La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas contó con un diseño débil y no generó avances significativos en las investigaciones después de varios años de trabajo. La Cámara de Diputados disolvió la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas después de promulgar una ley para federalizar las investigaciones y las acciones judiciales de delitos contra periodistas que carecían de la autoridad estatutaria para hacerlas efectivas. Bajo presión, la Cámara posteriormente reconstituyó la comisión con una presidente pero sin miembros. Los fiscales fueron igualmente ineficaces durante el año. En los pocos casos de nivel local que culminaron en condenas, se alegó que los sospechosos fueron torturados o se ignoraron pruebas exculpatorias sólidas.30 Otras investigaciones sobre la respuesta gubernamental llegaron a conclusiones similares, en las que se alegó que el gobierno nacional tiene obligaciones constitucionales y otras obligaciones jurídicas relativas a tratados internacionales de proteger a los periodistas que no está cumpliendo.31 Tal como el CPJ concluyó en su informe de 2010: El problema se origina en una corrupción generalizada en las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el sistema político, especialmente a nivel de los estados. La complicidad entre policías y narcotraficantes es tan común que debilita la justicia y crea la percepción generalizada de que los delincuentes son quienes controlan el sistema. Caso tras caso, el CPJ ha encontrado averiguaciones previas defectuosas o negligentes por parte de ministerios públicos y policías, muchos de los cuales se quejan de falta de capacitación y recursos.32 En Colombia, la reacción del gobierno fue significativamente diferente con el tiempo, pero no inmediata. Es importante recordar que, si bien se adoptaron medidas importantes ad hoc para proteger a los periodistas durante el auge de la guerra entre el Estado y los carteles de la droga colombianos a comienzos de la década de 1980 hasta la década de 1990, el programa oficial de protección de periodistas no comenzó hasta el año 2000. Las leyes anteriores, de 1995 y 1997, habían iniciado el proceso de protección de periodistas contra la violencia que provenía de diversos actores armados no estatales: grupos paramilitares de derecha con estrechos vínculos con los militares; diversas guerrillas marxistas; y traficantes de drogas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) fue creada por periodistas y otras personas en 1996 para presionar por mayores medidas de protección de periodistas. Numerosos periodistas se encontraban baja amenaza, incluido Ignacio Gómez, el actual presidente de la FLIP, por informar sobre la participación militar en la masacre de Mapiripán, uno de los peores conflictos civiles de Colombia.
Trabajo Peligroso
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