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Lunes, 11 de marzo de 2013 / Año 12, Nº 566

Informe económico

Moda y alta costura en la CCL

Comisarías se encuentran en desventaja logística frente a bandas criminales. (Pág. 10)

Se realizó con éxito la cuarta edición del Speed Fashion. (Pág. 16)

CONTRASENTIDO

LEGAL NUEVA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO INCLUYE DELITO TRIBUTARIO

125 Años - Cámara de Comercio de Lima


Editorial

PROYECTO DE LEY CONTRA CRIMEN ORGANIZADO EXCEDE SU LOABLE PROPÓSITO

E

l recrudecimiento de la criminalidad en las últimas semanas ha agudizado la sensación de inseguridad entre la ciudadanía, lo que amerita sin duda la necesidad de perfeccionar los procedimientos para su investigación y eventual sanción por el Ministerio Público, mediante la aplicación de las condenas más severas previstas por el Código Penal, a los autores de esos delitos. La ola delictiva con asaltos a mano armada, crímenes y secuestros ha generado duras criticas al accionar la Policía Nacional con la consecuente renuncia de su director general y la posibilidad de que esta semana prospere en el Congreso de la República, una moción de censura al titular del Ministerio del Interior. Frente a esta preocupante coyuntura que pone en grave riesgo no solo la ciudadanía que vive en constante zozobra, sino también la seguridad de la propiedad pública y privada, la Cámara de Comercio de Lima saluda la presentación por el Ejecutivo al Congreso de la República, del Proyecto de Ley del Crimen Organizado (Nº 1833/2012-PE) para afinar los procedimientos destinados a la investigación y consecuente sanción de los actos de criminalidad. Sin embargo, con la solvencia que le otorga sus 125 años de vigencia en la vida nacional, nuestra institución considera que incluir, como se ha hecho en el proyecto, los delitos ambientales y tributarios, poniéndolos en un mismo saco junto a delitos como el homicidio, el secuestro, el genocidio y la trata de personas entre crímenes mayores, excede el loable propósito del Proyecto de Ley.

Ing. Samuel Gleiser Katz Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Es que los delitos ambientales y tributarios por su naturaleza ameritan procedimientos especiales que actualmente las normas ya contemplan, normas que es posible mejorarlas para contribuir a una investigación más prolija, pero mezclar los delitos ambientales y tributarios con los de alta peligrosidad desde todo punto de vista de mayor alevosía y gravedad, no sólo constituye un despropósito, sino que más bien beneficiaría a los criminales y complicaría el trabajo de la policía. El Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo permite en las investigaciones de los agentes encubiertos, el seguimiento y la vigilancia, el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria y bursátil, así como la interceptación postal y telefónica a los implicados en los delitos tributarios y ambientales. De igual modo, considera la suspensión preventiva de derechos que permitan la clausura temporal, parcial o total de locales o establecimientos, la suspensión temporal de las actividades, el nombramiento de administrador judicial, vigilancia judicial y la anotación registral del proceso penal, entre otras medidas. La aplicación de estas medidas no sólo podría llevar a la quiebra a cualquier empresario que se encuentra en la etapa de investigación de un presunto delito tributario o ambiental, lo que podría cambiarle radicalmente la vida, sin haberse comprobado su culpabilidad. Debe tenerse en cuenta que por ser instrumentos del Estado -para garantizar el orden, la seguridad jurídica y convivencia civilizada- las leyes transcienden a los gobiernos, por lo que podrían ser utilizadas por un gobernante en contra de sus detractores políticos. Por lo expuesto, la Cámara de Comercio de Lima recomienda que antes del debate del proyecto, el Congreso de la República recabe la opinión de los colegios profesionales de contadores, abogados, tributaristas y administradores, toda vez que estos profesionales se verían implicados con mayor frecuencia en las investigaciones, sufriendo las consecuencias , de ser aprobado el proyecto propuesto

