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Introducción Las escuelas pobres para pobres cristalizan una injusticia inadmisible, que amplía las desigualdades sociales de partida. El acceso a un entorno de aprendizaje adecuado —conformado entre otros elementos por las condiciones edilicias, los materiales didácticos, los servicios alimentarios, el tiempo de aprendizaje y la cantidad y el perfil de los docentes— constituye un derecho prioritario para los alumnos de sectores vulnerables, que carecen en sus hogares de una disponibilidad apropiada de espacios e insumos para el aprendizaje. Más aún, distintos estudios revelan que las condiciones materiales de las escuelas pueden tener un efecto redistributivo, al impactar positivamente sobre el aprendizaje y contrarrestar la incidencia del nivel socioeconómico. La búsqueda de una mayor justicia distributiva de la oferta educativa debe partir de un claro diagnóstico. En la Argentina, el análisis de la distribución de los recursos en el sistema educativo debe hacerse en el marco del federalismo y la doble soberanía de las provincias y la Nación, de los que se derivan fuertes desigualdades regionales. En efecto, a las grandes diferencias en los niveles de desarrollo y capacidades productivas de las provincias, se suman ciertas características de las instituciones políticas, que tienden a generar mayores desigualdades. Esto sucede, ante todo, con la legislación que regula la distribución de los recursos federales, que habilita fuertes brechas entre las provincias que más y menos reciben1. Estas condiciones demandan que la planificación federal asuma un rol central en la redistribución de los recursos. La Argentina detenta índices de desarrollo humano y niveles de renta per cápita que se encuentran entre los más altos de América Latina. Históricamente las diferencias en estos indicadores con respecto al resto de los países de la región eran más pronunciadas, pero esta brecha comenzó a reducirse drásticamente desde mediados de los ‘70 (Gasparini, 2006). Este fue un proceso que duró casi treinta años y alcanzó su punto más álgido con la crisis histórica de 20012002; pero a partir de ese momento se produjo un importante cambio en el rumbo económico del país que comenzó a revertir la tendencia al aumento de la desocupación, la pobreza y la desigualdad. En este escenario de crecimiento económico sostenido y de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población cabe preguntarse cuál fue el correlato en el sistema educativo, en particular, en la distribución de los recursos a los diferentes sectores de la población, cuestión sobre la que se centra este trabajo. Se indaga en qué medida la acción del sistema educativo reduce, reproduce o amplía las desigualdades sociales de los alumnos que asisten a escuelas públicas. Más específicamente, se analiza cuál es el grado de correlación entre el nivel socioeconómico estimado de los alumnos y la disponibilidad de recursos educativos en las escuelas del sector público de ámbito urbano, entre los cuales se consideran las horas de clase, la infraestructura, la enseñanza de idioma o el acceso a Internet. Esta información surge del cruce de las bases del Relevamiento Anual del año 2009 y del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2007, que incluyó un cuestionario a alumnos que permite caracterizar su nivel socioeconómico. Este informe tiene como antecedente inmediato un

Así por ejemplo, existe una relación de ocho a uno entre la cantidad de recursos por habitante entre las provincias que más y menos reciben. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires que en el año 2010 percibió recursos del Gobierno Nacional equivalentes a $1.280 por habitante frente a Tierra del Fuego que obtuvo $9.954 (Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010).

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Equidad en la distribución de la oferta educativa  

Este estudio analiza cómo están distribuidos los recursos educativos en las escuelas públicas según el nivel socioeconómico de los alumnos,...

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