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Venezuela-España: Dos siglos de relación bilateral María Teresa Romero, Doctora en Ciencias Políticas Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela El pasado 30 de marzo de 2010, se cumplieron 165 años de la firma del Tratado de Paz y Reconocimiento entre Venezuela y España. Con ese acuerdo nuestro país finalmente recibió el reconocimiento como nación libre y soberana por parte de la Corona española y ambos estados iniciaron sus relaciones formales. En términos generales, ha sido una trayectoria bilateral dinámica y fructífera para ambas naciones, en que se han ido construyendo unas relaciones cada vez más igualitarias, maduras y estables. Ello pese a los numerosos impasses diplomáticos, conflictos comerciales y diferencias políticas e ideológicas que no han dejado de manifestarse durante esa andadura de siglo y medio, especialmente durante el arranque de las relaciones en el siglo XIX. Se trata, además, de una relación bilateral significativa dentro del mundo hispánico, que ha contribuido al fortalecimiento de la identidad hispanoamericana, al diálogo entre América Latina y Europa, y al proyecto común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN), proyecto éste que ha logrado convertirse en un actor multilateral de peso específico en la comunidad democrática internacional. Sin duda, los últimos treinta años del siglo XX han sido los mejores de la relación entre España y Venezuela; fueron tres décadas signadas por un excelente entendimiento diplomático y comercial. Y en ello pesó fundamentalmente el hecho de que en ambos países se desarrollaba un sistema político democrático y pluralista. Pero incluso hoy en dia, durante la primera década del siglo XXI, lapso en que las tensiones diplomáticas han retornado en virtud de los proyectos políticos contrapuestos que tienen lugar en los dos países, las relaciones bilaterales -en particular las comerciales- continúa siendo activas.

Encuentros y desencuentros en el siglo XIX Ahora bien, por razones de tiempo, en este foro sólo voy a referirme al inicio de esas relaciones bilaterales, las que se desarrollaron durante el siglo XIX. Y lo primero que cabe destacar, es que las mismas estuvieron signadas por la precariedad, moviéndose dentro de un clima de alejamiento, desconfianza y desencuentro mutuo. De hecho, no fue sino hasta el 30 de marzo de 1845 que finalmente ambos países firmaron el Tratado por medio del cual Venezuela recibió el reconocimiento


como nación libre y soberana por parte de la Corona española. Aunque, a decir verdad, la soberanía que España cedió formalmente en este tratado, ya la había perdido de hecho muchos años atrás, desde que los nobles criollos firmaron el Acta de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, y desde la derrota del Ejército español en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Además, los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra suscritos por el Libertador Simón Bolívar en su condición de Presidente de la Gran Colombia y por el general Pablo Morillo, Comandante del Ejército Expedicionario Español, el 27 de noviembre de 1820, aunque no reconocían formalmente la existencia del Estado venezolano, significaron un reconocimiento implícito a la independencia venezolana al constituirse en la primera aceptación de la existencia de un gobierno en Colombia por parte de una autoridad española. En todo caso, como en general sucedió con las demás repúblicas latinoamericanas, el proceso de reconocimiento de Venezuela por España fue largo, complejo y tardío. Además, se hizo efectivo muy lentamente, tomándose casi el resto del siglo, sufriendo importantes tropiezos y retrocesos. De hecho, luego de establecerse las relaciones bilaterales con el tratado de 1845, estas fueron interrumpidas por un breve tiempo y más tarde sufrieran un intento de ruptura. No fue sino hasta finales del siglo XIX que las relaciones se fueron recomponiendo, al punto que España jugó un papel decisivo como árbitro en varios litigios de delimitación territorial venezolana. Entre las causas de ese tardío proceso de legitimar la reivindicación de soberanía venezolana y de efectivo entendimiento bilateral entre los dos estados, fueron esenciales las heridas espirituales y materiales dejadas por la larga y costosa guerra de independencia de Venezuela, heridas que no dejaron de manifestarse en ambas naciones pero muy especialmente en España. En efecto, en momentos en que la monarquía se tambaleaba, en España pesó con notable fuerza la mezcla de sentimientos de derrota, orgullo y traición. Al Estado español le fue costoso reconocer que sus antiguas colonias se habían convertido en estados independientes ya que ello implicaba aceptar de una vez por todas la desaparición de su Imperio y con ello, el papel de liderazgo que hasta entonces había tenido en Europa, aún cuando las ideas y movimientos liberales que entonces se venían propagando ya estaban cambiando de hecho su papel en el concierto europeo. Ni siquiera durante el “Trienio Liberal” el gobierno aceptó el fenómeno de la independencia. Los diputados a las Cortes con mentalidad liberal sólo estaban dispuestos a otorgarles a los hispanoamericanos mayor libertad y autonomía de la que habían tenido hasta entonces dentro de una nueva estructura constitucional española, mas no una liberación total. Además, existía un impedimento jurídico: la Constitución de Cádiz contenía normas que prohibían admitir que ciertas porciones del territorio español fueran reconocidas por la Corona como estados soberanos dado “El carácter indivisible del Reino” (art. 174).


