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MAGAZINE MCP Herramienta para el Ejercicio Profesional LEY Nº 7.547

Año 1975 – 2015

40 años al servicio de los colegiados Nº 05 – Año 2 – Marzo 2016

Editorial

Institucional

Tribunal Disciplina

Tribunal Arancelario

Instituto de corretaje

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Instituto Gremial, Incumbencia y Mediación

Instituto de Subastas Judiciales

Instituto de Subastas Oficiales y particulares

Instituto de Tasación y Valuación

Jurisprudencia

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MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016

Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional Órgano Informativo Trimestral Año 02 – Nº 005 – Marzo 2016

Índice:

Editorial  Mensaje del MCP Marciano Bertuzzi – Presidente del CMCPSF…………………………………………………………………………………….

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Institucionales  Confirman que la posible existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede suspender el trámite de desalojo………….…….…………………..……….……………………

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Tribunal de Disciplina  Responsabilidad Civil y otras fuentes de obligaciones…..........

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Tribunal Arancelario  Primer Rematador del Río de la Plata…………………………………..

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Instituto de Corretaje  Ensayo - Contrato – Corretaje - Código Civil y Comercial - Libro III― Título IV ― Capítulo X - Participante: Norberto Rubén Crolla (Primera Parte) ……….………………………………………………………………………………

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Instituto Gremial, Incumbencia y Mediación  Estudio de títulos de donaciones hechas a herederos forzosos en el Código Civil de Vélez y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Primera Parte)..…………………….…….…….

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Instituto de Subastas Judiciales  Justicia Nacional - A Propósito de la Subasta Judicial y Su Nulidad - Graciela S. Rosetti (Segunda Parte).…………………..........

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Institutos de Subasta Oficiales y Particulares  ¿Cómo funciona el mercado de Arte? ………………………….……….

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Instituto Tasación y Valuación

Directorio MCP Marciano G. Bertuzzi MCP Pedro A. Búsico MCP Ramón Moreira MCP Carlos Poloni MCP Marcela Tesari MCP Eduardo E. Ismail MCP Carlos A. Cecchini MCP Gisella Casella MCP Alfonso Curet MCP Rómulo Miretti MCP Juan M. Cecchini MCP Stella Gagliano MCP Juan M. Escalante MCP Marcelo Sanguinetti Tribunal de Disciplina Tribunal Arancelario Instituto de Corretaje Instituto Gremial, Incumbencia y Mediación Institutos de Noveles Instituto Subasta Judiciales Instituto de Subasta Oficiales y Particulares Instituto de Tasación y Valuación Responsables: MCP Marciano G. Bertuzzi Diagramación y Compaginación: MCP Norberto Rubén Crolla COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS DE SANTA FE 3 DE FEBRERO 2717 3.000 - SANTA FE TELF.: 0342-4591884 www.martilleros.org.ar martillerosfe@arnet.com.ar

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Jurisprudencia  “El reconocimiento de la atribución provincial de reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, siempre que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos exigidos en la norma nacional” - Fallo CSJN 10/03/2015……….……………….………………………………………………….….

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El contenido de los artículos del presente órgano digital informativo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no es necesariamente compartido por los editores o por los integrantes del Equipo de Redacción. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe, acepta y fomenta la difusión de todos los puntos de vista sobre los temas tratados en esta publicación digital.

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código civil y comercial de la nación - Primera Parte …….…….…...

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 El valor probatorio de los instrumentos públicos en el nuevo


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Editorial

Colegiados:

AÑO II Nº 5 – Pareciera que esta significación fuese el título de un parágrafo, pero en realidad es la reseña que nos indica que cumplimos un año de aquella nuestra primer publicación en la que trasponíamos toda nuestra incertidumbre que fuera aceptada por el medio y con ello la esperanzas que después perdure en el tiempo. En principio y sin lugar a dudas, estos objetivos se han ido logrado y hoy son una realidad en la que cada día más un sin número de colegas se suman de distintas formas, y para otros es el medio idóneo que brinda en sus líneas herramientas para un mejor conocimiento y desarrollo profesional. Al cumplirse un año, no puedo mas que hacer un reconto, si se quiere, de lo expresado y anhelado oportunamente, y en ello expresar que seguimos manteniendo la idea rectora que nos llevó a dar a luz esta publicación institucional.

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Presentamos en éste nuestro número cinco, podríamos decir una edición especial, dado particularmente por el contenido de sus artículos,

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Como lo expresara, pretendemos poner al alcance de todos de forma rápida y económica, un material que brinde información sobre política institucional, sea de utilidad para el desenvolvimiento y desarrollo profesional; el que entiendo no debe agotarse solo en el hacer, sino que además, debe integrarse con nuestros pensamientos, nuestros puntos de vistas y nuestro análisis profundo respecto de las distintas materias que hacen a nuestra formación como así también adentrarnos y bucear en el universo de actividades que abarca nuestra profesión de Martillero y Corredor.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 cada vez más interesante y profundo, no solo de información, sino además de conocimiento, formación y capacitación. Esperamos seguir contando como hasta ahora, con su apoyo y colaboración, convocándolos nuevamente a sumarse en post de una identificación del conjunto dentro de la diversidad. Vaya mi reconocimiento y felicitaciones al colega que desde el anonimato aporta su tiempo y trabajo, como así también al Directorio del Colegio por su apoyo político y económico para que esta publicación sea una realidad, pero fundamentalmente a todos ustedes colegas y lectores, que con su interés nos dan ánimo para seguir trabajando en esta producción. ¡¡¡FELICITACIONES Y FELIZ PRIMER AÑO!!!

MCP, Marciano G. Bertuzzi Presidente Directorio

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Institucionales

Confirman que la posible existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede suspender el trámite de desalojo La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sostuvo que sería absurdo concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados o quienes posean interés legítimo para reclamar el desalojo, deban otorgar a los menores la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad. En la causa “R. y P. c/ G. V. M. E. y otros s/ Desalojo: otras causales”, el Ministerio Público Pupilar apeló la sentencia de grado que rechazó la excepción articulada por los demandado e hizo lugar a la demanda de desalojo interpuesta. Por otro lado, la decisión recurrida dispuso que “toda vez que los menores no son parte en las actuaciones se desestima la suspensión peticionada” sin perjuicio “de lo que oportunamente se resolverá ante un eventual lanzamiento”. La defensora de Menores de Cámara cuestionó lo decidido en punto a la admisión de la demanda de desalojo bajo apercibimiento de lanzamiento, argumentando que, la desocupación del inmueble que habitan sus representados y su familia, los dejaría “literalmente en la calle, afectando así sus derechos de neta raigambre constitucional”.

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La Sala D recordó en primer lugar que “deviene ajustado a derecho poner en conocimiento de la Defensoría de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de desalojo en el que podrían verse afectados los derechos de niños y adolescentes al tomarse conocimiento de tal circunstancia y establecer un plazo para compeler al desahucio, a fin de facilitar la labor del

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A ello, añadió que “es obligación del Estado garantizar el derecho a la vivienda adecuada y la prohibición de los desalojos forzados conforme con lo dispuesto por el artículo 11 inciso segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ONU, Comité de Derechos Económicos y Culturales”.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Ministerio Público en orden a verificar la necesidad de recurrir al auxilio de un programa de apoyo y efectuar gestiones necesarias ante la autoridad administrativa”. Sin perjuicio de ello, los camaristas aclararon que “la posible existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede suspender el trámite de desalojo”, debido a que “si esto se verifica, corresponderá recurrir a la autoridad administrativa pertinente para que brinde protección adecuada a los menores -en caso de que no puedan ser ubicados en una vivienda o lugar que garantice sus derechos constitucionales”. Los Dres. Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat precisaron que “de lo contrario, cada vez que existiera un menor en una vivienda que se desaloja, el derecho a recuperar el bien sería imposible, cosa que la ley no dispone, pues están en juego otros derechos constitucionales como el de propiedad”, remarcando que “sería absurdo concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados o quienes posean interés legítimo para reclamar el desalojo, deban otorgar a los menores la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad”. Con relación al caso bajo análisis, el tribunal destacó que “se han tomado distintas medidas encaminadas a dar una solución al problema habitacional de los menores, traducidas en el diligenciamiento de oficios a dependencias públicas encargadas de la búsqueda de soluciones al conflicto planteado en autos, es decir a la situación habitacional de los niños que habitan el inmueble objeto del reclamo”. Sin embargo, la mencionada Sala tuvo en consideración que “el Ministerio Público Tutelar ha requerido el suministro de informes acerca del estado procesal del expediente”, por lo que resolvió que “de modo previo al lanzamiento se de cumplimiento con el pedido de informes efectuado por la Asesoría Tutelar, a cuyos fines se deberán remitir las actuaciones a la señora defensora de menores de la anterior instancia, para que, por su intermedio aquellos se efectivicen, fijando a tales efectos un plazo de quince días”. info@abogados.com.ar

37628/2012 - R Y P c/ G V M E Y OTROS s/DESALOJO: OTRAS CAUSALES. Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015.- PS Y Vistos. Considerando: Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional La sentencia de fojas 439/41, en virtud de la cual se rechazó la excepción articulada por los demandados y se hizo lugar a la demanda de desalojo interpuesta, y, por otro lado, la providencia de fojas 476, punto III, que dispuso que “toda vez que los menores no son parte en las actuaciones se desestima la suspensión peticionada” sin perjuicio “de lo que oportunamente se resolverá ante un eventual lanzamiento”, fueron recurridas a fojas 469 vuelta y a fojas 520, segundo párrafo, por los representantes del Ministerio Pupilar. A fojas 533/7 la señora defensora de menores de Cámara, mantiene ambos recursos y se expide en el siguiente sentido. En primer lugar cuestiona lo decidido a fojas 439/41 en punto a la admisión de la demanda de desalojo bajo apercibimiento de lanzamiento, argumentando que, la desocupación del inmueble que habitan sus representados y su familia, los dejaría “literalmente en la calle, afectando así sus derechos de neta raigambre constitucional”. Agrega también, que es obligación del Estado garantizar el derecho a la vivienda adecuada y la prohibición de los desalojos forzados conforme con lo dispuesto por el artículo 11 inciso segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ONU, Comité de Derechos Económicos y Culturales. En el desarrollo de su postura, vinculada a la vulneración de derechos como consecuencia de los desalojos forzados, concluye que debe revocarse el decisorio apelado, habida cuenta que aún no se encuentra asegurada la vivienda de sus representados.

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Planteada la cuestión en estos términos, cabe señalar que en casos similares nos hemos expedido en el sentido que deviene ajustado a derecho poner en conocimiento de la Defensoría de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de desalojo en el que podrían verse afectados los derechos de niños y adolescentes al tomarse conocimiento de tal circunstancia y establecer un plazo para compeler al desahucio, a fin de facilitar la labor del Ministerio Público en orden a verificar la necesidad de recurrir al auxilio de un programa

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Por último agravia a la señora defensora, la decisión de desestimar el pedido de suspensión de las actuaciones. Señala al respecto que, aún cuando el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó que libró oficios a la Dirección General de Atención Inmediata y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (encargados de efectivizar los derechos a través de las políticas públicas), en rigor no se ha informado una solución al respecto, razón por la cual solicita la suspensión del procedimiento, revocando como consecuencia de ello el decisorio de fojas 476, punto III.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 de apoyo y efectuar gestiones necesarias ante la autoridad administrativa (Cfr. CNCiv., Sala J, F. de M., E. F c/U., C.A y otro, 912-10). Asimismo, y sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente también se ha dicho que la posible existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede suspender el trámite de desalojo, pues si esto se verifica, corresponderá recurrir a la autoridad administrativa pertinente para que brinde protección adecuada a los menores -en caso de que no puedan ser ubicados en una vivienda o lugar que garantice sus derechos constitucionales , ya que de lo contrario, cada vez que existiera un menor en una vivienda que se desaloja, el derecho a recuperar el bien sería imposible, cosa que la ley no dispone, pues están en juego otros derechos constitucionales como el de propiedad” (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV, 11-04-2007, “Vallejos Demetrio c/Silveria Quintana Norma Beatriz Peláez y Oscar Ramón Cardozo y Omar Daniel Cardozo”, LL Litoral 2007 (agosto), 754, AR/JUR 1928/2007), a la vez que sería absurdo concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados o quienes posean interés legítimo para reclamar el desalojo, deban otorgar a los menores la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad (Cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala II, 2-12-94, LL 1995-C.464). De la compulsa de las actuaciones podemos advertir que se han tomado distintas medidas encaminadas a dar una solución al problema habitacional de los menores, traducidas en el diligenciamiento de oficios a dependencias públicas encargadas de la búsqueda de soluciones al conflicto planteado en autos, es decir a la situación habitacional de los niños que habitan el inmueble objeto del reclamo (ver fojas 467, 468, 470, 473 etc.) Sin perjuicio de ello, también se advierte que a fojas 537 el Ministerio Público Tutelar ha requerido el suministro de informes acerca del estado procesal del expediente, fecha de lanzamiento, intervención de la Dirección General de Asistencia Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “a fin de que intervenga frente a la emergencia habitacional de las personas afectadas por el desalojo al momento de efectivizarse el mismo”, y que tales informe no han sido evacuados. Ello así a fojas 538 el señor juez de grado resolvió hacer saber a la Asesoría Tutelar que toda petición referida a estos autos, debía encauzarla por intermedio de la señora defensora actuante. En vista de ello y, como corolario de todo lo expuesto, si bien no encontramos ninguna razón que justifique la suspensión del proceso, disponemos que, de modo previo al lanzamiento se de cumplimiento con el pedido de informes efectuado por la Asesoría Tutelar, a cuyos fines se deberán remitir las actuaciones a la señora defensora de menores de la anterior instancia, para Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional que, por su intermedio aquellos se efectivicen, fijando a tales efectos un plazo de quince (15) días, lo que así SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Hágase saber que esta sentencia será enviada al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación en los términos de la ley 26.856, su dec. reglamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13.

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Patricia Barbieri Osvaldo Onofre Álvarez Ana María Brilla de Serrat

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Tribunal de Disciplina

Responsabilidad Civil y otras fuentes de obligaciones Expositor: Nicolás J. Negri1

Método del nuevo Código Libro III - Los derechos personales TÍTULO I - Obligaciones en general TÍTULO II - Contratos en general TÍTULO III - Contratos de consumo TÍTULO IV - Contratos en particular TÍTULO V - Otras fuentes de las obligaciones CAPÍTULO 1 - Responsabilidad civil CAPÍTULO 2 - Gestión de negocios CAPÍTULO 3 - Empleo útil CAPÍTULO 4 - Enriquecimiento sin causa CAPÍTULO 5 - Declaración unilateral de voluntad CAPÍTULO 6 - Títulos valores

El nuevo Código recepta -en gran medida- las modernas de fuentes de las

2) Los cuasicontratos: gestión de negocios, empleo útil (arts. 1781 a 1793). 1

Prosecretario de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. - Profesor de la Universidad Nacional de La Plata

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1) Los contratos (art. 957).

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obligaciones:


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 3) La “Responsabilidad civil” (no se habla más de hechos ilícitos). Art. 1716. - la violación del deber de no dañar a otro y - el incumplimiento de una obligación “da lugar” -¿hace nacer?- la obligación de reparar el daño causado. 4) Enriquecimiento sin causa (incluye pago de lo indebido; arts. 1794 a 1799). 5) Declaración unilateral de la voluntad (arts. 1800 a 1814). 6) Títulos valores (arts. 1815 a 1881).

Responsabilidad Civil – Reformas Sustantivas 1) Reconocimiento expreso de las funciones de la responsabilidad civil R. C. instrumento de regulación social. Criterios de interpretación. a) Resarcitoria: es la tradicional. injustamente causado.

Reparar

patrimonialmente

el daño

b) Preventiva: existía de forma implícita en el Código de Vélez (arts. 2499, 2618, 1071 y 1071 bis), pero no formaba parte de la “responsabilidad civil”. Objetivos (art. 1710). i. Evitar causar un daño no justificado; ii. Adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud (es forma llevar a cabo el anterior objetivo); iii. No agravar el daño, si ya se produjo.

Cuestiones procesales: i. Acción: procede cuando es previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento (art. 1711). ii. Legitimación: interés razonable (art. 1712). iii. Sentencia: debe imponer obligaciones de dar, hacer o no hacer, ponderando los criterios de “menor restricción posible” y de “medio más idóneo” (art. 1713). c) Punitiva: fue eliminada en parte por el Senado, porque se quitó la llamada “sanción “disuasiva”, pero se mantuvo la facultad judicial morigeratoria en los arts. 1714 y 1715 (se aplicaría para el supuesto del art. 52 bis de la ley 24.240). 2) Prelación normativa: La jerarquía como método para la resolución de conflictos normativos originados por la convivencia entre el régimen general del nuevo Código y los llamados “microsistemas” (consumo, ambiente, navegación, etc.). Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial; b) la autonomía de la voluntad; c) las normas supletorias de la ley especial; d) las normas supletorias de este Código.

3) Función resarcitoria (art. 1716): deber de reparar. a) Unificación de los ámbitos de la responsabilidad civil - Mediante esta función unifica las llamadas responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual o aquiliana. - Para ello se regula de forma conjunta la responsabilidad derivada de la violación del deber de no dañar a otro y el incumplimiento de una obligación (art.1716). - Sin embargo, se mantiene la diversidad de régimen. b) Presupuestos de la responsabilidad civil Siguen siendo los mismos, aunque se modifican sus significados y alcances. i. Antijuridicidad ii. Factor de atribución iii. Causalidad iv. Daño resarcible c) Cláusulas de irresponsabilidad Art. 1743.— Dispensa anticipada de la responsabilidad. Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder. Crítica:

Nada dice sobre las cláusulas referidas a los montos; la garantía patrimonial ni la carga de la prueba. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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- el cuadro que presenta es incompleto. Solo prevé una serie de principios interpretativos generales y solo contempla la dispensa del dolo (antiguo art. 507).

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- la sistemática no es satisfactoria. Confrontar (art. 988, contrato por adhesión y art. 1117 de consumo) y de la Ley del Consumidor (arts. 37 a 39).


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 d) Responsabilidad según la forma de manifestación I. Directa II. Indirecta (por el hecho de terceros) III. Por la intervención de cosas y de ciertas actividades IV. Colectiva y anónima. e) Supuestos especiales I. Persona jurídica II. Estado. Funcionarios y empleados públicos. III. Establecimientos educativos. IV. Profesiones liberales. V. Accidentes de tránsito VI. Intromisión en la vida privada. VII. Acusación calumniosa. f) Ejercicio de la acción de responsabilidad (arts. 1772/3). g) Acciones civil y penal (arts. 1174/80).

