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Naciones Unidas, aprobada en 1979. Esta Convención, tal como es reseñada por Pautassi y Rico (2011) explicita que “os derechos de las trabajadoras deben ser protegidos ante potenciales discriminaciones originadas por la maternidad. Por ello, los Estados deben prohibir y sancionar todo tipo de prácticas discriminatorias e implementar licencias pagas, prestación de servicios de cuidado y otras medidas que permitan combinar las responsabilidades laborales y familiares de los padres”. El marco legal nacional se conforma con normas que pueden ser clasificadas en tres grupos. En primer lugar, se encuentran las normas que regulan directamente al cuidado infantil o crean instituciones para su garantía. En segundo lugar, se pueden clasificar el conjunto normativo de legislación laboral que, esencialmente a través de las licencias de paternidad y maternidad, inciden sobre el cuidado infantil. En tercer lugar, se presenta un grupo de normas que inciden indirectamente sobre el cuidado infantil, principalmente mediante las transferencias monetarias a los padres. Dentro del primer conjunto -en relación directa al cuidado infantil-, la principal norma a nivel nacional es la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes promulgada en octubre de 2005. Esta Ley crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que busca garantizar el disfrute pleno y el ejercicio efectivo y permanente de aquéllos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Este Sistema está conformado por todos los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privada, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Art. 32). Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, se diferencia la intervención estatal por razones asistenciales y penales y se busca fortalecer el rol de la familia. Es importante mencionar que el conjunto normativo imperante hasta la sanción de esta ley consolidaba una concepción política, institucional y cultural de la infancia y adolescencia desde el punto de vista del control y la tutela del menor por parte del Estado. Considerados, así, como menores, eran objetos del derecho y no sujetos de derecho. El cambio de paradigma introducido por la sanción de esta normativa implica reconocer que los niños y niñas deben ser escuchados y obliga a modificar la manera en que se venían diseñando e implementando las políticas de infancia. Además, establece como responsabilidad del estado el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y fija el interés superior del niño como guía en el diseño de las políticas públicas en materia de infancia. Por otro lado, la Ley N° 26.061 impulsa un Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como una política interministerial que evite la fragmentación de políticas. El Plan para el período 2012-2015 tiene como objetivo central consolidar los Sistemas de Protección de Derechos, a nivel nacional, provincial y municipal, mediante la adecuación de todas las normas provinciales a los principios establecidos en esta ley, así como el incremento de los Servicios Locales de Protección de Derechos y los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario y la elaboración de Planes Provinciales de Acción. También busca mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, garantizar su acceso a la asignación universal, disminuir la mortalidad infantil y materna, promover acciones para erradicar el trabajo infantil, fortalecer integralmente al grupo familiar, garantizar el acceso a la educación y la salud, entre otros. 31

Cuidado infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ¿la disyuntiva entre pañales y pedagogía?  

Las políticas de cuidado infantil son centrales para asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas y promover una ruptura del círcul...

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