Page 1

_______________________ * El presente texto es resultado del proyecto de investigación titulado: ¿Qué pasa con la protección al derecho a no tener hambre en Colombia?: Algunas reflexiones sobre su efectividad y justiciabilidad. Financiado por la Universidad de Medellín, y desarrollado durante el 2007. ** Abogada de la Universidad de Medellín, Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y Estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Investigadora principal del proyecto ¿Qué pasa con la protección al derecho a no tener hambre en Colombia?: Algunas reflexiones sobre su efectividad y justiciabilidad. Docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. *** Abogado de la Universidad de Medellín. Asistente del proyecto de investigación ¿Qué pasa con la protección al derecho a no tener hambre en Colombia?: Algunas reflexiones sobre su efectividad y justiciabilidad. Financiado por la Universidad de Medellín. Profesor Asociado y coordinador de proyección social del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco en convenio con la Universidad de Medellín.


2

EL DERECHO A NO TENER HAMBRE EN COLOMBIA ¿Derecho Fundamental o Derecho Económico, Social y Cultural?* Por: Olga Cecilia Restrepo Yepes ** Lucas Correa Montoya*** RESUMEN: El objetivo de este texto es llegar a una clara conceptualización del Derecho a no Tener Hambre como derecho humano y con esto abrir el debate sobre su efectividad y exigibilidad. No es el interés crear limites y divisiones respecto al derecho alimentario para debilitar su comprensión y tratamiento, el fin es establecer certezas sobre el derecho para hacerlo así mucho más claro y por lo tanto exigible y judicializable. PALABRAS CLAVES: Derecho a no tener hambre, DESC, Derechos humanos. ABSTRACT: The purpose of this article is to reach a clear concept of the right of not to be hungry as a human right and open the discussion about it’s effectiveness and justiciability. This article is not interested in creating limits and divisions about the right to food to make weaker it’s understanding and treatment. The aim is to establish certainties about it and then make it much more clear and that way make easier it’s effectiveness and justiciability. KEYWORDS: Right of not to be hungry, Economic Social and Cultural Rights, Human Rights. 1. INTRODUCCIÓN. El presente texto es un esfuerzo en la defensa del carácter de fundamental del Derecho a no Tener Hambre (en adelante DNTH), deslindándolo de su naturaleza de Derecho Económico Social y Cultural (en adelante DESC) para tratar de tener un concepto claro del derecho, todo ello a partir del análisis del texto constitucional y los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), para concluir que el DNTH resulta ser un derecho fundamental innominado y abrir la discusión a los temas que dicha afirmación implica, entre ellos la efectividad y la justiciabilidad de tal derecho en particular. Para efectos de lograr dicho cometido este texto: en primer lugar presenta algunas reflexiones generales sobre las tensiones que se


3

presentan entre el catálogo de derechos y el modelo económico constitucional. En segundo lugar se refiere a la efectividad y justiciabilidad de los DESC en términos generales, en tercer lugar se ocupa de conceptualizar el Derecho a no Tener Hambre (DNTH), presentando el concepto de Derecho Alimentario y deslindando de de su núcleo el DNTH y de Derecho a una Alimentación Adecuada (en adelante DA). Finalmente se presentan algunas conclusiones y se deja abierto el debate. 2. EL MODELO ECONÓMICO CONSTITUCIONAL Y LAS TENSIONES CON LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS. Colombia por definición constitucional es un Estado Social de Derecho que contempla, dentro de su filosofía, un Estado abiertamente intervencionista en lo económico con el objeto de atender y llevar a cabo las demandas sociales y propender por una mayor participación e igualdad real. Aunque la Constitución contemple un modelo intervencionista, se adopta en su artículo 333 un sistema de economía de mercados, donde la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero contempladas al interior de los límites del bien común; de igual forma, en el artículo 58 de la Constitución Política, se contempla la garantía de la propiedad privada y correlativamente su función social y ecológica. Atendiendo lo expuesto bien puede decirse que Colombia posee un modelo económico que sin acoplarse por completo al diseño liberal funda sus raíces en la protección de la propiedad privada (art. 58 C. P.), en la libertad de empresa y en la iniciativa privada, protegidas por el Estado (art. 333 C. P), en la libertad laboral y de escogencia de profesión u oficio (art. 58 C. P.), en la excepcionalidad de los monopolios estatales (art. 336), entre otros. Se dice que no se acopla completamente a dicho modelo porque acompañan a los principios de corte liberal otros principios que, producto de las revoluciones sociales de la primera mitad del siglo XX, han reconocido, entre otras, la función social de la propiedad (art. 58 C. P), la promoción de formas asociativas y solidarias de propiedad (ídem), la protección de los derechos de los trabajadores (art. Art. 53 C. P.) y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo (art. 334 C. P.). Así que los principios y reglas del modelo económico colombiano se sitúan entre la promoción de la libertad económica y el control de dicha libertad por parte del Estado, como un reconocimiento al hecho de que la libre competencia es el fundamento del progreso y del bienestar social, pero también que los riesgos de un libre mercado exigen un protagonismo estatal ineludible.


