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LUNES 8 DE FEBRERO DE 2010 / CIUDAD CCS

COMUNIDAD CCS

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Elsie Rosales Doctora en Dereccho Investigadora del Instituo de Ciencias Penales de la UCV seguridadparalosderechos@gmail.com

SEGURIDAD PARA LOS DERECHOS >

El descalabro del aparato policial Como en el resto de la región, por casi dos siglos el aparato policial venezolano se dedicó, primero, al disciplinamiento social: al mantenimiento del control social en sociedades verticalizadas y desiguales donde esto se traduce en represión de los oprimidos y, luego, como instrumento de la sociedad del control. Ello supuso pasar por episodios de fuerte militarización, desprofesionalización y desinstitucionalización, en una suerte de militari-

zación policial entrelazada con la pretendida policiación de la comunidad y a la inversa, a la policiación del espacio militar y a la militarización de la sociedad. Para colmo, desde los ochenta lo que hubiere sido en Venezuela acicate del valioso proceso descentralizador basado en la concurrencia de la competencia policial entre los tres entes político territoriales del Estado federal (nación, estados y municipios), se convirtió en

la proliferación desordenada e irregular de cuerpos policiales, que alcanza un centenar entre los más de 130 que configuran todo el aparato policial. La carencia de legalidad, la privatización de su sentido dominada por intereses particulares de gobernantes y la ambigüedad y confusión de su función, fueron configurando, década tras década, a la valiosa institución policial en un aparato arbitrario de poder.

¿Policía municipal o local? La literatura especializada estima que el mejor campo de actuación de la policía es el espacio local, su óptimo desempeño es el más próximo al ciudadano. Por tanto el defecto del aparato policial venezolano no se produjo por la proliferación de cuerpos municipales. Por el contrario, lo deseable en términos de democracia -esto es del reparto del poder político en manos ciudadanas- es el fortalecimiento de la gestión pública participativa en el espacio local que pasa por la configuración sus policías, que en sentido constitucional, serían las municipales, pero que en términos reales, funcionaría si se lograra avanzar en la verdadera municipalización o división político territorial en unidades tan pequeñas que permitieran su manejo adecuado. Sólo para citar un modelo originario, en Francia, un país con algo más de la mitad del territorio venezolano y una población de 55 millones de habitantes, hay más de 36.785 municipios. Muy lejano del modelo “federal” venezolano donde sólo el municipio Libertador (del Distrito Metropolitano) agrupa aproximadamente dos millones de habitantes, inmanejable en términos de gobernanza (comunidad-Estado). El problema de la organización político territorial en pequeños espacios no es entonces si se le llama o no municipio, sino si realmente es una unidad político democrática de decisión y gestión participativa para los ciudadanos de dimensiones manejables. Siendo así, cada pequeño municipio debería contar con su policía pública y

Distribución de policías estadales y municipales

No incluye GN, CICPC, DISIP y PNB

Fuente: CONAREPOL

en Venezuela apenas hay un centenar de policías municipales distribuidas en poco más de 330 municipios. Ergo, el problema no es el número de cuerpos policiales, sino su arbitrario comportamiento fuera de los estándares y del bien común. De ahí buena parte de la agenda de transformación hacia un nuevo modelo policial. Superar la existencia de cuerpos policiales dependientes del capricho personal o del sectarismo de gobernantes municipal, estadal o nacional de turno o de sus elites, esto es donde su institucionalidad se subrogó por intereses particulares o de grupos: dejó de ser una fuerza pública para privatizarse. La confusa función policial Durante poco más de dos siglos, la policía se fue configurando como la trama dúctil entre lo administrativo y el control penal. La ambigüedad de su función, como instituto de la modernidad

Para muestra un botón… La confusión acerca de su verdadera función de tutela de los derechos se observó en el estudio de Conarepol sobre “autopercepción policial” (Monsalve, 2007), según el cual, los funcionarios policiales y militares policiales (GN) daban entre 60% o 70 % de prioridad a la persecución del tráfico y consumo de drogas, al extremo que en su praxis se ha podido observar cómo en enfrentamientos con bandas destinadas al delictivo negocio, han sido víctimas de alguna bala perdida algún transeúnte y hasta niños que jugaban en su casita de un barrio pobre. que quedó con resabios del poder absoluto, ha llevado a tal confusión que muchos desconocen que la principal función policial es cuidar a la gente.