3 El artículo 173 de esa constitución prohibía expresamente al Rey “enajenar, ceder o permutar parte alguna del territorio español”. Junto a esos sentimientos, en España se impuso la actitud de intransigencia del rey Fernando VII. El monarca no se resignó a la independencia americana, se negó a renunciar a los que consideraba derechos seculares de propiedad, y puso todo su esfuerzo en reconquistar sus antiguas posesiones. Si bien la intolerancia de la Corona cesó tras la muerte del Rey en 1833, España continuó unos años más reticente a una normalización plena de relaciones con las nuevas repúblicas. Fue en 1866 que renunció en forma definitiva a su sueño de reconquista. Al igual que sucedió entre los españoles, la cruenta guerra de independencia también esparció sentimientos negativos entre los venezolanos. El rencor en contra de la Madre Patria generó que el primer gobierno de la nueva República expidiera decretos de expulsión a los españoles residentes en el territorio nacional. En principio, los venezolanos no querían saber nada de sus antiguos dominadores. Sin embargo, el Estado venezolano siempre mostró mayor interés, disposición y paciencia que España en las negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas. Es que desde el mismo momento de la declaración formal de Venezuela como República, en 1811, los líderes de la independencia entendieron que España era uno de los países de Europa cuyo acercamiento podía ser más provechoso para la vida política, jurídica y socio-económica del nuevo Estado. “España –afirmó Simón Bolívar en una oportunidad− es la llamada a poblar nuestros desiertos de América”. En realidad, Venezuela fue la que siempre tomó la iniciativa de negociar un posible tratado de reconocimiento. De allí que, en 1820, apenas se suscribieron los tratados de Armisticio y Regulación de la Guerra ya citados, Simón Bolívar como Presidente de Colombia, se apresurara a establecer contactos diplomáticos con la Corona y los liberales españoles a fin de lograr el reconocimiento de España de la Gran Colombia como Estado libre, soberano e independiente. En esa ocasión, el Libertador también ofreció al gobierno español la posibilidad de otorgarle ventajas comerciales y a los españoles que vivían en el país el otorgamiento de derechos de ciudadanos con opción a empleos públicos. Incluso, el 24 de enero de 1821, Bolívar le envió una carta al rey Fernando VII argumentándole la conveniencia para ambos pueblos de que la Corona reconociera la existencia de Colombia, aunque todas estas tentativas quedaron suspendidas al producirse la derrota del Ejército español en la batalla de Carabobo. Posteriormente, ya separada de la Gran Colombia, el gobierno venezolano –ahora bajo la primera presidencia del General José Antonio Páez- intenta un nuevo acercamiento diplomático realizando algunos gestos de buena voluntad hacia España. Así, en 1830, el Congreso venezolano realizó cambios legislativos por medio de los cuales se permitió la entrada de barcos españoles a puertos


