los DDHH y la Salud de tod@s”. Actas del VI Congreso de ULAPSI, Buenos Aires, junio 2016.

Se ha llegado… a negar la posibilidad de que el conocimiento psicoanalítico pueda ponerse al servicio de la promoción de salud, bajo la falsa premisa de la “imposibiCOLEGIO

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Cardella, Ángela: “Notas sobre la tarea del psicólogo como trabajador de la salud mental”. Espacios y Propuestas, n° 9, 1986.

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Salud mental en contextos de encierro. Un estado de situación desde la perspectiva de Derechos Humanos

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En este contexto se avanzó en los siguientes temas: Respecto al rol del psicólogo, en contextos de encierro –como profesional/trabajador de la salud mental, en entornos ligados al poder judicial-, se desprende que, dada su formación, hábitos y costumbres y la lógica propia del contexto institucional carcelario donde se desempeña y/o la lógica del poder judicial con el que convive, este tiene grandes dificultades para definir su rol, en lo que hace a su participación como profesional /trabajador de la salud; es decir, la tarea que lo diferencia de un perito forense o auxiliar de justicia. En el contexto de la investigación –y colocando como eje a la problemática en la hipótesis de trabajo-, se plantea la necesidad de trabajar este aspecto ya que, inevitablemente, la dificultad de la definición de un rol en estos tres aspectos dificulta el pleno ejercicio del derecho a la salud y a la salud mental en los respectivos titulares.

Autor/es/as: Eduardo Fabián Cossi 1, Natalia Sereno 2

Salud Mental y Derechos Humanos

Palabras Encierro. Salud. Mental. Derechos claves

Resumen Se presenta el avance de una investigación homóloga realizada con el título del trabajo, radicada en el Observatorio DESC de UNTREF. El trabajo se centró en la relación entre las prácticas psicológicas profesionales, los contextos de encierro carcelarios y las decisiones e intervenciones del poder judicial. Considerando que las “buenas prácticas” de profesionales de la salud son, desde una perspectiva de derechos, garantía de protección de estos y, las falencias en ellas, por consiguiente, representan vulneraciones a los derechos a la salud y a la salud mental en particular, cabe reflexionar sobre el estatuto de estas situaciones. Para ello, se organizó una mesa de trabajo interinstitucional donde participaron diferentes equipos, todos ellos ligados a prácticas psicológicas profesionales y al ámbito jurídico. Entre algunas de las instituciones que participaron entre el año anterior y el corriente, se pueden mencionar:

Como primera síntesis, entre los ejes específicos que se trabajaron se pueden mencionar: a) El papel del psicólogo, su definición y su desempeño particular en la elaboración de informes dentro del sistema carcelario. b) El problema de la confidencialidad y su delimitación (sus límites en los procesos judiciales y las condiciones de esta como derecho en las situaciones de entrevista psicológica carcelaria). c) Alcances, limitaciones y posibilidades del tratamiento psicológico en contextos de encierro psicológico.

„„ Equipo de docencia e investigación del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA)., dependiente del COLEGIO

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en convenio con UNTREF. Integrantes del equipo interdisciplinario del Programa de Salud en Contextos de Encierro, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud Ministerio de Salud de la Nación. Integrantes del equipo interdisciplinario de Salud Mental de la Dirección General de DD.HH. de la Procuración Penitenciaria Nacional. Integrantes de las ONG “Limando Rejas” y “Yo no fui” Integrantes de Asociación de Pensamiento Penal (APP) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) capitulo Niñez y Adolescencia.

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Como hipótesis auxiliar, se considera que el encierro, como componente relacional e institucional inherente a ciertas instituciones asistenciales, es un factor predominantemente lesivo del derecho a la Salud.

Trabajo

por equipos institucionales que se desempeñen en el ámbito de la salud y los DD.HH. (gubernamentales y no gubernamentales). Se toma también el Plan Nacional de Salud Mental, publicado en el 2013. En él se encuentran los principales antecedentes que permiten entender y justificar los objetivos de esta investigación. Allí se manifiesta el proceso histórico, social, cultural y económico que se produce en América Latina y, sobre todo, en la Argentina, hasta conformarse la perspectiva actual de la salud mental como derecho social. También su crítica y denuncia a la relación entre padecimiento mental y exclusión, solidaria del encierro y la violencia institucional ejercida sobre los titulares de derechos. En nuestro país existen experiencias de prácticas en salud mental que cuestionaban el orden manicomial psiquiátrico. Estas se iniciaron hacia fines de 1950 y se vieron interrumpidas por la última dictadura cívico-militar, con las devastadoras consecuencias que tuvo el terrorismo de Estado puesto en práctica por la dictadura y las políticas neoliberales que se aplicaron, en la década del 90, a los desarrollos retomados tras el advenimiento democrático, enmarcado en la doctrina del llamado “Consenso de Washington”. Estas políticas avanzaron en el desguace del Estado y el consiguiente arrasamiento de las políticas sociales. La década del 90, amparada en una democracia formal, aun-

En el marco de tareas de investigación del Observatorio de Derechos Humanos DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) de UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), se realiza una indagación interdisciplinaria sobre supuestas condiciones de protección del derecho a la salud mental en condiciones de encierro que, por su praxis, contextos y costumbres devienen en vulneraciones. En particular se observa la condición carcelaria y la institucionalización psiquiátrica. Para ello, se tomó como marco normativo la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental, 2010) y el Decreto Reglamentario 603/2013. También se consideraron la Declaración de Caracas, OPM1990; los Principios de Brasilia, 1990; e informes de organismos de DD.HH. locales, sobre el estado de situación de dicha problemática en nuestro país (CELS 2015). Se pretende establecer una relación entre encierro y vulneración del derecho social a la salud mental, y su articulación con el fenómeno de la violencia institucional, sus condiciones de producción, determinaciones y lógicas. Se privilegia el análisis de testimonios de personas que hayan estado o estén en condición de encierro y el relevamiento producido COLEGIO

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políticas de salud simultáneamente con los cambios sustanciales acontecidos en temáticas nucleares como justicia y derechos humanos, y políticas sociales, sanitarias y económicas. Las políticas de salud mental fueron enriquecidas con los avances de las experiencias ligadas a los derechos humanos. Desde este ámbito se denunciaba y luchaba contra la segregación y la violencia ejercida sobre las personas con padecimiento mental. Con la multiplicación, en el mundo y en la Argentina, de las luchas populares por la ampliación de derechos, las problemáticas de padecimiento mental y las maneras culturales de trato inhumano empiezan a instalarse como un problema que debe ser entendido como una violación a derechos fundamentales. Como hipótesis general, planteamos que desde el punto de vista de la Ley 26.657, la salud mental es reconocida como derecho y, por lo tanto, goza de protección como tal. La salud mental es entendida como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos” (art. 3). Por lo tanto, implica la trasformación de las prácticas institucionales relacionadas con su atención, de sus conceptos y lógicas correspondientes. Para ello es necesario una revisión crítica de estas, y la construcción de los dispositivos y estrategias metodológicas y técnicas necesarias que posibiliten esta revisión, sin la cual, las mismas prácticas corren riesgos de vulnerar el derecho en cuestión, en vez de proteger los mejores intereses de sus titulares. Como hipótesis auxiliar, se considera que el encierro, como componente relacional e institucional inherente a ciertas instituciones asistenciales, es un factor predominantemente lesivo del derecho a la Salud. Sostenemos que esta relación entre encierro y vulneración del Derecho a la Salud se expresa, entre otras formas, en términos definibles como de “violencia institucional”. Puede pensarse al encierro y sus lógicas como una de las formas de sistematización de la violencia en tanto vulneración de derechos. El testimonio de las víctimas del encierro permite analizar y comprender estas lógicas, sus determinaciones y componentes. En este contexto, planteamos la hipótesis de que estas lógicas de violencia institucional expresan determinaciones y componentes históricos, socioeconómicos y culturales; y que, por tanto, analizarlas abre luz sobre mecanismos y procesos sociales relacionados a la violencia en general y sus consecuencias, que redimensionan la delimitación adentro/afuera que supone el encierro y sus instituciones. Esto último proporciona un material que contribuye a otras in-

Salud Mental y Derechos Humanos

que excluyente, provocó efectos de interrupción de las prácticas que acontecieron en períodos anteriores y un incremento de daños poblacionales, además de la banalización descalificadora de terminologías y funcionamientos de dispositivos para las buenas prácticas en el campo de la salud mental. En el 2003 comienza un proceso de transformaciones –conducido, conjuntamente, entre los responsables del área de salud mental de la Nación y de las Provincias, en el ámbito de los respectivos Ministerios y/o Secretarías de Salud– que intenta integrar a sectores del Poder Judicial. Entre sus antecedentes, se destaca la reforma emblemática impulsada por Río Negro a partir de 1985, que incluyó la apertura de dispositivos de atención con base territorial y de servicios de salud mental en los hospitales generales, la conformación de equipos interdisciplinarios para atender problemáticas mentales en sus lugares de origen, y un trabajo comunitario con el eje puesto en la inclusión social de las personas con padecimiento mental; el cierre del hospital psiquiátrico en 1988, en el Alto Valle del Río Negro; y la Ley Provincial Nº 2440, llamada de “Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental”, en 1991. En el orden nacional, se comenzó a recrear y/o generar las condiciones para que el Estado retome un rol rector en la fijación de COLEGIO

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vestigaciones y problemas relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Creemos que esta relación entre violencia, encierro y tratamiento del padecimiento mental arraiga, entre otros factores, una fuerte relación histórica y cultural establecida entre castigo y culpabilidad, articulada a su vez a la relación “situación de vulnerabilidad” y culpabilidad. Razón por la cual las formas de castigo recaen sobre grupos en situación de vulnerabilidad, a partir de la culpabilización de la víctima de vulneración sobre la que recae, luego, el castigo como proceso de revictimización. La naturaleza de la tarea de investigación considera tres aspectos de fundamentación teórico-conceptual: el primero de ellos será tomado de la “Base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental”; el segundo, de la teoría y filosofía del derecho penal, relacionada con los fundamentos históricos, culturales y políticos del castigo (E. Zafarroni, A. Alagia, A. Daroki); y, por último, un tercer marco teórico que contemple la situación de testimonio de víctima de vulneración/violación de DD.HH. Durante el primer año, se trabajó en la organización y revisión de las hipótesis de inicio, y en su reformulación. El trabajo se centró en la relación entre las prácticas psicológicas profesionales, los contextos de encierro carcelarios y el poder judicial. Considerando que las buenas prácticas de profesionales de la salud son desde una perspectiva de derechos, garantía y protección de estos, las falencias en ellas, por consiguiente, representan vulneraciones a derechos a la salud y a la salud mental en particular. Luego, cabe reflexionar sobre el estatuto de estas situaciones. Se organizó, para tales objetivos, una mesa de trabajo interinstitucional, donde participaron diferentes equipos institucionales ligados a prácticas psicológicas profesionales o al ámbito jurídico, y distintas ONG.

En el segundo año, se incorporaron peritos integrantes de Asociación Pensamiento Penal, Capítulo Niñez y Adolescencia (APP), integrantes de la ONG “Yo no fui”, e Integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), para articular el análisis de las vulneraciones del derecho a la salud mental o su protección en contextos de encierro, con las variables de género y de la de niñez y la adolescencia. Entre las conclusiones parciales de avance, podemos decir que el rol del psicólogo (profesional/trabajador de la salud mental), en contextos de encierro, tiene por formación, por hábitos y costumbres, y por la lógica propia del contexto institucional carcelario donde se desempeña y/o la lógica del poder judicial con el que convive, grandes dificultades en definir su rol, en lo que hace a su participación como profesional /trabajador de la salud, es decir, la tarea que lo diferencia de un perito forense, o auxiliar de justicia. En este contexto es interesante la creación de PRISMA –que incorpora como novedad la existencia de programas de salud en contextos federales de encierro carcelario, de profesionales externos al régimen de dicho sistema– como programa preexistente a las reformas de la ley Orgánica del Sistema Penitenciario Federal (SPF). En el contexto de la investigación, y volviendo a la hipótesis de trabajo, planteamos la necesidad de trabajar este aspecto, ya que la dificultad de la definición de un rol en estos tres aspectos dificulta el pleno ejercicio del derecho a la salud y a la salud mental en los respectivos titulares.

A modo de síntesis, entre los ejes específicos que se trabajaron se pueden mencionar: El papel del psicólogo, su definición y, en particular, en la elaboración de informes en el sistema carcelario. Esta tarea se ve desdibujada, en muchos casos, por la escasa posibilidad de delimitación entre un informe pericial y un informe clínico.

Entre las instituciones que participaron en el 2016 se encuentran: „„ Equipo de docencia e investigación de. Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. „„ Integrantes del equipo interdisciplinario del Programa de Salud en Contextos de Encierro, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud Ministerio de Salud de la Nación. „„ Integrantes del equipo interdisciplinario de Salud Mental de la Dirección General de DD.HH. de la Procuración Penitenciaria Nacional. Coordinado por la Licenciada Liliana Martínez. „„ Integrantes del colectivo “Limando Rejas”. COLEGIO

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Observamos las siguientes relaciones: a) El problema de la confidencialidad y su delimitación. Se trabajó en dos sentidos: los límites de la confidencialidad en los procesos judiciales, y las condiciones de confidencialidad como derecho en las situaciones de entrevista psicológica carcelaria (Grupo equipo PPN); ambos aspectos relacionados a la autonomía profesional psicológica –frente a la autoridad judicial, en el primer caso, y a la penitenciaria (seguridad) en el segundo– respecto de la exigibilidad de protección de los derechos del paciente, titular de derechos. b) Los límites, alcances y posibilidades del tratamiento psicológico en contextos de encierro carcelario. Observamos aquí que los dispositivos tradicionales (entrevista psicológica individual) son los más formalmente reconocidos por el sistema carcelario o instituto de sistema cerrado, pero este reconocimiento no se condice con la representación de los espacios de salud/salud mental referidos en los testimonios de los afectados, más afines con los lineamientos colectivos, comunitarios intersectoriales que enuncia la ley 26.657, donde la salud mental y sus condiciones de producción deja de pensarse desde la exclusividad del ejercicio de las prácticas profesionales matriculadas de salud mental. Por lo tanto, se visibilizó la necesidad de profundizar en los profesionales/trabajadores de la salud, el alcance y límite de la ley nacional de salud mental actualmente vigente, y su relación con el orden normativo-jurídico del contexto carcelario: la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario federal y la ley 24660 de ejecución penal. En lo concerniente a estas tres leyes y sus relaciones, se plantearon problemas metodológicos concernientes a las modificaciones en estos documentos jurídicos sufridos durante el período de esta investigación, que según lo expresado, no dejan de tener injerencia en el análisis propuesto.

que crea la Agencia Federal de Reinserción Social y Administración de Penas, y deroga la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, Ley N.º 17.236 (texto sustituido por la Ley N.º 20.416) b) El proyecto de reforma de la ley 24.660 de ejecución penal. c) Limitaciones a la vigencia y reglamentación de la Ley 26657 y su decreto reglamentario 603, expresadas en la resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada el 19 de julio en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la 1484, de septiembre de 2015, y en los proyectos de reforma del Órgano de Revisión Nacional y el Artículo 4 de la Norma. Todas estas reformas son y fueron objetos de observación y crítica de organismos de derechos humanos, organizaciones de profesionales y usuarios, por los puntos en que representan, respecto de la garantía y protección de Derechos, aspectos regresivos. Respecto de las modificaciones a la ley Nacional de Salud Mental, las observaciones existen al interior mismo de su Consejo Consultivo Honorario que debía participar en la aplicación de la derogada resolución 1484. En este sentido, se trabajó desde los documentos de la normativa nacional e internacional en materia de protección de derechos, entre algunos de los documentos. Por caso Declaración de Caracas OPS. Principios de Brasilia y las “Reglas Mandela” (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los. Reclusos, del Consejo económico Social de Naciones Unidas, Viena 2015). En el último año, incorporamos a nuestra temática de trabajo temáticas como género, niñez y adolescencia, junto con el marco legal de las leyes 26061, 26485 y sus respectivas convenciones internacionales. En lo que respecta a los estándares mínimos en el Derecho Penal Juvenil consideramos: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). Estos grupos poblacionales específicos, considerados “en situación de vulneración”, expresan junto a la condición de vulneración económica y social de la población carcelaria en sí misma, un complejo sistema de yuxtaposiciones de vulneraciones que permite visibilizar con claridad y nitidez la lógica misma del sistema carcelario,

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Durante el 2016 los tres instrumentos sufrieron las siguientes vicisitudes: a) El anteproyecto, proyecto y promulgación posterior de la ley

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que confirma nuestra hipótesis de partida. En este contexto cabe reflexionar sobre una variable a la que conviene atender como nueva modalidad de vulneración. Paradójicamente, nos referimos a la noción misma de protección; originalmente, nacida de la preocupación por el respeto, garantía de los derechos y libertades fundamentales que colocan a la persona como titular del derecho internacional. Decimos paradójica porque con claridad puede verse que bajo la idea de protección se produce un sinfín de vulneraciones que se suman a las ya existentes en el sistema carcelario para la población joven adulta masculina. Como ejemplo de ello, se menciona brevemente la situación de los institutos de menores, de sistema cerrado –eufemísticamente llamados institutos socioeducativos–, cuya situación de vulneración sistemática y estructural de derechos para el sistema federal, fue recientemente expresada en la reciente Recomendación N.° 856 PPN, del 16 de febrero del 2017, de la Procuración Penitenciaria Nacional. Allí se destaca: la comunicación (o su ausencia), las condiciones degradantes de requisa, y la deficiente infraestructura de estos centros de privación de la libertad, castigo y encierro. Según se infiere de otros testimonios, esta situación es análoga en institutos de la provincia de Buenos Aires. Otra situación se observa con respecto a las mujeres y a los niños: un caso extremo refleja la situación de encierro en madres con hijos menores de cuatro años, cuya exposición a múltiples vulneraciones fue motivo de denuncia reiteradas por diferentes ONG. Así como la lógica de la protección se vuelve, junto a la de la seguridad, sinónimo siniestro de vulneración y violación de derechos, otro tanto corresponde a la idea de integralidad. Los marcos normativos dejan, por definición, zonas de opacidad legal libradas a las prácticas que quedan, así, sometidas al ejercicio de la lógica vindicativa de castigo carcelario, que desoye las obligaciones contraídas por el Estado respecto de la protección de derechos de las personas privadas de su libertad. Nuevamente, confirmamos la hipótesis de pensar la necesidad de trasformar las prácticas concretas en los espacios institucionales de encierro, y que el marco normativo es objeto de guerras y disputas hermenéuticas respecto a sus aspectos y componentes ético-políticos. En otro orden de ideas, y en consonancia con lo los principios de la ley 26.657, notamos, como dijimos, que existen por fuera de los dispositivos tradicionales de psicoterapia –formalmente reconocidos como elementos del sistema de encierro, confundidos y desdibujados en el marco del tratamiento de resocialización/ reeducación/reinserción–, verdaderos espacios de producción de salud (salutogénicos) que coinciden con ámbitos de inserción institucional gubernamental y no gubernamental en el sistema carcelario pero al mismo tiempo externos y autónomos (relativamente) y críticos en su posicionamiento respecto de las lógicas institucionales de encierro (la institución en sí, como proceso iatrogénico y de vulCOLEGIO

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neración de la salud mental como derecho, en sus aspectos sociales, económicos, jurídicos, psíquicos y físicos.) Por lo tanto, se infiere de los relatos de agentes trabajadores e internos, el lugar terapéutico (de salud) que ocupan, a veces más problemáticamente que otras, operadores de institutos de menores, peritos forenses, equipos técnicos de la procuración penitenciaria, talleristas y talleres de ONG, asesorías legales y jurídicas informales de instituciones cono el CUD, para mencionar algunos., y el proyecto PRISMA, como prototipos de modelo interministerial de Salud Mental.

Conclusión Se demuestra que el contexto de encierro es un componente que vulnera en múltiples sentidos el derecho a la salud mental, entre otros derechos, en sus componentes: socio-económicos, culturales, institucionales y psicológicos; que expresa una lógica social de castigo que recae y se incrementa principalmente en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; y que su protección y respeto implica la trasformación de las prácticas institucionales relacionadas con su atención, de sus conceptos y lógicas correspondientes y la apertura de los dispositivos terapéuticos respecto de sus modelos tradicionales, hacia modelos intersectoriales y colectivos de carácter comunitario.

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Doctorado en psicología, UBA, especializado en Salud Mental y Derechos Humanos. Investigador formado UBA UNTREF actualmente director de investigación en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (DDHH y SALUD MENTAL). Coordina el área formación e-learning en la Universidad Tecnológica Nacional (Área Salud y Medicina). Desde hace más de veinte años, se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires UBA de UNTREF y de la Patagonia Austral UNPA, donde creó y dirigió carreras de formación de grado. Es autor de artículos y capítulos de libros especializados. Cuenta con una vasta experiencia en docencia e investigación acreditada. En el campo de los Derechos Humanos se desempeñó en el campo de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes desde el 2007 al 2010. Del 2010 al 2013, en la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, como integrante del Observatorio de Derechos Humanos DESC en la provincia de Buenos Aires. Desde el 2013 a la fecha, como coordinador del Observatorio de DD.HH. DESC de UNTREF. Abogada, especializada en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires, años 1994-2000). Desempeño en el área Discapacidad y DD.HH. y Género. Docente. Cursó estudios en la carrera de Licenciatura en Letras de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2003 y 2012 y, actualmente, de Licenciatura en Psicología, también en la Universidad de Buenos Aires, y Psicología Social en la Escuela de Psicología Social para la Salud Mental, dirigida por Alfredo Moffatt.

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Producción de información para el monitoreo de políticas públicas: Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos

1. Introducción

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a sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y Provincial 9.848 en el año 2010, representa un hito central en los procesos de transformación de las políticas, las prácticas y los servicios de salud mental. Enmarcadas en un enfoque de derechos humanos, implican un reconocimiento universal a la dignidad de las personas con padecimiento mental, lo cual requiere, necesariamente, de una revisión de los servicios y dispositivos de atención que históricamente se han sostenido. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos (OSMDH) se crea en el año 2011, y tiene entre sus objetivos monitorear las políticas de salud mental que se llevan adelante en la provincia de Córdoba y así controlar el efectivo cumplimiento de las leyes mencionadas. Para ello, se torna necesario contar con un sistema de información que permita conocer y documentar los procesos de transformación del campo. Es así que, desde el año 2013, mediante la invitación de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, el OSMDH participa en la redacción de los informes “Mirar tras los Muros. La situación de los derechos humanos en contextos de encierro”, los cuales tienen como propósito producir información, documentar y registrar la situación de los derechos humanos en los lugares de encierro en la provincia de Córdoba. De esta manera, el OSMDH lleva adelante la producción del capítulo destinado a Salud Mental, el cual tiene como objetivos monitorear políticas públicas en salud mental, visibilizar la agenda pendiente para alcanzar la efectiva implementación de la normativa vigente; así como, también, hacer propuestas y recomendaciones para fortalecer la toma de decisiones para el diseño y la implementación de políticas públicas. En tal sentido, las herramientas de producción de datos consisten en análisis documental, entrevistas a informantes clave, grupos focales, entre otras. Estos informes anuales se han consolidado como un espacio de referencia en la temática en diferentes ámbitos, aportando a la discusión sobre políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en la provincia de Córdoba. En consonancia, este artículo busca sintetizar algunos aspectos, relevados en los informes, con vistas a profundizar y consolidar tal discusión.

Salud Mental y Derechos Humanos

Autoras: Silvana Melisa Herranz, Lucía Galíndez, Jacinta Burijovich Integrantes del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos

Palabras Salud Mental, Derechos Humanos, Políticas claves Públicas.

Resumen El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos tiene entre sus objetivos monitorear las políticas de salud mental de la Provincia de Córdoba, asumiendo la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer y documentar los procesos de transformación del campo a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y Provincial 9.848 en el año 2010. En tal sentido, este artículo pretende sintetizar algunos aspectos relevantes relacionados con la producción de información documentada en los informes “Mirar tras los Muros”.

2. La Salud Mental en Córdoba 2.1 Algunas consideraciones sobre la legislación local en Salud Mental COLEGIO

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Es posible constatar la escasez de dispositivos de salud mental en los territorios, que permitan el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria. Estos son frágiles institucionalmente, y sus trabajadores/as, en la mayoría de los casos, se encuentran precarizados.

En nuestra provincia, la sanción de la Ley 9.848 cubrió un vacío legal importante en nuestro territorio; esta por objeto garantizar el ejercicio del derecho de la población a la salud mental, asegurando su promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y el acceso de la población, sin ningún tipo de exclusión, a la atención en salud mental. Sin duda, es un importante avance en la transformación hacia un nuevo paradigma respetuoso de los derechos de las personas. Sin embargo, se hace necesario plantear algunas comparaciones con Ley Nacional 26.657, ya que esta profundiza su rol garante de derechos, al reunir una serie de condiciones inexistentes en la legislación local.

padecimiento mental”. En la definición de salud mental de la ley nacional, se incorpora también la concreción de los derechos humanos y sociales. Una lectura general de estas leyes nos permite decir que, si bien ambas están encuadradas en la transformación del modelo asilar y restrictivo, la ley nacional tiene una perspectiva más integral, ligada a la indivisibilidad de los derechos, mientras que la provincial está encuadrada más en una reforma sanitaria. La ampliación y restitución de derechos debe avanzar más allá de la reestructuración de los servicios: las personas y sus derechos están en el centro de las acciones de reforma. Sustitución definitiva / Transformación / Adecuación La Declaración de Caracas subraya expresamente que “la reestructuración de la atención psiquiátrica en la región implica la revisión crítica del papel hegemónico y centralizado del hospital psiquiátrico, en la prestación de servicios, por aislar a las personas de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social”. Los

Reforma sanitaria / Reforma integral Tanto la ley nacional como la ley provincial reconocen los derechos de las personas con padecimiento mental (art. 7 ley nacional; art. 11 ley provincial); sin embargo, en la nacional se reconoce explícitamente “el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con COLEGIO

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proyectos de presupuesto, un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10 % del presupuesto total de salud. En la ley provincial, este compromiso es más ambiguo. Se establece que el Estado provincial aportará los recursos para los servicios de salud mental de manera progresiva para los servicios locales descentralizados y para las instituciones, servicios y dispositivos alternativos en salud mental. Derechos garantizados La ley nacional, en su artículo 7, y la ley provincial, en su artículo 11, garantiza derechos a las personas con padecimiento mental. Sin embargo, algunos de los derechos que están en la nacional no están explicitados en la provincial. Estos son: a) derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud; b) derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia; c) derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos; d) derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso; e) derecho a que, en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de esta sean supervisadas, periódicamente, por el órgano de revisión; f) derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación; g) derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable; h) derecho a no ser sometido a trabajos forzados.

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contenidos mínimos, requeridos para garantizar el derecho a la salud mental, señalan que la atención deberá tener lugar en servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas usuarias e integrados a los servicios de salud. La ley provincial crea una Red integral de promoción, prevención y asistencia en salud mental que genera nuevos dispositivos de atención tales como hospitales de día, centros de día y casas de medio camino, talleres protegidos artístico-culturales, programas de rehabilitación socio-laboral y microemprendimientos, etc. Sin embargo, sostiene la existencia de instituciones Monovalentes de Salud Mental y Unidades de Atención Psiquiátrica con dispositivos de contención en crisis e internación breve y lugar de sustitución.

Regulación estricta de las internaciones involuntarias Ambas leyes establecen la excepcionalidad de la internación involuntaria, y solamente cuando exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. La ley provincial remite a un Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia y no avanza en la regulación de estas. En el caso de nuestra provincia, si bien el Tribunal Superior de Justicia dictó esta Acordada a los fines de acercar el desempeño de los asesores letrados al cumplimiento de esta norma, esta es insuficiente. Esto es así porque no son defensorías públicas especializadas en salud mental, con recursos humanos suficientes y capacitados.

Compromisos presupuestarios específicos / no específicos En la Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 32, se estipula que en forma progresiva y en un plazo no mayor a tres años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir, en los COLEGIO

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Al contar con pocos recursos, no pueden garantizar su presencia en las instituciones y, al no estar capacitados, no pueden realizar la necesaria evaluación para establecer si la internación se ha realizado como medida terapéutica excepcional de mayor beneficio. A diferencia de la ley nacional, que establece plazos, mecanismos y asegura letrados provistos por el Estado, idóneos y gratuitos desde el inicio de la internación (Artículo 22).

inicial, el primer informe apuntó a visibilizar la situación en la que se encuentran las diferentes instituciones monovalentes de salud mental de la provincia. De esta manera, a nivel general, se constatan: condiciones insalubres de alojamiento caracterizadas por sobrepoblación, hacinamiento y deterioro edilicio, insuficiencia de recursos humanos, privación de la libertad en celdas de aislamiento, medidas de sujeción, muertes no investigadas, medicación excesiva como castigo y judicialización de las problemáticas. En este sentido, se afirma que la internación y el encierro continúan siendo parte importante dentro del abordaje de las problemáticas de salud mental; y se suma a esto los escasos avances en relación a las políticas públicas, en cuestión de propuestas y acciones que incluyan prácticas y

Creación de Órgano de Revisión de la atención en salud mental La ley nacional crea un Órgano de Revisión independiente (en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa), interdisciplinario e intersectorial, cuyo objetivo es proteger los derechos humanos de los sujetos usuarios de los servicios de salud mental. Entre sus funciones están las de evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y, eventualmente, apelar las decisiones del juez; controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la ley 26657. Otra de sus funciones es la de promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones: A los fines de promover la creación de órganos de revisión en las jurisdicciones, deberá fomentarse que en su integración se respete el criterio de intersectorialidad e interdisciplinariedad previsto en la ley para el Órgano de Revisión nacional, y podrán depender del ámbito que se considere más adecuado de acuerdo a la organización administrativa de cada jurisdicción, para garantizar autonomía de los servicios y dispositivos que serán objeto de supervisión… En la ley provincial, no está previsto; lo cual es un incumplimiento a los contenidos mínimos previstos internacionalmente.

2.2 Realidades institucionales y vulneraciones de derechos La información que el OSMDH ha relevado y documentado en los informes “Mirar tras los Muros”, da cuenta de la persistencia de situaciones de vulneración de derechos dentro y fuera de las instituciones de encierro. Con el propósito de presentar un diagnóstico COLEGIO

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dispositivos sustitutivos al manicomio. En los informes que siguieron, fue posible ampliar el análisis hacia otros problemas existentes en el campo de la salud mental, tales como la situación de los hospitales generales, los dispositivos sustitutivos al encierro y los diferentes abordajes territoriales. Además, se profundizó sobre los déficits en la asistencia que atraviesan las personas LGTBI, la desatención de las personas que se encuentran en las cárceles, la penalización del consumo problemático de sustancias –no comprendido como padecimiento mental y, por lo tanto, no atendido por los servicios de salud-, la situación de la salud mental en el ámbito de la niñez y la problemática de discapacidad. Es importante destacar que las leyes de salud mental consideran que este conjunto de problemas forma parte del campo de la salud mental; sin embargo, las políticas públicas en Córdoba lo abordan de manera desarticulada, fragmentada y, en algunos casos, por fuera del sector.

Inexistencia de mecanismos de control autónomos: en ausencia de una respuesta integral de control, regulación y de políticas públicas contundentes, desde el OSMDH se considera urgente instalar en los sectores sociales y sanitarios de la provincia el debate y la reflexión colectiva sobre la necesidad de crear un Órgano de Revisión Local, con el fin de monitorear el cumplimiento de las leyes para alcanzar la plena implementación de dichos marcos legales.

2.4 Acción colectiva en Salud Mental Los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil del campo de la salud mental y los derechos humanos, en su heterogeneidad y pluralidad, han avanzado en los últimos años en la constitución y consolidación de alianzas estratégicas con vistas a incidir en la agenda pública y, así, en la efectiva implementación de las leyes de salud mental. En los últimos años se ha avanzado en Córdoba en la consolidación de una comunidad de derechos humanos y salud mental –conformada por sujetos usuarios de los servicios de salud mental, sus familiares, trabajadores/ as, estudiantes, docentes, entre muchos otros–, que sostiene la necesidad de avanzar en la plena vigencia de las leyes. Esta comunidad se expresa en distintos espacios, siendo la realización de las Marchas por el derecho a la salud mental su acción de mayor visibilidad pública. Allí se manifiesta la lucha de las personas con padecimiento mental para autoafirmarse como ciudadanos con igual dignidad y valor que los demás. Desde 2014, en el mes de octubre de cada año, se concentra en el espacio público una importante cantidad de personas y organizaciones, para exigir derechos y poner en cuestión los límites de las políticas y las prácticas institucionalizadas. Estas marchas condensan una serie de reivindicaciones y reclamos contra el estigma y la discriminación, contra los incumplimientos y la escasez de respuestas, contra las decisiones y acciones que se toman por fuera de las leyes y contra los diversos actos de avasallamiento e intentos de vaciarlas de contenido. Se defienden y se exigen los máximos estándares sentados en el marco jurídico vigente; el enfoque comunitario, integrado e integral de los abordajes; la sustitución definitiva de los manicomios; la voz de los usuarios como prioritaria en la toma de decisiones; así como la transformación holística del campo de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos. La orientación, el sentido y la velocidad de la transformación de los paradigmas

2.3 Obstáculos para la implementación de la normativa vigente

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Entre los obstáculos que el OSMDH identifica en la provincia de Córdoba, para la efectiva implementación de la normativa en salud mental, interesa señalar los siguientes: Presupuesto destinado a Salud Mental: a pesar de la sanción de la ley 9.848, el gobierno provincial sigue manteniendo la asignación para el sector de manera inmodificable en torno al 6% del total para salud, inclusive, según el año, con una leve tendencia a la baja. El presupuesto destinado a la salud mental es un indicador significativo a atender, ya que sus carencias resultan una importante barrera en la implementación de políticas. Los estándares internacionales establecen que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental. Si se consideran los últimos ejercicios presupuestarios (a partir de la sanción de la ley en el año 2010) ninguno alcanza este objetivo. Rol de la Justicia: el sistema de justicia de la provincia de Córdoba se caracteriza por su rol obstaculizador en relación a las transformaciones necesarias en el campo de la salud mental. Esta caracterización reposa sobre la incapacidad de este particular actor de trascender el modelo tutelar y, en relación a los usuarios de salud mental, realizar el pasaje de objetos de tutela a sujetos de pleno derecho. En ese sentido, se perpetúa la criminalización del padecimiento subjetivo y la judicialización de problemáticas atendibles desde la salud. Esto implica una serie de dificultades para sostener un proceso terapéutico atravesado por una lógica judicial que se asienta en su poder punitivo-represivo, representando a los sujetos como sujetos de castigo. COLEGIO

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vigentes tendrán que ver con la potencia de interpelación de estos colectivos.

fondos suficientes como para sostener los equipos interdisciplinarios que se requieren. Es posible constatar la escasez de dispositivos de salud mental en los territorios, que permitan el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria. Estos son frágiles institucionalmente, y sus trabajadores/as, en la mayoría de los casos, se encuentran precarizados. En el año 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó la Conferencia Regional de Salud Mental en la Ciudad de Panamá. La Declaración que allí se consensuó es conocida como el Consenso de Panamá. Su aspecto más relevante fue la erradicación del sistema manicomial en la próxima década, que se expresa en la frase: “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”. A casi dos años del 2020, un análisis de las condiciones políticas e institucionales no nos permite tener una visión muy optimista en la posibilidad de concretar la consigna “Córdoba sin manicomios en el 2020”.

