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La paz: tan cerca, tan lejos


Contenido

Editorial

Necesidades y riesgos de la paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Por Mauricio García Durán, S.J.

Paz

La paz con aires reeleccionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Por Fernando Sarmiento Santander Cartas por la paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Por Isabel González Gutiérrez Nueva ruta con el ELN: evitando los errores del pasado . . . . . . . . . . . . . .8 Por Nicolás Chamat y Emilia Frost

Movimientos Sociales

En marcha un nuevo reagrupamiento social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Por Álvaro Delgado

Derechos Humanos

Derechos humanos: el conflicto se transforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Por Alejandro Angulo, S.J.

Restitución de Tierras

Los retos y desafíos de la política de restitución de tierras ¿más de lo mismo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Por Víctor Barrera y Diego Quiroga

Ley de Víctimas

Las Mujeres en la Ley de Víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Por Natalie Sánchez La ley de Víctimas y el justo litigio constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Por Vera Samudio

Colaboran en este número Fernando Sarmiento Santander Isabel González Gutiérrez Nicolás Chamat Emilia Frost Álvaro Delgado Alejandro Angulo, S.J. Víctor Barrera Diego Quiroga Natalie Sánchez Vera Samudio Javier Lautaro Medina Ana María Restrepo Margarita Granados Enyel Rodríguez Luisa Rodríguez Sandra Teherán Coordinación editorial Laura González Pérez

Política Social

Diseño y edición fotográfica Camilo León Wesso Margareth Figueroa Garzón

Desarrollo

Portada Ilustración con fotografía de Luis Lizarazo / El Tiempo

Mujeres rurales: retos para las políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Por Javier Lautaro Medina

Luchas campesinas en tiempos de leyes de desarrollo rural . . . . . . . . . 29 Por Ana María Restrepo Represa del río Ranchería: falsas promesas de desarrollo . . . . . . . . . . . 32 Por Margarita Granados, Enyel Rodríguez, Luisa Rodríguez y Sandra Teherán

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Encuentre a Cien Días en las redes sociales

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Consejo Editorial Mauricio García Durán, S.J. Teófilo Vásquez Ana María Restrepo Sergio Coronado Laura González Pérez

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Diagramación Margareth Figueroa Garzón Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Carrera 5 No. 33B-02 Tel: 2456181 www.cinep.org.co comunicaciones@cinep.org.co Bogotá D.C., Colombia Mayo - Julio 2012 ISSN: 0121-3385 No. 75 | Mayo - Julio 2012 |


Editorial

Necesidades y riesgos de la paz Por Mauricio García Durán, S.J.*

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l tema del conflicto y de la paz sigue marcando de manera importante la vida colombiana. No en vano las percepciones sobre el deterioro o no de la seguridad han incidido en gran medida en el debate político entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Los logros alcanzados por la presente administración al dar de baja a algunos de los líderes más importantes de las Farc (el “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”) y asestar golpes a frentes de esta guerrilla, no logran ocultar el incremento de sus acciones de guerra en el 2011 y el aumento en su responsabilidad en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que vienen creciendo desde 2008. Esto indica que no es una guerrilla derrotada, y que “el fin del fin” no está tan cerca como lo anunciaron los mandos militares a finales del segundo mandato del presidente Uribe. Ahora bien, mucho más preocupante es el masivo incremento de las infracciones al DIH por parte de la nueva fase de grupos paramilitares (llamadas por el gobierno Bacrim) que superaron, según la información del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/ PPP, el triste récord de 800 infracciones en el 2011. El asesinato de reclamantes de tierras es solo una de las muestras de dicha barbarie. Esta es una de las herencias nefastas que nos dejó la administración Uribe al impulsar una política de desmovilización de los grupos paramilitares que no desmontó de raíz las estructuras subyacentes a los mismos y que se han vuelto a reproducir exponencialmente. Con la administración Santos, los vientos de la paz han vuelto a ganar fuerza. Ha sido posible volver a hablar de conflicto armado y de una salida negociada del mismo; el país ha presenciado múltiples manifestaciones en este sentido. Son diversos los actores, tanto nacionales como internacionales, los que han llamado a “sacar la llave de la paz” que tiene guardada en su bolsillo el presidente Santos. Se habla de diferentes gestiones

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confidenciales de acercamiento a las Farc y al Eln; y tanto el gobierno como la guerrilla han emitido varios comunicados que abren horizontes para la paz. Distintos sectores de la sociedad civil (Iglesia Católica, grupos de académicos, Colombianos/as por la Paz) han llamado a las partes a buscar una salida negociada; en ese sentido, se destacan cartas como la del pasado 20 de abril que las organizaciones del pueblo Nasa enviaron al comandante de las Farc ‘Timoleón Jiménez’. La liberación de los soldados y policías retenidos por las Farc por más de 10 años es otra muestra en esta dirección. Sin embargo, son múltiples los obstáculos y resistencias existentes en la sociedad colombiana, lo cual hace que aún estemos lejos de arrancar un proceso que nos lleve a una paz que ponga fin al conflicto que nos ha azotado en los últimos 50 años.

Anque con la administración de Santos los vientos de la paz han vuelto a ganar fuerza, son múltiples los obstáculos y resistencias en la sociedad colombiana que nos alejan de arrancar un proceso de paz .

Una última muestra favorable a esta dinámica de paz fue el lanzamiento público de la Marcha Patriótica el pasado 23 de abril con una manifestación masiva que llenó la plaza de Bolívar. Se trató de una importante expresión de un campo social que busca tender puentes entre la sociedad y los intereses políticos de las Farc. Si una iniciativa política como esta impulsa a esta guerrilla a salir de la guerra y entrar sin ambigüedades en la acción política legal, sería una contribución para la paz. Habría que reconocer en ello un signo positivo en medio de la creciente degradación, paramilitarización y narcotización que ha vivido el conflicto colombiano. Ahora bien, hay un riesgo muy grande en ello, ya que

como sociedad podemos volver a caer en uno de los errores más crasos que cometimos en años pasados en este camino de la paz. La Marcha Patriótica tiene el peligro de repetir el duro destino de la Unión Patriótica. De un lado, existe el riesgo de que se quiera jugar, de una u otra manera, a la combinación de las formas de lucha por parte de un sector de la izquierda que ya lo ha hecho en el pasado. Pero por otra parte, está el temor de que se vuelva a cometer un genocidio como el que se hizo con la Unión Patriótica. La nueva fase del paramilitarismo, que viene victimizando a los reclamantes de tierras, tiene todas las posibilidades para volver a masacrar a esta nueva manifestación política, sin que sea clara la estrategia gubernamental para controlar efectivamente dicha barbarie. Ojalá el país tenga la madurez suficiente para aprender del pasado y no repetir una de las equivocaciones que nos mantiene en esta guerra sin fin. Ojalá el gobierno tenga la inteligencia para abrir espacios de expresión política a los sectores de oposición y que éstos sean un aliciente para que una guerrilla como las Farc pueda dar el paso hacia la lucha política legal. Ojalá el gobierno implemente la política de seguridad que permita controlar la nueva amenaza de las estructuras paramilitares que se ciernen sobre múltiples grupos de la sociedad colombiana. Ojalá algunos sectores de la Marcha Patriótica entiendan que no caben ambigüedades en el ejercicio de la política. Ojalá las Farc hayan interiorizado que no cabe una apuesta política que reproduzca la combinación de las formas de lucha. Ojalá las organizaciones de la sociedad civil reclamemos, sin cansancio, tanto al gobierno como a la guerrilla que avancen hacia la paz que anhelamos todos los colombianos y las colombianas.

*Mauricio García Durán, S.J. Ex Director General del CINEP/PPP | www.cinep.org.co |

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Paz

La paz con aires reelecionistas Pese al optimismo nacional por la liberación de los secuestrados que estaban en poder de las Farc, no parece probable que el presidente Santos se arriesgue a ‘quemarse’ en una negociación de paz. Análisis. Por Fernando Sarmiento Santander*

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l optimismo en torno a ni resolver los dilemas políticos las posibilidades de paz que encierran acontecimientos en el país va colmando la como los citados. Se pretende opinión nacional. En parte es sí, en este artículo, poner de un sentimiento positivo, pues manifiesto el peso político poco a poco se va generando el que representa para el inicio clima necesario que requiere de negociaciones con las una acción presidencial en este guerrillas la posible reelección sentido; en contraste con el de Santos. eco de guerra que predominó Entre los salones y pasillos durante los dos mandatos del Congreso va haciendo anteriores. La reciente corrillo tal probabilidad; al liberación de los militares y respecto, desde septiembre policías secuestrados aumentó de 2011, se han pronunciado tal optimismo. en pro y contra los partidos Pero a la par del de la Unidad Nacional y los © CICR / B. Heger sentimiento nacional, se opositores2 y lo han hecho El pasado 2 de abril las Farc dejaron en libertad a los diez últimos uniformados encuentran en juego razones recientemente a propósito secuestrados, tal y como lo habían anunciado en diciembre y enero. políticas que son, a la postre, del aval dado por la Comisión las que marcan el rumbo de Primera de la Cámara al Marco las posibilidades de iniciar o no un proceso daría para una segunda intención semejante: Jurídico para la paz. El discutido artículo de paz en Colombia. Y no se trata tan solo la reelección de Juan Manuel Santos. Esto transitorio constitucional plantea cuál sería de los factores objetivos de la guerra, que simplemente para ejemplificar que la política la vigencia de tal herramienta jurídica: ¿este obviamente pesan a la hora de entrar en una ronda con decisión lo relativo a la paz, como período presidencial, éste y el próximo, o por negociación, sino también de las motivaciones lo ha hecho por esencia en torno a la guerra. tiempo indefinido, como lo es el conflicto? de la clase política nacional y regional. No Para decirlo de otra manera, de cara Frente a esta posibilidad, un elemento a hay que olvidar que en este país, tanto la paz al sentimiento optimista del país, no bastan considerar es que Santos no va a arriesgar a como la guerra han puesto presidentes (y no el voluntarismo y el humanitarismo para el “quemarse” en el intento de una negociación depuesto, como ha sucedido con frecuencia logro de la paz, aunque sean necesarios a su en el futuro inmediato. El antecedente del en otras latitudes); el anhelo de paz eligió a debido momento, más allá de eso se requiere Caguán es patético y lo menos que querría de las condiciones políticas que justifiquen Santos es que se repitiera el episodio de la sentarse o no en una mesa de negociación “silla vacía”. Él ha demostrado ser un político No hay que olvidar que en este y cumplir con lo pactado. Así, ante hechos calculador, y si hay en él un atisbo de pasar a país, tanto la paz como la guerra han como la liberación de los secuestrados o la aprobación en Comisión Primera de la Cámara puesto presidentes . del que ha sido denominado el Marco Jurídico El antecendente del Caguán es para la paz1 o los mutuos ataques entre las patético y lo menos que querría SanPastrana y la guerra dio motivo a la primera Farc y el Ejército durante los últimos meses, tos es que se repitiera el episodio de la ‘silla vacía’ . reelección continua que experimentó la se requiere de una lectura con tenor político nación, la de Álvaro Uribe, y al día de hoy que esclarezca las posibilidades de paz. se alimenta la discusión acerca de si la paz No se busca aquí agotar esta perspectiva

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Paz

la historia como el presidente de la paz, que mostrado los límites de la institucionalidad han dicho los medios, no va a dar un paso al pública local y regional, en donde los frente sin estar seguro de lograrlo. Pero el intereses de los poderes allí establecidos no carácter impredecible pretenden ceder que ha caracterizado un acre del terreno Hay desconfianzas mutuas: el ganado a costa a las Farc o al Eln carácter impredecible que ha ca- de la violencia. Ni en los procesos de racterizado a las Farc o al Eln en los siquiera la voluntad negociación no da una procesos de negociación no da luz sola luz de confianza de confianza y las guerrillas tendrán del Estado nacional en este sentido. también sus razones para no creer en logra doblegar Se trata, claro, de la realidad de la el Gobierno . desconfianzas mutuas, política en las pues las guerrillas regiones del país; tendrán también sus razones para no creer son trayectorias diferentes, composiciones en el Gobierno—o ¿por qué ‘Tirofijo’ no llegó políticas que no se encuentran, intereses en aquella ocasión a la mesa?—. que generan constantemente conflictos. El “Quemarse” sería en realidad quemar nacional y el regional parecen ser en el fondo la posibilidad de ser reelegido. El costo de Estados enfrentados. una negociación fallida en este momento Pensar en avanzar en la paz, además sería el de no permanecer en el poder. Ante de ese escenario nacional de una mesa de esta situación, es más seguro políticamente negociación con la guerrilla, va a requerir de la no hacer la paz que arriesgarse a iniciar tramitación de estos conflictos regionales y de un proceso para el que aún no existen las las tensiones entre el Estado nacional y el que condiciones. Como político, y de cara a una se da de forma concreta en lo local y regional. reelección, le conviene a Santos consolidarse ¿Entonces qué sería posible en lo como presidente, y responder con hechos que queda del periodo Santos? Desde la a la arremetida de críticas del uribismo y perspectiva de la reelección, Santos tendría dar muestras a los opositores de izquierda el tiempo escaso para entregar resultados de la eficacia de sus políticas sociales. Esto en las políticas bandera de su gobierno y con es, sostenerse en la política de seguridad, ello ganar adeptos a su posible pretensión ganar la adhesión mayoritaria de la opinión de repetir. Desde la perspectiva de la paz, pública, ejecutar al dedillo la Ley de sería posible apenas avanzar en la creación Víctimas y Restitución de tierras, como para de condiciones para una negociación en el ejemplificar con los asuntos que están en próximo periodo —con Santos o sin Santos en la turbulencia nacional. Algo de semejante el poder—. En cualquiera de los escenarios, tamaño requiere más tiempo que los dos así las cosas, entre mejor le vaya a Santos años que prácticamente le quedan a Santos mejor le irá a la paz. Si a Santos le va mal, le como presidente. A sabiendas de que cuatro va mal a la paz. Y esta no es una declaración años tampoco eran suficientes. de adhesión, lejos de eso; es simplemente No es asunto de simples procedimientos considerar que si la política de seguridad pone administrativos, se trata, por el contrario, a la guerrilla a punto de sentarse en la mesa, de los tensores de la política en el itinerario es algo necesario para una negociación; que de la conflictividad si la Ley de Víctimas y del país. Por su Restitución de Tierras Desde la perspectiva de la paz, cumple su cometido, parte las guerrillas, sería posible apenas avanzar en la al menos las Farc, creación de condiciones para una ne- se resolvería en buena se encuentran gociación en el próximo periodo –con parte uno de los en la tarea de problemas nucleares Santos o sin Santos en el demostrar que aún del conflicto, la poder– . no están derrotadas tierra. De nuevo, militarmente; ello como estrategia política algo nada fácil de lograr. Y al contrario, mal para plantarse con más fuerza en una sería que los uribistas demuestren tener la eventual mesa de negociaciones, como lo razón y busquen con el acceso al poder dar saben de sobra los estrategas. De otra parte, continuidad a una política guerrerista. Mal la aplicabilidad de la Ley de víctimas ha sería el fracaso de la Ley de restitución de

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Usar la “llave de la paz” no es asunto de simples procedimientos administrativos, se trata, por el contrario, de los tensores de la política en el itinerario de la conflictividad del país.

tierras pues prolongaría la situación de las víctimas, consolidaría la posesión ilegal y justificaría la continuación del conflicto.