nacionales; mientras que en 1831 no sólo derogó la circular del general Simón Bolívar, del 9 de agosto de 1828, que prohibía a los españoles contraer matrimonio con venezolanas, sino que también permitió la inmigración de españoles canarios a nuestro país bajo la justificación de que la República necesitaba sustituir las bajas en la fuerza de trabajo sufridas con motivo de la guerra de independencia. Luego, el 29 de abril de 1832, el Ejecutivo Nacional dictó un decreto que permitía la importación de productos de España. A pesar de todo ello, el gobierno venezolano tuvo que esperar hasta la muerte de Fernando VII, en 1933, para reiniciar los contactos con España en búsqueda del ansiado reconocimiento como nación independiente y soberana. Y en efecto lo hizo con celeridad y contundencia. En noviembre de 1833, a un mes de la muerte de El Deseado o Rey Felón, el presidente José Antonio Páez, previa autorización del Consejo de Gobierno, nombró al general Mariano Montilla como primer Comisionado para hablar con el embajador español en Gran Bretaña sobre el reconocimiento de la independencia de Venezuela por parte de España. Tan importante consideraba el general Páez el asunto del reconocimiento, que en su Mensaje Presidencial al Congreso Nacional del 20 de enero de 1835 llegó a decir que “el reconocimiento español sería el único servicio que quizás se atrevería a recordar con orgullo”. Sin duda, el Presidente sabía muy bien que ese servicio del cual hablaba no sólo le significaría a Venezuela una inmediata y prestigiosa posición internacional, haciendo indiscutible su presencia en la Comunidad de Naciones, sino que le abriría las puertas del mercado español a uno de nuestros principales productos de exportación, el cacao. Para ese momento, España era de hecho el principal comprador del cacao venezolano1 pero entre los dos países no podía darse una negociación formal hasta que se suscribiera un Tratado de Comercio y Navegación el cual suponía, previamente, el reconocimiento de Venezuela como una nación soberana por parte de España.

El largo y complejo proceso de negociación del Tratado En el proceso de negociación y ratificación del Tratado de Amistad y Reconocimiento propiamente dicho, el cual duró 12 años -de 1833 a 1845podemos distinguir varias etapas, influyendo en todas ellas el difícil momento histórico que vivió España con el conflicto entre absolutistas y liberales y las guerras carlistas, que mantuvieron al reino en permanente inestabilidad política.

1 Aun cuando desde los primeros años de la independencia España y Venezuela mantuvieron el intercambio de alimentos y mercancías, el grueso del comercio venezolano se dirigía a Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Holanda.


5 La primera etapa, que se da entre los años 1833 y 1834, es la que realiza el General Mariano Montilla en Londres, quien fue nombrado como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario no sólo para tratar el asunto del reconocimiento de la independencia de Venezuela por parte de España, sino con el propósito de restablecer las relaciones de amistad con Inglaterra y Francia. La misión de Montilla tuvo un carácter eminentemente exploratorio y preliminar. El Comisionado no pudo ni siquiera realizar la visita prevista a Madrid porque el Congreso venezolano le negó los fondos necesarios para el viaje. La insuficiencia presupuestaria debido a la precaria situación económica que vivía Venezuela en esos años afectó esa primera misión, aunque la disculpa formal ante Inglaterra y España fue la condición de salud del General Montilla, que lo hizo dimitir. No obstante, la acción diplomática de Montilla sirvió para establecer las bases necesarias para las próximas tentativas de negociación con España. La segunda etapa de la negociación diplomática abarca los años 1835 a 1837 y tuvo como Comisionado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario al general Carlos Soublette quien, bajo los auspicios de la Gran Bretaña -muy interesada en apoyar a Venezuela- logró viajar a Madrid y entablar conversaciones para tales fines con seis presidentes del Consejo de Ministros españoles: Francisco Martínez de la Roa, Juan de Dios Mendizábal, José María de Queipo y Llano, el conde de Toreno y José María Calatrava. Durante casi dos años, negoció el reconocido prócer de la Independencia y Presidente de la República entre 1843 y 1847 con los representantes de los diversos gabinetes que se sucedieron alternativamente, a causa de la guerra entre cristinos y carlistas. Carlos Soublette logró que se discutieran las bases de un primer acuerdo de reconocimiento pero éste no fue suscrito porque presentaba condiciones inaceptables para los intereses de Venezuela, tales como el de las indemnizaciones. En ese momento la monarquía española necesitaba fondos y por ello reclamaba indemnizaciones para formular el reconocimiento. Venezuela, por su parte, no podía desviar el reducido presupuesto con que contaba para ello, ya que lo necesitaba íntegramente para cumplir con obligaciones internacionales. Al regresar a Caracas, luego de suspender las negociaciones con el gabinete español, Soublette expresó su desencanto con estas palabras: “he visto inutilizados mis esfuerzos de 19 meses con el ultimátum español, y ojalá que S.E. el Presidente y todos mis conciudadanos me hagan la justicia de reconocer que no ha sido por falta mía que las negociaciones entabladas no han tenido una terminación más feliz”. (Rojas, 1965:34). La tercera etapa del proceso de negociación, entre 1937 y 1839, tuvo la característica de ser una acción diplomática a distancia, efectuada desde Venezuela por el propio General Soublette, para ese momento Presidente de la República encargado. Es de recordar que la Constitución de 1830 facultaba al Presidente para dirigir las negociaciones diplomáticas, además de celebrar tratados de tregua, paz, amistad, alianza ofensiva y defensiva, neutralidad y comercio, así como para nombrar a Ministros Plenipotenciarios. A instancias del propio Soublette