3. Sobre la producción de información La producción de información relevante, actualizada y contextualizada, es decir, local, sobre la temática, es uno de los objetivos primordiales del OSMDH. Ello se asienta en la convicción de que la función de instaurar mecanismos de monitoreo, en el sentido de analizar procesualmente las progresividades y regresividades, apunta a visibilizar e incidir en el contenido de las políticas públicas para la efectividad de las transformaciones necesarias en materia de garantía de derechos. Se torna necesaria la incorporación de la información diagnóstica y de monitoreo en el diseño de las políticas, no solo para poner límite a las vulneraciones de derechos en el campo y a la perpetuación de la desigualdad vivida de las personas con padecimiento mental; sino además para guiar, orientar y aportar a la construcción de instituciones y sociedades democráticas, inclusivas y respetuosas de los derechos de las personas. En este sentido, los derechos humanos son el eje clave para analizar, comprender y evaluar las políticas públicas, entendiendo que debe ser un eje transversal a estas, en un Estado de derecho.

4. La agenda pendiente: ¿Córdoba sin manicomios en el 2020? Si bien, actualmente, se observan algunos avances en las políticas de salud mental tales como la ampliación de su presupuesto, el traspaso de la atención de los consumos problemáticos al Ministerio de Salud y el aumento del rango institucional de la autoridad responsable de la aplicación de la ley (de dirección a secretaría), persisten acciones que sostienen la lógica manicomial. Entre otras, el anuncio de un nuevo complejo de salud mental que reemplazaría al Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, graves vulneraciones de los derechos de las personas internadas en el Hospital Emilio Vidal Abal, dificultades para sostener los procesos iniciados hace una década en el Hospital de Santa María y la existencia de prácticas carcelarias en los Centros Psicoasistenciales de Córdoba y de Cruz del Eje. Para su aplicación, los nuevos marcos normativos requieren de una red integral e integrada a los servicios de salud y un conjunto de dispositivos que den respuestas a las distintas necesidades de los usuarios/as. En relación a la red, desde el proceso de descentralización que concluyó en el año 1986, la provincia se ha desentendido del primer nivel de atención, y los municipios no cuentan con los COLEGIO

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Informe Alterno sobre la Situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Córdoba 2013/2017

Introducción

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l presente documento recoge una síntesis del Informe sobre la situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Córdoba, elaborado conjuntamente por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, como documento de aportes para la elaboración del Informe Alternativo Situación de las Personas con Discapacidad en Argentina 2013/2017. A partir de la ratificación por parte de la Argentina de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) en el año 20081, se establece el compromiso de parte del Estado Argentino (así como las distintas jurisdicciones) de diseñar políticas y medidas que garanticen el cumplimiento de los mandatos de la CDPCD en todo el territorio nacional, lo que significa el reconocimiento, garantía y promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de las Personas con Discapacidad –PCD- y su inclusión plena en la sociedad. Para monitorear la progresiva implementación de la Convención, el propio tratado de DD.HH. establece un mecanismo de información periódica exhaustiva por parte de los Estados Parte, “sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto” 2 El primero a los dos años de su ratificación, y los siguientes en un período de al menos cada cuatro años o cuando el Comité lo requiera. Por otro lado, además del informe oficial del Estado Parte, las organizaciones de la sociedad civil presentan informes alternativos que recogen las experiencias de las propias personas con discapacidad en relación al acceso y ejercicio de los derechos, denuncian la situación de vulneración de derechos y sugieren al Comité preguntas para que informe el Estado Parte. Siguiendo este procedimiento, el Estado Argentino presentó su primer informe en el año 2010. A partir del análisis de este, y de cotejar con la información brindada por el Primer Informe Alternativo: Situación de la Discapacidad en Argentina – 2008/20123, el Comité emitió el documento “Observaciones finales sobre el Informe inicial de Argentina”4, en el que reconoce los aspectos positivos y de avances, y establece “los principales ámbitos de preocupación y recomendaciones” en relación a la aplicación de la CDPCD en nuestro país. Por resolución del Comité Internacional de la ONU, el segundo período de informe se prorrogó hasta este año, cuando este organis-

Autores: Fiorela Bocco, Mariana Gandolfo, Ana Heredia, Martín Passini Observatorio de Salud Mental y DD.HH., y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH.

Salud Mental y Derechos Humanos

Palabras Discapacidad, Salud mental, claves Derechos Humanos

Resumen El presente artículo da cuenta del proceso de elaboración del Documento de Informe sobre la Situación de las Personas con Discapacidad (PCD) en Córdoba, realizada por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos; como insumos al Informe Alternativo – Situación de las Personas con Discapacidad en Argentina 2013 / 2017, y se enuncian algunas de las tendencias más relevantes expuestas en el Informe Córdoba y algunas reflexiones generales respecto de la situación de los derechos de las PCD en Córdoba.

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mo solicita, esta vez a las organizaciones de la sociedad civil, un segundo informe alterno que facilite y brinde orientaciones al Comité sobre el pedido de informes y preguntas al Estado Argentino sobre la situación actual de las Personas con Discapacidad en nuestro país. De este modo, este año una coalición de 28 organizaciones de la sociedad civil del país, organizaciones sociales y Universidades Nacionales desarrolló el segundo informe alternativo que da cuenta de la situación de los derechos de las personas con discapacidad desde el 2013 a la fecha.

lización en la cotidianeidad de las Personas con Discapacidad en Córdoba. Esta brecha se traduce de manera inexorable en barreras para que las PCD puedan vivir una vida digna y autónoma, sin discriminación y en condiciones de igualdad con las demás. Además, tiene el objetivo de funcionar como herramienta de incidencia política para el colectivo de personas con discapacidad, y de consulta para el diseño y gestión de políticas públicas que abonen en la plena aplicación de la CDPCD, así como la perspectiva de Derechos Humanos y el Modelo Social de la Discapacidad, en la provincia de Córdoba. Se propone visibilizar a las PCD en el entramado social y en la interlocución con el Estado, mostrando de esa manera las dificultades que atraviesan y los puntos de inflexión necesarios para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, igualitaria y respetuosa de los derechos y libertades fundamentales de todos y todas. El documento de Aportes desde Córdoba surge de una arti-

El informe Córdoba En el marco de ese proceso de articulación federal, desde Córdoba desarrollamos el documento de aportes que brinda insumos sobre la brecha existente entre los derechos consagrados y su materiaCOLEGIO

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Tendencias generales de la situación de los derechos de las PCD en Córdoba Como mencionamos anteriormente, el Informe Alterno de Argentina, así como el Documento de Aportes desde Córdoba, parten de las recomendaciones dadas por el Comité en el primer período de evaluación. En consecuencia, ambos documentos se organizan a partir del articulado de la CDPCD, para informar el cumplimiento o no de los compromisos del Estado (en sus distintos niveles y dependencias) en la implementación de las recomendaciones del comité y de la convención en sí misma. A los fines de esta presentación, destacamos algunas de las tendencias más importantes que hemos abordado en nuestro documento. Participación en las políticas públicas7 En el marco de la provincia de Córdoba, los espacios consultivos no funcionan como espacios de participación autónomos respecto de las entidades del Estado, y no promueven la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas del sector, así como tampoco en los procesos de armonización legislativa, tal como lo insta el Comité internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.8 9 10 11 Las normas que definen el carácter y funcionamiento de estos espacios no se ajustan al mandato de la CDPCD. La convocatoria a estos espacios no se realiza de manera abierta y extensiva, ni se despliegan medidas positivas que promuevan la participación de las propias personas con discapacidad. Tampoco se sostienen acciones de difusión de sus actividades. Estos espacios de participación deben ajustarse a los criterios de comunicación accesible que permitan generar información sustentable sobre los derechos y estrategias terapéuticas, acorde lo establece el enfoque de derechos humanos.

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culación y proceso de cooperación entre el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos5 y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos6, y se inscribe en el ejercicio de monitoreo y producción de información que ambos espacios intersectoriales vienen desarrollando en el campo de la Salud Mental y del colectivo de PCD en Córdoba. La recopilación de los aportes generados en este documento se realizó en base a diversas fuentes: información pública emitida desde el Estado Provincial y sus diversas dependencias, denuncias públicas realizadas por personas con discapacidad y sus familias, testimonios de las propias personas con discapacidad, usuarios de servicios de salud mental y familias, trabajadores vinculados al campo de la salud mental y de la discapacidad, entrevistas a informantes claves, fuentes documentales, producciones precedentes, etc. También, el registro periodístico ha sido consultado como fuente para confirmar diversas informaciones compiladas. COLEGIO

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Acceso a derechos (certificación) En relación a la Certificación de la Discapacidad (CUD) para acceder a servicios, prestaciones y apoyos, observamos una disparidad entre la ciudad de Córdoba y el interior provincial en relación a los tiempos de entrega de la certificación, siendo mayor (aproximadamente tres meses) en algunos territorios de la provincia. Además, la lectura que del CUD socialmente se realiza, subraya la carencia, rotulando y generando discriminación a las PCD. En este sentido, no hubo avances de las políticas públicas nacionales ni

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provinciales para modificar esta condición, de modo que sea la condición de ciudadanía la que garantiza el acceso a los derechos y no la condición de discapacidad diagnosticada. A lo cual se le agrega, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, la barrera en el acceso a la certificación, por la falta de información accesible que obstaculiza la obtención del CUD como medio para garantizar el acceso al cuidado integral de la salud.

Es particularmente crítica la situación de vulneración de derechos en niños, niñas y jóvenes con discapacidad alojados en instituciones asilares. No se invierte el presupuesto necesario para equipar viviendas y la contratación de personal idóneo y suficiente para el cuidado de las personas. Se deben contemplar las auditorías necesarias de parte del Estado provincial a fin de supervisar las instituciones asilares que alojan personas con discapacidad en la provincia. No existen datos oficiales del sistema de alternativas habitacionales para personas con discapacidad sin contención familiar. Se hace necesario redefinir y mejorar las condiciones de alojamiento en el sistema residencial de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que aloja a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sin cuidados parentales.

Accesibilidad Las PCD en Córdoba se enfrentan a barreras de todo tipo: físicas, actitudinales, comunicacionales, etc. No se observan políticas integrales que atiendan esta situación de discriminación de una manera integral. Por ejemplo, en relación a la accesibilidad en el transporte público, el Estado Municipal de Córdoba no ha cumplimentado con la normativa local que establece un piso de 70% de unidades accesibles (y el 30% restante en un período de veinticuatro meses a partir del año 2012). Asimismo, en la provincia Córdoba no se respetan las normas arquitectónicas de accesibilidad, recurriéndose al voluntarismo sin información técnica especializada y sin la participación de las propias personas con discapacidad. Si bien en Córdoba, existe la Oficina de Accesibilidad, dependiente de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Sanitaria (Ministerio de Salud de la Provincia) esta es una oficina de “consulta y asesoramiento, no tiene competencia ni injerencia para sancionar frente a una denuncia o reclamo concreto de la población.

Igual reconocimiento como persona ante la ley A pesar de los avances relativos del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) hacia el respeto del pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, coexistiendo figuras de apoyo con la restricción de la capacidad, la incapacitación y la curatela, prevaleciendo el rol sustitutivo de terceros en la toma de decisiones. En la práctica se observan diferencias en la redacción de las nuevas sentencias de “determinación de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica”, que luego en su parte resolutiva regresan al modelo tutelar, designando curadores para unas funciones y apoyos para otras, o directamente asignando ambas funciones –representación y apoyo- en la misma figura del curador. Resta avanzar en la revisión de las sentencias de declaración de insania o inhabilitación según el régimen anterior.

Mujeres y niñxs Se observan debilidades institucionales respecto de enfoque de género en el campo de la salud mental, así como una perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en las políticas de género y niñez. Por ejemplo, se observa que las campañas del Estado sobre derechos sexuales y reproductivos no cuentan con medidas de accesibilidad suficiente para jóvenes y mujeres con discapacidad auditiva. A menudo no se respeta la privacidad y confidencialidad de las mujeres con discapacidad ni su derecho a brindar su consentimiento informado. Tampoco se garantiza su acceso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones, en especial en relación a las prácticas de aborto no punible y esterilizaciones. No satisfacen la accesibilidad física, económica y de información y comunicación, prevaleciendo barreras actitudinales basadas en estereotipos hacia las mujeres con discapacidad y su sexualidad y reproducción. No existen datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres con discapacidad y los dispositivos implementados por el Estado para contener situaciones de violencia de género no son accesibles. Hay una falta de perspectiva de género en las políticas de salud mental y la ausencia de organismos que contemplen a las mujeres con discapacidad y promuevan y protejan sus derechos. COLEGIO

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Internaciones involuntarias La internación involuntaria contraria a la CDPD y aún autorizada por la LNSM en determinados supuestos continúa prevaleciendo como respuesta terapéutica, ante la falta de una estrategia intersectorial que garantice la continuidad de un abordaje respetuoso de la voluntad y preferencias de la persona. En ocasiones la internación termina siendo un medio para evitar que la persona quede en situación de calle. Se observa la falta generalizada de datos sobre personas internadas tanto en el ámbito público como privado, que permitan acceder a la revisión de las internaciones prolongadas y saber si estas son voluntarias y/o involuntarias y en qué condiciones se realizan. La situación de indefensión estructural de estas personas frente al sistema de administración de justicia suele estar más naturalizada en la privación de libertad en hospitales psiquiátricos en comparación con otros lugares de detención, debido al entrecruzamiento de conceptos ligados a la supuesta necesidad de asistencia en salud, a la falta de condiciones sociales para la vida autónoma y a la idea del control de una atribuida peligrosidad latente.

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Vida autónoma En la provincia de Córdoba se observa un vacío en la planificación y programación de estrategias que habiliten el derecho a la vida autónoma de las personas con discapacidad.

nación en crisis de salud mental en hospitales generales. Este es uno de los factores fundamentales que promueve la institucionalización prolongada o indefinida. Esta segregación también incide en el goce efectivo de una atención integral en salud, particularmente la salud física. Asimismo, no se garantiza el derecho a la participación para las políticas estatales que garanticen el derecho a la salud, a partir de haberse desactivado a nivel federal mecanismos de articulación interministerial y de consulta con la sociedad civil, particularmente con los usuarios del sistema de salud mental.

Educación inclusiva En el caso de la provincia de Córdoba, se observa la vigencia de barreras que impiden avanzar en procesos de inclusión educativa. Desde la negación de cobertura a apoyos a la educación inclusiva y los altos niveles de judicialización de las demandas de cobertura, la desigualdad entre niñxs y jóvenes al momento de acceder a apoyos que garanticen su derecho a la educación, según tengan o no cobertura de obra social; falta de accesibilidad en las escuelas, falta de capacitación a docentes, entre otros.

Conclusiones En términos generales, observamos que tanto las políticas públicas como el rol del Estado en relación al colectivo de personas con discapacidad continúan basados en una perspectiva de corte asistencialista y tutelar. Se basan en una perspectiva del Modelo Médico Rehabilitador de atención a la discapacidad, que entiende a la discapacidad como un problema de la persona y no visualiza sus causas sociales, por lo que no pone el acento en la necesaria transformación de las condiciones de vida en la sociedad Cordobesa: en términos de accesibilidad, de ejercicio de derechos, de inclusión educativa, laboral, etc. No hay una política pública integral que promueva la participación de las personas con discapacidad. Más allá de algunas acciones puntuales, no existe una política integral, sostenida y articulada en los distintos organismos del Estado que, enfocada desde una perspectiva del Modelo Social y la CDPCD, impulse y fortalezca procesos de participación política, abiertos, informados y sostenidos de personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. En la última década se ha producido un cambio hacia la perspectiva de derechos humanos para pensar la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En lo esencial, la perspectiva de la discapacidad centrada en los derechos humanos equivale a considerar sujetos de derechos, y no objetos de asistencia, a las personas con discapacidad. El debate sobre los derechos de las personas con discapacidad no tiene que ver solo con el reconocimiento de derechos específicos, sino con garantizar a las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.

Salud Las PCD continúan enfrentando barreras para acceder a los servicios de salud: no se implementan programas integrales de salud, accesibles, dotados de recursos, con personal debidamente capacitado que genere un contexto propicio para que las PCD puedan ejercer su derecho a la salud en igualdad de condiciones con las demás personas. Estas barreras se vinculan con la exclusión social y la discriminación hacia las PCD y la correlativa falta de abordaje desde el Estado de estas vulneraciones desde una perspectiva de derechos humanos.

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Salud Mental La normativa local de Salud Mental carece de un mecanismo de control básico tal como el Órgano de Revisión Local y tampoco cuenta con una unidad de letrados12. La falta del ORL en Córdoba no permite monitorear, evaluar y hacer recomendaciones a los tres poderes públicos en lo relativo a la política y la normativa en materia de salud mental y funcionar como instancias para que las personas usuarias viabilicen denuncias por violaciones a la LNSM. Asimismo, las políticas vinculadas a PCDPS y a Salud Mental no involucran acciones tendientes a la inclusión laboral, social y comunitaria a través de la articulación entre las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación. La escasez de recursos materiales y de profesionales en servicio así como de dispositivos sustitutivos intersectoriales obstaculizan procesos de externación basados en una atención en salud integral, humanizada y de calidad, negando a los usuarios el derecho a vivir en comunidad y por fuera del circuito manicomial. Esta carencia del sistema responde a abordajes basados en el asistencialismo, que destinan la mayoría de los recursos económicos disponibles al sostenimiento de instituciones psiquiátricas asilares. También se observa la falta de servicios adecuados para la interCOLEGIO

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Notas 1

Nuestro país ha ratificado la CDPD en septiembre de 2008 y bajo la Ley N° 26.378 la incorporó a su ordenamiento jurídico interno. Posteriormente, la Ley 27044 de Dic. de 2014 otorgó jerarquía constitucional a este tratado. 2 Art. 35 CDPCD http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 3 http://www.redi.org.ar/Prensa/Comunicados/Informe-alternativo-al-comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-ONU.pdf 4 Observaciones finales sobre el informe inicial de Argentina, aprobadas por el Comité en su octavo período de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012). http:// acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/CRPD-2012.pdf 5 El Observatorio de SM y DDHH nace a partir de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba, a partir de las leyes Nacional y Provincial de Salud Mental. Constituido por un grupo de personas y organizaciones con diversas trayectorias e inserciones en el campo de la salud mental, tiene sus principales líneas de trabajo en el monitoreo y la elaboración de informes periódicos sobre Salud Mental y DDHH en la provincia, la incidencia en políticas públicas, el desarrollo de espacios de encuentro de usuarios, etc. 6 La Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos es un espacio para la apropiación, conocimiento y difusión del Modelo Social y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se propone la misión de apostar por la inclusión social plena de las Personas con Discapacidad, valorando el enfoque de vida independiente y el derecho para tomar las propias decisiones en pos de una mayor autonomía e independencia, y como un espacio de incidencia en las políticas públicas, en las prácticas sociales, profesionales e institucionales, y en los discursos y representaciones sociales en diversos territorios y espacios de la provincia de Córdoba. 7 “El Comité insta al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para armonizar toda su legislación a nivel federal, provincial y local con los preceptos de la Convención, contando para ello con la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad, en concordancia con el artículo de dicho tratado.” https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/467/91/PDF/G1246791. pdf?OpenElement 8 “El Comité también observa con preocupación que el Observatorio de la Discapacidad, cuyo mandato es la supervisión de la aplicación de la Convención, es un organismo dependiente de la CONADIS, lo cual contraviene lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 33 de la Convención y los Principios de París.” http://acnudh. org/wp-content/uploads/2014/10/CRPD-2012.pdf 9 http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/ 87d8034a974812f80325723400645ff6?OpenDocument 10 http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/ 7d743388f444d291832575bd004e401d?OpenDocument 11 El Consejo Consultivo creado por la Ley Provincial de Salud Mental que establece la participación de un (1) representante de asociaciones de usuarios y familiares. 12 Art. 22 de la Ley Nacional de Salud Mental.

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fundamentalmente, aboga por el respeto de los derechos humanos de quienes presentan padecimientos subjetivos, asegurando, asimismo, el derecho a la protección de salud mental de todas las personas (art. 1º de la Ley Nacional de SM 26657). Vale recordar el decir de Ángel Barraco en cuanto a una “riquísima historia de nuestro país que incluye nombres ilustres, como los de Enrique Pichon Rivière, Mauricio Goldenberg, Armando Bauleo, Fernando Ulloa, Valentín Baremblit, Vicente Galli y tantos otros que bregaron por un avance transformador en el campo de la salud mental. En el marco de sus experiencias se intentó superar un retrógrado modelo de atención, históricamente basado en el encierro y la transgresión de los derechos humanos de las personas asistidas y que, cabe reconocer, aún persiste. Esta historia es también parte activa y fundante del espíritu de las leyes de salud mental que han sido sancionadas a partir del inicio del siglo XXI.” (Cardella, 2016). La Ley 26657 define en su artículo 3 a la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.

Verónica Laplace

“Las luchas en Salud Mental... son parte de las luchas por la igualdad.” Emiliano Galende, 2017

¿Qué decimos cuando hablamos de Salud Mental?

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abemos que las prácticas de salud mental conforman parte de un campo en donde la heterogeneidad aún continúa siendo la regla, heterogeneidad sustentada en las diferentes disciplinas, en sus diversos modos de comprender el malestar y en las formas de tratarlos (Galende, 2008). El desafío es avanzar hacia una coherencia del campo de la salud mental, nos advierte Emiliano Galende, coherencia epistemológica y metodológica que integre los saberes y las prácticas en juego. En este sentido, considero que estos espacios (jornadas, congresos, etc.) constituyen uno de los ámbitos propicios y necesarios para repensar nuestras acciones y puntualizar aquellos valores que se han propuesto desde Salud Mental: el sufrimiento de las personas no constituye enfermedad sino, justamente, síntomas subjetivos del malestar psíquico que deberían ser atendidos por equipos de distintas disciplinas con intervenciones de tipo psicosocial, y con participación de quienes padecen el trastorno, su familia y la comunidad (Galende, 2008). Sabemos que el giro hacia Salud Mental comienza con la política establecida por la Resolución de la Asamblea de la OMS en 1953 y se va consolidando a través de documentos centrales como la Carta de Otawa, la Declaración de Caracas, la Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas de 1991 y otras, hasta llegar en la Argentina a la Ley 26657, que plasma la responsabilidad del Estado frente a las personas con sufrimiento mental (Galende, 2015). “Plexo normativo que abreva en décadas de valiosas experiencias argentinas y se apoya en el respeto de nuestro país a las convenciones internacionales que ha suscripto”, tal como menciona Ángela Cardella (2016); y que, COLEGIO

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Esta definición de salud mental es en sí un posicionamiento que implica superar los modos de pensamiento hegemónicos en relación a la salud y a la enfermedad para pasar a incluirla en el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado, quedando incluida la dimensión subjetiva: el relato y la experiencia de quien padece (ADESAM, 2017).

Las prácticas de salud mental como prácticas de Derechos Humanos Las prácticas de salud mental, en tanto praxis, se encuentran sujetas al modo de conceptualizarlas, a la trama histórica y socio-cultural en la que se desarrollan y a la coyuntura social, política y económica en la cual se emplazan. Es por ello, que el retorno del discurso neoliberal y el retroceso en las Políticas Públicas en Salud Mental nos convocan no solo a defender y a hacer soporte de todo aquello que había sido conquistado durante años de lucha de diversos colectivos humanos, sino también a repensar nuestra posición como trabajadores de salud mental. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros/as, profesionales de

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Los retrocesos en los derechos humanos, el campo de la salud mental y las políticas públicas nos conciernen a todxs lxs trabajadores de salud/salud mental.

la psicología, trabajar con enfoque de derechos humanos? ¿Qué saberes, prácticas o dispositivos se requieren para llevar adelante cuidados de salud mental en clave de derechos humanos? ¿Cómo pueden las prácticas de Salud Mental generar oportunidades para la potenciación de procesos de empoderamiento cívico y emancipación social? No pretendo en este modesto artículo responder a estas preguntas, solo trato de instalar cuestiones para abrir debates acerca de nuestro lugar como agentes de transformación en un campo de prácticas sociales de amplia complejidad y heterogeneidad. En primer lugar, es imprescindible considerar a las prácticas de Salud Mental como prácticas de derechos humanos, en tanto se han constituido en respuesta a prácticas psiquiatrizantes, violatorias de los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Siguiendo el pensamiento de Alicia Stolkiner, se trata pues de prácticas subjetivantes cuyos actores y fuerzas tienden a la defensa de la vida; y se oponen al fenómeno de la objetivación que pretende anular al sujeto de derecho, en cuanto la forma que adquiere en salud es la medicalización (proceso por el cual cada vez más esferas de la vida van siendo consideradas ámbito de intervención disciplinar) y la mercantilización (tendencia a subordinar todos los aspectos de la vida, e inclusive la vida misma, a la acumulación y concentración de COLEGIO

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la riqueza). Claramente, prácticas desubjetivantes y antagónicas a la vigencia efectiva de los derechos. Sin embargo, no es posible soslayar que “el constructo ‘derechos humanos’ entraña, en sí, en su origen y en su potencialidad, una paradoja que permite situarlo tanto del lado de las políticas transformadoras como de las de dominación.” (Stolkiner, 2010).

Breve recorrido del concepto Derechos Humanos Generalmente, cuando hablamos de derechos humanos pensamos en todos aquellos momentos históricos en los cuales el Estado los ha anulado; pensamos, ciertamente, en el Terror de Estado, momentos oscuros de nuestro país y de muchas otras naciones cuyos pueblos han visto cercenadas sus posibilidades de autonomía y dignidad, quebrantados sus cuerpos, sus ideas y sus historias. Tendemos a pensar los derechos humanos, únicamente, como derecho a la libertad, a la paz, a la identidad, a poder votar, a pensar y opinar libremente; en definitiva, como nuestro derecho a la vida. Por supuesto, son estos nuestros derechos personalísimos, derechos que

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derecho a la salud. Por otro lado, Boaventura De Sousa Santos nos comenta que los derechos humanos han tomado el relevo de las políticas socialistas, y si bien se gestaron, en buena parte, con el lenguaje hegemónico de los sistemas internacionales de derechos, pueden convertirse en procesos contrahegemónicos y de resistencia. Alicia Stolkiner amplía: Cuestiona, asimismo, la idea de universalidad, a la que considera una característica cultural de occidente, y plantea que los derechos humanos pueden ser concebidos como un localismo globalizado o, por lo contrario, como una forma de cosmopolitanismo. Para poder operar como una forma cosmopolita y contrahegemónica de globalización, afirma, deben ser reconceptualizados como multiculturales (Stolkiner, 2010).

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Más allá de estas importantes disquisiciones teóricas, es interesante mencionar que “los derechos humanos trascendieron su origen limitado, meramente jurídico, para convertirse en una idea-fuerza constituyente de actores sociales” (Stolkiner, 2016). En nuestro país, las organizaciones de derechos humanos representan ese lugar de resistencia desde el que es posible desafiar a la embestida neoliberal. Esta revitalización discursiva del neoliberalismo nos emplaza a la búsqueda de consensos en la dirección de salud como derecho no solo en tanto consigna bienintencionada, sino como posicionamiento contra las lógicas que pretenden mercantilizarla. Tenemos, actualmente, la tan mentada CUS (Cobertura Universal de Salud) que recuerda el modelo minimalista en lo social que predominó durante la década del ´90 y que significó la definición de una canasta básica de prestaciones y la orientación de los recursos del Estado solo hacia los grupos más desfavorecidos (Ase y Burijovich, 2009). De Sousa Campos denomina “derechos humanos de baja intensidad” a estas propuestas que tratan de limitar la ampliación de los derechos humanos, considerando que son la “contracara de las democracias de baja intensidad» (Stolkiner, 2010).

nos corresponden por el mero hecho de ser humanos; y, sin embargo, no siempre –ni para todxs- fueron posibles de ser ejercitados. Recordemos que, en los inicios de la modernidad, la proclama de los derechos del hombre solo abarcaba a sujetos adultos, varones, blancos, propietarios, cuerdos y heterosexuales. Creando en el mismo momento de su declamación, las excepciones: mujeres, niños, locos, pobres, los pueblos colonizados, los que se sustraían de la «normalidad» sexual. En este sentido, Stolkiner toma a un autor llamado Marcelo Raffin para señalar que los derechos humanos son una de las invenciones más sorprendentes y paradójicas de la modernidad. De tal forma, no todxs hablan de lo mismo cuando hablan de DD.HH. Siguiendo a Alicia, hay una concepción de derechos humanos fuertemente liberal, centrada básicamente en los derechos del individuo y en las llamadas libertades políticas, que solo incluía a quienes enunciaban estas ideas; es decir, se generaban las excepciones, sujetos que no entraban en la categoría de estos derechos. Aún hoy, algunxs sostienen este pensamiento; quizás no en cuanto a los derechos civiles y políticos, pero sí con respecto a los llamados derechos de segunda generación: los derechos económicos, culturales y sociales, aquellos que requieren de políticas específicas para su implementación por parte de los Estados. Entre ellos tenemos el COLEGIO

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Discutiendo nuestras prácticas Me preguntaba, más arriba, ¿qué significa para nosotros/as, profesionales de la psicología, trabajar con enfoque de derechos huma-

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A modo de conclusión

nos? ¿Cómo pueden las prácticas de Salud Mental generar oportunidades para la potenciación de procesos de empoderamiento cívico y emancipación social? Anticipaba la imposibilidad de dar una respuesta acabada, no obstante, podría esbozar algunas ideas a partir de un ejemplo de mi práctica concreta. Existe cierto componente autoritario que no parte solamente desde el saber y la práctica disciplinar, sino también de lxs propixs trabajadorxs a quienes se lxs suele llamar administrativxs y que, en general, viven en la misma comunidad que las personas que se atienden en la sala. La situación que se reitera gira en torno al único teléfono fijo del Centro de Salud en el cual desempeño mis actividades como psicóloga, utilizándose únicamente para comunicaciones con otros efectores de la comuna o con directivxs del municipio. En cambio, a las personas usuarias de los servicios, si alguna vez llaman, se les suele responder despectivamente o, sencillamente, no se les responde. Los argumentos son los siguientes: «quiere pedir un turno por teléfono», «que se muevan hasta la sala», «que se levanten temprano y vengan a las siete de la mañana», sin siquiera informarles si ese día concurre el profesional a quien necesitan consultar. La tentativa de desmontar estos prejuicios desencadena posiciones más duras de parte del trabajador de la administración que esbozaba tales argumentos, y ocasiona la participación de otra trabajadora (psicóloga) que expresa: «Ya está, no digas Nada». Esta discusión entre trabajadores da cuenta de las implicancias que estas acciones, por ínfimas que parezcan, se traducen en inaccesibilidad al sistema, recordando que la accesibilidad es uno de los componentes básicos del derecho a la salud. Se trata entonces, de trabajar con los usuarios la capacidad de reclamar no solo atención, sino también información clara y adecuada a su comprensión. Se trata de que sepan que si el centro de salud tiene un número de teléfono es para poder consultar sobre lo atinente a sus necesidades sanitarias. Se trata entonces de poner en cuestión ciertos supuestos con los demás trabajadores, así como sus propios temores y necesidades de diferenciarse de quienes son sus vecinos empleando mecanismos seudo-segregativos. Lo que sucede, generalmente, es que estos hechos –aparentemente insignificantes– que se suscitan de continuo en los centros de salud quedan invisibilizados, negados y reprimidos; de tal modo que obstaculizan oportunidades valiosas de repensar nuestras prácticas de salud mental como prácticas de derechos humanos donde está en juego no solo la dignidad de las personas consultantes a los servicios, sino también nuestra propia dignidad como trabajadores. «Ya está, no digas Nada» es lo antagónico a intentar decir aquello que se encuentra velado detrás de tanta supuesta insensibilidad. Se trata, por lo tanto, de procurar decir lo indecible y quizás, de ese modo, podamos poner de relieve que son lxs consultantes lxs verdaderxs protagonistas del sistema de salud/salud mental. COLEGIO

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Los retrocesos en los derechos humanos, el campo de la salud mental y las políticas públicas nos conciernen a todxs lxs trabajadores de salud/salud mental. La transición hacia un sistema donde el centro sea la justicia social, donde el Estado tome un rol más protagónico y regulador, y donde la sociedad tenga un papel fundamental en la organización de la vida cotidiana se favorece hasta en la visibilización de pequeños actos cotidianos; fomentando el intercambio activo entre sus participantes con la finalidad de fortalecer la lucha por la defensa de los derechos humanos y la salud mental de nuestros pueblos. Recordemos que el verdadero éxito en las luchas no reside en ganar batallas sino en lograr uniones cada vez más extensas (Cardella, 2016).

Referencias bibliográficas

Asociación por los Derechos de la Salud Mental (2017). Derechos Humanos en Salud: en el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Ase, I. y Burijovich, J. (2009). La estrategia de atención primaria en salud: ¿progresividad o regresividad en el derecho a la salud? Salud Colectiva, Buenos Aires, vol. 5, núm. 1, enero – abril, pp. 27-47. Cardella, A. (2016). La Ley Nacional 26657, su texto y su contexto. Trabajo presentado en 4as. Jornadas Científicas del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero: “Salud Mental y Derechos Humanos». De Sousa Santos, B. (2010). Hacia una concepción intercultural de los derechos humanos en Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder. Montevideo: Ediciones Trilce. Recuperado el 2 de Julio de 2017 de: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/ Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf Foucault, M. (2008). “La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina”, en La vida de los hombres infames. Buenos Aires: Ed. Altamira. p. 75. Galende, E. (2008). Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser. Buenos Aires: Lugar Editorial. Galende, E. (2015). Conocimiento y prácticas de Salud Mental. Buenos Aires: Lugar Editorial. República Argentina. (2010) Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26.657. Derecho a la Protección de la Salud Mental. Recuperado el 15 de Julio de 2017 de: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma. htm Stolkiner, A. (2010). Derechos humanos y derecho a la salud en América Latina: la doble faz de una idea potente. Medicina Social, vol. 5, núm. 1. Recuperado el 2 de Julio de 2017 de: http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/410

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Consulta de Primera vez: una hospitalidad posible. Experiencia de trabajo de un Equipo de Atención Comunitaria de Salud Mental

momento de operar en cada intervención. Por ejemplo: - ¿Atención Precaria/Primaria de la Salud? - APS/EAC, ¿puerta de entrada al sistema? - ¿Áreas programáticas? - ¿Derivación a la deriva? - ¿“No hay demanda. . .”? Para dar lugar a estas preguntas, en un primer momento mencionaremos algunas referencias del espacio territorial; en un segundo momento, la presentación del dispositivo de primera vez, los saberes deconstruidos y resignificados y, por último, algunos aportes para compartir en estas jornadas.