Lima, 11 de marzo de 2013

TESORERO Sr. Antonio Gnaegi Urriola

CONSEJO DIRECTIVO 2012-2013 PRESIDENTE Ing. Samuel Gleiser Katz PRIMER VICEPRESIDENTE Sr. Mario Mongilardi Fuchs SEGUNDO VICEPRESIDENTE Sr. Juan Antonio Morales Bermúdez

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VOCALES Sra. Gabriela Fiorini Travi Dr. Sandro Fuentes Acurio Ing. Héctor García Bejar Lic. Félix Yapur Nakhoul PAST PRESIDENT Ing. Carlos Durand Chahud DIRECTORES Sr. Arturo Ariansen Seminario Ing. Mario Roque Arrus Rokovich Ing. Jorge Henrique Barata Sra. Marina Bustamante Méjico

Ing. Javier Butrón Fernández Dr. Omar Cárdenas Martínez Sr. Javier Carulla Marchena Ing. Víctor Contreras Villar Ing. Oscar Dibós Herrera Ing. Carlos Durand Chahud Sr. Alberto Ego-Aguirre Yáñez Sr. Emilio Espinosa Velasco Sra. Gabriela Fiorini Travi Dr. Sandro Fuentes Acurio Sr. Tulio Gallese Díaz Ing. Héctor García Bejar Dr. Gonzalo Félix García Calderón Moreyra Ing. Samuel Gleiser Katz Sr. Antonio Gnaegi Urriola

Ing. Benami Grobman Tversqui Ing. Peter Ludwig Kaufmann Schwegel Dr. César Loayza Bellido Dr. Raúl Santiago Lozano Merino Sr. Mario Mongilardi Fuchs Sr. Juan Antonio Morales Bermúdez Dr. Jorge Augusto Pérez – Taiman Ing. Víctor Manuel Rivera Mispireta Ing. Félix Ureta Benegoni Ing. Jorge Luis Utrilla Fernández Lic. Félix Yapur Nakhoul Ing. Igor Zlatar Castratt GERENTE GENERAL Ing. José Rosas Bernedo

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Informe especial

El nuevo Proyecto de Ley propone levantar el secreto bancario a las empresas que tengan indicios de cometer delitos tributarios bajo el concepto de organización criminal.

Propuesta del Ejecutivo desvirtúa significado de seguridad ciudadana

Ley Penal contra el Crimen Organizado atentaría contra el libre ejercicio empresarial Especialistas coindicen que incluir delitos tributarios en dicho proyecto de Ley no tiene sustento técnico. Afirman que iniciativa presentada intenta modificar el Código Penal, el mismo que ya fue cambiado más de 500 veces desde 1991 hasta la fecha. nte la ola de inseguridad desatada por las bandas criminales que se han incrementado en el país, el jefe del Gabinete, Juan Jiménez, planteó la necesidad de aprobar la Ley Penal contra el Crimen Organizado, proyecto presentado recientemente al Congreso de la República.

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Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) saludó el propósito de la propuesta, ya que busca fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; sin embargo, la institución ha manifestado su preocupación debido a que se ha incluido en dicho proyecto de Ley los delitos tributarios comprendidos en el Decreto Legislativo N° 813, así como los delitos ambientales, estafas y contra

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la administración pública. Es por ello que Empresas&Negocios consultó a diferentes especialistas, entre tributaristas y penalistas, los que consideraron que el Ejecutivo debe definir con mayor precisión lo que constituye una “organización criminal”. Igualmente, coincidieron en señalar que dicho proyecto de Ley es una “ventana abierta” para incrementar los niveles de corrupción, lo que va a perjudicar al sector empresarial sometiéndolos a severos mecanismos de investigación como si fueran una organización criminal. OBSTÁCULO A LA COMPETITVIDAD Sobre el proyecto, Sandro Fuentes, abogado tributarista socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, advirtió que de aprobarse la norma, esta atentaría contra

el libre ejercicio empresarial, poniendo un obstáculo a la competitividad del país. Asimismo, sostuvo que la norma desvirtúa el significado de seguridad ciudadana exigiendo que el Poder Ejecutivo defina de una vez este concepto ya que de no hacerlo, la norma resultará exorbitante, abusiva y peligrosa. “Esta norma establece procedimientos especiales para la investigación del crimen organizado tales como interceptación telefónica, levantamiento de secreto bancario; entre otros. Sin embargo, dentro de estas medidas no se debe involucrar al delito tributario en donde no se usa la violencia. Estos delitos no son iguales que el terrorismo, secuestro, violación o robo. Evidentemente los empresarios van 125 Años - Cámara de Comercio de Lima