4

El modelo económico y la carta de derechos son dos temáticas que desde el texto constitucional y el goce efectivo de los derechos implican ciertas tensiones, no siendo compatibles de todas las formas y en todos los escenarios. Así, la cuestión de cómo los modelos económicos inciden en la protección de los derechos contemplados en la Constitución –especialmente los DESC y los Derecho Colectivos-, no puede pasar desapercibida y las tensiones del mercado y la protección del derecho deben ser analizadas a profundidad. La tensión ha sido identificada por los profesores Rodríguez y Uprimny (2005) de la siguiente manera: el texto constitucional colombiano tiene una naturaleza normativa y valorativa de constitucionalismo social, puesto que reconoce derechos liberales y derechos sociales, otorgándoles fuerza normativa. Y simultáneamente se considera una constitución abierta porque admite políticas económicas muy diversas para cumplir esos derechos sociales. Estas dos posiciones no se complementan automáticamente y de sus fricciones nacen las tensiones mencionadas. En este orden de ideas los DESC se han reglamentado, desde la postura del neoinstitucionalismo económico que busca promover el desarrollo económico del Estado desde una visión de carácter liberal individualista que concibe al el mercado como instrumento esencial de coordinación social y que por lo tanto las instituciones como el derecho deben propiciar para que este cumpla con dicho fin (Estado de Derecho). Es así como tal postura promueve una intervención mínima del Estado en la economía y que su función sea exclusivamente la de asegurar el orden público, la protección al derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos (Eficacia y libertad comercial) Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 esta forma de reglamentación que se instauró con el neoinstitucionalismo, entra en una clara tensión con la protección de los DESC propia de un Estado Social de Derecho, puesto que, la efectividad de estos derechos y su posterior implementación en políticas públicas no sólo descansa en consideraciones de eficacia y libertad, sino también en consideraciones de equidad e igualdad como desarrollo de los postulados de un Estado Social. Los DESC tienen un motor o finalidad esencial, la dignidad humana, la calidad de vida, el mínimo vital, todas aristas del mismo objeto. Estas cuestiones presentan amplias dificultades en relación con el individualismo, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones al servicio del mercado. 3. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EFECTIVIDAD JUSTICIABILIDAD DE LOS DESC EN COLOMBIA.

