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sino como un principio inherente a la igualdad de oportunidades y de trato” (Pautassi, 2007, pág. 15). Además, supone no restringirlo a las mujeres, sino reconocerlo para todos en tanto ciudadanos, promoviendo su integralidad y su universalidad (tanto para quienes cuidan como para quienes son cuidados). Entender el cuidado desde una lógica de derechos da lugar a la generación de expectativas positivas y negativas, crea obligaciones y deberes correlativos y permite dirigir un reclamo ante una autoridad independiente, reconociendo un campo de poder para sus titulares. Se trata de entender al cuidado infantil como una preocupación central de las sociedades y no como una preocupación (o incluso un derecho) particularista de las mujeres: “no se trata de promover únicamente una mayor oferta de cuidado – de por sí indispensable – sino de universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para el cuidado. Será la única forma que trascienda los compromisos inmediatos y que se inserte como un derecho humano fundamental: el derecho a ser cuidado y a cuidar” (Pautassi, 2007, pág. 41). Es importante tener en cuenta, además, que esto implicará (y requiere) profundos cambios culturales en la manera en que se entiende la división sexual del trabajo y la organización al interior del mercado laboral. Incluir la perspectiva de derechos en el diseño de políticas públicas implica, también, revisar los parámetros necesarios para su evaluación y fiscalización, incluyendo principios como el de igualdad y no discriminación, participación política y acceso a la justicia. En el caso del cuidado infantil, en tanto derecho y obligación, confluyen responsabilidades públicas y privadas, y la posibilidad de fiscalización no debe quedar reducida al ámbito productivo (Pautassi, 2007). Al respecto, es importante mencionar que, desde un enfoque de derechos, esta fiscalización o contraloría social no debe reducirse a un control sobre resultados de la gestión pública, sino que es necesario generar mecanismos que garanticen la exigibilidad de los derechos sociales en todo el ciclo de políticas (y en particular en su formulación y evaluación) y que reconozcan a la sociedad como una esfera de acción autónoma y con papel público (Cunill Grau, 2009). Esto supone plantear la contraloría social tanto desde un enfoque de integralidad (debe atravesar todo el ciclo de políticas) como desde un enfoque de derechos (la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales supone contar también con mecanismos de fiscalización por parte de una ciudadanía autónoma). Sin embargo, si bien asegurar la integralidad de la contraloría social constituye una condición necesaria desde un enfoque de derechos, no constituye una condición suficiente. Es necesario, a su vez, asegurarla en el propio diseño de los mecanismos institucionales del Estado: “la institucionalización de la contraloría social como derecho ciudadano [puede] mejorar los mecanismos de exigibilidad de los derechos sociales” (Cunill Grau, 2009, pág. 32) contribuyendo, así, a la construcción de la ciudadanía social. Es decir, se requiere de un entorno institucional que permita que esta contraloría se despliegue como práctica política y autónoma con capacidad de tener efectos reales, a su vez, sobre dicha institucionalidad (Cunill Grau, 2009). Otra mirada que es interesante recuperar, y que debe entenderse como una continuidad lógica de la anterior, es la de la integración, que también entiende que las prestaciones y servicios deben estar centradas en los derechos de quienes se ven impactadas por ellos. Al igual que el enfoque de derechos, se basa en la noción de ciudadanía y de la obligación estatal de acudir a la satisfacción de los mismos, sumando la necesidad del involucramiento y participación de la sociedad. Así, la noción de integración de servicios sociales parte de reconocer la posibilidad de que la satisfacción de un derecho sin atender a las restantes se encuentra amenazada en su eficacia y sostenibilidad. “La integración resulta del reconocimiento del carácter unitario de la 28

Cuidado infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ¿la disyuntiva entre pañales y pedagogía?  

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