*Fernando Sarmiento Santander Coordinador e investigador del proyecto Iniciativas de Paz del CINEP/PPP

Notas 1 Semana, 2012, “Llave de la paz: ¿exclusiva para Santos?” en Semana, Bogotá, marzo 28. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/ llave-paz-exclusiva-para-santos/174569-3.aspx y El Espectador, 2011, “Liberales promueven desde ya la reelección del presidente Santos” en El Espectador, Bogotá, septiembre 8. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ politica/articulo-297787-liberales-promuevenya-reeleccion-del-presidente-santos 2 El Tiempo, 2012, “Marco jurídico para la paz superó su quinto debate en el Congreso” en El Tiempo, Bogotá, marzo 28. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/aprobadomarco-jurdico-para-la-paz-en-el-congreso_11450741-4 y El Tiempo, 2011, “‘Reelección es una decisión de Santos: Carlos Fernando Galán” en El Tiempo, Bogotá, septiembre 14. Disponible en: http://www.eltiempo.com/ politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10365234.html

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Paz

Cartas por la paz El intercambio epistolar entre las Farc con la sociedad civil ha dejado 45 comunicaciones ¿Para qué han servido? Por Isabel González Gutiérrez*

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l 11 de septiembre de 2008, Colombianos y Colombianas por la Paz emprendieron la iniciativa de un intercambio epistolar entre las Farc y la sociedad civil con el fin de buscar una solución política al conflicto armado y social en Colombia. La carta fue bien recibida por esta guerrilla: la aceptaron y propusieron un Acuerdo Humanitario. Meses después, un grupo de académicos de talla internacional, dio el visto bueno a la propuesta, reconoció su importancia y sugirió, además, que fuera extendido al Eln, guerrilla que aprobó la invitación y se sumó desde el 19 de enero de 2009. Hasta el momento se han recogido 45 documentos producto del intercambio epistolar con las Farc y 10 con el Eln. Pero la intervención del Gobierno en el intercambio, tanto por iniciativa propia, como para dar respuestas a las cartas enviadas por distintos sectores de la sociedad civil, ha sido muy poca para el caso de las Farc y nula en el del Eln. En total, se

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han registrado tres expresiones en respuesta que el Ejército comete actos atroces que a lo manifestado por las Farc y ninguna en también violan el DIH, acusaciones a las que respuesta al Eln. Durante su gobierno, Álvaro el Presidente ha hecho caso omiso. Uribe se limitó a acordar los lineamientos Se puede decir que el intercambio ha para las liberaciones —que en varias sido bastante más nutrido con las Farc que ocasiones fueron obstaculizadas por parte con el Eln en cuanto a cantidad de cartas del Ejército—. Con el Presidente Juan Manuel enviadas y respondidas y a logros alcanzados. Santos, a pesar de las cartas que se le han Uno de los alcances más destacables de este hecho llegar invitándolo a un diálogo de paz ejercicio con las Farc fue la aceptación de la —propuestas de propuesta hecha por diálogo por parte la sociedad civil de de las Farc en varias abandonar el secuestro El intercambio epistolar ha sido ocasiones, una carta más nutrido con las Farc que con el definitivamente como de Colombianos y Eln en cuanto a cantidad de cartas práctica beligerante, Colombianos por a tal punto que hoy enviadas y respondidas y a logros la Paz, una carta se han liberado todos alcanzados . firmada por más de los rehenes militares cien académicos— que se encontraban la situación ha sido bastante condicionada en poder de esta guerrilla y, mediante este y llena de pretextos; en tanto se excusa en gesto, se expresó la intención de comenzar la necesidad de que las Farc abandonen un diálogo de paz con el Gobierno. prácticas que representan violaciones al A lo largo del intercambio epistolar con DIH y los DD.HH. y a la vez las Farc alegan las Farc, el tema del Acuerdo Humanitario

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Paz

INTERCAMBIO EPISTOLAR

“...Diversos sectores sociales, políticos y académicos han señalado de manera clara, que en una negociación con la guerrilla, necesariamente debe abordarse una agenda social y política. Por eso, para el ELN es de interés la iniciativa propuesta por Ustedes, de adelantar un diálogo epistolar que pueda ser vinculante a un diálogo con la comunidad nacional e internacional…”.

Enero 19 de 2009

Carta del Eln a intelectuales y personalidades.

“...La dirigencia guerrillera del Oriente Colombiano (...) asistidos por nuestras máximas comandancias del Secretariado Nacional y el Comando Central, anunciamos que ha terminado definitivamente la trágica confrontación que se venía dando entre las FARC-EP y el ELN, en el departamento de Arauca.

Septiembre 14 de 2010 Comunicado de las Farc y el Eln.

Salimos de esta reunión, comprometidos y animados a poner el mayor empeño encaminado a cicatrizar heridas, a hermanarnos plenamente, a estimular el retorno de campesinos a sus tierras, a reconstruir la confianza y la esperanza en esta insurgencia que pertenece a la estirpe heróica del pueblo araucano...”.

Julio de 2011

Carta del Eln para Colombianos y Colombianas por la Paz.

Agosto 16 de 2011

Respuesta de Colombianos y Colombianas por la Paz.

“...El ELN le extiende respetuoso saludo a propósito de su carta del pasado 18 de Julio, reconociendo nuevamente sus aportes por la paz de Colombia. El ELN ha expresado públicamente y en repetidas oportunidades, su disposición a un dialogo bilateral sin condicionamientos, la agenda y reglamento se construyen por las partes en dichos diálogos (...) compartimos con ustedes, que una mesa gobierno e insurgencia es hoy lo más aconsejable y en tal sentido nos esforzamos para alcanzarlo.Deseosos de mantener esta comunicación bilateral y mejorarla cada vez más, es nuestro sincero deseo...”-

“...Compartimos el propósito de lograr una comunicación epistolar más fluida y la importancia de generar confianza en amplios sectores de la sociedad y de la institucionalidad, para un diálogo directo. Creemos que tres grandes materias son importantes para desarrollar en este intercambio: 1- los temas de fondo que deberían ser parte de una agenda de paz, 2- los problemas humanitarios del conflicto armado; y 3- la necesidad de la unidad de las insurgencias para un único proceso de paz y la unidad de todos los colombianos y colombianas en el propósito nacional de la paz.”-

Enero 17 de 2012

Carta de Colombianos y Colombianas por la Paz para Eln.

“...Recibimos con especial atención e interés, su carta del mes de Enero, con la propuesta de Tregua bilateral, así como las enviadas a los compañeros de las FARC y al gobierno nacional (...) pensamos que sería más conducente, que las partes nos planteáramos la Tregua Bilateral, en el marco de una mesa de diálogos y dentro de una agenda de Salida Política Al conflicto...”.

“...La suma de dolor que genera la encrucijada de múltiples violencias y la devastación económica, social y moral que afecta a las inmensas mayorías, así como la posibilidad de abrir la puerta para alguna aproximación constructiva, nos lleva a concluir y a exigir, de manera urgente, que debe pararse ya la guerra fratricida. En consecuencia, les planteamos las siguientes propuestas: 1. Tomar medidas imperiosas en sus filas para que el derecho internacional humanitario se aplique en toda situación y se investiguen infracciones a tal normativa (...) 2. Adoptar de su parte la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego...”.

Febrero de 2012 Carta del Eln.

ha sido una constante, tanto por parte de la guerrilla, como por los representantes de la sociedad civil como un elemento necesario para conseguir el éxito en los posibles diálogos de paz. El reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante también ha sido una petición realizada con ahínco por este grupo al igual que las constantes iniciativas de liberación de secuestrados en su poder. La necesidad de citar una reunión entre las fuerzas políticas y sociales interesadas en generar el cambio para trazar un gran acuerdo nacional hacia la paz ha sido mencionado una que otra vez en el intercambio, pero la idea no se ha consolidado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es posible concluir que el intercambio se ha desviado destacablemente hacia la organización de las liberaciones unilaterales y ha dejado a un lado otros temas de vital importancia para conseguir un acuerdo para la paz.

El intercambio epistolar se ha desviado destacablemente hacia la organización de las liberaciones unilaterales y ha dejado a un lado otros temas de vital importancia para conseguir un acuerdo para la paz .

Con el Eln el intercambio epistolar ha sido menos agitado. La guerrilla ha expresado en todas sus comunicaciones su intención de iniciar un diálogo nacional por la paz sin condiciones. Igualmente, se ha enfatizado la necesidad de tratar temas de trascendencia nacional a través de ese medio, dentro de los cuales se destacan: los problemas humanitarios dentro del conflicto armado y la unidad de las guerrillas para un solo proceso de paz, que fueron propuestos por los representantes de la sociedad civil.

*Isabel González Gutiérrez Pasante universitaria del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP

... estamos abiertos a que sigamos un intercambio fluido y conjugando esfuerzos, porque es indispensable recoger todas las iniciativas conducentes a la verdadera paz...”.

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Paz

Nueva ruta con el Eln: evitando los errores del pasado Un análisis de las posibilidades reales de paz con esta guerrilla, el paso que debe dar el Eln para encaminarse a ella y el por qué Santos debería sacar con este grupo la famosa ‘llave de la paz’, se abordan en este texto. Por Nicolás Chamat y Emilia Frost*

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mediados de febrero de este año, la dirigencia del Eln sorprendió al país con un audaz comunicado en el que propuso al Gobierno Santos establecer una tregua bilateral (Semana.com, 2012, 20 de febrero). Días después, el Presidente respondió categóricamente: “El Gobierno no está interesado en ceses al fuego, ni en circos públicos temporales” (Semana.com, 2012, 21 de febrero). Al parecer, para el Primer Mandatario la mejor forma de poner fin al conflicto armado con esta organización es por medio de la lógica de la guerra. Sin embargo, un vistazo al pasado nos enseña que la violencia no se detiene con las armas y que los dividendos de alcanzar la paz con el Eln —aún si se trata de una guerrilla pequeña— no pueden ser menospreciados ni por el Gobierno ni por la sociedad en general.

La importancia de poner fin al conflicto con el Eln Como lo hemos planteado en conjunto con otros investigadores (Aponte, D., Vargas, A., (eds.), 2011), el Eln conserva capacidad de mando dentro de sus tropas, no se encuentra moralmente debilitada, ni hay razones para creer que existen deserciones masivas; igualmente, sigue intacta su capacidad de reclutamiento1 y su relación con el narcotráfico y los grupos armados a su servicio la han convertido en fuerzas e importantes actores en los ámbitos regional y local. En efecto, pese a la permanente ofensiva estatal; la arremetida paramilitar del primer lustro de la década pasada y al importante número de desmovilizados, se estima que actualmente el Eln cuenta con más de 2.000

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idad de

osibil ELN: La p L E D A T R CA ego ral del fu cese bilate

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ñores mie ñoras y Se rdoba, Se z: Có Pa ad la ed r Doctora Pi y Colombianos po as Colombian

ELN Central del Comando de Colombia Montañas 2012 de o rer Feb

En febrero de este año el Eln sorprendió al país cuando propuso al Gobierno Santos establecer una tregua bilateral, a lo que el presidente respondió con una negativa al cese al fuego y a “circos públicos”.

hombres en armas (Aponte, D., 2011: 66). Si bien esta organización difícilmente puede considerarse una fuerza nacional, sí es una regional y con un vasto influjo en el conflicto armado. Así, por ejemplo, en zonas de tradicional presencia ‘elena’ como Arauca y el Catatumbo, aunque el Eln se haya visto golpeado militarmente en años recientes, todavía tiene la capacidad de intermediación armada para la tramitación de conflictos locales o para establecer alianzas con políticos y funcionarios públicos (Millán, S.,

Si bien el Eln dificílmente puede considerarse una fuerza nacional, sí es una regional y con vasto influjo en el conflicto armado .

2011: 159). Así mismo, en otras regiones del país, como Nariño o Cauca, esta guerrilla ha venido presentando un paulatino involucramiento en la economía cocalera con un resultado doble: gozan de cierta ascendencia sobre la población ligada a los

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Paz

circuitos económicos ilegales, al tiempo que han tenido una responsabilidad mayor en la victimización de civiles. Prueba de ello son los más recientes combates (el 3 de abril de 2012) entre el “Frente Comuneros del Sur” de esta organización y la Fuerza Pública, al norte del departamento de Nariño —en el sector conocido como El Sauce—, donde esta estructura “intimidaba a la población y realizaba actividades de tráfico de drogas y armamento” (Radio Santa Fe, 2012, 3 de abril).

ha tenido el Eln con los distintos Gobiernos, No obstante, las muestras de buena el tema del cese de hostilidades —y de su voluntad no deben ser únicamente de verificación— ha sido uno de los escollos de parte del grupo guerrillero. Corresponde al más difícil solución para el inicio y desarrollo Gobierno Santos capitalizar esta coyuntura e de unas conversaciones de paz (Chamat, iniciar acercamientos con la guerrilla del Eln N., Frost, E., 2011). Si se logra concertar para acordar los detalles de la mencionada una tregua antes de comenzar siquiera los tregua bilateral, el inicio de diálogos y la acercamientos, las nuevas iniciativas de paz construcción de confianza. El presidente debe podrían ser prometedoras. reconsiderar sacar del fondo de la gaveta Asegura también el Presidente presidencial la ‘llave de la paz’ y no dejarla Santos en su apresurada contestación al oxidar junto con las nuevas expectativas que grupo guerrillero, que “de los errores y las están emergiendo. experiencias pasadas se aprende”, y que por Si bien pareciera que el Primer ello no le interesan “pausas temporales”. Sin Mandatario prefiere entretenerse con su llave embargo, si algo ha quedado claro luego de de la paz en una suerte de soliloquio, lejos casi una década de de los escarpados priorización de la senderos de lo opción militar, es Las muestras de buena voluntad público —lo cual que el Estado no no deben ser únicamente de parte podría tener mucho ha logrado siquiera del Eln. El presidente debe reconsi- sentido estratégico asegurar el control derar sacar del fondo de la gaveta la y ello no solamente “llave de la paz” y no dejarla oxidar para el Gobierno—; territorial ni ganar junto con las nuevas expectativas lo que también cierto la confianza de los que están emergiendo . ciudadanos, mientras es que el Presidente que las guerrillas Santos no debería han demostrado una echar en saco roto las sorprendente capacidad de adaptación y experiencias y el conocimiento internacional sobrevivencia. acumulado en otras latitudes. La experiencia sugiere que deben La intervención y el acompañamiento explorarse fórmulas novedosas para alcanzar de una tercera parte internacional (ya sea la culminación de la guerra. Si de verdad de países amigos, de la Unión Europea interesa al Presidente Santos el fin definitivo o de Unasur) han sido fundamentales del conflicto, tiene que evitar enredarse en el pasado para facilitar el inicio y la “por orgullo en los callejones sin salida que reactivación de diálogos de paz entre el ofrece la violencia”—tal como afirma Adolfo Eln y el Gobierno (Chamat, N., Frost, E., Atehortúa (2012, 19 de febrero). 2011:202). En todo caso, más allá de ser una decisión instrumental, la aceptación del acompañamiento internacional tendría un Muestras creíbles de paz importante valor simbólico. Tal concesión evidenciaría la existencia de una intención Ahora bien, si el Eln en verdad desea sincera de parte del Gobierno para buscar embarcarse en unos diálogos de paz, necesita una solución política al conflicto. dar un paso más. El grupo guerrillero debe manifestar lo que se conoce en teoría de conflictos como un ‘compromiso creíble’ que En búsqueda de una demuestre que realmente está interesado en nueva ruta hacia la paz un proceso de esta índole, que no se trata de un engaño para ganar oxígeno ante la presión Aunque la buena voluntad es una militar del Estado (Walter, B.F., 1999.). Así, condición necesaria para iniciar el largo por ejemplo, la liberación unilateral de los y sinuoso camino hacia la paz, ésta no es secuestrados cumpliría tal objetivo. Además, suficiente para garantizar que se llegue sería una muestra de que realmente están exitosamente al destino final. Por ahora, el comprometidos con el cumplimiento del primer paso es reconocer que, contrario de lo Derecho Internacional Humanitario, que que se dice en el polarizado debate público, mencionan en su carta abierta. hay más opciones que la derrota militar o

Foto CINEP/PPP

A pesar de que el Eln sufre una derrota estratégica a manos de las fuerzas estatales, su destrucción militar —que la llevaría a una capitulación sin condiciones— parece poco probable.