Y

LA


5

La efectividad de un derecho en general hace referencia a la medida en que se disfruta de él, es decir, la medida de su vigencia real entre los sujetos a los que se refiere. Es necesario precisar que la efectividad de los DESC en Colombia se logra a través de la implementación de estos a través de las políticas públicas por parte del Estado. Algunos sectores de la doctrina determinan que la naturaleza jurídica de los derechos sociales obedece a los llamados derechos de st at us posit ivues, exigiendo del Estado que adopte programas estatales de mejoramiento de los estándares de vida de los asociados, por medio de leyes y programas que se encaminen al logro este fin. Es entonces como el Estado deberá hacer efectivos los derechos sociales a través de programas que permitan el mejoramiento de los estándares de vida de los ciudadanos y el desarrollo efectivo de estos derechos, si no se cumple tal precepto el Estado se hace responsable por no hacerlos y por consiguiente se configura una inconstitucionalidad por omisión1. En conclusión los DESC en Colombia son derechos que están consagrados constitucionalmente, su efectividad está sujeta a la implementación de estos en leyes y políticas públicas o a la asignación presupuestal otorgada para su realización, debido esto a su carácter prestacional y programático. Por otro lado La justiciabilidad de los derechos constitucionales, es decir su protección a través de acciones o mecanismos judiciales ha permitido la efectividad de los derechos y por lo tanto el cumplimiento de los postulados ínsitos en el Estado Social de Derecho. Es así, como la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución protege los denominados derechos fundamentales y las acciones populares contempladas en el artículo 88 protegen a los derechos colectivos, pero al hacer una lectura del texto constitucional se observa que los DESC no contemplan una acción judicial que proteja de forma directa estos derechos.

1

Sentencia C-177 de 1998. “El deber de realización progresiva de los derechos sociales prestacionales no significa que no pueda haber violación de los mismos, debido a omisiones del Estado o a actuaciones insuficientes de su parte. En efecto, así como existe un contenido esencial de los derechos civiles y políticos, la doctrina internacional considera que existe un contenido esencial de los derechos económicos y sociales, el cual se materializa en los "derechos mínimos de subsistencia para todos, sea cual fuere el nivel de desarrollo económico" (Principio de Limburgo No 25). Por ende, se considera que existe una violación a las obligaciones internacionales si los Estados no aseguran ese mínimo vital, salvo que existan poderosas razones que justifiquen la situación. Además, el Estado adquiere el compromiso de tomar "todas las medidas que sean necesarias, y, hasta el máximo de los recursos disponibles", por lo cual, si se constata que los recursos no han sido adecuadamente utilizados para la realización de estos derechos, también se puede considerar que el Estado está incumpliendo sus obligaciones internacionales.”


6

Los DESC no poseen un mecanismo directo consagrado constitucionalmente, puesto que son derechos, como lo enuncia la Corte en la sentencia C-251 de 1997, que se realizan progresivamente, lo cual imposibilita que sean exigidos de manera inmediata, aunque en eventos excepcionales estos derechos son protegidos judicialmente por la acción de tutela cuando se encuentren en conexidad con derechos fundamentales. En el contexto colombiano la inclusión de los DESC como derechos constitucionales, se da como respuesta a las nuevas consideraciones del constitucionalismo moderno a partir de la constitución de 1991. Se instaura el principio de un Estado Social de Derecho, que propende por la efectividad de los derechos humanos, donde los derechos no son sólo limitantes del poder público, garantía negativa de los intereses individuales, sino que también se convierten en un conjunto de principios y valores de la acción positiva de los poderes del Estado. (Luño, 1998). 4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A NO TENER HAMBRE. La discusión entorno las tensiones existentes entre el modelo económico, las políticas públicas y la vigencia de los derechos constitucionales no se encuentra el margen de las discusiones que tienen que ver con el Derecho Alimentario, del cual se desprenden – como se argumentará- los derechos a: no tener hambre y a la alimentación adecuada. El derecho alimentario ha recibido el tratamiento de un DESC, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el internacional, tratamiento que se ve afectado por los modelos económicos e su justiciabilidad y efectividad. Si bien la Corte Constitucional, mediante la figura de la conexidad ha comenzado a tutelar los DESC, en este apartado se pretende conceptualizar el Derecho a no Tener Hambre y deslindarlo del Derecho Alimentario y del Derecho a una Alimentación Adecuada, a partir de un análisis del texto constitucional y los instrumentos internacionales que se ocupan del tema. Se presenta en este apartado la conceptualización del derecho, teniendo presente que los pormenores y consecuencias frente a su efectividad y justiciabilidad no serán abordadas. 4.1. El concepto de Derecho Alimentario, bases para identificar el Derecho a no Tener Hambre: El PIDESC definió el derecho alimentario según la Observación General No 12 (1999), como aquel que se ejerce “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para