I. Contextualización

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Algunas coordenadas de territorio y el EAC El Equipo de Atención Comunitaria (EAC) funciona desde 1990 en el Centro de Salud 33. Este último se encuentra ubicado en la Avda. Donato Álvarez al 7.350, en la zona norte de la ciudad, y cuya área de influencia comprende los siguientes barrios: Argüello Lourdes, Bo. Cooperativa Nuevo Progreso, Costa Canal, Granja de Funes (parte noroeste) Silvano Funes, Argüello Norte y Argüello, todos ubicados en el noroeste de la ciudad de Córdoba, a 14 kilómetros del centro, dentro del radio del CPC Argüello. A esta ubicación geográfica le sumamos algunas coordenadas simbólicas y materiales que permiten situar el territorio y ampliar la relación e interacción entre los lugares que ocupan y asignan, como así también el sentido que se les otorga a las instituciones y a los grupos de población. Dentro de estas coordenadas es insoslayable destacar la importancia que tienen las avenidas Donato Álvarez y Ricardo Rojas como ordenadores geográficos y distinción entre grupos poblacionales. “Ladonato”, como la nombran los residentes, se constituye para la zona norte en un corredor transversal de comunicación entre el Gran Córdoba y las Sierras Chicas, como así también entre los numerosos barrios situados a sus márgenes que, en más de una oportunidad, son homogeneizados como Gran Argüello. La avenida Ricardo Rojas, que se traza paralela a las vías, marca una distribución desigual de bienes materiales y simbólicos entre los grupos poblacionales de Argüello. Ambas avenidas marcan fragmentos territoriales delimitados por fronteras simbólicas, diversas y heterogéneas que se materia-

Autores: María de la Paz Armelini, Homero Bilbao, Alicia Miranda, Elizabeth Nahum

Resumen En el presente escrito pretendemos dar cuenta de un dispositivo, entre varios, frente a lo heterogéneo, diverso, complejo e imprevisto de quienes enuncian experiencias de vida1, consultando por “esa puerta que se toca contantemente”. Dispositivo propuesto frente a alguien (no un caso) que supone que allí puede plantear algo que le sucede (no su demanda) en torno a un malestar. Este dispositivo que construimos hace un año, aproximadamente, nos ha permitido alojar esta distinción y separación entre: “casos-consultantes” y “demandas-emergentes (algo que sucede)”; así como también alojar la suspensión de saberes disciplinares previos. En ese primer encuentro, nosotros aún no somos nadie –en el sentido de extranjeridad– para ese otro consultante, por lo que implica de nuestra parte apostar a algo de una hospitalidad2 posible. Esta modalidad de trabajo pone en tensión el poder discrecional del que nos invisten nuestras disciplinas profesionales, nuestra experticia; es hacer lugar a la ignorancia sobre lo que trae el otro como posición ética de trabajo. Solo sabemos de nuestra disponibilidad de tiempo y espacio asignados para estas consultas de primera vez. De modo que este dispositivo nos permite deconstruir algunos saberes per se que orientan las prácticas y construyen sentido al COLEGIO

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En nuestro territorio la atención primaria de salud es un componente dentro de una constelación de otros derechos precarizados: como el acceso a la vivienda, a la red de agua potable, a servicios públicos básicos, que inciden directa e directamente en la salud y salud mental de la población.

MAPA - Ubicación del EAC -1

lizan en infraestructura, servicios, uso del espacio público y las formas de organización social de los grupos poblacionales. Reconociendo esas fronteras y la dinámica que le imprimen los grupos poblacionales a las organizaciones estatales y no estatales, en el caso del EAC 33 la permanencia del equipo –de forma continua en el territorio- ha posibilitado la construcción de lazos comunitarios tanto con la población como con las organizaciones de la zona. Asimismo, este equipo se ha constituido en un referente para la red de salud mental (provincial) y para otras instituciones provinciales y municipales. Este reconocimiento, como referente en el territorio, determina de forma significativa la permanente consulta espontánea de quienes llegan solicitando atención o asesoramiento. Además de estas solicitudes, receptamos derivaciones provenientes de distintos sectores: efectores de atención primaria de la salud de la zona y de las escuelas primarias y secundarias de la zona; hospitales generales e instituciones monovalentes pertenecientes a la red de efectores de salud mental; y, en menor medida, efectores de justicia, educación y desarrollo social y dependencias del CPC Argüello. COLEGIO

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a esta trama, manifestaciones de resistencia y conflictividad en el sector de los trabajadores de salud. (4) Desde el año 2016 registramos un aumento en la solicitud de atención por parte de la comunidad en sus iniciativas propias, de los efectores nuestra área programática y de instituciones de salud mental (especialmente Hospital Neuropsiquiátrico, Casa del joven y Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico). Reconocemos que el proceso de desinversión en el sector público de salud mental, a nivel provincial, tiene en su haber más de dos décadas sin incremento sustancial en la asignación de recursos humanos y materiales ni creación de otros dispositivos sustitutivos indicados por los marcos normativos vigentes, tales como Centros de Día, Casas de Medio Camino, Residencias Asistidas, etc. Al momento de este escrito, el número de efectores comunitarios de Salud Mental de la zona noroeste es igual que hace dos décadas; contando con tres Equipos de Atención Comunitaria ubicados en los barrios Los Boulevares (EAC 54) ; Blas Pascal (EAC Blas Pascal) y Argüello (EAC 33) para atender un radio de cobertura de 194.900 habitantes correspondiente a la Zona Sanitaria 6. A la fecha, el radio de cobertura del Centro de Salud 33 es de 20.000 habitantes que residen en barrios del noroeste de la ciudad4 y asiste a 4.400 unidades familiares que están registradas en las historias clínicas del centro de salud; por lo cual la demanda de atención es mayor, considerando que el centro de salud cuenta con ginecología, odontología, ecografía, dermatología, sumado a un equipo interdisciplinario de salud mental provincial. Otro factor que operó en el aumento de la demanda es que el Hospital Municipal de Villa Allende delimitó la atención de salud mental para residentes de esa localidad, por lo tanto el EAC 33 se constituye en el único efector de la provincia después de la circunvalación y antes del Hospital Regional de Unquillo.

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II. Dos décadas de espera: paciente EAC Desde el año 2016, registramos un aumento en la solicitud de atención por parte de la comunidad que concurría por iniciativa propia; incremento de la demanda por parte de los efectores de la zona sanitaria 6 y de instituciones de salud mental (especialmente Hospital Neuropsiquiátrico, Casa del joven y Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico). Desde nuestro análisis consideramos que este incremento de la demanda obedeció a factores conyunturales: entre ellos, el cambio de gestión en la Dirección de Salud Mental provincial con énfasis en reactualizar lineamientos institucionales de desmanicomializar y desinstitucionalizar la salud mental proponiendo “la eficientización de los servicios de las áreas comunitarias” (Filiponni 2008)3 sin asignación presupuestaria ni el financiamiento de ninguno de los dispositivos necesarios para llevar a cabo los lineamientos propuestos en el marco de la ley de salud mental provincial y nacional. Se suman COLEGIO

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III. Una pregunta que nos resuena: ¿Los conocimientos de los trabajadores del campo sociosanitario alcanzan para abordar la complejidad de lo social? Spinelli, Hugo (2017) Nos interpela la pregunta de Spinelli (2017), en apariencia distante del objeto de esta presentación, porque nos reconocemos trabaja-

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dores en ese campo, intentando abordar esa complejidad de la que hemos recortado un instante. Ante la creciente solicitud de atención y la ausencia de lineamientos de la Dirección de Salud Mental, como equipo resignificamos nuestros conocimientos en el territorio y los saberes en torno a la dinámica de algunas de las instituciones que derivaban con el único criterio de proximidad geográfica, homogeneizando un Gran Argüello. Esos conocimientos, otorgados por la interacción cotidiana con las instituciones y con las personas, nos permitieron crear un dispositivo de Consulta de primera vez, diferenciado del Dispositivo de Admisión. ¿Por qué atribuimos estatuto de Dispositivo a ese espacio de disponibilidad de Consulta de primera vez? Tomando los aportes de Agamben G. (2016); Deleuzze G. (1989). Para Agamben G. el dispositivo es:

fue tal la concurrencia de personas que solicitaban turnos, que nos interpeló a distinguir si consultaban por situaciones emergentes de su vida cotidiana, si eran derivados, si eran “casos de otras instituciones, enviados a seguir siendo casos” o si demandaban atención por su cuenta. En ese primer encuentro, nosotros, no somos nadie aún (y exactamente desde allí intervenimos) para ese otrx consultante; por lo que implica de nuestra parte apostar a una hospitalidad posible a partir de la función de escuchar. En ese encuentro algunas personas intentan hilar un argumento acerca de qué y para qué concurren al EAC, otras expresan su sufrimiento por las condiciones de vulnerabilidad de sus vidas materiales y simbólicas, y otros por su transcurrir en instituciones de salud, justicia y educación. En esta interacción en que los integrantes del equipo “no somos nadie o somos los mismos a..” para las personas que consultan, a la vez y de forma paradojal, por formar parte de los trabajadores del Estado. Entonces, la apuesta es que en ese intersticio de consulta de primera vez las representaciones per se den lugar a la construcción de alguien, que pueda constituirse en un acontecimiento y posibilite un encuentro hospitalario para quien consulta al equipo de salud. Esta hospitalidad que intentamos constituir, advertimos, por experiencia, que en práctica se pone en tensión en lo que podemos nombrar maniobras del poder discrecional; poder que, por un lado, nos invisten nuestras disciplinas profesionales, pero también maniobras que pueden operar por la ausencia de directrices de las políticas de salud mental. Aun así, con políticas sociales de salud mental deficitarias para direccionar las acciones en el Área Comunitaria, no podemos desconocer los marcos normativos de las leyes de salud mental, en particular la Ley Nacional 26 657. Esa ley que aún está en proceso de implementación en sus lineamientos desde la pers-

… un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, (...) En sí mismo, el Dispositivo es la red que se establece entre estos elementos y tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación/ juego de poder que resulta del cruce entre relaciones de poder y de saber (2016:49). Para Deleuze G. (1989): En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras (1989: 3). Estos dos autores nos permiten reflexionar respecto de lo que acontece en ese encuentro; encuentro o no entre quien consulta y quienes escuchan. En ese momento y espacio podríamos ubicar, topológicamente, al modo de una urdimbre, el Dispositivo de primera vez. Urdimbre que tiene el propósito de lo que Deleuze G. enuncia “como líneas de visibilidad de enunciación, líneas de fuerza, de subjetivización, de rupturas, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta mutaciones de disposición”. (1989: 4) Este Dispositivo de Consultas de primera vez fue construido hace un año y nos ha permitido alojar esta distinción y separación entre: “casos-consultantes” y “demandas-emergentes” (algo que sucede); así como también alojar la suspensión de saberes disciplinares previos. Con esto queremos decir que, en un momento determinado, COLEGIO

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pectiva de Derechos Humanos, promueve ciudadanía, criterios de equidad y accesibilidad. “De modo que el poder de maniobrar con discrecionalidad, que por un lado otorgaría potestades previstas en la ley, por las funciones, también incluye ciertas libertades de acción, escogiendo la opción que más convenga para quien administra” (Chiara M. Di Virgilio M, 2015: 146). En nuestra experiencia, las maniobras de poder discrecional opera –o intentamos al menos-, en pos de construir ciudadanía de las personas que concurren al EAC, sin detrimento de la ciudadanía de los profesionales trabajadores. Consideramos que reflexionar sobre la discrecionalidad que opera en las prácticas, nos permite dimensionar el trato con las personas. ¿Cómo se dan esos encuentros?, ¿qué disponibilidad de tiempo nos otorgamos para revisar si en nuestras acciones se juega una hospitalidad o una hostilidad?

pasa cuando estos no cuentan con los recursos materiales necesarios para afrontar las necesidades del grupo poblacional de su radio de cobertura? En términos de Mario Testa, reconocemos una forma de disminuir el gasto social en salud y, al constituir el único servicio disponible para la población destinataria, “APS resulta una atención más precaria que primaria”5 (Testa, 1983, p. 77). En nuestro territorio la atención primaria de salud es un componente dentro de una constelación de otros derechos precarizados: como el acceso a la vivienda, a la red de agua potable, a servicios públicos básicos, que inciden directa e directamente en la salud y salud mental de la población. APS ¿Puerta de Entrada al Sistema? Estar en el territorio, en el barrio, al aparente alcance que da la proximidad, no determina la posibilidad idéntica generalizable a todxs de que sus “entradas al sistema” sean nuestros Equipos. Al menos no en Salud Mental. En no pocas ocasiones, el EAC constituye “la última puerta” para algunas personas que circulan por una serie de puertas semicerradas fuera del territorio, constituyéndose una suerte de “regreso” para algunas personas, de “último intento” para otras. En esas puertas semicerradas se juega, por parte de los efectores del sistema público y privado del área de educación, salud, justicia, lo que hemos nominado “Derivación a la Deriva”. Reconocemos allí un recorrido de errancia sustentado en la desconexión entre los niveles, entre efectores, el desconocimiento de condicionantes diversos que dificultan a la comunidad el acceso o la llegada a los servicios de salud, desconocimiento de la localización y cantidad de recursos de los efectores territoriales. Constatamos que las modalidades de recepción establecidas en las instituciones no permiten conocer estas variables que harán “Derivar la Derivación”. Advertidos de esto, en el Dispositivo de primera vez intentamos que opere una información oportuna y necesaria para quien consulta o para quien deriva. Esta operación posibilita conectar, en más de una oportunidad, las necesidades de las personas con recursos institucionales de la comunidad. Podemos decir que el hecho de informar a la comunidad como a los efectores que derivan, que “manden, envíen, lleguen el día martes para escuchar los motivos por los cuales las personas concurren o deben ser atendidas, nos ha posibilitado evitar fricciones, malos entendidos, con las instituciones y con las personas. Porque no pocas veces hacer lugar al discurso “de comunidad” excede largamente el límite de una calle, y es rigurosamente pertinente al trabajo en el

IV. Breves Desmontajes - Pistas para el debate

Salud Mental y Derechos Humanos

Dado que en estas jornadas nos convocan a Decir lo indecible, nos parece importante resignificar algunos cliché/saberes/representaciones sociales que se juegan en el territorio y que el trabajo vivo, en acto, nos interroga. Algunos de estos saberes: ¿Atención Primaria/Atención Precaria de la salud? En más de una oportunidad enunciamos que APS es una herramienta de construcción de ciudadanía y se constituye en la puerta de entrada al sistema de salud. Los centros de salud municipal y los EAC se constituirían en esta entrada sistemas de salud, pero ¿qué

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campo de la Salud Mental. Reconocemos que ya en el dispositivo surgirá la cuestión de las Áreas Programáticas o de cobertura, que complejizan esa llegada y están definidas desde criterios sanitarios entre los que nuestra especificidad se entrecruza no sin dificultad.

2

Conclusiones

3 Filipponi Emilio (2008). 4 www.cordoba.gob.ar/2017/.../centro-salud-arguello-se-sumo-la-historia-clinica-unica-.publicado el 04/04/2017 5 Testa, M. (1983).

No estamos seguros de concluir porque el trabajo en estos territorios de salud mental y tramas sociales nos convoca a dejar que los sucesos se desplieguen y seamos capaces de acompañarlos para poder intervenir oportunamente. El dispositivo, desde una escena simple y cotidiana compartida, seguramente, por muchos equipos como el nuestro, pone en juego y discusión paradigmas y procedimientos en cada ocasión. Y esto es, precisamente, lo que queremos compartir con ustedes. Muchas Gracias.

Derrida, Jaques (2001) “El arribante absoluto es alguien que no debe ser solamente un huésped invitado que estoy preparado para acoger, sino lo contrario, es alguien cuya venida inopinada, imprevisible, cuya visitación es una irrupción tal que no estoy siquiera preparado para acogerla. Es preciso que yo ni siquiera esté preparado para acogerla, para que haya una verdadera hospitalidad. La hospitalidad no consiste en recibir lo que se es capaz de recibir sino allí donde la vida del otro me excede, parece más grande que mi casa, no puedo prever si el otro va a conducirse bien en mi casa, en mi ciudad, en mi Estado”. (2001:94)

Bibliografía

Agamben, G. (201&) “Qué es un dispositivo”. Editorial AH. Adriana Hidalgo, 2017. Chiara, M., Di Virgilio, M. (2015) Gestión territorial integrada para el sector salud. Cuadernos de Trabajo – Publicación Universidad Gral. Sarmiento Bs. AS. 2015. Deleuze, Guilles (1989) “Qué es un dispositivo”, disponible en deleuzefilosofia.blogspot. com/2010/02/que-es-un-dispositivo.html Filipponi, Emilio (2008) Director de Salud Mental, Ponencia “Políticas de Salud Mental: Proceso de Desmanicomialización”, Jornadas por una Ley Provincial de Salud Mental “Tendiendo puentes entre SM y DD.HH”. Publicación Mesa de Trabajo de Salud Mental y DD.HH. Grassi E., Danani, C. (2014) “Los caminos de la vida y el mundo del trabajo”. Compiladoras. Editorial Espacio. Testa, M. (1983). Atención ¿Primaria o Primitiva? de la salud. Recuperado el 13/2/2015 de http://www.unla.edu. ar/documentos/institutos/isco/cedops/libro2a5.pdf Spinelli, Hugo (2016) “Volver a pensar en salud: programas y territorios”. Revista Salud Colectiva Volumen 2. Universidad Nacional de Lanús. 2016.

Notas 1

Grassi, Estela; Danani, Claudia (2014). Experiencia de vida, entendida como conjunto de circunstancias, pertenencias y hasta reminiscencias formativas del sujeto y no solo como aprendizaje adquirido en una práctica dada o por haber transitado una situación particular. La experiencia de vida es “una vida anterior situada”, es decir, dada por los lugares del espacio social que ocupa y por los que transita el sujeto. No debe entenderse como el pasado, sino más bien como “lo vivido acumulado”, en lo que se inscribe el presente, que no es determinado, sino que a su vez, completa y modifica. Esa experiencia provee de los recursos para la acción y configura una cierta forma o estilo de mirar e interpretar, de situarse y de actuar, aunque no necesariamente la mirada o la interpretación en sí, por lo tanto es social e histórica, no simple vivencia subjetiva.

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Cobertura Universal en Salud: entre los derechos y el mercado1

modificarlas se han reproducido fielmente, pero con un agravante. El proceso de descentralización de efectores de baja complejidad iniciado a finales de los 80 y finalizado a mediados de los 90 fue de tal magnitud que ha multiplicado el “estallido” de la autoridad sanitaria provincial y ha profundizado el desfinanciamiento de los efectores sanitarios a nivel local. Cuestión que hasta el momento no logró ser resuelta eficazmente. Frente a este escenario, recientemente, el gobierno nacional ha explicitado cuál es su hoja de ruta en materia de reformas de nuestro sistema sanitario: la CUS (Cobertura Universal en Salud). La cual no es más que la estrategia sanitaria que vienen impulsando los organismos sanitarios internacionales (OMS–OPS) desde, por lo menos, 2005, pero que se transforma en el eje central de la estrategia de reformas para la región a partir del 53° Consejo Directivo y 66° Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas en Octubre de 2014. La CUS implica, más allá de sus propósitos y objetivos bien intencionados, un importante rediseño institucional que, según los organismos defensores de la propuesta, es lo que permitiría alcanzar la cobertura universal y posibilitaría garantizar la accesibilidad en salud de manera equitativa. Los organismos internacionales señalan que no existen recetas únicas para implementar la CUS, sino, por el contrario, cada país deberá construir su propio camino a partir de las características del contexto local. En nuestro país quedaron plasmadas, en el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/16, las características particulares que asumiría la CUS en la Argentina y la manera como se financiaría el inicio de su proceso de implementación. Las páginas que siguen nos servirán para desarrollar los rasgos más sobresalientes que tendría la CUS en nuestro país, así como las posibilidades de que estos se ajusten a los estándares del Enfoque de Derechos Humanos en el campo de la salud. Es decir, de que la CUS permita que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud de manera universal a todos los ciudadanos sin discriminación y/o diferenciación alguna.

Introducción

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l sistema de salud en la Argentina, tal cual quedó conformado desde mediados de la década del 60, se ha caracterizado por su fragmentación, la falta de coordinación, la debilidad regulatoria estatal, el sub-financiamiento público, su sesgo corporativo, la irracionalidad en la incorporación de nuevas tecnologías y la desproporción entre recursos invertidos y resultados sanitarios obtenidos, todo lo cual terminó consolidando enormes asimetrías sociales y regionales y marcadas desigualdades en el nivel de garantía del derecho a la salud. Este diagnóstico, que cuenta con un enorme nivel de consenso entre los actores más relevantes del campo, ha intentado ser abordado por los diversos gobiernos en los últimos cuarenta años desde diferentes paradigmas, pero siempre con resultados más que decepcionantes. Políticas de orientación fuertemente estatista (Sistema Nacional Integrado de Salud en la década del 70), como otras de carácter “market friendly” (desregulación de Obras Sociales en los 90) fueron incapaces de torcer el rumbo de nuestro sistema de salud en un sentido más igualitario. Pero, además, no solo fracasaron en sus objetivos reformistas, sino que, también, terminaron potenciando muchos de sus aspectos más cuestionables. Los diversos gobiernos no lograron generar los necesarios consensos de largo plazo ni construir las capacidades técnicas y políticas imprescindibles para impulsar y sostener un proceso de transformaciones que enfrente las complejidades del campo de la salud. Complejidades dadas por la magnitud y poderes relativos de los actores que constituyen este campo, los intereses en conflicto, la cantidad de recursos económicos en disputa (según cálculos recientes 9% del PBI), la proporción de la población económicamente activa que trabaja al interior de este, la influencia creciente de los procesos de modernización tecnológica y los cambios en las preferencias, aspiraciones y patrones de consumo de la sociedad en torno a la salud. En el caso del sistema de salud de la provincia de Córdoba, estas características sistémicas y los procesos que han intentado COLEGIO

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Cobertura Universal en Salud La propuesta de la CUS aparece mencionada en diversos documentos institucionales de OMS–OPS anteriores al 20142, pero es en ese año durante el 53° Consejo Directivo y 66° Sesión del Comité Regio-

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nal de la OMS para las Américas cuando esta se convierte en el eje de las propuestas de reforma sanitaria destinadas a, según se expresa en el citado documento, lograr de manera universal la garantía del derecho a la salud y terminar con las inequidades. El documento se inicia con un diagnóstico lapidario sobre la situación de los sistemas de salud en la región que vendrían a ser resueltos por la CUS. Se señala, entre otras cosas: la existencia de indicadores sanitarios no satisfactorios, patrones epidemiológicos complejos, falta de acceso, segmentación y fragmentación por debilidad regulatoria, modelo de atención a demanda y episódico y baja capacidad resolutiva y limitada articulación del primer nivel de atención. Además, se marcan los profundos desequilibrios y brechas en la disponibilidad, distribución, composición, competencia y productividad de los recursos humanos de salud, que se acentúan en el primer nivel de atención; y que el acceso y uso racional de medicamentos y otras tecnologías de salud seguras, eficaces y de calidad, COLEGIO

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así como el respeto de la medicina tradicional, continúan siendo un reto para la mayoría de los países de la Región. Finalmente, se afirma que el financiamiento es escaso e ineficiente su uso y que existe falta de coordinación eficaz con otros sectores y capacidad de liderazgo para la ejecución de iniciativas intersectoriales que aborden los determinantes sociales de la salud3. El texto pone un marcado énfasis en los problemas de financiamiento que han motivado el incremento de los “pagos de bolsillo” en el sector. Estos pagos, según la OMS, se habrían convertido en un factor clave de empobrecimiento (“salud empobrecedora”) para amplios sectores sociales de la región que tendrían que afrontar de manera habitual estos “pagos de bolsillo” o de manera excepcional en eventos “catastróficos”. La CUS debería, principalmente, ser un nuevo marco de reglas de juego sectoriales que sirvan para resolver este problema. Así, la OMS define el acceso universal como la ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización

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o de género, lo que posibilitaría que todas las personas utilicen servicios integrales de salud, determinados a nivel nacional, de manera equitativa. La cobertura de salud se define, a su vez, como la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población, lo cual incluye la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos, tecnologías de la salud (incluyendo medicamentos) y financiamiento. La cobertura universal de salud implica que los mecanismos de organización y financiación son suficientes para cubrir a toda la población. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. Ambas requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar4. Por otra parte, se afirma que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno, y efectivo, a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. Las estrategias de salud que aseguren el acceso oportuno y de calidad para todas las personas, en el marco del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, requieren solidaridad para promover y suministrar la protección financiera. Para ello es necesaria la mancomunación 5 solidaria de los fondos y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios6.

los determinantes sociales de la salud que garanticen la sostenibilidad de la cobertura universal7. Sin embargo, la OMS no deja de tomar sus resguardos cuando aclara que cada país tiene la capacidad de definir su plan de acción, teniendo en cuenta su contexto social, económico, político, legal, histórico y cultural, al igual que los retos actuales y futuros en materia de salud. Esto, seguramente, dicho con el fin de evitar que su propuesta sea acusada de sostener un “universalismo tecnocrático” y descontextualizado, muy en boga durante los 90 por parte de los organismos financieros internacionales (BID y BM, en particular).

La CUS en la Argentina A partir del espacio que le otorgan los organismos internacionales a cada uno de los países miembros para que el proceso de implementación de la CUS contemple las particularidades locales, es que se hace necesario detallar los rasgos salientes que esta adquiere en nuestro país. En primer lugar, debe decirse que para las actuales autoridades del Ministerio de Salud de la Argentina la CUS no aparece como un programa o proyecto específico, sino más bien como un propósito o sentido estratégico que subyace a cada uno de los programas o proyectos en ejecución. Es decir, cada uno de ellos aparece puesto al servicio del logro de la Cobertura Universal en Salud (CUS Medicamentos, CUS Médicos Comunitarios, por ejemplo). En algún sentido, la CUS aparecería casi como una consigna (el logo CUS aparece junto al del Ministerio en toda documentación o acto de gobierno) que atraviesa absolutamente todas las actividades que desarrolla el Ministerio de Salud. Este espíritu quedó plasmado en la Resolución 475/16 del Ministerio de Salud de la Nación del 14 de abril de 2016, la que fue presentada y aprobada por el conjunto de Ministros de Salud de las Provincias y la CABA en la II Reunión Ordinaria del COFESA del 9 de mayo de 2016, y que consta en el Acta N° 2/2016 de dicho Consejo. Ahora bien, más tarde, la CUS queda formalizada como la estrategia central de la política sanitaria nacional a partir de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 908/16 del 3 de agosto de 2016. En él queda plasmado el acuerdo al que llega el Gobierno Nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) para el reparto de los fondos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR)8 al 28 de julio de 2016, que no fueran oportunamente aplicados conforme la normativa vigente, deducido el monto no distribuido correspondiente al año 2015.

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En la estrategia se establecen cuatro líneas estratégicas simultáneas e interdependientes: a) ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y las comunidades; b) fortalecer la rectoría y la gobernanza; c) aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios; y d) fortalecer la coordinación multisectorial para abordar COLEGIO

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Estos recursos, que a dicha fecha alcanzaban los 30.000 millones de pesos, se distribuyen de la siguiente forma: „„ 2.704 millones de pesos serán para pagar la deuda histórica que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud con las obras sociales por tratamientos médicos de alto costo ya brindados. „„ 4.500 millones de pesos serán para un Fondo de Emergencia y Asistencia para brindar apoyo económico a obras sociales ante situaciones de epidemias, implementar campañas de prevención de enfermedades, adquirir o reparar centros de salud propios y financiar programas de fortalecimiento institucional. „„ 14.000 millones de pesos serán colocados en bonos del Tesoro Nacional, cuyos intereses serán integrados al FSR para financiar el pago de prestaciones médicas.

tituirse en el Banco de la Nación Argentina y cuya administración estaría a cargo de una Unidad Ejecutora que se conformaría para tal fin, integrada por dos representantes de la Superintendencia del Seguro de Salud (SSS), dos del Ministerio de Salud de la Nación y dos de la CGT. Este Fondo Fiduciario se conformó, finalmente, con la Resolución 99 del 21 de febrero de 2017 emitida por la SSS, y se integró con los 8.000 millones de pesos arriba mencionados más los intereses devengados desde que se emitió el DNU 908/16. La Resolución establece que los fondos se utilizarán exclusivamente para financiar la CUS y se destinarán a instituciones nacionales, provinciales y/o municipales según lo disponga la Unidad Ejecutora creada a tal fin. No deja de ser llamativo que, por primera vez, un actor corporativo como la CGT participa activamente en la gestión de fondos destinados a instituciones públicas. Debe decirse aquí, que la Unidad Ejecutora antes mencionada, se creó mediante la Resolución 840 – E del Ministerio de Salud de la Nación del 10 de julio de 2017, a través de la cual se reafirman las atribuciones de aquella y se designan a sus primeros integrantes. Pero, además, el decreto 908/16 señala que la implementación de la CUS debe respetar los objetivos planteados en el Anexo 1 de este y que, por ende, son los que serían financiados con los fondos

Tal vez lo más llamativo de este acuerdo es que el Gobierno Nacional logra que la CGT acepte destinar alrededor de 8.000 millones de pesos del FSR al proceso de implementación de la CUS, entendiendo que las instituciones públicas necesitan un fuerte proceso de modernización con el objetivo de ponerse en sintonía con el proceso iniciado. Estos fondos se depositarían en un Fondo Fiduciario a consCOLEGIO

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„„ ya se pusieron en marcha seguros provinciales de salud financiados por cada provincia. El Plan Nacer/Sumar funcionan como un seguro de salud parcial; „„ para que las provincias puedan implementar la CUS el Estado Nacional debería asistirlas técnica y económicamente, con fondos coparticipables; „„ revisión integral del Programa Médico Obligatorio (PMO): listado de procedimientos de diagnóstico y tratamiento originado en el Nomenclador Nacional; „„ 8,5 % del PBI dedicado a salud; „„ 8.000 millones de pesos disponibles del FSR. Los ejes de la propuesta de la CUS, que implicarían una profunda transformación de nuestro sistema sanitario, se basan en: „„ el Estado nacional financiaría la atención de los ciudadanos sin cobertura que acudan a hospitales públicos de cualquier jurisdicción mediante creación de seguros públicos; „„ conformación de un padrón nacional (con datos públicos y privados) identificando la cobertura; „„ cobertura nominalizada donde no existan subsidios cruzados; „„ creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología; „„ creación de un sistema de salud mixto integrado, con competencia regulada, desde el cual se optimicen e integren los distintos subsectores para reducir la segmentación y la fragmentación del sistema sanitario.

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antes señalados. Estos son: „„ Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud. „„ Mejoramiento de las determinantes sociales de salud. „„ Desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de salud. „„ Fortalecimiento y modernización del sector público de salud. „„ Acciones de Atención Primaria de la Salud. „„ Desarrollo y optimización de las Redes Integradas de Servicios de Salud. „„ Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. „„ Fortalecimiento de los recursos humanos en salud. „„ Actividades de Promoción y Protección de la salud y medicina preventiva.

Así, la estrategia lograría: „„ La creación de la Cobertura Universal de Salud. Esta permitirá a los pacientes del sistema público tener credencial –casi 15 millones de personas-, ficha médica e historia clínica y acceder a los servicios de calidad que necesitan, incluyendo descuentos en medicamentos. Esto se lograría mediante la cobertura de un seguro público con financiamiento estatal. „„ Reparto de un fondo de casi 30.000 millones de pesos. El 15% de los aportes para obras sociales de todos los empleados del país va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que tiene una serie de programas para compensar a las obras sociales con empleados de menores ingresos y financiar tratamientos de alta complejidad, entre otros. „„ Integración del sistema y fortalecimiento de los hospitales públicos. Estos son uno de los actores más perjudicados por el

Las autoridades sanitarias nacionales estiman que estarían dadas las condiciones para iniciar el proceso de implementación de la CUS, para lo que se tiene en cuenta el escenario inicial: „„ 14,5 millones de personas se atienden en el sistema público (33% de la población); COLEGIO

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sistema, porque atienden a beneficiarios de obras sociales y prepagas sin cobrar casi nunca por sus servicios. El sistema es demasiado complejo y los pagos llegan demasiado tarde. Para revertir esta situación, y empezar a integrar el sistema público y los sistemas privados, a partir de ahora las prestaciones que los hospitales públicos den a beneficiarios de obras sociales se van a pagar, después de un período de adaptación, en menos de treinta días. „„ Cambio en la manera de financiar la atención a las personas con discapacidad. En lugar de ser pagado por la obras sociales para esperar después el reintegro del Ministerio de Salud (lo que genera demoras y gastos administrativos), el Ministerio creará un programa, llamado “Integración”, para pagar directamente a través del FSR las prestaciones médicas de las personas con discapacidad, liberando a las obras sociales y haciendo “más sencillo” el proceso. „„ Readecuación de la manera en la que se distribuyen los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. Buscarán hacerlo “más equitativo” para los afiliados de las obras sociales que tienen un menor salario promedio. „„ Creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para crear una agencia que estudie los medicamentos, productos, técnicas y procedimientos adecuados para atender cada enfermedad, con el objetivo de bajar costos y evitar sobreprecios. Se pretende evitar el “sobrediagnóstico” y “sobretratamiento” a través de la estandarización de los procedimientos en base al análisis costo-efectividad de estos y la medicina basada en evidencias. También será responsable de establecer las técnicas sanitarias que tendrán carácter vinculante con la justicia, lo que va a ayudar a bajar la judicialización del sistema.

beneficiarios, normalización de bases de datos y ficha básica de salud, entre otras herramientas.

La lectura de los diferentes instrumentos normativos y/o políticos, así como las declaraciones públicas de diversos funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, permiten inferir que la implementación de la CUS está basada en un fuerte proceso de modernización tecnológica de nuestro sistema sanitario, lo que permitiría avanzar en la nominalización de las coberturas y la protocolización de los procesos. Esto ha quedado plasmado en la Resolución Conjunta 3-E/2016 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Modernización del 24 de octubre de 2016, en el marco del Decreto 434/16 Plan de Modernización del Estado, en la cual se aprueba el Programa de Modernización del Ministerio de Salud. El Anexo 1 de la citada resolución plantea que a los fines de una estrategia de Cobertura Universal de Salud que permita brindar servicios de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación es necesario desarrollar instrumentos y sistemas de identificación de COLEGIO

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Para esto se acuerda avanzar con las siguientes líneas estratégicas: I. Plan de Tecnología y Gobierno Digital: Se propone fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos. Asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente. II. Gestión Integral de las Personas y Cambio Organizacional: Es fundamental que la gestión de las personas se acompañe de un proceso de cambio organizacional que permita avanzar en su jerarquización, facilitando el aprendizaje y la incorporación de las nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionaliza-

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ción de los trabajadores de la administración pública. III. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación de recursos.  IV. Gobierno Abierto e Innovación Pública: Junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado debe promoverse la más amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y de las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía.  V. Estrategia País Digital: se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear alianzas con las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un marco de intercambio de colaboración mutua, poniendo al servicio del desarrollo conjunto de las administraciones, las experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el territorio nacional9.