y por la mediación del ministro británico en España, Lord Clarendon, Venezuela y España acordaron la reanudación del comercio directo entre los dos países. La cuarta y última etapa de la negociación –entre 1839 y 1945- es cuando se da la firma propiamente dicha del Tratado de Reconocimiento y Paz, realizada en Madrid por los representantes plenipotenciarios Alejo Fortique por parte de la República de Venezuela y Francisco Martínez de la Rosa, por la Reina Isabel II de España. Las negociaciones entre ellos fueron largas y duras, pero en ellas se impuso la diligencia y el talento diplomático de ambos ministros, quienes terminaron haciéndose grandes amigos. El texto del Tratado consta de 20 artículos y se inicia reconociendo que, dado que ya existen buenas relaciones entre los ciudadanos venezolanos y los súbditos españoles, es necesario terminar de borrar los vestigios de la guerra de independencia y sellar formalmente la reconciliación y la paz entre los dos Estados. Y de seguidas, en el primer y segundo artículos, queda establecido expresamente que la Corona Española renuncia a “la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela” (Art. 1) y, por otra parte, reconoce a Venezuela como nación libre, soberana e independiente (Art. 2). En contraste con lo tardío de su negociación diplomática, el acuerdo logró una pronta aprobación. El Congreso y el Ejecutivo venezolano lo ratificaron en mayo de ese mismo año. Y en 1846, se dio el canje de ratificaciones en Madrid (el 22 de junio), así como la firma de una explanación (el 7 de agosto) relativa al artículo quinto del Tratado de Paz y Reconocimiento firmado un año antes, pero esta vez bajo la representación de Francisco Xavier de Iztúriz, Primer Secretario de Estado de Su Majestad Católica, y de Fermín Toro, Enviado Extraordinario de la República venezolana. Junto con varios autores, somos de la opinión de que el tratado de 1845 no fue el ideal para los intereses venezolanos, ya que para lograr que la Corona finalmente renunciara a sus pretensiones de soberanía sobre el territorio de su ex colonia y reconociera su independencia, el Estado venezolano tuvo que ceder en varios puntos y asumir la deuda española que existía antes de declararse independiente. El artículo 5to. del tratado establece que “La República de Venezuela, animada de sentimientos de justicia y equidad, reconoce espontáneamente como deuda nacional consolidable la suma a la que ascienda la deuda de Tesorería del Gobierno español que conste registrada en los libros de cuenta y razón de las tesorerías de la antigua Capitanía General de Venezuela o que resulte por otro medio legítimo y equivalente”. Asimismo, el Estado venezolano tuvo que admitir la devolución o indemnización, según el caso, de los bienes y propiedades confiscadas durante la guerra, como bien lo estipulan los artículos 6, 8 y 9 del tratado. El artículo octavo establece en