Informe especial ser metidos en un saco de investigación como si fueran una banda criminal violenta”, aseveró. Cabe mencionar que actualmente los delitos tributarios se encuentran sancionados en una norma especial del año 1996. No están dentro del código penal. Esta norma establece sanciones que van entre los cinco a 12 años de pena privativa a la libertad. José Reaño, profesor de derecho penal en la escuela de posgrado de la UPC, explicó que la norma actual que regula los delitos tributarios establece tres etapas en la investigación. La primera etapa es una investigación preliminar que se lleva acabo en la fiscalía, con auxilio de la Sunat que emite un informe técnico. Luego, si el fiscal considera que hay un fraude tributario que ha perjudicado la caja fiscal formaliza cargos ante el juez penal y se inicia la segunda etapa que es la investigación judicial donde el juez usualmente repite lo que dice fiscal. Al terminar esta segunda etapa el fiscal, debe decidir si solicita un juicio oral o no. Si se tiene plena convicción de que el delito de fraude fiscal fue cometido, se procede a emitir sentencia o sanción. “El nuevo proyecto de ley señala que en aquellos casos donde pueda considerarse que el delito tributario pudo haberse cometido por una organización criminal; entendiéndose por esto un grupo de tres o más personas (cualquiera sea su estructura), se procederá a aplicar las herramientas dispuesta para la investigación por un periodo de ocho meses, obviamente sin conocimiento del investigado”, recalca Reaño.

alguien está evadiendo impuestos sino porque en las calles la falta de seguridad está asesinando a las personas. En otro momento, mencionó que resulta alarmante que quienes manejaran estas herramientas de investigación

“Es una generalización injusta porque conozco policías, fiscales y jueces absolutamente honestos y decentes, pero no se puede negar que existe una alta penetración de la corrupción en estas instituciones. Una Ley de esta naturaleza concede a

LAS CONSECUENCIAS DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS PUEDEN SER REALMENTE GRAVES. SI LUEGO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL EMPRESARIO RESULTA ABSUELTO, LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA SERÁ DAÑADA DE MANERA IRREPARABLE. son las tres instituciones más desprestigiadas en la opinión ciudadana: la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

los corruptos una fuerza muy poderosa”, sostuvo. ERRORES TÉCNICOS GRAVES José Reaño, quien también

es socio del Estudio Rodrigo, Elías y Asociados, precisó que la ley no cambia la regulación de los delitos tributarios, solo cambia las garantías de la investigación. Indicó que la propuesta l e gi s l a t i v a e s gr ave m e n te preocupante porque se incluye dentro del ámbito de aplicación de esta herramienta legal ciertos delitos que no forman parte del núcleo de la delincuencia violenta o delincuencia transnacional tal como los delitos tributarios y delitos ambientales. “Es incorrecto incluir, dentro de esta norma, delitos patrimoniales no violentos como las estafas, delitos informáticos, delitos ambientales, delitos tributarios entre otros”, refirió. Señaló que la norma tiene errores técnicos graves porque primero no define muy bien lo que se debe entender por una organización criminal. “La definición que tiene la norma es el grupo de dos o más personas, que sin que se requiera una

El proyecto de Ley también debería incluir una sanción para los jueces y fiscales que soliciten una orden de investigación de manera tributaria.