Para implementar esta estrategia cardinal de la CUS, resulta necesaria la identificación individual de los beneficiarios y su correspondiente cobertura o financiación. La identificación de los beneficiarios permitiría confeccionar y brindarles un Documento Nacional de Salud, que identifique e individualice el subsector responsable de su cobertura, como así también permita acceder a una Historia Clínica Única. Los proyectos sustantivos mencionados para avanzar conjuntamente son los siguientes:  1. Historia Clínica Digital  Funcionará a través de una arquitectura de interoperabilidad interconectando las porciones de historias clínicas que cada paciente tenga en cada efector. Es el documento obligatorio –soportado por una plataforma informática– en el cual, en forma cronológica y completa, conste toda la información clínica relevante del beneficiario y toda actuación realizada a este por profesionales y auxiliares de la salud.  Se desarrollará, también, un sistema de trazabilidad de pacientes de oncología pediátrica y otras enfermedades graves, con seguimiento de los eventos clínicos, fármacos y estudios, con el fin de facilitar las prácticas médicas a estos pacientes ante cambios de domicilio, viajes o cambios de prestador, y bajar los riesgos de repetición de tumores o complicaciones con otras enfermedades. 

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En el mismo instrumento legal se sostiene que el Ministerio de Salud promueve la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS) la cual tendría por objetivo que todos los individuos tengan acceso a los servicios de calidad que necesiten (promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos), sin tener que pasar dificultades financieras para hacer frente a ellos. La CUS sería una meta abarcadora para nuestro sistema de salud, con el fin de asegurar que todos los individuos tengan acceso a servicios de calidad, integrados y basados en la atención primaria de salud, a lo largo de su ciclo de vida. Tarea que debería desarrollarse en acción conjunta con los gobiernos provinciales. Se afirma, también, que la CUS le da un foco renovado a los determinantes sociales de la salud y al compromiso de otros sectores de la sociedad civil para promover la salud y el bienestar de la sociedad. En este sentido, las acciones de cobertura en materia de atención médica deberían complementarse con la tarea de las otras áreas de gobierno sobre los determinantes sociales y el compromiso de toda la sociedad civil para promover la salud y el bienestar.  El Ministerio de Salud considera que la CUS es, en esencia, una declaración del compromiso ético permanente de los sistemas de salud con los derechos de las personas, representando una oportunidad para reactivar y relanzar el conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas de las experiencias de los países en expandir su acceso al cuidado de la salud. La CUS sería, así, más un proceso que una meta, que trata de identificar caminos para mejorar la vida de las personas.  COLEGIO

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2. Tarjeta Documento Nacional de Salud y Ficha de Salud Es el instrumento de identificación de cada habitante que permitirá individualizar el tipo de cobertura que posee y su ficha de salud.  3. Red Global de Salud  Es una red de organizaciones sanitarias que presta, o hace arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida.  Se define como un conjunto de vínculos entre instituciones de servicios de atención de salud que, combinando recursos humanos y materiales a través de relaciones funcionales coordinadas e integradas, dan respuesta a las necesidades de salud de la población.  La regionalización es un esquema de implantación racional de los recursos de salud, organizados dentro de una disposición jerárquica en la que es posible ofrecer una máxima atención en los centros primarios; mientras que los demás servicios van siendo apro-

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piadamente utilizados de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de salud.

campo y ocupa un lugar significativo en la cultura sanitaria de nuestra sociedad. Las Obras Sociales (seguros) han sido, y son aún hoy, consideradas, tanto por dirigentes sindicales como por parte importante de la sociedad argentina, como un mecanismo de movilidad social ascendente. El mecanismo mediante el cual los trabajadores pudieron acceder, a partir de la década del 40, a la medicina de los sectores de altos ingresos. Así, la promesa de disponer de una obra social para aquellos que no la tienen (tal como presenta el gobierno a la propuesta de la CUS) es, para amplios sectores, un anhelo o una aspiración más que una amenaza. Sin embargo, la experiencia internacional nos muestra que someter a la lógica financiera del aseguramiento la determinación del alcance del derecho a la salud puede ser un obstáculo para su efectiva realización. A través de estos seguros, y previa definición de un nuevo PMO (Plan Médico Obligatorio) que debería universalizar el acceso a las prestaciones esenciales, todos los ciudadanos podrían elegir el prestador (público o privado) en el cual atenderse. Esto implicaría consolidar al interior de nuestro campo la lógica de los programas de beneficios en salud o universalismo básico o de garantía explícitas, distintos nombres para designar igual tipo de política según el caso en particular11.

4. Receta Electrónica Se trata del desarrollo de los aspectos instrumentales, técnicos, informáticos y normativos de la receta electrónica para utilizar en la CUS.  5. Telesalud  Tiene como objetivo desarrollar vínculos de segunda opinión médica, colaboración, capacitación y conocimiento mediante el uso de modernas tecnologías de la información, integrando establecimientos, redes y profesionales de salud en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) con el objeto de mejorar la calidad de atención, diagnóstico y tratamiento. Sistema de Consulta Virtual para resolver casos de pacientes con enfermedades raras, en particular oncológicas, ante una comunidad de expertos ya establecida, con acceso legal y ético a la información relativa a estudios de laboratorio y análisis, así como a las fases anteriores de atención. Se propicia el acceso a la información y conocimiento mediante la interacción permanente de todo el sistema nacional de salud con la finalidad de universalizar el acceso a la salud, promoviendo la realización de interconsultas entre profesionales y equipos de salud, la actividad de docencia e investigación entre distintos equipos y establecimientos.  6. Modernización de sistemas y procesos de la Superintendencia de Servicios de Salud  Corresponde a la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de información para implementar nuevas soluciones y servicios que permitan agilizar los plazos, aumentar la transparencia y modernizar los métodos en los procesos que vinculan a la Superintendencia de Servicios de Salud con los sujetos por ella regulados10.  En definitiva, el modelo de la CUS planteado para nuestro país implicaría un profundo proceso de transformación de algunas de sus tradicionales reglas de juego y la consolidación de algunas de sus tendencias previas. La CUS pretende avanzar hacia la universalización del aseguramiento en materia sanitaria a todos los ciudadanos del país a partir de la creación de seguros públicos de salud. Así, a los seguros privados y a las obras sociales se vendría a sumar un nuevo tipo de seguro público destinado a los grupos carenciados, desocupados o trabajadores informales. El Estado estaría reconsiderando, aquí, su responsabilidad en materia sanitaria hacia los sectores carenciados, limitándola a garantizar el financiamiento de su cobertura. No es un dato menor afirmar que el aseguramiento como manera de acceder a los servicios de salud en la Argentina es una tendencia muy fuertemente arraigada en poderosos actores del COLEGIO

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En este sentido, los defensores de este tipo de programas consideran que, en la actualidad, ningún país del planeta está en condiciones de garantizar de manera plena y universal el derecho a la salud. Entendiendo por esto: financiar a todos, todo lo que la medicina y la tecnología pueden ofrecer a las personas en materia de técnicas de diagnósticos y tratamientos. A partir de esta afirmación, los Estados se ven en la disyuntiva de introducir restricciones implícitas (listas de espera, cupos, tecnología no disponible o falta de recursos humanos) o explícitas (canastas básicas de servicios con protección financiera). Por supuesto, se considera que son las segundas las que introducen racionalidad a la relación entre Estado y ciudadanos en materia de garantía del derecho a la salud12. La presencia de un seguro para cada ciudadano permitirá nominalizar la cobertura y garantizar el acceso a un cuasi-mercado de efectores, públicos o privados, que actuando de manera integrada y cooperativa evitarán superposiciones y despilfarros. Es evidente que la propuesta esconde un fuerte presupuesto: aquello que no pudo ser ordenado por las regulaciones estatales y el financiamiento de la oferta, lo será por una nueva modalidad de financiamiento que subsidia la demanda y la creación de un cuasi-mercado de instituciones prestadoras que compiten por los

diferentes grupos asegurados. Se avanzaría, así, a una modalidad de financiamiento en el sistema de salud que vincula recursos con resultados en lugar del clásico modelo de financiamiento hospitalario por presupuesto histórico. Aseguramiento universal y libertad de elección de los ciudadanos serían los pilares que garanticen eficiencia y calidad de las instituciones prestadoras. Llegados a este punto, se hace necesario preguntarnos si este novedoso diseño institucional estaría no solo en condiciones de resolver los problemas que nuestro sistema sanitario arrastra desde hace década, sino, también, de cumplir con los estándares internacionales en materia de garantía del derecho a la salud. Es decir, un rediseño de las reglas de juego sectoriales de estas características ¿estará en condiciones de mejorar los resultados de nuestro sistema sanitario? Un sistema que financia la demanda en lugar de la oferta, ¿posibilitará la conformación de un sistema más igualitario o convalidará y acentuará las desigualdades ya existentes? Un cuasi mercado de instituciones prestadoras ¿permitirá el fortalecimiento del hospital público o facilitará su actual vaciamiento o, hasta, su desaparición? El aseguramiento y la competencia ¿garantizarán eficiencia y calidad en las prestaciones o sólo serán mecanismos útiles para transferir recursos públicos a los sectores más mercantilizados de la salud? La CUS ¿posibilitará un acceso integral, continuo, equitativo y universal a los servicios de salud o profundizará las segmentaciones, diferenciaciones e inequidades? El Estado ¿seguirá siendo el garante universal e integral del derecho a la salud de todos los ciudadanos o limitará su responsabilidad al financiamiento de seguros para pobres y desocupados que permitirán sólo el acceso a una medicina “de segunda”?

Salud Mental y Derechos Humanos

El Enfoque de Derechos Humanos en Salud La adopción de un enfoque de derechos humanos tiene como idea esencial que las políticas e instituciones, cuya finalidad es impulsar estrategias de salud, se deben basar explícitamente en las normas y principios establecidos en el derecho internacional sobre derechos humanos13. Esta perspectiva genera obligaciones y responsabilidades para los Estados, que tienen que incluir en su marco jurídico y normativo la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y proveer el acceso universal a la salud, así como garantizar que las personas, sin COLEGIO

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ningún tipo de discriminación, hagan uso de su derecho a la salud. Así, hasta hace muy pocos años, el discurso de los derechos humanos en este campo aparecía más como un discurso ético y moral, que como una propuesta para la formulación de políticas, la construcción de herramientas concretas de gestión y el desarrollo de modelos de atención que permitieran cumplir con el compromiso estatal del derecho a la salud. En los últimos años, los principios, reglas y estándares que componen el derecho internacional de los derechos humanos ha fijado no solo las obligaciones negativas, sino también cuáles son las obligaciones positivas del Estado. Lo que significa que ha definido no solo aquello que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones, sino también aquello que debe hacer en orden a lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos y, también, económicos, sociales y culturales. En el campo de la salud, se ha definido este derecho como el derecho a un sistema de salud eficaz e integrado, accesible para todos, que incluye:

Conscientes de las limitaciones reales de recursos que afectan a la realización plena del derecho a la salud, se plantean unas obligaciones básicas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “Los Estados Parte tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de la salud”. Existe un amplio reconocimiento de que el ejercicio del derecho a la salud implica también que otros derechos estén garantizados. Es decir, junto con el ejercicio del derecho a la salud se deberá tener el derecho a la libertad de elección, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación en el diseño, ejecución y fiscalización de las políticas públicas, entre otros. Esta visión de integralidad de los derechos estuvo presente durante todo el proceso en el que se redactó y aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Un paso importante se dio con la Declaración de Viena (1993), que afirmó la igualdad en importancia de todos los derechos humanos, declarando que eran ‘universales, indivisibles e interdependientes e interrelacionados’. Estos nuevos mandatos dirigidos al Estado no solo determinan que este sea objeto de demandas concretas y específicas, sino también hacen punibles sus deficiencias, dado que se empieza a reconocer que los problemas relacionados con las políticas públicas conllevan perjuicios para las personas y la población. Este reconocimiento establece nuevas relaciones de poder: desde esta perspectiva, todas las personas deben contar con garantías que las posicionan de manera distinta respecto a quienes controlan el Estado. Por otra parte, el enfoque de derechos considera que la garantía de contenidos esenciales de los derechos no puede estar limitada por la escasez de recursos. El Estado se compromete a cumplir con el nivel esencial de cada uno de los derechos reconocidos y no restringirlos, cualquiera sea la situación por la cual se esté atravesando. No puede excusarse en la falta de recursos y solo aparecer como un piso a partir del cual se va desarrollando el más alto nivel de satisfacción de este. Aquí, aparecen dos principios centrales que conforman el enfoque de derechos: la realización progresiva y la prohibición de regresividad. El enfoque de derechos considera las limitaciones de recursos y propone una realización progresiva y gradual de los derechos a través del tiempo. También establece prioridades entre los derechos tomando en cuenta que no todos pueden asegurarse. Esta gradualidad debe darse bajo ciertas condiciones:

„„ La atención de la salud dando respuesta a las prioridades nacionales y locales. „„ La transformación de los determinantes subyacentes de la salud tales como el saneamiento adecuado, el agua potable y la educación en materia de salud. „„ La garantía de accesibilidad para todos, ricos y pobres, grupos étnicos minoritarios y mayoritarios, los que viven en zonas urbanas y zonas rurales y las comunidades desfavorecidas. „„ La participación inclusiva, documentada y activa de la comunidad como un elemento esencial del derecho a la salud. „„ La elaboración de un plan integral y no un montón de intervenciones verticales poco coordinadas para las diversas enfermedades. La perspectiva de derechos en salud se refiere a que este es un componente inalienable de la dignidad humana y se trata de un bien en sí mismo, que no requiere justificación; es decir, todas las personas, por el hecho de existir, tienen derecho a la salud. Los Tratados Internacionales brindan un marco normativo para que los diferentes actores locales y nacionales se articulen en torno al diseño de las estrategias de salud. De esta manera, los derechos humanos actúan como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados14. Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte”: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. COLEGIO

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1. con los recursos existentes, se debe dar inmediato cumplimiento a las obligaciones de respetar. En las obligaciones de proteger y cumplir, que implican recursos, se debe garantizar su uso más eficiente. 2. si los derechos se van a cumplir de manera gradual, debe esta-

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blecerse un plan de acción y, por lo tanto, fijar plazos y metas para medir sus avances en el corto y mediano plazo. 3. definir un contenido esencial no excluye la prohibición de regresividad. Si un país ha garantizado determinados contenidos, solo le está permitido avanzar hacia sus mejoras.

de evitar erogaciones de bolsillo en materia sanitaria que tienen la capacidad de empobrecer a sectores importantes de nuestra sociedad. En este sentido, la CUS, al menos desde lo propositivo, no se enmarca en posiciones extremas de mercado o Neoliberales que rechacen la existencia de derechos sociales, en general, y del derecho a la salud, en particular, a ser garantizados por el Estado. En todo caso, lo que se discute es el riego cierto de que, el nuevo diseño institucional y su forma de financiamiento, terminen relativizando los postulados prescriptivos de la CUS, alejándose de la posibilidad de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La prohibición de regresividad (o prohibición de retroceso) en su interpretación normativa significa que cuando se modifica o sustituye una norma anterior por una posterior, esta no puede limitar o restringir derechos o beneficios concedidos15. La exigencia de respetar un contenido mínimo de cada derecho se complementa con la obligación que posee el Estado de utilizar, para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el máximo de los recursos disponibles.

En este sentido, es posible hacer algunas puntualizaciones: „„ Interdependencia e indivisibilidad de los derechos: el enfoque de derechos humanos sostiene que la garantía de los derechos sociales por parte del Estado debe darse de manera integral. Es decir, no pueden garantizarse de a uno. La CUS sostiene, también, la necesidad de una política social integral que, a través de estrategias intersectoriales, permita abordar los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Sin embargo, el conjunto de propuestas reformistas presentadas propician un cambio en el diseño institucional y de financiamiento, exclusivamente, del sector asistencial de la salud. Reduciéndose la CUS a un mecanismo que garantiza el financiamiento para el acceso a la asistencia sanitaria. Las consideraciones sobre el necesario abordaje de los determinantes sociales en salud o de la necesidad de otorgar relevancia a los dispositivos promocionales o preventivos quedan en el plano de lo meramente declarativo sin que se precisen las formas o modos de lograrlo. „„ Contenidos esenciales y progresividad: a partir de la imposibilidad fáctica que tienen los Estados de garantizar el derecho a la salud de forma plena e inmediata, el enfoque de derechos propicia la definición de contenidos esenciales que deberían funcionar como un “piso” a partir del cual se asumen compromisos de ampliación gradual y progresiva de estos, lo que permitiría, en un plazo razonable y explicitado, alcanzar el máximo de salud posible. La propuesta de la CUS parece resignificar la idea de contenidos esenciales en una canasta básica que funciona como un “techo” prestacional obligatorio y universal atado a las posibilidades financieras de los agentes financiadores del sistema. Nada se dice sobre la manera de garantizar acceso y financiamiento a todo aquello que queda excluido de la canasta básica establecida. „„ No regresividad: el principio de no regresividad establece que no puede retrocederse en el nivel alcanzado en relación a la garantía del derecho a la salud. Al quedar supeditada la definición de la canasta básica o las “garantías explícitas” a las

Entre los derechos y el mercado Analizar el proceso de implementación de la CUS en la Argentina, a la luz de las exigencias del Enfoque de Derechos Humanos, precisando sus efectos sobre el derecho a la salud, implica un ejercicio especulativo por el hecho de que la CUS está en una etapa inicial de su puesta en marcha. Ni siquiera es posible determinar, hoy, cuál es el verdadero compromiso del gobierno nacional con la política planteada. Recordemos que la Argentina tiene una larga historia de políticas sanitarias que han sido presentadas con grandilocuencia por diversos gobiernos pero que su implementación no alcanzó a superar más que los estadios iniciales. La falta de continuidad en las políticas es una característica en nuestro campo. Sin embargo, es posible adelantar algunas consideraciones sobre los riesgos existentes, para la garantía universal del derecho a la salud, a partir de la implementación de la CUS, o modelos similares, en otros países de la región (Chile, Colombia, México). Hay que decir, también, antes de avanzar, que plantear una mirada crítica sobre las potencialidades de la CUS en su versión nacional para lograr la garantía plena del derecho a la salud, no significa idealizar la situación previa a su lanzamiento. Hemos dicho, al inicio del texto, que existe un amplio consenso sectorial sobre las enormes desigualdades sociales y regionales que se observan, hoy, en materia de derecho a la salud en nuestro país. Ahora bien, lo primero que debe señalarse es que la propuesta de la CUS elaborada por los organismos sanitarios internacionales, así como los documentos e instrumentos legales construidos por el gobierno nacional, en donde deja ver sus ideas al respecto, se enmarcan dentro de una concepción amplia y universalista sobre el derecho a la salud. Reconocen, además, la obligación estatal de garantizarlo de manera igualitarista y sin discriminaciones, así como COLEGIO

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restricciones de financiamiento de los agentes del seguro de salud, este principio no queda plenamente garantizado. „„ No discriminación: el enfoque de derechos establece que el derecho a la salud debe garantizarse de manera universal e igualitaria sin discriminación alguna. La propuesta de la CUS, al universalizar el aseguramiento como forma de financiamiento y al establecer canastas básicas ligadas a las capacidades de los agentes financiadores, y, además, en función de lo sucedido con la experiencia internacional, abre las puertas a un proceso de mayor segmentación y diferenciación de los servicios en función de la capacidad de pago de los individuos. „„ Participación inclusiva: el enfoque de derechos establece que todas las políticas de salud deben establecer mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas del proceso de las políticas públicas. La CUS aparece como una propuesta técnica, vertical, del estilo top-down, sin que existan mecanismos de participación ciudadana en ninguna etapa de su implementación. Solo existen mecanismos de negociación corporativa, bastante alejados del escrutinio público y en donde se intercambian beneficios o prerrogativas por apoyo político16.

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Finalmente, estas son algunas de las prevenciones que deberíamos tener en relación a una propuesta de transformación sanitaria que dice pretender garantizar el derecho a la salud de manera universal mediante la introducción, en forma universal, de la lógica de los seguros y la utilización de mecanismos de mercado (competencia regulada) para una mejor asignación de los recursos sectoriales. Como hemos dicho antes, la experiencia de países de la región que están un paso adelante al respecto, no es auspiciosa. Sin embargo, debe decirse que el proceso está en sus inicios y sus resultados dependerán, seguramente, de la disputa política entre los actores del campo. Disputa que, de avanzar el proceso, le dará el sentido final a este. Y nos permitirá saber si la CUS está en condiciones de hacer honor a los ambiciosos objetivos con los que es presentada o solo termina siendo una versión más sofisticada de los viejos intentos de racionalizar el gasto sectorial disciplinando algunos actores (prestadores, trabajadores de la salud) en beneficio de otros (financiadores) y limitando expectativas y aspiraciones sociales en materia de derecho a la salud.

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sobre la Salud en el Mundo 2008. La Atención Primaria de la Salud: Más necesaria que nunca. Organización Mundial de la Salud. Ginebra 2008. “Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”. 53° Consejo Directivo y 66° Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Washington, 29 de Septiembre al 3 de Octubre del 2014. Ídem cita 3. En relación a este concepto, la OMS ha venido sosteniendo en diversos documentos la necesidad de que todos los fondos destinados a salud, independientemente de su origen (presupuestarios, aportes patronales o de trabajadores, ayuda internacional), deben confluir a un solo fondo. Además se promueve, como forma de acelerar el tránsito hacia la CUS, la adopción de modelos de financiamiento del tipo pre-pago o seguros. Ídem cita 3. Ídem cita 3. El FSR es un fondo que se conforma con el 15% de los aportes de todos los beneficiarios del sistema de obras sociales con el objetivo de subsidiar a los aportantes de menores ingresos y financiar el costo de los tratamientos de alta complejidad. En el año 2006 se instrumentó como criterio de distribución de subsidios el SANO (Subsidio automático nominativo) con ajuste por riesgo (Decreto N° 1901/06). Resolución Conjunta 3-E/2016 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Modernización del 24/10/16. Ídem cita 8. Estos programas se denominan Garantías Explícitas en Salud (GES) o Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE) en Chile, Plan Obligatorio en Salud (POS) en Colombia, Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) en Uruguay, Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) y Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (FPGC) en México, y Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en Perú. En la Argentina un modelo similar se instrumentó a través del Plan Nacer/SUMAR. En Córdoba (Argentina) se intentó avanzar con una política de estas características a partir de la sanción de la Ley 9133/03 de Garantías Saludables. Giedión, U.; Bitrán, R.; Tristao, I.; Planes de beneficios en salud de América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo 2014. Abramovich, V.: Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo de América Latina (en línea) Banco Interamericano de Desarrollo 2004 (fecha de acceso 22 de agosto de 2008) URL disponible http// www.iadb.org/sds/doc/SOC-unaaproximacionalenfoque.pdf Ase, Iván; Reforma Constitucional, Tratados Internacionales y Políticas Públicas. ¿Puede la Justicia ser una herramienta de transformación social? Ponencia presentada a las Jornadas: “A 20 años de la Reforma Constitucional”. Facultad de Ciencias Humanas – UNRC, Mayo 2014. Courtis, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Del Puerto/CEDAL/CELS, Buenos Aires 2006. Lo sucedido en los últimos días en la relación Gobierno–CGT, como consecuencia de la Marcha de protesta contra la política económica gubernamental realizada el 22 de agosto del corriente año, es bastante elocuente al respecto.

Notas 1 2

Iván Ase. Médico. Magíster en Administración Pública. Docente e investigador del IIFAP-UNC y UNRC. Nos referimos, particularmente, a La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Documento de Posición de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C. 2007, y al Informe

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Casa de convivencia autogestionada: una experiencia de externación

desmanicomialización y bajo la impronta del Proyecto de Ley de Salud Mental, que aún no había sido promulgada, y como una necesidad del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, de acuerdo a la situación del internado de ese momento que presentaba pacientes con internaciones prolongadas (más de seis meses) e internaciones frecuentes. Esta población no superaba el 2% o 3% del total, no obstante era la que demandaba mayor asistencia y tiempo, generando conflictos en la dinámica institucional; pacientes con los que se había probado diferentes estrategias de trabajo en equipo para su externación, sin resultados óptimos. Sabemos que, a lo largo de la historia, las prácticas sociales sobre la locura alentaron diferentes modos de tratar a las personas con padecimientos mentales, así se convirtió el hospital monovalente en un lugar “natural” para vivir. Es decir que se respondió a una necesidad que es de vivienda, de un lugar propio y adecuado, con un dispositivo que conlleva al encierro, la pérdida de autonomía y el deterioro progresivo. Este Programa constituye, precisamente, un dispositivo creado para abordar estos casos de manera intensiva apuntando a la desinstitucionalización. El objetivo es “acompañar” a los sujetos en el transitar desde el Hospital psiquiátrico hacia el “afuera”, la comunidad. Esto significa “estar con”, “junto a” personas con padecimiento mental que desde hace algún tiempo han perdido o han interrumpido los lazos con otro; y, de esta manera, procurar que encuentren un lugar posible para vivir afuera: hogar, vivienda, comunidad, “con otros” ciudadanos y en pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, restablecer, facilitar y promover redes de contención socio-familiar, trabajando con la comunidad en la cotidianeidad de cada sujeto para lograr su mayor autonomía, previniendo re-internaciones e internaciones prolongadas.

Autores: Alejandra Arizó Mirna Ramos, Roxana Serafín

Palabras equipo, externación, acompañamiento, claves casa de convivencia

Salud Mental y Derechos Humanos

Resumen En el presente trabajo se muestra la experiencia de un equipo interdisciplinario de acompañamiento a pacientes en la externación de un hospital monovalente de la provincia de Córdoba; la historia del surgimiento de este dispositivo, objetivos, características, modalidad de trabajo. Principalmente, se describe el surgimiento de una “casa de convivencia” como herramienta posible y concreta para alojar a sujetos con padecimiento mental, con una larga historia de internaciones y con dificultades para obtener un lugar de residencia. Se plantea el modo de acompañarlos en el transitar desde el hospital hacia la vida en comunidad, procurando restablecer, facilitar y promover redes de contención socio-familiar, trabajando en la cotidianeidad de cada uno para lograr su mayor autonomía, previniendo internaciones prolongadas. El abordaje de esta experiencia es desde una perspectiva de derechos, destacando el derecho a la vivienda como condición necesaria para la externación y para el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos.

Historia del Programa El Programa de Acompañamiento a “Pacientes” en la Externación comienza a funcionar a partir de mayo-junio del año 2010. El equipo interdisciplinario de trabajo fue constituyéndose por profesionales pertenecientes al Hospital. En el año 2012, más allá del cambio de autoridades y de la dirección del hospital, se continúa trabajando y apostando a este proyecto. Teniendo en cuenta, fundamentalmente, los resultados positivos que se observaban, se lograron derivaciones a centros comunitarios, a sus familias, y estabilizaciones prolongadas con la

Introducción El Programa de Acompañamiento a “Pacientes”1 en la Externación surge en junio de 2010, en el marco de las políticas de COLEGIO

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intervención de otros dispositivos existentes: centros de día, talleres artísticos, terapéuticos y laborales. Hasta el año 2014, de los veintitrés pacientes que se encontraban bajo este Programa de Acompañamiento, doce sostuvieron su externación, pudiendo ser derivados a su comunidad o a otros servicios superadores del manicomio y/o incluidos en la vida familiar. Durante el año 2012, trabajamos con un grupo de “pacientes” que encontrándose estabilizados y en condiciones para vivir en su comunidad, no podían dejar el hospital, ser externados, por falta de un lugar para residir; no contaban con familia o, si la tenían, esta resultaba ser poco continente y no colaboraba con la reinserción del “paciente” en su medio. Teniendo en cuenta, también, que aún no se creaban los dispositivos previstos por la Ley 9848, como son las casas de medio camino, residencias, centros de día, acompañamiento terapéutico, etc. En los meses de enero/febrero de 2012, por pedido de dos “pacientes” que se encontraban internados e incluidos en nuestro Programa, surge la necesidad de crear un espacio afuera del internado para trabajar aspectos de la vida cotidiana tales como hábitos, costumbres, actividades, intereses, que se perdieron o se deterioraron a raíz de la institucionalización . Estos “pacientes” manifestaban querer salir del internado: “me siento bien, no entiendo por qué no puedo volver con mi familia y tener una vida como antes…”. “En el internado hay gente que está mal y me ponen peor, hay cosas que no puedo ver, me hacen mal”, decía V, “Me gustaría volver a tener una casa… ganas de hacer cosas que no terminé…”. “Quiero aprender a leer y escribir bien… volver a cocinar…”. A fines del mes de setiembre del año 2012, pudo concretarse este espacio. Se dio comienzo al Taller de Vida Cotidiana. En este se trabajaba, de forma grupal, aspectos inherentes a lo cotidiano de cada sujeto, donde se dialogaba, se intercambiaban ideas, se realizaban actividades en común con el objetivo de recuperar la autonomía, posibilitando el despliegue de las capacidades individuales (actuales y potenciales) que en el encierro quedan disminuidas. Apuntando a que este tiempo se constituya en una “transición” entre la vida en el Hospital y la vida en la comunidad.

“Me gustaría volver a tener una casa… ganas de hacer cosas que no terminé…”. “Quiero aprender a leer y escribir bien… volver a cocinar…”.

Lo que guía nuestra tarea es: de la persona con padecimiento mental, al promover una

la confianza en las capacidades de recuperación del ser humano, capacidades que solo pueden desarrollarse en un medio en el que el sujeto se siente respetado, apoyado, cuidado y querido […] enfatizando el hecho de que la interacción social, con otros, es el camino para la dignificación de la persona. … Es la vida Cotidiana, con la plena vigencia de sus derechos, que de verdad permite la recuperación COLEGIO

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vida humana plena. (H. Cohen, G. Natella). La modalidad de trabajo consistía en encuentros grupales, en una sala situada en la Rampa. Invitábamos a los participantes a “subir”, “salir” del internado de lunes a jueves en el horario de 9:30 a 12:00.

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Se trataba de que el sujeto se apropiara de su tiempo, del espacio (hospital/casa) y dejase de ocupar el lugar de objeto tanto para la institución como para la familia o la comunidad, recuperando sus habilidades o aprendiendo nuevas que le permitan: elegir, decidir, crear, pensar con quién/quiénes quiere vivir y cómo transcurrir su cotidianidad. Con respecto al sostenimiento en lo cotidiano, sabemos que uno de los factores sumamente importantes es lo económico. Si bien la mayoría de los sujetos que se encuentran bajo Programa cobran una pensión no contributiva, sabemos que ello resulta absolutamente insuficiente a la hora de pagar un lugar donde vivir, pagar alimentos, gastos cotidianos, etc. Es así que surge la necesidad de pensar una actividad que pudiese llevarse a cabo con el objetivo de generar dinero. De allí que trabajando algo tan personal como lo es la ropa, “la vestimenta”, en el intento de cuidarla, buscar obtener otras prendas a través de donaciones, se comienza a pensar en la posibilidad de realizar una “Feria Americana”, dándole, así, otro curso a las donaciones de ropa que se recibían. Entonces, las prendas se arreglan, se lavan, se planchan para ser vendidas a muy bajo costo. Hoy “La Feria Americana” constituye un micro-emprendimiento autónomo cuyo principal objetivo consiste en crear hábitos de trabajo; dirigido a un grupo específico de personas, coordinado por una acompañante terapéutica, apuntando a generar una actividad laboral rentable. De la población bajo Programa, este grupo de “pacientes” internados en condiciones de alta hospitalaria no contaban con un lugar para vivir, ni con recursos económicos suficientes, con todo lo que implica no tener un lugar de pertenencia, un barrio, una comunidad; ya sea porque sus familias no los recibían, se habían cortado los vínculos con ellos, o porque los mismos sujetos preferían estar lejos de su lugar de pertenencia. Ante esta situación, desde este Programa, se presentaron varias propuestas para articular con Salud Mental de la provincia para que esta proveyera una vivienda para alojar a este grupo de personas. Nos encontramos con numerosas dificultades. Ante la falta de gestión de dispositivos alternativos que pudieran alojar a esta población continuamos trabajando intensamente desde la institución y, de una manera particular, en la búsqueda de pensiones, residencias en diferentes lugares de la ciudad, con la finalidad de que cada usuario abone un alquiler con el dinero proveniente de la pensión no contributiva. Comprobamos que con la estigmatización y la discriminación al “paciente psiquiátrico” se hace muy difícil la inclusión en lugares como pensiones o residencias, a pesar de nuestra oferta de acompañamiento y compromiso con el trabajo. En diciembre del año 2012, tras varios intentos frustrados de conseguir lugares tanto provenientes de lo estatal como de la comunidad en general, este equipo consigue alquilar una vivienda, en COLEGIO

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forma particular; es decir, el contrato y garantías a nombre de sus integrantes. Así nace el dispositivo que llamamos Casa de Convivencia Autogestionada.

Acerca del dispositivo: Casa de Convivencia Después de largas discusiones y debates en relación a las características que tendría este dispositivo consistente en una casa en la que convivirían personas provenientes del internado del Hospital Neuropsiquiátrico, y teniendo en cuenta que la Ley provincial N°9848 plantea en su Cap. IV Art. 14: Asignación de recursos: El Estado Provincial aportará los recursos para el sistema y servicios de salud mental de manera que se asignen progresivamente a: Inc. b) Instituciones, servicios y dispositivos alternativos en salud mental, tales como hospitales de día, casas de medio camino, residencias compartidas, residencias protegidas, talleres de capacitación socio-laborales, talleres artísticos y culturales, programas de reinserción familiar y comunitaria y acompañamiento terapéutico.

Salud Mental y Derechos Humanos

Se advierte que la figura de “casa de convivencia” no está mencionada aquí, pero sí en la Ley Nacional N°26657: Cap. 5 Art. 11. Este dispositivo, Casa de Convivencia, creado por este equipo, se encuentra orientado a brindar un soporte social y un apoyo en la revinculación familiar, a la vez que constituye una prestación de salud desde un formato distinto al hospital psiquiátrico. Se procura que las características del dispositivo se asemejen a las de una casa, a un hogar donde las personas que allí habitan compartan la cotidianeidad: la organización de las tareas domésticas, la autoadministración de la medicación, la relación con compañeros y vecinos, la adherencia a los tratamientos. Todas estas actividades son coordinadas por el equipo terapéutico, apuntando a la autonomía de los sujetos que allí residen, sin contar con la presencia ni supervisión permanente de este. Nos referimos a “convivencia”, donde el acento está puesto en el “vivir con otro”, construyendo y sosteniendo los espacios socializadores desde la experiencia grupal y de cada sujeto en particular.

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La casa es una residencia con alojamiento voluntario y consentido, donde la permanencia no está planteada con límites de tiempo preestablecidos sino acorde a la evolución y proyecto de vida singular de cada sujeto. La casa es un dispositivo de autogestión, cada residente aporta con su pensión al pago del alquiler e impuestos; ante la falta de una política pública adecuada a este grupo poblacional, en lo que respecta a vivienda la solución posible fue la autogestión. No obstante, el pago del costo de la vivienda implica dejar a los integrantes de la casa en una situación desfavorable para afrontar otros gastos personales. Aun conscientes de esta situación, rescatamos el impacto subjetivo que esto implica al instituir ciudadanía y permitir la apropiación del lugar.

el aumento progresivo de la autonomía y el autocuidado desde el trabajo comunitario.

