Page 28

un escenario complejo para llevar a cabo la reparación del movimiento sindical, pues implica primero tener en consideración hechos victimizantes que en principio la ley 1448 no cobija en su ámbito de aplicación y segundo realizar transformaciones estructurales en el orden jurídico y en la institucionalidad del Estado.

Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que al debilitamiento de las organizaciones sindicales y del movimiento sindical en su conjunto contribuyeron no solo la victimización del que este ha sido objeto sino también a la implementación de una serie de normativas que promovieron la tercerización laboral y desincentivaron o impidieron el ejercicio del derecho de asociación30 y la negociación colectiva31; así mismo la victimización del movimiento sindical se conjugó con prácticas antisindicales promovidas por los empleadores y empleadoras32. Lo cual siguiere

La ley 1448 de 2011 fue anunciada públicamente como una “ley de víctimas” en el marco de la llamada justicia transicional, en tanto respuesta institucional al déficit de goce efectivo de derechos de las personas que han padecido daños causados por graves vejámenes a la dignidad humana. Esta respuesta debe verse enmarcada en un conjunto de normas y de decisiones que involucran leyes anteriores y lo más importante: la jurisprudencia constitucional actualmente existente en materia de reparación, verdad y justicia, basada principalmente en normas, decisiones y principios que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y dentro de este ultimo los convenios de la OIT, que representan obligaciones internacionales de irrestricto cumplimiento para las distintas ramas del poder público.

30

Sindicalismo es democracia

31

54

32

Frente al derecho de asociación los obstáculos normativos resultan ser sumamente excluyentes, por una parte todos los órganos de control de normas de OIT se han expresado de manera fuerte frente a la interpretación que ha realizado el Ministerio de Protección Social mediante la cual, solo gozan de derecho de asociación trabajadores que tengan contrato de trabajo, excluyendo del derecho de asociación a informales, trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, o contratos de prestación de servicios, entre otras muchas figuras alternativas al código sustantivo de trabajo. Así, según la base de datos de la ENS, en el 2011 el número de afiliados a organizaciones sindicales se incrementó en 2.3%. Pero como creció más el empleo, el resultado es un descenso de la tasa de sindicalización respecto de la población ocupada con potencialidades de sindicalización: del 4.5% en el 2010, bajamos al 4.4% en el 2011, una de las tasas de sindicalización más bajas del planeta. (CUT, CTC, & CGT, 2012) La limitación a la negociación colectiva de empleados públicos implica una discriminación directa que atenta contra los convenios fundamentales ratificados por Colombia, en especial el 151 por cuanto el decreto 1092 de mayo 24 de 2012 fue expedido ad portas del inicio de la 101 Conferencia Internacional del Trabajo, no corresponde en su conjunto a las aspiraciones de movimiento sindical, ni a los acuerdos y compromisos enunciados por el Ministro ante la 100º Conferencia, en el sentido que el Decreto se expediría teniendo en cuenta los aportes realizados por las federaciones de empleados estatales y las centrales sindicales. (CUT, CTC, & CGT, 2012) También se tienen obstáculos al ejercicio de la negociación colectiva como las maniobras realizadas por empleadores inescrupulosos sustentados en una legislación contraria a los convenios, genera un daño en la práctica, tales como la posibilidad de firmar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados a pesar

EL MARCO NORMATIVO DE LA REPARACIÓN

La reparación por daños causados con ocasión de la ocurrencia de graves violaciones a derechos humanos, constituye un derecho fundamental, conforme a la jurisprudencia actualmente vigente de la Corte Constitucional (2006a y 2007). De hecho, la reivindicación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral obedece a una doctrina de carácter constitucional, frecuentemente invocada por la Corte Constitucional a través del empoderamiento de los Principios internacionales sobre los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas a normas del derecho internacional de los derechos humanos, a hacer reclamaciones y a que se haga justicia en el caso concreto, en el marco de la lucha contra la impunidad y el cumplimiento de los convenios de la OIT, como parte del bloque de constitucionalidad33.

de que exista organización sindical, o la negativa sistemática a negociar de buena fe. (CUT, CTC, & CGT, 2012) 33

Según la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato

Elementos básicos para una política pública de reparación integral transformadora de las víctimas del movimiento sindical en Colombia

Es así como en el sindicalismo se evidencia en términos generales, cuatro cosas,: i) una pérdida de los espacios de reivindicación laboral y de los escenarios para ejercer el activismo como proyecto político de vida (falla de representación); ii) pérdida de agencia perversamente reproducida por el asistencialismo de Estado y el padrinazgo ilegal (despersonalización relacionada con fallas de distribución); iii) corrosión de tejidos sociales y asociativos que genera a su vez, la pérdida de identidad; iv) estigmatización, criminalización e invisibilización (falla de reconocimiento)

55

Sindicalismo es Democracia  

La reparación individual y colectiva de las víctimas del movimiento sindical constituye un desafío especialmente significativo, dadas las ca...

Sindicalismo es Democracia  

La reparación individual y colectiva de las víctimas del movimiento sindical constituye un desafío especialmente significativo, dadas las ca...

Advertisement