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La respuesta del Estado frente al daño colectivo e individual del movimiento sindical colombiano debe estar orientada al fortalecimiento de los Derechos Humanos de la clase trabajadora59. Así, la propuesta debe permitir la promoción y materialización de los derechos: a la asociación sindical, la contratación colectiva, a la huelga, a la vida de los trabajadores y trabajadoras sindicalistas, a la verdad, la justicia y la reparación transformadora, en una perspectiva integral, es decir, que considera a todos los Derechos Humanos como indivisible e interdependientes de tal forma que no existen jerarquías entre derechos. Por el contrario todos los Derechos Humanos se relacionan de manera tal que es imposible que se pueda alcanzar el ejercicio pleno de un derecho sin alcanzar el ejercicio pleno de los demás. Entonces puede afirmarse que “la integralidad de los Derechos Humanos tiene que ver con que la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos Derechos Humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades también fundamentales.”(Mesa Cuadros, 2010, 47). En tanto que dividir los derechos en categorías, sin atender a su complejidad, abre espacios para la vulneración de algunos de ellos y, además, empobrece el concepto de la persona. (Herreño Hernandez, 2008, 24)60 La reparación integral es indisoluble de la garantía del goce efectivo de los derechos (GED) a la verdad y a la justicia61. Los derechos a la

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reparación es simbólica porque: i) “pretende una compensación que siempre es un desplazamiento desde el daño real hacia un acto de justicia [y] pretende representarlo en magnitud cualitativa o cuantitativamente” y ii) “no es aquello que se ha perdido, sino que lo representa… en este caso, esa «otra cosa» está más vinculada a lo nuevo del acto de justicia que a la restitución de lo perdido [por cuanto]... sólo se puede reclamar justicia, a partir del reconocimiento de que algo se ha perdido irremediablemente” (Guilis, 2006, p. 100). El mismo Conpes 3726 establece que el programa de reparación colectiva debe contener las reformas institucionales para fortalecer el Estado Social de Derecho, la participación política, la focalización de política pública y la inversión para el goce efectivo de derechos fundamentales.

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Similar postura esgrime Donnelly (1998) quien señala que los derechos sociales y económicos se violan mediante los mecanismos políticos de la exclusión y dominio que controla una elite, o en colusión con ellos.

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Por ejemplo, los indicadores GED sobre los derechos a la Verdad y a la Justicia adoptados por la Corte Constitucional en el ámbito del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 (Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la población

verdad y a la justicia tienen un contenido de satisfacción moral para las víctimas toda vez que comparten un elemento común cuál es el de garantizar el esclarecimiento de las causas, motivos, circunstancias, autores y responsables de las violaciones. Este punto de confluencia entre el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, permite vislumbrar la existencia de una verdad de carácter judicial que debe expresarse en íntima relación con formas de verdad dialógica o social. Estos derechos son prerrogativas tanto de las víctimas individualmente consideradas (en virtud de su derecho a conocer en el caso concreto y a obtener, como forma de satisfacción, una sentencia judicial que reconozca el daño, el deber de reparar y las sanciones pertinentes) como de la sociedad (en tanto establecen el deber de memoria para que la sociedad reconozca la realidad de su pasado y ejerza las sanciones morales, sociales y jurídicas para evitar que vuelvan a ocurrir).

Dignidad, derechos laborales y libertades sindicales La dignidad humana es el fundamento axiológico e histórico de la afirmación de los Derechos Humanos como conquista de los pueblos e individuos frente a la arbitrariedad y la atrocidad. De esta manera, es el principal valor constitucional que se encuentra vulnerado mediante las violaciones manifiestas a los derechos de las personas. Así, resulta indispensable reiterar que el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En palabras de la Corte Constitucional (1998), la dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal (…) equivale, sin más, a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana.

En este caso, la dignidad, como exigencia del trato humano y como elemento que iguala a los individuos que pertenecen a una misma sociedad víctima de desplazamiento forzado) están vinculados a los de reparación. A su vez, éstos exigen que, en materia de justicia, “todos los desplazamientos masivos registrados hayan sido objeto de denuncia penal”, “los autores materiales e intelectuales de desplazamientos forzados masivos registrados han sido condenados penalmente” y que, en materia de verdad, “todas las víctimas de desplazamiento forzado interno conozcan la verdad completa de lo ocurrido a través de un programa gubernamental de difusión de la verdad” y “todas las víctimas de desplazamiento forzado interno conozcan la verdad completa de lo ocurrido a través del proceso judicial” (Corte Constitucional, 2008c).

Elementos básicos para una política pública de reparación integral transformadora de las víctimas del movimiento sindical en Colombia

Integralidad de los derechos

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Sindicalismo es Democracia  

La reparación individual y colectiva de las víctimas del movimiento sindical constituye un desafío especialmente significativo, dadas las ca...

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