Objetivo general „„ Evitar procesos de cronificación y prolongación de las internaciones, marginalización social y abandono en los sujetos. „„ Promover el proceso de inclusión social y familiar de los sujetos, apoyando al máximo el desarrollo de su autonomía personal y social desde un enfoque de derechos.

Objetivos específicos Características

„„ Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte que facilite el mantenimiento en la comunidad, en las mejores condiciones posibles de calidad de vida. „„ Brindar el acompañamiento profesional necesario, potenciando habilidades y responsabilidades tendientes a la organización de la cotidianeidad, autonomía y autocuidado. „„ Facilitar y promover actividades de formación laboral u ocupacional tendientes a la promoción del empleo e inclusión laboral.

La casa que se alquila se encuentra en calle Yapeyú, de Barrio San Vicente; cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, una sala de estar, un comedor de diario, una cocina, patio y terraza. De acuerdo a esto, evaluamos que podría alojar a ocho personas: varones y mujeres. El Equipo acuerda con los residentes que las habitaciones son a compartir, el pago del alquiler es en partes iguales. La limpieza y organización de la vida cotidiana es responsabilidad de todos los integrantes de la Casa. El periodo de permanencia en la Casa no tiene límites preestablecidos, uno de los requisitos fundamentales es la adhesión y continuidad del tratamiento psicoterapéutico. El Equipo se encargó de la puesta en funcionamiento de la casa para ser habitada. Esta se equipó con las donaciones provenientes de la red informal (compañeros de trabajo y familiares). Dado que en esta casa conviven ocho personas, sin asistencia permanente de ningún integrante del equipo de salud, se incorporan dos acompañantes terapéuticos que realizan sus tareas ad honorem los fines de semana. Dichos acompañantes coordinan los talleres que se realizan (dulces caseros, huerta y venta de plantines). También se realizan dos reuniones grupales a la semana coordinadas por el equipo, donde se invita a participar a los integrantes de la casa para hablar de cuestiones cotidianas propias de la convivencia: dificultades en la planificación, organización, resolución de conflictos, acuerdos en relación a tareas, trámites, etc.

Recursos Hasta el momento, los recursos para equipar la vivienda provinieron de una red informal, profesionales del equipo, profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, que donaron todo lo necesario para su funcionamiento. Además de contar con el apoyo incondicional de la Asociación cooperadora del Hospital Neuropsiquiátrico. El Hospital es quien provee las raciones de comida; desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Modalidad de trabajo Los “pacientes” con los que trabajamos son derivados por los equipos tratantes; son hombres y mujeres mayores de dieciocho años; por lo general, los derivan cuando “el caso” se presenta con muchas dificultades para su estabilización y posterior externación. Precisamente, este Equipo se creó para “atender, asistir” a los “casos complicados”, como una especie de apoyo a los otros equipos. Por lo general, son pacientes que hace mucho tiempo están internados, que por diferentes circunstancias de sus vidas han tenido que pa-

Finalidad „„ Favorecer la desmanicomialización de las personas con padecimiento mental, tendiendo a la inclusión social, promoviendo COLEGIO

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sar por numerosas instituciones, con varias re-internaciones, que en ese camino se perdieron los lazos familiares, con la comunidad. Lo que implica encontrarnos con sujetos pasivos, portadores de un diagnóstico, de un estigma; con los que hay que poder “tomarse el tiempo”, tomarlo para que algo allí se produzca. ¿Por qué acompañamiento? En el sentido de un modo de estar, caminar al lado y dejarse llevar por lo que el sujeto trae. En el intento de que algo se produzca, en lo posible el pasaje de este sujeto de la institución a una vida en comunidad, a hacer lazo con otros, al ejercicio de sus derechos como ciudadano: derecho a la libertad, al trabajo o una actividad que lo gratifique, a una vivienda principalmente, a tener un lugar donde residir, a un proyecto de vida. Con respecto a la modalidad de abordaje lo llamamos “entre varios”, en equipo, nunca solo, aunque muchas veces en estos lugares suele suceder quedarse solo; es un desafío. Este tipo de trabajo, de algún modo, nos implica a todos los del equipo, más allá de nuestros roles profesionales, dando lugar al despliegue de la “transferencia o las transferencias posibles”2. Se trataría de sostener o apuntalar ese proceso de subjetivación, se dice esto porque nos encontramos con sujetos, pacientes para la institución, que hasta han perdido su nombre, que solo son una cama para liberar o una ración más o menos de comida, o una cantidad equis de medicación a la semana que farmacia debe proveer. Entonces pensamos en un trabajo con cada uno, del caso a caso, con las particularidades, intereses, deseos, problemáticas, historias propias. La puesta en acción es en la vida cotidiana (taller en un momento: como una ficción) en oposición a la lógica de las entrevistas en el consultorio, es a partir de intervenciones variadas (un trámite de DNI, salir a comprar elementos de higiene, ordenar la ropa, gestionar el pase de transporte, buscar una habitación para vivir, etc.). Rescatando la singularidad de cada uno, respetando y acompañando el trayecto posible. Serían estrategias de subjetivación que también nos implican a nosotros, nosotros también nos subjetivamos en ese camino, intentando salir de nuestra propia cronificación institucional. A través de este trabajo se apunta a armar una red de relaciones en la medida de las posibilidades. Las intervenciones son variadas e incluyen diferentes instancias y actores, a saber:

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„„ Admisión: se escucha para tomar el caso a los profesionales que quieren derivar. Discusión al interior del equipo para ver las posibilidades del acompañamiento, recursos con los que se cuentan, si hay familia o no, etc. Entrevista con el sujeto en cuestión, con la familia si la hay, con vecinos, con otros actores sociales, etc. „„ Reuniones semanales de Equipo: donde se trabajan las estrategias; sería un momento de cruce de miradas de lo que COLEGIO

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cada uno escucha para tratar de pensar alguna vía posible, caminos por dónde seguir. Articulación con los Equipos Tratantes del Hospital: es fundamental en la construcción conjunta del proyecto terapéutico singular (PTS)3, donde se establecen las prioridades y se designan las incumbencias entre los diferentes profesionales que intervienen. En función de la evolución de cada uno, se van redefiniendo estrategias; apuntando a la participación activa del sujeto en cuestión. Reuniones con los Acompañantes Terapéuticos: los acompañantes terapéuticos son un recurso muy importante (lamentablemente escaso) ya que están con algunos pacientes en forma singular pero también coordinan espacios grupales tales como salidas, micro-emprendimientos, etc. Entrevistas domiciliarias: trabajo en terreno, con la comunidad, en la calle, donde el caso nos convoque. Poder “estar” en el lugar del sujeto, saber dónde y cómo vive, el lugar que ocupa y que se le da, nos permite una aproximación diagnóstica situacional, fundamental para definir estrategias. Además, la familia, la red, la comunidad cambia la mirada que tiene de la institución al poder percibir que hay un equipo que sale del “manicomio” y llega a conocer la realidad del paciente y su entorno, demostrando un claro interés de intervención desde el acompañamiento. Espacio de Lectura, Capacitación y Revisión de Casos: nuestra tarea nos ha enfrentado a nuevos desafíos, nos obligó a la búsqueda de otras lecturas, otros marcos teóricos y a ponernos en contacto con experiencias semejantes, locales, nacionales e internacionales (con un desarrollo de veinte años), que nos aportaron ideas e instrumentos para poder operar en esta experiencia. Con muchas dificultades, hemos sostenido los espacios de capacitación del equipo y los compartidos con quienes colaboran con el programa (grupo de acompañantes terapéuticos, talleristas, personal de la Rampa y del hospital). Trabajo Territorial: en el abordaje del caso por caso, y en la construcción de un proyecto particular según las necesidades de cada sujeto, hicimos un recorrido por los domicilios particulares y familiares, por las instituciones barriales y locales, centros de salud, escuelas, iglesias, centros vecinales, negocios y comercios, pensiones y el personal que las atiende, centros culturales, comisarías, juzgados, hospitales generales, bancos, ANSES, PROFE, otras obras sociales e instituciones de salud mental.

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Consideraciones finales

Bibliografía

Centro de Estudios legales y Sociales (2015) Cruzar el muro. Cohen, H. y Natella, G. (2013) La desmanicomialización: Crónica de la reforma del sistema de Salud Mental en Río Negro. Buenos Aires: Lugar Editorial.

En estos seis años se han asistido en el Programa a 53 pacientes en total: 23 en el dispositivo de acompañamiento, 30 en la “Casa de Convivencia” y 6 en el microemprendimiento “Feria Americana”. Realizando diversas actividades apuntando a sostener la externación, acompañando la continuidad del tratamiento ambulatorio, coordinando con los equipos tratantes las estrategias a seguir: estas, en su generalidad, consisten en gestión de pensiones, subsidios, administración del dinero, abordaje familiar, acompañamiento terapéutico personalizados, adherencia al tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico a través de la guía GAM4; realización de talleres en los que se trabaja de acuerdo a la demanda de cada sujeto, lo que ellos necesiten rehabilitar para volver a su vida cotidiana y hacer uso de sus derechos como ciudadanos (lectura y escritura, manejo del dinero, trabajo en la huerta, recuperación de hábitos referidos a la higiene, alimentación, vestimenta, recuperación y acondicionamiento de su hábitat, etc.); participación de espacios y actividades con otros usuarios en relación al conocimiento de sus derechos; también el abordaje socio-familiar, intentando en lo posible recuperar y/o restituir los lazos perdidos. La intervención de este equipo se realiza en el marco del trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico, atendiendo a la transformación de prácticas hospitalarias, superadoras del manicomio. El trabajo llevado a cabo arroja un resultado positivo en cuanto a externaciones e inclusión social. En lo que respecta al dispositivo Casa de Convivencia, se puede afirmar que, a cuatro años de su puesta en marcha, brinda a los usuarios que allí residen la posibilidad de recuperar lazos, hábitos, capacidades que se pierden con la enfermedad y la institucionalización, en la mayoría de los casos. Este espacio ha empoderado a sus integrantes, en tanto los ha ubicado en un lugar activo, de mayor autonomía e independencia, instituyendo a la vez ciudadanía. Para concluir, estamos convencidas que en el abordaje de la problemática en salud mental, es necesario el trabajo desde la intersectorialidad y la suma de múltiples actores; por eso creemos que, en este marco, es imprescindible aunar recursos nacionales, provinciales y municipales para multiplicar esta experiencia. Esto posibilitaría contar con otros dispositivos que aborden las diferentes y difíciles problemáticas de la exclusión social (adicciones, violencia, trastornos mentales graves). Sabemos que la ausencia de alternativas sustentables de alojamiento para sujetos en proceso de externación de las instituciones psiquiátricas, constituye uno de los principales factores de prolongación de las internaciones, produciendo así cronificaciones e institucionalización por motivos de tipo social. Al hablar de externación como un hecho real es necesario situar el derecho a la vivienda como una condición material indispensable. COLEGIO

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Deleuze, G. (1990) “Michel Foucault filósofo”. ¿Qué es un Dispositivo? Barcelona: Ed. Gedisa. Foucault, M. « El Poder Psiquiátrico». (2005). Ed. Fondo de Cultura Económica. Guía da Gestao Autonoma de Medicacao - GAM. Rosana Teresa Onocko Campos; Eduardo Passos; Erotildes Leal; Analice Palombini; Octavio Serpa et al. DSC/FCM/UNICAMP; AFLORE; IPUB/UFJR; DP/UFF; DPP/UFGS, 2012. Disponible en htpp:/www.fcm.unicamp. br/interfaces/arquivos/ggamBr.pdf. Organización Mundial de la Salud (2001). Informe. Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 Ley Provincial de Salud Mental N° 9848 Oury, J. « Libertad de circulación y espacio de decir» Conferencia pronunciada en Tours, 1998. Programa de Rehabilitación Psicosocial - Centro de día y Casas de Convivencia. Procuración General de la Suprema Corte de Justicia Provincia de Bs. As. Secretaria de Saude de Rio Grande do Sul. Brasil (2013) Caixa de herramientas. Revista Bahiana de Salud Pública: «Programa Volta a Casa» Trabajo de Investigación 2011.

Autoras

Alejandra Arizó. Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Ex residente de la RISaM. Integrante del Equipo de Acompañamiento a los pacientes en la externación. Hospital Neuropsiquiátrico ProvincialMirna Ramos. Licenciada en Trabajo Social. Especialista en Salud Mental. Ex residente de la RISaM. Supervisora a cargo del Servicio Social del Hospital Neuropsiquátrico Provincial. Integrante del Equipo de Acompañamiento a pacientes en la externación. Roxana Serafín. Médica. Especialista en Psiquiatría. Ex residente de la RISaM. Integrante del Equipo de Acompañamiento a pacientes en la externación. Hospital Neuropsiquiátrico Provincial.

Notas 1

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Paciente: se hace referencia al sujeto con padecimiento mental que ha atravesado un prolongado proceso de internación en hospitales psiquiátricos. El entrecomillado alude a que nuestro trabajo implica tomar a ese sujeto desde un lugar más activo y de mayor autonomía. J. Oury, “Libertad de circulación y espacio del decir”. Conferencia en Tours, mayo de 1998. Proyecto Terapéutico Singular: Línea de Cuidado Integral. Secretaría de Salud. Estado de Rio Grande do Sul. Departamento de Salud, marzo 2013. Guía para gestión autónoma de medicamentos. Brasil.

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Lo innombrable: es posible el trabajo en la promoción y protección de derechos

tivo de intervención grupal se presentó como una alternativa en donde lo presenciado juntos, eso vivido por todos, era posible ser desplegado como in situ. Estábamos ante un grupo de niños con sus psiquismos abiertos, por su desarrollo evolutivo, y ante la irrupción de lo ominoso, la tarea a devenir fue que cada uno pudiese tener lugar para expresar su sufrimiento, su dolor, hablar, nombrar aquello innombrable y actuar lo vivenciado de modo diferente. Partiendo de esta intervención, reflexionamos sobre las implicancias de la práctica clínica a partir de la demanda institucional en la protección de los derechos humanos, específicamente en la de los derechos de la infancia.

¨´Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no Salud Mental merezcamos existir¨ y Derechos José Saramago Humanos

Autoras 1: Olivera, Mónica; Tomatis, Lucrecia

Palabras Equipo de Psicología, Promoción y Protección claves de los Derechos de la Infancia (Ley 26.061), Dispositivo de Intervención, Subjetividad

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l presente trabajo tiene la intención de realizar el ejercicio, que entendemos como un compromiso de hacer memoria, que implica hacer trasmisible nuestra práctica profesional y dar cuenta de lo posible en el trabajo de la promoción y protección de los derechos de la infancia. En esta circunstancia, nos referiremos a la labor llevada a cabo a partir de una derivación realizada por el equipo técnico de Revinculación Familiar en la Dirección de Fortalecimiento familiar. Formamos parte del Equipo de Psicólogos de la Asociación Construyendo Redes que, mediante un convenio marco, atendemos las derivaciones de la Dirección de Fortalecimiento Familiar perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). En dicho contexto, nuestra labor tiene como objetivo primordial la promoción y protección de los derechos de los niños en el marco de la ley 26.061. Las intervenciones profesionales son realizadas en el área clínica, respondiendo a una demanda institucional específica, como es el fortalecimiento Familiar, en un amplio abanico de prácticas desde donde es posible sostener la ley. Parte de nuestra labor como psicólogos, en el llano de nuestro hacer clínico, implica empatizar con el sufrimiento del semejante, posibilitar vías de ligadura del sufrimiento y demás emociones humanas, encontrar sentido y significación al dolor; las cuales no son extranjeras a nuestra subjetividad y afectividad. En términos de De-

Resumen El presente trabajo tiene la intención de transmitir nuestra práctica profesional y dar cuenta de lo posible en el trabajo de la promoción y protección de los derechos de la infancia. Formamos parte del Equipo de Psicólogos de la Asociación Construyendo Redes que, mediante un convenio marco, atendemos las derivaciones de la Dirección de Fortalecimiento Familiar perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba. Las intervenciones profesionales son realizadas en el área clínica respondiendo a una demanda institucional específica, como es el Fortalecimiento Familiar, en un amplio abanico de prácticas desde donde es posible sostener la Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este marco, nos es derivado un pedido de atención para cinco hermanos que habían vivenciado el suicidio de su mamá y que estaban repitiendo lo visto, sin filtros, en la escuela. Relatamos el trabajo realizado por dos terapeutas con el grupo de hermanos y los adultos responsables, atendiendo al sufrimiento, la desprotección y vulneración psíquica y subjetiva en que se encontraban como consecuencia de la irrupción de lo trágico en esta familia. En este sentido, el disposiCOLEGIO

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rrida (2014): “la alteridad impide encerrarse en la quietud”. El contexto institucional nos interpela a entender su lengua, sus fundamentos. Las alternativas posibles fueron “dar lugar” a la comprensión del espacio institucional donde se realizan las intervenciones, ante lo cual evitaríamos caer en la posibilidad de realizar prácticas profesionales extranjerizantes. En otras palabras, nos implicó conocer, entender y no permanecer ajenos a cuáles son los fundamentos y objetivos de la institución en donde se dan las demandas y, a partir de allí, efectuar las intervenciones profesionales pertinentes. Lo que sigue es el camino mediante el cual encontramos para nombrar, poner en palabras y hacer comunicable la labor que llevamos adelante en la promoción y protección de los derechos de la infancia, en un caso derivado por el equipo de Revinculación Familiar. Tenemos la intención de trasmitir un modo de trabajo en la institución, teniendo presente que son conocimientos y saberes que nos pertenecen –siendo algo propio de nuestro proceso secundario– pero devienen del interjuego de un colectivo grupal del cual formamos parte. El lugar institucional, específicamente la demanda que de la institución deviene, va delineando un tipo de labor clínica en lo institucional que nos define y nos forma como equipo y grupo de trabajo. Pensar, poner en palabras, nombrar; es un ejercicio ético de memoria en el que nos consideramos implicadas, no desconociendo la responsabilidad que resulta el trasmitir cómo trabajamos en la protección de los derechos humanos, específicamente en la de los derechos de la infancia. La promoción y protección de los derechos en la infancia es un enunciado que suena y se lee políticamente adecuado y correcto; es difícil pensar hoy cualquier escrito intelectual y/o científico que no lo considere. En el llano del trabajo institucional se despliega un entramado de complejidades en donde el interjuego de los cambios culturales en proceso, lo interinstitucional y lo intrainstitucional están presentes en cada situación de intervención particular humana y técnica. ¿Cuáles son los caminos ante lo enunciado en la ley al posible hacer en cada situación de promoción y protección de los derechos? ¿Es posible realizar intervenciones clínicas donde se resguarde el interés superior del niño? Nos es derivado un pedido de atención para cinco hermanos que habían vivenciado el suicidio de su mamá y que estaban repitiendo lo visto, sin filtros, en la escuela. Hechos trágicos de familia, esos sucesos cotidianos para las crónicas periodísticas, y tan devastadores para quienes deben atravesarlas y seguir con su vida adelante. En tal situación, nos enfrentamos con el sufrimiento de personas individuales, de niños que habiendo perdido a su mamá se encuentran en situación de desprotección y vulneración psíquica y subjetiva. Hechos trágicos que devienen traumáticos en cuanto a lo psíquico, COLEGIO

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La muerte se podía sentir en las entrevistas; cada finalización, el cuerpo de las terapeutas sentía el peso que esos niños estaban llevando.

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pero también, y en la misma dirección, las implicaciones que subyacen a las posibilidades de un grupo de hermanos de permanecer juntos en su contexto familiar y tener ciertas garantías de derechos. El grupo de hermanos pertenecía a una familia que tenía historia de diversas intervenciones de la Senaf, ante lo cual la institución era un espacio de referencia para ese grupo familiar. La demanda era de la abuela y tía paternas, quienes estaban haciéndose cargo de los niños. Las interpelaba y movilizaba que se refiriera a los hechos vividos. Detrás de ese pedido había un deseo de silencio, que el hecho fuese olvidado, suprimido. Los adultos, por el nivel de implicancia, de compromiso subjetivo y emocional, no querían recordar y no podían sostener a los niños en sus búsquedas de sentido. El Equipo de Revinculación realiza la demanda y sugiere hacer entrevistas de sostén y/u orientación a la abuela. Este pedido se enmarca en que la Senaf como institución del Estado es la encargada de promover y proteger los derechos de las niñas/os y adolescentes, y debe brindarles a las familias las herramientas para que estas puedan constituirse como el lugar en donde los niños puedan ejercer sus derechos. Así, la demanda de la abuela de los niños, quien en adelante surgiría como “líder” de esa familia, encuentra una respuesta que en primer término busca sostenerla, en función de lo cual le sea posible sostener y contener a sus nietos. Quien coordina el equipo de Psicólogos, la Lic. Mary Sánchez, propone intervención grupal, de dos terapeutas, con los cinco hermanos que estaban viviendo con la abuela y la posibilidad de que asistiera el último hermano, un bebé, con su papá. (Hecho que no sucede a lo largo de toda la intervención). El grupo de hermanos habían vivido esta situación, y otras, juntos. El dispositivo de intervención grupal se presentaba como una alternativa en donde lo presenciado juntos, eso vivido por todos, era posible ser desplegado como in situ. Estábamos ante un grupo de niños con sus psiquismos abiertos, por su desarrollo evolutivo y ante la irrupción de lo ominoso (Freud, 1919), la tarea a devenir era que cada uno pudiese hablar y actuar lo vivenciado de modo diferente. Posibilitar un ambiente facilitador, un continente (Winnicott, 1945) donde fuese posible la expresión de lo traumático o en vías a serlo, en juegos, palabras, escuchas; dándoles salida unos con otros, contenidos y cuidados por dos terapeutas. Un desafío, ya que no era una práctica profesional propia con la cual interveníamos y menos con un grupo de niños de 2 a 6 años. La tarea era que estos niños pudiesen nombrar lo innombrable, dar lugar a su dolor y sufrimiento.

los niños circulan por la sala, escuchando y recorriendo, buscando distintos juguetes. Durante las primeras entrevistas con los niños se presenta el caos, hay ruido, mucho ruido, desorganización. Los reunimos en torno a un afiche para que hagan una producción conjunta. Lo que queda es descarga, desorganización, bronca, tristeza, enojo. La mayor de las hermanas logra hablar de lo que pasó mientras los demás actúan de diferentes maneras lo que vivieron. La muerte se podía sentir en las entrevistas; cada finalización, el cuerpo de las terapeutas sentía el peso que esos niños estaban llevando. Eran intensas, agotadoras. Costaba organizar, costaba sostener y tolerar lo terrorífico; en términos de Freud (1919), el surgimiento de lo ominoso, era su presencia lo que predominaba en estas sesiones sin posibilidades de ser nombrado y representado. “La casa del terror”, como pudo ser expresado en un juego y ser nombrado por la terapeutas, luego de algunos encuentros, a partir de lo vivido. En lo sucesivo, en momentos de los encuentros alguno lloraba, se pegaban; y, en otros, lloraban todos. El sentir de alguno ponía en expresión aquello que había ocurrido en todos y daba posibilidades de manifestación de manera diversa y subjetiva. El golpe, el llanto, las peleas, todas acciones que ponían en evidencia sentimientos que no se podían nombrar. Una dinámica en donde se jugaban roles que estaban asignados por su lugar dentro de la fratria y la familia. Las terapeutas no estábamos fuera de estos dinamismos, se jugaban desde los niños transferencias que fueron siendo interpretadas. El juego de la casita, a veces del terror y otras en donde había una mamá que generalmente repartía comida, un papá que andaba en auto e hijos que iban a la escuela, se iba repitiendo a lo largo de los encuentros. En ese juego había roles que estaban establecidos y se repetían, y otros por los que había que luchar. Así, entre las hermanas mayores se “jugaba competitivamente” el lugar de “mamá”, pelea en la que se expresaba descarnadamente lo que implicaba, en este grupo, esa figura significativa. En la grupalidad se desplegaba lo vital y mortífero de las figuras de protección, tanto maternas y paternas. Las intervenciones no solo interpretaban esta situación sino que buscaban poder dar un sentido a esos aspectos en función de tramitar, reparar y poner palabras, iniciar el camino que los ayude a nombrar lo terrorífico, aquello de la casa del terror: lo innombrable. En muchas ocasiones eran muy fuertes los desbordes dando evidencia de las posibilidades de esos psiquismos interrumpidos por la tragedia. Presenciar el suicidio de la mamá no era lo único que esos niños habían vivido, ese acto había sido el fin de una historia

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Así se realizó la cita para la primera entrevista del grupo El primer encuentro, los niños vienen acompañados con una tía paterna, quien relata su preocupación por los niños y lo que sucedió; COLEGIO

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de un vínculo enfermo entre los padres, con una mamá muy complicada mentalmente y con adicciones, y con las internas familiares que ponían a los niños como trofeo. Tan poquitos años y tanta historia vivida, la tragedia, el desborde, el silencio de lo terrorífico, predominaban en la vida de este grupo de hermanitos. Los adultos responsables del cuidado de los niños, la abuela y el papá, se encontraban altamente afectados por sus culpas, sus errores y sus omisiones. Sentires humanos que devienen de un hecho tan trágico como el suicidio. Se fue trabajando con ellos: con la abuela, la confusión que produjo el impacto, la necesidad de poner en palabras, de dar algunas explicaciones de sucesos posteriores, la adjudicación de distintos roles que iban surgiendo como emergentes. (Luego fue derivada a una profesional del equipo para intervenciones individuales). Con el papá, las alternativas de su regreso a compartir con sus hijos, ya que luego del hecho trágico le había sido imposible estar con ellos; sus dificultades para tramitar lo sucedido, y huir, lo habían dejado con la severa imposibilidad de sostener su vida y por ende sus afectos. Así, el trabajo psicoterapéutico con los adultos responsables del cuidado de los niños en vías de su fortalecimiento, en el contexto institucional de la protección de derechos, posibilitó que el ambiente de este grupo de hermanitos tuviese alguna modificación. De aquel afiche donde primaban la descarga, las rayas, los colores oscuros, luego de varias intervenciones, pudieron producir –como grupo– un dibujo que relataba una historia, que tenía un sentido encontrado en el grupo como fratría, posibilitado por un ambiente facilitador. Así, se fue desplegando en el juego también, cada uno aportando desde su singularidad, el armado de lo vivenciado en conjunto. Un encuentro con una verdad construida por ellos como grupo, en donde cada uno pudo desplegar su versión. En muchas ocasiones, las terapeutas jugábamos con las expresiones de los niños en vías de que les fuera posible nombrar y situarse en lo sucedido, descargando y religando horrores y culpas sentidas. Un recorrido que inició con el caos, la desorganización y la acción, y a partir de la propuesta de trabajo en conjunto –de propiciar que lo indecible fuera dicho, de interpretar lo que pasó y les pasó–, al grupo le fue posible ir armando y desarmando, buscando respuestas a eso que estaba dentro e irrumpía en momentos de manera horrorosa; a poder nombrar, a tener emoción y palabras. Hubo lugar para el enojo, el dolor y la tristeza. Después las palabras. Fue posible ir encontrando las vías y los modos de ir reparando aquello que irrumpió en los psiquismos de cada uno. El camino encontrado nos implicó pensar la práctica clínica a partir de la demanda institucional y efectuar intervenciones profesionales que también fueron en conjunto. A las terapeutas nos agrupó el conocimiento y certeza de la relación que hay entre salud mental y derechos humanos. En esta situación particular, el trabajo COLEGIO

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con el grupo de hermanos nos daba la posibilidad de formalizar y fortalecer derechos de estos niños, que iban desde su derecho a vivir en familia hasta ser atendidos en sus traumas psíquicos, y sostener y fortalecer lo único estable en el grupo a lo largo de su historia: el vínculo entre ellos. El contexto social, con las leyes que lo rigen, pueden ser determinantes potenciales de sufrimiento o posibles atenuantes (Fainstein, 2013), el posible hacer en el marco de la ley de derechos de la infancia nos brindó a la grupalidad, terapeutas y pacientes, el registro de la vigorosidad que implican las leyes que protegen los derechos humanos dando ciertas garantías de igualdad ante la ley. Más allá de las alternancias del trabajo terapéutico y humano llevado adelante con esta familia durante un año, fue posible en todos los profesionales intervinientes privilegiar el interés superior del niño. Pudimos entender la importancia cualitativa de las intervenciones dentro del marco de la ley, siendo promotoras de cambios en la subjetividad. No desconocemos que lo traumático dejará sus huellas en el psiquismo de cada niño, pero la trama y los recuerdos de este tejido de grupalidad también tendrán sus rastros para continuar sus historias. Las posibilidades de ligadura conjunta de aquello, lo ominoso, darán otras alternativas a la vida subjetiva de cada uno y de la fratria. En este sentido, como psicólogos dentro de la institución, encontramos que la intervención se ha desplegado como una “experiencia consoladora” (Fainstein, 2013), en tanto que pudo amparar el sufrimiento de la familia y generar bienestar, haciendo que la aplicación de la ley a través de la presencia activa del Estado, logre reparar ciertas condiciones adversas, sosteniendo la subjetividad de los individuos. La presencia del Estado en la garantía de los derechos, a través de sus profesionales, da alternativas de reparación y brinda un marco de protección, siendo posibilitador de subjetividades más inclusivas. El conocimiento de que, aunque las condiciones sean distintas, el contexto en todas sus variables es algo que nos engloba, que nos une y, en definitiva, nos hace saber que somos todos hijos de una misma patria.

Bibliografía

Aulagnier, P. (1975) La violencia de la interpretación. Buenos Aires: Amorrortu, 1977. Bleger, J. (1966) Psicohigiene y Psicología institucional. Ed Paidós. Derrida, J.; Dufourmantelle, A. (2014): La hospitalidad. Ediciones de la Flor. Dottoti, A.; Olivera, M.; Rossi, A.; Zemborain, C. (2016) El compromiso profesional en las políticas públicas. Trabajo presentado en el XVI Congreso Argentino de psicología, realizado en Mendoza en abril 2016. Fainstein, A. (2013) Formas actuales del sufrimiento. En Lerner, H (comp.). Los sufrimientos: 10 psicoanalistas, 10 enfoques (p.27-40). Bs. As. Ed. Psicolibro.

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Salud Mental y Derechos Humanos

Mónica Olivera: Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología clínica. Magister en Psicología clínica. Miembro del equipo profesional y docente del Instituto de Formación en psicoterapia psicoanalítica. Docente responsable de las prácticas supervisadas en la Dirección de Fortalecimiento familiar en coordinación con la Facultad de Psicología, UNC. Psicóloga del equipo de la Asociación construyendo redes en la dirección de fortalecimiento familiar en Senaf. Lucrecia Tomatis: Licenciada en psicología. Psicóloga del equipo de la Asociación construyendo redes en la Dirección de Fortalecimiento Familiar en Senaf. Psicóloga de niños y adolescentes en práctica privada.

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195 25 puntos sobre la impunidad 205 Construyendo un dispositivo de intervención en casos de homicidio policial 209 Violencia institucional: análisis y perspectivas 213 Enemigos muy íntimos 217 El Gatillo fácil como práctica sistemática de la violencia estatal. Experiencias en barrio Los Cortaderos

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Violencia estatal en contextos democráticos


Eje: Violencia estatal en contextos democráticos

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a democracia es condición necesaria pero no suficiente para la reducción de la violencia estatal. Claramente, la democracia disminuye su violencia pero no la elimina. Si bien no hay una planificación centralizada -como sí existe en los regímenes autoritarios-, no se puede desconocer que es una práctica habitual de las fuerzas de seguridad que en muchos casos se utiliza como instrumento para ampliar la gobernabilidad o para tener un impacto favorable en la opinión pública. En la actual violencia estatal han influido los niveles pasados de la represión sufridos en la dictadura y es una consecuencia directa de muchos años de impunidad. Las nuevas formas de represión se distinguen de las ejercidas en regímenes autoritarios en las que el uso de esta tenía un origen ideológico y político de persecución a militantes que perseguían proyectos de transformación. En las democracias contemporáneas, las víctimas de las violaciones de los DD.HH. (torturas, ejecuciones extrajudiciales, etc.) son ahora -entre otros/asjóvenes pobres de los barrios periféricos cuya victimización raramente aparece en los periódicos. En los contextos democráticos, la violencia es producto, sobre todo, del abuso de poder de las agencias estatales de seguridad. Esta nueva forma de violencia estatal se propaga porque los gobiernos democráticos no han podido controlar el abuso de poder ni combatir la impunidad. Es necesario interpelar a la sociedad y al Estado. A la sociedad, en sus valores y creencias; la mano dura como respuesta al crimen solo ha producido que una parte de la sociedad tolere que otra parte de esta no tenga derechos, que sea criminalizada y que se la condene de antemano. Se argumenta que los actos violentos son un medio legítimo para librar a una parte de la sociedad de la otra parte. Para aportar a la visibilización de la violencia estatal se requiere el estudio de sus nuevas formas y disputar los diferentes sentidos en torno a las víctimas de estas violencias. Desde la práctica psicológica -y en un hacer interdisciplinario- se hace necesario trabajar en la producción de conocimiento sobre los efectos y secuelas que este ejercicio de la violencia produce; acompañar a los familiares de las víctimas para que puedan construir significados, poner palabras en relación a lo acontecido y en la desprivatización del dolor. También, y desde un abordaje psicosocial, ayudar en la construcción y/o recuperación de la confianza, la solidaridad y los lazos comunitarios/colectivos.

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25 puntos sobre la impunidad1

la Impunidad de los autores de Violaciones de los DD.HH.: “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos (…) porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocido culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (Pizarro A. y Wittebroodt I. 2000:124 ). Todas las definiciones ponen en el centro el infringir la ley (delito) y la falta de castigo. Del vocablo latino impunitas, que refiere a la falta de castigo. Existen innumerables publicaciones que tratan el tema de la impunidad y sobre todo desde el sentido jurídico2. Podemos empezar a decir que en el núcleo de la nominación está el consenso social (ley) que nomina un hacer reprochable, condenable, y la inacción para preservar ese consenso. Refiere a una acción o falta de acción de un tercero.

“Las verdades incómodas tienen que recorrer un difícil camino”. Primo Levi

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ara pensar sobre el tema de la impunidad se hace necesario detenernos a pensarlo sobre su significación actual y su relación a otros temas que identifican, en su relación, aspectos de la impunidad.

4 Hay algo de la omnipresencia en la idea de impunidad. Algo relacionado con la totalidad, con lo absoluto. Que nos hace sentir lo imposible, lo inconmensurable. El efecto de sentido de esto es que lo que no entra aquí, es del orden del sinsentido3.

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Cuando pensamos en la impunidad aparece enseguida la representación de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Pero también aparece en nuestra mente: el mismo accionar de los “políticos” –en un sentido general. Y cuando pensamos en una relación directa de la impunidad con los barrios, aparecen enseguida las situaciones de “Gatillo fácil”, femicidios y la problemática ambiental. Y la lista puede seguir. Es decir, el término tiene presencia hoy.

5 Hay diferentes maneras de nombrarlo: La impunidad, sentimiento de impunidad (Kordon y otros 1995), situación de impunidad (Kordon y otros 1995), sistema de impunidad, Contextos de impunidad (Segato 2013), exhibición de la impunidad (Segato 2013).