7

obtenerla”. De igual forma especifica el contenido esencial del derecho y enuncia los componentes del derecho a los siguientes elementos: La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables desde el punto de vista cultural. Se puede observar que las denominaciones realizadas desde la Observación No 12 apuntan a la conceptualización del derecho desde la mirada de los DESC y la dualidad del derecho respecto a la fundamentalidad del mismo se ve opacada y olvidada. Es importante aclarar la dualidad del derecho alimentario, puesto que esta diferenciación cambiaría el área de protección y la obligación de los Estados respecto al derecho. Esto se confirma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, donde dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea afirmaron en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre." (FAO, 2001, p.1). La disponibilidad –en las facetas que seguidamente se detallaránconstituyen el núcleo esencial del Derecho Alimentario, y desde luego la base para la conceptualización y delimitación del Derecho a no Tener Hambre. Así el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación general 12, expresa frente a la disponibilidad de alimentos como elemento esencial del derecho es: (…) la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse, ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de predicción a donde sea necesario según al demanda. Según esta definición la disponibilidad se relaciona, en primer término, con la oferta alimentaria suficiente que pueda atender las necesidades nutricionales de la población con el fin de protegerla contra el hambre. Es así que introduce una variable de cantidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades alimentarías de la población. En segundo término, la disponibilidad se relaciona con una oferta alimentaria adecuada atendiendo por lo tanto a las necesidades nutricionales del total de la población. Cuando se atiende al concepto de adecuado se introduce una variable cualitativa, puesto que identifica


8

como necesario las características nutricionales, físicas y culturales de los alimentos, procurando por lo tanto que los alimentos que están disponibles sean seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. En un tercer y último término la disponibilidad se relaciona con la estabilidad de la oferta alimentaria. Este componente de la disponibilidad determina que el suministro de alimentos sea constante y accesible. Este componente hace relación directa a la estabilidad de los entornos políticos, sociales y económicos de los países, asegurando por lo tanto la confiabilidad y desarrollo de las prácticas productivas que a su vez deben ser sostenibles y que no amenacen la disponibilidad de los alimentos a largo plazo. El Derecho Alimentario se presenta como derecho núcleo desde el cual se presentan los deslindes que preceden. En su faceta general y completa el Derecho Alimentario constituye un DESC, sin embargo, teniendo presente sus elementos se procede a deslindar de su esencia el Derecho a no Tener Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuada, con matices diferenciales que tienen importantes efectos en su efectividad y justiciabilidad. 4.2. El Derecho a no Tener Hambre y el Derecho a una Alimentación Adecuada, dos caras de la misma moneda. Antes de conceptualizar el Derecho a no Tener Hambre (DNTH) es necesario deslindarlo del Derecho Alimentario. Dicha distinción no es clara y se ve necesario en el presente estudio hacer una diferenciación respecto a sus componentes para delimitar las dos caras del derecho. El fin es llegar a una clara conceptualización del DNTH y con esto abrir el debate sobre su efectividad y exigibilidad. No es el interés crear limites y divisiones respecto al derecho alimentario para debilitar su comprensión y tratamiento, el fin es establecer certezas sobre el derecho para hacerlo así mucho más claro y por lo tanto exigible y judicializable. La alimentación es abordada por el texto constitucional en varios artículos, sin embargo no es del todo agotada. En el artículo 65 se presenta una protección especial a la producción alimentaria y se trazan algunas directrices para lograrla, en este artículo se refuerza la naturaleza de DESC del derecho alimentario. Así pues en los artículos 43 y 44 el texto constitucional hace referencia a la alimentación, en primer lugar dando una especial protección a la mujer en embarazo y en segundo lugar reconociendo la fundamentalidad de la alimentación adecuada en los niños.