Presupuestos de la responsabilidad civil I. Antijuridicidad - Recepta la teoría del daño injusto: la acción es antijurídica si causa un daño no justificado. Sin embargo, no se hace referencia a la especificidad del ámbito obligacional (además, la mora fue ubicada en el capítulo del pago). - El nuevo Código establece una presunción: toda acción u omisión que cause un daño que no esté justificado es ANTIJURIDICA (art. 1717). Causales de justificación (art. 1718): 1) ejercicio regular de un derecho (estaba previsto en el antiguo art. 1071). 2) legítima defensa (es nueva, estaba solo contemplada en el Cód. Penal). 3) estado de necesidad (idem). 4) consentimiento del damnificado: no cláusula abusiva y solo sobre bienes disponibles (art. 1720). También es una norma nueva. - La asunción de riesgos no constituye una causal de justificación salvo que configure el “hecho de la víctima” (art. 1719). - Se contempla la figura del llamado “acto de abnegación”: da derecho ser indemnizado por quien creó la “situación de peligro” o porque quien resultó beneficiado” (art. 1719, 2do. párr.). Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional II. Factor de atribución a) Clases: objetivo y subjetivo. La culpa opera como factor subsidiario del sistema (art. 1720). b) Objetivos: i. extracontractual: la culpa del agente es irrelevante. Solo se exime de responsabilidad por la ruptura causal (art. 1722); ii. contractual: para las obligaciones de resultado. La responsabilidad se configura por el solo incumplimiento (art. 1723 y 774 inc. c). c) Subjetivos: i. culpa. Concepto. Clases: negligencia, imprudencia e impericia (art. 1724). ii. dolo. Concepto. Clases: intención de dañar o indiferencia por los intereses ajenos (art. 1724). d) Prueba: i. Principio general: el factor de atribución de responsabilidad debe probarlo quien lo alega (art. 1734). ii. Carga dinámica (art. 1735). Facultades del juez. e) Factor subjetivo. Casos contemplados: - encubrimiento (art. 1752); - profesiones liberales, incluidas las prestadas con cosas, salvo si se comprometió un resultado (art. 1768); - intromisión en la vida privada (art. 1770); - administradores de las personas jurídicas (art. 160); - responsabilidad solidaria de los fundadores y administradores de la fundación frente a terceros en la etapa de gestación (art. 200); - para el autor del dolo esencial o incidental en la celebración de actos jurídicos (arts. 271, 272, 273, 274, 275); - para el autor de los daños en los actos de fuerza o intimidación en los actos jurídicos (art. 278); - simulación (art. 337);

- en la indemnización de daños del codeudor solidario, salvo dolo (art. 838); -el tutor por los daños causado al tutelado (art. 118); etc. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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- en el mandato, en caso de responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación (art. 376) y en la elección del sustituto (art. 377);

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- directivos de las asociaciones civiles (art. 177);


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 f) Factor objetivo. Supuestos contemplados: - el riesgo y el vicio de las cosas y de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza (arts. 1757, 1758, 1733 inc. e); - la indemnización de equidad (art. 1742) y los daños causados por los actos involuntarios (arts. 1750); - la garantía (aludiendo al fundamento de las responsabilidades indirectas) (art. 1753) y en la responsabilidad contractual objetiva (art. 1723) y en la responsabilidad profesional por resultado (art. 1768); - la responsabilidad del grupo en caso actividad peligrosa y la responsabilidad del grupo en caso de autoría anónima (arts. 1762 y 1761); - la del dueño y ocupante de un edificio por las cosas arrojadas o caídas (art. 1760); - el daño causado por animales (art. 1759); - el daño derivado de los accidentes de tránsito (art. 1769); - la responsabilidad de los padres y de los tutores, curadores y otras personas encargadas de los menores e incapaces (art. 1754, 1755, 1756); - la de los titulares de los establecimientos educativos (art. 1767); - la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (art. 1753); etc.

III. Relación de causalidad a) Mantiene la teoría de la “causalidad adecuada” (art. 1726). b) Previsibilidad en general y confianza especial (art. 1725). Previsibilidad contractual (art. 1728). Antiguos arts. 902 y 909 del Cód. de Vélez. c) Tipos de consecuencias (art. 1727). Inmediatas, mediatas y casuales (se suprimen las remotas). d) Eximentes i] hecho del damnificado (art. 1729), ii] hecho de un tercero (art. 1731); iii] caso fortuito y fuerza mayor (art. 1730); iv] imposibilidad de cumplimiento (art. 1732). Existe una duplicación de régimen ver arts. 955 y 956: imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva extingue la obligación sin responsabilidad. Si es imputable se transforma en daños y perjuicios. Si es temporaria pero el plazo es esencial o frustra el interés del acreedor tiene efecto extintivo). Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional e) Excepciones cumplimiento

a

las

eximentes

caso

fortuito

e

imposibilidad

de

(enumeración art. 1733). f) Carga de la prueba: corresponde a quien la alega (art. 1736).

IV. Daño resarcible a) Concepto (art. 1737). Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. Es una acepción amplia del concepto de daño porque se protege la lesión a todo interés legítimo (no reprobado por el orden jurídico). En principio se presume que todo interés es tutelado por la ley, salvo prueba en contrario. b) Requisitos (art. 1739) i] personal (directo o indirecto). Es directo cuando la indemnización es reclamada por la víctima del daño (niño atropellado) e indirecto cuando el que reclama es un damnificado distinto de la víctima, pero que sufre un perjuicio propio (los gastos del niño atropellado). ii] existencia (actual o futura). En el daño futuro existe certeza de que el daño ocurrirá (por ej., una operación quirúrgica a causa del perjuicio causado en un accidente). iii] certeza iv] subsistencia (el daño debe existir al momento de interponer la demanda). Hay que aclarar que si la víctima tomó a su cargo la reparación del perjuicio, el daño subsiste. c) Clases de daño (art. 1738): i. daño emergente; ii. lucro cesante (habla de “probabilidad objetiva”); iii. pérdida de la chance;

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Recepta el caso de la C.I.D.H. “Loayza Tamayo” (sent. del 27-XI-1998) y la jurisprudencia de la Corte Nacional (Fallos) en que se sostuvo que es autónomo “pues atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y

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iv. daño a la persona (violación de derechos personalísimos; integridad personal; salud psicofísica; relaciones espirituales legítimas y proyecto de vida).


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 aspiraciones, que le permiten expectativas y acceder a ellas”.

fijarse

razonablemente

determinadas

v. daño no patrimonial (cambio de terminología, no se llama más “daño moral”. Art. 1741. - Criterio: adopta como criterio diferenciador (con el daño patrimonial) la tesis que se atiene a las “consecuencias” (teoría de la repercusión) y no a la naturaleza del derecho lesionado. - Función: Además, se aclara que la función es satisfactiva y compensatoria. No es ni punitiva, ni menos aún que el daño sufrido tiene un valor en sí (v.gr., la vida). - Legitimación: Regla: damnificado directo (art. 1741, 1er. párr.). La excepción: en caso de muerte o “gran discapacidad” puede ejercerla el damnificado indirecto (ascendientes, descendientes, cónyuge y convivientes con trato familiar ostensible). Recepta la doctrina legal de la S.C.B.A. (C. 85.129, sent. del 16-V-2007) que había declarado la inconst. del art. 1078. Los sucesores universales la pueden ejercer si la demanda por daño moral fue ejercida en vida (art. 1741, 2do. párr.). d) Principio de la reparación plena (art. 1740). La reparación es plena (no integral). Consiste en colocar al damnificado en el estado anterior al hecho dañoso. Para ello, la víctima puede optar por el pago en dinero o en especie, esta última no se puede solicitar si resulta imposible o es excesivamente onerosa o abusiva. La extensión del resarcimiento sigue estando dada por la relación de causalidad “adecuada” y las consecuencias comprendidas (arts. 1726/8). e) Disminución de la indemnización por equidad (art. 1742). Semejante al art. 1069, 2do. párr., de Vélez. f) Prueba del daño: corresponde a quien lo alega, salvo presunción legal o notoriedad del hecho (art. 1744). g) Forma de reparación del daño: i. Muerte: lo “necesario para alimentos” del cónyuge o conviviente e hijos menores o incapaces, teniendo en cuenta el tiempo probable de vida, condiciones personales de la víctima y de los reclamantes. Además, gastos funerarios y de asistencia de la víctima (art. 1745). ii. Incapacidad sobreviniente: capital que genere una renta tal que cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizándolas. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y de transporte (art. 1746). Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional h) El daño resarcitorio (compensatorio o el valor de la prestación) es acumulable al moratorio y punitorio (cláusula penal). El juez puede morigerar la acumulación cuando fuera abusiva (art. 1747). i) Intereses: el curso comienza desde el momento en que se produce cada perjuicio (art. 1748).

Prescripción de la acción resarcitoria - Norma transitoria: art. 2537. Los plazos en curso al momento de entrada en vigencia el Código se rigen por la ley anterior (salvo que en el nuevo plazo sea mayor y el anterior de ley antigua no haya finalizado). - Curso del plazo: comienza desde que es exigible (art. 2554). Honorarios desde que la resolución queda firme (art. 2558). a) se suspende por interpelación fehaciente y por pedido de mediación (arts. 2541 y 2542). Otras causales (art. 2543: cónyuges, convivientes, incapaces, entre las personas jurídicas y sus administradores, heredero con responsabilidad limitada). b) se interrumpe por reconocimiento, por “petición judicial”, por arbitraje (arts. 2545 a 2548). - Plazos: a) Genérico: 5 años. b) Daños por agresiones sexuales a personas incapaces: 10 años. c) Responsabilidad civil: 3 años. d) Accidentes y enfermedades de trabajo: 2 años. e) Derivados del transporte: 2 años f) Responsabilidad por ruina: 1 año.

Supuestos especiales de responsabilidad civil I. Profesiones liberales

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“La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la

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El nuevo Código consagra una norma particular para la responsabilidad civil ocasionada por los profesionales liberales: el art. 1768.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 responsabilidad no está comprendida en la Sección 7ª, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757”. La norma establece la naturaleza del ejercicio de una profesión liberal al señalar que se trata de una actividad y, además, establece el régimen jurídico aplicable: el correspondiente a la obligación de hacer (arts. 773 a 778). La obligación de hacer es definida como aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho -en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes- (art. 773). Si el objeto de la obligación consiste en un servicio, la misma ley distingue tres clases de prestaciones: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso; b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; c) en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. - La ley distingue las obligaciones de medios y las de resultado. - En los incisos a) y b) se contempla a la primera, con tales características y variantes, y en el inciso c) a la segunda. - La diferencia entre ambas estriba en si se garantiza o no un resultado, con independencia o no de su eficacia. - La clasificación tiene como interés práctico la distribución de la carga de la prueba en torno al hecho del incumplimiento, así como la determinación del factor de atribución y, por ende, las eximentes de responsabilidad aplicables (arts. 1729 a 1733).

Factor de atribución. Regla general y excepción. Principio general: la segunda oración del art. 1768 establece una regla general: que el factor de atribución de responsabilidad para los profesionales liberales es “subjetivo”. - Tal regla implica que deberán aplicarse los supuestos normativos previstos en los arts. 1721, 1724 y 1725 del nuevo Código.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional - En principio, los profesionales sólo responderán por dolo o culpa (art. 1724), a cuyo efecto la conducta del imputado deberá ser valorada de acuerdo con la índole del “deber de obrar” infringido y la previsibilidad de las consecuencias (art. 1725), todo a fin de evaluar la responsabilidad y su extensión. Excepción: que el deudor profesional hubiera prometido un “resultado concreto”, en cuyo caso la responsabilidad será de carácter objetiva (cfr. art. 1723). En este caso, la culpa del profesional será irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad (art. 1722) y el experto responderá ante el mero incumplimiento de la obligación asumida.

Responsabilidad profesional ocasionada “con cosas”. La tercera oración del art. 1768 aclara que no se aplica la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas y ciertas actividades (Sección 7ª) cuando la obligación de hacer contraída por el profesional “se preste con cosas”. Sin embargo, sí se aplica si se produce un daño por el “vicio” de la cosa. Regla general: la responsabilidad de los profesionales liberales no se encuentra regida por la sección 7ª cuando el daño es producido “con” la cosa. En este supuesto, la responsabilidad se encuentra reglamentada por las normas antes aludidas sobre la obligación de hacer (arts. 773 a 778 y concordantes de la Sección 3ª del Capítulo de “Responsabilidad Civil”). Excepción: en el caso de que el daño producido por la actividad profesional sea “por” el “vicio” de la cosa empleada en la ejecución de la obligación contraída. Si ello es así, deberá tenerse en cuenta la distinción doctrina entre vicio y riesgo: - el primero alude a un defecto, imperfección o anomalía, que a su vez puede ser de fabricación, funcionamiento o conservación, que presenta la cosa y que la torna no apta o impropia para su destino o utilización de acuerdo con su naturaleza; -el segundo, en cambio, hace referencia a la contingencia o proximidad de un daño, ya que correr un riesgo significa estar expuesto a sufrir un daño. La ley sólo admite el primero, el vicio y no el riego.

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Se excluye de la órbita de la responsabilidad de los profesionales liberales el régimen derivado de los daños ocasionados por las “actividades riesgosas (o peligrosas) previsto en la Sección 7ª del capítulo de Responsabilidad Civil.

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Exclusión de la actividad riesgosa.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Con ello queda reafirmado el principio general aplicable en la materia: que la responsabilidad bajo estudio es ordenada por las disposiciones de la obligación de hacer, con sus diversos supuestos (obligación de medios o de resultado). La responsabilidad por las cosas o actividades es de excepción.

II. Accidentes de tránsito. Art. 1769.— Accidentes de tránsito. Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos. Se aplica el régimen del vicio o riesgo de la cosa del art. 1757. El factor es objetivo, siendo concurrente la responsabilidad del dueño y del guardián. Además, se aplica la ley nacional de tránsito (ley 24.449), de acuerdo con lo establecido por la ley provincial 13.927 (B.O. 30-XII-2008): ARTICULO 64. PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron. El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito. La Suprema Corte resolvió en la causa C. 118.128 “Rearte” (sent. del 8-IV2015), aplicar la nueva ley provincial (ley 13.927, B.O. 30-XII-2008), creando un nueva doctrina legal. La Corte determinó que en atención a la fecha del ocurrencia del hecho (año 2009) resultaba de aplicación, en lugar de la ley local 11.430, la Ley de Tránsito 24.449, que vino a sustituirla conforme la ley provincial 13.927 (B.O., 30-XII-2008) de adhesión a la norma nacional, por lo que se encontraba demostrada la infracción denunciada por el recurrente. A la luz de dicho plexo normativo, a diferencia de lo dispuesto en el art. 57 inc. 2 ap. "c" de la ley 11.430 -según ley 13.604-, la norma de aplicación no refiere como excepción de la prioridad de paso de quien se presenta en la bocacalle por la derecha a los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía, sino que limita la misma solamente a quienes lo hacen por una semiautopista. En virtud de ello, el Tribunal concluyó que el actor no había perdido la prioridad de paso en la encrucijada por avanzar desde la derecha del otro rodado, toda vez que el accionado circulaba por una avenida. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


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Tribunal Arancelario

Primer Rematador del Río de la Plata Nuestra historia nos expresa que Carlos l de España y Carlos V de Alemania, dominaban el territorio descubierto por Colón, atraídos por las riquezas que suponían tierras desconocidas en el oriente. Aunque pensaban que se encontraban en el Occidente; deciden encomendar la misión en el cual se encontraba Sebastián GABOTO famoso entre los navegantes. Inician el viaje con el objetivo de encontrar metales preciosos; la orden del Rey era llegar a Ophir y Tharsis. A lo largo de su viaje, se detienen en las costas del Brasil por inconvenientes en las embarcaciones y tormentas; se encuentran con tripulación portugueses, estos le aconsejan buscar los náufragos de Solís, para que le manifestaran parte de las riquezas que habían encontrado en la tierra del Rey Blanco y Sierra de Plata. Sebastián GABOTO, decide cambiar de rumbo, buscando refugio para sus naves, entra al Río de la Plata hasta la desembocadura del Río Paraná, siguiendo río arriba remontan el Paraná hasta la encrucijada; tenían que elegir el canal hacia la derecha o la izquierda y que ha poca distancia de ahí recibía la corriente del Río Carcarañá que descendías de las sierras.

En el centro del Río, anclaron sus veleros para desembarcar a la mañana siguiente, la fechas que algunos dicen (27 de mayo de 1527) o 9 de junio de 1527. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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Había que buscar un sendero fluvial que era una adivinanza y era cuando se encontraron con los Ríos Paraná y Coronda; desde acá surge otra encrucijada ¿Qué camino seguir?, los marinos buscaban calado para las embarcaciones y enfilaron para aguas, a la izquierda. Llegaron a la confluencia del Río Coronda y Carcarañá, vieron buen refugio para las naves. Esto ocurrió al atardecer, resultaba difícil establecer la existencia de indios, ni luz, ni fogarata que señalara presencia de vida humana.

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GABOTO, navegaba a la deriva, y nunca antes se habían explorado estas tierras; era guiado por indígenas de la expedición de Solís.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Al amanecer del nuevo día el Capitán había estudiado las estrategias para el desembarco y realizar la CEREMONIA DE FUNDACIÓN Los indios concentrados se mantenían pacíficos y asombrados. En presencia del cacique Mangoré; Francisco del Puerto habló con el jefe indígena y acordó con los españoles que no serían molestados. Descendieron y dispusieron bajo un árbol el altar para la celebración de una misa. El clérigo Portugués Francisco García secundado por Fray Ramón Jonas da la primera Misa en esta parte de América. Allí se colocó por primera vez la cruz evangelizadora y primer oratorio; tierras donde también se realizó el primer mestizaje. La construcción del Fuerte, donde Sebastián GABOTO, decidió levantarlo, en un islote, de dos cuadras de largo, por una de ancho, realizaron una empalizada de árboles de algarrobo y chañar, en forma circular para la mayor visión y operatividad y formaron un terraplén. En el centro de la misma se dejó espacio para la plaza, se clavo un mástil; alrededor de la misma, se construyeron viviendas de adobe y paja. Luego se realizaron viviendas fuera del Fuerte. Los colonizadores vieron la siembra realizada por los indígenas (Caracaraes y Timbues) y ellos realizaron la siembra de trigo en este lugar la primera siembra y cosecha de trigo en Sudamérica. Todas las tierras fueron divididas en parcelas iguales, lo que hace suponer que en PUERTO GABOTO NACE el “Derecho de Propiedad”. Este hecho que a continuación voy a expresar, es como fue y quien realizo de la Primer Subasta: Otavían de BRINE, armador genovés de la expedición de Gaboto, uno de los más fuertes de la armada enfermo de gravedad en los Patos, costas del Brasil y falleció casi de inmediato. A parte de ciertas provisiones de su propiedad y bastante vino que llevaba, traía consigo algunos adminículos de uso personal muy valiosos. Ocurrida su muerte, el capitán general se hizo cargo de esos bienes con el fin de protegerlos y luego enajenarlos al mejor postor. ANTONIO PONCE: un catalán de 27 años de edad, registrado como alguacil en la Santa María del Espinar, recomendado por la corona debido a lo que habéis servido, fue considerado por Sebastián GABOTO muy apto para ejercer ciertas tareas donde se exigían honestidad y mesura. Así fue donde se le confió los bienes a Otavían de BRINE para ser vendidos en almoneda (puja) y pudieran ser trasferidos a través de una puja a los más calificados oferentes. El anuncio se hizo saber en San Lázaro, a poco de entrar en el Río de la Plata y allí salieron a relucir los bienes a subastar. Los artículos de su uso personal, había algunos interesados, en especial Sebastián GABOTO, prefería cubrir sus apariencias y no figurar como Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional directo comprador, para lo cual según se decía que tuvo como gurupíes a Francisco CESAR y Miguel de RIFOS, los que sabían de esa preferencia se apartaban del remate y otros no querían entrar en posesión de pertenencias de un fallecido. Comenzó el Remate actuando como Martillero Antonio PONCE, recibió propuestas de Francisco CESAR y de Miguel RIFOS sobre los bienes durables y Francisco SALAZAR, Agustín GINOVES y Juan BATISTA por artículos perecederos. Al empezar la subasta hubo oposición de los paisanos de Otavían de BRINE, pretendían que fueran entregadas las pertenencias de BRINE. Sebastián GABOTO, no convalido la subasta hasta realizar trámites legales y administrativos los cuales estuvieron listos al llegar a Sancti Spiritus. Antonio PONCE fue designado tenedor de los bienes, los bienes perecederos fueron entregados a sus compradores por ser mercaderías consumibles, en Sancti Spiritu Gaspar de CAZAÑA fue reconocido condómino de de BRINE y comenzó la SUBASTA. Con su vos tonante dio comienzo al acto en GABOTO, ¿Cuánto dan por esta soberbia vasija de plata esterlina inglesa marcada con el contraste legal de 925 milésimas? Francisco CESAR hizo la oferta y el preguntaba Alguien da más? así lo repitió varias veces ante la callada respuesta el martillo cayo implacable sobre la taza y fue adjudicada al postor que realizo la oferta. El siguió con la exposición rematando todos los objetos de BRINE (como puñal, guadamecíes, cuchillos, lotes de telas, cuba de vino). Lo más extraordinario fue la forma de pago, ya de regreso a España Antonio PONCE explica: fui nombrado tenedor de los difuntos, que por mandato del Capitán Sebastián GABOTO los bienes de los muertos se vendían en almoneda, lo cual quedaban obligados a pagarlos del primer oro o plata; pero como no hubo, a mi no me pagaron… Esta actividad realizada lo hizo célebre y destacable entre sus compañeros, al cual le adjudicaron el primer Rematador del Río de la Plata.