Aprendizajes del pasado Como lo demuestran experiencias del pasado, la invitación del Eln para pactar un cese temporal de las hostilidades no es un suceso de poca importancia. Aunque el Presidente lo haya desechado con desdén, la trascendencia de este guiño del grupo guerrillero solo se dimensiona al hacer un poco de memoria. En los acercamientos que históricamente

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Paz

la negociación ‘clásica’ (a la manera en que En este orden de ideas, la estrategia de tradicionalmente se ha hecho en Colombia). paz por la que debería optar el Presidente En efecto, la forma ‘clásica’ de las Santos para la terminación del conflicto negociaciones de paz tiende a volver con el Eln es entablar unos diálogos bajo la inflexibles a las lógica de solución partes enfrentadas de problemas. Este pues genera Aunque la buena voluntad es una modelo, al contrario posiciones extremas condición necesaria para iniciar el de las negociaciones y rígidas. Este camino hacia la paz, ésta no es sufi- ‘clásicas’, se enfoca modelo, usualmente ciente para garantizar que se llegue en los intereses y no concebido como exitosamente al destino final. El pri- en las posiciones2 un juego de suma- mer paso es reconocer que hay más de las partes con opciones que la derrota militar o la el fin de concretar cero, hace que negociación ‘clásica’ . la búsqueda de y alcanzar una ganancias relativa ‘alternativa origine intransigencia en la posición de mutualmente preferible’3 a la guerra. Es, las partes, lo que termina estropeando en suma, un procedimiento que facilita la los intentos por alcanzar una solución identificación y establecimiento de puntos de negociada (Fisher, R., Ury, W., 1993). Esto convergencia entre los antagonistas. fue precisamente lo que sucedió durante Así mismo, un diálogo tal con el Eln los últimos acercamientos entre el Eln y la debería abarcar, por lo menos, dos temas administración Uribe entre 2004 y 2007. gruesos: la salida digna de la lucha armada — Adicionalmente, cualquier solución es decir, cómo diseñar un proceso de desarme, sostenible del conflicto requiere tratar sus desmovilización y reinserción (DDR)—, y la causas estructurales. Y para negociar sobre transformación política de las estructuras del asuntos políticos, los alzados en armas Eln. Lo primero, el proceso de DDR, tiene que requieren de cierto nivel de legitimidad o de ser construido dentro de las posibilidades apoyo popular, apoyo que el Eln no tiene en la que el marco jurídico nacional e internacional actualidad —salvo en ciertas localidades—. vigente estipulen; el segundo punto, de otro Por ello, la negociación no es la opción lado, debe ser parte de un proceso general acertada para la terminación del conflicto de profundización de la democracia y de con esta organización. ampliación de la participación popular, tarea

Foto CINEP/PPP

Un diálogo con el Eln debería abarcar, por lo menos, dos temas gruesos: la salida digna de la lucha armada y la transformación política de las estructuras de esta guerrilla.

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que hay que desarrollar en el nivel regional y local. Un proceso de esta índole no solamente responde a la marginalización de nuestro conflicto, sino también puede lidiar mejor con sus variaciones regionales y con las diferencias internas de la insurgencia del Eln (valga recordar el carácter eminentemente federal de esta guerrilla, lo que impone desafíos para una eventual salida política).

Los militares y los acercamientos de paz Otro de los asuntos centrales para una eventual salida al conflicto con el Eln es el papel de la institución militar. Pasados intentos de paz han fracasado, justamente, por no contar con su consentimiento o su participación. Tal es el caso de los frustrados acercamientos entre esta organización insurgente y el Presidente Pastrana, en el 2001, cuando las partes pactaban el establecimiento de una ‘Zona de Encuentro’ —en el sur de Bolívar— y algunos mandos militares promovieron y organizaron protestas populares en su contra (Medina, 2009: 185); oposiciones que posteriormente ocasionaron la parálisis y el fracaso de dichos esfuerzos de paz. Ahora bien, granjearse el respaldo de los militares para iniciar acercamientos con el Eln, en la actual coyuntura, no es una tarea nada fácil. Dos son los escollos centrales: por un lado, la sensación pública —que además existe entre el mismo estamento castrense— de que la derrota final de los insurgentes es posible, está más cerca que nunca y que el único camino que les queda es el sometimiento sin condiciones (Matiz Cortés, S., 2012, 3 de abril.). El reto, entonces, consiste en atraer a quienes pretenden conseguir la paz con las armas —esto es, a quienes las empuñan en representación del Estado— para intentar abrir caminos alternativos con el fin de resolver nuestro prolongado conflicto. Por otro lado, luego de gozar de un especial protagonismo y, además, después de casi una década en que se ha aumentado ostensiblemente el presupuesto militar, un cambio en las prioridades del Gobierno puede suscitar reprobación y una eventual oposición del estamento militar a unos eventuales intentos de paz. En este sentido, si la decisión del Presidente Santos es optar por entablar

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Paz

acercamientos con el Eln, el rol de los militares es un tema delicado que debe manejar con especial cautela y determinación. Dicho de otro modo, si el Primer Mandatario resuelve apostar por una salida política con esta organización debe, primero, conquistar su apoyo —lo que parece está intentando con la controvertida reforma al fuero militar (ReedHurtado, M., 2012, 1 de abril.). Las lecciones del pasado pueden ser útiles para evitar que, de nuevo, se cometan los mismos errores en la esquiva búsqueda de la paz en nuestro país. Esperemos que tanto la administración Santos, el Eln, como también la sociedad civil que anhela una Colombia en paz, estén a la altura de este gran desafío histórico: el presidente debe echar mano de su llavecita, el Eln debe demostrar con hechos su compromiso con una salida política del conflicto, pero somos los ciudadanos colombianos quienes tenemos que dar el último y decisivo empujón a una puerta entreabierta y avanzar hacia un futuro más pacífico.

*Nicolás Chamat y Emilia Frost Investigadores asociados al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)

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Notas 1 De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración, entre agosto de 2002 y marzo de 2010, 50.639 personas se han desmovilizado de grupos armados, de los cuales el 16% pertenecían al Eln (ACR, 2010). Eso significa que, en este periodo, aproximadamente 3012 combatientes de esta organización dejaron las armas, lo que refleja la altísima capacidad de reclutamiento que posee este grupo guerrillero. A pesar de tan alto número de deserciones, en su investigación Aponte asegura que entre las razones esgrimidas por los guerrillero desertores están la baja moral, el desacuerdo ideológico o el desencanto con la guerra (2011: 87). Pocos desmovilizados aducen la amenaza de muerte o de ejecuciones en concejos de guerra. De allí que se afirme que parece no haber “razones para creer que en el seno del grupo haya altos grados de descomposición ni deserciones masivas (íbid). 2 “La noción de posiciones se refiere a las demandas particulares de unas negociaciones, mientras que la idea de los intereses se relaciona con las causas o ‘impulsos’ de fondo del conflicto que motivan a las partes y han justificado su lucha” (Chamat, N., Frost, E., 2011: 178, np 5). Es decir, las posiciones pueden entenderse como un recurso ‘instrumental —lo que las partes dicen querer—, mientras que los intereses son lo que las partes realmente quieren. 3 Esta idea se refiere al hecho de que las partes en confrontación no cambiarán su comportamiento si no les presenta una alternativa mejor: “no se abandona el barco en el que se está navegando, por más que se esté muy aburrido en él, si no se tiene la posibilidad de navegar en otro que ofrezca mejores alternativas” (Zartman, 2001:298, citado en Chamat, N., Frost, E., 2011: 204).

Referencias • Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), 2010. Informe al Congreso Marzo 2009 - Mayo 2010, [en línea], disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/ACR/Paginas/control.aspx • Aponte, D., 2011. “Terminando el conflicto violento con el ELN: de la necesidad de finalizarlo más allá del recurso a las armas”, en Aponte, D., Vargas, A., (eds.). No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de un cierra del conflicto con el ELN. Bogotá: Editorial Códice Ltda • Aponte, D., Vargas, A., (eds.), 2011. No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de un cierra del conflicto con el ELN. Bogotá: Editorial Códice Ltda • Atehortúa Cruz, A. L., 2012, 19 de febrero. “¿Es posible provocar la madurez del conflicto?” en Razón Pública, [en línea], disponible en: http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/2733-ies-posible-provocar-la-madurez-del-conflicto.html • Chamat, N., Frost, E., 2011. “La paz abandonada: experiencias, perspectivas y posibles escenarios para una paz negociada con el ELN”, en: Aponte, D., Vargas, A., (eds.). No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de un cierra del conflicto con el ELN. Bogotá: Editorial Códice Ltda • Fisher, R., Ury, W., 1993. Si…! De acuerdo! Como negociar sin ceder. Bogotá: Editorial Norma S.A. • Matiz Cortés, S., 2012, 3 de abril. “’No les creo a las Farc: comandante del Ejército’”, en El Espectador, [en línea], disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-336326-no-lescreo-farc-comandante-del-ejercito • Medina, C. 2009. Conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Memoria casos FARC-EP y ELN. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. • Millán, S., 2011. “Variaciones regionales de la presencia del ELN”, en Aponte, D., Vargas, A., (eds.). No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de un cierra del conflicto con el ELN. Bogotá: Editorial Códice Ltda • Radio Santa Fe, 2012, 3 de abril. “Autoridades reportan fuertes combates con el ELN en Nariño”, [en línea], disponible en: http://www.radiosantafe.com/2012/04/03/autoridades-reportan-fuertes-combates-con-el-eln-en-narino/ • Reed-Hurtado, M., 2012, 1 de abril. Reforma constitucional de la justicia penal militar: ¿seguridad o escudo? , [En línea], disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2840-reforma-constitucional-de-la-justicia-penal-militar-iseguridad-o-escudo.html • Semana.com, 2012, 20 de febrero. “ELN propone al Gobierno tregua bilateral y mesa de diálogo”, [en línea], disponible en: http://www.semana.com/nacion/eln-propone-gobierno-tregua-bilateral-mesadialogo/172436-3.aspx • Semana.com, 2012, 21 de febrero. “’Nos interesa el fin del conflicto. No los ceses al fuego’: Santos”, [en línea], disponible en: http://www.semana.com/politica/interesa-fin-del-conflicto-no-ceses-fuegosantos/172528-3.aspx • Walter, B.F., 1999. “Designing Transitions from Civil War. Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace”. International Security, vol. 24, no .1, pp. 127-155. • Zartman, I.W., 2001b. “Negotiating internal conflict. Incentives and Intractability”, International negotiation. Vol. 6, pp. 297-302

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Movimientos Sociales

En marcha un nuevo reagrupamiento social La Marcha Patriótica significó la entrada en la escena política de un amplio sector del campesinado y la ciudad, agrupado por el hastío de la pobreza y de la guerra. Sus diferencias con la Unión Patriótica y sus apuestas, se abordan en este texto. Por Álvaro Delgado*

L

os nuevos emprendimientos sociales y políticos de la población campesina que emergieron a fines del decenio anterior —todavía bajo la administración Uribe—, son una realidad hoy, con la proclamación de la Marcha Patriótica hecha el 23 de abril en Bogotá. La parte dura del gobierno — Fuerzas Militares y Policía— y algunos medios de comunicación han hecho todo lo posible para deformar su carácter y reducir sus proporciones, pero el curso de los hechos parece decir otra cosa. Se trata de la entrada en la escena política de muy diversos sectores del campesinado pobre y medio, así como de la población de importantes núcleos urbanos Foto CINEP/PPP de la provincia, afectados por la crisis de la agricultura, la pobreza, la desocupación y Cerca de 80 mil personas se reunieron el 23 de abril para la Marcha Patriótica, que se desarrolló en paz. una guerra feroz e interminable que parece importar solamente a quienes la sufren en carne propia. los defensores de antiguas zonas de violencia. Todo ese magma A diferencia de la educación. Y son de descontento —un tanto desconocido Un magma de descontento, des- ese tipo de nuevas en las grandes ciudades— ha alimentado la exterminada Unión conocido en las grandes ciudades, ha expresiones de la el surgimiento y la lucha de las nuevas Patriótica, que tuvo alimentado el surgimiento y la lucha lucha social las que formaciones sociales campesinas. Incluso su origen en una de las nuevas formaciones sociales impregnan este los antiguos sindicatos de trabajadores propuesta de paz de campesinas . la guerrilla, la Marcha nuevo movimiento campesinos, que surgieron hace decenas de fue conformándose democrático. años en la batalla de los terrasgueros contra mediante el surgimiento de agrupaciones y Los olvidados de los partidos de el latifundio, y que fueron durante años proyectos ligados al salvamento del agro y la Gobierno, los afectados por el asesinato afectados por el conflicto armado interno, recuperación de las tierras arrebatadas por continuo de sus líderes en la recuperación han vuelto a funcionar en regiones del Tolima, las empresas narcoparamilitares en los más de las tierras, las familias perjudicadas el Cauca, Nariño y Cundinamarca, entre otros. disímiles lugares de la geografía colombiana. por los nuevos proyectos hidráulicos, los El reconocimiento de las nuevas Las organizaciones de víctimas de la desocupados que provienen de antiguos realidades incluye formaciones como la violencia y el despojo se aliaron a los núcleos cultivos de coca, los expulsados de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, de población que vienen resistiéndose a la explotación artesanal del oro y el carbón, la Coordinadora Nacional de Movimientos depredación de los recursos del campo puesta la mano de obra local que es rechazada Sociales y Políticos, la Minga Social y varios en marcha por las empresas multinacionales por las empresas petroleras en la nueva procesos regionales, obreros, culturales y con apoyo irrestricto del gobierno, y las Colombia minera, los defensores del Derecho campesinos. que claman por efectivos servicios de salud Internacional Humanitario y de proyectos La Marcha Patriótica y el Congreso de pública en los campos pactaron alianzas con de producción agro-industriales en las los Pueblos tienen en común el vínculo con

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Movimientos Sociales

las regiones, con sectores agrarios, laborales y juveniles, y están inspirados en enfoques y metodologías asociativas novedosas, con una clara vocación movilizadora de la población. La Minga Social hunde sus raíces en sectores indígenas, rebeldes a la domesticación de sus formas de vida y portadores de una visión política independiente. Comosoc se ha apersonado, entre otras, de la lucha por la salud como proyecto de sectores de creyentes y laicos, en el cual participan la CUT, la CTC y la Confederación de Pensionados de Colombia. Múltiples grupos y pequeñas organizaciones resultaron, pues, más efectivos que una sola y mastodóntica colectividad corroída por el oportunismo de sus dirigentes y sin horizonte político, como resultó ser finalmente el Polo Democrático.

La gente que quiere el cambio democrático prefiere acompañar a quienes buscan una solución pacífica del conflicto colombiano .

Los restos de la UP se irguieron y se organizaron de nuevo en otras colectividades identificadas en la movilización de voluntades y no precisamente en la simple coincidencia formal con las izquierdas. La lección es que la gente que quiere el cambio democrático prefiere acompañar a quienes buscan una solución pacífica del conflicto colombiano. Por eso la extensión creciente de la lucha social es un nuevo factor material contra la guerra que puede convertirse en una gran fuerza a favor de la paz.

*Álvaro Delgado Investigador del equipo Memoria, Derecho a la Tierra y Luchas Sociales del CINEP/PPP

Cien díasesesla la revista trimestral Cien Días revista trimestral del del CINEP-Programa laque, Paz CINEP/ Programa por la Pazpor en la desde 1988, analiza lalacoyuntura en donde seseanaliza coyuntunacional desde ladesde situación derechos ra nacional la de situación humanos, los movimientos sociales, la paz, de derechos humanos, los moviel conflicto armado, la economía, entre mientos sociales y otros temas otros temas abordados por la abordados por la investigación investigación social. social.