2 ¿A qué se hace necesario hacerle lugar para pensar la impunidad? ¿detenernos en poder pensar –críticamente- lo que la impunidad viene a hacer lugar como idea? Una primera cuestión a pensar es ¿que nombra “la impunidad”, que hace necesario que se nombre de esa forma? ¿Para qué sirve hoy hablar en estos términos? Como sea, y adelantando un poco la posición que asumiremos para “pensar” –y hasta donde podamos- este tema, no es pensable este sin un irreductible reconocimiento de que somos en sociedad y también, vale aclararlo, en comunidad. La necesaria insistencia en que nos necesitamos, la necesaria insistencia en mundos amplios.

6 ¿Qué ley? Si la impunidad tiene que ver con un delito (según la normas, la ley) no sancionado, ¿qué pasa cuando la misma ley o norma está en cuestión? Si existe un bastardeo sistemático, el incumplimiento de las leyes, ¿qué valor tienen estas?5 Si se aplica con algunos sectores y con otros no, si algunas se aplican y otras no. ¿Cuál sentido de la ley prevalece socialmente?6 4

3 El equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales define la impunidad como “Situación en la que se encuentra la sociedad cuando los responsables de haberse alzado contra el orden constitucional democrático y del terrorismo de Estado que le sigue, no son sancionados”. (Álvarez Merino 2006:9). Impunidad según Louis Joinet Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la cuestión de COLEGIO

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7 Situaciones de impunidad. Carácter de sometimiento en una relación y un reconocimiento más público, de lo injusto de esta, y lo sancionable de esta. Se hace presente la dificultad de que aparezca alguien que detenga el avasallamiento7.

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La impunidad no es solo la ausencia de castigo, un acto de omisión o negligencia de la justicia. La impunidad penal, moral e histórica es un acto de violencia directa, visible, racional, instrumental, con interés determinado.

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tema a tratar por su inmensidad12. ¿Qué pasa en el cuerpo social y personal cuando es sistemática la violación de la ley y de los cuerpos? ¿Cómo es la forma actual de “incorporación en los cuerpos” de la impunidad? El cuerpo puede ser pensado como efectos, prácticas, potenciadores o despotenciadores, como marcas, como expresión, cuerpos habitados por imaginarios y sentires, cuerpos que confrontan la impunidad13. Una de las sensaciones es “sentirla en la piel, en el cuerpo”14. En la situación de los femicidios aparece la forma de cómo la misma muerte es producción y efecto de la impunidad.

Aparece la idea de víctima del delito. ¿Pero la idea de víctima qué representa8? ¿Cuál es el sentido subjetivo de eso? ¿Hay una insistencia en centrar el tema de la impunidad en las víctimas?9 En este sentido, es interesante pensar, denunciar el delito y no a la víctima, en todo caso10. Los organismos de DD.HH. identificaron y visibilizaron el delito: crímenes de lesa humanidad, más que hacer pie en la víctima. Otro ejemplo podríamos pensarlo con situaciones difíciles de identificar por su naturalización: la pobreza como un delito económico11.

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La insistente construcción de la historia15. Se puede decir de maneras muy diferentes: la de historia oficial, la de negación, la de

La impunidad inscripta en los cuerpos. Es en sí mismo un COLEGIO

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personal y colectivamente con otra palabra: justicia. Un punto difícil de hacerle lugar. No hablamos de responsabilidad sobre las acciones de sometimiento y avasallamiento, sino de las acciones colectivas en defensa de derechos. ¿Cuánto hay construido socialmente para que no nos involucremos? ¿Quién quiere pasar por una experiencia de impunidad -aunque no sea el “directamente afectado”? ¿Qué capacidad tenemos para hacerle frente a los sentimientos que nos genera? Podemos arriesgar dos hipótesis: a) se ha logrado construir un consenso generalizado de que el otro/a no es responsabilidad de uno/a, que yo no tengo nada que ver con otro/a. Y vienen a cuento explicaciones que hacen asiento en la personalidad de la víctima, sino en la familia o el contexto más cercano. b) Se ha construido la incapacidad de tramitar las afectaciones que genera la impunidad. Se prefiere no ver –negar-, no registrar, no saber. El solo registro y reconocimiento nos confronta con sentimientos molestos por su constreñimiento o por su exposición. Lo que se ha minado sistemáticamente es el sentido más comunitario de nuestro tránsito en este mundo.

12 Las situaciones de impunidad pueden ser reconocidas o no. Podemos pensarlo acá en relación a la “banalidad del mal” (Anna Arendth): “Al hablar de la banalización del mal, no entendemos solo la atenuación de la indignación frente a la injusticia y el mal sino, más allá de ello, el proceso que, por un lado, desdramatiza este mal (que no debería nunca ser desdramatizado) y, por otro, moviliza progresivamente una cantidad creciente de personas al servicio del cumplimiento del mal, haciendo de ellas “colaboradores”. (Dejours 2006 :144)17 No hay consenso sobre la necesaria identificación de lo que produce daño. Hay una naturalización del término, en pensar las cosas como esencia y no como producto y menos como proceso. Hay una dificultad de reconocimiento que son campo de lucha, y en este sistema “capitalista”, es “así” y se banaliza el daño y la responsabilidad, pasa a ser natural. Ante situaciones de impunidad en situaciones de despido y la expulsión del sistema de trabajo Dejours tiene una provocativa hipótesis:

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reacción ante acontecimiento16, la de ambigüedad de los “hechos” que remite a los medios de comunicación actuales y su distancia de la experiencia. Lo claro es la construcción social del sentido de la historia, sus puntos clave y sus puntos ciegos. En donde hay impunidad hay un insistente construcción de sentidos que buscan convalidar el avasallamiento, y usando a tal fin cualquier medio y dispositivo (negación, mentira, sentido hegemónico, etc.).

11 En la misma nominación hay una interpelación a todos nosotros. Y más específicamente, tomando posición en el eje – anticapitalista, a fin de cuentas- de la relación ética con el otro/a tenemos una interpelación aún más aguda a nuestra implicación COLEGIO

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“La exclusión y la infelicidad infringidas al otro en nuestra sociedad actual, sin movilización política alguna contra la injusticia, serían el resultado de una disociación entre infe-

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licidad e injusticia, bajo el efecto de la banalización del mal en el ejercicio de los actos civiles ordinarios por quienes no son víctimas”. No se quiere pensar en eso. Si alguien trae relatos del horror se “cierra la oreja”18, no se sabe cómo manejar la energía entre el malestar que genera el horror y sus vidas. ¿Aparece aquí cierta economía de energías?

La impunidad tiene

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una función política, pues envía

¿Qué hacemos con los sentimientos que generan las situaciones de impunidad?19: miedo20, rabia, enojo, impotencia21, impunidad, soledad, tristeza22. ¿Qué lugar le hacemos, cómo nos impacta? ¿Qué habilitaría amigarse a estos sentimientos negativos que genera la situación de impunidad? Además, siempre está presente la expectativa de que un “tercero” advenga a poner fin a “esto”. El “sentimiento de impunidad” viene a nombrar la relación entre estos sentimientos y las situaciones, nombra más bien una serie de sentimientos ante el avasallamiento en una relación de poder. No es solo además una relación de poder sino la percepción de lo injusto de esta relación. Implica cierta relación con lo público por su expresa presencia o su insistente ocultamiento. La pregunta a hacerse es: ¿qué efectos en uno y colectivamente tiene? En principio se puede pensar en dos vías que no se excluyen: una que nos despotencia, nos hace sentir chiquitos, y otra que nos potencia a seguir andando, a enfrentar, intentar hacer algo con estas situaciones. Hasta acá es del orden de lo reconocible, no llega a ser pensamiento: nos pone tristes, nos enoja, pero también hay algo de lo irreconocible y que actúa en nosotros, algo a lo que no podemos “hacerle lugar”23.

el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados y castigados ...

14 La impunidad no es del orden del razonamiento, del fundamento, sino de la imposición. La racionalidad es la del poder-sobre24, como poder-sometimiento25.

15 Las situaciones de impunidad como aprendizaje de la indignidad26. El caso de los femicidios muestra claramente como la impunidad es tanto un contexto que favorece, como efecto: “Deseo proponer que los feminicidios de Juárez se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comportan como productores y reproductores de impunidad.”(Segato 2013:28). La autora propone la idea de una pedagogía de la crueldad que busca adoctrinar, a fin de cuentas domesticar las formas colectivas27. COLEGIO

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16 Cuando se produce un daño y la impunidad está relacionada con este daño, algo de lo irreparable se juega. La impunidad expande el sentido de lo inconmensurable del daño que hace que sea difícil cerrarlo en un sentido. El triste ejemplo que nos puede ayudar es la condena que Menéndez “cumplió” y el sentido social de insuficiencia de tal condena ante tanto daño hecho.

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La impunidad también pasa a ser es un conjunto de instituciones, hábitos, creencias, actitudes y comportamientos30 que perpetúan las injusticias, los delitos, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. En el ámbito de la ley, la falta de justicia se va internalizando (podemos pensarlo en el sentido de Bourdieu), por lo que se convierte en elemento de la cultura de la sociedad, como parte de los mecanismos de poder y control social.

Algunas perspectivas de la impunidad Según Pizzaro y Wittebroodt (2000) para entender la impunidad hay que tener en cuenta 5 dimensiones: la dimensión jurídica, la política, la dimensión histórica: la memoria, dimensión ético/moral, la impunidad psicológica/psicosocial. Por otro lado retomaremos aquí lo planteado por el Procurador de los derechos humanos de Guatemala (2013): Como acto: violatoria de los derechos humanos Como factor causal: contexto posibilitador Como factor perpetuador: culturización Como estrategia de poder: control social

e) La impunidad como control social La impunidad tiene una función política, pues envía el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados y castigados, por los delitos o violaciones a derechos humanos que hayan cometido. Esto juega a favor del miedo colectivo, la inamovilidad y la apatía social.

a) La impunidad como ausencia de castigo. En este sentido, hay tres tipos de impunidad: la penal, la moral y la histórica. a.1. Impunidad penal: refiere a la prolongación de una situación de injusticia ejercida contra las personas víctimas de un crimen de lesa humanidad: inadecuado marco normativo, ausencia de investigación, no ejercicio de la acción penal, mala integración de la averiguación, parcialidad de los jueces, etc. a.2. Impunidad moral: se alude aquí a lo que denominan complicidad social que se realiza a través de la ausencia de sanción social (se ejerce socialmente a través del silencio, la minimización del hecho y la culpabilización a las víctimas). a.3. Impunidad histórica: como acto de borramiento simbólico a través de los discursos y mitos institucionalizados sobre un crimen de lesa humanidad ejercido por el Estado. Se realiza a través del olvido, la tergiversación de los hechos, la negación y la mentira institucionalizada.

18 Otra manera de pensarla es según los efectos que produce31. Es un eje, una mirada que identifica e hilvana estados de ánimo, acciones, prácticas según su relación con las situaciones de impunidad. Algunos en relación a la resignación32 y procesos de impotencia y desesperanza que describe un estado de apatía generalizado ante estas situaciones, como el aumento del sufrimiento33 como condición social, otros toman la arista de cómo el no aprendizaje social produce la repetición34 tanto de estas situaciones como de lo traumatizante de estas relaciones o de la ruptura de las mismas relaciones. Es decir, deja marcas que pueden ser pensadas en su relación intergeneracional35 y, por lo tanto, en sus condicionantes a generaciones futuras36.

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b) La impunidad como acto de violencia La impunidad no es solo la ausencia de castigo, un acto de omisión o negligencia de la justicia. La impunidad penal, moral e histórica es un acto de violencia directa, visible, racional, instrumental, con interés determinado. De aquí que la impunidad no sea un efecto de la violencia mediado por una omisión, sino que la impunidad es un acto en sí de carácter violento. De forma que la impunidad contribuye a la revictimización de las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos. En ese sentido, la impunidad es una violación al derecho de todas las personas a la justicia.

19 Todo otro capítulo podría ser la relación entre impunidad y el ámbito del trabajo. Las instituciones son portadores de normas, reglas y preceptos, así como de prácticas. Las consideraciones anteriores se pueden pensar también para el ámbito laboral con el agregado de que este le da particularidades. El miedo37 (al despido, sanciones, por ejemplo) y la resignación aparecen tanto por las condiciones de precariedad38, como de aprendizaje social de la indignidad. Es una interpelación, también difícil, a los propios trabajadores39 en tanto qué hacer o no ante las situaciones de impunidad. También se pueden pensar en tanto condiciones de producción de una “subjetividad trabajadora” que no es ajena a los avatares de una subjetividad estatal vigente.

c) La impunidad como contexto La impunidad es una situación que posibilita la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. La impunidad necesita de un contexto. d) La impunidad como cultura29 COLEGIO

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Contra la impunidad ¿Cómo se confronta un sentido omnipresente? ¿Cuáles estrategias se pueden? ¿Cómo se sostiene cualquier acción contra la impunidad? ¿Qué de lo colectivo? ¿Qué de lo comunitario?40 ¿Qué del reconocimiento de otros de la situación (el deseo, el reconocimiento de existencia)? ¿Qué de las utopías? “Por más impunidad e indulto que se decrete, ningún poder es totalmente hegemónico y por ello están presentes en mayor o menor medida los focos resistenciales que operan en los intersticios del cuerpo social.” (Aguiar 1993) Foucault también ya nos advirtió que donde hay poder hay resistencia41.

Ante la lógica devastadora de la impunidad48, aparece el lazo amoroso. No el amor romántico o del mártir. Sino el relacionado al coraje/valentía49, el de la ternura50, el de la perseverancia. Ese que le hace lugar a la construcción colectiva, a la memoria y a la celebración de las vidas intensas.

Ante la desertificación 42, la implosión de las relaciones y la justicia por mano propia. Otro apartado a tener en cuenta es la relación entre impunidad y las acciones de justicia por mano propia (sean individuales o colectivas). Cuando son colectivas tienen un nombre: linchamientos43. Por un lado, pensar en la relación con el Estado: “Un problema vinculado a la impunidad tiene que ver con la pérdida de la confianza en el Estado en cuanto a la capacidad de hacer justicia y la certeza de que dicha función será ejercida” por otro con las capacidades colectivas de “hacer comunidad” (Edelman y Kordon 1995:3544.

Omar Barrault

25 Ante un lógica que busca fragmentar o mejor dicho dispersar (sin permitir encuentros), es continuar con un hacer51: la lógica de la experimentación, ensayos, de encuentros (“nunca solos/as”). Hablamos de otros tránsitos y aprendizajes que hacen del encontrarse52 su eje.

21

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23 Ante el silencio, la voz propia. No haremos acá una apología del martirio. Sabemos que es difícil en situación de impunidad y de avasallamiento pensar en enunciar, denunciar esta situación46. Pero tampoco es imposible. Nos han querido hacer olvidar las innumerables experiencias (siempre colectivas, siempre hay otros allí) de perseverancia en enunciar la voz propia47. Insistencia en negar los sostenes colectivos de cualquier voz. Es un camino de coraje, pero que se entrama en infinidad de lazos comunitarios. COLEGIO

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6

Notas 1

2

7

El texto surge de discusiones extensas con Alicia Greco. Fue presentada una versión preliminar de este en el “Encuentro de Presentación de la experiencia del Equipo de acompañamiento psicológico a testigos víctimas, familiares y querellantes en la Megacausa por crímenes de lesa humanidad, La Perla–la Rivera.  El trabajo de dar testimonio judicial de crímenes de Lesa Humanidad.” Dirección de Atención Primaria de la Salud. Secretaria de Salud. Municipalidad de Córdoba (23 de septiembre de 2016). Son solo puntos dispuestos para facilitar la discusión sobre el tema. Existe una larga lista de artículos y producciones sobre el tema, de la cual aquí solo se toman algunos aspectos. Para ver el sentido jurídico del término, esta: Corte interamericana de derechos humanos: Justicia derechos humanos e impunidad: http://www.corteidh.or.cr/ tablas/13060.pdf, “El concepto de impunidad a la luz del derecho internacional:

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una aproximación sistémica desde el derecho internacional penal y el derecho internacional de los derechos humanos” Choncho Álvarez: (2012), también se puede consultar “El concepto de impunidad , su abordaje en los instrumentos de Derecho internacional de los Derechos Humanos, Derecho internacional humanitario y derecho penal internacional”. Escobedo Barrondo (2013) Por un lado Kaes (1995) nos advierte: “La impunidad es sin duda el rechazo del juicio, del proceso de justicia y de verdad, pero también del proceso del restablecimiento del sentido” (p19). Podemos pensar como ejemplo la nominación insistente de: “las locas de la plaza de mayo”. Algo del aturdimiento se juega (Burijovich y Barrault 2013), que ponen en cuestión el sostenimiento de una posición. Cuestiona hasta la fibra más íntima, al punto de considerarse descolocados/as del sentido general. Por otro lado, siguiendo a Cerdeiras que justamente da el ejemplo de la Madres como ejemplo de Acontecimiento y nos dice: “Un acontecimiento político no es un hecho estruendoso, generalmente es un exceso silencioso sostenido de una manera precaria y aplastado por el murmullo ensordecedor del sentido común.” (Cerdeiras 2002:53) ¿Cuál es el estatuto de la ley en los tiempos actuales? Lewcowicz (2003) nos interpelaba sobre las condiciones de la ley en tanto: “Anhelamos el tiempo de la armonía entre tres hebras de lo que llamamos ley: ley simbólica, norma jurídica, regla social. La ley simbólica estructurante del sujeto, la norma jurídica estructurante del cuerpo político estatal, la regla social estructurante de las conductas de relación entre los individuos suenan armónicamente en unas precisas condiciones históricas.” (…) “La potencia capaz de hacer sonar conjuntamente estas tres hebras es la potencia estatal.” Y avanza en decirnos que transitamos un espacio caracterizado por la “destitución de la soberanía del Estado en nombre de los poderes del capital neoliberal”. Por lo tanto, ante la caída del soporte de la ley simbólica, ¿qué soporta a ley? Nos dice, no alcanza un conjunto de reglas de un grupo o “tribu”. A fin de cuentas, la ley como soporte estatal, ya no es tal. Lamentablemente existen muchos ejemplos. Uno es el que refiere al “basural de zona sur”. En marzo del 2010 el mismísimo intendente de la ciudad de Córdoba firma un acta acuerdo en la parroquia barrio Comercial, por presión de los vecinos de la zona sur, donde se compromete ante estos que en abril del 2011 el predio de depósito de la basura de la ciudad se cerraría por los impactos desfavorables en la zona. Llegado el plazo, en la primera sesión de apertura del Concejo Deliberante, anuncia que no se cerrará, sin comunicación ni explicación hacia los vecinos. Si un intendente de la ciudad no respeta lo acordado con los propios vecinos (acta escrita de por medio), ¿qué valor tiene lo acordado? ¿Quién se hace cargo de los sentimientos que generan estos actos? En este punto la misma impunidad produce como efecto el cuestionamiento de la misma idea de ley: “la impunidad del crimen cuestiona fundamentalmente lo que sostiene en la vida social y en la vida psíquica la necesidad del Derecho, la necesidad de decir la ley.”(Kaes 1995:16) “Al decir de Ulloa, debe interpretarse como encerrona trágica toda situación donde un sujeto depende de alguien que lo maltrata o “destrata”, sin tomar en consideración la situación asimétrica e incluso de desamparo. En este sentido, el autor plantea que en esa situación se produce la inexistencia del tercero de apelación” (Consecuencias 2006:24). Y cuando estas situaciones se multiplican, sobre todo con sectores en condiciones de pobreza que sistemáticamente ven cómo funcionarios de turno no respetan las leyes ni las hacen cumplir (o lo hacen discrecionalmente), y ven cómo a otros sectores de la población sí se los respeta, ¿quién se hace cargo de los efectos en los cuerpos, sentimientos y en los idearios como “ciudadanos” de este sistemático avasallamiento? Para Lewcowicz (tomado por Hupert 2014) es que “en tiempos fluidos cae el Tercero trascendente que regula las relaciones. El Estado deja de estar en el centro de lo social para convertirse en <un elemento importante de las situaciones>”p123.

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Hay una insistencia en la idea de la víctima como lugar de despotenciación de las capacidades individuales y colectivas. En esto Cerdeiras (2003) es agudo en su observación: “El hombre se convierte en víctima, y toda víctima necesita de aquel que lo represente, de aquel que lo defienda, de aquel que lo ayude, de aquel que se compadezca, de aquel que diga pobrecito, y por lo tanto la figura de la víctima es absolutamente antinómica de la figura del que se rebela”. “Según Kaes, la impunidad en la dimensión psíquica tiene que ver con el sometimiento de la víctima que se transforma en única emisaria del crimen impune. Allí donde no hay culpable sancionado el delito se sostiene, en términos sociales, solo por aquel quien ha sufrido el ataque”. (Pizarro A. y Wittebroodt I. 2000:130). Nos dirá Kaes (1995): “La impunidad engendra los chivos emisarios: son buscados y designados para tomar el lugar del conocimiento de la falta y de arrepentimiento.”(p18). Este punto especialmente aportado por Alicia Greco, sobre la insistencia en las víctimas. Recordamos lo que Edelman y Kordon aluden en términos de “Inversión de la culpabilidad sobre la víctima” (1995). “Cuando hablamos de impunidad, lo hacemos en referencia a la impunidad de los poderosos, a la impunidad de quienes tienen el poder del Estado, a la impunidad de la que gozan los genocidas y represores, y los responsables de los gravísimos delitos económicos que atentan contra el patrimonio nacional y someten a la exclusión social a las grandes mayorías.” (Kordon, Edelman, Lagos, Kersner 2002:97) Arnao (2014) nos advierte: “Y pensar la subjetividad, como hemos señalado, nos lleva a pensar prácticas y representaciones a cerca de y a partir del cuerpo. Se abre, de este modo, e indisociablemente ligado al campo de la subjetividad, el campo de la corporeidad.”(p87) Tanto Bourdieu en su clara enunciación “lo social hecho cuerpo”, internalizado en modos y maneras corporales, como Foucault en relación al lugar de los cuerpos en las relaciones de poder, ponen en los cuerpos tanto un modo inscripto como un expresivo –diríamos, más cercano a Segato-, que sostiene sentidos y efectos. Ante situaciones tan avasallantes, los cuerpos aparecen también como el tope, el mojón, el freno –no sin marcas- de lo real de un sometimiento. Cuerpos en movimiento, que cortan rutas, hacen tomas de espacios públicos, marchan. En este sentido es paradigmático la afectación de compartir el mismo territorio con los perpetuadores –corporizados- de situaciones de impunidad: “nuestras sociedades en la que los efectores de desapariciones y torturas pueden estar caminando a nuestro lado en las calles, compartiendo los espacios comunitarios, están invadidas por la desconfianza, el desconcierto, el resentimiento, el miedo.”(Rincón 1995:75). Relacionado a esto y en términos de luchar contra la impunidad (Álvarez Merino, 2006) en relación a crímenes de lesa humanidad en España, nos dice que hay dos aspectos a considerar: la importancia de la memoria y reconocer el carácter político (las acciones y los efectos que en las personas ha tenido). Una arista de esto es pensar, siguiendo en esto a Badiou (2008), que esta construcción de la historia se hace en base a la reacción por el acontecimiento producido que enuncia-expresa -lo impune, diríamos nosotros- en un movimiento que es para cualquiera (todos). Se puede relacionar con lo que refiere este autor como figuras subjetivas (ante el acontecimiento) reactivas u oscuras. En la primeras se busca negar lo que ha pasado y además se crean “novedades” que se arman para negar esto, en la otra - sujeto oscuro- directamente se la oculta a cualquier precio. Esta busca un solo sentido presente y por lo tanto se aniquila, se busca hacer desaparecer cualquier otro sentido. En relación a otra arista de la impunidad y los linchamientos podemos mencionar la recuperación de fotos de linchamientos en EE.UU. y el prólogo del libro: “Lo más perturbador acerca de estas escenas es descubrir que los perpetuadores de los crímenes eran gente ordinaria, no muy diferente de nosotros mismos –comerciantes, granjeros, trabajadores, operadores de maquinaria, maestros, abogados, doctores, policías, estudiantes-; eran hombres y mujeres de familia, buenos, decentes, feligreses que creían que mantener a los negros en su lugar era poco menos que controlar la peste, un modo de combatir una epidemia o un virus que, en caso de nos ser refrenados, serían perjudiciales para la salud y seguridad de la comunidad” (Litwack 2014:256)

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18 Conversaciones con Alicia Greco. 19 Ya nos anticipaban Edelman y Kordon (1995) la presencia de sentimientos de temor, indefensión e inseguridad, vivencias persecutorias entre otras afectaciones ante las situaciones de impunidad. El sentimiento que aparece, también, ante la impunidad es la rabia (Mejia Correa 2005), además de esta afecto, efecto de la impunidad, también la angustia lo es: “Entonces, la angustia es un efecto psíquico de la impunidad porque el sujeto es confrontado con la crueldad de un Otro que nadie detiene, nadie limita, nadie sanciona. No hace presencia un tercero que lo proteja y lo preserve de los estragos psíquicos que supone el ser tratado como una cosa.”(Mejia Corre 2005:271). “Resumiendo: la impunidad de la violencia social ataca a las personas en sus cuerpos, sus mentes y en la construcción de su historia. Por eso para desmantelarla es necesario desde los distintos sectores del cuerpo social mantener la posibilidad de buscar causalidades y sentidos a todo lo que nos rodea. La cultura y el accionar de los grupos son medios eficaces para ello. Se trata de construir una historia integrada a un sistema de valores donde la vida de todos y de cada uno sea lo primordial.” (Aguiar 1993). Ya nos anticipaban Edelman y Kordon (1995) la presencia de sentimientos de temor, indefensión e inseguridad, vivencias persecutorias entre otras afectaciones ante las situaciones de impunidad. 20 ¿Cuál es la relación entre el miedo y el horror en las situaciones de impunidad? ¿Qué de lo siniestro se activa? ¿Qué de lo social en esto? 21 Las condiciones de producción de estos sentimientos es compleja, por ejemplo: “otra de las causas sistemáticas de impotencia ha sido la carencia económica de mucha de la gente que ha aprendido que, tanto las acciones de denuncia como el manejo de los impactos de las violaciones de derechos humanos, devienen en procesos imposibles si no hay una capacidad económica que los respalde.” (Frustración 2010:361) 22 “La impunidad que se mantuvo por tanto tiempo, ha producido como efectos en la gente altos de niveles de frustración, sentimientos de indefensión y rabia contenida. Esto a su vez, ha reproducido, en diferentes momentos, lógicas de inmovilización y parálisis social.” (Frustración 2010:361 ) 23 Hay algo de la impunidad que no es tramitable, expresable en el sentido de vías de expresión o de transformación. Si no más de la imposición, se nos impone, sin que podamos hacer, en principio, nada. Nos habita y solo después podemos reconocerlo. Y siempre hay un resto con el que no podemos hacer nada. 24 Halloway (2001) nos recuerda que existe una distinción que hacer en relación a la idea del poder. Hay dos sentidos para pensar el poder: el poder-sobre (potestas) y el poder-hacer (potentia). “El poder-sobre es la ruptura y negación del hacer. Es la negación activa y repetida del flujo social del hacer, del nosotros que nos construimos a través del hacer social. (…) El poder-hacer es social. Es la constitución del nosotros, la práctica del reconocimiento mutuo de la dignidad” (p.77) 25 “Es necesario denunciar la violencia abismal de la impunidad; la misma somete triplemente al arbitrio del otro, a su poderío, al someter a la víctima a la violencia natural del cuerpo a cuerpo; al exigirle que se aliene a la ley del más fuerte; al obligarla a ofrecerse como víctima emisaria del crimen impune.” (Kaes 1995: 18) 26 Hablar en términos de dignidad-indignidad nos remite a la consideración de la vida misma más allá de las condiciones biofisiológicas. Implica una valoración de las vidas. Otra manera de nombrarlo es como lo hace Martin –Baro (1989) en términos de lo que en el marco de una política de terrorismo de Estado es el efecto de la “devaluación de la vida Humana”. 27 “…describo esta función como una “Pedagogía de la Crueldad” (...) es absolutamente esencial al mercado y al capital en esta fase ya apocalíptica de su proyecto histórico. Sin embargo, la función ejemplar del castigo en el submundo de las jurisdicciones informales mafiosas y la “Pedagogía de la Crueldad” ejercida en el cuerpo de las mujeres y esencial para forjar sujetos dóciles al mercado y al capital, aunque emparentadas, no son lo mismo, no constituyen la misma función.”(Segato 2013:57) 29 Interesante como Edelman y Kordon (1995) nos dicen que la impunidad puede ser pensada como un modelo: “La represión política y a impunidad han ofrecido modelos e ideales sociales que legitiman un tipo de violencia que refuerza los funcionamientos omnipotentes del psiquismo. Los ideales colectivos se ofrecen como matrices identificadoras desde el contexto social y los miembros de una

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comunidad los asumen como propios, asegurándose a través de ello sus sentimientos de pertenencia social” (p.33) “Las consecuencias de las violaciones de derechos humanos en Ecuador, desde la época de 1984-88 hasta la actualidad, con sus diferentes patrones e intensidades, ha tenido un efecto común que persiste hasta la actualidad y que se refiere a las consecuencias de la impunidad. Dicha impunidad no solo consiste en la ausencia de justicia y castigo a los responsables de las violaciones de derechos humanos, sino que también tiene un impacto en las creencias y actitudes sociales, generando un clima de silencio y pasividad frente al ejercicio de los derechos como ciudadanos.” (Frustración… 2010:361) En este sentido es indispensable tener en cuenta todo lo producido en nuestro país sobre esto. Ejemplo ineludible al cual recurrir es la producción de Edelman, Kordon y otros (1995). Aquí solo se mencionarán algunos aspectos. “Una sociedad acostumbrada a que no tengan consecuencias los delitos se convierte en un grupo humano resignado, que aprende que las experiencias vitales no tienen nada que ver con los actos propios; sino con algo ajeno y “superior” a ti” (Álvarez Merino 2006:9). Además “al negar el castigo a los culpables que exigen las víctimas y los familiares, se busca generar un proceso de frustración, por lo que, en ocasiones, las víctimas tienen la sensación de que realmente no hay nada más que hacer y que hay que aceptar la realidad impuesta por el victimario. Con esto, se va generando un proceso de impotencia y desesperanza, ya que si los victimarios están impunes, si el poder se ríe de sus injusticias, si los verdugos se regocijan en las mentiras, resistir y seguir luchando por los ideales es una utopía, mientras que acostumbrarse es una forma de sobrevivencia. En este mismo sentido, la impunidad pretende dejar en el olvido los crímenes cometidos por los victimarios y “Si olvidamos lo que hemos vivido tendremos la tendencia a repetir.” (Correa 2011:12) “La elaboración psíquica de las experiencias negativas se dificulta y aumenta el sufrimiento cuando el propio Estado no se hace cargo de las violaciones de los derechos humanos; “la experiencia nos señala que hay límites para elaborar intrapsíquicamente con eficacia cuando el Estado aún debe respuestas de verdad y justicia al conjunto de la sociedad”. “Las heridas de la memoria colectiva también necesitan de la justicia para poder curar”. (Gómez Mango, 1989).” (Álvarez Merino 2006 :9) “En conclusión, los principales efectos de la impunidad, siguiendo a Gómez Mango (1989) se pueden resumir en tres: 1. Perpetuar las razones de represores para no hacer justicia es dar validez a argumentos basados en el miedo y la amenaza, con lo que está fabricando una sociedad inhibida, temerosa, donde se hace más fácil la repetición de violaciones de los derechos humanos al no haber correctores de dichas actitudes. 2. La reconciliación es fruto de la verdad, la justicia y la reparación; sin ello, hacemos posible que los/as encargados/as de hacer justicia, cuando no se hace responsable el Estado, sean los propios individuos, favoreciendo “la justicia por su mano”. 3. Los herederos y defensores de los represores se sienten amparados, con lo que se están fortaleciendo y manteniendo reductos de violencia y autoritarismo que facilitan rebrotes facciosos (recordemos a Tejero y el 23-F).” (Álvarez Merino 2006 : 10) “La impunidad de los crímenes realizados atenta contra reglas que rigen las relaciones sociales de la vida y la muerte. Se convierte en una nueva situación traumática en la que concurren una serie de factores. (…) Todo esto basado en la falta de justicia produce distintos efectos: 1. Efecto de reactualización de las vivencias traumáticas 2. Efecto de repetición: repetición como efecto de la impunidad; repetición como efecto de la inducción al olvido; repetición como fruto de la inscripción social de la impunidad. 3. Efecto de embotamiento y anestesia afectiva 4. Efecto de alienación y masificación 5. Efecto de duplicación de las pérdidas 6. Efecto de subversión de valores 7. Efecto de búsqueda de leader mesiánico y chivo – expiatorio. 8. Efecto de la ruptura de lazos solidarios. La impunidad deja marcas y estas pueden ser transmitidas como legado a nuestros descendientes en la medida en que la generación que sufrió la violencia social y su

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impunidad no la intente recordar ni darle causas y sentidos.”(Aguiar 1993) 36 “Si retomamos las palabras del padre Javier Giraldo, diremos que la consecuencia más importante, en el orden político de la impunidad, es el condicionamiento de la sociedad frente al futuro, ya que ese futuro se moldea, fundamentalmente, de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social deseados por los victimarios. Este fenómeno deja efectos psicológicos en las personas y en la sociedad que pueden ser más traumatizantes que los mismos hechos violentos que han sufrido las víctimas. Al respecto, Andréu-Guzmán afirma que la impunidad les recuerda a los pueblos que sus propios destinos están regidos por el poder. También les recuerda que su destino es impuesto por los verdugos, amenazándoles, a su vez, con el retorno del pasado de horror si este límite es desbordado.” (Correa 2011:12) 37 “la inteligibilidad y la racionalidad de las conductas subjetivas que conducen a la banalización del mal son accesibles a partir del análisis del sufrimiento –del miedo específicamente- que engendra procesos defensivos aterradores” (Dejours 2006:132) 38 En este sentido es importante lo planteado por Dejours (2006) que nos dice que: el primer efecto de la precarización es la intensificación del trabajo y el aumento del sufrimiento subjetivo; el segundo efecto es la neutralización de la movilización colectiva contra el sufrimiento, la dominación y la alienación; la tercera consecuencia es el silenciamiento, la ceguera y la sordera como estrategia defensiva. Frente a la infelicidad ajena (ej. despedidos) no solo “no hay nada que hacer” sino que su percepción provoca un malestar o una dificultad subjetiva suplementaria que malogran los esfuerzos de resistencia. El cuarto efecto de la amenaza de despido y la precarización es el individualismo. Cada cual a lo suyo, nos dirá. A partir de un nivel de sufrimiento “la miseria no une, sino que destruye reciprocidad” (Sofsky citado por Dejours). En fin, viven constantemente en una situación de miedo. 39 “…la adhesión a la causa economicista, que agrava la infelicidad de la injusticia, no tendría que ver, como muchas veces se cree, con la simple resignación o la aceptación de la impotencia frente a un proceso que nos supera, sino que funcionaría, además, como una defensa contra la conciencia dolorosa de la propia complicidad, de la propia colaboración y de la propia responsabilidad en el desarrollo de la infelicidad social” (Dejours 2006:17). Y avanza en enunciaciones provocadoras: “…la conciencia del –o la insensibilidad al- sufrimiento de los desempleados es indefectiblemente tributaria de la relación del sujeto con su propio sufrimiento. Esta es la razón por la cual el análisis de la tolerancia al sufrimiento del desempleado y a la injustica que este padece pasa por la dilucidación del sufrimiento en el trabajo. O, para decirlo con otras palabras, la imposibilidad de expresar y elaborar el sufrimiento en el trabajo constituye un gran obstáculo para el reconocimiento del sufrimiento de quienes no tienen empleo.” (Dejours 2006:44) 40 “Es importante y además una obligación ética, contar con dispositivos que permitan alojar lo ocurrido en un registro que ubique a los/as afectados/as en una instancia facilitadora para la construcción de vías de elaboración de estos episodios. En este sentido es fundamental recalcar la importancia que cobra el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y sociales, además de los estrictamente terapéuticos, dado que permiten abordar estos temas desde el lugar diverso (Consecuencias 2006 ;28)” 41 “Que no existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder. Existe porque está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e integrable en estrategias globales.” (Foucault 1980:171) 42 Otra manera de decirlo es intemperie. Intemperie etimológicamente refiere “al

