nuevas tecnologías y, por ello, participantes potenciales de los debates legislativos. Por lo que se esperaba una gran discusión en la comunidad virtual sobre el clima, abrigada por la e-Democracia brasileña. Pero la discusión recibió tan sólo unos pocos aportes. Una de las razones que se destacó en entrevistas con diputados y consultores legislativos del área fue la falta de madurez política del tema en la Casa. De ello, se puede ver claramente la influencia del contexto político en el procedimiento legislativo y en consecuencia, en un proceso participativo. Cuando no hay condiciones políticas para llevar a cabo una discusión concreta, es práctica legislativa de los parlamentos el uso de mecanismos para “dejar de remojo”. Y además las condiciones económicas y sociales influyen fuertemente en el entorno legislativo y político. Como apuntaba John Kingdon (1995), las leyes más importantes, el eje de la grandes políticas públicas, son aprobadas sólo cuando coinciden tres factores esenciales: problema crónico o de emergencia pública, políticas públicas determinada (mejor estrategia para atacar al problema) y las fuerzas políticas interesadas. En este conjunto, se abre una “ventana de oportunidad” en la agenda del Estado para que una política en particular sea discutida, aprobada y aplicada. En la discusión del proyecto de ley sobre el cambio climático en la plataforma de la e-Democracia se hizo aparente cómo el contexto internacional contribuyó al fracaso de la discusión. El problema público, tema del cambio climático, no llegó a ser efervescente para movilizar a las fuerzas políticas para impulsar la agenda del Congreso Nacional brasileño, teniendo en cuenta también su innata complejidad, conforme lo dicho en las entrevistas de los parlamentarios y consultores legislativos. Robert Dahl (1989) destaca la importancia en intentar garantizar la mayor diversidad posible de representación de intereses en la mesa de negociaciones. El ejercicio de poliarquía debe permitir también la influencia de los más diversos representantes de asociaciones, empresas, comunidades y cualquier otro grupo de interesados en la toma de decisiones de política pública. Sin embargo, David Held (1987) duda que sea posible la igualdad de representación de grupos muy diferentes en términos de poder e influencia. Además, Avritzer (2007) menciona que entidades que representan sus intereses específicos defienden intereses de sus representados y por lo tanto no tienen autorización formal para representar grandes intereses de la sociedad.
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