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Derechos Humanos

Derechos humanos: el conflicto se transforma Un informe del CINEP/ Programa por la Paz compara las violaciones a los derechos humanos entre el 2010 y el 2011 y revela que el conflicto no ha terminado sino que está en plena mutación. Reclamantes de tierras, los más amenazados. Por Alejandro Angulo Novoa, S.J.*

L

as hostilidades entre Aumentan las amenazas los sectores sociales en por restitución de tierras Colombia no han cesado. Se están transformando. El La comparación entre conflicto social armado sigue el 2010 y el 2011, en cambio, regando víctimas, porque muestra el aumento de las 858 muertos, sin contar amenazas durante el 2011, todos los otros daños, no concentradas en el primer ayudan a ilusionarse. Pero la semestre, cuando comienzan comparación que los cuadros a agudizarse los litigios por 1, 2 y 3 presentan en su la restitución de las tierras. columna F, que compara las Los que más amenazan cifras de 2010 con las de 2011, son los paramilitares, así sí dejan ver una disminución como los que más matan, Foto CINEP/PPP de 225 asesinatos, al igual que lo cual parece confirmar Las hostilidades entre los sectores sociales en Colombia no han cesado, lo que se conotras mejoras, acompañadas, lo dicho. Pero si sumamos cluye es que el conflicto social armado se está transformando. por desgracia, con el aumento las amenazas de la fuerza considerable de las amenazas pública en sus diversas y también con el incremento organizaciones, también se de los secuestros. extrajudiciales u homicidios entre el primero obtiene una cifra significativa. Este síntoma Lo que se concluye es que el conflicto y el segundo semestre del 2011. Igualmente tampoco es favorable ni para el Estado ni está cambiando. Vale la pena, pues, mirar baja el número de heridos. Pero aumentan para la ciudadanía, porque no es la forma de el detalle para ver en qué consiste la los torturados, lo que no es un buen síntoma. generar confianza. Tanto menos, cuanto que transformación. se suman a la funesta estrategia paramilitar

Cuadro No. 1

1. Los derechos humanos La violación de los derechos humanos se entiende como aquella cometida por un agente directo o indirecto del Estado, en cualquier persona y en cualquier tiempo. Puede ser la fuerza pública o cualquier otro funcionario del gobierno, del legislativo o de la rama judicial. Y puede ser motivada por persecución política, por abuso de autoridad, o por intolerancia social. Se considera, por tanto, como la medida de la arbitrariedad estatal en desmedro de la ciudadanía. El cuadro 1 deja ver la disminución tanto de las amenazas como de las ejecuciones

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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS • COLOMBIA 2010 Y 2011 DDHH

A

B

2010

C

D

2011-1°Sem 2011-2° Sem

E

B+C

F

B-C

A-D

Amenazas

355

256

121

377

135

Atentados

6

1

0

1

1

5

27

6

6

12

0

15

Desaparición

-22

Detenc. Arbitraria

194

64

56

120

8

74

Ejec. Extrajudicial

434

201

53

254

148

180

Heridos

174

102

63

165

39

9

Torturas

64

18

21

39

-3

25

Violencia sexual

21

7

1

8

6

13

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP.

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Derechos Humanos

del terror. Todo empeora, si como se observa en el mismo cuadro, las detenciones arbitrarias no son pocas.

exorbitantes, pero sería deplorable que 11 personas ultimadas en peleas sin sentido, nos dejaran indiferentes, o aún peor, optimistas.

amenazas y los atentados, en tanto que las otras seis modalidades disminuyen a lo largo del año. Ese aumento de amenazas y atentados, junto con el incremento de todos los crímenes señalados entre los dos 3. La violencia política y social años, deja presumir que la transformación de la guerra es un fenómeno muy probable. Los crímenes contabilizados en los El incremento de las amenazas y de los dos apartes anteriores son formas de secuestros corresponde al inicio del periodo violencia política y social cometida por en el que se está tratando de llevar a cabo individuos conocidos. Pero cuando ni las la restitución de la tierra robada. Esas personas, ni los grupos se conocen, o no se dos modalidades criminales de presión pueden determinar, pertenecen a se registran bajo la estrategia El aumento de amenazas y atenel título de este tados, junto con el incremento de paramilitar típica aparte. También son todos los crímenes señalados entre de sembrar el violencia política 2010 y 2011, deja presumir que la terror, no solo para ciertas prácticas evitar los reclamos transformación de la guerra es un excepcionales de de tierra por parte fenómeno muy probable . actores armados no de las víctimas, sino estatales que no se pueden tipificar como también para controlar las áreas en donde violaciones de los derechos humanos, pues se trata de implantar la ley de tierras. Lo sus autores no pertenecen al polo estatal ni más preocupante de esta forma de violencia paraestatal, ni tampoco como infracciones política es su anonimato y por consiguiente al DIH, aunque sean hechos de violencia con su impunidad. móviles políticos, o por intolerancia hacia otras ideologías. Es muy notable que este género de 4. ¿Quién comete los crímenes? crimen aumente de forma significativa entre 2010 y 2011 en todas sus modalidades, con El punto más débil de toda la defensa excepción de la tortura, según se advierte en de los derechos humanos en Colombia es el el cuadro 3. sistema de justicia del país en el que anida La diferencia entre los dos semestres una impunidad descomunal. Por eso es del año 2011 es pertinente dar una mirada a los responsables positiva, dado que de las violaciones de los derechos humanos solo aumentan las y del derecho internacional humanitario. En

2. El Derecho Internacional Humanitario Las infracciones al derecho internacional humanitario son las que se cometen por empleo de medios ilícitos de guerra, por ataque a objetivos no militares, o por trato indigno al ser humano. Es el esfuerzo que se ha hecho por “humanizar” la guerra y, obliga, desde luego, a todos los combatientes de todos los lados. Por eso se pueden mirar como el indicador de la brutalidad de la guerra y de sus ejecutores. El cuadro 3 presenta ese tipo de violación. La comparación entre los dos semestres del 2011 también es favorable, dado que solo aumentan las heridas por medios ilícitos, que en su gran mayoría pueden ser atribuidas las pavorosas minas antipersonales o ‘quiebrapatas’. En cambio, la disminución del homicidio intencional es una buena señal, no solamente entre los dos semestres, sino también entre los dos años. La misma comparación entre los dos años, en cambio, señala el aumento de las amenazas y el de los muertos civiles, de los muertos por medios ilícitos y el del uso de poblaciones como escudo. No son cifras

Cuadro No. 2

V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L H U M A N I TA R I O COLOMBIA 2010 Y 2011

Cuadro No. 3

A

B

C

D

E

F

2010

2011 1°Sem

2011 2° Sem

B+C

B-C

A-D

DIH

VIOLENCIA POLÍTICA COLOMBIA 2010 Y 2011

Amenazas

290

238

116

354

122

-64

Civil herido

44

25

17

42

8

2

Civil muerto

14

11

6

17

5

-3

A

B

C

D

E

F

2010

2011 1°Sem

2011 2° Sem

B+C

B-C

A-D

DDHH

4

7

3

10

4

-6

Amenaza

63

53

59

112

-6

-49

Her.per.prot.

110

64

19

83

45

27

Asesinato

218

166

100

266

66

-48

Her.med.ilic.

113

32

52

84

-120

29

Atentado

6

4

9

13

-5

-7

Homoc.p.prot

393

224

68

292

156

101

Herido

42

32

21

53

11

-11

Muer.med.ilic.

24

17

12

29

5

-5

Rapto

18

19

4

23

15

-5

Reclut.menores

2

1

0

1

5

1

Secuestro

49

47

37

84

10

-35

58

16

16

32

0

26

Tortura

10

8

2

10

6

0

8

3

1

4

2

4

2

2

-2

Escudo

Tortura Violencia sexual

Fuente: Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP/PPP.

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Violencia sexual

2

Fuente: Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP/PPP.

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Derechos Humanos el cuadro 4 se da el panorama general de los como si se estuviera presuntos responsables. configurando una Como podía sospecharse, el metamorfosis de la paramilitarismo es el presunto responsable estrategia, de acuerdo con una carga criminal más alta. Se especializa a las necesidades del en amenazas, homicidios y heridas. Terror momento. y sangre son sus armas predilectas. Le También es claro sigue la Policía con cifras importantes de que el momento al que se heridos y detenciones arbitrarias, pero hace referencia aquí son también contribuye con amenazas y catorce los dos años pasados. El ejecuciones extrajudiciales, que son muchas final del 2011 y el 2012 para la rama del poder. El Ejército amenaza han tenido golpes de bastante y llega al tercer lugar por una lado y lado, si se mira al treintena de detenciones arbitrarias y otra Ejército y a la guerrilla. de heridos. Añade también once ejecuciones Pero lo que más extrajudiciales. pesimismo deja es que Lo que más pesimismo deja es que la transformación del conflicto va en Los grandes infractores del derecho la transformación va en el sentido de afianzar el paramilitarismo y sus métodos. internacional humanitario son también los el sentido de afianzar el paramilitares: amenazan y asesinan. Les paramilitarismo, cuyos siguen las FARC, métodos quedan robos y amenazas continuas, como parte de la que según el cuadro claros en los datos vida cotidiana de muchísimos colombianos. se especializan en Hay disminuciones en algunos presentados. Si se Y la consecuencia deletérea de lo anterior heridos por medios crímenes pero hay incrementos en tiene en cuenta que es que la llamada criminalidad común, se ilícitos, las minas, otros, como si se estuviera configu- el paramilitarismo vuelve muy ambigua porque no se cuenta rando una metamorfosis de la estra- colombiano tiene en el análisis de los derechos humanos pero, los cilindros, etc., tegia de acuerdo a las necesidades además un brazo gracias a esas alianzas criminales, es, con pero que, además, del momento . añaden infracciones no armado, no solo demasiada frecuencia, una violación de los en casi todos los en la parapolítica derechos humanos “por persona interpuesta”. otros rubros de la criminalidad. con su clientelismo terrorista, sino en la Es la miseria del sicariato, instrumento No es pues un cuadro glorioso para paraeconomía con el narcotráfico, nos político desde la antigüedad. el país, ni deja prever un futuro pacífico a hallamos frente al fenómeno de las alianzas La misma documentación de las corto o a mediano plazo. Las cifras no dan entre paramilitares y guerrilleros para el violaciones a los derechos humanos cuenta sino de la coyuntura, y esta se percibe tráfico de drogas, de políticos y paramilitares encuentra una complicación inesperada, bastante ambigua, ya que como hemos para su parapolítica y la corrupción de las al no poder clasificar muchas de esas subrayado, hay disminuciones en algunos fuerzas armadas. Todos estos vínculos poco violaciones en que la política fraudulenta crímenes pero hay incrementos en otros, edificantes se traducen en muerte, heridas, y la economía ilegal se dan la mano para emprender sus fechorías. Esa es la entraña del paramilitarismo colombiano. Aunque Cuadro No. 4 su terrorismo asesino sea el puñal que mata la ciudadanía, su peor arma es la VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN PRESUNTOS RESPONSABLES mentira que deshace la convivencia. Este ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 factor del desarrollo colombiano, además Presunto A B C D E F G Total responsable de multiplicar la inequidad, ha logrado Armada 4 4 implantar la impunidad, minando así el Ejército 55 33 11 32 5 138 sistema de justicia, sin el cual la defensa de Estado colombiano 7 5 12 los derechos humanos es imposible.

Fiscalía

Fuerza pública

1

3

3

1

8

14

6

3

2

25

Gaula

2

Inpec

1

Paramilitares Policía Sijin

360 24 5

1 2

1

4 1

7

1

10

10

2

248

51

28

703

2

80

14

94

9

226

8

1

1

1

17

*Alejandro Angulo Novoa, S.J. Coordinador del Sistema de Información General del CINEP/PPP

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP.

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Restitución de Tierras

Los retos y desafíos de la política de restitución de tierras ¿más de lo mismo? Sin desconocer el contenido de verdad del argumento según el cual los fracasos pasados en materia de reforma agraria condicionan las probabilidades de éxito de la política de Restitución de Tierras, nos preguntamos por los elementos que distinguen al escenario actual de los intentos reformistas de gobiernos anteriores. Por Víctor Barrera y Diego Quiroga* conflicto armado, en el que su violencia actual parece más difusa que en etapas previas, junto a los altos niveles de criminalización que el sistema político ha sufrido en las últimas dos décadas, nos arrojan un diagnóstico mucho más complicado.

La persistencia del conflicto armado

Sin duda la principal diferencia respecto a las políticas agrarias impulsadas por López Pumarejo o por Lleras Restrepo tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos le apuesta a una política de restitución en medio de un conflicto armado a pesar de que, como lo reconoció en su momento el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se trata de un proceso pensado para una etapa de posconflicto. Foto CINEP/PPP Surge la pregunta entonces de hasta Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, 2011, hay 6 millones 142 mil 702 hectáreas de qué punto el Gobierno cuenta con las tierra abandonadas y despojadas. herramientas jurídicas, políticas y coercitivas suficientes para reversar los efectos que tuvo en la institucionalidad local y en la propiedad on distintos grados y énfasis diferentes, y de Carlos Lleras rural dos décadas de críticos de la ley de Víctimas y Restrepo para darse ofensiva paramilitar La principal diferencia respecto a que, además de los Restitución de Tierras han esgrimido el cuenta de esto. argumento según el cual los fracasos pasados No obstante, las políticas agrarias de López Puma- terribles costos en en materia de reforma agraria condicionan las la crítica resulta rejo o por Lleras Restrepo es que el vidas humanas que gobierno de Santos le apuesta a una significó, produjo probabilidades de éxito de la política actual, parcial ya que al política de restitución en medio de lo cual resulta ser una crítica acertada pero énfasis continuista un reordenamiento un conflicto armado . parcial. Atinada, en la medida que para nadie del argumento le territorial en varias es un secreto que históricamente los avances cuesta reconocer las transformaciones y los regiones del país a través de prácticas como modernizadores y reformistas impulsados nuevos contextos donde el viejo problema de el desplazamiento, posterior repoblamiento por el centro político en materia agraria han la cuestión agraria se reproduce y magnifica. y asignación de predios a familias y personas sido reversados por una clase política regional En consecuencia, ni las políticas reformistas que por miedo, conveniencia o convicción y local interesada en el mantenimiento del han sido las mismas en su alcance y enfoque cooperaban con el grupo armado (Reyes, statu quo que tantos beneficios le reporta. ni la clase política ha contado con los mismos 2009: 129). Solo basta mirar los casos emblemáticos de recursos y agenciado el mismo poder de veto Ante esta realidad los temores de los gobiernos de Alfonso López Pumarejo a lo largo del tiempo. La persistencia de un nuevos ciclos de violencia no son infundados.

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Cuadro No. 1 TIERRAS ABANDONADAS Y DESPOJADAS EN EL MOMENTO DEL DESPLAZAMIENTO SEGÚN PERIODOS

Periodos

Hectáreas abandonadas o despojadas (1980- julio 2010)

Hectáreas actualmente abandonadas

Diferencia (hectáreas recuperadas)

%

Primer desplazamiento antes de 1998

1’023.703

907.928

115.774

11,31

Primer desplazamiento entre 1998 y 2008

5’263.282

4’889.691

373.591

7,10

Primer desplazamiento entre 2009 y 2010

351.210

345.083

6.127

1,74

6’638.195

6’142.702

495.493

7,46

Total

Fuente: III env. Julio-agosto de 2010. Comisión de Seguimiento y CID-UN. Tomado de Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, 2011. Pp. 278.

De hecho la creciente victimización de líderes campesinos y la respuesta armada de algunos sectores sociales a través de los autodenominados ejércitos antirestitución son indicadores de las fuertes resistencias que ya evidencia esta política en las regiones del país. Por una parte la información que arroja el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP muestra que entre 2010 y 2011 han sido asesinados 19 líderes que reclamaban tierras, siendo los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre los más afectados. En algunas regiones de estos departamentos, los grupos paramilitares, con el apoyo del Ejército, políticos y comerciantes, enfrentaron la amenaza guerrillera, dicha disputa dejó profundas heridas en la sociedad

Cuadro No. 2 RECLAMANTES DE TIERRAS ASESINADOS 2010 - 2011

Departamento

Total

Antioquia Córdoba Tolima Norte de Santander Santander Sucre Bolívar Total general

6 3 3 2 2 2 1 19

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP. No. 75 | Mayo - Julio 2012 |

colombiana. Sin embargo, luego del control territorial logrado, inició la captura de rentas públicas, privadas, legales e ilegales. Toda una fortuna que hoy es el motivo de la disputa y que ha cobrado la vida varios líderes del proceso de reclamación de tierras.