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Sebastián GABOTO, con los expedicionarios salieron en busca de riquezas y quedó el Fuerte en manos del Capitán Caro quien desobedeció las órdenes, maltratando a los nativos; originándose un enfrentamiento con los aborígenes. Se entera de esta reyerta y vuelve Sebastián GABOTO.

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Los anuncios de la misma, no se puede saber cómo fue, pero siempre haciendo honor a la palabra almoneda o si se difundían poniendo los bienes a vender bajo el hilo de sombra de una lanza plantada en el suelo que le daba la calidad de sub asta o si la atracción era inducida por el cuadrado de tela roja atada en la punta de un asta o driza elevada. Desde aquí surge la iniciativa, de colocar la bandera roja como acto simbólico de esta Profesión.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 El Capitán, decide perseguir los indios, matando alguno de ellos y los sobrevivientes se subleven quemando el Fuerte; y a consecuencia de esto obligan al abandono del mismo. Historia de los vocablos “almoneda”, “corredores”, “subasta”, “remate” y “puja” En Las Partidas encontramos la fuente más antigua del vocablo y concepto de almoneda: “Almoneda es dicha el mercado de las cosas, que son ganadas en guerra, e apreciadas por dineros, cada una quanto vale. E esto fizieron los Antiguos, por tres razones. La una, porque allí fuessen las cosas apreciadas quanto mas pudiessen: de manera que los que las ganaren, oviessen ende pro e sabor de yr a ganar mas. La segunda, porque los Señores non perdiessen sus derechos. La tercera, porque non pudiesse ser fecho en ellas engaño, ni furto, vendiéndolas escondidamente. E porque esto se guardasse, pusieron los Antiguos que fuesse fecho desta manera”(Partida II, título 26, ley 32). Covarrubias (Tesoro de la Lengua Castellana) nos dice que “almoneda” es “la venta de las cosas públicas que se haze con intervención de la justicia y ante escrivano y con ministro público, dicho pregonero, porque en alta voz propone la cosa que se vende y el precio que dan por ella, y porque van pujando unos y otros y acrecentando el precio… Las almonedas de hazienda pública como la presa y despojos de la guerra se vendian en la plaça hincando una lança alrededor de la cual se ponia lo que se avia de vender, que comunmente se dize subasta”. Esa particular forma de anunciar la venta de cosas debajo del asta de la lanza dio origen, pues, al vocablo “subasta”. Los pregoneros eran también llamados corredores: “Corredores son llamados aquellos homes que andan en las almonedas y venden las cosas pregonando quanto es lo que dan por ellas. E porque andan corriendo, de la vna parte a la otra, mostrando las cosas que venden, por esso son llamados corredores. E estos deuen ser atales, que lo sepan almonedear, de manera que traygan todas las cosass a pro, e multipliquen la valía dellas a pro de aquellos que lo ganaron... E aquello que ouieren prometido por ellas, deuen dezir muchas vegadas a grandes bozes, quanto es aquello, de manera que todos lo oyan. E de que non ouiere y, quien responda a quererlas pujar, deuengelas fazer escreuir, e non ante” (Las Partidas. Partida II, título 27, ley 33). La presencia del escribano, a que alude Covarrubias, está señalada específicamente en Las Partidas. La Partida II, título 26, ley 34, dedicada a “Quales deuen ser e que deuen fazer los Escriuanos de las almonedas”, dice: Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional “Fieldad grande deuen auer los escriuanos, que escriuen las cosas de la caualgada en el almoneda. E porende deuen en si estas dos cosas. La primera, que ssean leales, para guardar comunalmente de engaño, e de perdida, a todos los de la caualgada, e otrosi a los compradores; non escriuiendo por miedo, ni por amor, ni por malquerencia, si non la verdad... e desto deuen dar carta al comprador, sellada con el sello que fue fecho para esto”. Las penas para el notario que hubiese incurrido en una acción irregular eran severísimas:“E si engaño e falsedad fiziessen en las cosas... deuen morir por ello. E el monoscabo que viniesse a los otros por razon dellos, deuenlo pechar doblado”. “Almoneda”, entonces, era tanto el lugar o mercado, como la acción o modo de venta pública. En el Diccionario de Autoridades de la Real Academia se dice que “almonedear” es: “poner en pública venta y a voz de pregonero, o pregonar alguna cosa, señalando el precio que ofrecen por ella los ponedores”. En una “almonedear”, agrega:

segunda

acepción

metafórica

y

coloquial

de

“hablar a gritos alguna persona las cosas que debiera hablar en tono muy bajo; y con esto queremos decir que las publica para que todos las oigan, como se hace en las almonedas”. Así, por ejemplo, en El juez de los divorcios, de Cervantes, podemos leer: “Por amor de Dios, Mariana, que no ‘almonedees’ tanto tu negocio; habla bajo… Mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gritos”. Es posible que “almoneda” provenga del árabe al-monedeye, que vale tanto como llamamiento o pregón, porque llama a que vengan a la almoneda. Al oír el tambor del pregonero o divisar el rojo de la banderola – origen de la “bandera de remate”– entre el verde de la plaza elegida para la subasta, la gente corría a la almoneda para no perder la oportunidad de hacerse –originariamente– de algunos despojos ganados al enemigo en batalla, de la cual aquella operación sería una consecuencia. Barcia, en su Diccionario General Etimológico, sostiene que el vocablo proviene del árabe al-monada o al-moneda, según la pronunciación de los árabes de España, el cual es un nombre de lugar derivado del participio pasado de la tercera forma del verbo nada: “sacar a pública subasta alguna cosa, venderla públicamente”.

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“dar una cosa por cierto precio en el almoneda, y porque se acaban con el remate las pujas, se dixo assí: vel a remittendo, porque se ‘remite’ la cosa rematada al que la compra”.

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Corominas, en su Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, coincide con Barcia en que el étimo nada equivale a “gritar”. “Rematar”, en cambio, de acuerdo con Covarrubias, nace después, como:


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 El término “remate” es adoptado plenamente a partir del siglo XVII; el rematador encendía una vela que tenía un alfiler atravesado a cierta altura, comenzando los oferentes a hacer sus posturas hasta el momento en que caía el alfiler: la adjudicación correspondía al que había efectuado la última oferta. Esta forma de venta permitía obtener el mejor precio, ya que los distintos oferentes pujaban por resultar adjudicatarios del lote de su interés, percibiendo el vendedor el precio pagado en forma inmediata. En el acto quedaba desvinculado de toda obligación y responsabilidad respecto de lo vendido, tales como desarme, carga y transporte de los productos, ya que el adquirente abonaba la compra previo retiro y tenía a su cargo tales tareas. Si bien la almoneda tuvo su origen en la venta del botín de guerra, la definición se amplió hasta abarcar la pública subasta de alguna cosa, y se perfeccionó con la de remate. Pero siempre giró en torno del mismo concepto: el de la puja. La puja aparece, pues, como el condimento más interesante en este tipo de ventas: al convocar a todos los potenciales interesados, se obtiene el más alto precio posible. En cuanto a la figura de la oferta pública a persona determinada, ya era conocida en el derecho romano (in incertam personam) donde se aplicaba a las ventas públicas. En el derecho español antiguo, el pregón fue perdiendo terreno frente a la fijación de cédulas en sitios públicos (leyes 119, 120 y 121 del Estilo). La venta se celebraba con candelas u otras señales acostumbradas, en el lugar del juicio y, si era posible, en el paraje en que se hallaban los bienes para que, viéndolos los concurrentes, se inclinaran a comprarlos, debiendo asistir el juez o sólo el escribano como delegado suyo. Hoy, entre nosotros, subsisten solamente –y sin diferencias jurídicas– las figuras del remate y de la subasta, habiéndose dejado de lado en el lenguaje jurídico al arcaico “almoneda”. El remate y la subasta son dirigidos por el “rematador” o “subastador”, que recibe las distintas posturas y adjudica al mejor postor la cosa puesta en venta. Revista Notarial Nº 868 Museo Notarial

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Instituto de Corretaje

ENSAYO CONTRATO – CORRETAJE Código Civil y Comercial - Libro III― Título IV ― Capítulo X Diplomatura en la Universidad Católica de Santa Fe Participante: Norberto Rubén Crolla Director: Luis Niel Puig Coordinador Académico: Daniel Marcelo ZOSO Coordinador Ejecutivo: Santiago PETRONE

Primera Parte Sumario: Introducción. 1.- Historia. 2.- Característica y Concepto del Corretaje. 2.1.- Primera Etapa. 2.2.- Segunda Etapa. 2.3.- Tercera Etapa. 2.4.- Cuarta Etapa. 3.- Ley 20.266 (to) – Régimen Legal del Martillero y Corredor Público. 4.- Ley Nº 26.994 – Nuevo Código Civil y Comercial. 5.- Conclusión. 6.- Bibliografía.

Introducción: En este ensayo como trabajo final de la Diplomatura del nuevo Código Civil y Comercial se pretende poner luz a una de las actividades más antiguas que se conoce ―el corretaje― como lo es el remate, y que en nuestro país ha tenido diferentes transformaciones con el pasar de los tiempos. Es muy rico el desempeño del corretaje por el amplio campo de acción en el que se puede desplegar, más aun, con los requerimientos que se le han impuesto a lo largo de 153 años con la profesionalización del mismo y, su acreditación a través de una profesión universitaria.

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Zorraquín Becú, Ricardo, "Historia del derecho argentino", t. II, 2ª ed., 5ª reimp., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1992, ps. 311, 376 y ss

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El corretaje es una actividad que nació con la República. Integró el Código de Comercio, Ley Nº 15º, sancionada el 10 de septiembre de 18622, habiendo sido elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo, para el Estado de Buenos Aires en 1858 cuando se encontraba separado de la Confederación Argentina.

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1.- Historia


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Es posible afirmar que este cuerpo de normas era un “código Civil y Comercial”, porque para dicha época no existía un Código Civil, lo que fue parte de un gran debate de aquellos tiempos, y prevaleció la posición separatista de ambos cuerpos legales en un Código Civil y otro de Comercio.3 Se debe tener en cuenta que en la norma aprobada por la provincia de Buenos Aires los redactores tuvieron que incluir muchas disposiciones civiles para poder dar una armonización al código, aunque lo denominaron Código de Comercio. Por ello elaboraron 30 Capítulos de Derecho común y los incluyeron en el Código de Comercio. […] De todas formas dentro de un mismo Código se insertaron normas mercantiles y de Derecho común aplicables a las obligaciones y así el Libro II De los contratos del comercio contenía un Título I De los contratos y obligaciones en general y un Título XV De los modos de extinguirse las obligaciones. 4 Con la promulgación del Código, entró a regir en todo el Estado Nacional. Pero con una salvedad, que se puso en revisión ―suprimir el Derecho común, obligaciones y contratos en general que contenía― para no entrar en colisión con el futuro Código Civil que se sancionó en 1871, el que fue redactado por el propio Dalmacio Vélez Sarsfield, por pedido del Congreso Nacional. En 1889 fueron aprobadas las reformas a la Ley Nº 15 por la Ley Nº2.637, que incorporó institutos como la Quiebra, ordenanzas de la Aduana, garantías o certificados del depósito y patentes de invención. A partir de 1926, con la sanción de la Ley Nº 11.357 ―Ley de los Derechos Civiles de la Mujer― se derogó el Inciso b) del Artículo 88º del Código de Comercio que les prohibía a las mujeres ser martillera y corredora. La primera martillera y corredora de la República Argentina fue Santafesina, colegiada en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la 1ra Circunscripción de Santa Fe, la MCP Nilda Sabatini, que aún nos acompaña y cuyo reconocimiento ha sido otorgado por el Gobierno Nacional a partir de 1947. En el año 1973 hubo un frustrado intento para que el corretaje y el remate fueron unificados en una norma especial, por diferencias de aquellos tiempos se sancionó el Decreto Ley Nº 20.266 donde se profesionaliza al martillero, pero con la amargura de que el corretaje subsistirá por 25 años

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“En el estado actual de nuestros códigos civiles era imposible formar un código de comercio, porque las leyes comerciales suponen la existencia de las leyes civiles, son una excepción de ellas y parten de antecedentes ya prescriptos en el Derecho común. No podíamos hablar, por ejemplo de consignaciones, sino suponiendo completa la legislación civil sobre el mandato; era inútil caracterizar muchas de las obligaciones mercantiles como solidarias, si no existían las leyes que determinasen el alcance y las consecuencias de ese género de obligaciones. Pero éstas y otras diversas materias no tratadas en los códigos civiles o la legislación era absolutamente deficiente respecto de ellas, guiándose los tribunales solamente por la jurisprudencia general. Hemos tomado entonces el camino de suplir todos los títulos que faltaban para componer el código de comercio. Hemos trabajado por esto treinta capítulos de Derecho común, los cuales van interpolados en el código en los lugares que lo exigía la naturaleza de la materia. Llenando esa necesidad, se ha hecho también menos difícil la formación de un código civil en armonía con las necesidades del país. Podemos decir que en esta parte nada hemos innovado en el Derecho recibido en Buenos Aires. La jurisprudencia era uniforme en todas las naciones respecto a las materias legisladas en esos treinta capítulos, y no hemos hecho sino formular como ley el Derecho que ya existía.” (ADLA 1852-1880 p.224). 4 Trabajo por Julio C. Otaegui - La Sociedad desde la ley 15 hasta el Proyecto de 1998 sobre Código Civil Unificado con el Código de Comercio

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Herramientas para el Ejercicio Profesional más dentro del articulado del Código de Comercio en la figura de un auxiliar de comercio, que fue el corredor de comercio. Otra de las reformas significativas fue la Ley Nº 23.282 del año 1985, que dispuso la cualidad de la “idoneidad” para ser corredor de comercio, a través de los exámenes ante los Tribunales de Alzada tanto provinciales como nacionales, para todos los que poseían de un título secundario. Este nuevo requisito, que modificó el Art. 88º de la ley e incorporó el art. 88º bis, introdujo la incompatibilidad en el ejercicio del corretaje. A partir de 1993 comenzaron a elaborarse anteproyectos para reformar el régimen de corretaje. Se planteaba la unificación de las actividades de corretaje, subasta o remate y tasación de mercado en una única figura profesional, la del Martillero y Corredor Público (MCP). El primer proyecto fue presentado ante el Congreso el Diputado nacional (m.c.) Don Rodolfo M. Parente. Pedía la Decreto Ley Nº 20.266/73 por un nuevo régimen legal del corredor, proyecto 3125-D-93. Su reproducción –Expediente presentado el 23 de Marzo de 1995 por los diputados Nacionales Dumón y (m.c.) Leopoldo Moreau obtuvo media sanción.

Nacional por reforma del martillero y 930 D-95– José Gabriel

Se reiteró el proyecto en el año 1998 –Expte.: 0696-D-98–. Los Diputados José c. Dumón y María del Carmen Benzas de Moreau, mantuvieron los argumentos de los proyectos anteriores, que en la parte más importante de los fundamentos manifestaban una reforma para crear un nuevo profesional martillero y corredor público (MCP), con una acreditación por un título universitario5. Este proyecto se sancionó, la Ley Nº 25.028, la que luego del veto por parte del P.E., por insistencia, se promulgó en el año 1999, y entró en vigencia el 22 de marzo de 2000. En el año 2009 se sancionó la Ley que reformó la mayoría de edad de las personas, ley Nº 26.579, modificación que alcanza a la Ley Nº 20.266 (to). Se fijó como capacidad necesaria la de disponer una nueva mayoría de edad o encontrarse emancipado (para toda persona que quiere ser MCP). En los primeros meses de 2011 el Poder Ejecutivo por Decreto 191/2011 creó una comisión reformadora para la elaboración de un nuevo Código unificado Civil y Comercial convocando a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Ricardo Luis LORENZETTI ―quien actuaría como Presidente―, y Elena HIGHTON de NOLASCO y a la Profesora Aída KEMELMAJER de CARLUCCI. Además designó a un Secretario "ad honorem", el Dr. Miguel De Lorenzo.

“En el marco de estas consideraciones previas presentamos este proyecto de ley, rescatando la necesidad de otorgar al martillero y corredor público un cuerpo de normas que regulen su profesión instando a la formación universitaria como requisito legal de idoneidad para quienes desempeñen una función de intermediación en el mercado, asesorando las partes en operaciones que requieren conocimientos de complejidad técnica, de modo tal de celebrar actos jurídicos validos y eficaces.” (Las negrillas son de mi autoría) – Fundamentos - Expte.: 0696-D-98 – Diputados José c. Dumón, María del Carmen Benzas de Moreau -Cámara de Diputado del Congreso Nacional.

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La intención de reformar el código data desde 1926, año en que encontramos el proyecto preparado por Juan Antonio Bibiloni, al que siguieron los proyectos de 1936; el Anteproyecto de 1954, redactado bajo la dirección de


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Jorge Joaquín Llambías; el de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987); el de la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993; el preparado por la Comisión designada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92 y el proyecto de 1998, preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 685/95 6. La Comisión reformadora presentó el anteproyecto al Poder Ejecutivo en el año 2012. Este lo elevó al Congreso Nacional, quien lo puso en evaluación a través de una comisión bicameral. Se realizaron audiencias públicas antes de ser presentado en las Cámaras de Diputados y Senadores, sancionándose a través de la Ley Nº 26.994, el 4 de octubre de 2014. Por el Art. 3º del Anexo I de la Ley Nº 26.994 se derogaron los Art. 36º, 37º y 38º de la Ley Nº 20.266 (to). Poco tiempo se tuvo que esperar para ver la primera reforma al Código que fue introducida por la Ley Nº 27.077, modificando la fecha de entrada en vigencia prevista para 2016 que se adelantó al 01 de agosto de 2015. 2.- Característica y Concepto del Corretaje 2.1.- Primera Etapa En esta etapa, el corretaje -siendo parte del articulado de la Ley 15º reformada por la Ley Nº 2.367, Código de Comercio- se encontraba sustanciado en un contrato, verbal o escrito, ejercido por un auxiliar de comercio llamado corredor de comercio.7 Dentro de nuestro derecho positivo, el corretaje nunca fue ejercido por un comerciante, sino por un auxiliar de comercio, lo que se sustenta en un concepto muy amplio acerca del contenido de la función auxiliar, cabiendo a oficios subsidiarios como los de corredores y martilleros. El corretaje estaba sujeto a la ley mercantil, pues el acto como tal era comercial, aunque la operación en que haya intervenido sea de naturaleza civil, como por ejemplo, una compraventa de inmueble entre particulares con fines de vivienda. Debemos situarnos en la época en que fue sancionado el Código, donde era incipiente el comercio, la industrialización y el tráfico de bienes, lo que demandó la creatividad para disponer de los agentes y mecanismos para garantizar el logro de los actos mercantiles y civiles que se suscitaban. Incluso en un contexto donde la educación era otra de las falencias que el nuevo Estado empezaba a regular. A quien ejercía el corretaje en esta etapa ni siquiera se le exigía saber leer y escribir, ya que tampoco era requisito para ser comerciante. La palabra y el valor de estrechar la diestra era suficiente acto de realización y conformidad del contrato celebrado, y si analizamos los Arts. 88º al 112º, no disponían de forma expresa quien debería confeccionar la documental a 6

Dr.Ricardo L. Lorenzetti - Introducción al Código Civil y Comercial - http://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015/02/Introduccion-al-Codigo-Civil-y-Comercial.Por-Ricardo-L.-Lorenzetti.pdf 7 "constituye de por sí y con prescindencia del negocio principal al que concurren, un acto realizado en nombre y por cuenta propia" (Masnatta - "El factor de comercio" - pág. 110; Cfr.: CNCom. - Sala A - 29/4/75 - ED - T. 62 - pág. 208).