Policía indispensable, pero no principal para la seguridad> Una filosofía de lo policial basada en el Estado para las garantías de los derechos, sin duda reposiciona la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado, pero tengamos en cuenta que ni la mejor policía resuelve todo el complejo universo de las inseguridades y la violencia delictiva. La invitación es a considerar cómo hacer posible un sistema de seguri-

dad donde la policía haga parte indispensable pero no principal. Ello además porque al tan delicado proceso de reforma policial debe dársele acompañamiento mediante la construcción de una política pública coherente con la seguridad para los derechos. Si como país, después de dos siglos, decidimos adelantar un nuevo modelo policial: un astro en el uni-

verso de la seguridad; hoy es posible compartir la responsabilidad de la construcción de la política de la seguridad de los derechos, como pieza clave de la convivencia pacífica en inclusión y reconocimiento mutuo para el desarrollo humano sustentable, que por consecuencia, será además decisiva en la reducción de la violencia y de la impunidad.

La importancia de la definición de su función El artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía (G.O. N° 5880 de 9-4-98 reforma parcial G.O. 5940 de 7-12-09) no es un artículo más, supone haber dado un primer gran paso en la redefinición y precisión de su función, para evitar ambigüedades y disponerla a favor de los derechos. Su texto alude sin ambages a las funciones de: 1) Proteger el ejercicio de los derechos, las libertades y la paz social; 2) Prevenir la comisión de delitos; 3) Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente; 4) Controlar y vigilar la circulación vial y 5) Facilitar la resolución pacífica y mediadora en los conflictos. Así se comienza a tamizar la seguridad de los derechos en el espacio policial, a darle fuerza a su cariz preventivo y a disponerla en función de la pacificación, una postura, de entrada, opuesta a la violencia.

Prevención en clave política La policía se muestra mediante el uso de la fuerza que ostenta sólo con su presencia. El desvío de su objetivo hacia la contención de la rebelión social ha desviado su cariz coactivo en autoritaria represión. Por ello, reorientar hacia la prevención a la policía del Estado democrático relegitima su función, no sólo en términos utilitarios e instrumentales porque el espectro social de la prevención es mucho más amplio que el de la represión, sino porque la prevención como estrategia de acercamiento público estatal facilita que la policía difunda una presencia asertiva y garantista en la vida cotidiana. Una de estas intervenciones pacificadoras sucede a través de la mediación. La mediación del policía en los conflictos cotidianos no ablanda su función, muy por el contrario, es una estrategia diáfana y consecuente mediante la atención temprana que incide directamente en disminuir la conflictividad perniciosa y evitar su escalada, por lo que se torna más eficaz que esperar a mayores para intervenir. Disminuye efectos dolorosos de la agravación del conflicto, de modo que al actuar con el entrenamiento apropiado y en forma oportuna, relegitima la intervención pública y aleja la privatización de la intervención, que viene sucediendo en el mundo contemporáneo, ya por vía del financiamiento de la vigilancia privada o mediante la insólita autodefensa primitiva y otras formas desesperadas e injustificables de acciones de propio mano. Por tanto, hablar de policía mediadora, así como en otra estrategia de su intervención, del dominio formativo policial del uso del espectro continuo, de la fuerza, pero sobre todo progresivo y proporcional, es hablar de la traducción técnica de una filosofía constitucional del Estado democrático, esto es, del Estado para la garantía de los derechos.

Prioridad para la intervención policial (%) Policía

G.N

Violencia interpersonal

28,7

12,8

Despojo de propiedad privada

15,3

8,9

Conductas desordenadas

11,2

6,5

Daños a la propiedad pública

12,1

8,7

Tráfico-consumo de drogas

56,2

70,1

Manifestaciones públicas

13,5

11,1

Desperdicios-contaminación

6,9

7,0

Tránsito automotor

7,4

5,2

080210p09  

ciudadccs, caracas

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