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aire libre”, “expuesto al tiempo (clima)” en tanto no manejable, imprevisto. Cuando las leyes no regulan, cuando el Estado no protege, cuando las instituciones no cobijan: ¿cómo se arma una relación?, ¿qué subjetividad se arma? (Lewcowicz). El Colectivo Juguetes Perdidos nos habla de la intemperie: “En otras palabras, ponerse la gorra es cifrar –y ordenar- la información compleja y múltiple que circula en los barrios actuales en términos de inseguridad/seguridad.” (…) “La cosa viene desde un abajo bien profundo, en donde los desbordes sociales se viven sin reparo ni mediaciones, en donde la exposición existencial a la precariedad es violenta y brutal. Por un lado, una definición general podría ser como lo plantea (2014:268): “entendiendo por linchamiento la aplicación colectiva de castigos físicos y simbólicos, de manera drástica e inmediata, por parte de un grupo de pobladores a personas que incurren en acciones consideradas delictivas o dañinas por aquellos.” y dentro de las tantas aristas del tema podemos decir que “el linchamiento es un artefacto político de producción de desemejanza. Producción efectiva, performativa, de desemejanza. Los saqueos expresaban que hay muchos que quieren consumir como todos; los linchamientos expresan que hay muchos que niegan que todos somos todos. El robo es un movimiento económico. Una mercancía pasa de un lugar a otro. El valor –de cambio- es inalterado. El linchamiento es un movimiento político: se apropia del cuerpo ajeno –esa mercancía- y lo usa para producir la desemejanza, para producirse como estamento distinto casi antropológicamente, es decir como clase diferenciada” (Valle 2014:31) Existe una interesante publicación que nos pone a pensar cuál es el lugar y sus implicancias hoy de los linchamientos: Linchamientos. La policía que llevamos adentro. Pennisi y Cangi (editores) 2014. En particular, diremos que se pueden pensar en dos paradigmas para pensar esto: el de la seguridad pública y el de la justicia popular (Castillo Claudett 2014). A partir de aquí se ponen en consideración múltiples aspectos: el control estatal, las fuerzas de poder entre quienes lo aplican y las relaciones sociales, las fragmentaciones sociales o modos actuales de relación, la violencia urbana, entre otros. Conversaciones con Alicia Greco sobre expresión de una testigo en el marco del proceso del Juicio Megacausa “La Perla”. Más información en: http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/ Lo difícil de denunciar cuando los perpetuadores de la violencia están aún, pone en un lugar difícil a cualquiera en este mundo: http://www.lapoderosa.org. ar/2016/09/torturaron-a-dos-chicos-de-la-garganta/ Al contrario de lo que dicen algunos hay infinidad de experiencias. Las Madres de plaza de mayo, Hijos, el Colectivo de Jóvenes, Madres de Ituzaingó, Vecinos de la Zona Sur, y la lista sigue. Citando a Ranciere, Pablo Hupert nos recuerda: “Conversar es ya ejercer igualdad. <La política sobreviene cuando aquellos que no tienen tiempo se toman ese tiempo necesario para erigirse en habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite perfectamente un lenguaje que habla de cosas comunes y no solamente un grito que denota sufrimiento.>”. (Hupert 2014:133). En contraposición a formas que regulen el estar en común en la sociedad, “la impunidad busca su resolución por la repetición y la retorsión, o la autorretorsión, es decir en la destrucción sin fin. Como despojo del derecho, la impunidad ataca el orden simbólico, amenaza y ataca lo que fundamenta la comunidad.” (Kaes 1995:18) “La valentía, me atrevería a decir, es la principal virtud frente a la desorientación de nuestra época. (…) no como una disposición inicial sino como algo que se construye en la práctica.”(Badiou 2009:43). O dicho de otra forma: “la principal virtud que necesitamos es el coraje. Esto no es universalmente el caso: en otras circunstancias, otras virtudes pueden ser requeridas de forma prioritaria. Así, en la época de la guerra revolucionaria en China, la paciencia fue promovida por Mao como virtud cardinal. Pero hoy día, es sin duda el coraje. El coraje es la virtud que se manifiesta, sin consideración con las leyes del mundo, por la resistencia de lo imposible. Se trata de mantener el punto imposible sin tener que dar cuentas del conjunto de la situación: el coraje, en tanto que pretende tratar al punto como tal, es una virtud local. Levanta una moral del lugar, teniendo como horizonte la lenta reinstalación de la hipótesis comunista.” (Badiou 2010)

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Interesante poder pensar en términos de ternura en tiempos de ferocidades y contra “la barbarización del lazo social” y el horror. Así nos lo recuerdan los compañeras/os, retomando a Ulloa, que acompañaron a testimoniar a testigos de crímenes de lesa humanidad (Plaza, Petiti, Bilbao, Greco, Constable, Zanetta, Ricci, Vázquez, Miretti, Galan (2014). En escenarios obscenos de poder y exclusión Ulloa (2001) lo ponía en términos de ternura: “la ternura es el escenario de ese sentimiento sencillo y firme que llamo el Buen Trato, término que no sólo remite a tratamiento, sino también a un trato solidario como núcleo de cualquier relación entre los hombres y las naciones.” 51 Se puede pensar en términos de prácticas que se instalan, se defienden, se continúan: “En el curso de esta práctica de respuesta social organizada y de búsqueda de la verdad se construyen nuevas representaciones sociales que redefinen la significación de la situación de impunidad. Ayudan a restaurar la malla social, a definir nuevas normas que regulen los intercambios, a proponer otros modelos y otros ideales colectivos.”(Edelman y Kordon 1995: 41) 52 En contraposición a la “pedagogía de la crueldad”, Raquel Gutiérrez Aguilar nos habla de una especie de “cultivo de los vínculos”, de una “terapéutica del vínculo que ensaya enlazarse”, acciones, sin tanta expectativa, pero como fuente de fuerza. http://ciudadclinamen.blogspot.com.ar/2016/09/estamos-en-un-momento-de-luchas-hondas.html

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Construyendo un dispositivo de intervención en casos de homicidio policial

los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos/as, la necesidad de replantearse el estado policíaco en el que vivimos es una tarea principal para la consolidación de una cultura democrática. Para el desarrollo de los ejes abordados, iniciaremos con una descripción del contexto actual en relación a las políticas de seguridad, un marco institucional del accionar policial, reflexionando sobre la existencia de un verdadero “estado policial”. Más adelante nos centraremos en la descripción de la tarea del acompañamiento psicosocial, finalizando con la configuración del dispositivo específico de trabajo.

Chena, Marina1; Fernández, Natalia; Miretti, Jeremías1; Molas y Molas, María; Petiti, Yanina2; Valenzuela, Héctor.

I. Acompañamiento psicosocial en casos de violencia policial

Palabras Equipo de acompañamiento - Estado Policial claves jóvenes de sectores populares - vulneración de derechos

El presente escrito se propone sistematizar y reflexionar acerca de nuestra intervención como Equipo de acompañamiento a familiares de jóvenes asesinados por la policía de Córdoba. Con la apertura de toda construcción, lo que aquí se plantea es una serie de líneas iniciales para pensar la complejidad de esta temática. En primer lugar, se desarrolla una contextualización sobre el estado de situación de la Violencia Estatal en nuestra provincia y luego se presenta el equipo de acompañamiento en lo formal, con sus filiaciones institucionales, su dinámica de funcionamiento y el posicionamiento con el que trabajamos desde este dispositivo particular.

Resumen En este trabajo presentaremos la experiencia de intervención del Equipo de Acompañamiento a Familiares de Jóvenes Asesinados por la Policía. Este equipo se consolida a partir del trabajo articulado de diferentes instituciones: Secretaría de Derechos Humanos Delegación Córdoba, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. Al tratarse de una experiencia novedosa en nuestro medio, requirió tanto de instancias de reflexión de la propia práctica como psicólogas y psicólogos, como del diseño de un dispositivo de intervención específico a los fines de abordar la problemática. La expansión de las fuerzas policiales en los territorios producen acciones arbitrarias que terminan por consolidar una cultura policial segregacionista y discriminatoria debido a que son los jóvenes de sectores populares los que se convierten en una población privilegiada para el poder policíaco, para las políticas represivas que vulneran los derechos humanos. Su insistencia deja ver una sistematicidad que responde a componentes estructurales de la política de seguridad tal como está pensada en nuestra provincia. Las prácticas radicales de violentación policial son los casos conocidos como “Gatillo Fácil”, es decir los homicidios policiales, y es en las afectaciones tanto sociales como subjetivas de estos casos extremos donde el Equipo de Acompañamiento se propone intervenir. Si en nuestro horizonte está la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de COLEGIO

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Violencia estatal en contextos democráticos

I.a. El contexto en que nos encontramos. La política de seguridad en Córdoba: un Estado Policial Varios son los elementos que permiten pensar que la cuestión de la seguridad en nuestra provincia está fuertemente atravesada por la centralidad y el rol que tiene la policía de Córdoba. Su incidencia y accionar en la vida cotidiana de la población cordobesa, la presencia hegemónica en la resolución de conflictos, su expansión territorial y funcional, la ilusión de combatir la inseguridad con el aumento de efectivos y tecnologías para su desempeño (móviles y armamentos) le han otorgado una autonomía operativa y una presencia inmanente. La creación de toda una serie de cuerpos especiales con funciones específicas (Fuerza Policial Anti-narcóticos, ETER, CAP, entre otros) ha significado un crecimiento exponencial, tanto que “entre 2007 y 2011 la policía de Córdoba prácticamente duplicó la cantidad de efectivos que la integraban. Esta decisión de incorporar miles de efectivos en muy pocos años, trajo como consecuencia una tropa

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El punto cúlmine de la violencia policial como “política de seguridad” son los casos conocidos como “Gatillo Fácil”, es decir los homicidios policiales.

policial muy joven, con escasa formación y con muy poca experiencia para la resolución de situaciones conflictivas”. (Brocca, Morales & Plaza 2015, p.9). Este desarrollo conlleva un objetivo específico que se define por una ocupación territorial extendida, sobre todo a aquellos sectores, barrios y poblaciones sobre los que se presume cierta “peligrosidad”. Así, se crean los Comandos de Pacificación en el año 2014, la Policía Barrial en el 2016 y otros nombres específicos para secciones dentro de la policía de la Provincia para otorgar visibilidad pública y de esta manera transmitir seguridad a la población, a la vez que se maximiza el control sobre la libre circulación.

sectores pobres y populares como clases peligrosas (Terán, 1987 en Pasin & Zajac, 2013, p.2). En este punto, los y las jóvenes se convierten en una población privilegiada para el poder policíaco, y esto encontraría alguna explicación en el sentido al que refiere Hathatzy (2014) retomando a Kessler (2009), sobre algunos componentes del sentimiento de seguridad de las y los cordobeses/as, uno de los cuales se asentaría en la estrategia policial de ocupación territorial por presencia y la sectorización a partir de vigilancia y arrestos intensivos en ciertas zonas y grupos, en particular de jóvenes. Así, “los cuerpos y las subjetividades del colectivo de jóvenes pobres resultan “enlazadas” punitivamente de tal manera que su cotidianeidad se configura en torno a la certeza de ser blanco de la brutalidad policial” (Andersen, Bouilly, López, Pasin & Suárez, 2014, p.13). Es decir, habría un cierto consenso social sobre la estigmatización hacia los y las jóvenes de los sectores populares, que opera legitimando la persecución y hostigamiento por parte de la Policía, entendiendo que lo que hacen o no las fuerzas de seguridad tiene que ver con la tolerancia social, política, mediática y judicial para con el accionar cotidiano de estos. El punto cúlmine de la violencia policial como “política de seguridad” son los casos conocidos como “Gatillo Fácil”, es decir los homicidios policiales. Aquí también los jóvenes son tristemente protagonistas. En el registro que realizó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba a través del mapa sobre el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Córdoba (2015), el promedio de edad para las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2011-2016, es de 19 a 34 años, dando un total de 46 ejecuciones para ese periodo. Es importante señalar que, en el contexto que venimos presentando, esta “práctica” policial, no es aislada, ni responde a “excesos”

La policía, como actor principal de selección en el proceso de criminalización sobre el que se asientan las agencias judiciales y penitenciarias, cuenta con una enorme y significativa capacidad discriminatoria sobre las personas que casi siempre se reduce a un conjunto de ciudadanos altamente vulnerable y sujeto a una criminalización estigmatizante (Brocca, Crisafulli, Morales & Plaza, 2013, p.439). Este empoderamiento conferido a dicha fuerza de seguridad promueve, una vez más, una autonomía caracterizada por toda una serie de discrecionalidades y prácticas arbitrarias que terminan por consolidar una cultura policial segregacionista y discriminadora. En este sentido, se ha desarrollado: (...) una especificación de las tareas policiales, vinculándolas a la prevención y represión de delitos y faltas, volviendo blanco privilegiado de sus intervenciones sobre todo a una instancia predelictual que, también en estas latitudes una vez iniciado el siglo XX, abona a la caracterización de los COLEGIO

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por parte de los efectivos. Su insistencia deja ver una sistematicidad que responde a componentes estructurales de la política de seguridad tal como está pensada en nuestra provincia. Diremos entonces que es necesario:

plinas, profesiones, saberes y conocimientos cuyos objetivos que orientan la tarea son el acompañamiento, capacitación/formación, articulación y construcción de nuevos sentidos. En esta línea, se propone visibilizar la problemática de la violencia estatal de manera general y específicamente en lo que atañe a los asesinatos policiales y disputar los diferentes sentidos en torno a las víctimas de estas violencias extremas. El equipo sostiene como destinatarios del acompañamiento a toda persona que se sienta implicada, impactada y afectada por los asesinatos policiales. Así, los familiares, amigos, allegados y vecinos se encuentran dentro de la órbita de visibilización del acompañamiento. No existe aquí una valoración moral del equipo ni puesta en duda del decir de quienes pretendemos acompañar. Son víctimas de la violencia estatal y del asesinato policial toda aquella persona o grupo de personas que se vea afectada en su subjetividad y entramado comunitario por el asesinato por acción, omisión o aquiescencia, por parte de la policía u otra fuerza de seguridad del Estado, de un miembro de su familia y/o comunidad, independientemente de la situación en la que esta se produzca.

(...) hacer visible el carácter no aleatorio de la violencia policial, no sólo porque permite dar cuenta de los insoslayables aspectos de clase, territoriales, de género y socioculturales de las víctimas del uso estatal de la violencia letal; es decir, su carácter discriminatorio y desigual. Pero además, da cuenta de un modo específico de resolución de los conflictos incorporado y naturalizado en las prácticas policiales (Brocca, Morales & Plaza, 2015, p.5). La importancia de dar visibilidad y analizar esta problemática no es algo que compete solo a los y las encargados/as de evaluar, proyectar e implementar políticas públicas en materia de seguridad. Si en nuestro horizonte está la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos/as, la necesidad de replantearse el estado policíaco en el que vivimos es una tarea principal para la consolidación de una cultura democrática.

II. b. Dispositivo de trabajo Cuando hablamos del dispositivo de trabajo es necesario distinguir este tipo de acompañamiento psicosocial de un tratamiento o terapia psicológica y de un acompañamiento terapéutico tradicional. En este sentido, Pilar Raffo (2007), colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que:

II. Equipo de Acompañamiento II. a. Presentación del Equipo El dispositivo de Equipo de acompañamiento se configura en primer lugar como una necesidad ante la ausencia de políticas públicas que pretendan abordar las afectaciones en el entramado subjetivo y relacional que se desprenden de las situaciones de violentación y vulneración de derechos por parte del Estado. En nuestro caso particular, se trata de alojar la demanda de intervención y acompañamiento por parte de las familias, amigos/as, vecinos/as, etc. El equipo de acompañamiento se propone como un espacio donde confluyen en el trabajo conjunto diferentes instituciones: Observatorio de Derechos Humanos (Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Córdoba), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Delegación Córdoba), Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. La participación e involucramiento de las diferentes instituciones resulta relevante por la riqueza del trabajo conjunto así como por el compromiso asumido por diferentes actores -muchos pertenecientes al Estado en sus diferentes niveles-, que dan cuenta de la relevancia y lo acuciante de la problemática y de la necesidad de su abordaje. Este carácter plurinstitucional permite generar el compromiso por parte de las instituciones, lo cual posibilita jerarquizar el trabajo y darle sostenibilidad. El equipo se propone como un encuentro de diferentes disciCOLEGIO

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(…) no se trata del acompañamiento terapéutico que suele darse a pacientes que sufren graves perturbaciones individuales y necesitan un tratamiento clínico. Más bien se plantea un tipo específico de presencia profesional que acompañe a personas que han padecido la violencia por el abuso en el ejercicio del poder, cuyos padecimientos provienen esencialmente de la esfera sociopolítica (p.49).

El acompañamiento es una invitación permanente al encuentro y eso es posible a partir de la construcción de la confianza. Esto resulta fundamental si tenemos en cuenta que esta ha sido lesionada en los procesos que han originado la posibilidad de este encuentro, desde el asesinato de su familiar, a las múltiples violencias que en general esta población recibe por parte del Estado. Comprender la violencia sociopolítica brinda la posibilidad de entender los efectos de esta, de lo contrario podemos caer en un ejercicio de patologiza-

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ción, de privatización del daño y de negación de la responsabilidad del victimario, la estructura social y estatal. Desde el acompañamiento se busca abordar el mundo emocional trabajando sobre la singularidad del dolor y el sufrimiento psíquico. En general, hay una gran incertidumbre frente al desconocimiento de lo sucedido, lo que es sentido como desbordante e insoportable. Es por esto que parte del trabajo implica poner el nombre de asesinato a esa muerte, saber quiénes son los responsables, sostener en la búsqueda de justicia, acompañando el pasaje a lo público de estas muertes silenciadas. Se trata aquí de potencializar a las personas para combatir lo que causa el sufrimiento, esto es transformar la indignación personal en acción política (Sawaia, 2003). Se intenta así (re)construir un lazo social. Promover el vínculo con otros/as que transitan experiencias similares, que han sufrido la pérdida de un familiar en manos del Estado; el sostén amoroso de estas personas, de su red más cercana, resulta fundamental para sobrellevar la situación. El trabajo de acompañamiento busca brindar herramientas para que sea posible un cierto acceso a la justicia entendiendo que lo que ordena nuestra intervención no es solo la situación judicial, sino la situación de pérdida. El juicio, la justicia, es solo una posibilidad muchas veces negada. Como modalidad de trabajo se propone para el acompañamiento psico-social la intervención simultánea de una dupla de profesionales: esta modalidad posibilita brindar mayor disponibilidad a las personas que se acompaña, tanto desde la materialidad en cuanto a tiempos y espacios, como desde la posibilidad de un sostenimiento de escucha/posición comprometida e implicada. Se recomienda el trabajo en pareja de profesionales, además, por la importancia del cuidado de los miembros del equipo, como sostén y apoyo; un otro que respalda, contiene e impulsa. En cuanto a los tiempos de la intervención, estos suelen ser inciertos en este tipo de acompañamiento y habrá que considerar tiempos lógicos más que cronológicos. Tener presentes determinados acontecimientos, disponerse para estos. Por ejemplo, acompañar en situación de juicio/judiciales, reuniones con abogados; acercarse a espacios y/o actividades políticos/sociales/comunitarios. Nos disponemos a estar presentes con ellos y ellas en estos y otros momentos que así lo requieran y soliciten. En general, los encuentros se organizan de manera semanal. Así como se abordó el componente temporal también resulta menester destacar el componente espacial, no solamente en cuanto a su cuestión material sino principalmente simbólica del encuentro; se habla entonces de espacios de encuentros. Barrault (2007) los define en un sentido específico como “una manera de decir que se construyen espacios de posibilidad del establecimiento de múltiples vínculos. Espacios de existencia, de posibilidad de encuentro, de modos de mutualidad, tramitación de conflictos, aprendizaje, COLEGIO

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complejización e historización de la relación, de transformación y sostenimiento múltiple de la subjetividad”. (p.157). Los lugares para producir los encuentros pueden ser de los más variados y se determinarán en función de la elección de las personas que se acompañan, donde ellos se sientan cómodos y sean propicios para entablar un encuentro basado en la confianza y la intimidad. Por último, como modalidades de trabajo del equipo se considera imprescindible contar con reuniones de equipo. Es aquí no solamente donde se otorga encarnadura a los soportes necesarios para quienes acompañan sino también para discutir líneas de acción, tensiones teóricas de intervención. Estas se realizan de manera sistemática, una vez por semana, a los fines de intercambiar experiencias, propiciar un espacio de reflexión y seguimiento.

Bibliografía

Andersen, J., Bouilly, M., López, A., Pasin, J. & Suárez, A. (2014). Estrategias de gobierno del territorio urbano: hostigamiento y brutalidad policial sobre los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Trabajo presentado en IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: http://cdsa. aacademica.org/000-034/441.pdf. Barrault, O. (Diciembre 2007) Los espacios de encuentro en psicología comunitaria y sus implicaciones en la subjetividad. Revista de Ciencias Humanas. 12 (37). Disponible en: http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/article/view/1131/617. Brocca, M., Crisafulli, L., Morales, S. & Plaza, V. (2014). Policía, Seguridad y Código de Faltas (1er. Informe provincial: Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba). Córdoba: Comisión y Archivo Provincial de la Memoria y Editorial de la Universidad Nacional de Río IV. Brocca, M., Morales, S. & Plaza, V. (2015). Política de Seguridad y Fuerza Policial: Uso letal de la fuerza, Código de Convivencia y control judicial (2do. Informe provincial: Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba). Córdoba: Comisión y Archivo Provincial de la Memoria y Editorial de la Universidad Nacional de Río IV. En prensa. Hathazy, P. (2014). De la “seguridad ciudadana” a la “seguridad pública” en democracia: Juristas, políticos y policías en la construcción de las políticas de seguridad en Córdoba. Cuestiones de Sociología, nº 10. Recuperado de:http://www.cuestionessociologia.fahce. unlp.edu.ar/article/view/CSn10a13 Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Extensión Universitaria. Observatorio de Derechos Humanos (2015. Mapa de la violencia policial en Córdoba. Disponible en: http://unc2.unc.edu.ar/extension/vinculacion/observatorio-ddhh/mapa-violencia Pasin, J. & Zajac, J. (2013). Control social-policial, espacio público y ley Contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajo presentado en X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: http://www.aacademica.com/000-038/565 Raffo, P. (2007) Acompañamiento psicológico y terapia psicológica. En IIDH, atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales. Costa Rica: Editorial Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

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Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Córdoba.

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l paso por el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial no ha sido ni es sin consecuencias. Introducirnos en el espacio de guardia no solo nos abrió un abanico de experiencias y posibilidades sino que también contribuyó reflexivamente a nuestra formación profesional. Frente a la diversidad de cuestiones a la que uno se enfrenta diariamente en el marco de un hospital público monovalente fueron surgiendo diversos interrogantes. ¿Qué lugar para el rol del psicólogo en la guardia de este Hospital? ¿De qué manera se realiza el trabajo interdisciplinario? ¿Cómo responder a las demandas de los usuarios? Entre otros tantos, hubo uno que no dejó de insistir y es al cual intentaremos remitirnos en el presente escrito. En un primer momento de acercamiento al espacio de guardia, la observación fue nuestra principal herramienta. Observar el espacio, los usuarios, los profesionales. Del espacio observamos que las condiciones edilicias, en algunas ocasiones, no resultaban óptimas para el ejercicio profesional. De los profesionales precisamos que algunas intervenciones se habían visto obstaculizadas por la falta de recursos humanos y materiales. Asimismo, de quienes demandan el servicio, observamos sus largas horas de espera, escuchamos sus demandas y sus quejas. Finalmente, detectamos que muchos de ellos se retiraban del Hospital sin haber sido atendidos por algún profesional. Investigando, nos encontramos con que a eso, entre otras cosas, se le llama violencia institucional. A partir de aquí es que proponemos introducirnos en aquel interrogante, el cual descansa en la intención de analizar el fenómeno de la violencia institucional, indagando sobre las diferentes perspectivas que promueven su existencia con el propósito de desnaturalizar algunas prácticas. Teniendo en cuenta los aportes de Fleury, S. Bicudo, V. y Rangel, G. (2013), el término de violencia institucional alude a todo tipo de violencia ejercida en instituciones, especialmente en los servicios públicos, y se caracteriza por la acción u omisión de condiciones materiales y/o simbólicas, falta de acceso y mala calidad de los servicios. Abarca desde abusos cometidos por las relaciones desiguales de poder entre usuarios y profesionales, hasta una noción más restringida de daño intencional. Diversos estudios sobre la temática afín, intentan evidenciar los factores explicativos dejando de lado las reacciones de los sujetos perjudicados. Esta es considerada una cuestión central en la reproducción ideológica de la violencia. Existe una asimetría entre el profesional de salud y el usuario, donde el primero es quien establece las reglas de manera unilateral y sin negociación previa. Esta asi-

Autoras: Lic. Julia Comán, Lic. Gisella De Romedi.

Palabras Violencia institucional, derechos humanos, claves visibilización.

Resumen El presente trabajo surge a partir de la experiencia de las autoras en el marco del posgrado de “Psicología clínica y salud mental” perteneciente al Departamento de Psicología del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial durante los años 2016-2017. En un primer momento, se describe cómo la participación en el contexto de guardia, dentro de uno de los equipos de este Hospital, ha generado la inquietud de investigar sobre Violencia Institucional. El desarrollo continúa con la conceptualización de esta temática, teniendo en cuenta las reacciones de los usuarios frente a esta y las diferentes perspectivas que condicionan su reproducción. Entre ellas, se encuentran el accionar de los profesionales y la influencia de las políticas públicas en el campo de la salud mental. Esto deja en evidencia que la carencia de condiciones materiales y humanas para la atención aumenta el poder discrecional de los profesionales, lo que puede elevar la posibilidad de discriminación en las prácticas y elecciones realizadas. De esta forma, se prosigue con la detección de un problema estructural en el que este tipo de prácticas no pueden ser pensadas como transgresiones individuales, sino como prácticas que posiblemente conforman patrones estructurales de violación de derechos. Así, se propone fomentar un abordaje basado en los Derechos Humanos que permita la visibilización de esta problemática y la desnaturalización de las diferentes formas que adopta la violencia en las instituciones.

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Existe una asimetría entre el profesional de salud y el usuario, donde el primero es quien establece las reglas de manera unilateral y sin negociación previa.

metría se ve aumentada por la distancia social: el profesional ocupa un lugar superior al usuario en la jerarquía de capitales simbólicos. De esta manera, “La violencia se produce cuando hay conversión de una diferencia en una relación jerárquica de desigualdad con fines de dominación, de explotación y de opresión”. (Fleury, S. Bicudo, V. y Rangel, G., 2013, s/p). Siguiendo esta línea, en lo cotidiano de los servicios públicos se expresan diferentes dimensiones en la negación de los derechos. Por un lado, situaciones de desigualdad en el acceso y utilización de los servicios y, por el otro, situaciones de discriminación a segmentos específicos de la población tanto por una cuestión social, generacional, de raza u orientación sexual como por el tipo de patología que porta el usuario. Tener en cuenta la existencia legal del derecho y su materialidad en los diferentes espacios institucionales no representa garantía de efectivización. Sin embargo, frente a estas situaciones, las reacciones de los sujetos no son inmunes a estos condicionantes y varían entre la negación, aceptación pasiva y/o naturalización, la resistencia a través de la violencia y la judicialización Estas autoras, establecieron que la reproducción de la desigualCOLEGIO

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dad en el acceso a los servicios está íntimamente relacionada con la invisibilidad de esta práctica por parte de la institución y, a su vez, por la carencia de condiciones materiales y humanas para la atención elevando el poder discrecional de los profesionales, lo que implicaría un aumento en la posibilidad de discriminación en las prácticas cotidianas. “La violencia institucional encuentra su base de sustento en los operadores macro estructurales de las desigualdades económico-sociales en la precarización, que inciden en el acceso y/o utilización de los servicios y en la esfera de las relaciones sociales reproducidas en la base de una sociedad de clases fuertemente jerarquizada” (Fleury, S. 2013). Es allí, en las singularidades de las prácticas donde se reproducen las relaciones de saber/poder que evidencian los múltiples perfiles de discriminación. Teniendo en cuenta los aspectos estructurales de la desigualdad, la precariedad de los servicios públicos, la carencia de materiales y de condiciones físicas insatisfactorias, junto a la superpoblación, generan un efecto de peregrinación de los usuarios en busca de asistencia. En relación a ello, se produce un efecto de banalización y racionalización de las injusticias. Así, la utilización de los servicios

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privados tiende a considerarse una gran solución para la agilidad del tratamiento, reforzando la discriminación socio-económica. La temática en cuestión requiere de un abordaje que contemple su complejidad, por lo tanto consideramos que un acercamiento a esta no debe dejar de tener en cuenta sus diversos influyentes. Hasta el momento, detectamos que la violencia institucional en los servicios públicos se reproduce a causa de múltiples factores. De esta forma, no puede ser pensada como transgresiones individuales, sino como prácticas que pueden conformar patrones estructurales de violación de derechos. (Violencia Institucional. Líneas de Acción en Violencia Institucional” - Secretaria de Derechos Humanos. Presidencia de la Nación, s/f). Entonces, ¿cómo pensar la violencia institucional?, ¿acaso esta no comienza con las políticas públicas? Frente a este interrogante, resulta necesario realizar una aproximación a la legislación implementada tanto desde el Gobierno nacional como provincial vinculada al campo de la salud mental. Teniendo en cuenta los aportes del informe Mirar tras los Muros (2013), en nuestro país se adoptó en el año 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) que establece que la discapacidad no está en las personas sino en su interacción con el medio social, que facilita o dificulta su integración y el derecho básico a la autonomía personal, entendiendo que las personas con discapacidad social deben tener la posibilidad de desarrollar su propia vida y contar con los apoyos necesarios para ello. Se hizo evidente que en democracia poco se había avanzado en la ampliación de los derechos de los usuarios de servicios de salud mental y se confirmó el vacío legal existente sobre esta problemática. En octubre de 2010 se sancionaron las nuevas leyes de salud mental (Nacional 26657 y Provincial 9848) que representan un hito central en los procesos de transformación de estas políticas. La Ley Nacional 26657 es la concreción local del marco normativo internacional expresado en la CDPD. Teniendo en cuenta el paradigma de los derechos humanos, estas leyes implican un reconocimiento universal a la dignidad de las personas con padecimiento mental, lo cual requiere una revisión de los servicios y dispositivos que hasta el momento se han sostenido. Para la implementación de estas leyes se requiere de medidas ejecutivas y presupuestarias por parte del Estado y transformaciones en las prácticas de actores políticos que están obstaculizando la efectiva garantía de este derecho. Este marco normativo permite identificar cuáles son los temas centrales que requieren especial atención: erradicación del estigma y la discriminación hacia las personas con padecimiento mental, promoción de la autonomía y desarrollo de capacidades, ampliación de derechos, nuevas estrategias de abordaje y dispositivos sustitutivos, entre otros. Tanto la ley nacional como la ley provincial proponen un cambio de lógica de abordaje en salud mental. Si bien una descripción deCOLEGIO

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tallada de las diferencias entre una y otra ley exceden los límites del presente, resulta oportuno un acercamiento a las políticas públicas para aproximarnos aún más al fenómeno de la violencia institucional. Para ello, retomamos los aportes del Segundo Informe Provincial “Mirar tras los Muros (2014), situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”. En el capítulo tres de dicho informe se señalan diferentes aspectos de lo que implica entender las políticas y las prácticas desde la perspectiva de los derechos humanos, de manera integral e integrada, interdisciplinaria e intersectorialmente. Asimismo, se observa que las políticas públicas en Córdoba abordan el conjunto de problemas que forman parte del campo de la salud mental de manera desarticulada, contrariando los marcos legales vigentes. Entonces, si estas políticas son implementadas de manera contradictoria a los marcos legales actuales, ¿no conforma esto una gran parte de lo que denominamos violencia institucional? ¿Qué efectos tiene dicha contradicción dentro de las instituciones? ¿De qué manera podemos pensar el control y regulación de dichas políticas para que respondan de manera coherente a los marcos legales? En el informe anteriormente citado se considera “urgente instalar en los sectores sociales y sanitarios de nuestra provincia el debate y reflexión colectiva sobre la necesidad de crear un Órgano de Revisión Local, con el fin de monitorear el cumplimiento de las leyes para alcanzar la plena implementación de dichos marcos legales” (2014, p. 133). De esta forma, “la función de instaurar mecanismos de monitoreo, en el sentido de analizar procesualmente las progresividades y regresividades en nuestro campo, apunta a visibilizar e incidir en el contenido de las políticas públicas para la efectividad de las transformaciones necesarias en materia de garantía de derechos” (2014, p. 133). Consideramos entonces que las contradicciones entre las políticas implementadas y las leyes vigentes contribuyen a la naturalización de prácticas ilegales en el marco de las instituciones violando la integridad de las personas y sus derechos. De esta forma, la perspectiva de Derechos Humanos contribuye a la posibilidad de visibilizar las prácticas que fomentan la violencia institucional. Creemos necesario remarcar que es responsabilidad del Estado la implementación de estas leyes para evitar la reproducción de la violencia en el marco de las instituciones. Retomando nuestra experiencia dentro del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, y luego de haber realizado un acercamiento a la temática en cuestión, podemos inferir que la violencia institucional forma parte de un contexto macro-estructural que deja conse-

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cuencias en la utilización de los servicios públicos de salud mental. Empezando por las políticas públicas, continuando con las repercusiones de estas en el ejercicio profesional, y finalizando con quienes demandan el servicio, los usuarios. Este artículo no solo nos brindó la posibilidad de acercarnos a esta compleja realidad, sino que también nos inspiró a realizar una investigación en el marco de una institución pública monovalente como es el Hospital Neuropsiquiátrico de la Provincia. Por ello, sostenemos y apoyamos la necesidad de implementar mecanismos de visibilización y desnaturalización de las prácticas que reproducen la violencia institucional. Comenzando a poner en palabras las representaciones que circulan sobre ella dentro de la institución. Entonces el debate y la reflexión crítica son considerados mecanismos ineludibles si se quiere generar algún tipo de acercamiento que permita una modificación de dichas prácticas. A través de estos espacios se podrían crear las condiciones necesarias para demandar al Estado la plena implementación de las leyes y permitir, a su vez, mantener activa la pregunta sobre el propio quehacer profesional. Muchas gracias.