9

El derecho alimentario –según lo que se ha establecido- en primer lugar puede ser entendido como el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y en segundo lugar como el derecho de toda persona a disponer y acceder permanentemente a una alimentación adecuada. Nuestra Constitución reconoce estas dos variables, las protege, no obstante no es del todo asertiva en su diferenciación. Quizás para lograr mayor claridad en cuanto a las definiciones legales y constitucionales del derecho es necesario recurrir a los instrumentos internacionales, que por efectos del artículo 93 de la carta y el bloque de constitucionalidad se entienden incorporados al texto constitucional. Cuando se describe el Derecho Alimentario se piensa primero en que éste debe ser un derecho individual y colectivo que debe ser a su vez adecuado. Esta primera definición se podría desprender de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Luego de 20 años de vigencia de la anterior definición, el PIDESC elaboró una segunda definición, que va mucho mas allá de la primera construida por la Declaración de Derechos Humanos, haciendo mayor énfasis en la fundamentalidad del derecho. Esta disposición enuncia lo siguiente: "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación (...), el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre" Cuando el derecho alimentario se contempla en relación al mínimo vital, toda vez que se busque garantizar una vida en condiciones dignas el derecho alimentario se le denominará DNTH, puesto que cuando el derecho a la alimentación se entienda vinculado a la violación al mínimo vital el derecho tomará rango fundamental con base en la teoría de la conexidad enunciada por la Corte Constitucional. De otro lado cuando el derecho alimentario se contempla en la Carta Constitucional como una especial protección a la producción alimentaria en su artículo 65, se entiende que el derecho se contempla dentro del ordenamiento jurídico como un DESC y de denomina derecho a la alimentación adecuada (DA). Al margen de las diferenciaciones anteriores es preciso resaltar el artículo 44 como una especial protección a los menores respecto a una


10

alimentación equilibrada como protección a una población vulnerable, que a su vez enuncia la fundamentalidad del derecho alimentario respecto a estos grupos. Ante dicho deslinde del derecho alimentario se podría preguntar ¿qué diferencia hay entre el derecho a estar protegidos contra el hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada? El primero de estos dos enunciados define un derecho fundamental que se ha denominado DNTH y que el Estado está en la obligación de asegurar para que las personas no mueran de hambre. Este derecho retoma la disponibilidad en términos de la oferta alimentaria suficiente, cantidad de alimentos, y desde allí, unido al mínimo vital, la dignidad humana y la vida, se estructura como derecho fundamental. El segundo enunciado define un derecho a una alimentación que se relaciona como un DESC que se ha denominado Derecho a la Alimentación Adecuada (DA), que retoma la disponibilidad como oferta alimentaria adecuada, calidad de los alimentos, y la estabilidad de dicha oferta. En relación con este derecho el Estado está en la obligación de garantizar una alimentación adecuada en los términos en que la disponibilidad lo exige. Así pues, frente a la producción, distribución y consumo de alimentos el Estado deberá promover el disfrute del derecho a tener alimentos adecuados en su territorio, donde las personas tengan acceso físico y económico en todo momento y en cantidades y calidades adecuadas para llevar una vida digna y saludable (FAO, 2001), pero dicha obligación en algunos casos se identifica como un derecho fundamental (DNTH) y en otros casos como DESC (DA). Cuando se enuncia al DNTH como un derecho fundamental, este derecho en el ordenamiento jurídico colombiano implica una protección a través de la acción de tutela, donde está relacionado estrechamente con el derecho al mínimo vital, la vida y la dignidad humana. Dentro de la doctrina constitucional se le denominaría como un derecho innominado, puesto que su consagración no estaría implícita en el texto constitucional y su desarrollo conceptual podría ser elaborado por línea jurisprudencial o por el bloque de constitucionalidad. Respecto al Derecho a la Alimentación Adecuada (DA) se enuncia como un DESC y por su carácter prestacional y progresivo, su efectividad se mediría a través de la implementación en la normativa y las políticas públicas, de acciones que propendan por la protección del derecho y el Estado estaría en la condición de garantizar estos derechos dentro de las posibilidades económicas y sociales del país.