Entre 2011 y 2012 han sido asesinados 19 líderes que reclamaban tierras, siendo los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre los más afectados .

Por otra parte, las amenazas de los llamados “ejércitos antirestitución” en las viejas retaguardias de los “paras” no sólo son una evidencia del remedo de un proceso de paz durante el gobierno anterior, sino el principal obstáculo de las buenas intenciones del gobierno central frente al problema agrario colombiano. En este sentido, el representante a la Cámara Iván Cepeda ha denunciado que estos ejércitos tienen un alcance territorial significativo al cubrir cerca de 400 municipios del país.

El nuevo músculo político local: ilegalidad y violencia Con un énfasis mucho mayor de lo que sucedía en la década de 1930 y de 1960, en la actualidad las élites rurales y la clase política local han vivido importantes cambios que las han fortalecido y parecen blindarlas frente a los intentos del centro por socavar su

poder. Por una parte, los cambios del sistema político que se vienen dando desde principios de los noventa muestran que el antiguo arreglo político que mantenía alineados los intereses locales con los nacionales se rompió y todavía no se vislumbra un mecanismo de intermediación que vincule los dos espacios de manera clara y ordenada. Como resultado, la clase política local ha ganado una mayor autonomía y un mejor posicionamiento frente al centro político, lo cual llevaría a pensar que hoy cuenta con una mayor margen de maniobra para reversar las políticas reformistas del Gobierno nacional. Por otra parte, fenómenos como la parapolítica, la bacrimpolítica y otras prácticas non sanctas evidencian un alto grado de criminalización de las élites rurales y políticas del orden local. En este sentido, dos décadas de interacción con sectores de la ilegalidad han derivado en procesos de aprendizaje fundamentales que se han visto reflejados no sólo en una mayor experiencia respecto a la administración de un recurso tan complicado de manejar como lo es la violencia, sino también en la consolidación de un entramado de funcionarios públicos, políticos locales y grupos armados que ha sabido torcer la ley a su acomodo y reconfigurar el panorama institucional en varias regiones del país. A pesar de que en esta materia se han conocido múltiples condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia y se encuentran en curso varias investigaciones judiciales en contra de la parte civil que promovió y financió el paramilitarismo y la legalización | www.cinep.org.co |

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fraudulenta de las tierras despojadas a los campesinos, lo cierto es que estas estructuras políticas que se consolidaron bajo el amparo de las armas siguen enquistadas en algunas administraciones locales.

¿Otras “formas” de solucionar el problema agrario?

La Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras es clara en señalar que para viabilizar la restitución de un predio que se encuentra ocupado siendo explotado en proyectos productivos, debe llegarse a acuerdos entre las víctimas del despojo y el poseedor de buena fe; si se comprueba que el poseedor tiene culpa en el proceso de despojo, el Estado es el encargado de recuperar el proyecto para destinarlo a terceros para su explotación a favor de las víctimas. Este es sin duda un elemento polémico, pero que tras de sí permite dilucidar que el Estado se ha cubierto la espalda frente al grave conflicto que implica la recuperación de predios ocupados y productivos. Por tal razón el académico y actual asesor del ministerio de agricultura Alejandro Reyes y la recién nombrada directora del Incoder Myriam Villegas han hecho énfasis en la estabilización del proceso de colonización y la titulación de baldíos.

Lo que se encuentra en juego es la decisión política de buscar verdad, justicia y reparación allí donde el paramilitarismo se ha insertado de manera efectiva en la política, la economía y la vida social .

Este no es un elemento novedoso en nuestra historia, durante el siglo XX, la colonización dirigida por el Estado fue el intento más utilizado para dirimir el conflicto agrario. De allí surgieron los procesos de colonización, que finalmente quedaron en manos de los campesinos y colonos, en donde aún hoy persiste una importante presencia política y militar de las Farc y una dependencia de la economía de la coca. Por otro lado, la percepción sobre el Estado central en las regiones de mayor influencia paramilitar frente a la restitución, sin duda, tendrá consecuencias políticas frente al actual gobierno, y éste, a su vez, buscará la manera más expedita para reparar a las

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De acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/ Programa por la Paz entre 2010 y 2011 han sido asesinados 19 líderes que reclamaban tierras.

víctimas. Y es en este último elemento que un remake de la colonización dirigida de los años 70 vuelve a cobrar valor para el centro político. Lo que se encuentra en juego es la decisión política de buscar verdad, justicia y reparación allí donde el paramilitarismo se ha insertado de manera efectiva en la política, la economía y la vida social, una acción que puede terminar, ya sea en un fortalecimiento de las instituciones estatales del nivel local y regional, o en un nuevo ciclo de violencia.

*Víctor Barrea y Diego Quiroga Investigadores del equipo Violencia Política, Paz y Construcción de Estado y miembros de ODECOFI- CINEP/PPP

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Las Mujeres en la Ley de Víctimas Aunque se supone que la Ley 1448 tiene un enfoque de género, la norma presenta vacíos frente a una mirada transversal que responda en la práctica al gran universo de víctimas mujeres que ha dejado el conflicto armado. Este artículo analiza esas dificultades y hace propuestas para que se corrijan. Por Natalie Sánchez*

A

propósito de la Ley 1448 del 2012 se abre el debate en distintos sectores de la sociedad acerca de los alcances reales que esta tiene en términos de una reparación integral para todo el universo de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Para las organizaciones interesadas en la situación particular que han afrontado las niñas, jóvenes y mujeres en medio de esta guerra, es fundamental preguntarse cómo la perspectiva de género está siendo abordada y comprendida en dicha normatividad. Con la intención de enriquecer este debate, este artículo presentará brevemente cuál es el marco normativo nacional e internacional vigente en Colombia en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, para luego realizar algunos comentarios sobre las dificultades que tiene la 1448 en la inclusión de una mirada de género transversal. Finalmente se esbozarán algunas propuestas que pueden ser útiles cuando se piensa en la incorporación de una mirada atenta y responsable con las necesidades diferenciales de las mujeres. En Febrero de 1982 el gobierno de Colombia adopta la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) gracias a las presiones políticas del movimiento feminista. En 1996, entra en vigencia en el país, la Convención Interamericana Belém do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En el 2008, la Honorable Corte Constitucional emite el Auto 092, señalando que existen unos riesgos particulares que sufren las mujeres en situación de desplazamiento por su condición de mujeres y obliga al Estado colombiano a través de

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Con la Ley 1448 de 2012, sobre medidas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, se abre el debate sobre los alcances de ésta en términos de una reparación integral para niñas, jóvenes y mujeres.

Acción Social, a implementar 13 programas para la prevención y atención de dichos riesgos. Los resultados obtenidos en el seguimiento que se ha realizado a la implementación de estas normatividades son preocupantes. En el 2011 Susana Chiarotti, relatora para Colombia de la CEDAW, en un informe preliminar socializado con algunas organizaciones de la sociedad civil, luego de revisar las distintas iniciativas y programas que se han implementado, hizo unas recomendaciones claras al Estado, entre estas: • “Se recomienda dar seguimiento y asegurar la efectiva implementación, en todo el país, del Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual

y del Modelo de Atención para la Prevención, Detección y Tratamiento de la violencia doméstica, garantizando su sustentabilidad. Tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la participación y organización de las mujeres y especialmente, para garantizar la vida, seguridad e integridad física de las defensoras de derechos humanos. Para superar la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas en contexto de conflicto armado, se deben desarrollar políticas de prevención, investigación y procesos judiciales claros y transparentes, destinados a establecer la responsabilidad por los crímenes

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cometidos y la reparación integral a las las cifras disponibles permiten señalar que víctimas. en los casos de violencia sexual los agresores • Tomar las medidas necesarias para se encuentran principalmente en el entorno que los miembros de las fuerzas de inmediato de la víctima, siendo el presunto seguridad implicados en hechos graves agresor en algo más del 49% de los casos de violaciones de derechos humanos, algún familiar o conocido de la víctima. solos o en connivencia con paramilitares, Ello no significa que se deba desestimar la sean suspendidos del servicio hasta que violencia sexual por fuera del ámbito cercano se determine su responsabilidad o su a ésta. Resulta a todas luces preocupante que inocencia. Excluir el delito de violación el 8,33% (8.404 mujeres) de las víctimas haya de la jurisdicción del sistema de justicia señalado haber sido violentada sexualmente militar. por un desconocido y que dentro de este • Las mujeres que hayan testimoniado porcentaje se encuentren agresores que en causas de violaciones a los derechos hacen parte del conflicto armado interno que humanos, deberán recibir la protección se vive en el país”3. necesaria por parte del Estado. • Contar con partidas genuinas, dentro del presupuesto nacional, destinadas Los vacíos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Las mismas deberán Ahora bien, la ley 1448 supone la tener un monto acorde a la gravedad del incorporación de la perspectiva de género problema. como un eje transversal a todo el proyecto, • Perfeccionar el sistema de estadísticas, sin embargo, contiene algunos elementos para contar con un panorama real de que ponen en cuestión dicha transversalidad. la situación de las mujeres en cuanto Primero, esta normatividad le da un a la violencia de género en el país. Se lugar protagónico a la reparación y hace deberían buscar mecanismos para énfasis de manera evidente en la reparación utilizar encuestas de población para administrativa, la cual busca mitigar los recabar datos sobre violencia, para impactos materiales de los hechos violentos. contar con una dimensión general del Esta priorización de la reparación, es problema de la violencia de género1. incompleta e insuficiente con los derechos El informe del 30 de noviembre de 2011, de las mujeres a la verdad, a la justicia, la presentado por la Mesa de Seguimiento del reparación y la no repetición de los hechos Auto 092 a la Corte Constitucional2, concluye constitutivos de las violencias que señala la el no cumplimiento por parte de Acción ley 1257 de 2008. Social de los 13 programas ordenados por la Un segundo elemento que pone en Corte Constitucional, pasados ya cuatro años cuestión la transversalidad de la mirada de de su emisión. género en la 1448 es la definición de quién Los índices de violencia sexual contra es víctima. Si bien, la Corte Constitucional las mujeres en Colombia durante los últimos ya señaló que esta definición es incompleta años en medio del y amplió el artículo conflicto armado 3, el concepto reportados por la continúa excluyendo De acuerdo con el décimo inforMesa de Trabajo me de la Mesa de Trabajo Mujer y a aquellas mujeres Mujer y Conflicto Conflicto, los índices de violencia se- que fueron víctimas armado en su xual contra las mujeres en Colombia de reclutamiento décimo informe son –durante los últimos años y en medio forzado cuando eran del conflicto armado– son alarmantes: “En lo menores de edad y alarmantes . que tiene que ver no se desmovilizaron con la violencia antes de los 18 sexual, más del 41% años. Esta exclusión, de los hechos no registran información sobre desconoce el derecho de las mujeres “a el presunto agresor. Es decir, en 42.127 casos vivir una vida libre de violencias”, derecho no se tiene información sobre la persona que que tiene fundamento en la Convención atacó a la mujer examinada. De igual manera, Interamericana para prevenir, sancionar

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La ley 1448 supone la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal a todo el proyecto, sin embargo, contiene algunos elementos que ponen en cuestión dicha transversalidad .

y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Para) y en la ley 1257 de 2008. En tercer lugar, cabe señalar que las personas víctimas de la violencia sociopolítica son excluidas en esta normatividad, en tanto solo se reconocen como víctimas a quienes hayan sufrido algún daño ocasionado por el conflicto armado. Desde esta definición, las mujeres que se vieron obligadas a desplazarse como consecuencia de los daños que las fumigaciones a cultivos ilícitos generaron en el medio ambiente, al igual que las mujeres sindicalistas que han sido asesinadas, hostigadas y perseguidas, no serán reconocidas como víctimas. Este hecho desconoce el derecho a la igualdad que tienen las mujeres, y se constituye en una violencia y re victimización en contra de las mismas.

Foto CINEP/PPP

Las víctimas de la violencia sociopolítica son excluidas la Ley 1448 pues sólo se reconocen como víctimas a quienes hayan sufrido algún daño ocasionado por el conflicto armado.

Por último, no existen garantías de no repetición de los hechos victimizantes en | www.cinep.org.co |

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tanto el conflicto armado sigue vigente. Los su funcionamiento interno, propendiendo así Notas casos de violencia cometidos por las BACRIM a la transformación de prácticas y creencias en las diferentes regiones no son reconocidos que marcan dispositivos de género. La 1 Chearotti, Susana (2011), “Informe Preliminar sobre Colombia”, Relatoría De la CEDAW para por la ley de víctimas, pese a los vínculos de perspectiva de género debe pasar de los Colombia. estos grupos con el paramilitarismo. escenarios de capacitación y formación, 2 Mesa de Seguimiento del Auto 092, (2011) Los motivos que influyen en el al plano de lo cotidiano, de las relaciones y “Informe de seguimiento a la implementación incumplimiento de estas normatividades en esa medida, empezar a tomar sentido y del auto 092 de 2008”. 3 Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, radican en que incorporar una mirada de significados en las instituciones. (2010), “X Informe sobre violencia sociopolítica género en una sociedad patriarcal como La transformación de prácticas y contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia la colombiana y en medio de un conflicto sistemas de creencias frente al tema de 2000-2010”. armado que sigue género dentro de 4 Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice vigente es un reto las instituciones, Ramos Monárrez (diciembre 2008) APLICAdescomunal. Hacerlo, facilitaría el acceso Incorporar una mirada de género CIÓN ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE implica apostarle DERECHOS HUMANOS, EN CONTRA DE LOS en una sociedad patriarcal y en me- de las mujeres a las políticamente a la dio de un conflicto vigente, implica mismas, impulsaría ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El estereotipo de género socialmente dominante y persistente transformación de apostarle políticamente a la transfor- la denuncia de en el sistema legal mexicano ha dado nacimiensubjetividades y mación de subjetividades y prácticas diferentes crímenes to a un clima de impunidad el cual rodea tal prácticas de abuso y movilizaría el de abuso de poder . estereotipo, así como la violencia basada en el de poder que se avance de los género en contra de las mujeres a la cual le da surgimiento. Tal estereotipo no solo perpetúa han instaurado procesos. Es en la discriminación en contra de las mujeres, históricamente en la práctica y en lo sino que también envía el mensaje de que las la sociedad y sus instituciones, además relacional donde se van construyendo nuevos mujeres no “merecen” el acceso a la justicia de invertir una parte significativa del sentidos sobre el otro y sobre sí mismo, se porque a ellas se les culpa de sus por sus propios encuentros violentos. Además, estas presupuesto nacional para responder de van desaprendiendo prácticas arraigadas a la declaraciones influyen en la conducta de todos manera efectiva a las necesidades particulares cultura patriarcal y se empiezan a construir los oficiales públicos, siendo este el origen de la de las mujeres víctimas del conflicto armado elementos que permiten re significar lo inacción estatal para prevenir, castigar y remey en general de todas aquellas mujeres que femenino y sus derechos4. diar la violencia basada en el género en contra de las mujeres pg 18. han sido víctimas de algún tipo de violencia. Los derechos de las mujeres no solo Los sistemas de creencias y significados necesitan ser nombrados, deben tener patriarcales sobre el ser y deber ser, de un terreno práctico que los aterrice y hombres y mujeres, son un asunto no evidencie. Para esto, es fundamental que se resuelto en el ámbito público y privado. destine un presupuesto considerable que Estos dispositivos de género tienen una clara permita informar y llevar a cabo procesos *Natalie Sánchez expresión en medio del conflicto armado de empoderamiento con las mujeres que se Investigadora del equipo Reconciliación sobre la población femenina, a través de encuentran en zonas alejadas del país, o que y Subjetividades del CINEP/PPP crímenes como la violencia sexual, las por sus condiciones sociales, económicas o persecuciones, las torturas, las amenazas, religiosas, les es más complejo conocer sus los señalamientos, la estigmatización y el derechos y los mecanismos existentes con los uso del cuerpo como campo de batalla. Estos que cuentan para exigirlos. crímenes se han naturalizado por la sociedad en general y por las instituciones, lo que supone una brecha enorme entre lo legal y lo legítimo. La legislación que ampara los derechos CINEP/ Programa por la Paz en las redes sociales de las mujeres en Colombia no tiene aún la legitimidad requerida en el fuero social que permita su real incorporación y activación. La violencia contra las mujeres es un fenómeno histórico que debe entenderse e intervenirse desde dicha historicidad, entendiendo la fuerte carga ideológica que contienen las sociedades patriarcales en contra de lo femenino. Las instituciones encargadas de implementar la ley deben ser intervenidas en