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Herramientas para el Ejercicio Profesional entregar o cómo deberían registrarse los actos, ya que en ninguna parte se establecía que debía ser de puño y letra del auxiliar actuante, ni menos, grado mínimo de educación a contar. Por consiguiente, un contrato de corretaje, se llevaba a cabo cuando una persona de existencia física, facultada a tal efecto, en un acto personal, acercaba a las partes que deseaban realizar un contrato principal negociable. El contrato de corretaje podía definirse como el acuerdo ―verbal8 o escrito― entre un corredor y su comitente, por el cual el primero se obligaba, mediante retribución, a buscar la persona o cosa necesarias para llegar a la aceptación de conclusión del contrato proyectado por el comitente, aunque luego no participara de la conclusión del contrato principal. No se celebraba el contrato de corretaje en nombre del corredor, como el comisionista, ni actuaba como mandatario, pues no representaba al comitente; se limitaba a poner en contacto a las partes, las cuales formalizaban el contrato principal. Tampoco el corretaje aquí puede ser asimilado a la gestión de negocios, pues el corredor no era quien realizaba el negocio, a lo sumo podría indicar la conveniencia u oportunidad de hacerlo.9 Este contrato era “sui géneris”10, accesorio, bilateral, consensual y no formal, donde para su existencia bastaba la conformidad tácita, traducida por la simple aceptación de la intervención del corredor sin protestas ni reservas11. Pero nadie podía intermediar en un negocio como corredor si no contaba con la previa concertación con su presunto comitente a esos efectos y si no estaba registrado en un Tribunal de Comercio.12 2.2.- Segunda Etapa Pasaron casi 100 años para que se realice un cambio importante en la regulación del corretaje, por la Ley Nº 23.282 se generó un cambio sustancial pero no de fondo ya que la actividad siguió siendo ejercida por un auxiliar de comercio. Esta norma reprodujo los requisitos que ya se habían fijado doce años antes por el Decreto Ley 20266/73 para los martilleros, para este “Nuevo Ser” se dispuso que se debía contar con título de educación secundario y rendir un examen de idoneidad ante un Tribunal de Alzada tanto provincial como nacional, lo que dejó a la reforma a medio camino, ya que no se le reconocieron nuevas facultades vinculadas a las nuevas exigencias.13 Se dio un paso muy significativo con estos nuevos requisitos, ya que se impuso un mínimo de formación educativa a los aspirantes ―título secundario―, equiparándolo con los que deseaban ingresar en la educación superior. Los títulos otorgados por los Tribunales de Alzada fueron equiparados a los de la educación universitaria porque contaban con un programa 8

(CCiv. y Com. San Isidro - Sala II - 25/4/91 - DJ - T. 1991-2 - pág. 852) (CNac. Esp. Civ. y Com. - Sala 6 a- 1/4/75 - JA - T. 28 - 1975 - pág. 70) 10 (CNCom. - Sala A -17/9/64 - ED - T. 12 - pág. 67). 11 (CNCom. - Sala V - 24/10/69 - JA - T. 1970-V - pág. 134; CNCom. - Sala C - 17/12/62 - ED - T. 4 - pág. 93; CNCom. - Sala B - 26/12/58 - JA - T. 1960-11 - pág. 5 - sum. 40; CCiv. y Com. San Isidro - Sala II - 25/4/91 - DJ - T. 1991-2 - pág. 852); 12 (CNCiv. - Sala C - 9/10/74 - ED - T. 62 - pág. 476) 13 “Asis, Viviana Noemí” - insc. reg. pub. comer. - matricula corredor - recurso de apelación - Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba - 11/08/2009

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MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 académico y quienes los examinaban eran graduados universitarios, investidos en sus cargos por el Congreso Nacional en sus facultades del Art. 68º de la Constitución Argentina ―hoy 75º de la CN―, por lo que su jerarquía no se puede cuestionar, como lo sostiene la Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci en la Nota al pie del fallo.14 Este nuevo auxiliar de comercio ―corredor15― no adquiría la autonomía profesional que ya disponía el martillero a través del Decreto Ley Nº 20.266/73, siendo híbrida esta nueva etapa. Aunque si, debemos hacer constar que quien realmente ejercía como tal esta facultad ―corretaje―, era el martillero en estas dos actividades diferentes pero complementarias, ya que nunca fueron incompatibles.16 2.3.- Tercera Etapa En esta nueva etapa se concretó la profesionalidad del corretaje. La Ley Nº 25.028 tuvo como objetivo principal realizar ocho acciones:17 a) Reformó el Decreto Ley Nº 20.266/73 que ya disponía de Orden Público sobre la actividad del remate o subasta;18 b) Convirtió el Decreto Ley con esta reforma en Ley Especial de la democracia, incorporándole un nuevo capítulo XII y reformando los Art. 1º y 3º; c) Estableció un nuevo régimen legal para el “corretaje”, “remate o subasta” y “tasación de mercado”;19 d) Dispuso una nueva figura profesional universitaria de Martillero y Corredor Publico;20 e) Derogó los Art. 88º al 112º del Código de Comercio, como la Ley Nº 23.28221; f) Preservó la vigencia de forma transitoria -hasta que se implementen “las carreras de grado22 universitario”- de los Art. 88º del Código de Comercio y Art. 1º del Decreto Ley Nº 20.266/73; 14

“El pedido del ahora recurrente de que se lo inscriba en la matrícula de martilleros, el examen que ha rendido y sus gestiones por las cuales ha reunido los demás requisitos legales pertinentes, son actos no sólo demostrativos de su voluntad de obtener esa inscripción, sino que también, han dado nacimiento a su derecho a ser habilitado para el ejercicio profesional. Como todos esos actos han ocurrido antes de que entrara en vigencia la ley 20266, si sus preceptos se aplicaran en la especie se les daría efecto retroactivo, pues de ese modo se alteraría o suprimiría un derecho ya adquirido, contrariándose así la norma establecida en el art. 3º (texto actual) del Código Civil.”De La Reta Osvaldo A. s/ Inscripción Martillero Publico Y Corredor de Comercio “- Casación - Fallo: 74199255 - Suprema Corte de Justicia - Circunscripción: 1 - Sala: 1 - Mendoza - 12/11/1974 15 Aguilo Griselda s/ Inscripción de matrícula de martillero y corredor - CC0101 - MP 107085 RSI-817-98 I – 06/08/1998 16 Cámara Apelaciones Civil y Comercial - 12/08/1986 - Pomazan Marcelo Eduardo - Matricula Corredor Publico c/ Soaje Pedro s/ Corredor - Martillero - Inscripción en la Matricula 17 CSJN _ 06/11/2007_ “Ceballos, Graciela Mabel c/E.N. - E.M.G.A. s/daños y perjuicios” _ T. 330, P. 4713 _ Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema 18 Tribunal Superior de Córdoba - Luciani Héctor Eduardo s/ Recurso de Casación - 28/09/2001 19 “En consecuencia, una interpretación finalista y sistemática de las normas que regulan la materia permite concluir que la reforma de la legislación nacional (de la que es coherente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia) ha incidido en la validez de la legislación local invocada.” - CAP de Santa Fe - “Mendiondo M. y Crolla N. c/ Colegios Profesionales s/ Matriculación” Expte. 176/05 – 10/06/2005. 20 . Jorge Mosset Iturraspe – Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2005-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005 21 El Art. 1º del la Ley Nº 23.282 impone la idoneidad para el corredor regulado por el Art. 88º del Código de Comercio en el año 1985. 22 Esto se sustenta en que los títulos académicos, como los títulos de idoneidad son un derecho de propiedad y personalísimo, los que han sido equiparado por una única vez por la Ley Nº 25.028. A su vez es una profesión regulada por el Estado y afecta el interés público, por consecuencia se encuentra incorporada al Art. 43º de la Ley Nº 24.521, la que evalúa y acredita títulos universitarios de grado y pos grado a través de la CONEAU. Ha sido por disposición del Congreso Nacional, por lo que por más que el Ministerio de Educación de la Nación ha hecho caso omiso, cuando por ser un organismo estatal a fin, deben observar la convencionalidad y constitucionalidad de las leyes

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Herramientas para el Ejercicio Profesional g) Realizó una equiparación a los martilleros y corredores idóneos con los futuros egresados universitarios por única vez;23 h) Dispuso que los martilleros y corredores idóneos que se encontraban habilitados a la fecha de sanción no necesitaban matricularse profesionalmente nuevamente.24 En lo referente al contrato de corretaje, dentro de la Ley Especial Nº 20.266 (to), requirió que sea por escrito, pero convivían dos disposiciones, una en el Art. 9º inciso c), en función del Art. 31º y el Art. 36º inciso d) ―actualmente derogado por la ley Nº 26.994―, a consecuencia de la defectuosa técnica legislativa. 2.4.- Cuarta Etapa Es la más reciente, a consecuencia de la unificación de los códigos civil y comercial por la Ley Nº 26.994. Aquí se observan pro y contras en su redacción y en la conveniencia de integrar en particular al Corretaje, a esta nueva norma. No se entiende cual ha sido la motivación de la inclusión del corretaje como un capítulo en este nuevo ordenamiento, porque si el fin era enunciar todo los tipos de contratos, con igual criterio debería haberse incluido el de remate o subasta, más si la decisión fue de política legislativa, cuando las dos actividades se regulan en la misma norma, Ley Especial Indisponible Nº 20.266 (to). Al explicitar los argumentos en contra debemos mencionar como primera razón, que el contrato de corretaje, como ya hemos dicho, se encontraba contenido en la Ley Especial Indisponible Nº 20.266 (to), la que tiene si Orden Público25, y este Código, en la mayoría de su articulado no26. La segunda razón, que aunque se hayan derogado los Art. 36º, 37º y 38º, el contrato de corretaje sigue regulado por el Art. 9º en función de lo dispuesto en el Art. 31º, lo que hace poco prolijo su inclusión en este nuevo ordenamiento. La tercera razón es que el contrato de corretaje hoy solo puede configurarse con la intervención de un profesional universitario MCP, se diferencia de los demás contratos regulados en este nuevo ordenamiento, como los contratos de remate y tasación de mercado que se encuentran regulados por la LEI Nº 20.266 (to). Es un derecho de propiedad, resguardado en el Art. 17º de la constitución Nacional. Es a su vez un acto personalísimo al ser ejercido de forma personal, su título universitario que lo acredita es inembargable, intransferible, innegociable, inconfiscable y no hereditario.

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que le son afín. Esta arbitrariedad e irrazonabilidad que afecta en su equiparación a los martilleros y corredores idóneos, no puede ser negada a la máxima acreditación académica habilitante de su ser profesional. 23 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - CC0202LP - Toro, Sandra Karina c/ Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo” - SCBA - Ac 85886 S - 30-6-2004 - elDial.com W17910 24 Fallo SCJBA. 30-06-2004, L. L. B. A. 2004-827. Aída Kemelmajer de Carlucci - La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes - Pag. 105 25 ”(Cám. Civil y Com. 2a. Sala III, La Plata, Causa B 79.862, R.S.D. 48-95, 18-4-1995, “Martigano, Edith c/ Novelli, Juan C. s/Ordinario”, JUBA B352271) 26 Conf Dr. Horacio Rosatti – Universidad Católica de Santa Fe – “Diplomatura sobre le Nuevo Código Civil y Comercial”

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3.- La ley 20.266 (to) – Régimen Legal del Martillero y Corredor Público


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Debemos analizar el Régimen del Martillero y Corredor Público porque de otro modo no se entenderá el abordaje que se hará de la parte pertinente del corretaje en la Ley Nº 26.994. Este cuerpo normativo reputaba al martillero y corredor como auxiliar del comercio (art. 87º, Cód. Com.) y la regulación del corretaje se centraba más en el sujeto corredor y en la actividad que desplegaba que en el corretaje como contrato27. Pero con ninguna otra competencia en cabeza de este sujeto, que esta facultad. Como ya se ha manifestado, su regulación ha sido sistemática por el Estado Nacional desde sus inicios, primero en los Arts. 88º al 112º. Con la reforma de la ley Nº 23.282 se exigió la “idoneidad. Con el nuevo régimen se cumplieron ocho objetivos que fueron condensados en cinco artículos y un Anexo afectando con esta reforma al Decreto Ley 20.266/73, en el cual se gestó un cambio trascendente en las actividades que por esa reforma se consumaron en facultades reservadas de un nuevo profesional Martillero y Corredor Público - MCP. Ya se ha dejado en claro cuáles fueron los fundamentos centrales de la reforma: otorgarle carácter de profesional y reservarle las incumbencias de “el corretaje, el remate o subasta y las tasaciones de mercado”; a una figura unificada en una norma también única, de orden público, de derecho común, de fondo y federal para todo el Estado Argentino. El Capítulo XII de la LEI Nº 20.266 (to) introducido por la ley Nº 25.028, más allá que se denomina “Corredor”, lo que fue una denominación caprichosa en un contexto muy particular del momento que fue sancionada, tuvo, como primer tema, que superar la dicotomía entre martilleros y corredores, ya que los primeros se consideraban con mayores acreditaciones entre sus incumbencias, y en parte la razón les asistía, ya que contaban con una ley profesional, mientras que los corredores eran solamente auxiliares de comercio, y nada más. El otro tema que ya se encontraba en cuestionamiento, era la figura del “corredor inmobiliario”, el cual pretendía una regulación específica que nunca tuvo aceptación por el mundo jurista nacional, y sirva como ejemplo el hecho de que en ninguno de los proyectos de reforma del Código de Comercio y Civil se la contempló como tal. Solo el lobby empresarial es el que da explicación a tal desproporcionada pretensión. La reforma –Ley 25.028- introdujo, no solo los Art. 1º y 3º de la Ley Especial Nº 20.266 (to), sino los Arts. 31 al 38º que fijaron pautas al corretaje y facultades para al MCP, ya que la utilización de la denominación “corredor” ha sido otra expresión que no se condice con los verdaderos alcances del nuevo régimen legal. Pero el verdadero eje de gravitación de este profesional MCP se encuentra en el Art. 31º del capítulo XII, donde de forma señera se dispone que le es al: “…corretaje todo lo que le es al martillero…”, no dejando duda de que la voluntad del legislador, no es otra, que esta sea una única figura profesional. 27

Siburu, Juan B., "Comentario del Código de Comercio argentino", t. III, 2ª ed., Librería Jurídica de Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1923, ps. 5/6

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Herramientas para el Ejercicio Profesional Artículo 31. — Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Si hubiera sido la intención del legislador una regulación diferenciada entre el Martillero y el Corredor, no hubiera necesitado acoplar ambas en una única norma, como sucedió. Lo que deja sin fundamento a aquellos diferenciadores y anti reforma a quienes no les asiste razón. La reforma solo dio trasvasamiento a lo que ya sucedía en los hechos hasta esta reforma (referencia de Nota de Pie [5]). También se debe tener en cuenta que este Art. 31º comienza haciendo una afirmación descalificativa, al decir: “Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local…”, es decir, todo el articulado que le antecede en esta Ley Especial de Orden Público dispone de supremacía para el ejercicio de corretaje, lo que da mayor sentido a que como primera premisa el martillero idóneo, el reconocido por el Art. 3º de la Ley Nº 25.028 se encuentre habilitado para ejercer el corretaje, como el corredor idóneo del Art. 88º y por la misma analogía se encuentre alcanzado por las facultades, derechos, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones asignadas al martillero idóneo. Una de las pautas más clara de la trascendencia de la operatividad del Art. 31º, ha sido, en lo referente a la posibilidad de actuación de sociedades profesionales, cuando en el Art. 105 derogado28 del Código de Comercio se prohibía de forma expresa la posibilidad de que los martilleros y corredores pudieran constituir sociedades de ningún tipo. A partir de sanción del Decreto Ley Nº 20.266/73 por los Arts. 15º, 16º y 17º se establece la forma, el modo y el alcance de estas sociedades, siendo la cooperativa la única que se prohíbe. Para este tipo de ejercicio del corretaje, tasaciones de mercado, se tuvo que esperar 27 años, y con la reforma de la Ley Nº 20.266 (to), y por su Art. 31º, se ha convertido en operativo para el corretaje como la jurisprudencia ha dado razón. 29 Siendo esta incorporación de la persona jurídica al corretaje una demostración más que acabada del diálogo que ha permitido este artículo. 30 Asimismo analizaremos introducidas por los artículos 32 al 38.

a

continuación

las

modificaciones

Artículo 32. — Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes: a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º; b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Art. 2º de la Ley Nº 25.028 “Teverovsky, Esteban José c/ Sawicz, Vanina Paola y otros s/ cobros de sumas de dinero “- CNCIV - SALA J 03/11/2006 30 CN Com in re: “Armando Pepe SA C/VARIG SA” S/Ordinario; LL 2.2.05 F. 108504; Nº Causa: 87625/02.- Mag.: Ramírez - Arecha. - 27/09/2004; LD, íd., nº 20). 29

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En este, como en los artículos siguientes se pueden observar la controvertida técnica legislativa al disponer iguales requisitos como sucede en el Art. 1º y 32º, como en derechos, obligaciones, prohibiciones o


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 incompatibilidades, cuando el 31º ya dispone el amalgamiento, la fusión en un único título, conservando el ejercicio de las actividades de forma complementaria en este único sujeto profesional MCP. El Art. 32º, como el 1º marcan un hito respecto de este nuevo profesional MCP, disponiendo una nueva acreditación la que debe ser a través de un único título universitario, con los alcances dispuestos por esta norma reformada. Pero, lo que es más significativo de esta combinación de facultades, derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades en un único título universitario que se le otorga a ese egresado universitario, es que es un derecho de propiedad, que por su característica es “personalísimo”, ya que nace en la persona que se le otorga, no puede ser confiscado, ni transferido, ni heredado, ni menos usurpado; que pierde sus efectos con la muerte del que lo ostenta, por lo que esta alcanzado por los Derechos Humanos ―Art. 75º inciso 22) de la CN― la “Identidad Profesional Universitaria”, es decir resguardado por los Tratados Internacionales incorporados que gozan de idéntica jerarquía que nuestra la Constitución Nacional. Como ya sea sustentado, las facultades reservadas tanto en el Art. 34º, como 8º hoy son patrimonio de este título universitario, no porque sea un deseo u oferta académica, sino porque el Art. 31º así lo dispone: el cual debe estar regulado por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 ―Art. 26º, Art. 29 Inciso d), Art. 41º, Art. 43º y Art. 46º―, que “…es el arreglo a las reglamentaciones vigentes”.31 Artículo 33. — Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta; b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32. c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor. d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º; e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local. Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Tanto el Art. 33º, como el 3º definen al corredor y martillero como actividades, no como profesiones, lo que clarifica que la profesión es una, la del MCP, dando mayor firmeza a esta afirmación los fundamentos de la reforma expuestos en la nota de pie [5]. Tampoco en este artículo se define donde se debe matricular para ejercer la actividad del corretaje, o mejor dicho, las facultades dispuestas en el Art. 34º, lo que no sucede para el caso del martillero idóneo, en el que si se disponía en el Art. 04º, por consecuencia en función de lo ya expuesto en el Art. 31º que le es al corretaje todo lo que esté dispuesto para el martillero, es razonable que el órgano que ya lo controla al martillero idóneo sea en 31

Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba - 11/08/2009 - Sent. Nº 108 - Asis, Viviana Noemí - insc. reg. pub. comer. - matricula corredor - recurso de apelación - elDial.com - AA5878

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Herramientas para el Ejercicio Profesional definitiva el sindicado, porque respecto del corredor idóneo se derogó el Art. 89º del Código de Comercio que estableció por ante un Tribunal de Comercio. Pero si no fuera así, habría dos organismos para el control de las actividades de: “remate o subasta, corretaje y tasación de mercado”, lo que no es lógico, porque la habilitación académica es Una, porque sus incumbencias son una sola y Reservadas, y porque los colegios regulan profesiones32 y no actividades profesionales.33 En lo referente a la garantía para el ejercicio del corretaje prevista en el artículo 3° inc. d de esta ley, el inc. d del art. en análisis estable que debe ser “…con los alcances que determina el artículo 6º”, dejando una redundancia con lo que se requiere para ejercer el remate o subasta. El último párrafo de este artículo establece que quien ejerza el corretaje sin matrícula no tiene derecho a percibir honorarios34, por lo tanto en esta actividad en particular, se pide especialmente el requisito de matrícula que en función de lo manifestado en el párrafo anterior y dado que muchas personas ya se han matriculado en el organismo creado con anterioridad a la reforma, será éste el conducente a disponer respecto del nuevo profesional MCP.35 Lo que se corrobora con lo sustentado por la Dra. Kemelmajer de Carlucci al sostener: “De acuerdo a la tendencia mayoritaria, las personas que obtuvieron habilitación conforme a los requisitos de la ley anterior no requieren nueva matriculación en virtud de una ley posterior que exige mayores requisitos (en el caso, la nueva ley exigió título universitario).”36 El recaudo en este último párrafo deviene innecesario porque el corretaje es una actividad profesional universitaria, por lo que resulta improcedente lo manifestado ya que la no matriculación en cualquier profesión liberal determina la clandestinidad del ejercicio―, el haberse mantenido ―Último párrafo del Art. 89º del Código de Comercio― fue un retroceso de esta legislación. Artículo 34. — En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para: a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado. b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos. c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes. d) Prestar fianza por una de las partes.