7 forma particular que por los bienes que hubiesen sido vendido o enajenados, el Estado le otorgaría a sus dueños o sus sucesores legítimos una indemnización “en papel de la deuda consolidable de la República, ganando el interés de tres por ciento anual…o en tierras pertenecientes al Estado”. (Art.8) No obstante, fue un acuerdo favorable, el mejor que pudo hacerse según las circunstancias imperantes, como analizaremos posteriormente, y en virtud de la posición de firmeza que mostraban las autoridades españolas en cuanto a sus pretensiones, que en síntesis eran las siguientes: que el gobierno venezolano admitiese como suyas las deudas que el gobierno español había contraído mientras mantuvo el territorio venezolano bajo se jurisdicción; que las propiedades confiscadas a españoles les fueran devueltas o en su lugar se les pagase una indemnización; y que también se indemnizara a quienes habían sufrido perjuicios por causa de la guerra (Polanco Alcántara, 1980:98). La posición española se endureció aún más después de haber firmado con México el Tratado de Reconocimiento del 28 de diciembre de 1836, el cual fue aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente mexicano y la Reina Gobernadora de España, en 1937. En este Tratado, que sirvió de modelo para las negociaciones españoles con el resto de los países americanos, México reconocía voluntariamente como deuda nacional parte de la deuda española contraída durante el Virreinato y aceptaba tanto la devolución como la indemnización a sus legítimos propietarios de las propiedades confiscadas durante la guerra. Además, España también tuvo que ceder en algunos puntos. Como bien señala el historiador Tomás Straka, “Venezuela cede en lo de las confiscaciones pero España ha de diferenciar entre los súbditos españoles y los ciudadanos venezolanos, siendo responsabilidad de la república satisfacer sólo a los segundos, y devolviéndoles los bienes sólo en los casos de los ciudadanos que se mantuvieran aún bajo el control del Estado”. (Straka, 2004:42) Pero no sólo el Tratado de 1845 fue favorable, sino el convenio complementario al Tratado, el suscrito el 7 de agosto de 1846, porque allí el gobierno venezolano logró que España aceptara el cálculo de la deuda hasta 1811, no más acá como quería en principio. En efecto, el artículo primero de ese convenio dice textualmente: “La fecha hasta la cual la República de Venezuela reconoce la deuda de Tesorería de que habla el mencionado artículo quinto es la de cinco de julio de mil ochocientos once”. Con este acuerdo nuestro país salió más favorecido que los otros países latinoamericanos que celebraron tratados análogos con España, como fueron los casos de México, Ecuador, Uruguay y Chile. Para el historiador venezolano Armando Rojas, “Semejante triunfo no sólo significaba ahorros para el erario público, sino el reconocimiento explícito de Venezuela como país soberano a partir de la fecha gloriosa de la declaración de independencia por el Congreso de 1811.” (Rojas, 1965:63).


El historiador Pedro Manuel Arcaya, en su libro Historia de las reclamaciones extranjeras contra Venezuela, también califica como éxito venezolano el que el Tratado de 1845 no haya reglamentado reclamaciones de carácter internacional, sino que sólo haya establecido los procedimientos administrativos que debían seguir los súbditos españoles o ciudadanos venezolanos, a quienes les correspondiese indemnización del Estado venezolano por daños ocasionados durante la guerra de independencia. En sus palabras: “El Tratado de 1845 permitía a los perjudicados por secuestro de bienes de imposible devolución, reclamar de Venezuela la indemnización correspondiente, más lejos de hacer ninguna distinción entre reclamantes venezolanos y españoles cuando de unos y otros se habían secuestrado bienes durante la guerra, establecía expresamente que los últimos debían seguir el mismo procedimiento que nuestros nacionales. Habría podido pautarse una forma de proceso internacional o diplomático según el cual se examinasen por separados las reclamaciones de los españoles, de modo que haberlo evitado y obtenido su completa equiparación a la de los venezolanos realistas, fue un gran éxito del negociador Fortique.” (Arcaya, 2000:34). En todo caso, el tratado fue bien recibido por la sociedad venezolana aunque la oposición política en contra del gobierno conservador del General Carlos Soublette, representada en el Partido Liberal recién creado en 1840, lo atacó muy duramente, calificándolo de indefinido, vago e impreciso especialmente por no indicar el monto que debía pagarse de la deuda. Sin embargo, después de haberse suscrito el convenio complementario al Tratado, en 1846, el propio líder del partido, Antonio Leocadio Guzmán, reconoció que era “bueno”, aunque pusiese haber sido infinitamente mejor.

