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Las distintas esferas de gobierno no ignoran estas dimensiones de las desigualdades educativas, pero tendrán más herramientas para actuar en el proceso de revertirlas con datos objetivos que miran la justicia distributiva de la oferta educativa según nivel socioeconómico de los alumnos. Del presente estudio surge la recomendación de usar la información disponible para el planeamiento, gestión y monitoreo de la asignación de recursos priorizando a los sectores sociales más vulnerables. Más aún, es vital crear un sistema de medición de la distribución de la oferta entre las escuelas como piedra basal para mejorar las condiciones de justicia educativa en Argentina, tal como lo recomiendan Rivas, Veleda y Vera (2009) en un documento previo de CIPPEC. Este sistema debería articular información de diferentes fuentes estadísticas con el fin de contar con datos por escuela relativos a la disponibilidad de recursos y características de la oferta educativa, participación en programas nacionales y provinciales, y nivel socioeconómico de los alumnos. De este modo, se contaría con una base de datos certera para la toma de las decisiones. En este proceso debería entablarse una estrecha coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para identificar y atender con prioridad a las escuelas más vulnerables. En definitiva, se propone generar un dispositivo permanente de justicia social educativa para que la toma de las decisiones se oriente a mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos. La presente investigación pretende mostrar cómo podría utilizarse este dispositivo, pero es sólo el primer paso para mapear las desigualdades en la distribución de recursos y debería complementarse con otras herramientas analíticas cuantitativas y cualitativas.

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Equidad en la distribución de la oferta educativa  

Este estudio analiza cómo están distribuidos los recursos educativos en las escuelas públicas según el nivel socioeconómico de los alumnos,...

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