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“En consecuencia, una interpretación finalista y sistemática de las normas que regulan la materia permite concluir que la reforma de la legislación nacional (de la que es coherente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia) ha incidido en la validez de la legislación local invocada.” - CAP de Santa Fe - “Mendiondo M. y Crolla N. c/ Colegios Profesionales s/ Matriculación” Expte. 176/05 – 10/06/2005. 33 Tribunal Superior de Córdoba - 28/09/2001 – “Luciani Héctor Eduardo s/ Recurso de Casación” - elDial.com CA1785 34 “Sujolusky, Juan Carlos c/ Cairo, Virginio Amadeo s/ Ordinario”. Cámara Comercial: A., 14/08/2009 35 “La certificación obtenida conforme la reglamentación previa testimonia el conocimiento exigido por las normas al momento de expedirse. Si la ley posterior cambia el sistema de demostración de la preparación no puede modificar situaciones pasadas que quedaron agotadas con la ley anterior (art. 3º, Cód. Civil) .” - Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires - Ac 85.886, 30/06/04, “Toro, Sandra Karina c/Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires. s/Amparo” 36 Aída Kemelmajer De Carlucci - La Aplicación Del Código Civil Y Comercial A Las Relaciones Y Situaciones Jurídicas Existentes - Pag. 105 - 49. Requisitos para el ejercicio de ciertas profesiones - FALLO SCJBA. 30-06-2004, L. L. B. A. 2004-827.

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MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 En el Art. 34º hay una fallida técnica legislativa en donde se habla de “profesión del corredor” cuando en el artículo anterior lo define como “actividad”, y en el Art. 31º lo expresa como “corretaje”, donde solo nos deja en claro que como ya se ha demostrado es el profesional MCP el único que ha recibido el legado de las facultades aquí establecidas. En el primer inciso hay que diferenciar dos tipos de contratos que están definidos: a) en primer término el de “corretaje” y, b) en párrafo siguiente de “mandato”. El primer caso, es una facultad reservada, mientras el segundo caso es condicionado por ser un tipo de representación.37 El corretaje, es un contrato que se celebra entre dos sujetos, el MCP ―facultad reservada dentro de la incumbencias― quien debe acreditar el título universitario otorgado para desarrollar la tarea de intermediar entre la oferta y la demanda de cualquier bien tangible o intangible, y el comitente, que es quien la encarga. En el segundo inciso se otorga otra facultad reservada ―informar el valor venal o de mercado―, que es la “tasación de mercado”, la que en el Art. 8º ya se le ha asignado para la actividad del martillero, como el tercer inciso también sucede, encontrándonos ante una repetición o duplicación de actividades que por el Art. 31º ya han sido dispuestas. Solo hay una diferenciación en el inciso d) de este artículo para el caso en que el profesional, una vez finalizada la etapa del contrato de corretaje, es decir, en la etapa de la ejecución del contrato mediado, puede prestarle fianza a alguna de las partes involucradas. Artículo 35. — Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

En el Art. 35º se le requiere que en el ejercicio del corretaje se lleven los asientos de cada uno de los contratos concretados en un libro de forma cronológico, los que deben estar rubricados por el órgano de control de la matrícula, situación similar a lo dispuesto en el Art. 17º.38 Debemos tener en cuenta que por el Art. 979º del Código Civil (derogado por la Ley Nº 26.994) se establecía que los libros de corretaje eran instrumentos públicos. Continúa en la próxima publicación

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“Iturraspe, Carlos Martín c/Banco Galicia y Buenos Aires S.A. s/ordinario” – CNCOM – SALA B – 02/03/2010 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - Antonucci, Arnaldo Fabio c/ Puyo Peña de Cereijo, Alicia E. s/ Cobro de pesos” - CC0001 - ME 112060 RSD-180-8 S - 25-9-2008 - elDial.com - W1987C 38

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Instituto Gremial, Incumbencia y Mediación El Nuevo Código Civil y Comercial y la materia mercantil Estudio de títulos de donaciones hechas a herederos forzosos en el Código Civil de Vélez y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Pablo Luis MANGANARO39

Primera Parte Sumario: 1. Introducción; 2. Consideraciones previas; 2.1. Estudio de títulos; 2.2. Clasificación de los títulos; 2.3. Rescisión y revocación; 3. Estudio de títulos en el Código Civil de Vélez. ¿Por qué y para qué? Análisis histórico-nomológico; 4. Estudio de títulos en el Código Civil y Comercial de la Nación; 5. Donaciones inoficiosas en el Código Civil de Vélez; 5.1. Donaciones hechas a herederos forzosos;

Resumen: Se analiza cómo se pueden llegar a considerar en un estudio de títulos aquellos provenientes de donaciones hechas a herederos forzosos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Para lograr esto, nos serviremos de posturas doctrinarias ya ensayadas con la vigencia del Código Civil de Vélez y, en caso de optar por la observabilidad, hablaremos sobre las posibles subsanaciones.

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Abogado (USAL). Profesor universitario en Ciencias Jurídicas (USAL). Escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matrícula 5494. Miembro titular de la Comisión de Integración Profesional del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor auxiliar en Filosofía, Ética y Filosofía del Derecho en la Facultad de Cs. Jurídicas de la USAL, a cargo de la Dra. Graciela Angeloz. Autor de artículos doctrinarios Infojus.

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En la última década hemos tenido una transformación de nuestro sistema jurídico; la mayoría de las transformaciones responden en su mayor parte a intereses políticos y en menor medida, quizás, a necesidades jurídico-sociales. Parecería que de este cambio sistémico se ha salvado nuestra Constitución Nacional, aunque las interpretaciones llevadas a cabo a lo largo de este período no han dejado de ser un verdadero cambio en el modo de ver nuestro derecho. En este contexto de cambios, observamos cómo nuestro Código Civil,

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1. Introducción


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 pilar fundamental para las relaciones entre las personas, no ha sido la excepción. Hemos visto cómo se ha implementado un nuevo criterio normativo, incluyendo en un nuevo Código Civil y Comercial derechos que ya estaban consagrados en nuestra Constitución, como así también otras reformas y derogaciones que no eran necesarios. No podemos soslayar que también hubo aciertos, pero la ecuación parece dar un resultado negativo. En el presente trabajo intentaremos abordar la influencia del cambio de legislación en los estudios de títulos, sobre todo aquellos donde existe una donación a favor de herederos forzosos. Como es nuestra costumbre, primero daremos unas definiciones generales sobre aquellos conceptos que trataremos de abordar, para luego entender cómo funcionaba en la práctica notarial el estudio de títulos en el Código Civil de Vélez 40 (en adelante, CCIV) comparándolo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación41 (CCCN). También analizaremos los distintos supuestos relacionados con esta temática, es decir: donación inoficiosa, porciones legítimas, acción de reducción, etc., intentando descubrir si las donaciones a favor de herederos legitimarios serán observables con el nuevo plexo normativo. Asimismo, todo esto conlleva a analizar, para el caso de observabilidad, las posibles subsanaciones de estos títulos en el CCCN, teniendo en cuenta antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales al respecto.

2. Consideraciones previas 2.1. Estudio de títulos El estudio de títulos, definido por Etchegaray,42 es: … la relación de los actos y negocios jurídicos que legitimen al titular de un bien para disponer de éste y así asegurar la eficacia del nuevo negocio que el titular va a realizar. Esa relación de antecedentes –agrega– … debe contener la afirmación de que han sido verificados en sus originales y de que se lo ha hecho durante el lapso de la prescripción máxima, respecto del bien objeto del nuevo negocio. Sierz,43 por su parte, considera que … consiste en el examen documental efectuado sobre los antecedentes, matrices, expedientes y títulos que acreditan derechos y legitiman el dominio 40

Código Civil de la Nación – Ley 340 del 25/9/1869, texto actualizado. Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26994 del 1/10/2014, texto actualizado. 42 Etchegaray, Natalio P., Escrituras y actas notariales. Examen exegético de una escritura tipo, Buenos Aires, Astrea, 1998 (2ª ed.), p. 124. 43 Sierz, Susana V., Derecho notarial concordado, Buenos Aires, Di Lalla, 2008, p. 321. 41

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Herramientas para el Ejercicio Profesional durante el plazo de prescripción. El estudio tiende a analizar la legitimación completa, es decir, quién y frente a quién puede concluir válidamente el negocio y el instrumento, para que éste pueda tener consecuencias jurídicas conforme la intención de las partes. Suele hacerse una diferenciación entre la recopilación de antecedentes y el estudio de títulos. En efecto, la primera es una agrupación sistemática de aquellos instrumentos que han servido de antecedentes, pero sin producir una opinión jurídica acerca de ellos. El estudio de títulos le suma a la recopilación de antecedentes la elaboración de una opinión crítica y un examen consensuado de los instrumentos, siendo responsable el profesional que lo dictamina. El estudio de títulos implica un trabajo específico para obtener cierta seguridad jurídica en la etapa inicial del negocio, configura una necesidad y genera en el escribano interviniente una convicción certera acerca de la perfección del título que posee el disponente. Si el notario sigue la buena práctica profesional, transmitirá la perfección del título antecedente al nuevo título que circulará en el llamado tráfico negocial. Cuando hablamos de perfección del título o título perfecto, nos referimos al origen y extensión del dominio. Tal coronación, aplicada a un título, logra una certeza sobre la imposibilidad de iniciar una acción de reivindicación o la posibilidad de rechazarla. Buscaremos supuestas nulidades, anulabilidades o ineficacias que puedan tener el instrumento o el negocio jurídico antecedentes.44 Cabe recordar que el estudio de títulos no es el estudio de su publicidad. Los informes o certificados que emanan del Registro de la Propiedad no gozan de plena fe, con lo que en la práctica notarial se requiere investigar a fondo los antecedentes del título. Cuando el profesional referencista vislumbra una imperfección en el título antecedente, realiza una observación. La observación implica una opinión jurídica no vinculante para el notario designado para efectuar el negocio, pero servirá como pauta para tener en cuenta si acarrea la imposibilidad de realizar el negocio o, por el contrario, la posibilidad de subsanar el vicio y proseguir con la escrituración.

2.2. Clasificación de los títulos

Título perfecto: Es aquel que reúne todos los requisitos de fondo y de forma y que, además, no está sujeto a acción alguna que pueda menoscabar su dominio. Permite inferir que a su titular no se le

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Decimos “nulidad”, “anulabilidad” e “ineficacia” pensando en el sistema de nulidades jurídicas que ha establecido el CCIV, según la doctrina y cierta jurisprudencia. En el CCCN esta distinción se circunscribe a la nulidad e ineficacia, eliminándose la distinción entre acto jurídico nulo y anulable.

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En base a lo señalado, podemos realizar una clasificación de los títulos:


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 opondrán ni presentarán observaciones jurídicas, ni será molestado por ningún tipo de acciones reales de terceros. 

Justo título: Es aquel que tiene por objeto transmitir un derecho real de dominio y que reviste todas las solemnidades necesarias para su validez, sin consideración de la persona de la cual emana. Esta categoría resulta en ocasiones eficaz para la transmisión de dominio solo cuando se conjuga con la buena fe y la posesión en carácter de dueño, pacífica, pública, continua e ininterrumpida durante diez años.

Título putativo: Es un título hipotético, pero para su dueño equivale a uno real y existente. No es verdadero aunque su propietario así lo crea.

Título suficiente: Es aquel que reúne todos los requisitos de fondo (legitimación y capacidad) y de forma (escritura pública para los inmuebles). Es el acto jurídico que sirve de antecedente a la tradición del dominio. Escapan de este concepto aquellos que no generan la transmisión de la propiedad, aunque como consecuencia de ellos se deba efectuar la tradición (p. ej.: locación).

2.3. Rescisión y revocación Los conceptos que daremos de rescisión y revocación tendrán relevancia cuando veamos las posibles subsanaciones, tanto en el CCIV como en el CCCN. Rescisión es la anulación, invalidación o privación de su eficacia ulterior o con efectos retroactivos de una obligación o contrato. Comprende generalmente un acto jurídico bilateral.45 En cambio, revocación –proviene del latín revocatio, nuevo llamamiento– implica dejar sin efecto una decisión. Es una retractación eficaz generalmente comprendida por un acto jurídico unilateral. 46

3. Estudio de títulos en el Código Civil de Vélez. ¿Por qué y para qué? Análisis histórico-nomológico El artículo 3270 del CCIV consagra uno de los principios básicos del derecho: “nemo dat quod non habet” (“nadie puede dar más de lo que tiene”), más conocido con el aforismo latino “nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet” (“nadie puede transmitir a otro más derechos de los que él mismo tiene”), ideado por el jurista romano Ulpiano. 47 El artículo en cuestión establece lo siguiente: “Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un 45

Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, Heliasta, 1997 (ed. actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas). 46 Ibídem. 47 Nicoliello, Nelson, Diccionario del latín jurídico, Buenos Aires, Julio César Faira, 2004, p. 206.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional derecho mejor o más extenso que el que gozaba…”. Aplicado a los inmuebles, el artículo 1051 originario (anterior a la reforma introducida por la Ley 17711) establecía: Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual. El principio se aplicaba taxativamente, tal como lo decía la letra escrita del CCIV. Cuando por algún motivo se declaraba la nulidad del acto, sus efectos se retrotraían a la situación anterior. En el caso de una compraventa, surgía para el comprador la obligación de restituir la cosa, aunque fuera de buena fe y aunque hubiera pagado un precio por ella. El comprador recuperaba entonces el dinero de parte del vendedor, que lo restituía como garantía de evicción y como consecuencia de la reivindicación, aunque se corría el riesgo de que el transmitente fuera insolvente, con lo cual el comprador perdía el dinero invertido en la adquisición. Es por ello que fue necesario establecer una modificación que protegiera de alguna manera al adquirente de buena fe y a título oneroso. Así, en 1968, con la sanción de la Ley 17711, se introdujo una importante excepción al final del artículo 1051: “… salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable”. A continuación se analizará por partes este agregado al artículo 1051: A. «salvo los derechos de los terceros adquirentes» Aquí se establece una suposición acerca de la existencia de dos actos jurídicos: 1. una primera enajenación viciada de nulidad 2. una posterior transmisión de inmuebles válida El comprador de la transmisión válida es tercero con respecto al acto anterior viciado de nulidad, protegiéndolo atento a los vicios que pueda presentar el título del enajenante. Obviamente, para que pueda suscitarse esta protección legal, el tercer adquirente debió adquirir el derecho real o personal sobre el inmueble, cumpliendo aquellos requisitos establecidos por ley.

Escritura pública

Tradición

Inscripción registral (no como requisito de transmisión sino de oposición)

B. «de buena fe» Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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A. título ejemplificativo mencionaremos los más trascendentes:


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 La buena fe estará dada cuando exista una firme convicción de actuar conforme a la ley. En efecto, para que el artículo 1051 tenga eficacia y proteja al tercer adquirente, es necesario que, desde el momento mismo de la adquisición, este se encuentre persuadido de que es el titular de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones de las normas. Si bien la buena fe se presume, se admite prueba en contrario. La conducta llevada a cabo por el tercer adquirente debe ser diligente, siguiendo las reglas de un buen hombre de negocios. Estimamos que se habla de una buena fediligencia y no de buena fe-creencia, tal como ha quedado establecido en la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia. 48 Si previamente a la adquisición que efectuará el tercer adquirente un análisis exhaustivo del título del enajenante advirtiera defectos insalvables, no podrá invocarse buena fe para la protección del artículo 1051. Es por este motivo principalmente que se realiza el estudio de títulos: permite atribuirles la buena fe diligencia necesaria para poder evitar cualquier acción reivindicatoria sobre el inmueble adquirido. C. «a título oneroso» Debe existir una contraprestación equivalente al inmueble entregado para que la operación sea considerada onerosa. Se protege a quien que ha abonado un precio, no así a quien se ha beneficiado de una liberalidad del transmitente. D. «sea el acto nulo o anulable». La nulidad es la sanción que priva al acto de los efectos que le son propios, en virtud de una causa existente al momento de su celebración. No se entrará en el análisis de los tipos, pero cabe destacar que el CCIV entiende que existen dos tipos de nulidades: absolutas y relativas. Se ha interpretado en doctrina que si el vicio afecta el orden público, no queda comprendido en la protección del artículo 1051, ya que de ese modo se lo estaría confirmando al no tener efecto real en la situación. 49 Por consiguiente, solo protege a las nulidades o anulabilidades de carácter relativo.

4. Estudio de títulos en el Código Civil y Comercial de la Nación En cuanto al principio latino “nemo plus iuris…”, encontramos el artículo 399, que no establece grandes cambios a lo propuesto anteriormente: “Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin 48

Ver Alterini, Jorge H., “La buena fe y la titulación como desmitificadoras de las llamadas legitimación y fe pública registral”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, 14/9/2006 (t. 2006-E, p. 1126); y Casabé, Eleonora R., “Inexactitudes registrales. Algunos supuestos conflictivos” (trabajo presentado en el Foro Internacional de Derecho Registral [Santa Fe, 2009]). 49 Alterini, Jorge H., ob. cit. (cfr. nota 9).

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Herramientas para el Ejercicio Profesional perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas”. Creemos que ha sido importante la inclusión del texto que se ubica en la última parte del artículo, atento a que existen supuestos que parecen conformar una excepción al principio del nemo plus iuris; por ejemplo: la transmisión de dominio que puede hacer el fiduciario a favor de un tercero. Por su parte, el artículo 392 CCCN dispone: Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Vemos entonces cómo el artículo 392 CCCN reitera el principio establecido por el artículo 1051 CCIV, que protege a los subadquirentes de buena fe y a título oneroso. El artículo se refiere a inmuebles y agrega los muebles registrables. Evita hacer mención de “tercer adquirente”, reemplazando su locución por “subadquirente”, lo que nos parece más acertado. Otra diferencia que podemos encontrar es la supresión de los actos anulables, atento a que el nuevo sistema jurídico de nulidades no contempla esta categoría de actos. Para Clariá,50 luego de la reforma de la Ley 17711 se había planteado el interrogante de si la protección del tercero tenía lugar en el caso de falta de autoría del titular del derecho transmitido al primer adquirente. La doctrina mayoritaria se había pronunciado por la negativa. El CCCN recoge esa opinión y expresa que los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Otro aspecto a tener en cuenta es que el CCCN reconoce expresamente el estudio de títulos como necesario para que exista buena fe en el adquirente. Sobre este punto, el artículo 1902 manifiesta:

Este artículo resalta la importancia de lo que hemos visto anteriormente: el trabajo del profesional que realiza el estudio de los antecedentes no es meramente recopilatorio y no se circunscribe únicamente a examinar las constancias registrales, sino que requiere un examen exhaustivo y una verificación de todos los actos relevantes del negocio en cuestión. Se ha tenido 50

Clariá, José O., “Hechos y actos jurídicos”, en AA. VV., Lafferrière, J. N. (comp.), Análisis del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial 2012 [on line], Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 2012, pp. 191-196.