Los primeros pasos de la relación bilateral El acuerdo entre España y Venezuela, sin embargo, no trajo de inmediato el buen entendimiento entre ambas naciones. Las relaciones bilaterales se fueron construyendo de a poco, con significativos retrocesos, contradicciones y avances. A pesar de las estrictas recomendaciones del gabinete español a sus Encargados de Negocios en Venezuela de mantener la mayor discreción y moderación diplomática, varios de ellos tuvieron conflictos con los gobiernos venezolanos al tratar de hacer satisfacer los derechos y reclamaciones de sus súbditos, especialmente los pertenecientes a la numerosa colonia de canarios, ante las autoridades venezolanas. Como el Tratado de 1845 no reglamentaba reclamaciones internacionales, sino que creó a favor de los perjudicados por secuestros efectuados durante la guerra el derecho de una indemnización que se acordaría mediante un procedimiento puramente administrativo ante las autoridades venezolanas, varios súbditos


9 españoles a quienes no se les había atendido su solicitud presentaron sus reclamos a través de la legación española en Venezuela. Los relativamente pocos reclamos presentados a través de la legación entre 1847 y 1858, fueron pagados en billetes de la deuda interna de Venezuela de acuerdo con lo que estipulaba el tratado del 45. Según la Memoria del Ministerio de Hacienda venezolano correspondiente a 1853, el Estado reconoció la suma de dos millones veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos por el total de créditos de venezolanos realistas y de españoles. Los conflictos militares que se sucedieron entre 1848 y 1849 bajo la primera presidencia del general José Tadeo Monagas, originaron las primeras reclamaciones internacionales por parte del gobierno español contra Venezuela. Varios súbditos españoles reclamaron indemnizaciones por pérdidas materiales y perjuicios de varios tipos, producto de los enfrentamientos políticos y militares, ante el Estado venezolano a través de la legación española. El 13 de octubre de 1851, el Encargado de Negocios de España en Caracas y el Secretario de Estado de los despachos de Interior y Relaciones Exteriores de Venezuela, suscribieron un tratado por medio del cual el gobierno nacional se comprometía a satisfacer a la orden de la legación española la cantidad de treinta y cinco mil pesos, en lugar de la de ochenta y tres mil ochocientos nueve pesos, cuarenta y un centavos, a que ascendían los reclamos. Con ello, quedaron concluidos todos los reclamos y se conservaron las relaciones entre los dos países. No obstante, las demoras y atrasos en el pago de la suma reconocida en el tratado, dio origen a un nuevo convenio diplomático en 1855 por el cual se obligó al gobierno venezolano a satisfacer la deuda al Encargado de Negocios español con pagos mensuales. La Guerra Federal causó nuevos daños y perjuicios a extranjeros, entre ellos a españoles. De allí que el 20 de octubre de 1859 los ministros de Inglaterra, Estados Unidos y España hayan dirigido una nota al gobierno venezolano planteando nuevas reclamaciones. No obstante, la cancillería del presidente Julián Castro, basándose en un decreto nacional de 1854, sólo aceptó reconocer los daños causados por las autoridades legítimas a los extranjeros. Los demás, los causados por el bando federal, debían ser presentados ante los tribunales civiles. Esta decisión venezolana suscitó una larga controversia política y jurídica entre la Corona y el gobierno venezolano, porque España reclamaba por el asesinato de españoles canarios que habían sido robados y muertos por los revolucionarios federales. La negativa del gobierno venezolano, ahora bajo el mando del presidente Manuel Felipe de Tovar, trajo como consecuencia que el 10 de septiembre de 1860 el entonces Encargado de Negocios de España abandonara nuestro país y dejara los negocios españoles a cargo del Encargado francés. Inclusive, ese año los buques de guerra españoles Blasco de Garay y Habanero fueron enviados al Puerto de La Guaira, principal puerto venezolano, para apoyar los reclamos de ciudadanos españoles. El restablecimiento de relaciones se dio un