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La Ley de Víctimas y el justo litigio constitucional La definición de víctima, la expresión conflicto armado, y la restitución de tierras están en el centro del debate jurídico de la Ley de Víctimas y son el eje de la mayoría de las demandas contra esta norma. Por Vera Samudio*

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espués de haber sido aprobada en el Congreso de la República, la Ley de Víctimas se la juega ahora en la Corte Constitucional. Entre las 22 demandas que se han puesto contra diferentes artículos de la norma hasta el momento1, se encuentra un conjunto de demandas provenientes de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y de los derechos humanos, así como de organizaciones de víctimas, que de forma conjunta y en bloque, demandaron la Ley 1448 de 20112. Queremos llamar aquí la atención sobre tres de estas demandas que son producto de un trabajo concertado entre las organizaciones y coinciden en señalar los problemas que podría traer la aplicación de esta Ley, si se implementara tal como salió del Legislativo. Se trata de la definición de víctima, la expresión conflicto armado, y la restitución de tierras. En contraste con la escasa participación que el Congreso y el Ejecutivo les han dado a las víctimas en la elaboración de la Ley que los cobija, ellas depositan su confianza en el órgano judicial para que, desde sus fallos, les reconozca muchos de los derechos que la actual Ley les niega. Por supuesto esta no es la primera vez que demandan leyes que les conciernen. Ya en la época de la Ley de Justicia y Paz la Corte Constitucional estableció mediante su jurisprudencia importantes ajustes a la ley 975 de 2005 evitando así una mayor vulneración a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Pero esto demuestra que la exigibilidad por los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia ha sido una tarea ardua y compleja y que aquellas personas vulneradas en sus derechos han debido

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En Colombia la exigibilidad de los derechos de las víctimas ha sido una tarea ardua y compleja, las personas vulneradas han debido recorrer caminos peligrosos para la reconstrucción de sus proyectos de vida.

recorrer un peligroso camino en la realización de sus derechos y en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

El universo de las víctimas El artículo 3 de la Ley, que define quiénes se consideran víctimas y por ende pueden acceder a la reparación, es uno de los que ha desatado más polémica y contra el que se han interpuesto varias demandas, pues en uno de sus apartes establece la calidad de víctimas solo para algunos de los familiares de personas asesinadas o desaparecidas. Tal y como fue demandado, esta

De acuerdo con la Corte Constitucional la Ley 1448 no sólo debe incluir como víctimas a los familiares sino también a todos los que se hayan afectado por la muerte o desaparición de una persona .

limitación es una violación del derecho a la igualdad para otras personas que también pudieron haber sufrido daños y por otros crímenes, y puede ser interpretada como una restricción en la definición de ‘víctima’. La Corte revisó la demanda y aclaró que no solo deberán incluir como víctimas a los familiares incluidos en el artículo sino a

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todos los que se hayan afectado por la muerte o desaparición de una persona. El argumento de la Corte3 fue que ese inciso no vulnera el derecho a la igualdad, siempre y cuando no se interprete como una restricción de la definición de víctima, es decir que los familiares a los que se hace referencia allí no necesitarán acreditar el daño sufrido, mientras que todas las demás personas afectadas tendrán que comprobar que sufrieron un daño.

Las fechas de las víctimas El otro elemento demandado, relacionado con las fechas límites de la Ley para el reconocimiento de las víctimas y su acceso a la reparación también fue también fallado por la Corte Constitucional4. En este caso, la Alta Corporación señaló que no existía vulneración al derecho a la igualdad y mantuvo las fechas de 1985 para el acceso a la ley y 1991 para la solicitud de restitución de tierras5. En la tercera y más reciente sentencia6, la Corte confirmó su decisión inicial de mantener las fechas propuestas por la ley y se pronunció sobre la exclusión como víctimas de los niños y niñas reclutados que no hayan logrado su desvinculación antes de cumplir la mayoría de edad, un tema que podría dejar por fuera a miles de menores que fueron reclutados. La Corte dijo también que no es contrario a la Constitución excluir como víctimas los miembros al margen de la ley, y confirmó que no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido daño como consecuencia de actos de delincuencia común. Este último punto genera nuevas preguntas: ¿qué ocurrirá entonces con las víctimas de delitos producidos por las llamadas “bandas criminales” o el “neo-paramilitarismo”?

permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos”. Sobre este punto, la Corte se inhibió de hacer un pronunciamiento de fondo. A pesar de que los demandantes consideran que con estas exclusiones se vulnera de manera grave e injusta a todas las posibles víctimas que se incluyan en dichos criterios discriminatorios, en este caso la Corte no coincidió con estos argumentos y decidió mantener el texto normativo como fue aprobado en el legislativo. Como se deduce de estas demandas, es de suma importancia profundizar el debate jurídico y político sobre el universo de personas potencialmente beneficiarias de la ley y la necesidad de acoger interpretaciones amplias e incluyentes que tengan en cuenta la prolongación y generalización que ha alcanzado la violencia en nuestro país, máxime si se pretende hacer de esta ley un instrumento efectivo para la reparación, la transición y la reconciliación.

Expresión “con ocasión del conflicto armado” Otra demanda clave solicita declarar la inconstitucionalidad de la expresión “con ocasión del conflicto armado”, incluida también en el artículo 3 de la Ley.

La Corte Constitucional confirmó que no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido daño como consecuencia de actos de delincuencia común .

Otra de las expresiones que había sido demandada era la que indicaba que “la cónyuge, compañero o compañera

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El artículo 3 de la Ley 1448, que define quién es víctima, ha sido uno de los más cuestionados

El fundamento es que, basados en esta expresión, a la hora de definir quién es víctima y quién no, se termine exigiendo como una condición que los hechos de los que una persona fue víctima constituyan una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es decir, que la victimización se produzca exclusivamente en el marco de enfrentamientos directos entre combatientes, quedando por fuera todos los demás crímenes que se han cometido en el contexto del conflicto en Colombia.

La expresión ‘con ocasión del conflicto armado’ puede terminar considerando que la victimización se produce exclusivamente en el marco de enfrentamientos directos entre combatientes y puede dejar por fuera los demás crímenes cometidos en el contexto del conflicto .

Resulta de gran importancia esta intervención de las organizaciones sociales en la que, siguiendo el rastro de las normas internacionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), así como de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, fundamentan algunos conceptos que son claves para la comprensión del fenómeno de la violencia en Colombia y, por lo tanto, para la implementación de mecanismos que lleven a superarla. Indican a su vez, que se genera una distinción, a partir de la expresión demandada, de los hechos considerados bajo la categoría de Violencia Sociopolítica, los cuales deben constituir el objetivo de la Ley. Los desarrollos conceptuales, normativos y jurisprudenciales actuales, defienden la postura según la cual, las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia han sufrido tanto por hechos ocurridos dentro del conflicto armado como por fuera de él. En este último caso se cuentan miles de crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, amenazas, etc. La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha acogido los argumentos de las organizaciones sociales y de derechos | www.cinep.org.co |

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elementos que estaban en sus propiedades, es decir, que se haga una restitución patrimonial. Y el tercer punto de la reclamación es que la Ley se limita a hablar de propietarios, poseedores y explotadores económicos de bienes baldíos y no de los casos de tenedores(as) y ocupantes víctimas de abandono forzoso y despojo con ocasión del conflicto armado. Buscan que estos dos tipos de afectados no se queden sin derecho a la restitución. Piden que se declare nulo uno de los artículos de la Ley porque, inexplicablemente, Sobre la restitución de tierras por la forma como quedó redactado, protege el derecho de restitución en favor de “la parte En cuanto a la restitución de tierras son opositora” y no de la víctima solicitante. 14 los artículos demandados7. En este caso En temas de restitución, por donde se la demanda se concentra en el análisis sobre mire hay solicitudes de las víctimas: una de la concordancia de la Ley con la Constitución las más importantes tiene que ver con los Política y con los estándares internacionales artículos 99, 120 y 207, demandados por de protección de los derechos de las inconstitucionales. En ellos se contradicen víctimas, específicamente en relación con las directamente los derechos de las víctimas disposiciones sobre el proceso de Restitución pues, el primero trunca la restitución de los de Bienes. predios donde actualmente se adelanten En este sentido, solicita la declaratoria proyectos agroindustriales. De darse la de inconstitucionalidad o constitucionalidad restitución, el campesino que intente condicionada de varias expresiones parciales regresar a su propiedad no podría sembrar o a partir de las cuales se puede llegar a afectar vivir ahí, por ejemplo. el reconocimiento de los derechos de las En el segundo se deniega la aplicación de víctimas en tres situaciones. justicia al permitir el beneficio del principio La primera frente a casos de abandono de oportunidad penal por la mera confesión forzado de tierras, pues la Ley solo menciona sobre el despojo; y en el tercer artículo, no los predios despojados forzosamente. Es solamente se desconocen los derechos de decir, da prelación a las víctimas sino aquellos a los que les que se les sanciona La participación de las organi- por reclamarlos, quitaron la tierra o su zaciones sociales mediante el litigio propiedad de manera constitucional busca corregir diver- ya que pretende ilegal por vía judicial o sos aspectos que pudieran resultar negar el derecho a través de la compra lesivos para la realización efectiva de a la restitución, ilegal autorizada por lo cual constituye los derechos de las víctimas . un notario o mediante una forma de actos de violencia confiscación, a directa, y se dejan por fuera las tierras quienes utilicen vías de hecho como la abandonadas forzosamente. Y las víctimas ocupación de sus propios predios durante su piden que siempre que se mencione despojo reclamación. se haga lo mismo con el abandono forzado, Es evidente también en este caso que ocurre cuando una persona debe huir de cómo la participación de las organizaciones su propiedad por el conflicto armado. sociales mediante el litigio constitucional, La segunda inconstitucionalidad que busca corregir diversos aspectos que reclama la demanda tiene que ver con los pudieran resultar lesivos para la realización bienes muebles, pues la Ley únicamente efectiva de los derechos de las víctimas. hace referencia a bienes inmuebles o tierras. Resaltan en esta demanda los cargos Y lo que exigen aquí las víctimas es que la en contra de los artículos 99 y 207 que no restitución se haga con aquellos objetos y se refieren solamente a mejorar, interpretar

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o llenar vacíos de la Ley para su adecuada aplicación en favor de las víctimas, sino que develan elementos introducidos durante el debate legislativo que claramente buscan oponerse a la reclamación y la realización efectiva del derecho a la restitución de los bienes de las víctimas, convirtiendo el despojo violento en un mecanismo eficaz para sus perpetradores.

Balance del estado actual de cosas Así las cosas, la tarea de la Corte Constitucional por iniciativa de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las organizaciones de víctimas no es pequeña. Este hecho anima a pensar que el debate aún está vigente y hay caminos

Foto Andrés Monroy G.

humanos y ha sostenido una interpretación amplia sobre el reconocimiento de la condición de víctima. Y ha ratificado que tal condición constituye una situación de hecho, que no puede ser negada por el Estado y que su reconocimiento solo es necesario para hacer efectiva la reparación. Es precisamente en este sentido que cobra importancia la presente demanda, de la que se espera, la Corte adopte una definición amplia e incluyente, para que la Ley pueda contribuir al logro de los objetivos que persigue.

En Bogotá, una mujer clamó por su familiar desaparecido el día de la solidaridad con las víctimas.

para el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el entramado institucional. Sin embargo, lo que hasta ahora ha respondido la Corte es, por decir lo menos, inquietante. Mientras hace una aclaración frente al alcance de la definición de víctima para efectos de la ley en su primera sentencia, en el segundo y tercer pronunciamiento mantiene la literalidad de la norma, y desconoce los argumentos de las víctimas, situación que al final, se traduce en la restricción para que miles de ellas se beneficien de la Ley.

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Ley de Víctimas

Es necesario esperar las decisiones en relación a temas como la restitución de tierras o el desplazamiento forzado que están siendo tramitadas, ya que allí existen también elementos fundamentales que de mantenerse podrían echar al piso el objetivo de una reparación integral a las víctimas. La declaración de exequibilidad de artículos como el contrato de predio restituido o el contrato de transacción, que determinan el afianzamiento de una lógica neoliberal en el desarrollo rural colombiano en el primer caso, o la mercantilización de la indemnización en el segundo caso, deben ser objeto de constante seguimiento por parte de las víctimas, las organizaciones y de los ciudadanos en general. En definitiva se podría estar asistiendo, por un lado, al afianzamiento de megaproyectos como el establecido por las grandes palmicultoras, varias de ellas —dicho de paso—, que son resultado de acciones de despojo y desplazamiento forzado, y de otro lado, a la renuncia de los derechos a la verdad y la justicia en el caso de la transacción de las indemnizaciones de las víctimas con el Estado. Sin embargo, aún se mantiene la expectativa sobre estos y otros puntos, en la medida en que aún falta el examen de la Corte sobre otras demandas. Considerando entonces que los asuntos que aún faltan por resolver no son menores, se espera que estos fallos sepan reconocer las dificultades que atraviesan las víctimas para el restablecimiento de sus derechos y las escasas posibilidades que tienen para hacer sentir su voz en un espacio estatal que se ha encargado de reprimirlas y silenciarlas. Vale la pena seguirle la pista a las demandas que vendrán y, sobre todo, a las decisiones que tome la Corte al respecto. Este podría ser un buen medio para mitigar las injusticias que se incluyeron en la Ley y potenciar las bondades que trae.

Notas 1 Cabe decir que hasta el momento se conocen 22 demandas de diferentes actores organizados y ciudadanos que individualmente acusan de inconstitucional numerosos elementos de la ley. Para este artículo se relacionan solamente algunas de estas demandas. Cuadro resumen proporcionado por la Comisión Colombiana de Juristas CCJ. 2 Se trata de una iniciativa jurídico- política animada por el Movimiento Nacional de Víctimas- MOVICE, La Comisión Colombiana de Juristas- CCJ, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CAJAR, Sisma Mujer, La Mesa Nacional de Víctimas, y decenas de organizaciones nacionales, regionales y locales que se han unido a esta iniciativa por la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia. 3 Esta interpretación es tomada de la nota de prensa presentada por la Corte Constitucional para el caso y debe ser contrastada con el documento completo de la sentencia una vez se pueda acceder a su contenido. Sentencia C-052 de 2012 4 Sentencia C-250 de 2012 5 Como en el anterior caso, se trata de una fallo reciente del que aún no se conoce su contenido completo, de allí que sea necesario esperar el documento final de la sentencia para entender los alcances y sus argumentos. 6 Sentencia C-253 de marzo de 2012. 7 Art 28 Omite referencia al abandono forzoso- Se declare la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada; Art 70, 72, 73 y 75: Omite referencia a bienes muebles- se declare inconstitucionalidad de la expresión o constitucionalidad condicionada; Art. 74, 75, 76, 77, 78, 84, 91,: Omite tenedores y ocupantes–se declare inconstitucionalidad de la expresión o constitucionalidad condicionada; Art 76: El registro no constituye derecho y su exigencia viola el acceso a la justicia; Art 77: Expresión parte “opositora”; Art 99: Restringe la restitución de predios donde se desarrollan proyectos agroindustriales; Art. 120: Principio de oportunidad por confesión – extralimitación del legislador; Art. 207: sanción por ocupación de hecho – constituye confiscación.