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no haber conocido ni se trata de cosas la documentación y actos de verificación

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La buena fe requerida en la relación posesoria consiste en podido conocer la falta de derecho a ella. Cuando registrables, la buena fe requiere el examen previo de constancias registrales, así como el cumplimiento de los pertinente establecidos en el respectivo régimen especial.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 en cuenta para esta modificación la doctrina notarial y jurisprudencia aplicable al estudio de títulos, lo que hasta este momento no se encontraba regulado en ningún artículo. Creemos que esta inclusión es muy acertada y da por terminada la discusión acerca de si es o no una obligación para el notario autorizante realizarla, atento a que hace a la perfección del título y constituye la buena fe que va a poseer el adquirente.

5. Donaciones inoficiosas en el Código Civil de Vélez La define el artículo 1830 CCIV en su primera parte: “Repútase donación inoficiosa aquella cuyo valor excede en la parte de que el donante podía disponer…”. Nos referimos aquí a la porción disponible, respetando la legítima hereditaria de los herederos forzosos (reglamentada en los arts. 3591-3605 CCIV). Se la denomina inoficiosa51 porque, en la medida en que exceda la porción disponible, sufrirá una reducción, restituyendo el donatario el excedente. Estamos ante una restricción del principio de autonomía de la voluntad; en efecto, los bienes que dispone el donante tienen un límite legal. Aquello que se ha donado excediendo la porción disponible implica un gravamen para sus herederos forzosos: “El testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas declaradas en este título. Si lo hiciere, se tendrán por no escritas” (art. 3598 CCIV). Esto conlleva la posibilidad que tiene un heredero de iniciar una acción de reducción (art. 1831 CCIV): Si por el inventario de los bienes del donante fallecido se conociere que fueron inoficiosas las donaciones que había hecho, sus herederos necesarios podrán demandar la reducción de ellas, hasta que queden cubiertas sus legítimas. Cuando hablamos de legítima nos referimos a una porción determinada de bienes del causante sobre la cual tienen derechos sus herederos forzosos. Por consiguiente, la libertad que tiene una persona para desprenderse de sus bienes de manera gratuita no puede afectar esta porción (art. 3591 CCIV): La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia. La capacidad del testador para hacer sus disposiciones testamentarias respecto de su patrimonio sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima que la ley asigna a sus herederos. La reducción procede en las donaciones simples gratuitas (art. 1832 inc. 2 CCIV). Las donaciones remuneratorias o con cargos no son reducibles por la parte onerosa que contienen, pero sí por el resto. Los legitimados activos a

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Enciclopedia jurídica Omeba, México DF, Bibliográfica Omeba, 2012, edición electrónica.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional promover la acción de reducción están estipulados en el artículo 1832, inciso 1, CCIV: La reducción de las donaciones sólo puede ser demandada: 1º) por los herederos forzosos que existían en la época de la donación; empero, si existieren descendientes que tuvieren derecho a ejercer la acción, también competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después de la donación… Para que proceda una acción de reducción, debería acreditarse la calidad de heredero forzoso, atento a que ellos son los únicos que poseen una porción legítima, y que, mediante una liberalidad hecha por el causante, se la haya afectado. Los hijos poseen una porción legítima de cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del causante y de los que este hubiera donado (art. 3593 CCIV). La de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión y los donados (art. 3594 CCIV). La legítima de los cónyuges cuando no existen descendientes ni ascendientes del difunto es la mitad de los bienes de la sucesión del cónyuge difunto, aunque los bienes de la sucesión sean gananciales (art. 3595 CCIV). Según Lorenzetti52 –siguiendo el criterio del artículo 3576 bis CCIV–, la legítima de la viuda que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que le hubiesen correspondido al esposo en dichas sucesiones. Este autor opina que:

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Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, t. III, p. 625.

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Coincidimos con la interpretación de Lorenzetti en el sentido de que el artículo 3576 bis CCIV conforma un obstáculo para el cónyuge que se ha casado después de la donación, pero no compartimos el mismo criterio respecto del hijo adoptado. Creemos que un hijo adoptado, sea que el proceso de adopción se haya iniciado antes o después de la donación, no obsta que pueda obtener una reducción de su legítima, puesto que se encontraría en una paridad jurídica con respecto a un hijo natural. No considerarlo así importaría un acto discriminatorio sin sustento legal alguno.

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El segundo elemento es que se reúna la calidad de heredero forzoso a la época de la donación. Este requisito es un obstáculo para el progreso de la acción del cónyuge que se ha casado después de la donación y para el hijo adoptado luego del acto gratuito. La reducción puede deducirse como acción a fin de atacar una donación inoficiosa, o bien puede oponerse como excepción cuando el heredero enfrenta una donación aún no perfeccionada y cuyo cumplimiento es demandado por el donatario.


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5.1. Donaciones hechas a herederos forzosos Al interpretar la normativa en cuestión, Cerávolo 53 afirma que es unánime la doctrina en cuanto a la procedencia de la acción persecutoria del inmueble adquirido por terceros cuando el título proviene de donación a persona que no revista la calidad de heredero legitimario del donante, sin importar la onerosidad o gratuidad de la adquisición ni tampoco la buena fe del adquirente, quedando a salvo la prescripción decenal desde el fallecimiento del donante. Cita el fallo plenario de las Cámaras Civiles de la Capital Federal, de fecha 11/6/1912, en autos “Escary c/ Pietranera”, que se encuentra vigente.54 Si bien la cuestión que había dado origen al mismo ha sido la imperfección de un título proveniente de la donación hecha a un tercero extraño, ha servido de interpretación para doctrina y jurisprudencia posterior. En este fallo, el juez Emilio Giménez Zapiola dijo –refiriéndose a la acción de colación–: No es para mí dudoso que, tratándose de colación entre coherederos, tal acción reivindicatoria no existe y no puede, por lo tanto, ser ejercitada contra terceros adquirentes de los bienes donados […] Pero la acción de reducción, acordada contra el donatario que no es heredero forzoso por inoficiosidad de la donación, está regida por principios distintos a los que informan la colación entre coherederos. La colación tiene por objeto mantener la igualdad de las porciones legítimas entre coherederos forzosos; la reducción por inoficiosidad ha sido creada para resguardar la institución misma de las legítimas y defender a los hijos de las liberalidades excesivas a favor de extraños a la familia o de parientes de un grado más remoto. Asimismo, el juez José M. Zapiola expresó: … un heredero no tiene sino una acción personal contra su coheredero obligado a colacionar el valor de los bienes dados en vida por el causante. Pero otra cosa sucede y debe suceder cuando se trata de una donación hecha por el causante no a uno de sus herederos, sino a un extraño. Por el contrario, Zannoni55 opina que aquel heredero que ha sido afectado en su legítima por el acto de donación a un coheredero tiene la potestad de dirigir la acción de reducción contra este o directamente contra el tercer adquirente, sin tener especial consideración acerca de la onerosidad o gratuidad de tal adquisición o de su buena fe, aplicando lo dispuesto por el artículo 3955 CCIV 53

Cerávolo, Francisco, “Los títulos provenientes de donaciones a herederos forzosos no son observables”, en La Ley, Buenos Aires, La Ley, 29/10/2010 (t. 2010-F, p. 689) y en Derecho de Familia y de las Personas, Buenos Aires, La Ley, noviembre 2010, p. 171. [N. del E.: publicado en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, nº 902, octubre-diciembre 2010, pp. 17-29]. 54 CNCiv., en pleno, 11/5/1912, “Escary c/ Pietranera” (elDial.com, AN1). [N. del E.: publicado en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, separata “Donaciones a herederos forzosos”, diciembre 2010, pp. 65-71]. 55 Zannoni, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de las sucesiones, Buenos Aires, Astrea, t. 2, § 983.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional –veremos en el próximo apartado que esta postura será la tomada por la comisión creadora del CCCN–. Si bien para la doctrina del fallo plenario la acción de reducción conforma una acción personal con efectos reipersecutorios, para otros conforma una acción meramente personal, lo que implicaría considerar que no posee efectos persecutorios, no afectando título alguno. Lorenzetti, siguiendo a Armella,56 opina al respecto: En fallo plenario [refiriéndose al plenario antes citado] se afirmó que la acción de reducción es real (art. 3955 Cód. Civ.), lo que permite afirmar que el bien donado es reivindicable y, por ello, la donación a terceros, en tanto no se modifique la legislación vigente, está sujeta a la acción de reducción si afecta la legítima de herederos forzosos y el título es observable. En cambio, la mayoría de la doctrina actual, preservando la segundad jurídica y los efectos publicitarios registrales, entiende que toda donación de un bien inmueble otorgado a favor de un heredero forzoso o de un tercero es un título perfecto que no merece, notarialmente hablando, ninguna observación legal. Siendo una acción personal, prescribe a los diez años (art. 4023 Cód. Civ.). Podemos observar que la opinión del presidente de la comisión designada para la elaboración del CCCN no coincide con lo que establece el mismo –como veremos posteriormente–, máxime cuando se refiere a la inobservabilidad como un requisito ineludible para que exista seguridad jurídica y tráfico negocial de los títulos provenientes de donaciones hechas a herederos forzosos. A favor de esta postura, Prayones57 sostuvo en 1915:

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Lorenzetti, Ricardo L., ob. cit. (cfr. nota 13), t. 3, p. 626. Prayones, Eduardo R., Nociones de derecho civil. Derecho de sucesión, Buenos Aires, Centro Estudiantes de Derecho, 1915, p. 236. 57

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Un dictamen de la Comisión de Consultas Jurídicas del Colegio de Escribanos (aprobado por el Consejo Directivo) expresa en forma contundente que son inobservables los títulos provenientes de donaciones hechas a herederos forzosos. Establece que el saneamiento de un título que proviene de una donación a tercero puede darse por medio del distracto de la donación (si el

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… un sistema jurídico que produce como consecuencia la inenajenabilidad de los inmuebles no responde al principio económico necesario en toda buena legislación. La tendencia moderna es facilitar el movimiento económico: que las cosas se vendan y se compren y que todo aquel que adquiere un bien tenga la seguridad de que cuando lo ha pagado nadie podrá molestarlo. No obstante todas estas consideraciones, como se ha dicho, la última jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que hay acción real cuando la donación es hecha a un extraño. Mientras no cambie, a ella hay que atenerse en la Capital Federal.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 donante aún se encuentra con vida) o, por el contrario, si el donante ha fallecido, mediante la renuncia de la acción de reducción o si se prueba que la donación no ha excedido la legítima.58 Por el contrario, Armella59 no coincide con la solución del distracto como forma de saneamiento de los títulos que contienen donaciones hechas a terceros en caso de que el donante se encuentre con vida. En resumidas cuentas, opina que no pueden extinguirse las obligaciones creadas por los contratos si ya se encuentran extinguidas. El distracto no posee fuerza suficiente para retirar los derechos reales que se hubiesen transferido, al ser un acto jurídico simulado.

Revista del Notariado Nº 919 Una publicación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Continúa en la próxima publicación

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“Donación a favor del heredero forzoso. Inobservabilidad del título. El artículo 3955 del Código Civil. Saneamiento de títulos provenientes de donación a terceros”, en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Capital Federal, nº 840, enero-marzo 1995, pp. 131-134 (dictamen de la Comisión Asesora de Consultas Jurídicas sobre la base de un proyecto de Ernesto H. A. Martí, aprobado por el Consejo Directivo el 18/1/1995, expediente 2357-L-1994): “En lo referente a los medios tendientes a sanear el título, éstos difieren según se trate de la donante viva o del donante que ha fallecido. En el primer supuesto, podría recurrirse al distracto de la donación, retrotrayendo la situación al estado anterior y procediendo la heredera declarada a efectuar la venta, o bien mediante sentencia firme que decida la perfección del título. En el segundo supuesto, tramitando el respectivo proceso sucesorio del donante fallecido y probando en el mismo que la donación no excede la legítima de los herederos forzosos, o renunciando los legitimarios a la acción de reivindicación”. 59 Armella, Cristina N., “Contrarius consensus. A propósito de la pretendida bonificación de los títulos de donación”, en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Capital Federal, nº 837, abril-junio 1994, pp. 193218.

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Instituto de Subasta Judicial

JUSTICIA NACIONAL

A Propósito de la Subasta Judicial y su Nulidad Por Graciela S. Rosetti

Segunda Parte

LEGITIMACIÓN. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO En el supuesto de introducirse el incidente de nulidad y -claro está- en la medida en que este no sea desestimado in limine, el artículo 592 del CProc. brinda la directriz desde que allí dispone la correspondiente sustanciación con las partes, el martillero y el adquirente. De Perogrullo resulta que son las partes las más interesadas para tomar intervención en la cuestión planteada. El interés del martillero emerge con total claridad, dado que podría estar comprometido su prestigio, además de verse patrimonialmente afectado (pérdida de la comisión, reconocimiento por gastos incurridos y hasta tener que responder por daños y perjuicios). Y qué decir del comprador, quien se erigirá en defensor de la adquisición que hiciera, pues si tal operatoria se desmorona, su patrimonio se vería afectado.

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“Vicor SRL c/Hilo Musical SA” - CNCom. - Sala A - 19/2/2009

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En el supuesto de compra en comisión, en la medida en que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 571 del CProc., se admite la legitimación de quien compra en dicho carácter.

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También se le reconoció legitimación a la sindicatura, que esgrimió la nulidad de la subasta a la que el magistrado hizo lugar con relación a un bien inmueble cuya propietaria era la fallida, pues se había omitido requerir el informe de inhibición general de bienes como recaudo previo al decreto.60


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 La detentan, también, el tercerista de mejor derecho (art. 100, ap. 2, CProc.) y el de dominio en el supuesto previsto en el artículo 99 de dicho ordenamiento. Asimismo, se menciona al condómino al enajenarse su porción indivisa sin ser parte en las actuaciones o a quien demuestre detentar un interés legítimo, o al acreedor que hizo valer su privilegio en otro proceso por el interés en defender su crédito, cuya titularidad detenta.61 Por el contrario, carecen de legitimación los acreedores embargantes e inhibientes que hayan sido citados en los términos del artículo 575 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; el locatario del bien subastado -lo que igual no obsta a que haga valer sus derechos en la forma y oportunidad correspondientes-62; el ocupante del inmueble rematado cuando funda su derecho en un boleto de compraventa, el que constituye una promesa de venta que no acredita titularidad del dominio 63; el que a través de acción subrogatoria y alegando ser acreedor del ejecutado efectúa el planteo nulitivo cuando se encontraba consentido el remate64; el Colegio de Martilleros basado en el hecho de haberse realizado la subasta por un martillero no inscripto en la institución, por no ser parte en el juicio y porque puede hacer valer sus atribuciones contra el infractor fuera del ámbito del proceso. 65 Se ha señalado que no se demuestra interés jurídico tutelable que habilite el requerimiento de la nulidad de la subasta por quien solo alega su intención de haber participado en la puja del remate en orden a adquirir el bien subastado.66 En cuanto a la ex cónyuge del ejecutado, se rechazó su pretensión de nulidad de la subasta por no estar legitimada para hacerlo, dado que de las condiciones del dominio surge que la propiedad del bien estaba en cabeza del ejecutado, siendo improcedente el planteo por el hecho de figurar en el certificado como casado, por cuanto el régimen de ganancialidad no convierte al cónyuge en condómino.67 Tampoco poseen legitimación los acreedores hipotecarios para efectuar el planteo de nulidad por la omisión de citar a los herederos del coejecutado, toda vez que dicha facultad le corresponde únicamente a estos últimos. 68 Por no ser parte en el incidente de nulidad, al diario en donde se dispuso la publicación edictal no se le reconoció legitimación. 69 61

Cám. 2ª Apel. Civ. y Com. La Plata - Sala III - 11/8/1964, LL - 117-779; CSJN - 16/12/1976, Fallos: 296:646; Cám. Apel. Civ. y Com. Azul - 26/8/1999, LLBA - 1999-1313 62 CNCiv. - Sala B - 3/8/1964, ED - 9-428 63 CNCiv. - Sala B - 26/8/1967, ED - 22-570 64 CNCiv. - Sala D - 23/7/1963, LL - 113-800 65 Hernández, Hernando: “Tratado de la ejecución” - Ed. Universidad - Bs. As. - 1991 - T. I - págs. 234/5 66 Cám. 1ª Apel. Civ. y Com. San Nicolás - 9/3/1993, elDial - WBCA0 67 CNCom. - Sala A - 27/10/2005, LL - 2006-A-659 68 CNCiv. - Sala K - 22/12/2004 - LexisNexis - 10/9640

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Herramientas para el Ejercicio Profesional Sentado lo expuesto, debe tenerse presente que, frente a la articulación del incidente de nulidad, tal circunstancia genera el nacimiento de un litisconsorcio necesario, de ahí la necesidad de otorgarle a todos los interesados la posibilidad de ser escuchados -so riesgo de decretarse la nulidad de todo lo actuado-, en aras del principio procesal de bilateralidad y a fin de no conculcar el derecho constitucional de defensa en juicio. Se ha dicho que el incidente de nulidad de la subasta genera un litisconsorcio necesario pasivo, toda vez que la invalidez del acto no puede ser decidida si previamente no se ha dado intervención a todas las partes interesadas. 70

PLAZO Y PROCEDIMIENTO En atención a lo dispuesto en el artículo 592 del CProc., “la nulidad del remate, a pedido de parte, solo podrá plantearse hasta dentro del quinto día de realizado”, pero si se fundase en hechos anteriores al decreto, dicho plazo corre desde que se tuvo conocimiento del acto que se considera viciado, por tanto, se debe aclarar que, de ser procedente, se dispondrá correr traslado por cinco días, providencia que habrá de notificarse personalmente o por cédula. El andarivel incidental que corresponde imprimir ante un planteo de nulidad de la subasta nos conecta con las normas previstas en el artículo 176 y siguientes del CProc., por lo que será menester la observancia de las formalidades allí contempladas. Fundamentalmente, debe tenerse presente que el escrito en el que se articula la cuestión debe fundarse “clara y concretamente en los hechos y en el derecho” (confr. art. 178, CProc.) como así también, y por imperio del artículo 120 del CProc., deberán acompañarse tantas copias como partes intervengan,71 salvo que la personería haya sido unificada. En cuanto al martillero, sea que haya incoado el incidente o intervenga en él como legitimado pasivo, debe contar con patrocinio letrado.

69 70 71 72

Cám. 2ª Apel. Civ. y Com. La Plata - Sala III - 24/10/1991, elDial - W481B CNCom. - Sala A - 11/1992, LexisNexis - 11/15991 CNCiv. - Sala B - 29/2/1972, LL - 148-653 CNCiv. - Sala C - 9/11/1972, ED - 49-437; CNEsp. Civ. y Com. - Sala I - 4/4/1986, ED - 120-121

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El artículo 178 del CProc. brinda al incidentista, en oportunidad de efectuar su planteo, la posibilidad de ofrecer prueba, cuya apertura resulta facultativa para el juez, quien podrá prescindir de ella cuando la estime innecesaria o inconducente.72 Ahora bien, en el supuesto de que se disponga su producción, se aplicarán supletoriamente, en la medida en que sean compatibles, las normas generales en materia probatoria. El magistrado, en ejercicio de las facultades que le irroga el artículo 36, inciso 2), del CProc., podrá ordenar su producción si considerase que existen hechos susceptibles de ser acreditados.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Se ha señalado, por ejemplo, que una de las pruebas que puede producirse cuando la nulidad se funda en hechos que exceden la normalidad y que acaecieron en el ámbito de la Oficina de Subastas Judiciales es la de requerir vía oficio a esta la remisión de la copia de la videograbación del acto, aunque el “contenido de dicho material no tendrá carácter vinculante, ni condicionará las decisiones del magistrado que debe resolver sobre la nulidad...”.73 La carga de la prueba, finalmente, pesa sobre el incidentista. Ordenada y producida la prueba -en caso de que fuera ofrecida y admitida- o finalizada la etapa postulatoria en su defecto, le cabe a la jurisdicción emitir la correspondiente interlocutoria, ajustada a los recaudos previstos en los artículos 160 y 161 del CProc. en el plazo de diez días [art. 34, inc. 3), CProc.], la que habrá de ser notificada, sea a tenor de lo previsto en el artículo 135, inciso 13), del CProc. o por otros medios admitidos (art. 136), además del pronunciamiento en cuanto a la imposición de costas.