año después, cuando el 12 de agosto de 1861 ambos gobiernos celebraron el Convenio de Santander, por medio del cual se estipuló, entre otros asuntos: “Que el Gobierno de la república indemnizaría a los súbditos de S.M.C. de los daños que les hubieren causado sus autoridades o las fuerzas que de él dependieren, con arreglo a las pruebas que adujeren los interesados.” (artículo primero) “Que los autores y cómplices de asesinatos cometidos en súbditos españoles serían perseguidos y castigados con arreglo a las leyes.” (artículo segundo) (Arcaya, 2000:264) Pero una nueva interrupción de relaciones se produjo en marzo de 1863 cuando el nuevo Encargado de Negocios español, don José Zambrano y Viana, insistió en quejas y reclamaciones ante el último gobierno de José Antonio Páez. Sin embargo, no duró mucho la nueva ruptura diplomática. En esta oportunidad el gabinete español se movió rápidamente y designó en mayo de ese mismo año a don Juan Antonio López de Ceballos como su nuevo representante, lo cual también fue aceptado prontamente por el gobierno venezolano. López de Ceballos volvió a encauzar el asunto de las reclamaciones por la vía diplomática y después de varias discusiones, España y Venezuela suscribieron un nuevo tratado que provisionalmente arregló éstas y otras controversias. Firmado el 17 de abril de 1865, ese tratado fue fuertemente cuestionado en Venezuela porque reconocía provisionalmente la deuda de dos millones de pesos de la misma forma que se había hecho con Francia. Mas el convenio tampoco gozó de mucha aceptación en España. Para el libelista español Cristóbal M. González, se trató de “un arreglo preliminar absurdo y monstruoso, que perjudicó altamente a los españoles y los situó en peor condición de la que tenían.” (Arcaya, 2000:279). En realidad, el tratado no resolvía nada en definitivo sino que establecía un máximum del cual no podía exceder la responsabilidad de Venezuela. De modo que el asunto de las reclamaciones se vino a resolver en forma definitiva mediante el Protocolo del 24 de febrero de 1874, que suscribieron en Madrid el doctor José María Rojas por parte de Venezuela y don Donato Álvarez de Lorenzona por parte de España. Es evidente que ya para esta fecha había gran disposición y buen ánimo de entendimiento entre las dos naciones. Meses antes, el 30 de agosto de 1873 el Ministro Plenipotenciario de España en Caracas, García Cortés, razonaba así ante el Presidente de la República de Venezuela: “El Gobierno de la República española desea ardientemente que dos pueblos, hermanos por su origen y su lengua, y ahora tan afines por sus instituciones, consoliden cada vez más su amistad y su buena inteligencia, que el cambio de sus ideas adquiera un grande desarrollo y, sobre todo, que el comercio, este vínculo que tanto liga a las naciones civilizadas, se fomente en alta escala entre ambos países.” (Gutiérrez Cuadrado, 2007)