Referencias:

... la violencia institucional forma

Cap. III: La salud mental en Córdoba (2013), “Entre la sanción de las leyes y su efectiva concreción. Mirar tras los muros: situación de los derechos humanos de las personas privadas de liberad en Córdoba”.

parte de un contexto macro-estructural

Fleury, S., Bicudo, V., Rangel., G. (2013), “Reacciones a la violencia institucional: estrategias de los pacientes frente al contra-derecho a la salud en Brasil”.

que deja consecuencias

Mirar tras los muros (2014), “Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”.

en la utilización de los servicios públicos de salud mental.

Violencia Institucional. Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. “Líneas de Acción en Violencia Institucional” (s.f). Recuperado de: http://www.jus.gob. ar/derechoshumanos/areas-tematicas/violencia-institucional/lineas-de-accion-enviolencia-institucional.aspx

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Enemigos muy íntimos

“(…) Es necesario darse cuenta de que la violencia-hambre, la violencia-miseria, la violencia-opresión, la violencia-subdesarrollo, la violencia-tortura, conducen a la violenciasecuestro, a la violencia-terrorismo, a la violencia-guerrilla; y que es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella (…)”.

Mauro Nahuel Gross

Mauro Nahuel Gross es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se encuentra cursando la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana en la misma institución. Es adscripto de la cátedra Psicoanálisis y docente de Filosofía en nivel secundario. Autor de distintos ensayos con referato, artículos científicos, nacionales e internacionales, ponencias en congresos y actividades académicas. Actualmente realiza actividad clínica en la ciudad de Córdoba Capital y en Oncativo.

Julio Cortázar, Corrección de pruebas en alta provenza, 1972.

T

odo comenzó el 2 de diciembre de 2013 con un reclamo salarial de los familiares de efectivos de la policía de Córdoba. Posteriormente, por pujas políticas entre los niveles superiores de esa institución y las autoridades gobernantes de la provincia y la nación, aquella protesta derivó en un acuartelamiento policial entre el 3 y 4 de diciembre. Treinta y seis horas fue el tiempo que quedó la ciudadanía sin protección, expuesta a saqueos, disturbios y justicia por mano propia. Durante esas horas se vivió una ausencia absoluta del Estado, sin ninguna mediación entre las personas y los conflictos. Anomia total. La sensación, junto a la cruda corroboración, de que la policía es la única institución que posee legitimidad y, con esto, la responsabilidad que le cabe para intervenir en las relaciones de los sujetos invadió a la sociedad toda. Se atravesó, una vez más, un límite irreconciliable entre los sujetos para con el resto; como así también, quedó en evidencia el detalle, para el ojo advertido de quien quiera y pueda ver, de que esa hiancia no está solo en uno para lo colectivo, sino que es constitutiva en cada sujeto de los miembros de la sociedad. “No nos podemos estar defendiendo nosotros mismos” sollozaba a viva voz una estudiante en el corto Córdoba no duerme (Cabus, 2014), video que reune detalles y entrevistas sobre aquellos días. Sin embargo, ya hace más de tres siglos y medio, Thomas Hobbes, en su célebre obra Leviatán (1651 [2000]), aseguraba que “el hombre es el lobo del hombre” (Homo homini lupus). Con esta frase hacía referencia a una tendencia violenta inherente a los hombres, que les sirve únicamente para matarse entre ellos. Con este panorama entonces, ¿cómo se establece una regula-

Palabras Malestar en la cultura - Justicia por mano claves propia - Linchamientos - Acuartelamiento policía de Córdoba - Ausencia del Estado.

Resumen En el presente trabajo se intentará articular algunos puntos del texto El malestar en la cultura (Freud, 1930 [2003]), con los hechos ocurridos entre el 3 y 4 de diciembre de 2013 en la capital de Córdoba (Argentina) y las principales localidades del resto de esa provincia. A partir del acuartelamiento por un reclamo salarial de los efectivos policiales, se generó una zona liberada que habilitó saqueos, robos y daños a mansalva. Sin embargo, aquellos actos de violencia no fueron los únicos por esos días. Además de la omisión del Estado como garante de la seguridad de la comunidad, se sumó la sorpresiva respuesta de la sociedad: linchamientos y justicia por mano propia. Una vez más, el pacto social que mantiene la ligazón y la conviviencia entre los suejetos de una comunidad fue resquebrajado. ¿Qué habilita estas conductas de violencia?, ¿tan lábiles somos frente a la falta de control y ley? Del mismo modo, se establece una relación entre el gobierno actual y el de la década de los años 90, tomando como referencia la ausencia o debilitamiento del Estado frente a derechos escenciales como la salud, educación, alimentación, etc. Habilitando, así, a pensar en otros tipos de violencia, de algún modo legitimados, con la respectiva respuesta que esto conlleva. A continuación, se trabajará sobre estos interrogantes.

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... de ese otro -tan próximo, tan íntimo- del cual nos defendemos, ¿cuánto hay de nosotros mismos? Y si, acaso, ¿no seremos nosotros aquel otro tan temido?

ción? Para evitar la “ley de la selva”, la sociedad, por medio de la figura del Estado, con sus reglas —“la cultura con sus prohibiciones”, diría Freud (1930 [2003], p.124)—, hace su aparición como garante, regulando las relaciones de los hombres entre sí, habilitando de esta forma la posibilidad de una vida ordenada. Pese a los beneficios que ofrece esta intervención, el costo es carísimo. La administración de las pulsiones ejercida por la cultura, como todo, no es gratis. Mediante este arreglo, los sujetos pagarán con su libertad —ese será el costo— la seguridad de resguardarse del salvajismo. Es decir, entregan a la sociedad su libertad recibiendo COLEGIO

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a cambio un marco regulatorio que, entre otras cosas, les permitirá distanciarse del resto de los animales (Freud, 1930 [2003], p. 126). Es clara, y trágica, la excepción a esta regla en aquellos días en que la justicia por mano propia fue la respuesta. De todas maneras, es interesante poner en tensión aquel distanciamiento que menciona Freud con el resto de los animales, traduciéndolo a una cuestión más de categoría que de proximidad, cuando entra en juego la figura del “linchamiento”. Difícilmente recordemos haber visto un documental de National Geographic en que, por ejemplo, un león se organice junto a

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pulsionales son más poderosas que los intereses racionales (Freud, 1930 [2003], p.127). Así, podría pensarse en lo penoso que resulta el cumplimiento de ese acuerdo “leonino”, en que una de las dos partes debiera ser arrastrada2, forzada, a un cumplimiento con creces. Si bien Freud (1930 [2003], p.128) asevera que sería ocioso demostrar mediante ejemplos que, en el terreno de lo psíquico, la conservación de lo primitivo es tan frecuente; en el presente trabajo recogeré el guante y trataré de mencionar a qué excepciones me refiero sobre el altísimo costo que la psiquis paga por encauzar las pulsiones. Precisamente, basta con un acuartelamiento policial de treinta y seis horas para que se habilite una zona liberada y los saqueos, robos y violencia sean algo totalmente factible. Pero también hay ejemplos más corrientes a mano. Pienso en un hincha de fútbol que purga su bronca acumulada durante la semana, mediante cánticos ofensivos a su oponente (cuando no se llega a los golpes de puño o a mayores desmanes).

Cuando el gato no está… Quería dedicar un apartado especial a la responsabilidad que le cabe al Estado con respecto a ser garante, mediando en la convivencia entre los sujetos y la sociedad. En ese sentido, escogí el subtítulo a modo de refrán que empareja “gato”3 a Estado y la condición de ausencia-presencia de este para que “los ratones bailen”. Particularmente, no solo me refiero a los hechos mencionados del 2013, en los cuales la lenta urgencia para la acción estuvo teñida de cierta especulación entre el gobierno provincial con el de la nación, acarreando los nefastos resultados que describimos anteriormente. Sino que hago hincapié a una ausencia en la actualidad del Estado que rememora la década de los años 90. Hacía más de treinta años que organizaciones internacionales de derechos humanos no se expedían, con preocupación, sobre ciertas medidas políticas en esa materia en nuestro país. En este punto, recordando la reciente represión de mapuches en el sur, los niños y mujeres baleados en marchas, los beneficios de arrestos domiciliarios a militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad, etc. (sin mencionar medidas económicas que impactan contra los sectores más vulnerables, ya que eso también es violencia), me es imposible no pensar en esta contradicción de que quien debe prote-

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otros pares para ir en busca de aquel otro macho que le arrebató su presa. Dicho de otro modo, los animales pueden luchar por cuestiones de defensa propia, geográficas, reproductivas, en fin, instintivas, pero emprender una cacería por hambre de venganza, eso ya es otra cosa. ¿A qué me refiero con esa otra cosa? Dicho esto, hemos entrado en el terreno de la pulsión. En ese caso, podemos decir, que el único “animal” (de existencia parlante, sexuada y mortal) que realiza linchamientos es el hombre1. Así, aunque este acuerdo social parece conveniente, cotidianamente convivimos con efectos que nos recuerdan que las pasiones COLEGIO

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gernos, arremete contra nosotros. Freud en El malestar en la cultura (1930 [2003], p.109) dice que la cultura intenta regularnos con “la limitación de la vida sexual y el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo (…), espera prevenir los excesos más groseros de la fuerza bruta arrogándose el derecho de ejercer ella misma una violencia sobre los criminales”. Vaya problema con el que nos encontramos en la actualidad cuando, a esta situación estructural, sumamos la desconfianza en un Estado no solo ausente, sino victimario “por demás” en esa regulación en beneficio de sus intereses. Cómo reparar entonces el entramado social, en donde la confianza, no solo con los pares, sino con aquel garante, es pisoteada. Feinmann (2003), menciona que la mejor forma de librarse del mal es ponerlo en el otro, y luego matarlo. Tal vez algo similar haya sucedido por aquellas horas entre el 3 y 4 de diciembre de 2013. El punto es que, en tal caso, ese mal que fue depositado en aquel otro, se trató de un otro demasiado cercano, un par, un vecino, el cliente de siempre, algún compañero, etc. Tal vez, de ahí devenga ese extrañamiento y horror a estos hechos tan movilizadores. A modo de cierre, cabe preguntarnos entonces: de ese otro — tan próximo, tan íntimo— del cual nos defendemos, ¿cuánto hay de nosotros mismos? Y si, acaso, ¿no seremos nosotros aquel otro tan temido? Esto permite así convertir el grito de aquella estudiante del corto que decía “No nos podemos estar defendiendo nosotros mismos”, en “No nos podemos estar defendiendo de nosotros mismos”. La defensa más difícil, la defensa contra el enemigo más íntimo.

Cortázar, J. (1972). Corrección de pruebas en alta provenza. 1° Ed. Barcelona, España: R.M., 2012. Feinmann, J. P. (2003). Filosofía política del poder mediático. 1°Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta. Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. Alianza, Madrid, 2003. Hobbes, T. (1651). Leviatán o la Materia. Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil. Décima reimpresión Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2000. La Nación (2016). “El abogado que mató al cerrajero disparó sin medir consecuencias. Un video mostró que el acusado no fue amenazado antes de tomar su pistola”. En diario online La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1889495-el-abogadoque-mato-al-cerrajero-disparo-sin-medir-consecuencias. La Nación (2015). “Absolvieron al “samurai” cordobés que lesionó a dos ladrones. Se había defendido de los delincuentes con un sable japonés conocido como “katana”. En diario online La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1810365absolvieron-al-samurai-cordobes-que-lesiono-a-dos-ladrones.

Notas 1

2

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Referencias

Córdoba no duerme. Idea y realización Caleidocospio Cooperativa Audiovisual. Dirección: Gabriela Cabus, 2014. Disponible en https://m.youtube.com/watch?v=jq1CMneNOCM, recuperado el 12/01/2017 de internet.

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Últimamente, se tornaron cada vez más frecuentes estas prácticas de linchamientos o respuesta de violencia con carácter de venganza ante hechos delictivos. Cabe aquí diferenciar lo que es actuar en legítima defensa contra hacer justicia por mano propia. Podemos ejemplificarlo con dos casos paradigmáticos: el del “samurai cordobés” que, siendo víctima de un asalto a mano armada adentro de su casa, en la que estaban en peligro él y su familia, responde, bajo la figura de legítima defensa, afectado por su estado emocional, con una katana; en contraposición al caso de “la muerte del cerrajero”, un abogado (vaya ironía, o no) que luego de ser asaltado en el umbral de la puerta, a la entrada de su casa, ingresa a esta, busca un arma y se dispone a correr a los delincuentes que huían en moto, para terminar disparando reiteradas veces, con el único resultado de matar (¿accidentalmente?) a un peatón. Un dato curioso acerca del significado etimológico de la palabra “contrato”, en referencia a este “contrato social” es que, según la Real Academia Española (2001), el término “contrato” (contractus, en latín) está compuesto por la conjunción del prefijo con, que significa “convergencia-unión”, y tractus, que significa “arrastrado”. La coincidencia de “gato” con el difunfido apodo con el que se nombra al actual jefe de Estado en algunos grupos, y el refrán al que hago mención con el felino, podría justificarlo como mera casualidad dejándolo en lo anecdótico. Sin embargo, advertido del inconsciente y sus efectos, dejaré el motivo de esta elección a la libre interpretación del lector.

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El Gatillo fácil como práctica sistemática de la violencia estatal. Experiencias en barrio Los Cortaderos

Introducción

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a presente ponencia se basa en las reflexiones de nuestra intervención durante el periodo 2014-2015 en barrio Los Cortaderos. La vinculación con la comunidad surge a partir de una práctica de la cátedra de Estrategias de intervención comunitaria de la Facultad de Psicología durante el año 2011 y se consolida a través de una beca de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. En su origen, el proyecto presentado tenía como objetivos: „„ Generar condiciones para la construcción de un espacio de encuentro que permita la expresión, la enunciación de necesidades y deseos de lxs jóvenes. „„ Construir una radio abierta con jóvenes de sectores populares promoviendo la participación y el protagonismo en la vida comunitaria, favoreciendo la enunciación de necesidades, expectativas y problemáticas sentidas por lxs jóvenes y el entorno en el que viven.

Autoras: María Belén Ardiles y Agustina Niclis

Palabras Jóvenes - Policía - Violencia - Comunidad claves

Pero dados determinados sucesos ligados a extremados niveles de violencia estatal hacia los y las jóvenes con quienes nos relacionamos en un principio, y hacia toda la comunidad en general, estos nos obligaron a repensar nuestra intervención, nuestras prácticas allí, y empezar a poner la mirada en las reflexiones que aquí compartimos.

Resumen La presente ponencia fue realizada a partir de reflexiones de un proceso de trabajo en barrio Los Cortaderos de la ciudad de Córdoba, durante los años 2014-2015, y repercusiones posteriores. En ese proceso tomó significativa relevancia la violencia estatal ejercida hacia la comunidad por el atravesamiento violento del asesinato de un joven del barrio en manos de dos agentes de la policía provincial. En primer lugar, contextualizamos las características y condiciones del barrio teniendo en cuenta que se trata de reflexiones situadas localmente. A partir del proceso de acompañamiento a la comunidad y a la familia en el reclamo de justicia, realizamos algunas reflexiones acerca de las múltiples formas de violencia estatal que reconocemos en este barrio y las particularidades del accionar policial respecto a lxs jóvenes de barrios populares. Por último, rescatamos algunos elementos para pensar la idea de justicia en estos contextos en los que las vulneraciones de derechos y la precariedad de las vidas no cesan.

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Descripción del barrio y de lxs jóvenes de Los Cortaderos

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Barrio Los Cortaderos está ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cercano a barrio Los Boulevares. Los primeros asentamientos en la zona se registran desde los años ‘70; en esa época, un conjunto de precarias viviendas se ubicaban a la orilla del Canal Maestro, allí las condiciones de vida eran muy riesgosas para la salud, las enfermedades respiratorias y de desnutrición eran las más frecuentes y graves en niñxs y adultos. Estas circunstancias motivaron la organización en la comunidad; en los años ‘80 la ONG SERVIPROH (Servicio en Promoción Humana) comienza a trabajar en el barrio acompañando la organización popular, abordando principalmente la problemática de la salud y el derecho del acceso a viviendas dignas. Las familias obtuvieron sus viviendas a través de dos procesos,

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21 viviendas se construyeron con un sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua en 2002; y las 93 restantes se construyeron en 2007 a través de un financiamiento del Estado provincial con el plan “Mi casa, mi vida”, gestionadas a través de la Asociación, aunque sin la participación de los vecinos en la construcción. Durante ese año se forma la Asociación Civil Los Cortaderos, de manera que una organización local acompañara la vida cotidiana del barrio, administrando los espacios comunes, gestionando proyectos comunitarios para resolver necesidades colectivas (Ardiles, Niclis 2014). El barrio se caracteriza por una importante historia de lucha en torno a hábitat, así como también sobre las prácticas participativas en salud. La necesidad de viviendas en el barrio se sostiene en la actualidad: los jóvenes hijos de los “viejos socios” que han obtenido su casa entre el 2002 y el 2007, forman sus propias familias y necesitan un nuevo lugar donde vivir. En este contexto, entre 2012 y 2013, múltiples espacios comunes como el salón comunitario, la guardería y un sector del salón comunitario, donde anteriormente funcionaba el Centro de Salud, fueron ocupados por familias del barrio. También COLEGIO

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otros espacios públicos baldíos y parte de la vera del Canal Maestro, fueron ocupados por familias que construyeron allí viviendas. En los alrededores del barrio no hay comunidades colindantes, hay fábricas, cortaderos de ladrillos y sitios baldíos con pastizales y basura. Las ocupaciones de los espacios comunitarios que existían hasta 2012 implicaron, además de conflictos y situaciones de violencia en la comunidad, la desaparición de los espacios de encuentro y uso común que lxs jóvenes y demás miembros de la comunidad de Los Cortaderos compartían (salón comunitario para reuniones, eventos, grupo de jóvenes, guardería, etc.). Estas características ubican a la población en una situación de aislamiento y soledad geográfica, en la que el acceso a distintos servicios es limitado o nulo, por lo tanto muchos derechos se ven vulnerados. Entre los estos, podemos señalar la educación, dado que no existen en el barrio establecimientos educativos de nivel primario ni secundario. El único servicio de salud localizado en el barrio es el Centro de Salud Nº 92, que cuenta solo con servicio de atención primaria de salud (dos médicas generalistas y una enfermera); el

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diario a sus lugares de trabajo sufren constantemente abusos y detenciones arbitrarias por parte de la Policía de Córdoba a través de la aplicación del Código de Faltas1, vulnerándose su derecho a la libre circulación y siendo discriminadxs por “portación de rostro”; las y los jóvenes relatan dichos de agentes de la Policía: “¿De dónde sos? ¿De Los Cortaderos? Subí nomás”. Estas circunstancias acentúan las condiciones de aislamiento en las que viven estxs jóvenes ya que ante la posibilidad de ser detenidxs muchas veces prefieren quedarse en su barrio, creándose así un cerco imaginario pero muy efectivo que limita la libre circulación (Ardiles, Niclis, 2014).

Desarrollo Al referirnos a la condición juvenil, elegimos posicionarnos desde la noción de “juventudes” (en plural) porque, como plantea Duarte Quapper (2000), esta responde a la necesidad del reconocimiento de la heterogeneidad en el mundo juvenil y ayuda a construir miradas más integradoras y potenciadoras de este. Respecto a la violencia institucional, utilizamos el término en singular para respetar su uso tradicional, sin embargo entendemos que son violencias, en plural, para dar cuenta de las múltiples dimensiones que le subyacen (Reguillo Cruz, 2008). A los fines de esta ponencia se hace foco en la violencia ejercida desde la institución policial, sin embargo reconocemos, como plantea Althusser (1988), que ejército, policías, sistema judicial, penal y penitenciario conforman el aparato represivo del Estado, ya que todos funcionan mediante la violencia. Resulta indispensable pensar el concepto de violencia estatal ligado al de responsabilidad institucional, para que los procesos de sanción necesarios ante esas violencias sean respondidos por quienes los diseñaron, autorizaron y ejecutaron. Además, la descripción del barrio da cuenta de que la institución Policial es la de mayor presencia en el territorio (real en tiempo y espacio, y simbólica por los niveles de sometimiento y coerción ante los cuerpos de quienes habitan ahí). Es decir, entonces, que el Estado no está ausente, está presente a través de la aplicación de mecanismos represivos o de la omisión en el cumplimiento de sus funciones y competencias. Entendemos, entonces, que la presencia estatal no está respondiendo a su rol de garante, no es posible mientras no cesen las vulneraciones de derechos que vive diariamente la comunidad de Cortaderos. Para comprender el contexto es necesario enumerar determi-

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horario de atención es restringido, por lo que por fuera de este horario acceder a atención médica implica una verdadera complicación para los vecinos. En cuanto a la población juvenil del barrio, hay una altísima proporción de deserción escolar (la mayor parte de lxs jóvenes abandonan la educación formal en los primeros años del nivel medio). Entre los múltiples factores que inciden en esta problemática podemos nombrar: la falta de servicio de transporte público que ingrese al barrio, las características expulsivas o poco contenedoras del sistema educativo formal para con lxs estudiantes de bajos recursos, el bajo nivel educativo de lxs adultos de la comunidad en general, la necesidad de trabajar para aportar a la economía familiar a temprana edad, entre otros. Sin embargo, los trabajos donde se incluyen lxs jóvenes son informales, precarios, con bajas remuneraciones. Las opciones de inclusión laboral son muy reducidas en lo concreto y lo simbólico: para varones, cortaderos de ladrillos o fábrica de macetas y, para mujeres, tareas del hogar propio, servicio doméstico o cuidado de niñxs. A esta situación, hay que agregar que en el trayecto COLEGIO

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nados sucesos previos al recorte que hacemos en esta reflexión, pero que tuvieron profundo impacto. Nos referimos a que no podemos desconocer que en Córdoba las políticas de seguridad vienen estando en auge en las campañas electorales y las agendas de gobierno desde 2003 hasta la actualidad (gestiones De la Sota y Schiaretti)2. Dos hechos particulares pusieron en tela de juicio el papel de la policía como institución: el autoacuartelamiento de las fuerzas policiales durante el 3 y 4 de diciembre de 2013 y las evidencias públicas de las complicidades de la policía con el narcotráfico en Córdoba (conocido como “narcoescándalo”), que había comenzado en 2013 también. El 2014 comienza teñido de linchamientos por parte de vecinos en la vía pública a supuestos ladrones (jóvenes, varones, pobres en todos los casos) en varios puntos del país. En provincia de Buenos Aires se declara la emergencia en seguridad3, y si bien Córdoba no adhiere hasta 20164, cuando se declara a nivel nacional, es innegable que el clima social era de aval a las prácticas de la lógica punitiva5. Ejemplos de esto son, por un lado, los dichos del

entonces gobernador De la Sota solicitando su apoyo para declarar la emergencia juvenil: “Necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista social, al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco” (De la Sota, 6/8/2014 en 7° Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba -UIC-). Por otro lado, el despliegue de 31 operativos de saturación policial territorial entre el 13/02 y el 28/05 en diferentes barrios de sectores populares de Córdoba (el 10/4/2014 en Cortaderos sucedió uno de ellos) con la metodología de razzias y corralitos exponiendo a los detenidos en la vía pública y ante los medios de comunicación6. Se extendía así por Córdoba un escenario bélico creado por el mismo Estado: permite ir construyendo la idea de un enemigo especial, un enemigo de la sociedad en su conjunto, que es preciso aniquilar. De esta manera, se convalida que el Estado –que se presenta como el defensor de la población–, frente a una amenaza extraordinaria, recurra a una violencia también extraordinaria (Calveiro, 2015). Con este marco general, consideramos la máxima expresión de la violencia estatal a los casos de “Gatillo fácil”, fusilamientos ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad. A mediados del año 2014, el barrio de Los Cortaderos sufrió violentamente el asesinato, por parte de dos agentes de la policía de Córdoba, de un joven de la comunidad: Fernando “Güere” Pellico, de dieciocho años, participante activo del espacio de jóvenes que acompañábamos. Este hecho provocó el reclamo y denuncia pública del caso junto con el de otros jóvenes7 y, además, generó reiterados episodios de hostigamiento y amenazas a vecinos del barrio. Pensando en las otras expresiones de violencia, durante el tiempo en territorio pudimos observar diferentes modalidades, en diferentes momentos del accionar policial en el barrio. En este sentido, recuperamos la categorización de Ardiles, Castro y Rebollo, (2015) al respecto: Algunas combinaciones posibles: 1. Operar en los márgenes y omitir intervenir en los territorios 2. Operar en los márgenes e intervenir selectivamente en los territorios 3. Operar en los ingresos al centro de la ciudad 4. Omitir la intervención.

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Si bien esta caracterización está pensada sobre la ciudad de Córdoba en general, las modalidades se replican sobre este barrio con una única calle de acceso:

Al mismo tiempo, nos encontramos con que esa visibilización tan buscada del caso, que puede resultar positiva, se desarrolla al límite de la construcción discursiva de la imagen de la “víctima inocente”, aquella que merece justicia por ser inocente y “buena persona” y que se juega fuertemente en los medios hegemónicos de comunicación. Estas construcciones alimentan antagónicamente lo que Butler (2009) denomina como poblaciones “perdibles”, que están enmarcadas como ya perdidas o, incluso, como amenazas a la vida humana (un claro ejemplo de esto es la repetición del discurso policial de la versión de enfrentamiento o tiroteo en los casos de Gatillo fácil). Siguiendo esta línea, las vidas perdibles no son objeto de duelo y, por ende, tampoco merecen justicia ante su pérdida. Un claro ejemplo de esto son los asesinatos de dos jóvenes más de barrio Los Cortaderos, Raúl Ledesma y José Juncos, a días de la sentencia a perpetua de los asesinos de Güere, que no generaron el mismo proceso a nivel comunitario, mediático ni judicial, teniendo en cuenta que se sucedieron en supuestas situaciones de robo. En este sentido, respecto al proceso de lucha por justicia, al desarrollo y cierre del juicio con ambos policías responsables del asesinato de Güere condenados a prisión perpetua, nos preguntamos: ¿se hizo “justicia”? Teniendo en cuenta que nuevamente fueron asesinadxs otros dos jóvenes del barrio en manos de la policía y que otros tipos de violencia estatal (como la inaccesibilidad a ciertos servicios –por lo tanto a derechos– así como hostigamiento y violencia policial) continúan siendo ejercidos hacia la comunidad. Ponemos en tensión entonces la idea de justicia, aun habiendo obtenido la pena máxima para lxs responsables directxs del caso. A pesar de este panorama inscribimos un horizonte posible, dentro de tamaña violencia estatal, en el proceso de justicia por los delitos de lesa humanidad del que reconocemos: el juzgamiento de los autores materiales y de los responsables políticos, la búsqueda de la verdad y la justicia por sobre los intereses partidarios o de los gobiernos de turno y una condena social a las violaciones de derechos humanos. En eso queremos ser contundentes: mientras no cese la violencia que constituyen los casos de Gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no hay democracia posible; porque significa que se están avalando los mecanismos represivos propios de los gobiernos dictatoriales. En cuanto a nuestro rol como psicólogas y profesionales de la salud, esta experiencia nos lleva a repensar la necesidad de que las lecturas de la realidad que hagan nuestrxs colegas psicólogxs que trabajan en terreno (desde un abordaje comunitario o no) puedan tener en cuenta cómo la violencia estatal es un factor que está atra-

1. En la zona de barrio Los Boulevares, el barrio más cercano, circula por la avenida ampliamente la policía, incluidos los agentes a pie o la policía barrial y la comisaría móvil de la policía de pacificación (contenedor). 2. Regularmente, un móvil del CAP (Comando de Acción Preventiva) se apuesta sobre Bv. Los polacos, el único acceso a Cortaderos, e ingresa al barrio solo ante determinados procedimientos (persecución, allanamiento, etc.) 3. A partir del fusilamiento de Fernando Pellico, y con la excusa de represalias, la policía omitió el ingreso, ni siquiera ante la demanda por urgencias de los vecinxs, originando esta situación múltiples conflictos intra barriales e intergeneracionales. Nos encontramos, entonces, con una comunidad donde la violencia policial había sido naturalizada en cierto punto por jóvenes y adultos; afirmamos esto por todas las prácticas abusivas que venían sucediendo previamente (razzias8, detenciones arbitrarias,9 sobornos10, secuestros11, violencia física y psicológica12, etc.); pero, al mismo tiempo, apareció un límite claro: el asesinato de Güere como lo inadmisible, lo que la comunidad no estaba dispuesta a soportar y para lo cual desplegó su capacidad de denuncia pública como forma de resistencia a la violencia estatal. Concebimos, en este caso, a la visibilización a través de las marchas, actividades en el territorio y la cobertura en los medios masivos de comunicación como una estrategia efectiva que pareciera tener repercusión directa en la celeridad del caso dentro del ámbito judicial, ya que de los 22 casos de Gatillo fácil, sucedidos en 2014 a manos de la policía de Córdoba, este es el único en que los responsables fueron detenidos, imputados, llevados a juicio y sancionados con la prisión perpetua.

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A modo de reflexión Pasados tres años del asesinato de Güere, atravesados por el proceso que denominamos “lucha por justicia”, registramos que la visibilización del caso y la activación de redes (con otras organizaciones y actores), posibilitaron la apertura de la comunidad y la puesta en foco de otras organizaciones sociales y políticas sobre el territorio de Cortaderos. Esta red constituye soportes psicosociales para tramitar experiencias adversas que les toca atravesar, como también disminuir la percepción concreta de soledad y aislamiento (Ardiles, Niclis 2015). COLEGIO

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vesando inevitablemente la construcción de las subjetividades en las poblaciones más excluidas, marginadas y empobrecidas. Entendemos imprescindible que la formación de futuros psicólogxs esté apuntalada en abordajes con perspectivas de derechos ante esx otrx: paciente, actor social, sujeto de investigación, etc.

alemanes, ningunx quedó detenidx efectivamente, a las horas fueron liberadxs desde la central de policía. Para ampliar esta información: http://www.lavoz.com.ar/sucesos/21-detenidos-fueron-esposados-con-cordones-de-sus-zapatillas y http://www.lavoz.com. ar/ciudadanos/el-82-de-los-aprehendidos-en-operativos-de-saturacion-fue-porel-codigo-de-faltas 9 Bajo las figuras del entonces Código de Faltas, cuestionado y denunciado por su inconstitucionalidad. 10 Pedidos explícitos de dinero a lxs jóvenes como forma de no ser detenidxs. 11 Entendemos por secuestros a los momentos en que se detiene a lxs jóvenes, se lxs hace circular en el móvil y luego son liberadxs (en medio de prácticas violentas o no) pero cuyo periodo de detención no es registrado de manera oficial por la policía, por lo tanto, solo funciona como una forma de amenaza. 12 Se inscriben aquí múltiples prácticas de hostigamiento: amenazas, golpes, quemaduras, gatillar el arma reglamentaria en la cabeza, etc.

Bibliografía

Ardiles, B.; Castro, J.; Rebollo, S. (2015). Conflictividad Segura. IX Jornadas de sociología. Facultad de Ciencias Sociales. http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/ ponencia1856 ISSN: 2069-1585 Ardiles, B.; Niclis, A. (2015). Voces activas de Los Cortaderos, jóvenes abriendo nuevos caminos. Ponencia en el marco del IV Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria. “Salud Colectiva, Interculturalidad y Redes”. III Jornada de Salud Pública y Comunitaria. Universidad Nacional del Comahue. Butler, J. (2009). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Ed. Paidos.

Calveiro, P. (2015). Nuevas violencias, nuevas voces y nuevas resistencias en tiempos de reorganización hegemónica. Revista Kamchatka. N° 6. Duarte Quapper, K. (2000). ¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. En Última década. Nº13, CIDPA Viña del Mar, pp. 59-77.

Reguillo Cruz, R. (2008). Las múltiples fronteras de la violencia: jóvenes latinoamericanos entre la precarización y el desencanto, en: Inclusión y ciudadanía: perspectivas de la juventud en Iberoamérica. Madrid.

Livachy, p. y Trufó, M. (2015). Realineamientos punitivos en los debates sobre seguridad y las derivaciones en la política criminal. En: Cels, ed., Derechos humanos en argentina informe 2015. Buenos aires: Siglo veintiuno, p.250.

Agustina Niclis Residente 2° año de Psicología Comunitaria. Residencia de Psicología Comunitaria. Centro de Salud N° 4 Villa San Antonio. Dirección de Primer Nivel, Ministerio de Salud Pública Provincial, Salta Capital. Licenciada en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Año de finalización: 2013. Profesora en Psicología. Escuela de Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Año de finalización: 2015. Ardiles, María Belén Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología - U.N.C.

Notas 1

Nos referimos así al código contravencional de nuestra provincia que regía con ese nombre hasta abril del 2016, cuando fue modificado a Código de Convivencia. 2 Un ejemplo contundente de esto es el convenio de cooperación y asesoramiento firmado por la Provincia de Córdoba y el Manhattan Institute en el año 2004. La línea de dicho instituto responde a la aplicación de las políticas de tolerancia cero. 3 http://www.lanacion.com.ar/1678413-daniel-scioli-decreto-la-emergencia-en-seguridad-en-la-provincia-de-buenos-aires 4 http://www.lavoz.com.ar/politica/cordoba-adhirio-la-emergencia-en-seguridad 5 Las orientaciones punitivistas comparten rasgos que se repiten en sus distintas encarnaciones: enfocan los recursos hacia los delitos menores y apuntan a reprimir a los eslabones más débiles de la cadena delictiva; miden su efectividad en la cantidad de detenciones; la represión es más valorada que la prevención y otras formas de actuación menos violentas; se incentiva el uso de armas; se generan mayores oportunidades de abuso policial, lo que aumenta su capacidad de extorsión y recaudación ilegal; se toleran altos niveles de corrupción y penetración de la institución por parte de redes criminales; se fomenta la desprofesionalización de las fuerzas policiales. Livachy y Trufó (2015). 6 Al respecto, consultar “Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba. Informe preliminar” (2014), Colectivo de Investigación El Llano en Llamas. 7 Las manifestaciones por el asesinato de Fernando Pellico expusieron que el 24/8/2013 la misma dupla policial había asesinado a otro joven, Emanuel Panetta, luego de perseguirlo hasta el interior de barrio Los Cortaderos. 8 En el operativo saturación, realizado el 10/4/2014, de las personas del barrio que fueron expuestas como detenidxs ante los medios de comunicación en Bv. Los COLEGIO

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Pulicación fruto de las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos realizadas en Agosto de 2017, convocadas por la FEPRA y organizadas por el C...

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