RECHAZO IN LIMINE DEL PEDIDO DE NULIDAD Si las circunstancias invocadas por el nulidicente fueran manifiestamente inatendibles o la petición estuviera despojada de todo fundamento respecto del perjuicio sufrido, o fuese extemporáneo el planteo, o este fuera articulado por un tercero carente de interés en restar validez al acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 592 del CProc., el juez podrá desestimar in limine la pretensión que intentó esgrimirse. Esta resolución es apelable, recurso que debe concederse en relación y con efecto suspensivo. También dicha normativa contempla la posibilidad de aplicar una multa a quien apela la resolución que desestimó el incidente y que la Cámara confirma, y será a esta, en opinión de Areán, a quien le cabrá establecer el monto de la multa por entender “que el hecho que se constituye en la fuente generadora de la sanción tiene lugar en la Cámara de Apelaciones, al confirmar la resolución del a quo”. En contra se pronuncia Palacio.74 Con ello, se tiende a colocar un valladar a todos aquellos incidentes dilatorios con el solo ánimo de obstaculizar el camino emprendido de la ejecución forzada. Producto de la casuística se dispuso que la “confirmatoria en la Alzada del rechazo in limine del pedido de nulidad de subasta torna aplicable la regla 73

Highton, Elena I. y Areán, Códigos provinciales. Análisis 74 Highton, Elena I. y Areán, Códigos provinciales. Análisis

Beatriz A. doctrinal y Beatriz A. doctrinal y

(Dirs.): “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los jurisprudencial” - T. 11 - pág. 771 (Dirs.): “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los jurisprudencial” - T. 11 - pág. 778

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Herramientas para el Ejercicio Profesional consagrada en el segundo párrafo del artículo 592 del CProc., correspondiendo imponer una multa equivalente al 10% del precio obtenido en el remate”.75 En otro fallo, se estimó inadmisible la petición por cuanto el nulidicente se abstuvo de “…precisar el perjuicio sufrido como consecuencia del acto que estima viciado, solución esta que se encuentra … consagrada por el artículo 592 del CProc. que … prevé el rechazo in limine de la articulación, si el incidentista omite el cumplimiento de aquel recaudo”.76 En otro orden, también se desestimó al sostenerse que no “debe confundirse la nulidad procesal de la subasta con un eventual caso de nulidad de la compraventa realizada por este medio -en el caso, con fundamento en el art. 1361, inc. 6), CC- pues esta nulidad está regida por el CC y no por el CProc. Ello así, pues nada tiene que ver la nulidad de fondo con los plazos y vías considerados por la nulidad procesal, dado que se puede, independientemente, ejercer acción de nulidad de acuerdo con el derecho de fondo, que no puede ser derogado por el de forma”.77

NULIDAD DE OFICIO MEDIANDO SUBASTA DECRETADA Más allá de consentir las partes la subasta, la ley adjetiva impone al juez el deber de decretar su nulidad, en el supuesto de adolecer dicho acto de tal irregularidad que importe comprometer “gravemente la actividad jurisdiccional”. Así, Eisner ha dicho que ello acaece cuando las irregularidades comprometen “el principio y la dignidad del quehacer jurisdiccional y la administración de justicia, especialmente en orden a la expropiación forzosa en los procesos de ejecución que debe asegurar la igualdad de posibilidades de todos los interesados en la puja, y la transparencia de su resultado”78, y lo expuesto fue a propósito de un caso que comenta el autor, en el que se declaró de oficio la nulidad de la subasta porque, al fracasar una primera adjudicación por un precio bastante superior a la base y al manifestar el mejor postor que carecía de dinero, los martilleros, sin autorización del juez, volvieron a realizar una nueva subasta retomando las posturas desde la base cuando parte del público ya se había retirado, por lo que obtuvieron un precio apenas superior a la base.

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CNCiv. - Sala G - 10/11/1998, elDial - AE113B CNCiv. - Sala F - 18/11/1985, Lexis - 2/33786 “Mendizábal, Carlos A. c/Vial Panamericana SA” - CNCiv. - Sala B - 7/8/1997 Eisner: “Anulación de oficio del remate judicial por culpa del martillero” - LL - 1994-E-157

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Asimismo, entre otros ejemplos, se hizo mención al cambio de fecha o adelantamiento de la hora del remate por el martillero sin estar autorizado.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Por otra parte, se decidió decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando la libertad de los eventuales postores resultaba ostensiblemente coartada a raíz de maniobras de terceros. Por lo demás, si quien siendo adquirente en comisión no es el que firmó después el boleto, sin dejar constancia aclaratoria por parte del martillero, procede anular la subasta por haberse violado una regla formal elemental atinente a la seguridad jurídica que debe de prevalecer.79 En otra causa -inédita-, el magistrado decretó la nulidad del remate partiendo del precepto que “prohíbe la compra por sí o por interpósita persona…” por considerar que, “…dada la diversidad de intereses que existen entre el comprador y el deudor propietario, resulta inadmisible que el deudor participe del acto de subasta, por sí o por interpósita persona…” restándole seriedad al acto. También allí dejó sentado que “…si el precio obtenido resultara inferior a la suma adeudada, y el bien saliera inmediatamente del patrimonio del deudor, con una sucesiva venta posterior a la subasta, quedaría impaga la deuda por una maniobra cuanto menos sospechosa. De no salir del patrimonio posibilitaría una nueva ejecución del bien”.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Resulta de aplicación lo estatuido por el artículo 1050 del CC al establecer que la “nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado”. En el proyecto de Código Civil y Comercial, el artículo 390 expresa: “La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto”. A mérito de ello, a los compradores que no hubieran dado lugar a la nulidad deberá restituírseles las sumas por estos integradas, es decir, la seña y demás gastos que hubieran efectuado, como la comisión y el sellado. Pesa sobre el causante de la nulidad la obligación de reparar los daños y perjuicios que hubiese irrogado, los que tendrán que ser invocados y verificados.

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“Nápoli, José P. c/Cray Don SA” - CNCiv. - Sala A - 13/4/1993

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Herramientas para el Ejercicio Profesional Se ha planteado la temática con respecto a los efectos de la nulidad de la subasta, pero por vicios que la preceden. Así, el artículo 1051 del CC expresa: “Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto anulado quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual, salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo o anulable”. En este sentido, el artículo 392 del proyecto ya aludido se redacta en estos términos: “Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. ”Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho”. Así fue que el mentado artículo 1050 generó diversas interpretaciones, no solo con respecto a qué debía entenderse por buena fe, sino con relación a su aplicación al adquirente en subasta judicial. Se ha expresado que la buena fe requiere algo más que la creencia de que los actos previos a la transmisión dominial son regulares, pues “la apariencia solo justifica la protección de los terceros en la medida en que se produce su error excusable; mas el derecho común considera que el error es inexcusable, cuando proviene de una negligencia culpable…”.80

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Alterini, Atilio: “Estudio de títulos” - LL - 1981-B-858

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Frente a ello, nuevamente el accionado insiste en su anterior denuncia de nulidad del remate, lo que fuera resistido por los compradores.

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En un caso, se desestimó la nulidad de la subasta peticionada por el demandado en salvaguarda de los terceros de buena fe y prioridad registral entre la subasta y la venta privada. Rematado el 50% indiviso de la propiedad del ejecutado, este, en plena sustanciación de los trámites inherentes a la aprobación de la subasta, compareció al proceso para informar que había vendido particularmente el mismo bien a terceros ajenos al juicio. Más allá de las vicisitudes procesales acaecidas, lo cierto es que, casi un año después de realizada la subasta y previa manifestación de la actora de haber sido desinteresada, la subasta se aprobó depositándose el saldo del precio y disponiéndose la escrituración del bien subastado a nombre de los adquirentes.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Los antecedentes fácticos arrimados a la causa dieron cuenta de que la cónyuge del demandado, titular del 50% restante del bien, junto con este privadamente enajenó todo el inmueble, cuya mitad estaba siendo rematada ese mismo día. Ante el conflicto planteado, la Alzada, partiendo de la base de que “no es posible discutir, dentro de este proceso, ni la validez ni la sinceridad de la venta realizada por el ejecutado y su cónyuge a favor…”, quienes ni siquiera son parte en el proceso, “…y dado que dicha venta quedó perfeccionada e inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con anterioridad a que pudiera ocurrir lo propio con la enajenación del 50% indiviso de esa propiedad que fuera rematada … resulta ineludible concluir -a tenor de lo dispuesto por el art. 2505, CC- en una suerte de „resolución‟ de la subasta como consecuencia de haber devenido material y jurídicamente imposible el perfeccionamiento de esa venta, por no encontrarse actualmente en cabeza del demandado el dominio del bien objeto de enajenación…”. Finalmente, se declaró la “imposibilidad del perfeccionamiento de la subasta con la consiguiente devolución de las sumas depositadas por los adquirentes…” y se decretó la procedencia de un resarcimiento de intereses y gastos por parte del accionado.81

PALABRAS FINALES La misión de este trabajo ha sido brindar un paneo general (aunque no por ello menos exhaustivo) de tan importante estadio procesal para quien pretende la satisfacción de su crédito a través de la realización de los bienes del deudor, esto es, la subasta judicial; y, principalmente, efectuar un análisis pormenorizado de una cuestión de tamaña trascendencia, cual es su pedido nulidad, tantas veces requerido y no siempre debidamente resuelto. Asimismo, se efectuaron los correspondientes paralelismos con el proyecto del Código Civil y Comercial 2012, a fin de que los operadores del derecho tengamos herramientas para resolver las referidas cuestiones, en caso de que se promulgara.

ERREPAR PUBLICACIÓN: Compendio Jurídico TOMO/BOLETÍN: 70 - PÁGINA: 123 MES: Enero/Febrero - AÑO: 2013

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“Banco de Galicia y Buenos Aires c/Cachafeiro, Oscar Mario” - CNCom. - Sala C - 5/5/1998

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Instituto de Tasación y Subasta

EL VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Por Gabriel B. Ventura

Primera Parte

SUMARIO: I- INTRODUCCIÓN. II- LA PRUEBA EN EL PROCESO Y EN LA VIDA JURÍDICA ESPONTÁNEA. III- LA REGULACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. IV- FUERZA OBLIGATORIA, VALOR PROBATORIO, EFICACIA CONVICTIVA. 1) FUERZA OBLIGATORIA. 2) VALOR PROBATORIO. a) ACTOS CUMPLIDOS POR EL OFICIAL PÚBLICO, O PASADOS EN SU PRESENCIA. b) CLÁUSULAS DISPOSITIVAS. c) CLÁUSULAS ENUNCIATIVAS DIRECTAS.

I- INTRODUCCIÓN Referirnos a valor probatorio, encierra el desafío de desentrañar una serie de preconceptos que, de no ser acordados previamente, entorpecerán nuestro desarrollo.

A pesar de nuestra crítica, este fenómeno no deja de ser positivo, pues se parte de considerar una realidad que es lo normal, lo obvio, lo que comúnmente ocurre (“eo quod plerumque fit”): el cumplimiento de los Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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Ocurre pues, en general, que las escuelas de derecho en nuestro medio, se ocupan más de preparar a sus estudiantes para el ejercicio compulsivo de las obligaciones de sus contrapartes, que para una comprensión y análisis del fenómeno jurídico en su desenvolvimiento normal. En efecto, salvo en el plano puramente filosófico y especulativo, no suele aparecer en el esquema del estudioso del derecho, la situación del acatamiento manso del mandato legal.

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Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Profesor Titular de Derechos Reales y de Derecho Notarial de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Titular de Derecho Notarial de la Universidad Católica de Córdoba.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 deberes jurídicos por parte de los sujetos de derecho; y ello nos habla de una sociedad noble y afanosa. En definitiva, se demuestra una vez más la sabiduría de Platón, quien en lógica sentencia pregonaba: “donde reina el amor sobran las leyes”. Son pues, las patologías, incumplimientos e in conductas, los que hacen necesaria nuestra disciplina, y entusiasman al estudioso e investigador del derecho. Pero es también este fenómeno, el que a veces no deja vislumbrar claramente el desenvolvimiento del llamado “derecho normal” o “derecho de la normalidad”, en el cual sus protagonistas, los sujetos de derecho, cumplen acabadamente con sus deberes y obligaciones sin requerir compulsión alguna. Estos supuestos, que a Dios gracia siguen siendo los casos más frecuentes, tornarían innecesario, por lo menos desde el punto de vista práctico, el ejercicio de la abogacía. Sin embargo no creemos adecuado ignorar esta faceta de lo jurídico. ¿Acaso no es jurídica la actitud del deudor que en tiempo propio cumple su obligación? ¿Deja de ser jurídico el obrar del ciudadano que respeta el dominio de su vecino sin necesidad de exigirle la exhibición del título dominial? Por ello decíamos al comienzo que resulta menester acordar ciertos preconceptos. Por ejemplo cuando aparece la expresión “ejecución”, surge también con ella la imagen de los estrados judiciales: una sentencia condenatoria, o un martillero bajando el martillo en una subasta para hacer frente compulsivamente con el precio de la venta, a la obligación incumplida (art. 743 del CCCN). Este errado preconcepto, hace que la expresión “ejecución”, en su sentido primigenio, aludiendo al cumplimiento de las obligaciones y deberes de manera espontánea y sin coacción externa, haya dejado de usarse como locución jurídica corriente. Si bien la doctrina y algunas normas en concreto mencionan la ejecución en ese sentido normal al que venimos aludiendo, por lo que se distingue la ejecución voluntaria de la ejecución forzada, en la jerga corriente de la práctica, sin embargo, la ejecución por antonomasia se da, compulsivamente, en los estrados judiciales. Couture dedica media carilla a la ejecución normal, y luego, al referirse a la necesidad de la intervención de la justicia cuando el deudor no cumple espontáneamente, expresa que, en estos casos “El procedimiento se denomina (…) ejecución forzada, por oposición a ejecución voluntaria. Por apócope, los vocablos ejecución forzada se han reducido a ejecución” 82. La contundencia del Maestro procesalista uruguayo, nos exime de mayores lucubraciones al respecto. 82

COUTURE, Eduardo J.; “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ra. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1958, pág. 438.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional Pues bien, otro tanto ocurre con el tema central que se aborda aquí, en el artículo 296 que estamos analizando: la prueba. En efecto, el hecho de observar sólo los incumplimientos y patologías en las relaciones jurídicas y sociales, ha incidido de manera manifiesta en el concepto jurídico de prueba; ello al punto tal que enjundiosa doctrina hace aparecer el concepto sólo cuando hay controversia respecto a la existencia del contrato o del hecho generador de la obligación.

II- LA PRUEBA EN EL PROCESO Y EN LA VIDA JURÍDICA ESPONTÁNEA Como el derecho realiza su principal aporte, aunque no resulte manifiesto, cuando la relación espontánea deja de ser tal, y se hace necesaria la compulsión para lograr el compromiso asumido o impuesto por la ley, según hemos expresado, al referirnos a “prueba”, su concepto también aparece teñido de esa anormalidad social que significa el incumplimiento. Es por estas circunstancias que cuando recurrimos a la doctrina para abordar el concepto de prueba, nos encontraremos, con una idea apartada por completo de la normalidad de la vida jurídica espontánea; y dominada por el contrario, por la idea de contienda o controversia. Así se dirá que “prueba” es el aporte que hacen las partes al proceso para tratar de convencer al juzgador sobre los derechos que le asisten, y obtener en consecuencia un resultado favorable en el pleito.

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DEVIS ECHANDIA, Hernando; “Compendio de la Prueba Judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1984, Tomo I, pág. 25 – 26.

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Pero el mundo del derecho, y sobre todo su estudio de grado, avasallado erróneamente por la idea del conflicto, como hemos expresado más arriba, suele poner solo su mira en la contienda, sin advertir que aun en lo jurídico hay una pacífica prueba mansamente aceptada por la comunidad.

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Sin embargo, es necesario reparar en que, no sólo en el mundo del derecho, sino en toda ciencia reconstructiva, como la historia, la antropología y hasta la astronomía, se requiere del valioso aporte de la prueba para sostener teorías y rehacer el pasado, reciente o remoto; como puede suponerse, en estos ámbitos, no hay una contraparte intentando desvirtuar lo comprobado con el mezquino interés de ganar; a lo sumo será para desentrañar la verdad en el plano científico. El destacado procesalista y Maestro colombiano Devis Echandía expresa que “El jurista reconstruye el pasado, para conocer quién tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas leyes; el historiador, el arqueólogo, el lingüista, etcétera, lo hacen no solo para informar y valorar los hechos pasados, sino para comprender mejor los actuales y calcular los futuros”83


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Por ello explica Carnelutti, que no debe confundirse la “prueba” usada en el lenguaje común y que se refiere a la comprobación de la verdad de una afirmación, con todo el procedimiento empleado para la verificación de esa afirmación84. En muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito de los instrumentos públicos, lo corroborado en esta especie documental no suele cuestionarse en los estrados judiciales; y, aunque los hay, son supuestos muy excepcionales los que parten de esa impugnación. Justamente lo que ha querido el legislador al crear el instrumento público, regulando de manera expresa su valor probatorio, es brindar un punto de apoyo seguro para la reconstrucción de los hechos; de manera tal que sean raros y en general infundados, los intentos de destruir sus afirmaciones. Si el instrumento público no significara un aporte probatorio casi indestructible, no cumpliría con ese cometido; que según nuestra idea, trabaja fundamentalmente en el derecho de la normalidad y presuponiendo el acatamiento espontáneo de su contenido. Todos los días, en la cotidianeidad de su pasar, damos por probado el dominio de los sujetos que conducen sus automóviles, que usan sus utensilios y el derecho de vivir en sus casas en donde los vemos entrar y salir, sin que, como regla general, nadie cuestione su derecho a hacerlo. No es normal pues, poner en tela de juicio el acostumbrado ejercicio del derecho de cada quien, como para que lleguemos a sostener que la prueba, aun en el derecho contaminado por la contienda, solo haga su aporte ante la controversia. Por ello siempre hemos negado acierto a las definiciones de algunos autores que, influidos por el ejercicio de la abogacía y su constante enfrentamiento con el pleito, analizan la prueba dando por sentado el desconocimiento del derecho a un sujeto determinado. Ellos se refieren a toda la actividad encaminada a probar, y no a la prueba misma. La sentencia que, a manera de proloquio latino, dice: “tanto vale no tener un derecho, como no poder probarlo” tan arraigada en España, refuerza lo que venimos exponiendo. Pero la necesidad de la prueba, como procedimiento, en los términos de Carnelutti a los que aludíamos más arriba, solo aparecerá frente al desconocimiento del derecho, y no ante su dócil acatamiento. Lo normal es poder usar de nuestros derechos sin necesidad de probarlos; pero ello ocurre por conocer a ciencia cierta que, de ser necesario, aparecerá en su respaldo el sólido y casi indestructible aporte de un instrumento público.