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Los últimos años del siglo XIX Con todo, las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela se fueron encausando y ello le dio un impulso a las relaciones comerciales y culturales, así como a las corrientes migratorias. Era lógico que así fuera, después de tantos siglos de historia común. Porque a pesar de ser ahora Venezuela una entidad cultural y política autónoma, tenía una herencia hispánica imborrable que se manifestaba en la lengua, la religión, el derecho, la política, la cultura, las costumbres, el arte, la literatura, la arquitectura, y en la continua inmigración de peninsulares y canarios hacia nuestro país, la cual apenas cesó por breve tiempo, como señalamos en líneas precedentes. Además, fueron muchos “los españoles americanos”, como se les llamaba, los que se quedaron en Venezuela durante y después de la guerra haciendo, incluso, vida política. Consciente de esa herencia, entre 1870 y 1888, el presidente Antonio Guzmán Blanco hizo todo lo posible para potenciar la relación bilateral y en general los vínculos entre Venezuela y Europa. Cabe recordar que el "Ilustre Americano" tuvo especial preferencia por las relaciones internacionales. Aunque en forma distinta y en menor grado, Venezuela y la América Latina también estaban presentes en España. De allí que luego que la Corona española renunciara al sueño de la reconquista americana estimulado básicamente por grupos conservadores, se iniciara un movimiento panhispanista orientado a crear una coalición de naciones que hablasen español en ambos lados del Atlántico; a desarrollar la idea de “raza española” en Hispanoamérica; a revitalizar el intercambio comercial entre ambos mundos; y a estimular el sentimiento antiestadounidense de los latinoamericanos a objeto de frenar el avance de Washington en el Caribe, el cual ponía en peligro a las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico. Para el historiador Carlos Rama, “esta visión diplomática de la restauración es una especie de ´imperialismo pacífico´ relativamente modesto, si se le comparaba con el que implementaban por entonces norteamericanos y franceses en relación a la misma América Latina.” (Rama, 1982:175). El citado movimiento panhispanista se nutrió de y fue estimulado por varios pensadores y políticos liberales progresistas que en general defendían los proyectos republicanos americanos en el periódico La América (1856), así como por la burguesía comercial catalana y andaluza que buscaban recuperar los mercados latinoamericanos. Uno de los intelectuales españoles más convencidos de la necesidad de un acercamiento efectivo entre España y América Latina, incluso del mantenimiento del Imperio español en el continente americano, fue Benito Pérez Galdós, quien en su artículo “Las dos razas del Nuevo Continente” conminaba a España a “establecer con las naciones americanas, a que estamos unidos por lazos de entrañable parentesco, todas las relaciones morales y comerciales que nos sean posibles. Su diplomacia, la emigración, el tráfico, las


relaciones literarias y académicas, todo debe concurrir al mismo fin.” (Rama, 1982:194) A finales del siglo XIX, el Ministerio de Asuntos Exteriores español desarrolló una vasta campaña de acercamiento con los países hispanoamericanos. Fue la denominada Unión Iberoamericana, que en gran parte tenía el objetivo de desafiar las propuestas de Estados Unidos de Unión Panamericana y de Francia, Unión Latina. Lanzada oficialmente en 1884, en la Universidad de Madrid, la Unión Iberoamericana − fusionada en1890 con otra sociedad semioficial, la llamada Unión Hispanoamericana− colaboró en la organización del IV Centenario del Descubrimiento de América y patrocinó el Congreso Social y Económico Iberoamericano, celebrado en 1900. En el marco de ese centenario de 1892, el gobierno español estimuló la visita de representantes latinoamericanos a esa nación, así como su participación activa en los festejos que se llevaron a cabo en Madrid, Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva. Representantes del gobierno y académicos venezolanos no dejaron de estar presentes en esos actos, lo cual ayudó a la profundización de las relaciones diplomáticas y culturales entre ambos países. De hecho, el mayor entendimiento entre España y Venezuela explica que en 1881 se le haya requerido al reino el arbitraje en cuestiones de límites entre Venezuela y Colombia, aunque el Laudo finalmente dictado el 16 de marzo de 1891 por la Regente María Cristina resultó desfavorable para nuestro país, al punto que el mapa de Venezuela se redujo notablemente. Años antes, en 1865, la reina Isabel II había cumplido papel de árbitro en la disputa de Venezuela y el reino de los Países Bajos por la isla de Aves, pero en este caso sí salió favorecida Venezuela. En todo caso, lo expuesto hasta aquí demuestra cómo en forma paulatina se fueron borrando en España y en Venezuela los rencores y demás efectos negativos dejados por la cruenta guerra de independencia y se fue imponiendo entre ellos la reconciliación, el entendimiento y el intercambio político, económico y cultural.

Venezuela-España: dos siglos de relación bilateral  

Texto de María Teresa Romero para Código Bicentenario

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