11

5. CONSIDERACIONES FINALES. Este gran universo de la relación de la alimentación y el ser humano esta dada por la contemplación de las dos variaciones que se tienen del derecho, es decir DNTH y DA. Y que en la mayoría de los casos el concepto que se tiene del DNTH es absorbido por el DA, tomando sus características y mutando en un DESC y perdiendo la visibilidad en el campo jurídico como fundamental y por tanto con importantes implicaciones sobre su justiciabilidad. Tomar el Derecho Alimentario y conceptualizar desde su esencia dos derechos, el DNTH, como derecho fundamental de acuerdo a las instrumentos internacionales ratificados por Colombia, y el DA como DESC, igualmente desde los instrumentos internacionales y el texto constitucional, refuerza la protección, la conciencia de la importancia y la relevancia de la alimentación, no sólo básica, sino adecuada y estable en relación con la dignidad humana, el mínimo vital y la vida. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, ATI. (2003). Inseguridad alimentaria. En: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. El embrujo autoritario. Primer año de gobierno se Álvaro Uribe Vélez. (93-100). Bogotá: Antropos BARRETO, Antonio. (1999). Amparo constitucional de los derechos sociales. A propósito del carácter social de la acción de tutela. En BARRETO, Antonio y CEPEDA, Manuel José (Eds.) Derecho Constitucional perspectivas críticas. (85-122). Bogotá: Siglo de Hombres Editores. CABALLERO Sierra, Gaspar y ANZOLA GIL, Marcela. (1995) Teoría constitucional. Bogotá: Temis. CASTRO BUITRAGO, Erika, RESTREPO YEPES, Olga y GARCÍA, MATAMOROS Laura. (2007). Historia, concepto y estructura de los derechos económicos, sociales y culturales. Revista Estudios Socio- Jurídicos, 9, número especial, 77-108. CEPAL. (2003). Panorama social de América Latina 2002-2003. Santiago de Chile: CEPAL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. (1999). Observación general No 12. El derecho a una alimentación adecuada. Recuperado el día 12 de mayo de 2007, en: http://www.fao.org/righttofood/common/ecg/51635_es_observacio n_general_12_esp.pdf


12

DANE. (2006). Estadísticas vitales año 2003. Bogotá: Departamento Nacional de Estadística. Recuperado el día 12 de junio de 2007, en http://www.dhcolombia.info/spip.php?article366 DEPARTAMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL. (2002) La reducción de la pobreza y el hambre. La función de la financiación de la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural. Recuperado el día 12 de junio de 2007, en http://www.fao.org/docrep/003/y6265s/y6265s00.HTM DIAZ, Elías. (1996) Trotta.

Filosofía Política II. Teoría del Estado. Madrid:

FAO (2001). Los alimentos derecho humano fundamental. Recuperado el día 12 de junio de 2006, en: http://www.fao.org/focus/s/rightfood/right1.htm GARAY SALAMANCA Luís Jorge. (2002). Estrategias, dilemas y desafíos en la transición al Estado Social de Derecho en Colombia. En: Garay Salamanca Luís Jorge (Eds.) Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición al Estado de Derecho. Bogota: Contraloría General de la Nación. GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. (2006) Justicia, mercado y democracia. Un examen crítico de las teorías económicas sobre el (in)cumplimiento del derecho y su relación con el desarrollo, la justicia y la democracia. En: UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. (49-108) Bogotá: Grupo editorial Norma. GOMEZ MÉNDEZ, Maria Paula. (2006). El derecho a la alimentación en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Bogotá: Defensoría del Pueblo Serie DESC. GÓMEZ RAMIREZ, Samuel Antonio y otros. (2002). Producción de alimentos: Asunto de Estado. En: GARAY Salamanca, Luis Jorge (Eds.) Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición al Estado de Derecho. Bogotá: Contraloría General de la Nación. HOPPENHAYN, Martín. BELLO, Álvaro y MIRANDA, Francisca. (2006). Los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el nuevo milenio. Santiago de Chile: CEPAL.