*Vera Samudio Investigadora del equipo Reconciliación y Subjetividades del CINEP/PPP

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Mujeres rurales: retos para las políticas públicas El Gobierno creó el Programa Mujer Rural para evitar la exclusión que sufren las mujeres campesinas, que representan el 47 % del campo colombiano. Cuatro propuestas para que prospere. Por Javier Lautaro Medina Bernal*

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l Informe Nacional de Desarrollo Esta política, que significa un gran Humano de 2011 del Programa de avance en cuanto al reconocimiento Naciones Unidas para el Desarrollo, de la existencia de un problema en Colombia Rural, Razones para la Esperanza, el campo, se desenvuelve en medio ha mostrado que las mujeres campesinas de de un sinnúmero de conflictos nuestro país soportan una triple exclusión: ambientales y sociales sobre la tierra por pertenecer al campo; por ser mujeres, y y los modelos de desarrollo, que no finalmente, por el impacto desproporcionado harán sencilla su implementación. de la violencia hacia ellas (PNUD, 2011b). En cuanto a las mujeres Un conjunto de discriminaciones que campesinas, el Gobierno Nacional construyen un panorama crítico para las creó el Programa Mujer Rural , mujeres rurales, en un contexto en el que que tiene un presupuesto de 4 mil las políticas públicas han estado orientadas millones de pesos anuales. Y tiene a programas de satisfacción de necesidades como objetivos la transversalización básicas y de generación de ingresos, pero del tema de género en las políticas no a corregir los factores que condicionan públicas del sector agropecuario; la situación de subordinación de este grupo el estímulo a las iniciativas (PNUD, 2011b, págs. 65-66). empresariales de la mujer rural a En contraposición a esa realidad, estas través de asistencia técnica, capital mujeres tienen un alto nivel organizativo, semilla, capacitación, acceso a que les ha permitido movilizarse y hacer servicios financieros y rutas de propuestas de política pública, por ejemplo, comercialización; el mejoramiento Foto CINEP/PPP al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. de su acceso a los programas No son, además una población pequeña. De institucionales del sector; y la De acuerdo con el Censo del 2005, las mujeres representan acuerdo con el Censo del 2005, las mujeres promoción de empoderamiento el 47,5 % de toda la población campesina. representan el 47,5 % de toda la población de la mujer rural, por medio del campesina y apenas el 30 por ciento de ellas fortalecimiento de las redes y tiene trabajo. asociaciones de mujeres rurales. Además, la de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Con el actual gobierno se han formulado Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución Colombianas, aunque el Programa reconoce y empezado a aplicar políticas y programas de Tierras, contempla medidas preferenciales las problemáticas y el importante papel de que están dirigidos de acceso para las las campesinas en la producción de alimentos al mundo rural. La mujeres víctimas del y en la economía del país, no cuenta con el política de víctimas La política de víctimas y restitu- despojo y las madres presupuesto necesario para afrontar dicha y restitución ción de tierras se constituye en la cabeza de familia, problemática y carece de una estrategia para de tierras se principal estrategia para afrontar los en los procesos de mejorar el acceso a la tierra y la participación constituye en la problemas derivados del despojo de restitución de tierras. en los órganos de dirección e implementación principal estrategia tierras y la vulneración de derechos Como se de la política pública, elementos básicos del sector campesino . para afrontar puede ver, existe un dentro de las propuestas políticas de las los problemas interés explícito en organizaciones de mujeres rurales. derivados del despojo de tierras y la la generación de políticas públicas para las La implementación de toda política vulneración de derechos del sector campesino. mujeres rurales. Sin embargo, para la Mesa pública enfrenta dificultades, mucho más

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cuando, como en este caso, se apunta a solucionar problemas estructurales de la sociedad colombiana, que no son solo del orden económico y político, sino que se mezclan con el poco reconocimiento de las mujeres rurales en los ámbitos social y cultural. Están dados los primeros pasos, pero se debe avanzar mucho más. Con esa convicción sugerimos aquí cuatro campos de acción o retos de la política pública para cualificar su implementación: 1.

2.

3.

4.

Continuar con la reglamentación de la Ley 731 de 2002, en la que las mujeres rurales participaron activamente. Esta ley contempla medidas diferenciadas para las mujeres del campo y es considerada como el instrumento principal para garantizar los derechos de este sector. Sin embargo, la ausencia de reglamentación por ahora, convierte en inocuas las medidas formuladas. Aprovechar el inmenso acumulado organizativo de las mujeres rurales. Abrir diálogos, potenciar acuerdos, generar confianzas que permitan que las organizaciones se hagan partícipes de las políticas públicas que les afectan. Reconocer el papel de las mujeres rurales más allá de lo productivo. Se trata no sólo de estimular la generación de ingresos y la competitividad, sino de ir más allá hacia la valoración de las propuestas de las mujeres rurales como propuestas amplias de desarrollo y de construcción de la paz. En la tarea de construir un enfoque de género de las políticas del sector y hacerlo transversal, se debe trabajar también con los encargados/as de ejecutar las políticas a nivel regional y local. Transcender del planteamiento de una política nacional a materializarla en los niveles micro del Estado donde se presenta un gran número de las discriminaciones referidas en este artículo.

*Javier Lautaro Medina Bernal Investigador del equipo Memoria, Derecho a la Tierra y Luchas Sociales del CINEP/PPP

La radio abre las puertas al análisis, al encuentro de diferentes puntos de vista en torno a los principales temas que tocan a Colombia, sus regiones y el mundo. Voces críticas y debate propositivo para un público que quiere ser partícipe en la construcción del país.

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Otras publicaciones del CINEP/ Programa por la Paz

La revista Noche y Niebla registra las violaciones a los derechos humanos registradas por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/Programa por la paz. En su edición no. 44 Noche y Niebla presenta las cifras de las violaciones a los derechos humanos registradas de julio a diciembre de 2011.

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del conocimiento en las ciencias sociales colombianas. Además, busca presentar algunos debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de América Latina.

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Luchas campesinas en tiempos de leyes de desarrollo rural El movimiento campesino ha demostrado que sus protestas van más allá de la propiedad de la tierra y de las leyes de víctimas y desarrollo rural que promueve el Gobierno. Una mirada a esas manifestaciones con lupa en la norma que pretende fomentar el campo. Por Ana María Restrepo*

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rdenamiento social, acceso a la tierra, orden en el uso del suelo y el agua; generación de ingresos para la población rural, robustecimiento de cadenas productivas, del desarrollo empresarial y del mercado; fortalecimiento de los accesos a la infraestructura productiva y al crédito; financiamiento y asistencia técnica, capacitación y regulación para agilizar la formalización de la propiedad agraria; programas de apoyo a la mujer rural, institucionalidad de embalses, regulación de la frontera agropecuaria, reacomodamiento de la ganadería; salud, educación, vivienda y seguridad social rural; obras de infraestructura física... ¿Motivos de las protestas campesinas en el periodo Santos? No. Ésta es la lista de propuestas de la Ley de Desarrollo Rural1 que desde septiembre pasado pretendía presentar el Gobierno al Congreso, con la gravedad de que no se había realizado la consulta previa con las comunidades. Por tanto será sólo hasta después del 20 de julio que pase a discusión. Dicha ley busca “fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial y planificar el ordenamiento de la propiedad y el uso de tierras rurales”. La ley convierte al Incoder en un organismo todopoderoso y habla de un Fondo Nacional de Desarrollo Rural sustentado por recursos del Estado, bonos agrarios, dineros de ventas de tierras del Estado y donaciones. Igualmente propone la creación de un sistema de información estadística y geográfica, realización del inventario de baldíos y la delimitación de las zonas de desarrollo empresarial. La Ley de Desarrollo Rural es una de las discusiones fundamentales del gobierno Santos, que desde el principio ha querido

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Foto CINEP/PPP

Las protestas se han dado en todo el territorio nacional. En la imagen, habitantes de Boyacá exigen dignidad como víctimas.

representar el papel de defensor de las víctimas del despojo. La restitución de tierras es su caballo de batalla, es el sustento político del desarrollo rural y de un Gobierno que, retomando las banderas históricas del reformista partido liberal, busca posicionar sus propias herencias hacia el futuro.

La restitución de tierras es el caballo de batalla del gobierno Santos, el sustento político del desarrollo rural de un gobierno que, retomando las banderas históricas del partido liberal, busca posicionar sus propias herencias hacia el futuro .

Una mirada de las protestas campesinas2, durante lo corrido de la presidencia de Juan Manuel Santos, permite analizar cuál es la sintonía de la Ley de

Desarrollo Rural con las necesidades reales del campesinado colombiano. Las protestas, a la vez que señalan los problemas rurales, ponen en evidencia el dilema que tendrá que enfrentar el gobierno a la hora de afirmar su apuesta por el campo y por un modelo de desarrollo campesino frente a las históricas aguas tibias, que desde el siglo XIX sólo dieron respuestas momentáneas y legitimaron el desigual reparto de la tierra y sus beneficios.

Las luchas A unos cuantos días de la posesión de Santos, un paro cívico en Putumayo3 le recordó al gobierno el incumplimiento de acuerdos concertados con anterioridad, sobre explotación de recursos naturales en territorios indígenas, así como en comunidades afrodescendientes y campesinas. La movilización se manifestó

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contra la política laboral del sector petrolero, la ejecución de los megaproyectos de IIRSA y finalmente para exigir el acceso a la tierra, educación, salud y derechos humanos. Esta protesta concentra muchos de los motivos que han venido movilizando a las comunidades campesinas en el país a lo largo del nuevo siglo (para no hablar del siglo XX).

Las protestas contra multinacionales son protagonistas de la movilización social .

En este periodo y particularmente en el que interesa a este artículo, el ejecutivo nacional, ha sido el adversario protagonista de la protesta campesina que nunca ha dejado de reclamar salud, políticas educativas (cobertura, infraestructura física, auxilios de alimentación y transporte escolar), servicios sociales, vivienda, infraestructura física y créditos para producción. Sin embargo, además del acceso a la propiedad de la tierra, que ha sido una de las oportunidades de protesta abiertas por la Ley de víctimas, otras han sido las quejas más sobresalientes del periodo: Las protestas contra multinacionales son protagonistas de la movilización social: en Puerto Gaitán hubo manifestaciones contra el campo petrolero de Rubiales y la empresa Hocol S.A. por asuntos laborales, en Tolima en rechazo a la exploración y explotación de oro en Cajamarca por la AngloGold Ashanti, en Nariño contra Gran Colombia Gold, en Santurbán la hasta ahora exitosa protesta contra la Greystar (actualmente Eco Oro Minerals), en Puerto Asís y Villa Garzón contra la Emerald Energy, en Antioquia también contra la AngloGold Ashanti en el suroeste, contra el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango y en Santa Elena (corregimiento de Medellín) contra el túnel de oriente. Se completa el cuadro con otras dos protestas contra megaproyectos hidroeléctricos con movilizaciones en Sogamoso y El Quimbo, en Huila. Éste último es quizá el movimiento más recordado porque lleva más de un año y a pesar de eso, las protestas que lidera Asoquimbo, no pudieron frenar la construcción de este megaproyecto hidroeléctrico de la multinacional Emgesa,

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que afecta a los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Altamira, Tesalia, Paicol y Pital del departamento del Huila. Amenaza con la desviación de una parte del río Magdalena, la inundación de 6 mil hectáreas cultivables y el despojo de las mejores tierras. Incluso fue objeto de polémica por el hallazgo de piezas arqueológicas cuyo reporte no se realizó, tal como lo denunció el ICANH4. No se pueden olvidar las grandes movilizaciones de Tarazá y Valdivia en febrero y septiembre de 2011. Éstas estuvieron orientadas por otro de los motivos representativos de las luchas de los pobladores rurales: los cultivos de uso ilícito. Los manifestantes denunciaban que las fumigaciones afectaban sus productos legales como el cacao, el plátano, la yuca y el café; por eso pedían el cese inmediato y la reparación integral de las víctimas afectadas por dichas aspersiones. Pero la erradicación manual también representa problemas, ya que no va acompañada de proyectos productivos alternativos para las familias perjudicadas, tal como lo demuestra la Asociación de Campesinos de El Catatumbo (Asocamcat), que realizó una movilización en Cúcuta para manifestar que no están en contra de la erradicación, pero sí con que no se hayan concertado de manera previa planes reales, posibles y efectivos de cultivos sustitutos

“para no dejar a las familias en la inopia, teniendo en cuenta que no es fácil cambiar de forma de sustento5. Un grupo de protestas se concentraron en asuntos de mercado: de los lecheros contra la reglamentación de venta de leche cruda; de productores de cebolla y maíz por la importación de estos productos, por la crisis algodonera y arrocera y la dignidad de los pequeños productores. Finalmente, las recordadas invasiones de tierras en Turbo, Chigorodó, Apartadó y Carepa en mayo de 2011, reafirmaron que al lado de los nuevos reclamos y a pesar de la anunciada ley de restitución, se necesita una reforma eficaz de la propiedad de la tierra que esté acompañada de obras de infraestructura rural, de servicios públicos, vías y créditos. No se puede dejar de lado en este panorama el encuentro de la protesta campesina con las movilizaciones nacionales populares por el respeto a la vida, a la integridad, y en defensa de los derechos humanos. Por eso, las conmemoraciones de las masacres del Naya y de Macayepo, así como las protestas contra asesinatos de líderes, como la del sur del Tolima por las ejecuciones extrajudiciales de Héctor Orozco y Gildardo García, miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, ocurridas el 30 de marzo de 2011 en el corregimiento de La Marina Chaparra)6;

Foto Equipo Sierra Nevada, CINEP/PPP

Las comunidades indígenas también se han manifestado contra megaproyectos que los afectan.