GENERALIZACIÓN INJUSTA Sandro Fuentes aclaró al Poder Ejecutivo que el reclamo de la población no es porque 125 Años - Cámara de Comercio de Lima

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Informe especial estructura definida, entones ¿cual grupo de dos o tres personas?”, indicó. Aseguró que al ser una herramienta legal se aplicará judicialmente siendo los fiscales los que las soliciten y los jueces quienes las aprobarán. “El criterio para aprobar estas medidas es el concepto de causa-probable; es decir, en la medida que el juez tenga indicios para inferir que estamos ante un supuesto de crimen organizado, previsto en la ley, se sentirá habilitado para dictar esta medida. Esto da cierto margen de discrecionalidad a los operadores de justicia y también les compete asumir responsabilidad por las medidas que otorguen”, explicó.

Congreso deberá escuchar opinión técnica antes de aprobar la norma presentada por el Poder Ejecutivo. (Foto crédito: Andina)

DESPRETIGIO EMPRESARIAL Otro punto es que la norma contiene medidas tan drásticas que van desde la anotación en la partida registral de la empresa del inicio del proceso penal, el cual es algo público, exponiendo a la empresa o a sus directivos que se encuentran en un proceso por fallo tributario o contaminación ambiental en desprestigio a la reputación comercial a demás del impacto que tenga como sujeto de crédito en las líneas de financiamiento afectando los contratos. Añadió que también hay la posibilidad de la clausura del establecimiento hasta que el proceso de investigación culmine. En conclusión, Reaño indicó que las consecuencias de un mal uso de esta herramienta legal pueden ser irreversibles ya que, en un escenario donde luego del proceso de investigación, el empresario resulte absuelto de los cargos imputados, la reputación de la empresa será dañada de manera irreparable. “ Lo i d e a l s e r í a q u e e l Congreso apruebe el proyecto de Ley, pero solo en lo que

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SE ACOSTUMBRA INCREMENTAR PENAS, PERO NO SE VA A LA CAUSA. LA PROPUESTA NO TIENE NINGÚN SUSTENTO JURÍDICO. EN MUCHOS CASOS VA EN CONTRA DE LAS NORMAS TENTES. YA EXISTENTES. concierne a los delitos que constituyen el núcleo duro de la criminalidad urbanizada que genera la inseguridad ciudadana, excluyendo así los delitos que no pertenecen a ese catálogo”, precisó. Además comentó que la propuesta de ley también debe incluir una sanción a los fiscales y jueces que solicitan un orden de medidas amparadas en esta

norma de manera arbitraria e irracional. MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti manifestó que no se puede hacer tantas modificaciones al código penal puesto que desde 1991 hasta la fecha se han hecho 500 cambios en los 452 artículos que la comprende. “No se puede modificar el Código penal cada vez que ocurra casos de criminalidad. No se puede dar seguridad jurídica al país con este tipo de propuestas”, aseveró. Consideró que la propuesta debe ser sometida a un amplio debate porque aseguró que el crimen organizado no puede combatirse con cambios a lo propuesto. “Aquí se acostumbra a incrementar penas, pero no vamos a la causa. La propuesta no tiene ningún sustento jurídico que en muchos casos va en contra de las normas ya existentes lo único que va a generar es que los delincuentes se aprovechen de estas contradicciones”, anotó.

Amoretti dijo que el código penal ha sido elaborado por especialistas y técnicos pero que desgraciadamente son los personajes políticos los que vienen realizando una serie de modificaciones. Para el abogado tributarista Jorge Manini del Estudio Manini & Asociados destacó que los delitos tributarios ya están estipulados en la Ley Penal Tributaria y que incluirlos a la propuesta del Ejecutivo podría ser sujetos a supuestos actos delictivos incrementándose la discrecionalidad. Es por ello que instó a que no se apruebe la norma y por el contrario mantener técnicamente separado la Ley Penal Tributaria de la Ley Penal del Crimen Organizado. En tanto, Reaño señaló que se espera que en el Congreso de la R e p úb lica se apruebe el proyecto de Ley, pero excluyendo a estos delitos que no violentan la seguridad que ya tienen un proceso establecido que es eficiente y que puede mejorar dependiendo de la disposición de los operadores para aplicar correctamente las normas 125 Años - Cámara de Comercio de Lima


Ley penal contra el crimen organizado atentaría contra la empresa