13

LEMAITRE Ripoll, Julieta. (2002) La redistribución del acceso a la justicia: análisis de la jurisprudencia de mínimo vital. En ARANGO Rodolfo y LEMAITRE Julieta (Eds.) Jurisprudencia constitucional sobre el derecho al mínimo vital. Bogotá: estudios ocasionales; cijus. LUÑO PEREZ, Antonio. (1998). Los derechos fundamentales. (7ª Ed.). Madrid, España: Tecnos. MACHINEA, José Luís. BÁRCENA, Alicia y LEÓN, Arturo. (2005). Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada a América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. MARTINEZ, Rodrigo (Coordinador). (2005). Hambre y desigualdad en los países andinos La desnutrición y la vulnerabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Santiago de Chile: CEPAL, Serie políticas sociales 112. OWEN, Fiss. (1999) Grupos y cláusula de la igual protección. En GARGARELLA Roberto (Ed) Derecho y grupos desaventajados. Barcelona: Gedisa. PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS (2005). La situación alimentaria de los desplazados en Colombia. Recuperado el día 12 de junio de 2007, en http://www.plataformacolombiana.org/biblioteca_pag/alimentacion-desplazados.doc. PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS. (2004). Derecho a la alimentación. La cara dura de la pobreza. Bogotá: Antropos. PNUD (2005). Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia. Objetivos del Desarrollo del Milenio 2005. Recuperado el día 2 de Mayo de 2006, en http://www.pnud.org.co/publicaciones.shtml?x=4781 PROFAMILIA. (2005). Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana. Bogotá. pp: XXXVI, XLV, 269-270; y, ICBF. Encuesta de la Situación Nutricional de la Población Colombiana 2005 - ENSIN 2005. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá. Recuperado el día 12 de junio de 2006. Documento en formato PDF disponible en: http://www.icbf.gov.co/espanol/ENSIN_PAGINA% 20WEB%202005 Y http://www.dhcolombia.info/spip.php?article366.


14

SOTELO, Luís Carlos.(2000) Los derechos constitucionales de prestación y sus implicaciones económico- políticas. Bogotá: Archivos de Macroeconomía. República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Unidad de Análisis Macroeconómico. Documento 133. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. (2006). Tres menores de cinco años mueren al día en Colombia por desnutrición. Bogotá. 2006. Recuperado el día 12 de junio de 2007 En: http://www.uexternado.edu.co/noticias/desnutricion y http://www.dhcolombia.info/spip.php?article366 UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. (2006). Introducción. Una nueva aproximación al debate sobre la justicia, los derechos sociales y la democracia en Colombia. (2006) En: UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. (2006) ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. (15-45) Bogotá: Grupo editorial Norma. UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto. (2005). Constitución y Modelo Económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre la economía y el derecho. En: Debates de coyuntura económica. Modelo económico y constitución. 62, 2930. Bogotá: Fedesarrollo. UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto. (2006) ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. En: UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. (109-145) Bogotá: Grupo editorial Norma UPRIMY YEPES, Rodrigo. (2001). El bloque de constitucionalidad en Colombia: Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización jurisprudencial. Recuperado el día 12 de junio de 2006, en: http://www.djs.org.co/pdf/libros/ru_bloqueConstitucionalidad.pdf VELILLA, Marco. (1997). Reflexiones sobre la Constitución económica colombiana. En: Constitución Económica Colombiana. (pp. 92-93): Bogotá. El Navegante Editores.

5: EL DERECHO A NO TENER HAMBRE EN COLOMBIA  

El objetivo de este texto es llegar a una clara conceptualización del Derecho a no Tener Hambre como derecho humano y con esto abrir el deba...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you