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una serie de protestas que van más allá de la propiedad de la tierra, y apuntan a una identidad que no es resultado sólo de la oportunidad política actual de las leyes de víctimas, tierras y desarrollo rural. Para el movimiento campesino tal vez, estas leyes no encuentren más justificación que la de fortalecer un mandato presidencial, mientras tanto puede pescarse en río revuelto, fortalecer el movimiento y poner en el ámbito Los análisis Foto CINEP/PPP público de un modo más legítimo (oficialmente) sus exigencias. El Encuentro Indígena Las luchas del campo también se reflejaron con protestas en las ciudades. Adenda: Para completar, Nacional realizado en enero del es necesario comprender 2011, abrió la discusión de una Propuesta Popular para la Ley de Desarrollo que es necesario cambiar la institucionalidad que si se trata del campo, no sólo la ley Rural8. En él, miembros de las organizaciones misma y pensar no sólo en restitución sino en de víctimas y restitución de tierras es el asunto prioritario, pues el invierno plantea populares campesinas y representantes de la desarrollo rural. Teniendo estos antecedentes, la Ley urgencias que deben ser resueltas de un bancada del PDA, pidieron el cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución. de Desarrollo Rural puede convertirse en el modo inmediato y definitivo. Las protestas Exigen la soberanía alimentaria como ícono de las buenas intenciones que desde por acciones de reconstrucción, recuperación prioridad nacional, la defensa de la economía siempre buscaron incorporar la vida rural a y mantenimiento de la malla vial, asistencia campesina, el reconocimiento de la la economía nacional y definir los derechos técnica y atención a damnificados son el diversidad étnica y cultural, la visibilización de propiedad. Para que no se quede sólo en último gran grupo de las movilizaciones de de las comunidades rurales, la participación eso, lo primero es cambiar la idea sobre el los pobladores rurales. decisoria y autónoma de la población rural campesino y sus protestas. Las movilizaciones en la gestión de los planes, programas de apoyo a la restitución (Necoclí y acordes con sus necesidades, la devolución Barranquilla) que recibieron fuertes críticas *Ana María Restrepo de las tierras usurpadas a las comunidades del sector agroindustrial, especialmente del Investigadora. Hace parte del Sistema indígenas, negras y campesinas y finalmente, bananero de Antioquia, tendrían que ser de Información General - Archivo de la distribución equitativa de las tierras objeto de un análisis más profundo, pero por Prensa del CINEP/PPP ahora sólo pueden dar pistas de un cambio ociosas y enajenadas judicialmente. Adicionalmente, el informe de en el discurso. Sin embargo, no se puede desarrollo humano sobre desarrollo rural olvidar que “a menudo, es la promesa de la y tierras del Pnud Colombia rural, Razones reforma agraria la que precipita el conflicto Notas para la esperanza9, plantea la pregunta por entre campesinos y terratenientes, y cada la posibilidad de modificar esa característica uno de los dos grupos trata de consolidar sus 1 El Tiempo, agosto 8 de 2011, p. 1-14. El Espectador, marzo 28 de 2012, p. 2,4. ventajas dentro fundamental de la 2 Fuente: Base de datos de Luchas Sociales del de un marco legal historia de la propiedad CINEP/ Programa por la Paz. cambiado”10. de la tierra en Colombia: 3 www.pueblocamentsa.org octubre 15 de 2010. Para el movimiento campesino Una vez que no es productiva 4 notiagen.wordpress.com 11 de junio de 2011. tal vez, estas leyes no encuentren Periódicos: El Mundo, abril 4 de 2012. El Nuevo sino que da poder más justificación que la de fortalecer más, parece que Siglo, marzo 2 de 2012. los intereses político. La acumulación un mandato presidencial . 5 www.prensarural.org y Periódico La Opinión, nacionales están de tierras, sustentada noviembre 11 de 2010. en armonía con en dicho poder, no dejó 6 www.prensarural.org y Semanario Voz, abril 12 de 2011. de ser una constante y de hecho aumentó los intereses campesinos, pero como nunca 7 El Tiempo, febrero 7 de 2011. por el conflicto armado, el narcotráfico y las hubo un cambio estructural en el imaginario 8 Voz, febrero 2 de 2011. políticas públicas que estimularon la tenencia político sobre el campesinado y mucho 9 http://pnudcolombia.org/indh2011/ de tierras sin pagar impuestos. Mientras menos se configuró una clase media rural de 10 LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta en Colombia 1850-1950. Bogotá: Universidad esa estructura siga siendo sostenida por el acuerdo con las expectativas del Gobierno, Nacional, 1988. p. 140. mismo poder político cualquier intención sólo queda manifestar que el movimiento de cambio será estéril. Recuerda el informe campesino sí ha logrado articularse en y el paro cívico convocado por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca, por la detención de tres de sus líderes a los que el Ejército acusa de nexos con la guerrilla7, son muestra clara de los problemas del conflicto armado con los que tiene que lidiar los campesinos, a la par del despojo y las amenazas a líderes.

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Desarrollo

Represa del río Ranchería: falsas promesas de desarrollo Un análisis a este proyecto hídrico muestra que se han lesionado los derechos territoriales de los pueblos Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui, de la Sierra, ocasionando graves impactos ambientales, sociales y económicos que afectan a toda la región. Por Margarita Granados, Enyel Rodríguez, Luisa Rodríguez y Sandra Teheran* al Incoder para realizar dicha obra y los trabajos comenzaron en manos de la Unión Temporal Guajira, que desde hacía más de cuatro años venía haciendo el prediseño. Pero la comunidad Wiwa, así como organizaciones de derechos humanos y académicos consideraron que se había desconocido la autoridad indígena sobre la administración de los territorios tradicionales, puesto que allí se encuentran varios sitios sagrados, lugares de pagamento y ritos ceremoniales de los pueblos Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui; cuidadores ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Foto Margarita Granados, CINEP/PPP

La Represa del Río Ranchería es un proyecto estratégico que pretende abastecer los acueductos de 9 municipios en La Guajira y los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar.

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l aprovechamiento de los recursos hídricos se ha constituido en una de las principales estrategias en el modelo de desarrollo económico y competitividad de los recientes gobiernos. Teniendo en cuenta la discusión que se ha dado recientemente por la construcción de la represa del Quimbo en el Huila, es pertinente hacer un repaso sobre la manera en que se construyó la de El Cercado en el Río Ranchería, ubicada en el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta al Sur de la Guajira. Represa sobre la que los pueblos indígenas, organizaciones sociales y comunidades campesinas han lanzado

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cuestionamientos frente a su pertinencia, sostenibilidad, eficiencia y utilidad. La Represa El Cercado y Distrito de riego del Rio Ranchería es un proyecto estratégico multipropósito que pretende abastecer los acueductos de 9 municipios en La Guajira y los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar; además de generar energía eléctrica. Tiene tres fases: la construcción de la represa misma; las obras dentro del área de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar y la ampliación de la planta de tratamiento de agua de Metesusto. En 2005 se otorgó la licencia ambiental

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y comunidades campesinas han lanzado cuestionamientos frente a la pertinencia, sostenibilidad, eficiencia y utilidad de la represa del Río Ranchería .

Por esa razón el Consejo Territorial de Cabildos, como representante legal de los pueblos indígenas de la Sierra, presentó una acción de tutela por violación del derecho a la consulta previa1. Después de pasar por tres instancias, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que negó la violación del derecho a la consulta, al considerar que los pueblos indígenas no actuaron con inmediatez ni usaron los mecanismos de la vía administrativa pertinentes para oponerse al otorgamiento de la licencia. Sin embargo, los pueblos indígenas de la Sierra argumentan que fueron simultáneos el recrudecimiento del conflicto armado

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Desarrollo

en la región, la realización del diseño de la represa, y el cuestionado proceso de consulta previa, y que existen evidencias de su perversa vinculación. Consideran que esto mermó su capacidad política y organizativa para reaccionar ante el avance de la obra. Desde 2002 tuvieron lugar los primeros retenes paramilitares y se calcula que aproximadamente 1.500 personas fueron desplazadas de las comunidades cercanas, mientras se realizaban estudios económicos sobre la represa2.

Desde 2002 se realizaron los primeros retenes paramilitares y se calcula que aproximadamente 1.500 personas fueron desplazadas .

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Foto Equipo Sierra Nevada, CINEP/PPP

La Contraloría General de la Nación reveló que el acelerado proceso de llenado de la represa causó serios impactos ambientales y socioeconómicos.

de los pueblos indígenas de la Sierra, hasta la fecha, la construcción y posterior llenado de la represa no han contribuido para que La Guajira deje de ser uno de los departamentos con mayores índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y de analfabetismo, así como de menor eficiencia en el gasto público (DNP, 2010:38).

Adicionalmente, habitantes de las poblaciones de Caracolí, Piñoncito y otras comunidades aledañas se vieron obligados a abandonar sus territorios, su forma de vida y su manera de sustento ante la inundación de los predios que ocuparon durante años.

Impactos ambientales y sociales La Contraloría reveló que el acelerado proceso de llenado de la represa, que estaba planeado a 3 años y se hizo en 3 meses (entre agosto y diciembre de 2010), causó serios impactos ambientales y socioeconómicos4. Una retroexcavadora que quedó cubierta en el embalse es solo un ejemplo de la contaminación creciente que, sumada al no retiro de la biomasa , produjeron malos olores en la zona, así como aparición de enfermedades. De acuerdo con Teodolinda Vega, coordinadora general de la Institución Prestadora de Servicios de Salud IPSI Dusakawi, desde 2007 se han reportado 9 casos de leishmaniasis, y solo en 2011, 15 de dengue, de los cuales 3 fueron mortales.

Foto Equipo Sierra Nevada, CINEP/PPP

El otorgamiento de la licencia ambiental para construir la obra coincidió con la priorización de este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-20103, según el cual la represa permitiría “no solo desarrollar la política agropecuaria del Gobierno, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de una zona considerada deprimida pero con un alto potencial productivo” (DNP, 2005:4). La apuesta por parte del Gobierno se reforzó a través del Conpes 3362 del 2005 con el cual la Nación asumió el compromiso de garantizar la total financiación de las obras de la Fase I, calculadas desde el 2001 en 177.100 millones de pesos. Costo que, a diciembre de 2010, ascendió a 655.000 millones de pesos (Contraloría, 2011). Con mayor énfasis en el tema de agrocombustibles y minería, el actual Gobierno Nacional ha planteado como uno de sus objetivos el impulso de “macroproyectos estratégicos” (DNP, 2010:47) como la Fase II del Distrito de Riego de Ranchería (redes de distribución principales, secundarias y prediales y el empalme con los acueductos). Esto permitiría la inserción del departamento en la economía internacional, proyectando a La Guajira como “un centro minero industrial, agropecuario, empresarial, turístico y comercial del Caribe colombiano, competitivo y posicionado internacionalmente” (Gobernación de La Guajira, 2008:21). Sin embargo, además de la vulneración de los derechos territoriales y la autonomía

Una retroexcavadora que quedó cubierta en el embalse es solo un ejemplo de la contaminación creciente en el sitio del proyecto.

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Desarrollo

Foto Enyel Rodríguez,CINEP/PPP

La Contraloría General de la Nación reveló que el acelerado proceso de llenado de la represa del Río Ranchería causó serios impactos ambientales y socioeconómicos.

Martina Loperena, ahora desplazada a el desarrollo de proyectos pilotos que causa de la inundación, y quien se dedica a permitieran al pequeño propietario labores domésticas para lograr el sustento de conocer nuevas técnicas para el cultivo sus siete hijos dice: “Nosotros vivíamos del de hortalizas y frutas, pero en la auditoría cultivo y no pasábamos las necesidades que realizada por la Contraloría se encontró que se pasan aquí. Nos quedamos sin cultivo, sin no se promovieron las formas de cultivo casa, sin techo; todo se nos perdió, quedamos bioecológicas que se habían programado. sin nada”. Por todo esto, el proyecto de Ranchería, Su esposo fue una de las víctimas fatales que se planteaba como una posibilidad a causa del dengue hemorrágico. “Ni el de desarrollo de la región y mejora de Incoder, ni Corpoguajira han dicho qué vamos las condiciones de vida de la población hacer […] Incoder debe saber el perjuicio ha resultado en la violación de derechos que hizo […] dicen que es un bienestar para fundamentales a la salud, la educación, la Caracolí pero yo no lo veo” afirma. vivienda, el medio ambiente, ambiente, La educación también se ha visto para la población en mayor situación de afectada. Según la docente, Josefa Montaño, vulnerabilidad de la zona. luego del llenado de la represa, “los niños de la escuela que quedaban del otro lado no Sobrecostos: lo que viene terminaron ni siquiera el año escolar”. Y los pequeños propietarios vienen Durante esta primera fase hubo, además, denunciando riesgos y preocupación. ”El un aumento considerable de los costos de la proyecto es una cortina de humo […]. Necesita construcción, que aún no se han esclarecido. una orientación Actualmente, el para que los proyecto no cuenta Actualmente, el proyecto no beneficiados no sean cuenta con los recursos para conti- con los recursos los terratenientes…”, nuar la segunda etapa de la obra, un para continuar la repite desde el retraso que le costará al Estado 22 segunda etapa de la 2001, el ingeniero mil millones de pesos anuales para obra, un retraso que civil y dueño de le costará al Estado su mantenimiento . tierras aledañas al 22 mil millones de río, Álvaro Mendoza pesos anuales para Romero. su mantenimiento, lo cual puede resultar Los planes de transición de la en un presunto detrimento del patrimonio construcción de la represa implicaban público (Contraloría 2011). El Gobierno

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Nacional asegura que continuará con la II fase del proyecto, a través de su priorización en el Conpes, pero aún no ha establecido una fecha para hacerlo. El caso de Ranchería pone en tela de juicio la forma en que las entidades competentes adoptan y ponen en marcha estos megaproyectos de infraestructura y desarrollo desconociendo los derechos fundamentales y territoriales de las comunidades que habitan en estos lugares. Y evidencia que no se usan los mecanismos de participación para consultar, informar y capacitar a las personas que serán afectadas por los proyectos. En esta etapa de planificación de los nuevos gobiernos locales; el reto es reorientar la manera en que se ha desarrollado el proyecto del río Ranchería y atender los costos ambientales, sociales y culturales que se han presentado.

El caso de Ranchería pone en tela de juicio la forma en que las entidades competentes adoptan y ponen en marcha megaproyectos y evidencia que no se usan los mecanismos de participación para consultar, informar y capacitar a las personas que serán afectadas por éstos .

Problemáticas como esta fueron las que originaron el primer Encuentro del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas Ríos Vivos en marzo de 2012, en el que se concluyó que las represas “no generan energía limpia, agudizan el calentamiento global, son nocivas para la sociedad y el ambiente, se promueven con las mismas promesas que no cumplen, rompen la dinámica económica de las regiones, priorizan el lucro antes que las demandas sociales y han generado, en el mundo, más desplazados que la guerra”.

*Margarita Granados, Enyel Rodríguez, Luisa Rodríguez y Sandra Teheran Miembros del equipo Proyecto Sierra Nevada de Santa Marta del CINEP/PPP

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Notas 1 Corpoguajira vinculó en diferentes niveles de elaboración de los estudios a comunidades indígenas wayús; pero no sucedió lo mismo con el pueblo Wiwa, ni siquiera con su comunidad ubicada en el corregimiento de Caracolí lugar en que se realizó el llenado de la represa. “Igualmente excluyó a los tres pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta” (Lemaitre, 2010: 140). 2 Pedro Loperena, Coordinador de Derechos Humanos Pueblo Wiwa. Entrevista. Valledupar: 2012. 3 La construcción de la represa del río Ranchería, fue priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 Estado comunitario: bienestar para todos, bajo el criterio de que la Nación debía priorizar aquellas propuestas que se orientaran a la transformación productiva, con miras a mejorar la competitividad y ampliar las posibilidades de inserción en el mercado global de acuerdo con lo definido en la Agenda Interna para la Competitividad y la Productividad construida en el año 2004. 4 En el informe de auditoría realizado por la Contraloría al proyecto se estableció que el acelerado llenado de la represa ocasionó la producción de lixiviados y descomposición de materia orgánica. Además “ De manera general se identificaron cuatro impactos ambientales del levantamiento de la presa: 1.Fragmentación del continuo del río y alteración de la red fluvial, 2. Formación de un embalse (Ecosistema nuevo), 3. Alteración del régimen de caudales, 4. Interrupción a los desplazamiento de los organismo acuáticos” (Contraloría, 2010: 21). 5 Las imágenes utilizadas en el presente artículo, fueron recogidas en el marco del proceso de formación en comunicación que el equipo Sierra Nevada de Santa Marta CINEP/PPP, adelanto con el pueblo Wiwa.

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Referencias • Contraloría General de la República (2011), Informe de Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial, Instituto Colombiano de desarrollo Rural (INCODER) Proyecto Estratégico Multipropósito del Río Ranchería, Bogotá, CDS.Agrop. • Coronado, Sergio (2010) Tierra, Autonomía y Dignidad, Conflictos territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, CINEP/Programa por la Paz. • Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo & Ministerio de Hacienda Crédito Público (2005), Documento Conpes 3362 Importancia Estratégica de la Construcción de la Presa el Cercado y las Conducciones principales hacia las Áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, Bogotá, DNP. • Departamento Nacional de Planeación (2006) Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos, Bogotá, DNP. • Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos. Bogotá, DNP. • Gobernación de la Guajira (2008). Plan de Desarrollo Departamental 20082011 Seriedad y Compromiso. Departamento de la Guajira • Lemaitre, Julieta (2011) Derechos Enterrados: Comunidades Étnicas y Campesinas en Colombia, Nueve Casos de estudio. Bogotá, Universidad de los Andes. • Loperena, Pedro Coordinador de Derechos Humanos Pueblo Wiwa, Entrevista, Valledupar: Marzo de 2012. • Loperena, Martina Trabajadora domestica, Entrevista, San Juan del Cesar, Marzo 2012. • Montaño, Josefa. Docente Corregimiento de Caracolí, Entrevista, Corregimiento de Caracolí: Marzo 2012. • Vega, Teolinda, Coordinadora de Dusakawi EPSI Entrevista. San Juan del Cesar. Marzo, 2012.

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