III- LA REGULACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

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CARNELUTTI, Francisco; “La Prueba Civil”, Bs.As. 2da. Ed. Depalma, Bs.As. 1988, pág. 38.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional Bajo el título “Eficacia Probatoria”, el nuevo CCCN, en su artículo 296, se refiere al tema de Valor Probatorio del instrumento público en general; y si bien no difiere demasiado de la regulación que al respecto tenía el Código de Vélez; sí en cambio hay algunas expresiones omitidas y otras alteradas. Dice el art. 296 del CCCN: Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe: a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal; b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

IV- FUERZA CONVICTIVA

OBLIGATORIA

-

VALOR

PROBATORIO

-

EFICACIA

Antes de comenzar a analizar el contenido del art. 296 del CCCN, se hace menester efectuar ciertas apreciaciones respecto a distintos aspectos relacionados con la prueba en materia de instrumentos públicos; ello para evitar aplicar erróneamente el concepto de valor probatorio, que es propiamente el que pretendemos abordar. En efecto, hay tres básicas expresiones relacionadas con la fuerza ejecutiva de un instrumento público, pero no todas ellas aluden al valor probatorio. Remarquemos una vez más, antes de entrar de lleno en el contenido de la norma, que la primera gran prueba del instrumento público, radica en probarse a sí mismo (“scriptam publicam probam se ipsa”); sin cuyo efecto mal podría probar ninguna otra cosa.

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Son estimaciones diferentes que apuntan a distintos elementos volcados en un instrumento público. La fuerza obligatoria está ceñida al contenido negocial; el valor probatorio al contenido instrumental; es decir a la forma; y finalmente, la llamada eficacia convictiva, que se refiere a la virtud de convencer acerca de una situación particular, que el contenido documental, reforzado por la forma, podría producir en el ánimo de cualquier intérprete.

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Así distinguimos: 1) la fuerza obligatoria, 2) valor probatorio, y 3) la eficacia convictiva.

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MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Estas diferencias suelen confundirse a veces, aun en pronunciamientos judiciales, de allí la importancia que asignamos al tema. Veamos separadamente cada una de ellas:

1) FUERZA OBLIGATORIA: En primer lugar diremos que es “fuerza obligatoria” el efecto vinculante de cualquier acto jurídico, sobre todo nos referimos a los contratos. Proviene de la relación jurídica entre las partes con motivo de las obligaciones asumidas. Para comprender esto, aporta mucho didácticamente hablando, la clara definición que de contrato nos da el CCCN, en su artículo 957. Dice: “Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. Esta norma se complementa con la del art. 959 que determina el efecto vinculante del contrato entre las partes; y expresa: “Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes…”; lo que no es otra cosa que la aplicación del principio “pacta sunt servanda” (los pactos deben cumplirse). Pues bien, a este efecto tan natural de los contratos contenido en las normas parcialmente transcriptas en el párrafo precedente, es a lo que se hace referencia cuando se habla de fuerza obligatoria. Como puede apreciarse, dicho efecto no tiene mucho que ver con el instrumento mismo, sino con el acto jurídico en él plasmado. Si bien en algunos casos la ley impone una forma determinada, por ejemplo a la compraventa sobre inmuebles que debe instrumentarse en escritura pública (art. 1017 del CCCN), dicha forma no es la que obliga, sino el acto jurídico en ella contenido.

2) VALOR PROBATORIO: Se llama fuerza probatoria, o valor probatorio 85, al grado de certeza que la ley atribuye al contenido de un instrumento público, según la procedencia de lo allí afirmado. En primer lugar corresponde aclarar que la fuerza probatoria del instrumento público no abarca por igual todas las cláusulas. Recordemos, tal como lo hicimos en nuestra nota al art. 289, que la fe pública es la presunción de verdad de los hechos y actos sometidos a 85

Preferimos “fuerza” o “valor probatorio”, antes que “eficacia” como se titula la norma, porque esta última palabra alude más a la capacidad del documento de probar, con una carga subjetiva que no admitimos en el valor probatorio; por ello reservamos esta expresión para la llamada “eficacia convictiva”, que definiremos como capacidad de generar convencimiento de alguna situación. Hay una importante carga de subjetividad en su manifestación que no debe existir en el valor probatorio expresamente tabulado por ley.

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Herramientas para el Ejercicio Profesional su amparo86. Pues bien, lo que queremos expresar es que no todo el contenido del documento público tiene idéntico grado de presunción de verdad; sino que según cuál sea el papel que juega en una relación jurídica cada una de las expresiones contenidas, será el valor asignado por la ley. El legislador ha establecido en este artículo 296 del CCCN, tal como lo hacía Vélez en los arts. 993, 994 y 995 del código derogado, una perfecta tabulación, grados de certeza, o presunción de verdad, a cada parte del contenido documental. Pero esta asignación en escala, no ha sido atribuida de manera arbitraria, sino que responde al grado de atención psicológica que las partes del acto supuestamente han debido poner a cada una de sus cláusulas, en el momento de su lectura. El CCCN ha sintetizado en una sola norma, todas las valoraciones que pueden efectuarse según cuáles sean los contenidos de las cláusulas dentro del instrumento público. Los artículos 993 y 994 del viejo código están ahora contenidos en el inciso a) del 298 CCCN; y el 995 se encuentra en su inciso b. Más allá de la diferente metodología, sin dudas los principios valorativos siguen siendo los mismos, por lo que no habría inconveniente alguno en seguir aplicando la doctrina ya generada en torno a los viejos artículos. Para sistematizar y tener previamente asignado el valor probatorio de cada manifestación dentro del documento público, la doctrina ha clasificado su contenido de la siguiente manera: a) Actos cumplidos por el oficial público, o pasados en su presencia. b) Cláusulas dispositivas; c) cláusulas enunciativas directas; d) clausulas enunciativas indirectas; e) declaraciones accesorias.

a) ACTOS CUMPLIDOS POR EL OFICIAL PÚBLICO, O PASADOS

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GIMÉNEZ ARNAUD, Enrique; “Derecho Notarial”, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1976, pág. 38.

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En el inciso a) aparecen los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia. Es dable considerar que respecto de estas afirmaciones, el documento aportará una prueba

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EN SU PRESENCIA:


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 extraordinaria. Remarquemos que él no es un testigo, ni un simple redactor; además de ello, es un oficial público dotado de fe pública. Por el principio de inmediatez y unidad de acto, el oficial público ha debido escuchar cuando el vendedor dijo que vendía y cuando el comprador aceptaba la compra; él percibió “de visu et auditu suis sensibus”, como reza la máxima latina (visto y oído por sus propios sentidos), todos los elementos que involucran la manifestación de voluntad de los contratantes (art. 971 del CCCN). El funcionario, cuando se trata de actividades o hechos que él mismo cumple, dirá “intimo”, “apercibo”, “notifico”, “leo”, etc., según lo que se le haya solicitado como actividad a cumplir. En estos casos, por tratarse de hechos que él mismo ha realizado, en ejercicio de su atribución fedataria, los mismos estarán refrendados o reforzados con el máximo valor probatorio. Solo pueden caer las tales comprobaciones mediante el procedimiento expreso que la doctrina denomina “redargución de falsedad”. En el viejo código de Vélez, se aludía a este procedimiento impugnativo, con la palabra “argución” (art. 993 del código derogado); pero lamentablemente el CCCN no utiliza esta técnica expresión. Aun a pesar de la ausencia de la palabra, creemos que es merced a este trámite judicial, que puede llegarse a la declaración de falsedad de la que habla la norma. En cuanto a los actos pasados en presencia del oficial público, que son los primeros a los que alude el inciso, están dotados de idéntico valor probatorio, y son todos los sucesos de interés jurídico que el oficial percibe directamente por sus sentidos (“de visu et auditu suis sensibus”). No desconocemos que también se encuentran involucrados en este ítem, no solo los hechos propiamente, sino también los dichos de las partes, que bajo este sentido son igualmente sucesos o hechos. Todo lo que concierne a las manifestaciones de la voluntad de las partes, en fin, deberá considerarse como “pasado en la presencia” del oficial público. O sea que si una de las partes pretende negar que dijo tal o cual cosa en el acto instrumentado, deberá proceder mediante la redargución de falsedad. Sin embargo, a los fines didácticos se ha considerado mejor sacar estas manifestaciones relacionadas con el negocio del ámbito de este ítem, e incluirlas, en cuanto a su valoración, entre las cláusulas dispositivas; ello para poder apreciarlas con un sentido más negocial que puramente fáctico. Adviértase en fin, que una cosa es apreciar el dicho en su existencia, y otra apreciar el dicho por su sentido jurídico o negocial, y en cuanto a la sinceridad de lo expresado. Bien podría ocurrir que lo dicho realmente fue dicho, pero no fue cierto lo manfestado, por tratarse, por ejemplo de un acto simulado (art. 333 CCCN). Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


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b) CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: En el mismo inciso a) se expresa igualmente que tiene valor probatorio pleno hasta la declaración de falsedad, el hecho de haberse realizado el acto, la fecha y el lugar de ocurrencia de los acto celebrados o los hechos corroborados. Como ya dijimos, estas acreditaciones son igualmente hechos ocurridos en presencia del oficial público; solo ameritan figurar en otro apartado, porque se vinculan ya concretamente al contenido del acto y no solo a su aparición fáctica, como se las aprecia en el apartado precedente. Estas cláusulas aparecían en el artículo 994 del Código de Vélez. Por ello, justamente por ser una manifestación de los actos y hechos pasados en presencia del oficial autorizante, se le asigna idéntico valor probatorio. Es decir de plena prueba, que solo podrá caer ante la redargución de falsedad triunfante. Debe tenerse presente que los actos que quedan bajo el amparo de este tipo de cláusulas, las dispositivas, son los que han dado motivo o razón de ser al instrumento público. Si tan solo a manera de ejemplo analizamos el motivo de la ley o “ratio legis” del art. 1017 del CCCN cuando exige la forma escritura pública para todos los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación, etc. de derechos reales sobre inmuebles, advertimos que dichos motivos quedan satisfechos o concretados justamente en estas cláusulas dispositivas. Por ello decíamos que son la razón de ser del instrumento público. Cuando el oficial público, en el ejemplo el notario, manifiesta: “Y el Señor XX vende a ZZ, el siguiente inmueble”, está inmerso en este tipo de cláusulas dispositivas, cuya fe y valor probatorio es el máximo que la ley atribuye. Solo caerá ante una redargución de falsedad triunfante.

c) CLÁUSULAS ENUNCIATIVAS DIRECTAS:

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Sin dudas hay una relación muy estrecha con las que hemos llamado “cláusulas dispositivas”, pero no son el acto mismo, sino consecuencias de aquél.

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Este tipo de menciones dentro del instrumento público, se refiere a todas aquellas manifestaciones que efectúan las partes, relacionadas directamente con el acto instrumentado. El pago del precio, la entrega de la cosa, reconocimiento de obligaciones ya cumplidas relacionadas al contrato, etc.

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MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 Obviamente, el funcionario no puede hacerse cargo de la veracidad de las afirmaciones de las partes; por lo que no podríamos exigir que la fe pública, como presunción de verdad, acompañara también esos dichos que dependen potestativamente solo de la sinceridad de los sujetos involucrados en el acto. El valor probatorio de estas manifestaciones es también pleno, porque su relación directa con el acto, hace que las partes hayan debido prestar una especial atención a su contenido. Pensemos en la referencia al precio, por ejemplo; es seguro que en el momento de la lectura ambas partes pondrán atención especial a su consignación y hasta a su pago, pues un desacierto en ellas conculca sus derechos. Por ello, su valor probatorio es pleno; pero por no estar implicado el funcionario autorizante en la verificación de la sinceridad de lo dicho, el monto mismo del precio, caerá mediante prueba en contrario y no será menester, en este caso, redargución de falsedad. Será el juez, en su caso, quien deberá meritar, en una compulsa valorativa, si vale más ese dicho contenido en el instrumento público, o la prueba extra documental aportada por quien la contradice; en el ejemplo que habíamos puesto, podría tratarse de un recibo aislado que dé cuenta de un monto superior o inferior al que aparece en el documento público.

Continúa en la Segunda Parte

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Jurisprudencia

El reconocimiento de la atribución provincial de reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, siempre que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos exigidos en la norma nacional COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DE ENTRE RIOS c/ CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA s/ amparo. S.C., C.592, L.XLVII. (RECURSO DE HECHO) Recurso de hecho interpuesto por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, demandada en autos, representado por el Dr. Alfonso Daraio, con el patrocinio del Dr. Guillermo Roberto Mulet. Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná.

SUPREMACORTE -I-

Luego, se pronunció sobre los decretos PEN 2284/91 Y 2293/92 por los que se estableció como único requisito para el ejercicio profesional en todo el territorio de la Nación una sola inscripción en el colegio correspondiente al domicilio real del matriculado. Recordó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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En lo principal, el a qua hizo propia la doctrina de la Corte según la cual entre las "facultades y poderes no delegados [por las provincias] se encuentra el de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de su jurisdicción, en la medida en que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de las normas que dicta la provincia arto 31 C.N.- (Fallos: 320:89)" (fs. 58).

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A fs. 57/60 de los autos principales (a los que se referirán las siguientes citas) , la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, al revocar la sentencia del juez de primera instancia, resolvió hacer lugar al amparo promovido por el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del decreto ley 6070/58 (ratificado por ley 14.467) y la plena vigencia de la ley provincial 8801/94 en el control y gobierno de la matrícula de los profesionales de la agronomía que residen y actúan en el territorio provincial o que, en razón de su actividad profesional, deban acudir ante reparticiones públicas del Estado Nacional allí radicadas.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 respecto que\. de conformidad con la doctrina de la Corte fijada en "cadopi" (Fallos: 320: 8 9) \ -1- \ , ratificada luego por decreto 240/99-, la aplicación de esas normas está sujeta a dos condiciones: que la provincia suscriba y ratifique el Pacto Federal implementado por decreto PEN 14/94 Y que, además, adecue su legislación mediante la derogación expresa de las normas locales que exijan la matriculación de los profesionales para poder ejercer su actividad en el ámbito local. La provincia de Entre Ríos, pese a haber suscripto y ratificado el referido pacto, omitió cumplir con la segunda de las condiciones, al sostener la vigencia de su legislación en la materia. Tales circunstancias -a criterio del a quo- se traducían en el mantenimiento del poder de policía en materia profesional en cabeza del estado provincial y la implementación inmediata de la normativa desregulatoria en el ámbito federal. En función de ello, finalmente, resolvió declarar la inconstitucionalidad del decreto impugnado por "invadir la esfera propia -exclusiva y excluyente- de la provincia de Entre Ríos, en particular, en materia de poder de policía de las profesiones liberales" (fs. 59). -IIContra tal pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 62/70 vta., que, al ser denegado a fs. 83/84, dio lugar a la queja en examen. En lo que aquí interesa, la recurrente ataca la declaración de inconstitucionalidad del decreto impugnado, por considerarla infundada y contraria a lo dispuesto en la norma constitucional y la doctrina del Alto Tribunal en la que se reconoce al Estado Nacional competencia respecto del poder de policía relativo a la reglamentación y control del ejercicio profesional. En cuanto a su ejercicio en el ámbito de la jurisdicción nacional, cita jurisprudencia de la Corte que la confirma, a la vez que invoca la norma del arto 75, inc. 30 de la Constitución Nacional a propósito de la atribución del Congreso Nacional para legislar respecto de establecimientos de utilidad nacional en todo el territorio de la República. Finalmente, califica de contradictorio el pronunciamiento apelado toda vez que, pese a admitirse la existencia de facultades concurrentes, se resuelve declarar la inconstitucionalidad de la norma mediante la cual la Nación hizo uso de la aludida facultad legisferante, reconocida expresamente en la jurisprudencia citada por el propio a qua. -IIIA mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible en razón de la materia involucrada, desde que, al versar sobre la preservación de las órbitas de competencias entre las jurisdicciones locales y el gobierno federal que la Ley Fundamental confiere al Gobierno Nacional, se encuentra entre las cuestiones especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el arto 2° de la ley 48 (doctrina de Fallos: 313:127; 329:4478, entre otros). Luego, debe advertirse que, al encontrarse controvertido el alcance que corresponde asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la Cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 321:861, entre muchos otros). -IVColegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción


Herramientas para el Ejercicio Profesional En cuanto al fondo, cabe tener presente la doctrina citada por la propia cámara y referida supra, en la que el Alto Tribunal se refiere a "la facultad atribuida al Congreso Nacional para dictar normas generales relativas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las universidades nacionales por el arto 67, inc. 16 (actual 75, inc, 18) de la Constitución Nacional"; facultad que -advierte- "no es exclusiva ni excluyente de las potestades de reglamentación y policía locales, en tanto no enerven el valor del título" (Fallos: 308:987; 320:89). Se trata en definitiva, del reconocimiento de la atribución provincial de reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, siempre que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos exigidos en la norma nacional (conf. Fallos: 320:86 y 2964; 323:1374), pues ésta es suprema respecto de la provincial como lo dispone la Constitución en su arto 31, en función de cuyos fines y del interés general en juego debe ser establecida la preeminencia (conf. Fallos: 315:1013; 323:1374). Pues bien, en el caso, nos hallamos frente al decreto-ley 6070/58 -ratificado por la ley 14.467-, en su carácter de norma federal destinada a regular "[e]l ejercicio de la agrimensura [ ... ] en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales [ ... ] " (art. 10, énfasis agregado). Según los términos del propio texto, de lo que se trata, en definitiva -tal como se advierte en el escrito de apelación extraordinaria es de regular las "atribuciones del Congreso para dictar normas con relación a las actividades profesionales en establecimientos y organismos nacionales situados en las provincias" Ifs. 679). Tal el alcance especifico de la norma, que se manifiesta así como el resultado de un razonable ejercicio de las atribuciones que le competen al legislador nacional en virtud del mandato contenido en las citadas normas constitucionales. La ley local, de su lado, circunscribe su ámbito de aplicación al "ejercicio de las profesiones atinentes a las Ciencias Agropecuarias en cualesquiera de sus ramas o especialidades, dentro del ámbito de la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos" (art. 10; énfasis agregado), criterio que difiere del fijado por el decreto-ley en cuestión. Sentado esto último y en razón de todo lo expresado, entiendo que no es posible advertir la existencia de un conflicto del cual se haya demostrado que resulte un gravamen concreto para la actora que permita concluir en la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada, todo lo cual conduce a la revocación de la sentencia apelada.

Consecuentemente, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe -1ra. Jurisdicción

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Por último, considero que, habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, resulta inoficioso pronunciarse respecto de los citados decretos de desregulación de la actividad profesional, máxime cuando dicha normativa no resulta aplicable al caso, al no haberse verificado el cumplimiento de la segunda de las condiciones exigidas en el decreto 240/99 para su vigencia en el ámbito local, tal como fue admitido por la propia cámara y reseñado con anterioridad.


MAGAZINE MCP Nº 05 – Marzo 2016 corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo expuesto. Buenos Aires, 22 de mayo de 2014. Dra. LAURA M. MONTI Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2014/LMonti/mayo/Colegio_Prof_C_592_L_XLVIII.pdf

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómicas/ amparo", para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1º) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, al revocar la sentencia del juez de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del decreto-ley 6070/58 (ratificado por ley 14.467), en cuanto exigía a los profesionales de las ciencias agronómicas matricularse en el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de jurisdicción nacional, para ejercer en o ante organismos nacionales ubicados en la Provincia de Entre Ríos. 2°) Que contra dicha sentencia el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica interpuso el recurso extraordinario federal de fs. 64/70, que fue denegado por el a quo con sustento en gue la cuestión federal no había sido introducida oportunamente (fs. 83/84), lo que motivó la queja en examen. 3o) Que el óbice formal destacado por la cámara no impide considerar el fondo del asunto pues, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la exigencia del oportuno planteamiento del caso federal no rige en los supuestos en los que, como en el sub lite, se halla en discusión el alcance de normas federales (decreto-ley 6070/58, ratificado por ley 14.467), Y el pronunciamiento apelado resuelve el litigio según la interpretación que asigna a tales normas (Fallos: 315:129; 311:185; 310:1597). 4°) Que, por su parte, los agravios mediante los cuales el recurrente impugna la sentencia de cámara han sido adecuadamente examinados por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, al que corresponde remitirse por razones de brevedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Reintégrese el depósito de fs. 2. Notifíquese, agréguese la queja al principal y oportunamente, remítase. Fdo.: Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Dra. Elena Highton de Nolasco, Dr. Carlos S. Fayt, Dr. Juan Carlos Maqueda

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